Cataluña: ir por lana y salir trasquilado.

Si una cosa ha dejado muy clara Artur Mas es su propia incompetencia como político. De una parte, ha demostrado su incompetencia para gobernar su autonomía en una situación económica desastrosa heredada del tripartito hasta el punto de adelantar dos años el fin de su mandato. Y, de otra, ha demostrado largamente su incompetencia como estratega a la vista de los pésimos resultados electorales que ha alcanzado. Trató de encubrir su incapacidad para lidiar con la crisis sacando a pasear el estandarte independentista y convocó elecciones autonómicas solicitando de los votantes una “mayoría excepcional”, es decir absoluta, para poner en marcha su proyecto secesionista y lo hizo en términos plebiscitarios.

Los resultados de esta doble incompetencia, como gestor y estratega, son evidentes:

1º Artur Mas ha conseguido que su partido pierda 12 escaños en el Parlamento catalán, de 62 a 50. Es decir, el logro de este “brillante” estratega ha sido perder un 20 % de representación parlamentaria.

2º Con su envite independentista, Artur Mas ha logrado que la representación parlamentaria de los partidos independentistas se reduzca en dos escaños pasando de 74 escaños a 72.

3º Ha conseguido radicalizar la posición del electorado independentista al propiciar un importante incremento de los radicales de ERC que pasan de 10 a 21 escaños y la aparición de la CUP con tres escaños, lo que contribuirá a dificultar la gobernabilidad y la estabilidad de la región.

4º Artur Mas ha logrado igualmente proyectar una imagen internacional negativa tanto para Cataluña como para el resto de España, transmitiendo una sensación de inestabilidad política sin precedentes lo que, sin ninguna duda, supone una pérdida de confianza de las instituciones internacionales y de los inversores extranjeros.

5º Ha hecho que el debate electoral sobre los graves problemas económicos y sociales que aquejan a Cataluña quede relegado a un segundo plano en beneficio del debate secesionista y en perjuicio del contraste electoral de diferentes opciones para resolver los graves problemas que diariamente afectan a los ciudadanos.

6º Ha dejado a Cataluña sin la aprobación de un Presupuesto para el próximo año cuya elaboración por el nuevo Gobierno que haya de constituirse tras estas elecciones se demorará muchos meses, precisamente cuando es más necesario que nunca comparecer ante las instituciones europeas con unas cuentas públicas rigurosas que avalen la recepción de fondos y ayudas para intentar salir de la crisis.

Éstos son algunos de los resultados obtenidos por la cobarde apuesta soberanista del Sr. Mas. En definitiva, no gobernar, no tomar decisiones solventes para solucionar los graves problemas de los ciudadanos a cambio de una aventura que se ha saldado con un estrepitoso fracaso electoral. Los sueños y los deseos no han podido con la dura realidad de la que intentaba evadirse el Sr. Mas. También ha conseguido poner sobre el tapete el espinoso asunto de la corrupción política, ésa que, de creer a la subvencionada prensa catalanista, no existe en el llamado “paraíso catalán”. Parece incomprensible que distintos informes policiales elaborados hace ya dos años en los que se alude a supuestas cuentas bancarias de dirigentes nacionalistas en paraísos fiscales no hayan salido a la luz hasta ahora. Es cierto que su filtración en estos momento ha respondido seguramente a intereses electorales, pero no lo es menos que resulta cuando menos curioso, sobre todo en un país como el nuestro en el que se filtran continuamente diligencias judiciales declaradas secretas, que hayan permanecido ocultos durante tanto tiempo. ¿A qué se debe este sigilo? ¿A que cuando se investiga a determinados políticos por supuestas irregularidades fiscales existe un mayor celo y sigilo que cuando se trata de ciudadanos normales? ¿No comunica la policía sus sospechas a los inspectores fiscales cuando se trata de políticos? ¿Hacienda no actúa con el mismo celo que con cualquier ciudadano cuando el sospechoso es un político? Se trata en todo caso de un grave asunto que no puede quedar en el anecdotario de una campaña electoral. Hacen falta luz y taquígrafos para que los ciudadanos sepamos la verdad. Tenemos derecho a conocer si se ha tratado de una simple sucia maniobra electoral o si, en realidad, existe una auténtica olla podrida, escondida durante tiempo por cierta prensa y determinados políticos, de la que se nutren partidos y dirigentes catalanes.

Como en todo proceso electoral, siempre hay consuelo para todos. Los socialistas aparentan cierto alivio por no haber perdido tantos escaños como pronosticaban las encuestas. Perder casi un 30 % de su representación parlamentaria y cosechar el peor resultado electoral de su historia es todo un éxito para algunos pensando que podía haber sido mayor la pérdida. Los populares catalanes satisfechos también porque, a pesar del desgaste producido por las duras medidas presupuestarias del Gobierno de la Nación,  han aumentado en un escaño su representación aunque ello signifique que no hayan alcanzado aún el porcentaje que en 1995 alcanzó Alejo Vidal Cuadras, el 13,1 %. Hay un dato curioso: en las generales del 2011, el PP obtuvo el 20,7 % de los votos en Cataluña (Ciudadanos no presentó candidaturas). Ahora, el PP ha obtenido el 12,99 % y Ciudadanos el 7,6 % de los votos. La suma de ambos porcentajes es casi idéntica al obtenido por el PP en solitario en las generales. En medio de tanta autocomplacencia popular no estaría de más que alguna cabeza pensante analizase este dato y realizase algún tipo de autocrítica para corregir o modular internamente determinados criterios porque hay un hecho evidente: más de un tercio del electorado popular en Cataluña no vota al PP en las autonómicas y prefiere hacerlo a un partido que no tiene complejo alguno respecto a su españolidad y a la crítica al actual sistema autonómico.

Ahora se abre un período mucho más difícil y posiblemente convulso que el terminado el pasado domingo. Ahora podremos comprobar cuales son las nuevas prioridades de la clase política catalana, si dan prioridad a la resolución de los graves problemas sociales y económicos de los ciudadanos o, por el contrario, la prioridad es otorgada a las metas secesionistas e identitarias. Es decir, si los políticos están con la gente o con su justificación existencial.

Santiago de Munck Loyola

Sin capacidad de elección no hay libertad.

Según nos cuentan últimamente todos los estudios sociológicos, cada día es mayor el número de ciudadanos que se aleja de la política y de los políticos. El rechazo a la clase política va creciendo y con ello la distancia entre la gente y los políticos. Se está generando un caldo de cultivo cuyo desarrollo está aún por ver pero que, vistas otras experiencias en países similares, puede generar consecuencias negativas impredecibles para nuestro sistema. La clase política y la partitocracia no están a la altura de las circunstancias, ni responden a las expectativas que la mayoría de los ciudadanos ha depositado en ellos. No puede olvidarse que la actual situación de crisis con toda su larga lista de consecuencias negativas para la vida diaria del ciudadano tiene unos claros culpables: la clase dirigente española, la política, la sindical y la empresarial. Unos y otros y cada cual en su ámbito de competencia son los que por acción u omisión nos han llevado donde estamos. Y son precisamente los responsables de este desastre los que ahora tienen que sacarnos del agujero al que nos han conducido. Es normal, por tanto, que confundiéndose culpables con salvadores se extienda cada vez más esa desconfianza. Pero es que, además, en muchos casos la clase dirigente parece vivir una realidad muy distinta a la que diariamente percibimos los ciudadanos y esta afirmación se comprueba cuando vemos las tardías reacciones a la hora de abordar graves problemas como el de los desahucios, por citar sólo uno. Es evidente que existen dos realidades paralelas: la de la clase dirigente y la del ciudadano.

Circulan también algunas encuestas que, en el caso del PP de la Comunidad Valenciana, vaticinan una grave pérdida de confianza electoral, pérdida que curiosamente no es recogida por su rival electoral directo el PSPV, lo que, sin ninguna duda, viene a confirmar ese distanciamiento ciudadano hacia la clase política. Sería suicida para las formaciones políticas y para el propio sistema que, analizada la situación presente, no se abordasen de forma inmediata determinados procesos internos para recuperar valores y posiciones que sintonicen mejor con los problemas y aspiraciones del ciudadano.

En este contexto, un problema que afecta a muchas organizaciones y en especial a los partidos políticos, y más aún cuando sus estructuras internas se institucionalizan, es la tendencia a la entropía, a cerrarse sobre si mismos, sobre sus cuadros y sus discursos internos estrangulando los flujos entre la sociedad y su vida interna. Un claro reflejo de este problema se pone de manifiesto en los procesos de renovación interna. Los poderes territoriales superiores intentan siempre que los inferiores sean “de su cuerda” para lo que no dudan en controlar y, si es preciso, manipular los procesos electorales internos de los órganos inferiores. Se consigue así una organización monocolor, cómoda, dócil y manejable, pero se ahonda en el principal problema, en la desconexión con la realidad social. Son los militantes de estas organizaciones quienes están en la calle, quienes a diario viven y sufren lo mismo que el resto de los ciudadanos y son, por tanto, quienes podrían elegir mejor en sus ámbitos territoriales a las personas idóneas para liderar esa realidad. Pero desgraciadamente no ocurre así.

Un claro ejemplo de ello es el proceso de renovación de las Juntas Locales del PP en la Provincia de Alicante. La primera e incomprensible obsesión del Comité Provincial de Alicante es que en estos procesos electorales internos no haya más de un candidato a Presidente por localidad y entienden, y así se lo trasladan a la prensa, que cuando hay más de uno es que hay conflicto. Pues, no señor, el problema de verdad es cuando no hay más de un candidato, cuando el militante no puede elegir libremente entre varias opciones. Pero ¿por qué esta enfermiza obsesión? ¿Por qué entienden que es malo que haya más de un candidato y que los militantes puedan elegir al que más les convenza? Nada hay más bonito en democracia que poder elegir y la capacidad de elección solamente se realiza plenamente cuando hay más de uno en la competición. Lo contrario no es elegir, es ratificar. No hay democracia sin libertad y la máxima expresión de la libertad es la capacidad de elección. No es tan difícil de entender. 

Decía John Stuart Mill que “el genio sólo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad” y es cierto. Por ello, el reino de la mediocridad es lo que han conseguido estos últimos años los partidos políticos y con la mediocridad, la incompetencia, la ineficacia, el despilfarro y la corrupción. Más que nadie, los dirigentes del PP deberían abrir las puertas del partido a los que constituyen la mayor riqueza del mismo, los militantes, y deberían hacerlo sin miedos, con grandeza de miras, con generosidad y absoluta confianza porque son ellos los que mejor pueden elevar a la organización lo que pasa en la calle de verdad y romper así con esa tendencia casi suicida de no saber o no querer reaccionar ante unas perspectivas poco halagüeñas.

Santiago de Munck Loyola

Dimitir en tiempos revueltos.

Mal lo debe estar pasando la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a causa de su situación procesal como imputada tras las graves acusaciones formuladas contra ella, como le pasaría a cualquiera en sus mismas circunstancias. Hay que subrayar, para evitar interpretaciones erróneas, que, al día hoy, la Alcaldesa de Alicante es inocente de cualquier delito. Está imputada por cuatro delitos cuya comisión deberá ser probada por quienes la acusan en sede judicial, pero su presunción de inocencia es y debe ser absoluta o se quebraría uno de los pilares esenciales de nuestro sistema de garantías judiciales. Quizá ahí radique la explicación de su actitud a la hora de encarar su situación personal y política, en el íntimo convencimiento de que siendo inocente no debe asumir responsabilidad política alguna y, por tanto, no debe apartarse del cargo que ocupa. Y ojalá le salgan bien las cosas. Pero esta actitud, comprensible desde un punto de vista personal y humano, tiene sin embargo unas claras consecuencias políticas negativas tanto para ella como para el Partido Popular.

Está fuera de toda duda que la imputación de la Alcaldesa y, consecuentemente, la publicación y difusión de cada uno de los trámites judiciales está haciendo un gran daño a la imagen del partido que la llevó a ocupar el primer sillón de la Casa Consistorial. No son pocos los militantes populares que, además, sienten vergüenza ajena al leer las transcripciones de las conversaciones telefónicas aportadas en el procedimiento judicial. Negar esta evidencia sería una muestra de irresponsabilidad política. Y este daño se agranda cuando se percibe la existencia de un doble discurso en determinados ámbitos del Partido Popular. Se exigen dimisiones de imputados de otros partidos políticos y se modulan esas peticiones cuando afectan a los compañeros de partido. No es sostenible en modo alguno que el Presidente Fabra haya establecido un claro criterio sobre las imputaciones de cargos políticos y que dicho criterio no sea recordado en todos y cada uno de los casos. Y si subimos al ámbito nacional, contrastan actitudes como la de Pedro Calvo, concejal del Ayuntamiento de Madrid, que dimitió a las tres horas de ser imputado en el caso Madrid Arena con las actitudes de nuestro entorno más próximo.

Existe un doble discurso en estos temas que incluso se visualiza en algunas actuaciones de la propia cúpula del Partido Popular de la Provincia de Alicante. El pasado día 16 de noviembre, el Presidente provincial del PP, José Ciscar, manifestaba que si él "estuviese en una situación de cualquier tipo de imputación" como la de la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, su "decisión personal" seria dejar todos sus cargos. Y añadió algo que es de cajón: que "con la actual legislación electoral española, las actas de un diputado, de un concejal o de un alcalde no son ni de los partidos políticos, ni de los gobiernos, son de las personas" y, por tanto, "son las personas quienes toman las decisiones, evidentemente dentro de la legalidad porque la ley electoral así les faculta, y son decisiones enteramente personales". Que se trata de una decisión personal del imputado es evidente, pero lo es en el caso de Sonia Castedo y en el de cualquier imputado de otros partidos y ello, sin embargo, no impide a los dirigentes populares que en estos últimos casos pidan siempre la dimisión del acusado. ¿Por qué no en este caso? ¿Por qué el Presidente Provincial no lo pide como en los demás casos? Otra cosa será que la Alcaldesa, en el ejercicio de sus derechos, decida o no atender esa petición, pero a los electores, a los ciudadanos y a los militantes del PP les quedaría muy clara la doctrina del PP al respecto. A pesar de lo anterior, estas declaraciones del Presidente Ciscar han venido siendo interpretadas por algunos medios de comunicación y comentaristas políticos como un claro distanciamiento de la dirección provincial popular respecto al enrocamiento de la Alcaldesa.

Pero resulta sorprendente que este supuesto distanciamiento de la dirección provincial vaya acompañado de la presencia y presidencia del Secretario General Provincial, la mano derecha de Ciscar, en la cena de auto homenaje (dicen las malas lenguas que concejales y asesores tenían la obligación de “colocar” 20 invitaciones cada uno) celebrada el mismo día 16 de noviembre en Alicante, lo que evidentemente abona la tesis de la existencia de un doble discurso y supone, cuando menos, un enorme desconcierto para la militancia popular. Si el Secretario General Provincial asistió a dicha cena a título personal, como un simple amigo de Sonia Castedo que se solidariza con su dura situación personal, nada que objetar salvo que no se debería haber sentado en la mesa presidencial, sino en cualquier otro lugar, como cualquier amigo de la Alcaldesa. Pero no fue así. Se sentó en la Mesa Presidencial por lo que muchos podrán entender o que la Dirección Provincial apoya la estrategia de la Alcaldesa pese a estar imputada o que el Secretario General va por libre. Mal en cualquiera de las dos posibilidades.

Sinceramente se están haciendo mal las cosas y si se están haciendo bien se comunican francamente mal. En temas tan importantes no puede existir un doble lenguaje, dos varas de medir, ni gestos que puedan inducir a interpretaciones erróneas. ¿Cree la dirección provincial popular que la Alcaldesa debe dimitir? Díganlo ya. ¿Se lo ha pedido o se lo va a pedir? La doctrina clara y los mensajes inequívocos porque los tiempos están más que revueltos hasta para las dimisiones.

Santiago de Munck Loyola

Un libro para sacudirse complejos históricos.

En ocasiones no se puede evitar cierta sensación de envidia al constatar la actitud de los ciudadanos británicos, franceses o alemanes, por citar sólo algunos, a la hora de expresar sus sentimientos de orgullo hacia sus respectivos países, su historia o sus símbolos representativos. Incluso los habitantes de Estados Unidos de América, que por no tener no tienen ni nombre propio como nación, con una historia más bien corta y no precisamente ejemplar, son un referente de patriotismo y de amor a su tierra. Y esta actitud contrata mucho con la mantenida por una gran parte de los españoles. La simple exhibición de la bandera de España, salvo en los momentos de fervor patrio futbolístico, tiene casi siempre connotaciones ideológicas y ha sido en no pocas ocasiones objeto de agrios debates partidistas. Recuérdese que cuando se instaló la monumental bandera española en la Plaza de Colón, en Madrid, algunos políticos nacionalistas hablaron de provocación. En una dinámica que no puede ser calificada más que como acomplejada llegamos, incluso, a cuestionar nuestra propia existencia como Nación desde las más altas instancias del Estado, a pesar de ser la más antigua de Europa. Hace muy pocos años, el mismo Presidente del Gobierno de la Nación, Rodríguez Zapatero, señalaba que la Nación era “un concepto discutido y discutible”, o sea, que él era el Presidente del Gobierno de un concepto discutido y discutible. Es cuando menos curioso que su Gobierno, quizás por fidelidad a esa inseguridad conceptual, suprimiese la palabra “nacional” en el nombre de organismos públicos españoles sustituyéndola por la palabra “estatal”. Y otro tanto ocurre a la ahora de abordar nuestra historia. Parece que hemos asumido como ciertas todas las lamentables falsedades que desde los países anglosajones y protestantes, sobre todo, se han ido lanzando contra España y los españoles.

Pues bien, un interesante libro puede ayudarnos, al menos, a poner en tela de juicio esa visión descalificadora de nuestro pasado, a examinar nuestra trayectoria como Nación desde una perspectiva diferente que seguramente a muchos les ayudará a sacudirse de encima algunos complejos históricos que tan bien vienen a nuestros vecinos europeos. Se trata del libro escrito por Juan Sánchez Galera y José María Sánchez Galera titulado “Vamos a contar mentiras”, un repaso a nuestros complejos históricos. Es un texto ameno y documentado que en 250 páginas desarrolla un análisis crítico de diferentes etapas y aspectos de nuestra historia, ofreciendo, sobre todo, los orígenes y las causas del nacimiento y extensión de las perspectivas históricas distorsionadas de nuestro pasado.

El libro aborda la famosa “Leyenda Negra”, el legado Andalusí y su “refinada civilización musulmana”, el episodio de la expulsión de los judíos, el nacimiento y desarrollo de la Inquisición, la conquista de América y un somero repaso a los nacionalismos. En el texto podemos encontrar numerosos datos y hechos históricos completamente desconocidos para la inmensa mayoría y que sorprenderán a más de uno, así como continuas referencias biográficas sobre las que se sustentan las afirmaciones de los autores. Es un libro de fácil lectura y que incita a buscar más datos y bibliografía sobre algunos de los datos que aporta. Es francamente recomendable para todo aquel que quiera replantearse muchas cuestiones que hasta ahora no habían sido cuestionadas. Y, sin duda, a más de uno le servirá para poderse quitar complejos y culpabilidades heredadas de encima. Eso sí, seguramente no agradará a los nacionalistas ni a quienes crean que España debe estar continuamente pidiendo perdón por su pasado o simplemente por el hecho de existir. Bueno es saber, como dato anecdótico recogido en este libro, que en 1719, Rafael Casanova, héroe de los independentistas catalanes, tras ser amnistiado por Felipe V, llamó a los barceloneses a luchar en defensa del “rey, la patria y la libertad de toda España”. ¿A que no nos lo cuentan en la Diada?

Santiago de Munck Loyola

Impugnación contra la supresión de la Junta Local del PP de Alicante.

El jueves, día 15 de noviembre, los miembros del Foro Plataforma Popular de Alicante presentaron el Manifiesto por la Regeneración Interna del PP de la ciudad de Alicante. Entre los asistentes a dicho acto, se encontraba un compañero de Partido, Francisco Mestre, que tomó la palabra al finalizar el acto para expresar su sentimiento de pena por muchas cosas que se habían dicho. Dijo que era cierto que en 21 años de militancia en la ciudad sólo había recibido dos cartas de la organización popular alicantina, pero que éso nunca le había impedido participar en la vida interna del partido. Como prueba de su afirmación señaló no sólo que había podido participar en las reuniones previas en las que se discutieron los textos de las ponencias del último Congreso Provincial, sino que además formaba parte de la nueva Comisión Jurídica que se había constituido pocas semanas atrás. Preguntado entonces por qué no se había contestado a la impugnación que varios militantes habían presentado en octubre contra de decisión del Comité Provincial de suprimir la Junta Local de Alicante, contestó que no tenía conocimiento de ninguna impugnación y que nadie les había dado traslado de la misma, pero que exigiría de inmediato que se trasladase dicho documento. 

¿A éso le llaman participación? ¿Éso es transparencia? Bueno, pues aquí tienen el texto de la impugnación, por si se lo siguen ocultando a los miembros de la Comisión Jurídica.

Santiago de Munck Loyola.

A/a Sr. Presidente Provincial de Alicante.

A/a Comité Ejecutivo Provincial.

Los abajo firmantes, afiliados del Partido Popular, con domicilio a efectos de notificaciones en la C/ __________ de Alicante,

EXPONEN

Que han tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la decisión del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante, adoptada el jueves 11 de octubre de 2012, de cesar a la Junta Local de la Ciudad de Alicante, de nombrar una Gestora, de suprimir la Junta Local de la Ciudad, no convocando por tanto las preceptivas elecciones internas a la Presidencia de la misma, y de crear entre diez o doce Juntas de Distrito.

Que, al parecer y según se desprende también de declaraciones de los dirigentes Provinciales, la desaparición de la Junta Local de la ciudad de Alicante y su sustitución por Juntas de Distrito se haría siguiendo el modelo de la ciudad de Madrid y no el de Valencia donde sí existe una Junta Local.

Que, considerando esta decisión contraria al espíritu y la letra de los Estatutos Nacionales del Partido Popular y a los principios de democracia interna, participación e información, es por lo que solicitamos su anulación sobre la base de las siguientes

CONSIDERACIONES

1ª El Art. 18 “Principios de organización interna” señala lo siguiente:

La organización y estructura general del Partido Popular se configura en orden a los siguientes principios básicos:

b) La promoción de cauces para el debate en el seno del Partido, como expresión de su democracia interna.

c) La participación, en igualdad de oportunidades,  de todos y cada uno de los afiliados, como eje fundamental de vertebración del Partido.

Es evidente que la decisión de la Junta Provincial, legitimada por una interpretación literal del Art. 14.3 de los Estatutos Provinciales, afecta de forma directa a la organización y estructura del Partido Popular de la ciudad de Alicante que inexorablemente debe estar configurada por la promoción del debate en el seno del partido como expresión de la democracia interna y, además, con la participación de todos los afiliados en igualdad de condiciones. Suprimir la Junta Local de la ciudad de Alicante supone modificar la estructura y la organización local e, ignorando los principios de organización interna, la dirección provincial ha adoptado esa decisión sin debate de los afiliados afectados, sin la más mínima consulta a los mismos y, por supuesto, sin participación de los afiliados de la ciudad de Alicante. Esta decisión, por tanto, ha prescindido de la democracia interna como eje fundamental de la vertebración del partido y además, con ello, quiebra la igualdad de oportunidades de los afiliados de Alicante que no han gozado, ni gozarán de los mismos derechos que ostentan los afiliados de las organizaciones locales vecinas.

Además, tomar una decisión de tanta trascendencia a pocos meses de la celebración del Congreso Provincial en el que el entonces candidato y hoy Presidente Provincial no anunció su intención de suprimir la Junta Local más importante de la Provincia es absolutamente injustificable: o bien entonces se tenía decidido tomar una decisión como ésta y se ocultó deliberadamente a los compromisarios o bien se está improvisando ahora. En cualquier caso no es admisible desde una perspectiva democrática y transparente y exige una explicación formal a los miles de afiliados de la ciudad de Alicante.

2ª El Artículo 19.3 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular señala que “el Partido Popular, a través de sus estructuras territoriales, procurará su presencia permanente en todos los municipios mediante la creación y potenciación de las Juntas Locales”.

Por su parte, el Artículo 20.5 de los Estatutos nacionales, al igual que el Artículo 14.3 de los Provinciales, señala que “en los municipios cuyo número de habitantes o afiliados así lo exija, podrán constituirse Juntas de Distrito por acuerdo del Comité Ejecutivo Provincial, insular o Regional, en el caso de las demás Comunidades Autónomas Uniprovinciales, correspondiente”.

Es evidente que el principio de jerarquía normativa lleva a poner de relevancia, en primer lugar, el contenido del Artículo 19.3 de los Estatutos Nacionales. Del mismo se deduce que las estructuras territoriales, en este caso, la dirección de la Provincia de Alicante, debe procurar la presencia permanente del Partido Popular en todos los municipios mediante la creación de Juntas Locales en aquellos en los que no exista y mediante la potenciación de las Juntas Locales que ya existen, como es el caso de la Ciudad de Alicante. Y, como cualquiera puede entender, potenciar una Junta Local no es precisamente suprimirla, ni sustituirla por Juntas de Distrito. Éstas, las Juntas de Distrito, son órganos auxiliares y descentralizados de las Juntas Locales, pero no órganos sutitutorios. Si ésa fuese la finalidad prevista en los Estatutos Nacionales, es más que evidente que sobraría, en su actual redacción, el Artículo 19.3. Y, además, si ésa fuese la finalidad del Artículo 20.5 de los Estatutos Nacionales lo que establecería sería la posibilidad de sustituir las Juntas Locales por Juntas de Distrito. Por tanto, no cabe más remedio que deducir que la decisión de la dirección provincial de Alicante se sustenta en una interpretación forzada de los Estatutos del Partido Popular, contraria al espíritu y la letra de los mismos que, además, no se basa en motivos objetivos, ni mucho menos, en principios democráticos de participación de los afiliados afectados.

No cabe alegar, por otra parte, que la decisión obedece al número de habitantes o de afiliados porque de ser así habría que plantear los mismos motivos y aplicar la misma decisión a la ciudad de Elche, si no se quiere seguir profundizando en agravios comparativos para los afiliados de Alicante a los que se relega a una categoría inferior en sus derechos políticos.

Y tampoco es de recibo tratar de importar el modelo de la ciudad de Madrid que, ni por habitantes, ni por número de afiliados, es comparable a la ciudad de Alicante. Madrid cuenta con 3.200.000 habitantes (10 veces la población de Alicante) y el Partido cuenta con 21 Juntas de Distrito que se corresponden prácticamente con las Juntas Municipales del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que al partido está estructurado en torno a las Juntas Municipales, algunas de las cuales hasta hace unas décadas eran municipios independientes y, como tales, conservan ciertas particularidades. Existe pues una lógica administrativa y política en la estructuración del Partido Popular en la ciudad de Madrid que no se da, ni por casualidad, en la ciudad de Alicante. Por tanto, es evidente que tras la decisión de suprimir la Junta Local de la ciudad y de sustituirla por Juntas de Distrito no hay una razón políticamente lógica y coherente y que obedece a otras causas y razones públicamente injustificables.

3ª La Junta de la Ciudad de Alicante ha estado prácticamente inactiva durante los últimos años, tal y como ha venido denunciando los medios de comunicación, y los afiliados de la misma han sido ignorados políticamente, sin participación en la vida del partido salvo para ejercer de apoderados e interventores, asistir a mítines o cenas del partido.

Sin embargo, existencia de la Junta Local de Alicante es imprescindible para que el Partido Popular tenga una presencia única en la vida política y social de la ciudad. La sociedad alicantina necesita un interlocutor popular, no diez, que aborde de forma global y con visión de conjunto los problemas y las necesidades de la ciudad. Y esa interlocución sólo puede constituirse y nacer desde la voluntad democráticamente expresada por los afiliados de la ciudad, únicos depositarios y titulares de derechos políticos en el Partido Popular.  Y eso sólo se puede alcanzar a través de un proceso interno limpio, transparente y democrático.

Resulta incomprensible el objetivo y los esfuerzos de la dirección provincial por impedir que el PP de la ciudad de Alicante exista y funcione como el instrumento político y territorial que los Estatutos Nacionales configuran y que no vuelque sus esfuerzos en el requisito previo y fundamental en todo proceso democrático: la depuración del censo de afiliados de la ciudad. De todos es sabido que dicho censo está enormemente inflado, que contiene muchas anomalías e irregularidades y que debe ser puesto al día de forma inmediata y urgente.

4ª Por último, es preciso considerar que, al parecer, la decisión de suprimir la Junta Local de Alicante no estaba incluida en el orden del Día del pasado jueves 11 de octubre por lo que dicha decisión está además viciada en cuanto a su tramitación.

Por todas estas consideraciones, es por lo que

SOLICITAMOS

1º Que sea anulada la decisión del Comité Ejecutivo Provincial de Alicante de suprimir la Junta Local de la Ciudad de Alicante.

2º Que sea anulado el nombramiento de la Gestora y que sean repuestos en sus cargos, hasta la celebración de elecciones locales, aquellos que fueron elegidos por los afiliados de la Ciudad de Alicante, salvo que hayan cometido infracción estatutaria penada con la destitución.

3º Que se abandone la decisión de crear Juntas de Distrito y que dicha posibilidad quede en manos de los afiliados a través del debate interno y, en su caso, que dicha posibilidad sea respaldada mediante la elección de una Junta Local que la incluya en su programa electoral.

4º Que se proceda a constituir urgentemente una Comisión técnica que en el plazo de dos meses proceda a la depuración del censo de afiliados de Alicante o que, en su caso, se remita esta tarea a los órganos nacionales del partido habida cuenta la gravedad de las posibles irregularidades existentes.

5º Que, depurado el censo de afiliados, se proceda a convocar las elecciones a la Junta Local de la Ciudad de Alicante.

6º Que se entregue copia del Orden del Día del Comité Ejecutivo del día 11 de octubre de 2012 en el que se aprobó esta decisión así como copia certificada del acta de dicha reunión.

En Alicante, a dieciocho de octubre de 2012.

Manifiesto "Esperanza Popular" de Alicante.

Alicante, 16-11-2012.

NOTA DE PRENSA.

Presentado el Manifiesto por la regeneración interna del PP de Alicante ante cerca de un centenar de afiliados alicantinos.

Cerca de un centenar de afiliados alicantinos se dieron cita ayer, a las 20 horas, en el Hotel Abba Centrum de Alicante en el acto de presentación del Manifiesto por la Regeneración interna promovido por el Foro Plataforma Popular de Alicante. El acto se inició con la lectura del Manifiesto que fue seguida por la intervención de cuatro miembros de la Plataforma que, además, están impulsando una candidatura de militantes denominada “Esperanza Popular” y que tiene por finalidad reconstruir y regenerar el Partido Popular de la ciudad de Alicante.

El afiliado Pascual Martínez explicó las razones que, tras años de desencanto ante la inexistencia de cauces de participación interna, le han llevado a recuperar la ilusión y a apoyar este Manifiesto. Puso de relieve su rechazo y hartazgo por los abusos de los “políticos profesionales” cuyas caras son omnipresentes, unas veces en unos puestos y otras en otros, y por la falta de reacción del Partido Popular ante los casos de corrupción.

A continuación intervino el afiliado Lisardo Gabarre, dirigente de una importante Asociación Gitana, quien expresó su apoyo al Manifiesto y su deseo de un cambio profundo en el Partido Popular de Alicante.

En tercer lugar, intervino Antonio Sobrino, ex concejal de Comercio y Pedanías del Ayuntamiento de Alicante, quien manifestó su apoyo al Manifiesto y a la Candidatura Esperanza Popular por la necesidad de vincular la actuación de los representantes institucionales a la militancia para evitar una pérdida de contacto con los problemas reales de la ciudad de Alicante.

Por último, tomó la palabra el afiliado Santiago de Munck para desarrollar el contenido del Manifiesto. Destacó la impugnación presentada hace un mes por muchos militantes, aún no resuelta, contra del decisión del Comité Ejecutivo Provincial de Alicante suprimiendo la Junta Local del PP de la ciudad de Alicante y sustituyéndola por diez distritos. Destacó que esa decisión es ilegal por ser contraria a los Estatutos del PP, que es arbitraria pues sólo responde al deseo de evitar unas elecciones internas democráticas y que va contra los intereses de los alicantinos en cuya ciudad es necesaria una única voz del PP para afrontar muchos problemas que son transversales y que afectan por igual a todos los barrios de la misma. Santiago de Munck subrayó que este movimiento no va contra nadie, sino a favor de todos los militantes populares de la ciudad que deben ser los únicos protagonistas en el partido y que “reclamar honestidad, ejemplaridad, democracia interna, participación y transparencia no tendría por qué molestar a nadie. A quien le molesten estos principios es que tiene un problema y su sitio no está en el Partido Popular”.

El Acto finalizó con un turno de preguntas por parte de los asistentes.

Democracia interna versus caciques.

La democracia, entendida como la forma de gobierno de una organización en función de la voluntad de la mayoría de sus miembros, es uno de los mayores logros del ser humano y su ejercicio auténtico constituye siempre un saludable y enriquecedor espectáculo. Es evidente que en las sociedades occidentales no todas las organizaciones o grupos humanos se organizan de forma democrática sino que su aplicación y alcance depende de los fines y naturaleza de cada entidad. Sin embargo, en un estado democrático lo que sí se espera y se exige es que los partidos políticos, es decir, los agentes y motores de las instituciones democráticas, tengan un funcionamiento interno democrático. Esta exigencia se eleva hasta tal punto que en nuestro caso la Constitución de 1978 la consagra en el propio texto constitucional y en un lugar privilegiado, en el Título preliminar, cuyo Artículo 6 señala que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Como puede apreciarse se trata de un mandato constitucional claro y sin matices que exige la democracia interna de los partidos políticos.

Sin embargo, la experiencia que se repite una y otra vez señala, sin lugar a dudas, que se trata de una asignatura más aún pendiente de nuestro sistema de partidos. Es cierto que todos ellos poseen formalmente unos Estatutos que pasan el filtro democrático, pero no es menos cierto de del papel a la práctica existe, en la mayoría de los casos y con mayor o menor intensidad, un buen trecho.

Desde que se celebraron las últimas elecciones autonómicas que otorgaron la mayoría simple al Partido Popular en Extremadura, los problemas para los dirigentes de IU de Extremadura no han cesado. La decisión de los militantes extremeños de IU, tomada en las diferentes asambleas, de no aliarse con el PSOE, el partido perdedor de los comicios regionales, para impedir el Gobierno del Sr. Monago ha desatado las iras del Sr. Cayo Lara que no admite que las bases de la organización extremeña hayan optado por una estrategia radicalmente opuesta a la suya. El pasado 14 de octubre, el coordinador general de IU en Extremadura, Pedro Escobar, fue reelegido por la Asamblea de la formación en contra del criterio y las directrices del Sr. Cayo Lara, poco creyente de las bondades de los procedimientos democráticos. La consecuencia inmediata ha sido que la Comisión de Garantías Federal de IU ha decidido anular esa Asamblea y ordenar su repetición a ver si, con un poco de suerte, los partidarios del Sr. Cayo Lara consiguen echar al recién elegido Coordinador extremeño. Siempre se puede encontrar cualquier excusa, cualquier formalismo para dinamitar una decisión de la mayoría en un partido político contraria a los intereses de los que mandan y, lo más paradójico, es que siempre se hará apelando a la necesidad de preservar la democracia interna.

Tras el desastre electoral de los socialistas gallegos en los recientes comicios regionales, el hasta ahora secretario general de los mismos y candidato a la Xunta, sin primarias, presentó ayer su dimisión. En la reunión de los dirigentes socialistas se sucedieron distintas  intervenciones analizando los resultados y planteando posibles salidas a la profunda crisis de los socialistas gallegos. En medio de esta reunión, intervino el inefable José Blanco, Pepiño, ex responsable de organización del PSOE y autor directo de destituciones y nombramientos internos “a dedo”, para reclamar, sorprendentemente, la necesidad de democracia interna en su partido. Sus palabras provocaron el abucheo y los pitidos de sus compañeros que no podían olvidar las consecuencias del talante antidemocrático del otrora todopoderosos secretario de organización socialista.

El Partido Popular, en la Provincia de Alicante, está inmerso de lleno en el proceso de renovación de sus Junta Locales. Los afiliados de cada pueblo o ciudad tienen ahora la oportunidad de elegir a quienes han de liderar al partido durante los próximos tres años. Todo afiliado tiene derecho a presentar su candidatura. Sin embargo, un proceso que debía ser ejemplar, transparente y participativo se convierte, en no pocas ocasiones, en una fuente de conflictos y de titulares más o menos escabrosos en la prensa. ¿La razón? El uso y abuso de las reglas de funcionamiento internas para favorecer o perjudicar a determinados candidatos en función de su afinidad con la dirección provincial. Desde la dirección provincial se emiten mensajes cuando menos preocupantes: que no hay más de un candidato a Presidente por localidad, que se negocien listas únicas para evitar votaciones,… ¿Por qué tanto miedo a que los afiliados decidan y elijan libremente? 

Ayer, sin ir más lejos, el Presidente Provincial, José Ciscar, manifestaba su apoyo público a la actual Presidenta y candidata, Mercedes Alonso, en detrimento de los demás filiados y candidatos, y recordaba la necesidad de cumplir los Estatutos Nacionales que establecen que para poder votar es preciso estar al corriente de pago de las cuotas de afiliación, caballo de batalla en no pocas Juntas Locales. No se trata de una cuestión menor. Lo cierto es que en la inmensa mayoría de las sedes nunca se ha pagado la cuota y que prácticamente ninguna tiene establecidos de forma reglamentaria las excepciones que pueden contemplarse: ser jubilado o desempleado, por ejemplo. En otras ocasiones, como en el caso de las elecciones a compromisarios a los Congresos regionales o nacionales, la dirección provincial no ha invocado esta norma, entonces también en vigor, sencillamente porque no le interesaba. Ahora sí, ahora conviene cumplir los estatutos. Claro, que habrá quien se pregunte desde cuando hay que estar al corriente de pago para poder votar: ¿desde que se afilió? ¿de las cuotas del último año? ¿del último mes? Y no será que este problema ha surgido de repente pillando de improviso a los responsables provinciales porque un servidor hace ya más de dos meses se lo planteó al Secretario General Provincial.

Tiene razón el Presidente Ciscar, hay que cumplir los Estatutos Nacionales del PP, pero todos y siempre. Por eso, es conveniente que recuerde que, según esos estatutos, el Comité Provincial que él preside debía haber resuelto las decenas de afiliaciones que desde el pasado mes de junio no han tramitado. Por eso, sería bueno que no se tomen decisiones en contra de esos estatutos como la de suprimir la Junta Local de Alicante para impedir elecciones a la misma porque no hay un solo artículo en los estatutos Nacionales que ampare semejante decisión y, si lo hay, le reto a que lo demuestre.

La democracia interna no es una simple proclama estatutaria, es y debe ser una realidad permanente una práctica diaria que pasa inexorablemente por el respeto a las reglas de juego y por dejar que el protagonismo y la palabra la tengan siempre sus legítimos titulares, los afiliados.

Santiago de Munck Loyola

Ellos se lo guisan, ellos se lo comen y los demás lo pagamos.

Al que madruga Dios le ayuda. Es lo que seguramente han pensado los diputados más despistados, los treinta primeros diputados que en los últimos nueve meses han “perdido” su iPad porque a partir de ahora la Mesa del Congreso ha decidido dejar de reponer las tabletas que pierdan sus señorías ya que en lo que llevamos de legislatura el Departamento de Informática del Congreso ha agotado las reservas que tenía para atender estas incidencias.

La austeridad ha asomado tímidamente su patita en el templo de la Democracia, el Congreso, y a partir de ahora no se van a reponer las tabletas que los sufridos diputados pierdan. Sus Señorías dicen haber perdido 30 de las 350 tabletas que recibieron al principio de legislatura y las 30 han sido repuestas a razón de 700 € por cada una. Se ve que algunos diputados no son muy cuidadosos con los bienes públicos que les confían y que, acabado su mandato, debían devolver y eso que en este caso se trata de bienes para su uso y disfrute personal, eso sí por exigencias patrióticas. Y es que como el sueldo de sus señorías es escasito, según parece, al ser elegidos, los diputados reciben un 'kit tecnológico', a saber, un móvil de última generación, tipo iPhone, línea ADSL en su domicilio para estar conectados a Internet y, desde esta legislatura, una tableta iPad. Hay que ser comprensivos, sus señorías no pueden desempeñar correctamente sus altas funciones sin Internet a costa del contribuyente, la democracia correría peligro si tuvieran que pagarse la línea con sus magros sueldos.

Pero como todo es poco para que sus señorías nos representen como nos merecemos nos gastamos 6.750.000 € al año en los desplazamientos de los diputados, es decir 19.285 € al año por cabeza en billetes de avión, dietas, taxis o aparcamientos pagados en los aeropuertos. Ah y otros 1.714 euros por diputado al año en concepto de kilometrajes. Y para hacer más llevadera su sacrificada labor, los españoles contribuyentes les subvencionamos la comida y la bebida que consumen en la cafetería del congreso con 850.000 € al año, es decir, que pagamos más de 2.400 € por diputado al año para subvencionarles comida, café y copa (se supone que el tabaco corre por cuenta del parlamentario). Para que luego se diga que no somos rumbosos los españoles a pesar de la crisis y del hambre existente en las calles. Y para el año que viene aumentaremos esa subvención en 42.500 €. ¿Para qué aumentar otras partidas sociales? ¿Acaso hay algo más social que subvencionar el sustento de los representantes de todo el pueblo? Claro que siempre hay quien se lo monta mejor porque sus correligionarios de la Asamblea de Madrid tienen el Menú a mitad de precio, a 4,25 €, más barato como bien han señalado muchos que el precio del menú de los escolares.

Pero volviendo a las Cortes Generales y a las nuevas tecnologías hay que subrayar la abnegada y nunca suficientemente reconocida labor del Senado. El Senado, reserva espiritual de la inutilidad institucional, “invierte en democracia” según sus máximos representantes. Eso es, al menos, lo que han manifestado para justificar los 437.000 € del ala que se han gastado en su nueva página web a la que, por cierto, todos los grupos parlamentarios han ensalzado por ser un "instrumento de transparencia e información". Conociendo los precios del mercado parece que esa cantidad es desorbitada, claro, que un servidor se reconoce desconocedor de la rentabilidad de las “inversiones en democracia” como la presente y confía plenamente en que no se encuentre al nivel del “bono basura” que últimamente es el que más se prodiga en las administraciones de nuestra sacrificada clase política.

Todo es poco para nuestros excelsos parlamentarios: kits tecnológicos, menús anticrisis, viajes gratis total, sueldos, dietas (y no la Dunkan precisamente), tributación en hacienda como mileuristas, cotizaciones privilegiadas para sus pensiones, etc. Todo a cargo del contribuyente, todo. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. ¿Sacrificios? Los justos. ¿Austeridad? Para los demás. ¿Ejemplaridad? ¿Ejem… qué? Visto lo visto, la Indecencia política ocupa el grupo parlamentario más grande de la democracia… casi 350 escaños.

Santiago de Munck Loyola

Es hora de refundar el PP de la ciudad de Alicante.

La renovación de los cargos territoriales en el Partido Popular arrancó tras el pasado Congreso Nacional. Terminado el mismo, se procedió a la convocatoria de los Congresos Regionales para elegir a sus respectivos Presidente, más tarde los Provinciales y ahora se está procediendo a la renovación de las Juntas Locales del partido. Este proceso, en la Provincia de Alicante, concluirá en la inmensa mayoría de las localidades alicantinas el próximo 10 de diciembre salvo en algunos casos como en el de la ciudad de Alicante. Se trata de un proceso en cascada, de arriba abajo, que encierra un efecto perverso: la propensión de los presidentes territoriales a controlar los procesos electorales de los entes inferiores con el fin de controlar estas organizaciones. La lógica lleva a pensar que, quizás, sería más apropiado desde una perspectiva democrática desarrollar el proceso de forma inversa, es decir, de abajo arriba pero, en fin, son éstas las reglas de juego que los afiliados del PP, por activa o por pasiva, se han dado y a ellas hay que atenerse.

Sin embargo y posiblemente por culpa de esa propensión a “colocar” al frente de las organizaciones locales a personas afines o dóciles, al margen de la voluntad de los afiliados, es por lo que en el caso de la ciudad de Alicante el PP, por decisión del Comité Provincial de Alicante, no va a elegir a un Presidente y a una Junta Local. Como ya es sabido, y si no prospera la impugnación de dicha decisión formulada por varios afiliados, el PP de la ciudad de Alicante ya no existe como tal ni siquiera nominalmente como hasta ahora. Ha sido o va a ser sustituido por 10 o 12 Juntas de Distrito, mini reinos de taifas sin voz conjunta, más fácilmente “influenciables” desde el poder provincial del PP. No existe la más mínima duda de que se trata de una decisión injusta y antidemocrática, una cacicada antiestatutaria que deja a los afiliados alicantinos en la segunda división dentro del PP de la Provincia y que elimina de la vida política y social de la ciudad a un interlocutor político imprescindible, nada menos, que al partido gobernante en el Ayuntamiento. Una vez más se han impuesto, momentáneamente, las necesidades políticas de la dirección provincial y no las de los afiliados y de los vecinos de Alicante. La dirección provincial, al menos su Secretario General, sabía desde principios de septiembre que un grupo de afiliados, de militantes de base, iban a presentar una candidatura de renovación a la dirección del PP de la ciudad. Es muy posible que la concurrencia de esta candidatura “incontrolada”, los problemas con la Alcaldesa Sonia Castedo y su entorno y la inexistencia de una candidatura oficialista, del agrado del Presidente Provincial José Ciscar, es lo que haya empujado a la dirección provincial a acabar de un plumazo con la democracia interna.

Y es curioso que se tomen tantas molestias y se preocupen tanto y tan mal sobre quién va a presidir o no el PP de la ciudad de Alicante, porque lo cierto es que el PP de la ciudad de Alicante no existe más que sobre el papel, no es más que una cuota de poder dentro del partido, pero que como organización política, como partido político hace años que no existe. La organización popular alicantina no tiene sede propia a la que puedan acudir los afiliados y vecinos, no tiene página web, carece de estructuras internas de debate, participación o formación. Es, hasta el día de hoy, unas simples siglas que funcionan como agencia de colocación de afines y amigos. Ni más ni menos.

Hace unos días, un compañero me preguntaba qué fines teníamos al presentar una candidatura, la candidatura “Esperanza Popular”, y por qué impugnábamos la creación de distritos. Y la respuesta es muy sencilla: queremos construir el PP de Alicante porque sencillamente no existe desde hace años, queremos refundarlo y regenerarlo desde abajo, desde la calle y no desde los despachos oficiales, queremos que sean los afiliados sus auténticos protagonistas, que primen sus intereses y su voluntad y no la de los “cuadros” del partido y queremos hacerlo desde la lealtad ideológica y programática. Y los distritos ni sirven para ese fin, ni su creación responde a la voluntad del afiliado al que no se ha consultado, ni a los intereses de la ciudad.

Y esa es la auténtica tarea que debe acometer quien quiera de verdad presidir el PP de Alicante. Hay miles de afiliados sobre el papel pero que nunca han contado para nada, salvo para atender las mesas electorales y rellenar actos políticos como clac. Y eso tiene que acabar. Es hora de hablar de problemas sociales, de programas, de ideas y no de nombres propios, ni  de clanes o de familias políticas que a la inmensa mayoría de los militantes nos traen al fresco y que hasta el día de hoy sólo han servido para perjudicar la imagen de unas siglas.

Dos son por tanto los ejes de la candidatura “Esperanza Popular”: la reconstrucción interna del Partido Popular de Alicante y la regeneración democrática de sus propuestas para la ciudad, porque de nada sirve construir un partido fuerte, participativo, democrático y abierto si no es para ponerlo al servicio de los alicantinos con propuestas políticas que, nacidas desde el ideario popular, contribuyan claramente, sin medias tintas, a desarrollar hábitos, estilos y políticas públicas sustentadas en la máxima ejemplaridad, en la austeridad en todos los niveles y en todos los ámbitos administrativos, en la transparencia más absoluta en la gestión, en la honestidad incuestionable y en la eficacia. ¿Utópico? Puede que para algunos así lo sea, pero nada se pierde por intentarlo. Es razonable que haya dentro del partido a los que moleste profundamente todo esto porque seguramente su “modus vivendi” político se encuentra en las antípodas y, sobre todo, si nunca han militado de verdad en un partido político o si nunca han sabido “ganarse las lentejas” fuera del paraguas de las siglas políticas, pero ése es su problema, no el de los afiliados de la calle, ni de los vecinos de la ciudad.

Santiago de Munck Loyola

Paro y desahucios: dos caras de la misma moneda.

Estos días se están cruzando dos noticias, dos datos íntimamente ligados que reflejan claramente la dramática situación por la que atraviesa nuestra sociedad: el aumento del paro y el incremento de los desahucios, causa y consecuencia, cara y cruz de esta crisis. Al respecto y en torno a las diferentes reacciones que ambos datos provocan, merece la pena hacer algunas reflexiones. 

El aumento del paro no da tregua alguna. Mes tras mes los datos siguen siendo malos, ya se analicen los de la EPA o los del paro registrado. Intentar vislumbrar signos esperanzadores en las ligeras variaciones que dichos datos puedan ofrecer no desvirtúa lo esencial, la persistencia de un auténtico drama social, la extensión de la pobreza, el mantenimiento de una tendencia destructora de las vidas de millones de españoles que han de afrontar el futuro en condiciones cada vez más penosas. En la Provincia de Alicante el paro ha subido un 1,51% durante el mes de octubre, 3.359 desempleados más lo que supone 225.796 personas sin empleo en la Provincia de Alicante. Son casi 44.000 los hogares alicantinos en los que no se percibe ningún ingreso, ningún subsidio o ayuda. La pobreza se sigue extendiendo inexorablemente. Y si utilizamos como dato de referencia la EPA las cifras aumentan notablemente. En paralelo, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios siguen creciendo de forma alarmante. Es verdad que un buque transatlántico, como la economía española, no se detiene, ni varía su rumbo de forma automática, sino que necesita un largo espacio para invertir el rumbo, pero no parece que las diferentes medidas adoptadas durante el último año hayan variado la inercia heredada, entre otras cosas, probablemente porque no están siendo todo lo correctas que debían haber sido. Una cosa está clara, las medidas hasta ahora tomadas no se corresponden con buena parte del programa y la filosofía política del PP. Más impuestos, supone menos consumo, más paro, más gasto social, más déficit y mayor deuda pública a acumular al inmenso agujero negro dejado por el PSOE.

Una de las consecuencias más dramáticas del creciente y prologado paro es la pérdida de la vivienda. Y en la inmensa mayoría de los casos no se trata sólo de que se pierda la vivienda, sino de que, además, el deudor permanece como tal durante años impidiéndole cualquier expectativa razonable para rehacer su vida. No está de más recordar que en el año 2011, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se opusieron en el Congreso a tramitar una proposición de ley para que la deuda hipotecaria de las familias que no pudiesen hacer frente a sus obligaciones económicas con el banco pudieran ser saldada con la entrega de la vivienda, con la dación en pago. El nuevo Gobierno aprobó hace unos meses un código de buenas prácticas bancarias que sólo ha servido para paliar la situación de unas 800 familias mientras que han seguido su curso decenas de miles de procedimientos de ejecución bancaria. Este año, más de 150.000 familias habrán perdido su hogar y, además, seguirán endeudadas con el banco que se queda con su casa. Hace pocos días, un ciudadano se suicidó tras recibir la notificación del desahucio lo que ha servido desgraciadamente para poner el asunto en la agenda de los políticos.

Hoy, el PSOE, que el año pasado se opuso a la dación en pago “porque podría desestabilizar el sistema financiero”, ha anunciado a bombo y platillo una ofensiva publicitaria en toda España para presentar la iniciativa que ha planteado el Congreso para frenar los desahucios. La portavoz socialista de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, ha resaltado que la proposición de ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia pretende "cambiar la ley", porque "trata de mirar a las personas, se trata de un rescate de ciudadanos". Bonita frase, pero ¿por qué ahora sí y hace un año no? Y, como ahí no puede quedar la cosa, los socialistas, fieles a sus costumbres, se van a dedicar a presentar mociones en los Plenos de los Ayuntamientos que no tienen competencia alguna en la materia para utilizarlos, sin ningún tipo de escrúpulos, como simples cajas de resonancia política.

Por su parte, también hoy, la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal ha subrayado que "hay que diferenciar" entre los bancos que lleven a cabo ejecuciones hipotecarias tras haber recibido ayudas del Estado de los que no han recibido dinero público, por lo que aboga por que los primeros den "un tratamiento distinto" a estas ejecuciones ya que "el dinero que les viene es público" y que hay "muchas cosas que se pueden hacer, no solo la dación en pago" para "limitar la sangría y el drama social" de los desahucios, y ha abogado por "trabajar en buscar vías que puedan flexibilizar esta situación". Pues bien, si hay que diferenciar entre los bancos que han recibido dinero público en el tema de los desahucios ¿por qué no extender esta “diferenciación” a otros ámbitos como el de las retribuciones de sus directivos? La realidad, al día de hoy, es que bancos sostenidos con dinero público, de los contribuyentes, están ejecutando las hipotecas de esos contribuyentes como cualquier banco y que sus directivos llegan a cobrar hasta 750.000 € anuales de ese dinero público. ¿Es moralmente aceptable? Claro que la dación en pago no es el único instrumento legal que puede ponerse en marcha, pero el tiempo sigue pasando y, hasta ahora, es la única propuesta socialmente aceptada encima de la mesa y ya está tardando el Gobierno en plantear soluciones rápidas y eficaces a este drama.

Se mire por donde se mire, los casi 500 desahucios diarios que se están produciendo en nuestro país son una drama colectivo y una inmoralidad absoluta, por muy legal que sean, que exigen una respuesta inmediata del conjunto de la clase política que no está, una vez más, a la altura de los retos de nuestra sociedad.

Santiago de Munck Loyola