Escuchando
hoy a algunos comentaristas políticos, presuntamente progresistas, se deduce
que según ellos para dedicarse a la política hay que ser funcionario o
millonario. Muchos de ellos andan aún rasgándose las vestiduras porque Esperanza
Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, ha abandonado su puesto de
funcionaria al que se había reincorporado tras su dimisión como Presidenta
Regional para empezar a trabajar en una empresa privada, Seeliger y Conde. Y
parece ser que a estos señores les parece muy mal que Esperanza Aguirre trabaje
para una empresa privada que, por cierto, no está en absoluto relacionada con
las administraciones públicas, mientras conserva su puesto de Presidenta del
partido Popular de Madrid, un puesto de carácter interno. Y ¿por qué? Pues
sinceramente se mire por donde se mire no parece haber ninguna razón que
justifique este rechazo, no hay ni incompatibilidad legal ni ética, para ello y
tan sólo se puede intuir con el fondo lo que subyace es una inquina y una fobia
política tan furibunda como rancia. De este rechazo y condena habría que
entender que sólo se puede ocupar un puesto de responsabilidad en una
organización política si uno tiene aseguradas las lentejas o porque es rico y
no necesita trabajar o porque su sustento está garantizado por un salario
público. Increíble, pero cierto.
Y
lo que más llama la atención de estos adalides de la moralidad progresista es
su sepulcral silencio en torno a la tradicional práctica de nuestros políticos
cesantes de situarse en consejos de administración de empresas privadas o
públicas o en instituciones inoperantes como el Consejo de Estado para
llevárselo “calentito”. A estos señores, visto su silencio, les debe parecer de
perlas como muchos de nuestros políticos cesantes cobren astronómicas cuantías
por sentarse en Consejos de Administración de empresas cuyos ingresos y
desarrollo ha dependido en buena medida de las decisiones políticas que ellos
adoptaban cuando ejercían el poder. Ahí no ven reparo, ni incompatibilidad
ética o legal ninguna. Si Esperanza Aguirre hubiese querido ocupar el puesto
que le correspondía en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid como ex
presidenta regional, como Joaquín Leguina, y percibiese por tanto unos buenos
ingresos por ello ¿les parecería bien a estos críticos? Pues no, Esperanza, no
lo ha hecho ahorrando con ello unos cuantos millones a los contribuyentes.
Otros
políticos optaron por caminos muy distintos, muchos de ellos han recalado en el
Consejo de Estado, por ejemplo, y otros han terminado en Consejos de
Administración de empresas que en su día fueron afectadas por sus decisiones
políticas. Ahí tenemos el caso de Felipe González presente en los consejos de
administración de las 35 mayores empresas españolas. José María Aznar fue
contratado por Endesa (en su caso en calidad de asesor externo).
Hay más de una
decena de ex ministros que ocupan buenos sillones directivos: Marcelino Oreja en FCC, Luis Carlos Croissier en Repsol, Javier Gómez Navarro en Técnicas Reunidas, Miguel Boyer y Ángeles
Amador en Red Eléctrica, Ángel Acebes en Iberdrola, José Borrell en Abengoa etc. Y
cualquiera puede preguntarse ¿por qué están en estas empresas? ¿Cómo pago de
favores recibidos? ¿Por agradecimiento? ¿Para utilizar sus influencias ante las
administraciones públicas? ¿O por sus excelentes y hasta hace poco desconocidas
cualidades profesionales y empresariales?
No
es creíble este doble discurso: el silencio ante estos casos y el grito en el
cielo por la decisión de Esperanza Aguirre. Como en tantas ocasiones, se ha
abierto una falsa polémica con poca base y más bien sustentada en fobias
ideológicas que en argumentos sólidos e inteligentes. Bien por Esperanza. Ha
tomado una sabia decisión, buena para ella y buena para los contribuyentes. Y
ojala cunda su ejemplo.
Santiago
de Munck Loyola