Imputados y procesados.

En la última encuesta del CIS ha arrojado un dato verdaderamente alarmante: la clase política se ha convertido en el tercer problema que preocupa a los españoles. Más del 22 % de los encuestados sitúa a la clase política como el tercer quebradero de cabeza tras el paro y la crisis económica, alcanzando un nivel que no se conocía desde 1995. A este dato revelador hay que añadir que entre los diez primeros problemas para los españoles vuelve a aparecer la corrupción lo que ligado a lo anterior señala un claro suspenso para los responsables políticos de nuestro país.

El comportamiento poco edificante y poco ejemplar de una parte de la clase política, especialmente relevante en momentos de escasez y penuria para el conjunto de la población, junto con la inmoral e ilegal conducta de unos pocos, pero significativos miembros de la clase política, ensombrece y mancha la labor de la inmensa mayoría de los políticos españoles. Es verdad que por los comportamientos de unos pocos pecadores pagan los justos y ello se debe fundamentalmente no sólo a la relevancia mediática que las irregularidades conllevan, sino también a la ausencia de una reacción clara y firme por parte de quienes no protagonizan esas censurables conductas. Por cada 100 políticos decentes y honestos es posible que sólo exista uno que no lo es pero, inevitablemente, no son noticia los 100 primeros, sino este último. Los medios de comunicación hacen, por regla general, una labor inapreciable denunciando los comportamientos censurables de quienes se aprovechan de su estatus político o de su cargo público y su labor sería más eficaz si simultáneamente el resto de la clase política actuara con firmeza para apartar de su lado a cuantos incurren en esas prácticas. Sin embargo, muchas veces da la sensación de que existe cierto corporativismo o cierta timidez a la hora de censurar algunas prácticas o que se anteponen determinados intereses coyunturales o ciertas estrategias que modulan mucho esa imprescindible capacidad de reacción. Sea cual fuere la causa lo cierto es que las conductas de unos pocos enturbian el buen nombre de todo un colectivo que está o debe estar al servicio de los ciudadanos.

Es curioso, por ejemplo, que en el seno del Partido Popular, y en concreto en la Comunidad Valenciana, se transmita un doble discurso en torno a este tema. Una y otra vez, el Presidente de la Generalidad Valenciana y del PPCV, Alberto Fabra, ha censurado los comportamientos sospechosos y ha manifestado que los cargos públicos del PP imputados en causas judiciales deben dimitir. Y en esta línea de exigencia ética ha habido dimisiones y ceses. Igualmente, el Presidente Fabra ha impulsado reformas internas para que los imputados no puedan ocupar cargos en la organización del Partido Popular y ni siquiera concurrir como candidatos. Pero paradójicamente nos encontramos con que el hecho de estar imputado en una causa judicial inhabilita para ejercer cargos internos o para ser candidato, pero no para seguir ejerciendo cargos públicos. En estos últimos casos siempre que los dirigentes populares son preguntados sobre si deberían o no dimitir alcaldes o diputados imputados se limitan a decir que las actas son personales y que no se les puede obligar a dimitir. ¡Faltaría más! Eso ya lo sabemos todos. Pero no es eso lo que se pregunta, no se pregunta de quién son las actas de concejales o diputados, sino si perteneciendo a quien pertenecen dichas actas deberían o no dimitir los imputados. ¿Tan difícil es contestar sí o no? ¿Por qué los dirigentes populares no piden públicamente a sus compañeros imputados que renuncien a sus actas? Y en el caso de que un cargo público elegido bajo las siglas del PP esté imputado y no quiera presentar su renuncia ¿por qué no lo excluye el propio partido de su grupo parlamentario o de su grupo municipal? ¿por intereses coyunturales?

Tan cierto es que un acta es personal, gracias a nuestro ordenamiento jurídico, como que un imputado es, dígase lo que se diga, inocente y que no será culpable de delito alguno hasta que no exista condena firme. Cierto es que también, en los últimos años sobre todo, se ha judicializado en exceso la política y que ello haya conducido a una relativización de la valoración de las causas judiciales en curso. Pero no es menos cierto que, hoy en día, en las actuales circunstancias, es más necesario que nunca establecer una clara línea roja que permita al conjunto de los ciudadanos recuperar la confianza en la clase política. El Presidente Fabra la ha situado en el grado de la imputación, pues bien, cúmplase en el seno del PP para todos y sin distinciones, aunque con ello se corra el riesgo de perder una alcaldía, por ejemplo. Y para qué mencionar cuando el nivel procesal se sitúa ya en el procesamiento. Más vale una vez colorado que ciento amarillo.

Hoy por hoy, muchos votantes del PP en la Comunidad Valenciana, y muchos afiliados, percibimos demasiada tibieza y poca ejemplaridad en el tratamiento de algunos casos muy sonoros en nuestro entorno y demandamos no sólo palabras, sino también gestos que nos permitan creer que las cosas están cambiando. Día tras día, sentimos cierta desmoralización ante noticias que, sumadas a las derivadas de la propia situación económica, transmiten una realidad poco alentadora y un futuro político más que incierto.

Santiago de Munck Loyola

La imprescindible reforma del Estado.

El año 2012 se ha ido pero no así muchos de los problemas que a lo largo del mismo se han ido poniendo sobre la mesa del debate político. Dos de estos problemas que figuran en lugar destacado de la agenda política del nuevo año son la crisis económica con todos sus efectos y medidas para intentar salir de ella y la reforma del estado auspiciada tanto por la propia crisis económica como por la necesidad de ofrecer una respuesta a la apuesta independentista enarbolada por los antaño nacionalistas moderados.

Parece un hecho incuestionable que nuestro actual modelo de estado es, tanto desde el punto de vista económico, como del político insostenible. Los resultados están ahí, sobre la mesa, y ponen de manifiesto que tenemos un estado muy caro de mantener y poco eficiente. Los distintos estudios de opinión hechos públicos en los últimos tiempos señalan que una gran parte de los ciudadanos cuestiona el actual modelo y su propia viabilidad. Y junto a ello sigue creciendo el rechazo hacia buena parte de la clase política que lo gestiona. Es indudable que cuatro y, a veces, cinco administraciones superpuestas son muy caras de mantener y, no sólo eso, sino que, además, obstaculizan la vida del ciudadano y su proyección y movilidad económica. Sin ir más lejos, la semana pasada se hacía público un estudio según el cual la maraña de legislaciones que se han ido tejiendo desde las diferentes administraciones supone una barrera para la creación de riqueza y de empleo y que el impacto sobre las empresas supone una pérdida anual de más de 40.000 millones de euros. Durante los últimos años, nuestro mercado interior se ha ido fragmentando gracias a la hiperproducción legislativa de las Comunidades Autónomas, siguiendo exactamente el camino contrario al emprendido en los procesos de armonización legislativa con la Unión Europea. A este enredo legislativo tenemos que añadir unas normas estatales que han demostrado su incapacidad para poner freno a la corrupción económica y política, permitiendo el nepotismo, el amiguismo y con ello la insolvencia profesional y técnica en buena parte de los encargados de hacer funcionar la gigantesca maquinaria administrativa. Miles de empresas públicas estatales, autonómicas o municipales, auténtico aparcamiento en su mayoría  de militantes partidistas o de familiares y amigos de las élites de los partidos políticos constituyen un enorme lastre para nuestra maltrecha economía del que es preciso desprenderse y que se suma a la prolija lista de administraciones públicas y sus infinitos apéndices de toda índole.

El Gobierno, desde el primer día, se ha puesto manos a la obra iniciando todo tipo de reformas pero que no abordan el problema de la configuración del estado desde una perspectiva global y desde el imprescindible acuerdo con el principal partido de la oposición que, por cierto, parece más ocupado en sus asuntos internos que en tratar de ofrecer respuestas a los desafíos y a los problemas que, en gran medida, se arrastran de su inefable gestión. El proyecto de Ley sobre Transparencia, los proyectos de reforma de las administraciones locales, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, o las distintas medidas adoptadas sobre reducción de entes públicos parecen parches o retoques de una estructura estatal que funciona mal y que no se puede sostener y da la impresión de que falta una idea clara de la arquitectura estatal, del proyecto que se quiere desarrollar, de la dirección hacia la que hay que encaminarse.

Una gran parte de los ciudadanos tenemos más o menos claro lo que queremos: iguales derechos y obligaciones para todos los ciudadanos con independencia del territorio en el que residamos, una sanidad, un sistema educativo y unas pensiones homogéneas, movilidad laboral y económica en toda España, mayor cohesión social y territorial, administraciones públicas más simples y eficientes, mayor representatividad de las instituciones democráticas, igualdad fiscal en todo el territorio nacional, menos cargos públicos, eliminación de las duplicidades, más transparencias en la gestión, menos discrecionalidad y menos corrupción,… Es decir, queremos lo que el sentido común dicta, pero nacen muchas dudas sobre si se trata de lo mismo que quieren nuestros dirigentes políticos. Con toda seguridad, alcanzar estas pretensiones resulta imposible con el actual e insostenible modelo de Estado y no cabe la menor duda de que esta incompatibilidad debe ser resuelta lo antes posible por la clase política.  Para lograrlo, los principales partidos parlamentarios, sobre todo aquellos con opciones de gobierno, deberían hacer un mayor esfuerzo por alcanzar acuerdos de Estado interpretando el sentir de la mayoría de los ciudadanos.

Si todo lo anterior lo ponemos además en relación con el desafío independentista lo cierto es que la situación es mucho más compleja. Y lo es fundamentalmente porque las aspiraciones del común de los ciudadanos chocan frontalmente con los objetivos de los movimientos independentistas cuya potente maquinaria propagandística lleva años difundiendo realidades virtuales que han ido calando en una buena parte de la población y siempre ante la pasividad, cuando no la complicidad, de los principales partidos políticos españoles y de una buena parte de los medios de comunicación. Tras la aprobación del último estatuto de Cataluña, que por cierto no fue refrendado por la mayoría de los electores catalanes, algunos políticos socialistas se apresuraron a preguntarse en público en qué quedaban los negros augurios de quienes afirmaban que se rompía España. Pues bien, aquí está el resultado: no ha pasado mucho tiempo y España se está rompiendo. El principal partido de la oposición, el PSOE no termina de adoptar una posición clara que sirva de referente a la hora de abordar el desafío independentista. De una parte, los socialistas catalanes respaldan la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña a pesar de que no sea legal. Desde Ferraz por una parte se afirma que el PSOE no apoya la celebración de esa consulta y, por otra, hoy mismo, el desmemoriado secretario de organización socialista acusa al Gobierno de inmovilismo respecto a la consulta ilegal. ¿Éso qué quiere decir? ¿Qué el Gobierno debe ser flexible y ceder ante una ilegalidad que atenta contra la soberanía del pueblo español? ¿A qué juegan los socialistas? Hoy por hoy, desgraciadamente el Gobierno no tiene un interlocutor sólido y fiable en la oposición porque no existe un proyecto de izquierdas para toda España.

Hace pocos días, los dirigentes socialistas han vuelto a proponer la vieja idea del federalismo como fórmula para reformar la estructura del estado. El federalismo tiene evidentemente sus ventajas y responde a situaciones concretas con bastante eficacia. ¿Pero piensan en serio que el federalismo va a servir para frenar las aspiraciones de los independentistas? ¿A quién quieren engañar con esa propuesta? Nuestro estado autonómico actual supone una descentralización política y administrativa muy superior a la de los estados federales existentes y si se copiase la fórmula alemana, por ejemplo, comunidades autónomas como la catalana perderían bastantes de las competencias que actualmente gestionan. Convertir las comunidades autónomas en estados federados con idénticas estructuras políticas e idénticas competencias es lo último que quieren los independentistas cuyos proclamados hechos diferenciales desaparecerían. Sacar a pasear por la plaza el toro del federalismo no pasa de ser un hecho anecdótico absolutamente improcedente a la hora de abordar en las actuales circunstancias los problemas de nuestro modelo estatal y del conjunto de los ciudadanos.

Gobierno y oposición tiene por delante una gran tarea para este año: lograr identificar las aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos e intentar ponerse de acuerdo con el modelo y las reformas que permitan alcanzarlas. Una gran responsabilidad para la que habrá que confiar en que estén a la altura nuestros dirigentes políticos, económicos y sociales.

Santiago de Munck Loyola

Los dipujetas.

Contaba el ex premier británico Winston Churchill que de joven su máxima aspiración era llegar a ser diputado y que no dejaba de preguntarse cómo poder llegar hasta un escaño. Una vez elegido diputado, al observar a sus nuevos colegas, lo que no dejaba de preguntarse es cómo demonios habían conseguido llegar a diputados algunos de los elementos allí sentados.

Seguramente es lo mismo que deben preguntarse muchos parlamentarios serios, decentes y responsables, que haberlos los hay, cuando contemplan las actitudes y comportamientos de algunos de sus colegas, como en el caso de los diputados de la Asamblea de Madrid, Bartolomé González e Isabel Redondo, cazados esta semana in fraganti jugando en sus escaños con sus “aparatitos” mientras que en la Asamblea se discutían temas tan poco relevantes para dichos parlamentarios como el de la externalización de servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid.

¿Cómo han llegado ser diputados Bartolomé González o Isabel Redondo? Es difícil precisar de forma exacta la manera en que han conseguido llegar a la Asamblea de Madrid pero lo que sí es indudable, para quienes los conocemos personalmente, es que ninguno de los dos ha llegado gracias a sus conocimientos jurídicos, ni al respaldo de los militantes populares para su inclusión en las listas electorales. En el caso de Bartolo, de estudios desconocidos, tras su paso y expulsión de la Alcaldía de Alcalá de Henares, el Alcalde más caro de la historia de la localidad, ha terminado recalando en la Asamblea de Madrid. Seguramente su larga trayectoria política, única profesión que ha ejercido aunque al abrigo de la misma se haya convertido en empresario según se acredita en su parco curriculum en la página web de la Asamblea, ha debido ser su aval para que el divino dedo superior le haya designado para figurar en la lista autonómica del PP en las últimas elecciones autonómicas. Ya de jovencito, allá por el año 1994, hizo gala de sus dotes conspiratorias y de sus malas artes para desbancar a la entonces Presidenta popular alcalaína, Rosalía, que aún debe estar sacándose dagas y puñales de la espalda. Por tanto, este cóctel de trepador, desmedida ambición y carencia de formación jurídica han debido ser cualidades más que suficientes para elevarle a tan altas instancias parlamentarias, con el resultado que esta semana todos hemos podido constatar.

En el caso de Isabel, historiadora de estudios y de profesión política, sólo existe coincidencia con el anterior en su ausencia de formación jurídica, algo que, al parecer, no importa nada para ocupar un escaño en el órgano legislativo de la Comunidad de Madrid, pero siempre se ha sabido mover muy bien por los pasillos de la Calle Génova. Con su talante antiliberal que la caracteriza, hace pocas semanas, recriminó duramente a una afiliada popular de Rivas-Vaciamadrid por haberse atrevido a escribir en su muro de Factbook una crítica sobre la supresión de la paga extra a los empleados públicos; según la parlamentaria, no se puede ejercer la libertad de expresión en las redes sociales. Claro, luego pasa lo que pasa, que como hay libertad de expresión te pillan “estafando” a los contribuyentes, es decir, usando el sueldo que te pagan para jugar, en vez de trabajar, y encima van y lo publican.

Claro que el caso de estos dos dipujetas no es el único. Hay por la Asamblea de Madrid un diputado popular al que sus compañeros han tenido en más de una ocasión que llamarle la atención para que hable más bajo con el móvil a la hora de hacer sus transacciones comerciales en el mundo de la automoción. En otras ocasiones han sido noticia diputados que son cazados mientras hacen crucigramas en sus escaños, juegan con la tablet o simplemente duermen. En febrero de 2008 Lola Gay, diputada del PSPV por Alicante, fue 'cazada' por los fotógrafos navegando por la web de 'Privalia.com', un club privado de compras, mientras elegía modelitos exclusivos en lugar de realizar su trabajo parlamentario. Con estos jetas ¿le extraña a alguien que la clase política pierda cada vez más prestigio?

Resulta inadmisible que el Director de la Razón, Sr. Marhuenda, rompa una lanza a favor de estos dipujetas madrileños y de cuantos siguen sus mismas prácticas, afirmando que se pueden hacer dos cosas a la vez, jugar y atender al debate parlamentario. Es posible que se pueda, que tengan esa capacidad, pero no se debe por una simple razón: se les paga para que atiendan a su trabajo parlamentario, no para que jueguen en su escaño. Así de claro y sencillo. Dipujetas como Bartolomé González e Isabel Redondo desprestigian la labor y el trabajo de muchos otros parlamentarios decentes y trabajadores y no se merecen estar en la misma categoría política. Una vez más falla la ejemplaridad.

Es evidente que a estos dipujetas les aburría su trabajo, que les aburría el debate sobre la sanidad madrileña y sobre los problemas de los ciudadanos de Madrid, que no tienen ningún escrúpulo moral en cobrar por un trabajo que no hacen y que carecen de legitimidad moral para seguir ni un solo día más sentados en el parlamento madrileño. Si les queda algo de vergüenza deberían dimitir e irse a la calle a ganarse la vida como cualquier ciudadano, aunque después de tantos años viviendo a costa de su partido y de los ciudadanos lo tengan francamente difícil.

Santiago de Munck Loyola

¡Feliz Navidad!

Santiago de Munck Loyola.

¿Bautizos y comuniones por lo civil?

La vida está siempre llena de sorpresas de todo tipo, unas más agradables que otras y algunas, cuando menos, anecdóticas. Hace tan sólo unos días me pidieron un informe sobre los denominados “bautizos civiles”, “ceremonia civil de imposición de nombre” o más pomposamente “entrega de la carta de ciudadanía” o “bienvenida democrática”. Pensaba que esta cuando menos original e inútil ceremonia estaba circunscrita a tres Ayuntamientos en España, como el de Rivas-Vaciamadrid en el que además también utilizan el dinero de los contribuyentes en una oficina municipal para apostatar, pero navegando por Internet puede comprobarse que este esnobismo laicista tiene sus seguidores.

En algunas páginas de Internet pueden leerse cosas curiosas: Un nuevo paso hacia la sociedad laica es el bautizo civil. Se despoja de todo matiz religioso a la ceremonia del bautismo, convirtiéndolo en un acto civil. El bautizo civil es una opción laica al bautizo religioso. Es decir que para construir una sociedad laica parece que es imprescindible imitar un sacramento, un “signo sensible de un efecto interior y espiritual que Dios obra en las almas”, pero sin Dios y sin almas. Uno no tiene más remedio que preguntarse cómo se puede despojar a un signo exclusivamente religioso del matiz que le otorga su propia esencia religiosa y, sobre todo, para qué se hace semejante exorcismo laico. Claro que para poder intentar comprender tan profunda transformación hay que aproximarse a los sólidos conocimientos jurídicos de los promotores del invento que dicen cosas como la siguiente: “parece que el dar oficialmente un nombre a nuestro hijo es exclusivamente religioso y no tiene por qué serlo”. ¿Y dónde “parece” que los nombres de los hijos son dados oficialmente en el bautismo religioso?  ¡Hombre! A nadie se le pide conocer el Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil, ni siquiera se le pide conocer la existencia de tal norma, pero todo el mundo sabe y si lo ignora se lo dicen en la maternidad cuando, donde y como debe inscribir el nacimiento de su hijo que incluye, sin que se lo mande la Santa Madre Iglesia, la imposición del nombre de la criatura. Créanselo o no, se puede asegurar con absoluta certeza de que en España se trata de un trámite estrictamente civil.

Y si se trata de organizar algún fasto bajo la supuesta entrega de la llamada “carta de ciudadanía” no hace falta, desde una perspectiva legal, ningún trámite ante el Ayuntamiento de turno, administración manifiestamente incompetente para el otorgamiento de derechos ciudadanos, bastando acudir al Código Civil que para eso está.

No crea el lector que el asunto concluye aquí porque, al parecer, como en nuestro país debemos andar sin problemas y algunos se aburren o quieren dar rienda suelta a sus instintos laicistas también están promoviendo las “primeras comuniones civiles”. En cierta página de Internet puede también leerse lo siguiente: “La Primera Comunión Civil es una Primera Comunión pero” sin comunión”, que no difiere mucho de las originales, a no ser por la ausencia del acto religioso. Por lo demás se mantiene igual: banquete, regalos, parabienes y reunión familiar”. Laico cien por cien. ¿Quién da más? De momento estas comuniones civiles no han llegado al ámbito de los Ayuntamientos, pero es muy probable que pronto Rivas-Vaciamadrid, reserva material de materialismo dialéctico, se tire al charco y dedique buena parte de los impuestos de sus vecinos a promover estos eventos. Y, digo yo, puestos a ello podrían también organizar las confesiones civiles en estos Ayuntamientos tan ávidos de secularizar al mismo Creador. Imagínense, se crean unas plazas de confesores laicos mediante concurso oposición en el que además de valorar la lengua vernácula, por descontado, se puntuaría como es debido el grado de ateismo y, por supuesto, la capacidad de paciente escucha del opositor. Previo pago de una módica tasa gallardoniana el ciudadano podría confesar sus pecadillos laicos, manifestar su propósito de enmienda y cumplir una penitencia social y democrática, regulada en una ordenanza municipal específica.

Combinar esnobismo e ignorancia es ridículo y poner en evidencia los planteamientos y objetivos serios de los movimientos laicistas con bufonadas civiles, por muy solemnes que sean, es un auténtico despropósito. Es absolutamente legítimo propugnar una separación total y real entre el fenómeno religioso y el estado y los procedimientos civiles, pero se bordea el ridículo cuando para conseguirlo se opta por imitar y copiar nada menos que los sacramentos cristianos, hechos exclusivamente religiosos, dando prueba con ello de una profunda ignorancia o de una obsesiva y enfermiza fobia. El que quiera organizarse bautizos que no son tales, comuniones sin comunión, confirmaciones laicas o confesiones similares que lo haga como mejor le parezca pero los escasos recursos municipales no están para eso.

Santiago de Munck Loyola

La izquierda incoherente y sin memoria reciente.

En los últimos tiempos y especialmente en la última semana buena parte de los dirigentes de la izquierda  nos están ofreciendo todo un recital de incoherencia, de amnesia selectiva y de cinismo político. Cuando uno escucha determinadas declaraciones y observa algunos comportamientos no tiene más remedio que preguntarse si estos dirigentes políticos se creen realmente lo que dicen y hacen o si creen que los ciudadanos somos tontos o desmemoriados. Cuanto más grandilocuentes son sus descalificaciones sobre las diferentes medidas que ha ido tomando el Gobierno de Rajoy más se pone en evidencia, de una parte, la urgencia de su adopción y, de otra, que los causantes de las mismas son sobre todo los solemnes vociferantes socialistas y sus satélites sindicalistas.

El actual aparato dirigente de lo que queda del PSOE tras el émulo de Atila, Zapatero, parece que ha hecho suyo el enunciado de Goebbels “una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad” y, por ello, se han lanzado a una frenética carrera para condenar la revalorización de las pensiones para el año 2013 aprobada por el Gobierno de Rajoy. Sin cortarse un pelo repiten mil y una vez que el Gobierno no sube las pensiones o que las ha congelado y poniéndose al frente de la manifestación, los socialistas, los únicos que en las historia de la democracia congelaron las pensiones en 2010, tratan con la complicidad de los amnésicos grupos parlamentarios de la oposición de utilizar como tercera cámara legislativa al Tribunal Constitucional. Y sin despeinarse. Hay que ser muy cínicos, tener mucha cara dura y despreciar mucho al ciudadano para enarbolar una falsedad semejante y presentar un recurso de inconstitucionalidad. Si presentan un recurso contra este incremento de las pensiones ¿por qué no lo presentan de paso contra la congelación del año 2010? Si por una de esas extrañas cosas que a veces pasan en el Tribunal Constitucional ganasen el recurso todos los pensionistas se lo agradecerían eternamente.

No ha habido ninguna congelación de las pensiones para el año 2013. El Gobierno ha aprobado una revalorización de las pensiones que, eso es cierto, no alcanza el incremento que el IPC ha sufrido en el último año pero que, en todo caso, sí supone una mejora de las pensiones superior desde luego a la que el tandem Zapatero-Rubalcaba aprobó en el año 2010. Seguramente el Gobierno habría deseado poder subir las pensiones incluso por encima del IPC pero no lo ha podido hacer, entre otras cosas, por el inmenso agujero en las cuentas públicas dejado por el Sr. Rubalcaba y sus conmilitones. Ni tenemos un Gobierno masoquista al que le encanta fastidiar a los votantes para perder votos, ni tenemos un Gobierno irresponsable subido en una nube fumando brotes verdes, ni tenemos, afortunadamente, un Gobierno de conjunciones planetarias. Se podría comprender que el incremento aprobado fuese discutido en cuanto a su distribución en función de la cuantía de las pensiones para reclamar más incremento para las mínimas y menor para las más altas, pero no a eso se han dignado los amnésicos pirómanos de las calles.

Otro de los aspectos en los que buena parte de la clase dirigente de la izquierda está dando sobradas muestras de su maestría en la incoherencia y el cinismo es de la sanidad pública y, en especial, la madrileña cuyo Gobierno Regional ha iniciado un plan de reformas que incluye la privatización de algunos servicios hospitalarios y de 23 centros de salud. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid ha venido insistiendo en que los centros sanitarios van a seguir siendo públicos y sólo va a privatizar determinados servicios complementarios. Algo que se parece mucho al modelo que se viene siguiendo en la Junta de Andalucía desde hace muchos años. El modelo de conciertos significa que centros sanitarios que son privados, "con gestión privada y actividad propia", realizan "alguna actividad programada que se encarga por parte del SSPA", afirmaba hace unos días  la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía. Puede, y aún no se sabe, que haya diferencias cuantitativamente en función de la cantidad de servicios complementarios a privatizar pero una cosas es cierta: cualitativamente parecen el mismo modelo.

Por último y por citar sólo un ejemplo más de la incoherencia y el cinismo de parte de esta izquierda poszapateril tenemos el caso de los ERE puestos en marcha por los sindicatos al amparo de la denostada reforma laboral y especialmente por CCOO. Tiene lo suyo que este sindicato, tan dócil y subvencionado con el Gobierno anterior, haya hecho un “casus belli” de la Reforma Laboral y que simultáneamente se apreste a aplicarla con devoción a centenares de sus propios empleados. ¿Cabe mayor prueba de incoherencia y de cinismo?

Mal camino es éste para que la credibilidad en la clase dirigente española pueda recuperarse. Cuando no es la derecha es la izquierda y cuando no las dos juntas. Los ciudadanos nos merecemos más respeto y algunos, que no todos, parecen empeñados en hacernos comulgar con ruedas de molino. Mal camino, sí señor.

Santiago de Munck Loyola

Populares de la “casa” y para la “casa”.

Tras la presentación del Manifiesto por la Regeneración del PP de Alicante promovido por el Foro Plataforma Popular ( https://www.facebook.com/pages/Foro-Plataforma-Popular-de-Alicante/142778659189545?fref=ts ) y la candidatura a la Junta Local del PP “Esperanza Popular” parece que algunos miembros del “aparato” del partido están haciendo correr toda clase de rumores sobre las intenciones de quienes participamos y promovemos este movimiento con el único fin desacreditarnos y de impedir la expansión de nuestras propuestas.

Lo primero que hay que dejar claro es que no existe la más mínima intención de promover ninguna candidatura independiente de cara a las futuras elecciones municipales, ni de provocar una escisión interna, ni, por supuesto, de crear un nuevo partido en la ciudad de alicante. Quien afirma lo contrario sencillamente miente.

Somos un grupo, cada día más numeroso, de afiliados del Partido Popular, algunos por ejemplo desde mucho antes de que lo fuese nuestro Presidente Provincial, que compartimos una misma preocupación por la forma de funcionar nuestro partido, que creemos que hay muchas cosas que mejorar internamente y que propugnamos una forma de hacer política sustentada en determinados valores y principios bastante ausentes, hoy por hoy, en la vida política de nuestro entorno. No es tan difícil de entender: queremos mejorar nuestro partido, corregir errores y ofrecer a los ciudadanos un proyecto político basado en la honestidad, la ejemplaridad, la austeridad, la transparencia y la eficacia en la gestión pública. ¿A quién le puede parecer mal eso?

Sabemos, porque lo sufrimos y porque así nos lo reconoce la inmensa mayoría de nuestros compañeros, que durante años los afiliados y los militantes de la ciudad de Alicante no han tenido el papel protagonista que legítimamente les corresponde. El PP de la ciudad de Alicante no ha funcionado como una organización política participativa y democrática. Por no tener no ha contado ni con una sede propia, ni tan siquiera con una simple página web. Ha sido un gueto, un coto cerrado en el que determinados grupos y “familias” se han repartido los puestos y en el que el militante sólo ha sido llamado para llenar mítines, cenas o realizar funciones de apoderados o interventores en las elecciones. Unos pocos han hecho y desecho a su antojo. ¿A quién puede molestarle que queramos acabar con este panorama? Evidentemente a quienes se han servido de nuestro partido, a los acomplejados que temen la competencia que la participación de cientos de afiliados más preparados que ellos les pudiera suponer y a quienes no creen en los principios y valores que inspiran el ideario político del Partido Popular. Así de sencillo, así de fácil y, por ello, tratan de de descalificarnos adjudicándonos objetivos e intenciones falsos.

Queremos que restituyan a los afiliados alicantinos todos sus derechos, empezando por la propia Junta Local de la Ciudad eliminada, sin consultar por supuesto con los militantes, en contra de lo establecido en los Estatutos Nacionales del PP y con el único fin de impedir un proceso interno democrático que pudiera poner en peligro el estatus de quienes de siempre han venido controlando la organización local y se han servido de ella.

Queremos que, una vez restituida, se convoquen elecciones internas con todas las garantías democráticas para lo que es imprescindible que se depure el censo de afiliados que está artificialmente inflado como consecuencia de las cainitas y estúpidas guerras internas entre campistas y zaplanistas.

Queremos presentar una candidatura sustentada en las bases de militantes, sin padrinos políticos ni tutelas, ofreciendo un programa y unos compromisos de actuación para la Junta Local basados en la democracia interna, en la participación permanente de los afiliados, en la formación política, en el debate interno, en la colaboración con los agentes sociales de la ciudad y en la exigencia a nuestros afiliados en cargos públicos de conductas honestas, ejemplares, transparentes y austeras. ¿A quién le parece mal esto? ¿Quiénes y por qué combaten con insidias estos objetivos?

Porque somos vecinos alicantinos comprometidos con nuestro partido y con nuestra ciudad nos duele profundamente el panorama muchas veces bastante desolador que se ofrece ante nosotros. No queremos permanecer inactivos ni pasivos, porque no podemos ser cómplices de una realidad que no nos gusta. Las cosas se pueden corregir desde dentro y si hubiese canales internos de debate y participación no haría falta salir a los medios de comunicación, muchos de los cuales por cierto nos ignoran, para expresar estas ideas. Cada uno de los militantes del PP de la ciudad de Alicante tenemos una responsabilidad que no podemos, ni debemos eludir por comodidad, cobardía o simple desánimo. En nuestras manos está poder cambiar las cosas.

Santiago de Munck Loyola

¿No debería mover ficha el PPCV?

Hoy, todos los medios de comunicación recogen la noticia sobre el procesamiento de tres miembros del antiguo gobierno autonómico de Camps. El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia valenciano que sigue la causa por supuesta financiación irregular del PPCV ha acordado procesar, nada menos, que al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y a las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such por tráfico de influencias y prevaricación.

Los tres ya estaban imputados desde hacía meses pese a lo cual no habían renunciado a sus escaños manteniéndose actualmente como diputados del Grupo Popular en Las Cortes Valencianas, aunque tanto Rambla como Such fueron relevados el pasado mes de octubre de los cargos que ostentaban en la dirección parlamentaria del PP valenciano, dentro de la política marcada por el presidente Alberto Fabra de dejar sin responsabilidades públicas a los cargos imputados en causas judiciales.

La semana pasada, también el Tribunal Superior de Justicia Valenciano condenó al Diputado Popular y ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, a 9 años de inhabiltación y tres de cárcel por delitos de prevaricación y falsedad documental.  Tras la renuncia a su escaño, su puesto va a ser cubierto por la hija del ex alcalde de Alicante y diputado popular, también imputado, José Luis Díaz Alperi. Con ello, los diputados del Partido Popular imputados pasarán de 11 a 10 quienes, por cierto, podrían constituir formalmente un grupo parlamentario propio (el GRIMPO, Grupo de Imputados Populares).

Este desolador y antiestético panorama tiene responsables políticos directos y no son otros que los que, al margen de la opinión y la voluntad de la militancia del PP, confeccionaron y aprobaron las candidaturas del partido a las Cortes Valencianas, quienes conociendo, o debiendo conocer, lo que se avecinaba consintieron que se utilizaran los escaños para "blindar", o intentarlo al menos, la situación procesal de los afectados, quienes utilizan a su antojo las listas electorales para colocar a sus amiguetes y a los familiares de los mismos con independencia de su trayectoria política, sus méritos, su capacidad o su valía, quienes, en definitiva, prescinden en sus decisiones del interés general y del uso de las instituciones democráticas al servicio del bien común. 

Si alguien dentro del PP piensa que no pasa nada, que todo puede seguir así, que todo debe seguir bajo el control de los mismos, que no hace falta más participación de la militancia, ni más democracia interna se equivoca profundamente. Los que queremos éso, los que reclamamos y exigimos además ejemplaridad absoluta y respeto profundo a los Estatutos del Partido y a los principios ideológicos del mismo no somos los adversarios a batir. Al revés, los enemigos del PP son los que, por activa o por pasiva, propician estas situaciones, los que se aferran a sus puestos y sus privilegios, los que toman decisiones retorciendo los reglamentos y los estatutos sin consultar jamás a las bases, los que tratan una y otra vez (y lo hemos podido ver estos días) de estrangular cualquier proceso de libre concurrencia interna para perpetuar a "los suyos" en el poder territorial del partido. Ésos son los verdaderos enemigos del PP y de la sociedad alicantina. 

Así no se puede seguir. Ni los miles de militantes del PP se lo merecen, ni por supuesto los ciudadanos alicantinos y los que callan son tan responsables como el que más.

Santiago de Munck Loyola

La partitocracia y los politicastros.

Hace un par de días entrevistaban en un programa de televisión a Manuel Milián Mestre, exdiputado y fundador del PP, quien entre otras muchas cosas señaló que en nuestros días estamos viviendo no sólo una crisis política, sino moral, subrayando que “en la política actual triunfan los oportunistas y los mediocres" y que éstos “ascienden al poder y los excelentes son apartados". Subrayó que "antes se llegaba con meritocracia. Ahora, con el codo y el amiguete". ¡Cuánta razón le asiste al exdiputado popular! La Política, con mayúsculas, una de las tareas más nobles a las que se puede dedicar un ciudadano se ha convertido en los últimos años en una actividad repudiada por la mayoría de la gente, como evidencian todos los estudios de opinión que en los últimos tiempos han venido siendo publicados. El descrédito de la política y de los políticos es una realidad de nuestros días que encierra enormes peligros para el sistema democrático si no se ponen medidas para corregirlo.

La Política cuya única razón de ser consiste en la consecución del bien común está siendo devaluada por sus principales actores en nuestro sistema, los partidos políticos y su producto más genuino, la clase política o casta política, como determinados autores la califican. Los partidos políticos, con el paso de los años, se han ido convirtiendo en maquinarias electorales, en agencias de colocación de amigos y familiares, que han sacrificado sus respectivos códigos de principios y valores a la rentabilidad electoral. Los partidos políticos en lugar de formular propuestas desde determinados principios y valores vienen modulando sus mensajes en función de lo que creen que puede resultar más agradable y atractivo al oído del elector renunciando, con ello, al liderazgo social que deberían ejercer. No se cuenta la verdad porque puede hacer perder votos. No se formulan compromisos porque luego hay que cumplirlos. No se defienden valores o principios porque ello puede ser políticamente incorrecto. Los partidos políticos han trabajado tanto para presentar envoltorios atractivos que han dejado a un lado la importancia del contenido. Las ideologías se han ido difuminando de tal manera que los partidos van perdiendo la conexión ciudadana que se sustentaba en la identificación con códigos de valores concretos.

Y los partidos políticos, en su actual configuración, han sacrificado igualmente la libertad interna, el debate ideológico en su seno, la renovación interior y la democracia interna a favor de una aparente unidad, de una homogeneidad y disciplina basada en una casta semi-funcionarial que se pone al servicio del superior jerárquico en lugar de las bases del mismo. Para “hacer carrera” en los partidos políticos no valen ni el mérito, ni la capacidad, ni siquiera el voto de los compañeros. Lo que sirve es el amiguismo, el parentesco, la sumisión, la docilidad y, sobre todo, no expresar en alto ninguna idea propia. Esa casta semi funcionarial está compuesta, en muchos casos, por gente que no ha tenido nunca una actividad profesional fuera de las alas del partido y es la que termina desembocando en los puestos públicos: ministros, diputados, alcaldes, concejales, asesores, etc. Hay cientos de ejemplos de ello, de gente que nunca se ha ganado la vida en la calle, que ni siquiera ha sido capaz de terminar unos estudios universitarios pero que, eso sí, en sus currícula utilizan auténticas filigranas lingüísticas para camuflar su indigencia profesional. Esta casta política, esta clase dirigente criada en las maquinarias de los partidos es la que ha venido gobernando y gobierna nuestras instituciones públicas y los resultados de su labor están a la vista de todo el mundo. Además, la endogamia propia de los partidos ha ido acompañada de una constante propensión ha invadir todas las esferas posibles de la sociedad controlando con sus mediocres peones toda aquello que pudiera servir a la satisfacción de sus necesidades: instituciones financieras, culturales, deportivas, educativas, asistenciales, etc.

En muchas ocasiones, al expresar el rechazo a esta clase política se utiliza, en tono despectivo, la denominación de los “profesionales” de la política. No creo que ser un profesional de la política deba ser considerado como algo necesariamente malo. La política debe tener un componente claramente vocacional pero como toda vocación, para ser desarrollada en plenitud, debe ir acompañada de cierta formación. Ser médico requiere tener vocación, pero además una determinada preparación para plasmar esa llamada concreta en una excelente profesionalidad. Cuando nos referimos a un médico como un excelente profesional no lo estamos haciendo en tono despectivo, todo lo contrario. Y lo mismo debería ocurrir en el ámbito de la Política. Sin embargo, del mismo modo que acudimos al mejor profesional médico cuando tenemos un problema de salud y no a un curandero, deberíamos acudir a los profesionales de la política y no a los politicastros. La mayor parte de los médicos, por seguir citando esta profesión, que he conocido son personas que, además de ejercer su actividad, siguen formándose a lo largo de su vida para estar al día en sus conocimientos y poder así ejercer mejor su profesión y qué raro es encontrar una actitud semejante en el ambiente político.

Los partidos políticos si quieren servir a la sociedad deberían realizar una profunda reforma de sus esquemas de funcionamiento, volver a las raíces y al verdadero significado de la política, del servicio a la ciudadanía y del bien común. Servir a la sociedad no es servirse de ella.

Estamos ante una crisis del sistema mucho más profunda de lo que algunos quieren ver. La clase política debe ser la primera en recuperar los valores que hacen de la política una noble tarea, una actividad que en estos tiempos, sobre todo, exige ejemplaridad y sacrificios de toda índole, incluso personales o económicos. El liderazgo político no puede seguir ausente en una sociedad cada vez más dolida y defraudada porque, de lo contrario, otras fuerzas surgirán abriendo un período de dura incertidumbre.

Santiago de Munck Loyola

La hiperbólica Valenciano.

Hay gente que lleva tanto tiempo metida en la política y viviendo de ella exclusivamente que termina por perder el sentido de la realidad e, incluso, el sentido de la medida y la proporción. El mundo de la política partidista y de la dependencia personal de la misma conlleva además el riesgo de percibir de manera exclusiva una visión sectaria y sesgada de la realidad y, además, que el sujeto, como todo vocero partidista que se precie, no esquive micrófono alguno, aunque para ello carezca del tiempo necesario para una sosegada reflexión previa a cualquier declaración, corriendo el peligro de dejar al desnudo la oquedad intelectual del mismo.

Dª Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, nada menos, es un claro ejemplo de lo anterior, de los resultados obtenidos por quien no ha conocido otro mundo que el de la política partidista ni otro punto de vista que el profundamente sectario que se incuba en la trastienda de cualquier partido político. En sus frecuentes intervenciones ante los micrófonos de los medios de comunicación, la Sra. Valenciano no escatima esfuerzos para evidenciar su formación, su talante democrático o su rancio sectarismo. Nadie la habrá escuchado jamás la más mínima autocrítica respecto a la gestión de su partido en los últimos años de Gobierno ni a los errores cometidos durante la misma.

Tampoco la habrá escuchado nadie la más mínima oferta de diálogo o de colaboración hacia el Gobierno. Su credo es “leña al mono” venga o no a cuento. Dice el dicho popular que la ignorancia es muy atrevida y la Sra. Valenciano es casi tan atrevida como su compañero D. Óscar López Agueda, el que no recordaba en un mitin tres motivos por los que hubiese que votar al PSOE.

La Sra. Valenciano, que no fue capaz de terminar ni la carrera de Derecho, ni la de Ciencias Políticas, estando tan ocupada como estaba en medrar en su partido, no hay día que no imparta lecciones sobre legislación o sobre política. Sus “perlas” suelen tender a la exageración, a la hipérbole parlamentaria, al incendio de la convivencia. Las últimas “perlas” las ha deslizado con ocasión de la presentación del proyecto de reforma educativa propuesto por el Ministro Wert. Dª Elena, tan comedida como siempre, ha manifestado lo siguiente: "Probablemente no se recuerde un ministro de Educación más ideologizado. Está haciendo una política educativa de la mano de la ideología más conservadora que pueda haber en España. Está quebrando el modelo tal como lo hemos conocido" y que "en el caso de Cataluña lo que está proponiendo directamente es un atentado contra la convivencia" en esa comunidad autónoma. ¡Ahí está! ¡Nada menos! De sus palabras habrá que deducir que los Ministros de Educación del PSOE no estaban “ideologizados”, no, ni mucho menos. Eran simples Hermanitas de la Caridad, eso sí, laicas, ministros “ni carne ni pescado”, válidos tanto para un roto como para un descosido. El problema de esta señora es que seguramente se cree sus rotundas afirmaciones o, lo que es peor, que los ciudadanos somos muy cortitos y nos las creemos.  Pero los frutos educativos de los gobiernos socialistas y sus leyes “Light” están ahí y son los que son. Hay que hacer una reforma del sistema educativo, eso es indudable y el sentido o la orientación de la reforma debe hacerla la mayoría parlamentaria de las Cortes, le guste o no a la inefable Sra. Valenciano.

Pero donde se lleva la palma y demuestra su auténtico talante la Sra. Valenciano es en la segunda parte, cuando señala que "en el caso de Cataluña lo que está proponiendo directamente es un atentado contra la convivencia". Pero ¿a dónde va Sra. Valenciano? ¿De dónde se saca esa catastrofista exageración? ¿Está tratando de alentar sentimientos antiespañoles para ver si levantan cabeza en Cataluña? ¿Dónde ha leído usted en el proyecto de reforma que se hable concretamente de Cataluña? Declaraciones incendiarias de esta calaña no contribuyen lo más mínimo a plantear un debate constructivo que permita el acercamiento de posturas para lograr una reforma educativa eficaz y con amplio sustento parlamentario y social. Asumir democráticamente una derrota electoral puede llevar su tiempo para quienes padezcan determinadas carencias democráticas, pero parece que transcurrido ya más de un año hacerlo impediría actitudes tan negativas como las que exhiben la Sra. Valenciano. Un poco más de sosiego, un poco menos de crispación y más diálogo es lo que se necesita en estos tiempos, Sra. Valenciano. Más reflexión y menos exabruptos.

Santiago de Munck Loyola

El idioma en la reforma educativa: loable objetivo, errónea solución.

Sinceramente, lo que pasa en España ocurre en pocos países de nuestro entorno. ¿Se imagina alguien que en Francia o en Gran Bretaña los niños no puedan recibir su educación escolar en francés o en inglés? ¿Alguien ha sabido de algún padre alemán que haya tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo alemán para lograr que su hijo pueda recibir la educación escolar en alemán dentro del territorio alemán? A que no. Pues eso es lo que ocurre en nuestro país en medio del silencio de buena parte de los medios de comunicación, de la mayor parte de la clase política y, por supuesto, de los sindicatos. Algo tan normal y tan lleno de sentido común como el que un chaval pueda estudiar en español, en su lengua materna, si así lo desea, es imposible en ciertas partes de España. Algo tan lógico como poder trasladarse de una parte a otra de España y seguir los estudios con normalidad, sin traumas y con continuidad tampoco es posible porque los contenidos o el idioma pueden variar sustancialmente. La movilidad de los españoles dentro del territorio nacional se va restringiendo cada vez más merced al progresivo fraccionamiento de la mayor parte de los elementos que caracterizan a una sociedad cohesionada. Las particularidades territoriales se traducen año tras año en fronteras invisibles, pero reales.

Hoy, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha presentado a los consejeros autonómicos una nueva propuesta de reforma educativa que pretende, entre otras cosas, garantizar a los alumnos que lo deseen poder recibir la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial. Para ello, las autonomías que no garanticen este derecho en los centros públicos o concertados tendrán que pagar la matriculación en centros privados que enseñen en castellano, según consta en el borrador. Ante esta propuesta, la consejera catalana en funciones, Irene Rigau, ha manifestado que el proyecto es "el mayor ataque al catalán desde 1978" y ha añadido que atenta contra el modelo de escuela porque autoriza a los padres a escoger la lengua vehicular.

Dejando a un lado el hecho de que resulte asombroso que el Gobierno de una Nación tenga que legislar para que pueda ser usado el idioma oficial en la educación en determinadas partes de su territorio, lo cierto es que la reacción de la consejera catalana era más que previsible. Es normal que alguien que odia tanto las libertades individuales y que forma parte de un gobierno regional que se pasa las sentencias del Tribunal Supremo por el arco del triunfo, demostrase su respeto institucional y su talante democrático marchándose de mala manera de la reunión que esta tarde mantenían el Ministro y los consejeros de educación autonómicos. Una prueba más de que es necesario reformar la educación, aunque carezca de efectos retroactivos para determinadas personas. Lo cierto es que al día de hoy, no una, sino muchas sentencias del Tribunal Supremo (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/26/barcelona/1340715538.html

http://www.larazon.es/noticia/5106-cuatro-sentencias-obligan-al-govern-a-escolarizar-en-castellano-a-cuatro-ninos

http://www.lavanguardia.com/politica/20120626/54316682030/supremo-anula-vehicularidad-catalan-educacion-infantil.html) han amparado el derecho de los padres a elegir el idioma en el que quieren que sean educados sus hijos y, no sólo eso, sino que, además, han anulado diferentes preceptos de la legislación catalana. ¿Y cual ha sido la respuesta de las autoridades catalanes? Pues decir que no piensan cumplir las sentencias del Supremo (http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/604278/mas-dice-que-mantendra-la-imposicion-del-catalan-caigan-las-sentencias-que-caigan). Así de sencillo. Aquí hay patentes de corsos. A algunos les basta con envolverse en su bandera regional para vulnerar reiteradamente, con premeditación y alevosía, las leyes o las resoluciones judiciales y no pasa nada. Hay ciudadanos de segunda y políticos. Y lo mismo les da que el máximo órgano de la soberanía legisle en un sentido o en otro, si no es a su gusto estos demócratas de postin rompen la baraja.

Siendo más que loable que el Gobierno de España trate de preservar la igualdad de derechos de todos los españoles en todo el territorio nacional en el ámbito de la educación, lo que constituye un desatino es que para conseguirlo, para solucionar el problema generado por los incumplidores de la ley, los delincuentes políticos, haya que poner dinero público con matriculaciones en colegios privados. ¿No sería más sencillo obligar a cumplir la Ley y las sentencias igual que se nos obliga al resto de los ciudadanos? ¿Para qué están los fiscales? ¿Por qué si un cargo público prevarica hay que poner dinero de los contribuyentes? Mucho me temo que los complejos y la cobardía están detrás de esta pintoresca propuesta. La Ley debe ser igual para todos. Dura lex, sed lex. Y si no se está dispuesto a cumplirla, cámbiese la Ley pero no sigan tirando del dinero del contribuyente. Bastaría con que recordasen y aplicasen alguno o todos los siguientes artículos del Código Penal:

Artículo 404.

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Artículo 410.

1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Artículo 511.

1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.

2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.

3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.

Y los contribuyentes nos ahorraríamos un dineral, sí señor, además de limpiar algo la clase política.

Santiago de Munck Loyola