El Ayuntamiento pasota.

Hace poco más de un año, los vecinos residentes en la Comunidad de Propietarios Helios, más de 80 familias, presentamos un escrito dirigido a la Sra. Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, comunicándole algunas deficiencias en nuestro entorno para que o bien les diese solución o diese traslado a la autoridad que fuese competente para ello. En concreto, poníamos en su conocimiento que en las pequeñas playas situadas junto al edificio habían desaparecido los letreros que prohibían el acceso a las mismas a los perros y que era frecuente ver perros por la playa cuyos dueños los soltaban sin ninguna consideración. También, poníamos en su conocimiento la costumbre de algunos vecinos de la ciudad de vaciar urnas con las cenizas de fallecidos o incluso la de tirarlas tal cual en los espigones situados a pocos metros de estas pequeñas playas, sugiriendo que se señalizase la zona prohibiendo esas prácticas a escasos metros de donde mucha gente se baña.

No es que se tratase de graves problemas, pero sí de costumbres que incomodan a muchos de los usuarios de estas zonas de baño. Pues bien, ha pasado más de un año y nadie en el Ayuntamiento, ni la Alcaldesa, ni sus concejales ni ninguno de sus numerosos asesores ha tenido ni la cortesía, ni la buena educación de contestar, ni de acusar recibo de esta solicitud. Es verdad que 80 familias no son muchas y que no somos tan importantes como los generosos amigos de la Sra. Alcaldesa, pero ¡hombre! somos contribuyentes, somos ciudadanos que merecemos un mínimo de respeto.

Es posible que la Sra. Alcaldesa esté demasiado ocupada con sus líos judiciales o tratando de explicar o maquillar las criticadas cuentas del Ayuntamiento o con la supervisión de los pliegos de las millonarias contratas que se suele llevar su amigo, el dadivoso, pero no está sola. Cuenta con muchos concejales que podrían atender y dar respuesta a los problemas de los vecinos y no sólo de los contratistas municipales. Y cuenta también con un elevado número de asesores (asesor y medio por concejal), como en la Diputación de Alicante, que pagamos todos los contribuyentes con nuestros impuestos y que podrían ocuparse de estos “bajos” menesteres o que podrían, puestos a ello, hacer su trabajo y asesorarla indicándole que es de buena educación responder a los escritos de los vecinos. Bastaría con una corta misiva diciendo que han recibido el escrito y que van a solucionar el problema o que no lo van a solucionar porque no es de su competencia pero que dan traslado del mismo a quien competa. No cuesta tanto trabajo aparentar que se preocupan de las necesidades de los vecinos aunque no estemos cerca de unas elecciones municipales.

La verdad es que no es tan difícil ¿no? Quizás deberíamos ir pensando en cambiar el nombre de la Comunidad de Vecinos. Quizás si nos llamásemos Comunidad de Vecinos Ortiz alguien se tomaría la molestia en responder algo. ¡Quién sabe!

Santiago de Munck Loyola

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Los partidos políticos y nuestro dinero.

El pasado 29 de abril, el Consejero de Gobernación de la Generalidad Valenciana, Serafín Castellanos, anunció que la cantidad con que la Generalidad subvencionaba a los partidos políticos iba a ser reducida en un 30 %. Es decir, que el millón setecientos mil euros al año que hasta ahora, y a pesar de estar arruinada la administración autonómica, se llevan los partidos políticos para mantenerse del dinero de los contribuyentes se reducía para este año a un millón doscientos mil euros. Esta decisión ha levantado ampollas en la oposición, sobre todo en el PSPV, que ha puesto el grito en el cielo al ver reducido el dinero que recibe del erario público y que en buena parte venía dedicando a interponer acciones judiciales que, además, pierde en muchos casos. Esta elogiable iniciativa del PPCV es, a su vez, criticable porque lo primero que hay preguntarse es ¿por qué una reducción del 30% de la subvención y no del 100%? ¿Por qué si no hay dinero para pagar la dependencia, a los farmacéuticos o a los colegios sí que hay 1.200.000 euros para sostener las estructuras de unos partidos políticos que deberían ser sostenidas únicamente con las cuotas de sus afiliados? ¿Son prioritarios los gastos de los partidos frente a las necesidades básicas vitales de miles de ciudadanos de la Comunidad? 

No existe ni una sólo razón económica, ética o política que justifique que en tiempos de profunda crisis, de miseria y desesperación en muchos casos, se dedique dinero público a financiar a los partidos políticos, a los sindicatos o a las organizaciones empresariales. Estas organizaciones que, indudablemente cumplen un papel esencial, deben ser capaces de autofinanciarse, de subsistir con las aportaciones de sus afiliados, de sus socios y sus simpatizantes y, para hacerlo, deberían ajustar sus modelos de organización y funcionamiento a sus ingresos reales o desaparecer en su forma actual. Si no lo consiguen, si no pueden mantenerse con el dinero de sus socios es porque los ciudadanos no las quieren y, por tanto, sustituir la falta de ingresos de su militancia con subvenciones detraídas de los impuestos de los mismos ciudadanos que voluntariamente no las quieren sostener es un fraude político en toda regla.

Sin embargo, esta reducción de las subvenciones a los partidos llevada a cabo a nivel autonómico contrasta poderosamente con las decisiones tomadas en el ámbito de Alicante por la Diputación Provincial. En efecto, el pasado 4 de abril, el Pleno de la Diputación alicantina presidido por Dª Luisa Pastor aprobó por vía de urgencia, fuera del orden del día y de tapadillo, una modificación del reglamento para la gestión de las subvenciones que reciben los grupos políticos que conforman la Diputación. ¿Y en qué consistió esta reforma? Pues básicamente en poder desviar parte del dinero destinado al funcionamiento de cada grupo político de la Diputación a las cuentas corrientes de sus respectivos partidos políticos. Es decir, a subvencionar de forma encubierta a los partidos políticos, que tanto el PP como el PSPV podrán ingresar la cuantía que estimen conveniente de esa asignación a las arcas que nutren a sus direcciones provinciales. En el Artículo 9 del reglamento aprobado se dice que "Los grupos políticos podrán transferir los fondos asignados anualmente a cada grupo, a su agrupación política provincial". El único requisito es que, posteriormente, justifiquen el destino definitivo de esos fondos. Y para ello no hubo gran problema. Tanto el Partido Popular como el PSOE se pusieron de acuerdo de inmediato. Y, por si fuera poco, tanto el PP como el PSOE acordaron también abrir la vía para incrementar la asignación que reciben todos los años de las arcas provinciales. Y todavía habrá quien hable de austeridad o de ejemplaridad sin que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Es esta la sintonía política que existe entre el Sr. Ciscar y el Presidente Fabra? ¿Aquí va cada uno por su lado?

Y hablando de dinero público y de grupos y partidos políticos, no queda más remedio que subrayar la actitud del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante que hace pocos días, sin dar ninguna explicación, se negó a aprobar una moción de UPyD para aprobar medidas que garantizaran la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos políticos municipales, entre las que se incluía hacer públicas las cuentas de los partidos. Hay que precisar que según el Artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local el Pleno del Ayuntamiento puede asignar determinadas cantidades de dinero a los grupos políticos constituidos en su seno para su actuación corporativa. Esta dotación económica no puede destinarse al pago de remuneraciones de personal, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, ni a desviarse como aportación a los partidos políticos, salvo que así expresamente lo autorizase el Reglamento municipal correspondiente. La Ley prevé que los Grupos Políticos de la corporación lleven una contabilidad específica de esa dotación económica que habrá de ser puesta a disposición del Pleno cuando así se apruebe. Pues bien, lo que ha hecho el Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante es sencillamente impedir que los ciudadanos podamos conocer cómo y en qué se han gastado nuestro dinero todos los grupos municipales del Ayuntamiento. ¿Hay alguien que pueda decir que eso es transparencia? ¿Hay alguien que pueda explicar esa decisión? ¿Hay miserias o ilegalidades que esconder?

Bien, como se puede apreciar estamos ante tres actitudes diferentes, pero muy sintomáticas y elocuentes, sobre el uso del dinero de los contribuyentes, sobre la forma de financiar en tiempos de crisis y de austeridad a los partidos políticos. Podrán contarnos lo que quieran, podrán entonar bellos discursos con huecas palabras, pero no hay nada más elocuente que los hechos. Y por sus obras los conoceremos.

Santiago de Munck Loyola

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Frente a la comprensión y paciencia, más esperanza.

La cifra de 6.202.000 parados, las nuevas medidas y las negras previsiones anunciadas por el Gobierno el pasado viernes y las distintas y contradictorias declaraciones de varios dirigentes gubernamentales conforman un paquete difícil de digerir para cualquiera. Hace poco menos de una semana los Ministros de Guindos y Montoro, incluso el propio Presidente, declaraban que no iban a hacer falta nuevos recortes, que las autoridades europeas no exigían más ante los recortes ya llevados a cabo y que no habría, en palabras del propio Rajoy, más “hachazos”. Días después, el propio Presidente Rajoy nos anunciaba recortes adicionales en 2013 por importe de 3.000 millones de euros ¿navajazo en vez de hachazo? El viernes pasado, la Vice Presidenta, Sáenz de Santamaría, pedía comprensión a los ciudadanos y el domingo era Rajoy era el que pedía paciencia a la vez que repetía que el gobierno “sabía a dónde iba”.

El problema no radica en “saber a dónde se va”, sino que lo que es discutible es el camino elegido para llegar al destino. Es muy probable que sin todas las reformas emprendidas por el Gobierno de Rajoy y todos los sacrificios impuestos a los ciudadanos hoy estaríamos mucho peor. Es muy probable que de haber seguido con las políticas socialistas hoy España estaría intervenida con muchos más recortes que los hasta ahora impuestos y con una tasa de paro todavía peor. Pero el problema es que para lograr esto, el Gobierno ha optado por unas medidas contrarias a su programa electoral y a los propios principios definidores de la acción política de un Gobierno del Partido Popular. Es decir, que el Gobierno del PP ha elegido un camino diferente al que prometió y que a la luz de los resultados y, sobre todo de las negras previsiones, es mucho más largo y tortuoso de lo esperado.

Sáez de Santamaría nos pide comprensión y Rajoy paciencia. Sinceramente es muy difícil comprender por qué se han abandonado las políticas y los principios del programa del Partido Popular para aplicar unas medidas que sólo en parte obtienes resultados precarios, sobre todo en la contención del déficit, y es más difícil aún ser comprensivos cuando nadie se toma la molestia en explicar a los ciudadanos el por qué de dichos cambios. La paciencia pedida por el Presidente no es otra que la resignación ante el sufrimiento que la situación actual impone. Según se recoge hoy en vozpopuli.com el propio Gobierno admite que el impacto de las medidas que ha venido adoptando ha sido perjudicial para el crecimiento económico y para la creación de empleo. Los recortes y las subidas de impuestos del Gobierno son las responsables del desplome de la economía. En el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas para el año 2013 se admite que el crecimiento económico se ha frenado un 2,58% en un año como consecuencia de unas políticas que también han dado como resultado un aumento del 1,9% del paro. El Ejecutivo sostiene que esas cifras se tornarán positivas a en una década cuando, según sostiene, el empleo crecerá un 9,12% gracias a las que bautiza como "medidas de consolidación fiscal". Es decir, que sanear las cuentas públicas y el sector financiero, bases imprescindibles para crecer, han supuesto en un primer momento un frenazo al crecimiento y, consecuentemente, un mayor desempleo.

Los que hoy hablan sin pudor alguno de “austericidio”, aplaudieron ayer el “despilfarricidio” cuyas consecuencias estamos pagando ¡y a qué precio! Hay que saber que no podemos volver a esas políticas socialistas fracasadas. Todavía tenemos que gastar menos e ingresar más para equilibrar las cuentas públicas. Se ha hecho evidente que aumentar los ingresos subiendo los impuestos ha sido contraproducente porque ha implicado reducir la actividad económica y generar más paro. A lo mejor es hora de volver al programa popular y bajar la presión fiscal para dinamizar la actividad, generar consumo, empleo e incrementar así la recaudación. Y gastar menos se puede seguir haciendo pero no a través del recorte de las prestaciones sociales sino acometiendo de verdad la reforma y recorte de un estado insostenible y plagado de duplicidades. Es decir, acometiendo de una vez una profunda reforma política.

Estos días dos voces se han alzado frente a la comprensión y a la paciencia y merece la pena analizar lo que dicen. Desde posiciones ideológicas distintas tanto Mikel Buesa como Esperanza Aguirre vienen a coincidir en que la situación económica exige la adopción de medidas con más contenido político que económico, pero cuyas consecuencias serán de calado económico. Parece que el fuerte impulso reformista que caracterizó los primeros meses del Gobierno de Rajoy ha perdido fuelle. 40 de las 70 reformas anunciadas en el último año no se han llevado a cabo y un análisis de las mismas permite subrayar que son precisamente las reformas de más contenido político las que se han quedado aparcadas.

El Gobierno debería volver la vista y centrar su actividad en la puesta en marcha de todas las reformas de contenido político que permitirán reducir el gasto público y aumentar la eficiencia de nuestras administraciones públicas. Y hacerlo venciendo las notables resistencias que esas reformas levantan entre la clase política y especialmente entre los propios barones del Partido Popular. Lo que no resulta admisible ni comprensible es que el peso de las reformas siga recayendo sobre el sufrido ciudadano mientras no se acometen reformas estructurales profundas. Sabemos el destino al que nos llevan pero no puede haber paciencia cuando se elige un camino que no era el previsto, que resulta ser el más largo y cuando las mochilas más pesadas las tienen que llevar los de siempre, los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

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La vagina de la concejala socialista Elena Martin.

De piedra, me he quedado de piedra, al leer en un periódico unas palabras de Elena Martín, ex secretaria de organización del PSPV y actual concejala del Ayuntamiento de Alicante. Ignoraba que la ilustre política socialista tuviera problemas con su vagina. "Bueno y para despedir la semana, les digo a los curas: ¡¡¡¡sacad las biblias de nuestras vaginas!!!! Bona nit" así se despedía hace unas horas en Twitter.

Es posible que esta frase antológica responda a problemas personales del uso vaginal de la Sra. Concejala y que use el “nosotros” por cierto pudor. Con el uso del plural podrían diluirse las referencias personales de su situación vaginal. De todos es sabido que la vagina forma parte de los órganos genitales internos de la mujer, del aparato reproductor femenino. La vagina, junto con la vulva, son los órganos de la copulación en los mamíferos. Y para cumplir esta función reproductiva, es el órgano femenino que recibe el pene durante el coito, la parte inferior del canal del parto y la vía de salida de la menstruación. La sabia naturaleza ha dispuesto que en la vagina se introduzca sólo el pene para cumplir con la función reproductiva. Pero los humanos y por otras razones, además del pene, introducimos otras cosas: los tampones, por motivos higiénicos, vibradores, como estimulantes sexuales, instrumentos médicos, etc. Ahora bien, ¿una Biblia? ¿Quién coño (y perdone el lector la redundante expresión) le habrá metido una Biblia en la vagina a Dª Elena Martín o a sus conocidas? Si ella lo dice es que se ha debido encontrar con algo parecido a un volumen bíblico en su vagina. Desde luego, la Biblia, el libro más leído del mundo, no es un libro cualquiera. Libro sagrado para cristianos y judíos es una larga narración que ocupa centenares de páginas y que, por tanto, puede tener un volumen más que considerable. Es verdad que algunas ediciones impresas en papel muy fino y letra pequeña reducen notablemente dicho volumen, pero con todo parece excesivo que una edición de bolsillo de la Biblia pueda caber en la ilustre vagina municipal. Es posible que la coincidencia del material en el que se imprime un libro, el papel, con el de la fabricación de los tampones, la celulosa, haya inducido a la confusión a la edil socialista, tomando por una Biblia lo que en realidad podría ser un tampón. ¡Hombre! Por higiene convendría ser más cuidadoso a la hora de examinarse las oquedades corporales y, sobre todo, de aprender a distinguir un libro, sagrado o no, de otros objetos.

Pero, claro, es que además la linda y elegante frase de la Sra. Martín está dirigida a los curas, presuntos culpables de esa supuesta práctica. Hay curas de todas las clases y condición, buenos, malos, santos, regulares, etc. Pero nunca había oído hablar de curas que confundieran las vaginas con las bibliotecas que es el lugar idóneo para depositar libros. Conviene resaltar que Dª Elena se ha dirigido expresamente a los curas, al clero católico, y no a otros “curas” o miembros del clero musulmán, por ejemplo, quienes también manejan un libro sagrado, el Corán. Se ve que estas prácticas de introducir textos en las vaginas de las mujeres deben estar circunscritas al clero católico o puede ocurrir que los hábitos de otros cleros en relación a las mujeres no sean de interés para la concejala socialista alicantina.

Sin embargo, la explicación más probable que justifique la creación literaria de Dª Elena lanzada a las redes sociales estribe en la personalidad y forma de hacer política de la concejala socialista. Su frase está destinada a fijar públicamente su posición política y personal sobre la legítima reforma de la ley del aborto impulsada por el actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Elena Martín, con su mensaje, ha dejado claro lo siguiente: que cree, o eso finge, que la reforma la impulsan los curas y no los casi 11 millones de españoles que la impulsaron con su voto en noviembre de 2011. Podría haberlo dicho así, tranquilamente y sin ofender a nadie. 

Pero, no, para repetir los tópicos que su partido transmite a la sociedad, esta señora lo ha hecho seguramente de la única forma que sabe, de forma grosera, soez y ofensiva para los creyentes. Es lo que hay: ésta es la representante de una parte de la clase política que nos representa a todos, creyentes y no creyentes. Incapaz de elevar intelectualmente el argumentarlo de parvulario de su partido sobre el aborto no se la ha ocurrido otra cosa que, creyéndose ingeniosa, ofender con ordinariez a muchos ciudadanos. Ahora se comprende mejor por qué el PSOE alicantino está como está: rebosa de sectarismo, de anticlericalismo y de parquedad intelectual. ¡Que sigan así!

Santiago de Munck Loyola

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Los demoledores datos de la EPA.

Los datos de la EPA sobre el paro que hoy se han hecho públicos no pueden ser más desalentadores: más del 27 % de desempleo, casi 2.000.000 de hogares españoles con todos sus miembros en paro, más del 57 % de los jóvenes en paro… Comunidades autónomas como Andalucía con un paro del 38 %. En fin, cifras y datos tras los que se desarrollan auténticos dramas personales, proyectos vitales truncados y sombrías perspectivas de futuro. Se mire por donde se mire, estamos viviendo una situación dramática, una auténtica emergencia nacional que no puede prolongarse por mucho más tiempo. No sirve de consuelo el argumento que algunos esgrimen apelando a una desaceleración en el ritmo de destrucción de empleo porque, lo cierto, es que cada vez queda menos empleo que destruir. Y es posible que de no haberse adoptado muchas de las medidas que se ha visto obligado a tomar el Gobierno de Rajoy se habrían perdido más puestos de trabajo aún, pero eso es entrar en el terreno de las hipótesis y, en cualquier caso, no sirve de nada a los más de 6.200.000 ciudadanos que se han quedado sin trabajo, ni a los que están en riesgo de perderlo antes o después.

Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno del Partido Popular, a pesar de ser contraria a su propio programa, fue subir determinados impuestos para recaudar más y recortar sueldos a los funcionarios públicos para gastar menos. Ambas medidas, como desde estas líneas se anunció, suponían detraer dinero de los bolsillos de los ciudadanos. Y a menos dinero en los bolsillos, menos consumo y a menos consumo menor producción y más paro. Era evidente e inexorable. Se sacrificó una parte de la liquidez en el mercado para obtener más ingresos públicos con los que hacer frente a los intereses de la enorme deuda pública generada en los últimos años. Pan para hoy y hambre para mañana. Dígase lo que se diga, no se crea empleo subiendo impuestos.

Pero es que además, a lo largo de los últimos meses, los ciudadanos no sólo hemos visto reducida nuestra capacidad adquisitiva con las subida de impuestos y con los recortes salariales, sino que, además, hemos sufrido y estamos sufriendo muchos recortes que afectan a casi todas las esferas de nuestra vida diaria. Es evidente que si no había, ni hay dinero para sostener el conjunto de prestaciones públicas había que recortarlas hasta donde fuese posible. Sin embargo, estos recortes que han afectado a la educación, a la salud o al bienestar social no han venido acompañados de unos recortes paralelos en el estatus de la clase política ni en las estructuras políticas de nuestro estado. Padecemos un modelo de estado cuya estructura no es sostenible económicamente, no hay dinero público suficiente para sostener este tinglado administrativo y político que hemos construido durante los últimos treinta años. Y sin embargo, no se abordado la imprescindible reforma de nuestras administraciones públicas que no podemos costear. Hemos sido muy rápidos para reordenar las prestaciones públicas que beneficiaban a los ciudadanos y desesperadamente lentos para hincar el diente a un estado insostenible. Y, en paralelo, los gritos de quienes se han venido oponiendo a cualquier recorte social han equilibrado sus tremendos silencios para pedir recortes en nuestra estructura política y administrativa.

Todos sabemos ahora que gastar mucho más de lo que ingresamos se paga con creces y que ahora debemos dedicar mucho dinero a pagar intereses de lo que debemos, dinero que nos sacan del bolsillo, vía impuestos o recortes, y que por tanto no lo podemos dedicar a invertir y a generar empleo. Somos ahora más conscientes que nunca que con la máquina de hacer dinero fuera de nuestro control no podemos por nuestra cuenta incrementar la masa de dinero circulante. Estamos percibiendo que la necesaria austeridad también tiene límites que una vez rebasados la convierten en un profundo obstáculo para la recuperación. Hemos constatado cómo los mercados se fían o no de nuestra capacidad y nos prestan dinero caro o barato en función de la confianza que sepamos inspirar. Y sabemos que sin más dinero circulando en los mercados, no puede haber más actividad económica y que sin ésta no se pueden generar más empleos.

No hay soluciones mágicas, ni recetas infalibles para solucionar este desolador panorama y quien afirme estar en posesión de las mismas seguramente está equivocado. Pretender insistir en aplicar las políticas económicas del anterior gobierno sería rematar definitivamente al enfermo. Querer insistir sin rectificaciones en el modelo actual es desesperantemente lento y agónico para todos y especialmente los desempleados. Hay reformas estructurales que se deberían haber abordado ya para flexibilizar más los mercados, para eliminar trabas administrativas, suprimir controles superfluos, para acabar con monopolios encubiertos de suministros, para unificar nuestro mercado interior acabando con las barreras impuestas por las autonomías, etc. Y, además, se tendría que haber empezado por rediseñar una estructura política y administrativa y por impulsar la regeneración de la clase dirigente española (la política, sindical y empresarial) que son los auténticos culpables de haber infravalorado lo que se venía encima y de no haber sabido ofrecer las soluciones para paliar los efectos de esta crisis. Se mire como se mire, lo cierto es que padecemos un Estado que absorbe la mayor parte de los recursos y energías de la sociedad y con esa losa encima es muy difícil avanzar.

Santiago de Munck Loyola

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“Sean Pastores, no funcionarios”.

Hace unos días el Papa Francisco ordenó a diez sacerdotes de la Diócesis de Roma. En dicha ceremonia el Papa les pidió que ejerciesen el sacerdocio con “claridad y caridad sincera”, con el único deseo de “gustar a Dios y no a uno mismo”. Dirigiéndose a los nuevos sacerdotes les pidió "sean pastores, no funcionarios. Sean mediadores, no intermediarios" y que "no se cansen de ser misericordiosos". Estas palabras del Papa Francisco me han venido a la memoria a propósito de la polémica suscitada en Monforte del Cid por la negativa del Párroco a que una niña discapacitada mental pueda entrar en la Catequesis para hacer la Primera Comunión.

Vaya la que ha organizado el bueno del Párroco, D. Damián Luis Abad, con su negativa. Ha conseguido movilizar y a interesarse por los asuntos de la Iglesia a muchos que hace años no la pisan, pero que se sienten obligados a opinar sobre este asunto interno, sobre todo, si con ello pueden meter un poco el dedo en el ojo eclesiástico. Pero, a lo que vamos, todo parece indicar que lo que ha hecho el Párroco no ha sido negar la Primera Comunión a la menor, sino que ante la discapacidad de la misma que no le permitiría, como es lógico, participar en la Catequesis previa, es ofrecer a la madre  un plan de formación específico y diferenciado que permitiese conocer su evolución. De ahí muchos han deducido que el Párroco, aplicando de forma literal los preceptos de la Iglesia, entiende que, dado que la menor es incapaz de comprender "con un mínimo grado de entendimiento y razonamiento", el sentido que tiene el sacramento de la eucaristía no puede comulgar. La postura del sacerdote ha sido respaldada por el Obispado ya que se ajusta a las normas canónicas, no se trata de una arbitrariedad, como algunos sugieren, del párroco de Monforte del Cid.

Es verdad que, al parecer, la niña no puede participar con aprovechamiento los cursos de catequesis para hacer la Primera Comunión. Pero puestos a ser exigentes ¿Cuántos de los niños y adultos que habitualmente comulgan comprenden "con un mínimo grado de entendimiento y razonamiento" lo que es la transubstanciación? Y al hablar de transubstanciación no se está hablando de algo extraño o de un elemento accidental de la Eucaristía, sino de su esencia, de la Doctrina de la Iglesia de la Eucaristía definida hace tiempo, en el Concilio de Trento. Pues bien, repitiendo la pregunta ¿Cuántos de los que comulgan han oído hablar de ello o cuántos la entienden con un mínimo grado de entendimiento y razonamiento? Muy pocos, poquísimos. Y ¿se pone algún reparo a que reciban la comunión? Evidentemente no. Y si hablamos de otros sacramentos lo cierto es que la Iglesia ha venido admitiendo su administración a personas que no son creyentes o no son practicantes plegándose a los convencionalismos sociales y sin ponerse tan exigente como en el caso del matrimonio.

Los funcionarios debemos regir nuestra actuación profesional mediante la aplicación de la Ley, nos guste o no. “Dura lex, sed Lex” es el principio rector y en el que no cabe margen para la discrecionalidad o para la aplicación de otras consideraciones que no sean las que la misma ley permite. D. Damián, el Párroco de Monforte, ha actuado como un probo “funcionario” de la Iglesia y parece que en su decisión no han entrado otras consideraciones que las impuestas por las normas canónicas. Sin embargo y como bien acaba de decir el Papa debería haber sido más pastor que funcionario y la misericordia y la caridad deberían haber primado sobre la norma. Quizás así habría podido tener en cuenta que intentar establecer un “plan diferenciado e individualizado” de formación cristiana para la niña previo a la comunión choca frontalmente con la pretensión universal de todas las familias que buscan y aspiran a la máxima integración posible y sin diferencias de sus seres queridos afectados por una discapacidad. Se trataría, en este caso, de que la niña participe en igualdad de condiciones con los demás niños en su caminar hacia la Primera Comunión y a ello añadir los refuerzos formativos que el párroco estime necesarios para lograr lo mejor para ella y para su familia. Integrar no es separar, sino sumar y reforzar.

No cabe la más mínima duda de que la actuación del Párroco ha estado presidida por la mejor voluntad, como tampoco cabe la más mínima duda que la misma ha sido aprovechada por algunos para hacer un ruido mediático innecesario y contraproducente simplificando unos hechos hasta tal punto que la realidad ha quedado desvirtuada.

Como creyente, uno tiene el convencimiento de que con catequesis o sin ella, con comprensión o sin ella sobre el alcance y significado de la Eucaristía, el cuerpo de Cristo no encontrará mejor alojamiento que el corazón limpio y puro de esta pequeña, un regalo de Dios que afortunadamente permanece ajeno a esta artificial e interesada  polémica.

Santiago de Munck Loyola

COMUNICADO DEL FORO ESPERANZA POPULAR.

Plaza de Gabriel Miró 14. Alicante.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de citar como imputado por tres nuevos delitos, falsedad documental, fraude fiscal y cohecho, al ex Alcalde de Alicante y Diputado Regional de la Provincia de Alicante por el Partido Popular, Luis Díaz Alperi. Esta nueva imputación viene a sumarse a la existente en el caso Brugal por tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho.

Ante este hecho, el Foro Esperanza Popular desea manifestar lo siguiente:

1º La acumulación de políticos imputados en distintas causas relacionadas con la corrupción está provocando un creciente rechazo de los ciudadanos hacia la clase política, los partidos y las instituciones, tal y como reflejan los más recientes sondeos.

2º Este rechazo se ve reforzado por la aparente pasividad de la cúpula de los partidos ante dichos casos que no adoptan medidas efectivas que refuercen la imprescindible ejemplaridad de los cargos públicos y que restauren la confianza ciudadana.

3º Hoy ya no son suficientes las habituales y huecas manifestaciones retóricas. Señalar que los escaños son de los imputados y que no se les puede obligar a dimitir constituye una obviedad innecesaria y una cortina de humo para esconder la posibilidad de aplicar medidas ejemplarizantes.

4º Ante estas situaciones y dejando a salvo la presunción de inocencia, los partidos políticos sí pueden, al menos, apartar de sus grupos institucionales (parlamentarios o municipales) a los cargos públicos imputados que voluntariamente no quieran abandonar sus funciones hasta que exista una resolución judicial.

Por todo lo anterior, solicitamos a la Dirección Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que adopte las medidas necesarias para excluir del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes Valencianas a D. Luis Díaz Alperi y a los demás diputados que se encuentren en similares circunstancias, tal y como se ha hecho en otras cámaras regionales.

En Alicante, a 17 de abril de 2013.

El PSOE a la sombra de la radicalidad.

Hay hábitos políticos, determinados tics que se mantienen invariables en el tiempo entre los dirigentes socialistas aunque cambien las caras. Ya se trate del Sr. Blanco en su época de Zapatero o ahora de la Señora Valenciano los mensajes políticos socialistas guardan siempre el mismo formato: acomodar la realidad a su conveniencia, inventándosela si es preciso, atribuir a su adversario intenciones ocultas y, por supuesto, restar legitimidad a cualquier decisión que tome por mucho que cuente con un amplio respaldo electoral.

Los socialistas españoles nunca han digerido con elegancia perder el poder y en esta última ocasión no ha sido una excepción. A pesar de haber recibido los peores resultados electorales en los últimos 30 años, los socialistas, en lugar de iniciar un proceso de reflexión y de renovación como sería de esperar de un partido auténticamente responsable, decidieron emprender su tarea opositora al nuevo gobierno con todas y cada una de las cargas electorales que les habían conducido al estrepitoso fracaso del 20 de noviembre de 2011. Ni siquiera han sabido guardar las apariencias como hizo, por ejemplo, Felipe González tras los resultados electorales del año 2003 cuando, conocidos los mismos, se apresuró a declarar que “había entendido el mensaje del electorado”. Y eso que, a pesar de todo, había ganado. Lamentablemente, la actual dirección socialista parece no haber entendido mensaje alguno. Ni ha hecho autocrítica, ni se ha disculpado con los ciudadanos por haber dejado el país hecho unos zorros, ni ha abandonado las políticas cuyas consecuencias padecemos en todos los ámbitos.

Cuando alcanzan el poder se apresuran a deshacer lo que el gobierno anterior haya emprendido, sea lo que sea. Como elefante en cacharrería se apresuran a remover de arriba abajo cualquier puesto de responsabilidad en las administraciones “colocando” a los suyos y a derogar cualquier Ley en vigor que no sea de su agrado. Se sienten absolutamente legitimados para hacerlo. Sin embargo, cuando son relevados al frente del Gobierno, sus sucesores deben andarse con toda clase de miramientos. La nueva oposición, la socialista, enseguida pone el grito en el cielo y se rasga las vestiduras ante cualquier iniciativa que suponga una rectificación de la herencia recibida. Los socialistas aplican la Ley del embudo con rigor: ellos sí pueden derogar leyes cuando alcanzan el poder, los demás no. Al Partido Popular, si intenta hacerlo, se le suele acusar de casi todo y se le exige consenso y diálogo con la oposición para cualquier reforma. El mismo consenso y diálogo que antes nunca se ofertó. Lo vemos cuando se trata de impulsar reformas en la legislación educativa, en la laboral, en el régimen de pensiones o en cualquier otro asunto.

Especialmente significativa viene siendo la actitud del PSOE ante el anuncio del Ministro Gallardón de cumplir con uno de los compromisos electorales del Partido Popular: la reforma de la legislación sobre el aborto. El PSOE con la ayuda de sus aliados parlamentarios aprobó una reforma hoy vigente y lo hizo sin diálogo ni consenso con el partido mayoritario de la oposición. Y ahora resulta que parece una aberración que el Partido Popular pueda sacar adelante una nueva regulación. Entre los exabruptos socialistas destaca especialmente el de la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, quien ha llegado a anunciar que los socialistas pedirán romper los acuerdos con la Santa Sede si Mariano Rajoy accede a las demandas del cardenal Rouco Varela. "Si el PP, como dijo Gallardón, va a ir de la mano de los obispos para cambiar Ley del aborto, el PSOE exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede", ha asegurado Valenciano. "El PSOE no consentirá que, a estas alturas, los obispos sigan imponiendo su moral y mucho menos que limiten de nuevo libertad de las mujeres", ha añadido. ¡Cuanta mentira y cuanta sandez en tan pocas palabras! No, Sra. Valenciano, el PP no va a ir de la mano de ningún Obispo para reformar la Ley del aborto, sino de la mano de más de 10 millones de españoles que con su voto respaldaron expresamente esta propuesta. ¿O es que, a sensu contrario, se podría afirmar que el PSOE fue de la mano de los dueños de las lucrativas clínicas abortistas para legislar como lo hizo?

Si el PSOE quiere que se rompan los acuerdos con la Santa Sede, algo que no hizo cuando gobernaba, no hace falta buscar falsas excusas. Esta pretensión, perfectamente legítima, encajaría perfectamente, además, en el contexto de deriva radical del PSOE que cada día le aleja un poco más del centro sociológico y, por descontado, de mejorar sus expectativas electorales. Una deriva que se plasma de forma precisa en su apoyo y simpatía a los acosos a los parlamentarios, en sus alientos republicanos, en su comprensión y debilidad ante los separatismos, en sus propuestas fiscales seudo expropiatorias o en sus programas económicos estatalistas.

Sin una profunda renovación ideológica y sin un sólido liderazgo es muy probable que el PSOE deje de ser una alternativa real de gobierno. Se están quedando con todas las papeletas para ello.

Santiago de Munck Loyola

¿Hacia una República excluyente?

El 82 aniversario de la proclamación de la II República se ha celebrado en muchas ciudades españolas con una afluencia de público sensiblemente superior a las conmemoraciones de años anteriores. A ello ha contribuido, sin duda, el mal momento que la Monarquía española está atravesando ante la opinión pública, tal y como señalan las últimas encuestas, como consecuencia del comportamiento poco ejemplar del Rey y de algunos miembros de la familia real. Es evidente que en medio de una crisis como la que venimos padeciendo en la que la sensibilidad social está a flor de piel aquellos que encarnan la Institución Monárquica no han sabido estar a la altura que de ellos cabía esperar.

Sin embargo, la celebración de hoy no puede ser compartida, ni muchos menos, por quienes siendo republicanos no se sienten identificados con un modelo republicano como el del año 31 construido por media España contra la otra mitad y que fue un absoluto fracaso de convivencia. Una buena parte de la izquierda española, sobre todo la más radical, postula el advenimiento o la instauración de una tercera República en España sobre la base y la nostalgia del modelo republicano de 1931, con todo lo que ello conlleva de identificación con los errores y aciertos de mismo. Así, una vez más, se vuelve a cerrar la puerta política a quienes aspiran a la construcción de un modelo republicano desde posiciones de centro, de derechas o de izquierda moderada.

España cuenta hoy con la Constitución más abierta y democrática de su historia. Una Constitución nacida al amparo de la Monarquía, cuya contribución a su nacimiento es innegable, en circunstancias políticas y sociales tremendamente difíciles y que ha permitido a la sociedad española alcanzar niveles de convivencia pacífica y cotas de bienestar social nunca antes logradas. Sin embargo, es muy probable que la Monarquía, en las actuales circunstancias, haya agotado su papel en el desarrollo político de nuestra sociedad. Es evidente que una situación coyuntural no puede servir de argumento para un cambio de modelo tan profundo como podría ser el paso de la Monarquía hacia la República. Las tendencias de opinión fluctúan enormemente en breves espacios de tiempo y más hoy con la influencia de las redes sociales. Pero sí podría ser aconsejable reflexionar serenamente sobre la vigencia del papel de la Monarquía y sobre todo sobre su utilidad a la sociedad española. Lo que no cabe duda es que este debate debería plantearse sobre criterios de objetividad y no sobre criterios emocionales, sobre planteamientos de objetivos de futuro y no sobre nostalgias y planteamientos trasnochados.

Y si algo en las celebraciones del día de hoy podría poner en guardia a cualquier demócrata, sea republicano o monárquico, es el desfile paramilitar que se ha celebrado en Madrid para rememorar la II República. Banderas de la II República (que no republicanas ya que la I República mantuvo la bandera de España) con una estrella roja en el centro eran portadas marcialmente en paralelo con banderas comunistas. Esta identificación entre la II República, y al parecer con la futura III República, y la ideología comunista es todo un síntoma, un peligroso síntoma del triste fin que tendrían las libertades públicas que hoy disfrutamos, esas “libertades burguesas” que según los comunistas sólo son respetables en cuanto transitorias y como mero instrumento para la consecución del poder.

Bandera de España II República.

Bandera de España I República.

La identificación de una futura III República con el comunismo y con lo peor de la II República sólo puede servir para que los republicanos demócratas confíen en que dure mucho la Monarquía y las libertades consagradas en la Constitución de 1978. La legítima aspiración de cambiar la forma del estado español pasando de una Monarquía a una República no puede construirse mirando hacia atrás, sino hacia el futuro, no puede sustentarse sobre modelos excluyentes y sectarios como pocos, sino con una visión integradora de toda la sociedad española, no debe reclamarse adjetivando a la República con términos como popular o socialista, sino con la capacidad de permitir la alternancia política sin más limitación que la que imponga en cada momento el electorado en las urnas. Mal se empieza cuando la reclamación de una nueva República se simboliza tratando de imponer la bandera de un régimen concreto sobre la de la Nación, cuando se trata de identificar al futuro régimen con una ideología partidista y excluyente y cuando se justifica desde la nostalgia de un pasado muchas veces inexistente y no sobre convicciones políticas racionales y de integración nacional

Santiago de Munck Loyola

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Camps ¿y ahora qué?

El 20 de julio de 2011 el Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, presentó su dimisión al frente de esta institución a consecuencia de su procesamiento por el caso del presunto regalo de tres trajes realizado por la trama corrupta Gürtel. En las últimas elecciones autonómicas del 22 de mayo la inmensa mayoría de los votantes había preferido votar a un político bajo sospecha de haber recibido regalos poco recomendables antes que votar a cualquiera de los candidatos de la izquierda valenciana. No obstante, con ese gesto necesario e inteligente allanó su camino para su defensa judicial y despejó notablemente la agenda política. Fue juzgado y absuelto por un jurado popular. Los socialistas valencianos, insatisfechos con el veredicto, recurrieron y el Tribunal Supremo acaba de confirmar por cuatro votos contra uno de los Magistrados dicho veredicto de inocencia. Francisco Camps y Ricardo Costa han sido absueltos de nuevo y las reacciones a dicha resolución no se han hecho esperar. La oposición, la izquierda valenciana, dice respetar dicha sentencia pero no respaldarla. Es decir que, para los que acusaron falsamente al ex presidente de unos delitos que no cometió, éste sigue siendo culpable, digan lo que digan los Tribunales. Sin cortarse un pelo y haciendo gala de un absoluto desprecio al Estado de Derecho, la diputada de Compromis en las Cortes Valencianas Mireia Molla, ha afirmado que "para nosotros son culpables de los delitos que se les acusaron". Entonces, no cabe más remedio que preguntar ¿para qué sirven los Tribunales de Justicia? ¿Para qué sirven las garantías procesales de nuestro sistema jurídico? Habrá que reformar las leyes. Ya se sabe: un acusado de un delito es culpable si así lo deciden los presuntos ”demócratas” de Compromis. ¡Pues vamos listos con esta gente! Y los socialistas igual, erre que erre. Ni siquiera se han dignado a pedir disculpas por haber realizado unas acusaciones falsas que no han podido ser demostradas ni política ni judicialmente. Y es a ellos a quien correspondía la carga de la prueba, no al acusado.

Así las cosas ¿y ahora qué? Nos encontramos con que el que fue el Presidente más respaldado por los votantes de la Comunidad Valenciana hubo de dimitir ante las múltiples presiones recibidas como consecuencia de unas acusaciones que finalmente han resultado ser falsas. No vale ahora intentar mezclar este asunto con todo el entramado Gürtel y demás casos en la escenario judicial. Francisco Camps y Ricardo Costa dimitieron por unas acusaciones concretas y han sido absueltos, no sólo por un jurado popular, sino también por la máxima instancia judicial española. Es evidente y, sobre todo a la vista de las manifestaciones de buena parte de la izquierda valenciana, que su reputación y credibilidad han resultado dañadas para siempre y que no hay forma de restaurarlas. Pero no es menos cierto que la razonable y elogiable dimisión de hace casi dos años debe tener tras la absolución judicial una compensación de carácter político.

Aquí nadie se pone de acuerdo cuando debe o no dimitir un político imputado en una causa judicial y en qué supuestos debería hacerlo. Cada partido tiene su vara de medir y aplica cuando así le conviene la ley del embudo. No habiendo por tanto ni norma escrita, ni hábito consensuado, parece que, en todo caso, la lógica política exige que cuando alguien tiene la gallardía y honradez política de dimitir ante una simple imputación debería ser repuesto en su cargo cuando sale limpio del proceso judicial al que se ha sometido. Es muy posible que la alegría oficial popular por el veredicto del Tribunal Supremo no se corresponda con los verdaderos sentimientos que albergan quienes de un modo u otro resultaron beneficiados políticamente con la dimisión de Francisco Camps. Ya se sabe que en un partido político en cuanto te levantas de la silla alguien la ocupará sin problemas y que será harto difícil que te la devuelva, aunque te la hayas ganado en las urnas. ¡Difícil, miserable y desagradecido mundo el de la militancia política!

Santiago de Munck Loyola

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La imputación de la Infanta, una cortina de humo.

La decisión del juez Castro de imputar a la Infanta Cristina ha provocado un infantil regocijo y algarabía en buena parte de la izquierda, de muchos comentaristas políticos y de amplios sectores de la población. Poco importa para ello que, al parecer, el auto de imputación dictado por su señoría peque de incoherencia e inconsistencia jurídica y que se base más en escasos indicios incriminatorias que en hechos relevantes. Buena parte de la opinión pública se alegra y se ensaña con la Infanta tal y como antes hizo con su esposo, el Sr. Urdangarin. Sin freno alguno y sin medir las negativas consecuencias de ello se cargan las tintas sobre ambos personajes como si los hechos que se les imputan y las responsabilidades que de ellos pudieran derivarse sólo les correspondieran a ellos. Parece como si el Sr. Urdangarín y su socio, con la complacencia, colaboración o complicidad de la Infanta Cristina hubiesen asaltado las cajas de las administraciones públicas y se hubiesen llevado el dinero. Y no es así, ni mucho menos.

A un servidor, que no es precisamente un fervoroso partidario de esta Monarquía tan poco ejemplar, sobre todo por la conducta frívola, indiscreta e irresponsable de su máximo representante, el Rey, este ensañamiento callejero de la Infanta y de su marido le parece más una cortina de humo y un espectáculo bien aderezado por los medios de comunicación que sólo sirve para alejar el punto de mira de quienes son los auténticos responsables del mal uso que se haya podido dar al dinero público. No cabe ninguna duda que el Sr. Urdangarin, con la colaboración de su ex socio y antiguo amigo, ha sido un pájaro de cuidado, un fresco y ambicioso que sabía que usando adecuadamente su relación familiar se le podían abrir muchas puertas para ganar dinero a espuertas. Pero tan cierto como lo anterior es que ni el Sr. Urdangarin, ni su socio, han asaltado ninguna caja fuerte, ni han forzado a nadie a realizar negocios con ellos. Muy posiblemente se dedicaron a vender humo, a vender a precios desorbitados servicios que no lo valían o a facturar prestaciones que no se realizaron. Ellos pusieron precio a su humo y, lo peor, es que hubo quien lo compró y lo pagó con el dinero de los contribuyentes. Son precisamente los que compraron el humo del Sr. Urdangarín y quienes lo pagaron tirando del cajón público los verdaderos responsables de este escándalo. Son los que por mandato de las urnas tenían la obligación política, legal y ética de usar ese dinero público con la “diligencia de un buen padre de familia” y no lo hicieron. Compraron a lo tonto, a cualquier precio y sin comprobar la mercancía, todo por una buena foto. Son, ni más ni menos, los políticos que firmaron estos contratos y convenios con las Fundaciones o empresas del Sr. Urdangarín y los técnicos que debían haber fiscalizado esos gastos. ¿Y dónde están en los telediarios? ¿Dónde están los nombres de los políticos y de los técnicos responsables de velar por el dinero de los contribuyentes? ¿Por qué no los persigue la prensa?

Ni el Sr. Urdangarin, ni su socio, ni la Infanta Cristina pudieron tener acceso a un solo céntimo público por si mismos, necesitaron que determinados políticos pagasen esas cantidades millonarias que ahora hemos conocido. Y, sin embargo, todos los focos están puestos en los primeros; la mayoría de la gente sólo carga sobre ellos las tintas al igual que la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Ni a la Infanta ni a su marido los hemos elegido los ciudadanos, están donde están por su parentesco, pero a quienes sí hemos elegido, a los que hemos votado es a los responsables políticos que debían gestionar escrupulosamente nuestro dinero y no lo han hecho y debería ser, por tanto, a quienes con mayor firmeza denunciásemos y exigiésemos las responsabilidades a que hubiese lugar. Y, sin embargo, hasta ahora están saliendo de “rositas” ya que casi nadie se fija en ellos. Si se dejaron engañar o si sabían que compraban a precio de oro lo que no lo valía, estos políticos y técnicos deberían irse a la calle y pagar con su patrimonio el agujero que por irresponsabilidad o ignorancia han dejado en las arcas públicas. Sólo así se hará justicia de verdad en este escándalo que tanto daño está haciendo a la imagen internacional de España.

Santiago de Munck Loyola

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La ejemplaridad pública.

Una de las características de nuestra sociedad es la gran velocidad con que se producen cambios en las corrientes de opinión. La rápida transmisión de noticias y la libre circulación de opiniones son facilitadas por los medios de comunicación y, en especial, por las redes sociales. Ello debería obligar a los partidos políticos a permanecer muy atentos y perfectamente conectados a los movimientos de opinión en la sociedad, a ser mucho más permeables a los problemas, a las necesidades y a las posibles soluciones que los ciudadanos demandan. En este sentido, parece que el Partido Popular quiere, o al menos así lo manifiesta, debatir con los ciudadanos cuestiones que diariamente están en la agenda de la actualidad social. El pasado 23 de marzo se celebró en Ciudad Real un primer debate sobre la situación del desempleo juvenil y sobre las propuestas de futuro que plantea el Gobierno, con la participación de la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El próximo debate o foro, dedicado a la “ejemplaridad pública” se celebrará en Madrid y es probable que cuente con la presencia del Ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria. Siendo loable esta iniciativa y siempre que su formato sea auténticamente participativo y no se trate de un acto más de propaganda, parece francamente insuficiente. Un partido político con más de 700.000 afiliados en toda España, como el Partido Popular, cuenta ya con una estructura social muy amplia, con una red de personas extendida prácticamente por toda España que, además, penetra en todas las capas sociales. Su propia estructura territorial y social permitiría sintonizar mucho mejor con las corrientes sociales si sus afiliados fuesen tenidos en cuenta y fuesen llamados a participar en estos mismos debates desarrollándolos en cada sede local. Los afiliados populares no son personas aisladas de la sociedad y de los problemas que la aquejan, todo lo contrario. Son ciudadanos comprometidos políticamente que padecen exactamente lo mismo que la gente de su entorno y, por tanto, podrían, si hubiese voluntad política para ello, servir como una excelente correa de transmisión entre la sociedad y el partido.

Dicho lo anterior, la elección del tema de debate, la ejemplaridad pública, es muy acertada y da para mucho en estos tiempos tan difíciles y convulsos. Es precisamente la ausencia de ejemplaridad pública la que condiciona, como se ha visto recientemente en la última encuesta del CIS, la valoración negativa que los ciudadanos tienen sobre la clase política, sobre los partidos políticos y la corrupción. Hoy desde la Casa Real hasta el poder judicial, pasando por los partidos políticos, la patronal o los sindicatos, casi todas las instituciones u organizaciones públicas o sociales están tocadas. Es justo en los tiempos de crisis, en los momentos en que los problemas más agobian al ciudadano cuando éste vuelve sus ojos hacia quienes deberían aportar soluciones a su situación, en muchos casos dramática, y lo que ve no es que le guste precisamente. En muchos casos, quienes deberían liderar la sociedad, quienes tendrían que predicar con el ejemplo, quienes deberían aportar soluciones a los problemas de la sociedad no lo hacen o están inmersos en escándalos o en actitudes poco edificantes.

Y la falta de ejemplaridad no se manifiesta únicamente en la existencia de numerosos casos de corrupción que a diario llenan las portadas de los periódicos, sino también en un conjunto de actitudes y comportamientos en el uso de los mecanismos que la Ley otorga y que evidencia la existencia de dos mundos paralelos, dos realidades muy distintas: la oficial y la de la calle. No resulta ejemplar que en una época de crisis, de recortes y sacrificios que se imponen y se exigen a los ciudadanos, no exista un correlato en el mundo oficial o no, como mínimo, en la misma proporción. No es ejemplar que mientras suben los impuestos a los ciudadanos, los parlamentarios gocen de privilegios fiscales, como tampoco lo es que mientras se agravan las condiciones para la percepción de una pensión los parlamentarios sigan gozando de unos privilegios para ello fuera de toda lógica. No es ejemplar precisamente nombrar y mantener como Secretario de Estado de la Seguridad Social a alguien que durante años ha mentido sobre su curriculum atribuyéndose falsamente la condición de médico o nombrar y mantener a una Secretaria de Estado de Investigación a alguien que ha luchado por impedir en las elecciones la victoria de quien un mes después la nombra. En una sociedad donde millones de ciudadanos desempleados han agotado ya cualquier ayuda pública y no hay dinero para más, no sólo no es ejemplar sino profundamente inmoral que se sigan manteniendo retribuciones públicas en administraciones, empresas públicas o bancos nacionalizados de 100.000, 500.000 ó 900.000 euros anuales. No es ejemplar ni edificante que se nombren asesores con fabulosos sueldos a gente sin experiencia ni formación o que se las promocione a escaños en los parlamentos autonómicos o en el nacional por el simple hecho de ser parientes de alguien. Tampoco lo es que las candidaturas se hagan a dedo, sin contar con los militantes de los partidos, y se usen para colocar a gente que nunca a puesto un pie, ni lo va a poner, en la Provincia por la que resultan elegidos. No es algo que mueva a la alabanza el hecho de que los contribuyentes tengamos que pagar los gastos en viaje oficiales de una amiga del Rey o que le tengamos que acondicionar una mansión cerca de la Zarzuela. Como tampoco sirve de buen ejemplo que el máximo representante del poder judicial manifieste que tener que volar en clase turista supone un descrédito para la institución que preside mientras miles de españoles pasan hambre. No resulta ejemplar mantener a toda costa un modelo de estado insostenible mientras se recorta en prestaciones sociales esenciales. No constituye un buen ejemplo mantener en las administraciones públicas muchos más asesores y cargos de confianza que cargos electos o mantener en sus puestos a diputados que se duermen en las sesiones parlamentarias, que se dedican a estudiar francés en las mismas, a hacerse la manicura o jugar con sus iPad mientras que se habla de los problemas de los ciudadanos.

Hay, como se puede ver, un amplio surtido de actitudes y comportamientos que, sin tocar la esfera penal, no son precisamente ejemplares y cuyo mantenimiento entorpece cada vez más la relación de confianza que debería existir entre los ciudadanos y sus representantes, entre gobernantes y gobernados. Las situaciones de crisis convierten la crítica ciudadana en mayores niveles de exigencia hacia los gobernantes y ello debería servir para que la clase política, lejos de esconderse en justificaciones, reflexionase y abandonase muchas prácticas que la alejan del aprecio y consideración de los ciudadanos. Parece que con un solo día de debate sobre la ejemplaridad pública no van a tener bastante.

Santiago de Munck Loyola

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