Una de viajes.

Lo del Presidente del Consejo General del Poder Judicial canta y mucho. Y además, por si fuera poco, canta desafinando. Uno no puede terminar de creerse la versión que da el Sr. Dívar sobre sus gastos y la supuesta escrupulosidad con que diferencia sus gastos privados de los públicos. En primer lugar resulta extremadamente raro que deba desplazarse tan a menudo a Marbella por razones reservadas derivadas del ejercicio de su cargo. Es de suponer que la máxima autoridad del poder judicial no debería necesitar desplazarse personalmente para poder mantener entrevistas secretas originadas por asuntos relativos a su cargo ¿O acaso la máxima autoridad del poder judicial no puede citar en su despacho para que comparezca en el mismo a su o sus interlocutores cuando se trata de reuniones de trabajo?

En segundo lugar llama poderosamente la atención que estas entrevistas de trabajo con su secreto interlocutor deban incluir forzosamente ágapes costeados por el bolsillo de los contribuyentes. Es cierto que la práctica de mezclar mantel y trabajo se encuentra muy extendida en nuestro país, pero lo es más bien en ámbitos empresariales y, en ocasiones, suele ir seguida, sobre todo cuando se trata de concertar grandes negocios, de visitas a ciertos lugares poco recomendables.

En tercer lugar, resulta cuando menos extraño que algunos de sus desplazamientos costeados con los fondos públicos, y siempre a Marbella, con ocasión de actos públicos hayan ido seguidos de tres días de reposo, en días laborables, junto a las agradables playas marbellíes.

Ciertamente estos gastos abonados por los contribuyentes cantan y mucho. La desafinada partitura mezcla asuntos privados con públicos, gastos estrictamente privados abonados al parecer por el interesado junto con otros pagados por los contribuyentes, desplazamientos por razón del cargo junto con días de descanso personal, etc. y como no podía ser de otra forma el resultado final es confuso, sospechoso y chirriante. Esto terminará seguramente mal y parece poco razonable impedir que el asunto pueda disponer de luz y taquígrafos en el Congreso de los Diputados. Se está hablando del uso que un cargo público está haciendo del dinero de los contribuyentes y tenemos todo el derecho del mundo a que se sepa qué se hace con nuestro dinero.

Claro que este asunto debe ser puesto en su verdadero contexto y que no es otro que el de un abuso permanente del dinero público que nuestra clase política administra o debería administrar con la diligencia de un “buen padre de familia”. Sin entrar a valorar si nuestros políticos ganan o no mucho en relación a lo que ganan en otros países de nuestro entorno y en relación al contexto económico actual, lo cierto es que la clase política no hace un uso ejemplar y austero del dinero con que se dota a si misma. Hay que subrayar en primer lugar que a nadie se le obliga a aceptar un cargo público con un determinado sueldo. Es voluntario y el que se mete en ello ya sabe a lo que se somete. En segundo lugar, los sueldos son lo que son y resulta inadmisible de todo punto que se utilicen toda clase triquiñuelas para engordarlos bajo el nombre de dietas, complementos, ayudas o cualquier otro subterfugio como son teléfonos móviles, ordenadores portátiles, viajes gratis, coches oficiales, etc.

Es llamativo que, tanto los diputados que piden la investigación sobre el presunto pago con fondos públicos de viajes privados del Sr. Dívar como los diputados que se oponen a que se investigue, son los mismos que pagan sus desplazamientos públicos y privados con cargo a fondos públicos. Durante el año 2011, el Congreso de los Diputados pagó a dos empresas (Iberia y Renfe) más de 7.200.000 euros por los viajes de sus señorías sin importar ni distinguir si se trataba de viajes públicos o privados. Parece que sus señorías no tienen bastante con su sueldo de diputados ni con sus dietas y complementos de diversa índole y los pobres tienen que viajar gratis total con cargo al bolsillo de los ciudadanos. Hay que tener mucha cara y muy dura para que ellos se rasguen las vestiduras sobre quién ha pagado o no los viajes privados del Sr. Dívar. Que nos indignemos los contribuyentes y que queramos saber quién ha pagado finalmente esos supuestos viajes es lo normal, pero que lo hagan unos parlamentarios cuyos viajes privados se pagan con fondos públicos tiene lo suyo. Como también sería normal que el Congreso de los Diputados hiciera pública la lista de los diputados que cargan sus viajes privados a la cuenta del Congreso y la cuantía que ha supuesto esta práctica legal, pero inmoral, en dicha cuenta. Un servidor, al menos, lo quiere saber para así evaluar la catadura moral de sus señorías.

Santiago de Munck Loyola

De mal en peor.

La cosa está mal, muy mal. La cosa está mucho peor de lo que nos dijeron, bastante peor de lo vemos y muy lejos de mejorar en poco tiempo. La cosa nos es otra que esta inmensa crisis económica, social y moral que está arrasando todo lo que toca. Ahora se constata que nadie, salvo que estuviese bien “colocado”, pudo vislumbrar el más mínimo y tierno brote verde porque ya había empezado a galopar por la pradera española el caballo del Atila del Siglo XXI. Esos insaciables mercados, con su desconocida prima hasta no hace mucho, no tienen bastante con todo lo que se han llevado por delante y cada día exigen más y más.

La situación parece que supera por momentos al Gobierno que, si tenía un Plan, debía ser gemelo del Programa Electoral, es decir, papel mojado por rebosantes orines de unos pañales que nadie se ocupó de cambiar durante años. La ahora oposición, que sí que debía saber lo que se cocía, tampoco sabe qué pieza bailar. En su seno, unos se pronuncian por la yenka y otros por el vals mientras los micrófonos indiscretos les pillan con las manos en la masa, bueno, mejor dicho, con la lengua en movimiento.

Un Programa Electoral no es un simple catálogo de promesas con el fin de captar votos. Un Programa Electoral es ante todo un Plan de Gobierno, una declaración de intenciones sobre lo que se va a hacer si se ganan unas elecciones. Un Programa Electoral, como cualquier plan o programa mínimamente serio, sólo puede ser diseñado desde un riguroso análisis de la realidad, de una evaluación concienzuda de dónde y cómo se está. Una vez establecida la foto del momento se establecen los objetivos, las metas a las que se quiere llegar si se gobierna y los caminos que se van a utilizar para alcanzarlas. Nos dicen ahora que la realidad con que se han encontrado es mucho peor de la que se esperaban o de la que conocían o que el Gobierno anterior les engañó en las cifras y que, por tanto, no se puede cumplir el programa electoral. Claro que entonces uno se pregunta ¿a qué se dedicaba la oposición entonces? ¿Cómo es posible que la oposición desconociese hasta tal punto la realidad que ahora no pueda cumplir ni por aproximación su programa electoral, su Plan de Gobierno? La oposición está para controlar al Gobierno de turno y para presentar alternativas. Pero ¿qué clase de control realizó durante los últimos años? Es evidente que si la oposición hubiese realizado bien su trabajo, si hubiese controlado de forma exhaustiva al Gobierno habría podido hacer un análisis certero de la situación, habría presentado un Programa Electoral adecuado a la realidad existente y no se habría llevado tantas sorpresas como parece que se está llevando. Vale, la oposición se equivocó y los españoles votamos mayoritariamente un programa electoral poco “adecuado” para sortear esta pesadilla de herencia de ZP. Pero ¿y los principios? Porque si algo debería quedar, algo por debajo de medidas programáticas concretas, es el conjunto de principios ideológicos de un partido político. No cuadra que, aparcadas ciertas promesas, se adopten medidas de emergencia absolutamente contrarias a las que se suponen inspiraban el programa. Antes nos decían: para recaudar más hay que bajar los impuestos, así se crea riqueza, se emprenden nuevas actividades, se crea trabajo y, finalmente, al haber más contribuyentes se recauda más. Ahora parece que eso ya no vale: ahora para recaudar más subo todos los impuestos y punto. ¿Y para éso se cambia de Gobierno?

La cosa está mal, muy mal. Es verdad. Y hasta tal punto está mal que nuestros socios europeos nos dicen ahora que no son suficientes todos los recortes, reformas y sacrificios adoptados en tiempo record en los últimos meses. Nos dicen que tenemos que sacrificarnos más. Es decir, que tenemos que gastar mucho menos para que dediquemos el dinero ahorrado con ello a seguir pagando los intereses de la creciente deuda pública. Cada euro que retiramos de la sanidad, de la educación, de las prestaciones sociales, de las infraestructuras se va a pagar deuda e intereses. Y nos dicen que tenemos que retirar más euros. Para empeorar las cosas algunas Cajas y Bancos están empezando a exhibir sus vergüenzas, tan complacientemente escondidas durante los últimos años. Muchas de esas entidades son las que han dejado ya sin casa a 300.000 familias españolas y ahora necesitan del dinero de todos, incluido el poco que puedan tener esas 300.000 familias, para ser rescatadas. ¡Perfecto! Menos euros para los ciudadanos.

No nos engañemos, si las cosas siguen así, pronto nos van a anunciar más subidas de impuestos que recortarán el consumo y generarán más paro, más recortes en prestaciones públicas, menos derechos sociales y una larga batería de medidas para contentar a Europa y a los mercados, prima incluida. Estamos ante una auténtica situación de emergencia social a punto del colapso del sistema. Y, mientras tanto, ni Gobierno, ni oposición son capaces de aparcar diferencias para subrayar puntos de encuentro. Mientras tanto se ha aparcado uno de los principales problemas que tenemos: que nos guste o no, no podemos seguir costeando este Estado de las autonomías tan caro y tan ineficiente, digan lo que digan. Mientras tanto nuestra clase política sigue sin ser austera, sin dar ejemplo, sin sacrificarse como nos exige a los demás que lo hagamos. Nuestra clase política sigue disfrutando de privilegios fiscales, de un sistema de pensiones privilegiado, de ingresos múltiples, de prebendas inadmisibles. No es de recibo que los diputados y senadores viajen gratis en desplazamientos privados y que sólo el Congreso pagase en 2011 más de 7 millones de euros a Renfe e Iberia. No es de recibo que siga disfrutando de más de 22.000 coches oficiales o que por cada cargo electo haya 1,5 asesores, como en el Ayuntamiento de Alicante. No, no es de recibo. Los sacrificios deben ser para todos y la ejemplaridad debe ser primordial.

Tanto el Estado del Bienestar como la sociedad del Bienestar se están escapando por el sumidero aunque no así el bienestar de la clase política que no parece dispuesta a “apearse” del burro ni a reconocer que nuestros males tienen su origen en sus decisiones y omisiones.

Santiago de Munck Loyola

Harto.

Uno empieza a estar más que harto de aprovechados, incompetentes, inútiles, espabilados, caraduras, soplagaitas, inmorales, lameculos, arrebatacapas, majaderos, ineptos, mangantes, chorizos, pedigüeños, gorrones, rastreros, bellacos, parásitos, vividores, arribistas, chaqueteros, tránsfugas, tramposos, truhanes, embaucadores, charlatanes, farsantes, desertores, mezquinos, innobles, inoperantes, mentirosos, troleros, mendaces, hipócritas, falsos, inefectivos, insensatos, descarados, simples, memos, mostrencos, metepatas, sectarios, intolerantes, fanáticos, dogmáticos, jetas, sinvergüenzas, frescos, canallas, miserables, informales, ruines, peseteros, infames y abyectos que, metidos a políticos, a banqueros o a sindicalistas, o a todo a la vez, han arruinado a España; que nos engañaron cuando nos contaban que todo iba bien y que la crisis estaba lejos; que no supieron, no pudieron o no quisieron ver que se avecinaba un desastre mientras dilapidaban el dinero de todos los españoles; que no supieron, no pudieron o no quisieron ver la realidad y nos hicieron promesas que no pueden cumplir; que se pusieron a dirigir el Banco de España y dejaron que los bancos se arruinasen sin vigilarlos como debían; que se instalaron en las Cajas de Ahorro, se pusieron sustanciosos sueldos e indemnizaciones millonarias y las dejaron como unos zorros, en bancarrota; que no han sabido encontrar aún una solución para las más de 60.000 familias al año que pierden su casa por no poder hacer frente a sus hipotecas y que “pierden el culo” para encontrar una solución para tapar los agujeros de la banca con el dinero de todos; que nos suben los impuestos mientras en sus escaños gozan de beneficios fiscales propios de una isla caribeña; que nos hacen cotizar 35 años para poder cobrar una pensión de jubilación mientras que con sólo siete años ellos la cobran; que nos suben las tarifas del metro, de los autobuses y del tren mientras usan el mayor parque de vehículos oficiales de Europa; que recortan las prestaciones sanitarias mientras mantienen seudo embajadas por todo el mundo; que organizan pitadas a los símbolos de todos los españoles mientras exigen respeto para los suyos propios; que recortan o congelan el sueldo de los empleados públicos mientras que ellos pueden cobrar de varias administraciones públicas disfrazándolo de sueldos, dietas, complementos o pagos en especie; que construyen aeropuertos en los que no aterrizan ni los aviones de papel; que construyen puertos en los que no hay barcos; que construyen autopistas que no van a ningún lado o que no usa nadie; que nos hacen pagar la electricidad más cara de Europa para subvencionar a las poderosas empresas eléctricas; que pagan a arquitectos más de 15.000 millones de las antiguas pesetas por sus faraónicos proyectos; que permiten que casi dos millones de españoles no tenga ningún ingreso mientras reparten cientos de millones de euros a los sindicatos, al las patronales y a sus partidos políticos; que organizan huelgas políticas, desangrando aún más al país, cuando durante años han sido cómplices del mayor despilfarro económico de nuestra historia reciente; que cobran pensiones vitalicias millonarias mientras la gente llena los comedores sociales de la Iglesia; que gozan de impunidad ante la desastrosa gestión que han realizado; que indultan a banqueros mientras se mete en la cárcel por décadas a ladrones de poca monta; que dictan sentencias con inusitada rapidez para que los amigos del Rey no tengan que pagar las consecuencias penales de sus delitos; que corrompen hasta el lenguaje y politizan hasta la sopa; que consienten que unos españoles tengan más o menos derechos que otros según el territorio donde vivan; que consienten que los españoles no puedan estudiar en español en muchas zonas de España; que permiten que los etarras en Venezuela puedan votar por correo mientras los exiliados por culpa de ETA no pueden hacerlo; que quieren que la Iglesia pague unos impuestos que ellos mismos no pagan; que hacen de la confrontación ideológica su modus vivendi; que usan los muertos por terrorismo, por la violencia machista o por cualquier causa para la generación de réditos electorales; que justifican con cortesana pleitesía los errores de un Rey que se lo pasa pipa mientras su pueblo las pasa canutas; que necesitan, ante su propia ineptitud, rodearse de miles de asesores y cargos de confianza;

que utilizan las administraciones públicas como agencia de colocación para familiares, amiguetes y compañeros de partido o como instrumento para la generación de sucios y espurios negocios; que no creen en la división de poderes, ni en la independencia judicial, sino en el reparto de cuotas politizando siempre la Justicia que ya no es ciega, sino estrábica; que, en definitiva, carecen, salvo algunas excepciones, de la más mínima autoridad política y moral para pedirle a los españoles ni un sacrificio más.

La mayor parte de esta clase política y sindical no es ejemplar, no es capaz de arrimar el hombro tal y como nos lo pide a los demás. Uno ya está harto. Es lo que hay. Y el que se dé por aludido ya sabe: el que se pica… Y perdón por el desahogo.

Santiago de Munck Loyola

El PSOE contra la Iglesia Católica.

Hoy, todos los medios de comunicación se hacen eco de la ofensiva anticlerical del PSOE emprendida bajo la excusa de que la Iglesia debe pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La dirección socialista ha cursado las instrucciones precisas para que sus grupos municipales debatan en los Plenos una moción tipo exigiendo dicho pago. D. Gaspar Zarrías, ese pulpo tramposo a la hora de votar, ha sido el encargado de remitir a sus grupos municipales esa moción tipo. Se trata de una antigua técnica socialista: usar los Plenos municipales como caja de resonancia de asuntos cuya resolución no corresponde a los Ayuntamientos, sino a instancias superiores. Saben de sobra que los Plenos municipales no pueden modificar la Ley de Haciendas Locales, ni la Ley de Bases del Régimen Local, ni la Ley del Mecenazgo y Fundaciones, ni los Acuerdos con la Santa Sede, requisitos previos e indispensables para que pueda prosperar esta propuesta, pero a la dirección socialista eso no le importa. Su intención evidentemente es volver a convertir los Plenos de los Ayuntamientos en caja de resonancia de sus iniciativas, en provocar debates que fracturan y enfrentan a los vecinos sin que de ello pueda derivarse la efectividad de sus propuestas. Esta técnica de usar los Plenos municipales ya la desarrollaron en tiempos de los gobiernos de Aznar. Cada vez que una mujer era asesinada presentaban mociones a los Plenos culpando al Gobierno de España y criminalizándolo por desarrollar unas políticas cuyos frutos, según ellos, eran esas muertes. Parecía que era Aznar el asesino. Se trataba de una miserable utilización de las víctimas de la violencia machista como se puso en evidencia con el hecho de que durante los Gobiernos de Zapatero no se repitieran mociones similares, a pesar de los cientos de mujeres asesinadas en este período.

Se plantean muchos interrogantes sobre las razones y la oportunidad de esta iniciativa socialista. La primera es ¿por qué no lo han regulado los socialistas durante sus casi ocho años de gobierno? ¿No ha tenido tiempo el PSOE para hacerlo bajo los mandatos del Sr. Zapatero? Y no será porque el PSOE no tuvo tiempo, ni porque el PSOE no abordase la cuestión de la financiación de la Iglesia ante otras prioridades, porque sí lo hizo. Es más, la regulación actual es la que la Vicepresidenta Fernández de la Vega negoció y acordó con la jerarquía eclesiástica. Por tanto ¿a qué viene ahora esta campaña? Todo parece indicar que se trata de poner en apuros al Gobierno al introducir en la agenda política un asunto que distraiga la atención sobre la grave situación económica que han legado y que, a pesar de que apesta a rancio anticlericalismo, debe ser considerado electoralmente rentable por los estrategas electorales socialistas. Claro que en esta ceremonia de la confusión, no han faltado a la cita algunos alcaldes del PP bastante indocumentados como D. Bartolomé González de Alcalá de Henares.

Sin ir más lejos, hoy el secretario de Organización del PSOE, D. Óscar López, ese brillante candidato que un mitin no recordaba que tres razones iba a esgrimir para votar al PSOE, ha pedido a la Iglesia que "haga un esfuerzo" como "hace todo el mundo en épocas" de crisis como ésta y que pague el IBI. La duda es ¿por qué mencionan sólo a la Iglesia? ¿Por qué se centran en la Iglesia cuando no se trata de la más beneficiada de la exención de este impuesto? Es verdad que la moción tipo habla de las diversas confesiones religiosas, pero en sus discursos y declaraciones los socialistas centran su mirada en la Iglesia Católica. ¿Y qué pasa con las Fundaciones de los Partidos Políticos y de los Sindicatos? ¿No tienen también que hacer ese esfuerzo fiscal? ¿Y la Cruz Roja y las demás instituciones y fundaciones deportivas o culturales que no pagan el IBI? De esas ni palabra. No queda más remedio que deducir lo dicho anteriormente que estamos ante una campaña anticlerical y anticatólica, ante una campaña oportunista e ineficaz.

No se discute que todos debamos hacer un esfuerzo superior en tiempos de crisis, no. Pero resulta francamente impresentable que el Sr. Óscar López pida ese esfuerzo fiscal mientras él disfruta de unos privilegios fiscales que no tenemos el resto de los españoles. ¿Cómo se puede tener tanta cara dura? ¿Van a hacer también ese esfuerzo nuestros parlamentarios y se van a someter al régimen fiscal general y al Régimen general de la Seguridad Social? El Sr. Óscar López, el Sr. Zarrías y todos lo demás parlamentarios viven a costa de los impuestos de todos los ciudadanos y amparados en un paraíso fiscal: las Cortes Españolas. Estos señores que piden esfuerzos fiscales y sacrificios a todos son los primeros que se benefician de un régimen fiscal escandaloso. Pagan a Hacienda, independientemente de sus retribuciones, como si fueran mileuristas y dejan la mayor parte de sus ingresos exentos de tributación, además de beneficiarse de toda clase de prebendas como las relativas a los períodos de cotización para cobrar la pensión de jubilación máxima. Pues así no se tiene legitimidad alguna para pedir esfuerzos ni a la Iglesia ni a nadie. El día que la clase política no tenga esos privilegios fiscales, el día que nuestra clase política tenga un comportamiento ejemplar en cuanto al uso y destino de los fondos públicos que ponemos en sus manos para que nos representen, ese día podrán tener alguna credibilidad sus propuestas. Mientras tanto, que nos dejen en paz y que no nos traten de engañar con fuegos de artificio.

Santiago de Munck Loyola

El Congreso Provincial del PP de Alicante.

Estos días, los medios de comunicación ya dan por hecho quién será el próximo Presidente Provincial del PP de Alicante, D. José Ciscar, aunque al día de hoy no sea más que el único aspirante que ha hecho público su deseo de alcanzar dicho puesto. Dar por sentado que esto va a ser así es perfectamente coherente con la trayectoria seguida últimamente en algunos cónclaves del Partido Popular pero en modo alguno puede ser visto como un síntoma de salud democrática de esta organización. Como tampoco es muy positivo para esa salud la convocatoria de los Congresos Provinciales los días 14 y 15 de julio, es decir, en medio de un mes de vacaciones por excelencia en el que muchos afiliados estarán posiblemente de vacaciones y no podrán participar en dicho proceso, salvo que se trate precisamente de eso, de no incentivar la participación de la militancia para que el Congreso se convierta en el tranquilo, en un paseo triunfal. ¿Qué es eso de que D. José Ciscar presenta su candidatura en un “Congreso pactado”? ¿Pactado entre quién? Entre los afiliados no, desde luego. http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/05/24/ciscar-anuncia-candidatura-presidir-pp-alicante-congreso-pactado/1257030.html

Los más de 70.000 afiliados del Partido Popular de Alicante no podrán elegir de forma directa a su Presidente Provincial como tampoco pueden formular enmiendas a las ponencias congresuales porque así lo establecen los Estatutos de la organización. Su participación en el Congreso Provincial se hará de forma indirecta, es decir, a través de los compromisarios previamente elegidos en las Asambleas locales. Establecido y aceptado así el sistema, no estaría de más, si se cree de verdad en la democracia interna y en la participación y protagonismo del militante, que la Comisión organizadora del Congreso Provincial, presidida por D. Pascual Díaz, adopte en esta ocasión todas las medidas necesarias y reglamentarias para incentivar una posición activa de la militancia y una verdadera libertad interna sin que nadie se vea sometido a las intolerables presiones de las “familias y sensibilidades” que, al parecer, dominan la vida interna del partido. En los Estatutos del Partido Popular el único sujeto de derechos y obligaciones que figura es el afiliado, el militante. Por más que uno busque no aparece mención alguna a “familias, clanes o sensibilidades” como protagonistas de la acción política interna como es lógico. “Familias, clanes o sensibilidades” son entes más propios de otro tipo de organizaciones dedicadas a fines menos respetables que los que se supone integran la actividad de una organización política.

En cualquier caso y a modo de humilde sugerencia para la Comisión Organizadora, una vez asumida esta fecha de celebración tan disuasoria de la participación interna, no estaría de más que, entre otras cosas, adoptasen las siguientes:

- En el caso de aprobar un Reglamento para el Congreso Provincial que se haga público y no se oculte a los afiliados como ocurrió en el XIII Congreso Regional del PPCV.

- Que se comunique de forma fehaciente a los afiliados y por todos los medios de comunicación posible las circunstancias relativas al Congreso Provincial de Alicante: fechas, lugar, orden del día, derechos de los afiliados, posibilidad de presentación de candidaturas, posibilidad de concurrir como compromisarios, plazos para hacerlo, etc.

- Que se adopten los mecanismos necesarios para garantizar la neutralidad de las sedes locales cuando hayan de celebrarse votaciones para la elección de compromisarios de modo que el personal y los medios pagados con las cuotas de todos los afiliados no estén sólo al servicio de una parte de los compromisarios, tal y como ha ocurrido recientemente en la ciudad de Alicante.

- Que en el caso de la celebración de votaciones para la elección de compromisarios se prohíba el reparto de papeletas marcadas en las puertas de las sedes con la consiguiente coacción al votante que ello supone, que se garantice el voto secreto en las sedes y que se garantice la actuación de los interventores en caso de existir.

Se trata en todo caso de que por parte de la Comisión Organizadora se promueva la participación activa y real de los afiliados y que se adopten las garantías necesarias para el libre ejercicio de esa participación. No parece que sea mucho pedir. Son cuestiones elementales y básicas cuya ausencia o no determina perfectamente la calidad de la democracia interna de una organización política. Es muy posible que hasta ahora la mediocridad de algunos les haya hecho temer una amplia y masiva participación de los afiliados, pero eso debe cambiar. No hay razones para desconfiar de una militancia que siempre sabe estar a las duras y a las maduras, de una militancia desinteresada y con un compromiso político mucho mayor del de muchos arribistas que sólo ven y usan al partido como un instrumento al servicio de sus intereses personales y, por lo que últimamente se lee en la prensa, no muy edificantes al parecer. La militancia no está sólo para rellenar actos políticos, pagar las cuotas o hacer de interventores o apoderados. La militancia es y debe ser la protagonista en un partido político serio y democrático. Y el que no lo crea así que lo diga bien claro.

Santiago de Munck Loyola

Devolver el voto a los exiliados vascos: una reparación histórica.

Estos días estamos asistiendo al debate abierto por la posibilidad de que los vascos exiliados por culpa de ETA, entre 150.000 y 300.000 según las distintas fuentes, pudieran participar en los procesos electorales que se celebren en su tierra. El anuncio efectuado por el Ministro del interior de que el Gobierno está estudiando esta reforma legislativa, propuesta por el Presidente de los Populares vascos Antonio Basagoiti, ha provocado diferentes reacciones, algunas de ellas muy significativas que han retratado a sus autores, una vez más, a la perfección.

Lo que nadie admite en voz alta es el fondo del asunto y que va mucho más allá de que los exiliados por culpa del terrorismo puedan o no votar. Será seguramente políticamente incorrecto pero el fondo de la cuestión es que la presencia ininterrumpida de la violencia etarra ha generado, entre otras cosas, un déficit de legitimidad de las instituciones vascas. Para que unas instituciones democráticas gocen de legitimidad de origen plena es imprescindible, y en ello coinciden todos los politólogos como Duverger, que se den una serie de requisitos básicos y esenciales de modo que el voto ciudadano pueda ejercerse con total y absoluta normalidad. En las últimas décadas, en el País Vasco, las libertades y derechos fundamentales consustanciales a un estado democrático pleno no se han desplegado con total y absoluta normalidad. Empezando por el derecho a la vida y a la integridad física y moral y siguiendo por el derecho de reunión, la libertad de asociación o de prensa, la libertad para elegir o ser elegido no han sido plenos en los territorios vascos. Las elecciones que se han venido celebrando allí siempre han estado bajo la amenaza de la violencia y la coacción permanente de los etarras y su entorno por lo que las instituciones surgidas de las mismas se han constituido mediante unos resultados electorales que de no haber mediado la violencia hubieran sido distintos. Es un hecho y una evidencia incuestionable, guste o no.

Y a esa situación perturbadora de la vida democrática hay que añadir que los resultados electorales y las instituciones nacidas de los mismos se han realizado con la exclusión de miles de ciudadanos que tuvieron que marcharse por miedo.

Ahora parece que existe en el Partido Popular cierta voluntad de reparar esa injusticia histórica. No obstante, al anuncio del Ministro, ha seguido la rápida matización del portavoz Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, aclarando que la propuesta tiene “dificultades técnicas” y que debe ser analizada jurídicamente, por lo que se han convocado unas jornadas de estudio en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Por su parte, desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán ha interpretado la iniciativa como una "cortina de humo" del Ejecutivo y ve esta propuesta "de difícil solución constitucional" porque, según él, en propiedad en España no existen exiliados y la disminución del censo electoral en Euskadi puede obedecer a muchos otros factores que no tengan nada ver con la presión de ETA.

Pero, como siempre, los que se han vuelto a retratar con precisión son los del PNV. El PNV ha trasladado a Europa este debate. Los nacionalistas quieren que la Comisión Europea dictamine si esta propuesta es factible dentro de los estándares de la UE. Consideran que esta medida daría “lugar a un votante con doble derecho a voto inédita en el panorama jurídico europeo”, e indican que la reforma propuesta por Fernández Díaz “se basa en un concepto, como el de las personas que han abandonado el País Vasco por la presión terrorista, imposible de objetivar desde una perspectiva material y en consecuencia jurídica”.       

Claro que al considerar el recelo de los nacionalistas vascos a que se devuelvan los derechos políticos y civiles a los vascos expulsados de su territorio por la violencia etarra, no queda más remedio que recordar la frase de Arzalluz: “Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas”. Y no es difícil adivinar quién ha estado sacudiendo el árbol y quién ha estado recogiendo las nueces para repartirlas, reparto que con el voto de los exiliados podría variar sustancialmente.

Por muchas dificultades técnicas y jurídicas que pudieran plantearse, lo cierto es que son perfectamente salvables. Hoy se puede devolver el voto a quienes se han visto injustamente privados de ello y hay mecanismos legales y técnicos para hacerlo, además con absolutas garantías para su ejercicio libre y secreto. Es una cuestión de justicia y de voluntad política. Lo que no puede el Partido Popular es esperar el más mínimo respaldo de quienes han estado repartiendo las nueces durante todos estos años.

Santiago de Munck Loyola

Paul Marie Camille André de Munck

Este mes, se cumplen ocho años de la muerte de nuestro padre, Paul de Munck, y quizás por ello se intensifica su recuerdo y reaparecen antiguas emociones y sentimientos. Nació en Borgerhout, Amberes, Bélgica en 1933 en el seno de una familia numerosa, católica y conservadora, mitad flamenca, mitad Valona y quizás, por ello, siempre se sintió belga, simplemente belga, sin connotaciones regionales. Se instaló en España con poco más de 25 años y pasó aquí la mayor parte de su vida hasta su fallecimiento y, sin embargo, nunca dejó de sentirse belga hasta la médula. Sus gustos, sus costumbres, sus sentimientos eran belgas.

Tenía cuatro hermanos, Jean Marie, Pierre, Guy y Roland, y una hermana, Anne. Él era el cuarto y siempre decía que nacer en medio de tantos hermanos era una desventaja: nunca se tenía la edad suficiente para hacer lo que hacían los mayores y tampoco podía disfrutar de las ventajas y privilegios de los pequeños.

Es muy probable que el conocimiento y percepción de la vida de nuestro padre no se ajuste a la realidad porque los hijos sólo hemos recibido sus versiones y sus relatos. Por tanto, es fácil que nuestra perspectiva esté distorsionada, pero en todo caso es la que se corresponde con nuestra vivencia. Incluso es también muy probable que cada uno de los nueve hermanos percibamos la figura y el recuerdo de nuestro padre de maneras muy distintas e incluso hasta contradictorias.

Fue, al parecer, un joven algo rebelde e inconstante. A este respecto siempre decía que los lemas de las naciones o de las familias expresan siempre, no una realidad, sino un objetivo a alcanzar, un objetivo que se plantea a partir de los defectos que se conocen. Si es así, y él mismo lo reconocía, el lema familiar “Virtud et constantia” era una alta pero lejana aspiración. Es posible que de esa rebeldía e inconstancia surgiera y se forjara su gusto por la bohemia y su tendencia a revolverse contra el orden establecido, sobre todo en el aspecto político. Sin embargo, siempre conservó unas profundas creencias religiosas muy ancladas en el conservadurismo católico y muy críticas con las nuevas corrientes en el seno de la Iglesia. Hasta el último momento seguía acudiendo a Misa con su misal en latin. Su profunda fe tenía mucho que ver con sus años de estudios en colegios religiosos y, sobre todo, con la influencia de su madre, la abuela Valérie, por quien sentía una verdadera y entrañable adoración. Fue también un padre severo, rígido y emocionalmente algo distante con los hijos, aunque todo lo contrario con sus nietos cuando se convirtió en abuelo.

Hombre muy inteligente, con una memoria asombrosa y una gran imaginación (a veces excesiva) hizo de los nueve idiomas que dominaba su medio de vida y cada texto que traducía le dejaba un poso de conocimiento. Era perfeccionista hasta la exageración en su trabajo siendo capaz de detener una traducción el tiempo necesario hasta encontrar el matiz o el giro exacto. Recuerdo que, de pequeño, intentó enseñarnos flamenco e inglés. Las clases eran larguísimas pero al cabo de un tiempo debió cansarse y quedamos gratamente liberados, aunque hoy lamentemos que no hubiese sido más constante. A mediados de los años 60 se matriculó en la Facultad de Medicina y aprobó varios cursos con unas excelentes notas y, de pronto, lo dejó sin terminar la carrera. Carecía del más mínimo sentido práctico y no le daba gran valor al dinero o a las posesiones. Era capaz de conversar durante largas horas sobre cualquier tema usando o abusando de cualquier recurso dialéctico. Orgulloso, elegante, coqueto y con modales refinados estaba dotado de grandes habilidades sociales que nuca supo o quiso aprovechar lo suficiente.

Le encantaba la música clásica y promovió y dirigió dos corales, la última la Coral de Santa Teresa, en Tres cantos. Tocaba la guitarra y algo el piano. Aún recuerdo algunas canciones que nos enseñó de pequeños en francés o en flamenco y que repetíamos en los largos viajes que, bien apretados en coche, hicimos en alguna ocasión. Trató siempre de inculcarnos una serie de ideas y principios: el valor de la familia, las creencias religiosas, el amor a Bélgica, la importancia de la formación, el respeto a las reglas de juego, los hábitos de salud, etc. Claro que en ocasiones chirriaba lo que trataba de inculcarnos con lo que veíamos. Recuerdo que al cumplir los 16 años le pedí permiso para fumar. Durante más de dos horas me explicó todos los perjuicios que ocasionaba fumar pero, mientras lo hacía se fumó medio paquete de bisontes.

Es difícil poder expresar en unas pocas líneas los recuerdos, vivencias y sentimientos que supone la figura de un padre. Quien le haya conocido verá que omito muchas cosas pero lo hago porque creo que no corresponde a los hijos enjuiciar ni valorar los hechos de nuestros mayores. En mi caso prefiero quedarme con el recuerdo de sus virtudes, de su bondad y, sobre todo, de su amor porque a pesar de los errores siempre amó a su familia, a su mujer, a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos y sobrinos. Lo hizo a su manera, pero lo hizo. Se fue hace 8 años, rápida e inesperadamente, sin sufrimiento, con sólo 72 años, y le sigo echando de menos.

Santiago de Munck Loyola

Apuntes sobre el XIII Congreso del PPCV.

Si alguien esperaba del Congreso del PPCV que acaba de finalizar en Alicante un profundo cambio de hábitos, estilo, modelo de Partido o de políticas sectoriales seguramente habrá quedado defraudado. Este Congreso, imprescindible para la legitimación de un liderazgo regional, ha estado marcado por los desencuentros con Rus y Barberá, motivados más por cuestiones de reparto de poder que por discrepancias ideológicas, las ausencias de los predecesores de Alberto Fabra al frente del PPCV, el camuflaje de la inmensa mayoría de los, hasta hace muy poco tiempo, súper campistas, el vacío de la dirección nacional del Partido Popular presente en el Congreso a través de videos protocolarios, la inexistencia de una profunda autocrítica y la pérdida de una inmejorable oportunidad para poner los medios necesarios para hacer realidad la apuesta del nuevo Presidente por la regeneración del Partido.

Como era de esperar se han producido muchas intervenciones y, como es habitual en estos casos, se han deslizado afirmaciones que son, cuando menos, cuestionables. Baste citar, de una parte, a Esteban González Pons, vicesecretario nacional de Estudios y Programas del PP, que intentando, quizás, limpiar la imagen del PP valenciano, ha llegado a afirmar lo siguiente: "Que se identifique la Comunidad Valenciana con el fraude y el despilfarro no se puede consentir". Esta frase participa plenamente de la técnica empleada por los nacionalistas consistente en transformar las críticas a su gestión partidista con críticas a su región. Y no, no parece que sea ése el sentir de la calle. Parece más bien que cuando se alude al “fraude o al despilfarro” no se alude a la Comunidad Valenciana, sino a algunos gestores de las instituciones de la Comunidad Valenciana. Mal se pueden corregir las enfermedades cuando no se es capaz de acertar en el diagnóstico y, en este caso, el error parte de no haber querido o sabido realizar una autocrítica seria y profunda.

De otra parte, la Alcaldesa de Alicante y Diputada Autonómica por la Provincia, Sonia Castedo, afirmó que "la ciudadanía no está para bromas, ni para debates estériles, los ciudadanos no quieren saber nada de cuotas, ni de pulsos de poder interno, ni siquiera quieren saber nada de nombres y apellidos”. Y tiene toda la razón, pero debería aplicarse el cuento y no haber impuesto su correspondiente cuota en el reparto de los 51 compromisarios al Congreso que le correspondían a la ciudad de Alicante. Una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo.

En contraste con la pretensión de regeneración del Presidente Fabra no ha prosperado la enmienda a la ponencia de estatutos del PPCV presentada por D. José María Rodríguez Galán, exdirector general de Ciudad de la Luz, con el fin de que los alcaldes y portavoces populares en municipios de más de 5.000 habitantes no pudiesen compatibilizar ese cargo con otros. Lo más sorprendente es que ni siquiera ha llegado a ser debatida argumentando que se trata de un tema propio de los Estatutos Nacionales del Partido Popular. Dejando al margen la validez o no de ese argumento, lo cierto es que la insuficiente regulación establecida en el Art. 7.2 Estatutos Partido Popular no cierra la puerta al establecimiento de criterios más restrictivos en los Estatutos Regionales si se adecuan al objetivo y pretensión de la norma nacional. Pero aún admitiendo la validez del argumento de que se trata de una materia propia de la regulación nacional, nada habría impedido al Congreso aprobar una Carta de Compromisos de los cargos públicos del PP en la que, entre otras cosas, se recogiese la dedicación exclusiva de los cargos públicos electos impidiendo simultanear dos puestos e, incluso, la incompatibilidad con el desarrollo de actividades privadas. Los electores, los vecinos de una ciudad como Alicante, por ejemplo, merecen que sus cargos electos se dediquen al cien por cien a la actividad para la que han sido elegidos y no que la simultaneen con otros puestos que para ser bien desempeñados, también exigen una dedicación completa. De lo contrario se está trasladando un mensaje perverso a los ciudadanos: el de que ser diputado o Alcalde de una ciudad no requiere una dedicación completa a pesar de que se cobra como si tal dedicación se produjese.

Y tampoco habría estado de más que en ese deseo de regeneración se hubiesen adoptado medidas para impulsar y facilitar la participación de los 142.000 afiliados del PPCV, para garantizar la pluralidad y la concurrencia en los próximos procesos electorales internos así como la neutralidad en los mismos de los “aparatos locales y provinciales” que, hasta ahora, ha brillado por su ausencia.

En todo caso, los mejores deseos para el nuevo Presidente y para su equipo que tienen una difícil y complicada tarea por delante.

Santiago de Munck Loyola

Un Congreso huérfano.

Este fin de semana se celebra en Alicante el XIII Congreso del partido Popular de la Comunidad Valenciana. Todo parece indicar, si no se producen novedades de última hora, que va a tratarse de un Congreso muy descafeinado en el que posiblemente la mayor noticia va a ser la ausencia de líderes nacionales del Partido Popular. Tan sólo ha anunciado su presencia el Sr. González Pons, como Secretario de Estudios y Programas del partido Popular, y los Presidente autonómicos de Galicia, Sr. Feijó, y de Baleares, Sr. Bauzá. Nada que ver con la habitual presencia de altos cargos populares, Ministros incluidos, en los demás Congresos regionales que se han venido celebrando hasta la fecha. Algo debe estar pasando y no parece que sea nada bueno para el peso de la organización regional que tradicionalmente se le venía atribuyendo en el seno del Partido Popular. Si no se producen cambios de última hora, parece que la legitimación de Alberto Fabra como Presidente Regional electo no va a estar apadrinada ni subrayada con la presencia ni de la Secretaria general ni del Presidente del PP, algo que no se comprende teniendo en cuenta el enorme peso del PPCV en el conjunto del Partido Popular, tanto por su número de afiliados, como por sus resultados electorales. Da la impresión de que en Madrid están poniendo distancia ya sea por las secuelas de determinados escándalos que han salpicado al PPCV o por los resultados económicos de su gestión al frente de la Generalitat Valenciana.

Sea como fuere, este Congreso se presenta bastante tranquilo para satisfacción de quienes identifican la falta de alternativas y de debate interno como algo tremendamente positivo. No resulta muy comprensible ese empeño de algunos en afianzar el liderazgo de Alberto Fabra sobre la inexistencia de opciones diferentes y que en ello hayan puesto todo su empeño a lo largo de los últimos meses. La pluralidad enriquece, les guste o no, y un liderazgo surgido de la pluralidad fortalece. Lo demás sueno un poco a “la búlgara”.

Los rígidos cauces de participación que estatutariamente tienen los afiliados del Partido Popular y el incumplimiento de las normas internas de participación por parte de algunos dirigentes locales impiden que al Congreso Regional puedan llegar ideas o propuestas nacidas en las bases del Partido. Las bases de un partido político no las conforman los “cuadros” del mismo, los cargos electos o los cargos de confianza que inundan las administraciones públicas. Las bases las conforman los 142.000 afiliados del PPCV y que en su inmensa mayoría no pertenecen a los “cuadros” del Partido, ni son cargos públicos, ni de confianza. Son en su inmensa mayoría estudiantes, amas de casa, jubilados, empleados públicos, profesionales, comerciantes, desempleados, autónomos, agricultores, etc. y si se realiza un perfil medio de los compromisarios se podrá comprobar que no se corresponde con el perfil medio de los afiliados del Partido. Es muy difícil que quienes su medio de vida depende de sus superiores jerárquicos del partido puedan proponer, deliberar o elegir sin ningún condicionante.

Abrir las puertas a la comunicación y a la participación no es malo, todo lo contrario. Sólo pueden rechazarlo quienes tienen algún temor a que su estatus político pueda verse mermado con la apertura y el aire fresco. Es casi imposible que los 142.000 afiliados puedan estar adecuadamente representados en un Congreso, pero hoy en día y con los medios informáticos y las redes sociales existentes es muy fácil, sano y enriquecedor facilitar que los 142.000 afiliados del PPCV puedan opinar y proponer directamente sobre las ponencias de un Congreso regional. Que al día de hoy sólo los compromisarios puedan presentar enmiendas a las ponencias y no los afiliados constituye un anacronismo y un filtro antidemocrático. Es muy posible que nadie lo proponga en este XIII Congreso, pero bueno sería que fueran tomando nota de esa posibilidad: que los afiliados del PP, además de pagar sus cuotas, tengan derecho, como en otros partidos, a presentar enmiendas en los Congresos. No es mucho pedir ¿no?

Santiago de Munck Loyola

Por un mismo criterio para los imputados.

El pasado mes de abril, el jefe del Consell y Presidente Regional del PP, Alberto Fabra, manifestó que era necesario "aparcar" a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza" de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad". Hace pocos días, Alberto Fabra, ha justificado dos dimisiones de cargos autonómicos imputados en la pieza separada del caso Palma Arena relacionada con el Instituto Nóos argumentando que "los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad". Fabra añadió que "en esta administración no puede haber imputados porque los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad: Desde mi Gobierno tenemos muy claro que aquellas personas que estén involucradas en algún proceso judicial van a tener que dejar sus responsabilidades" y que "en estos momentos no podemos hacer otra cosa que seguir generando la confianza en el ciudadano, que está exigiendo ejemplaridad".

Parece que el Presidente participa, de una parte, de la generalizada confusión existente en torno al concepto de “imputación” y, de otra, que no aplica el mismo criterio en la Administración que dirige que en las administraciones encabezadas por cargos del PP, partido que él mismo también preside. No parece coherente aplicar un criterio en la Generalitat y, por otra parte, no exigir que se aplique en las demás administraciones públicas cuyos cargos dependen orgánicamente de él. O todos moros o todos cristianos.

En cuanto al alcance del concepto “imputado” hay que empezar por subrayar lo obvio: todo imputado es inocente en virtud del principio de presunción de inocencia recogido en el Art. 24.2 de la Constitución. Se recibe la denominación de imputado cuando una persona está siendo investigada en un procedimiento abreviado (es decir, cuando el hecho investigado esté castigado con menos de 9 años de privación de libertad) por un juez para determinar si hay base para sostener una acusación por la existencia de un presunto delito. Se recibe la denominación de procesado cuando una persona está siendo investigada en un procedimiento ordinario (cuando el hecho investigado esté castigado con más de 9 años de privación de libertad). Una persona imputada o procesada es una persona que está siendo investigada y pasará a ser acusada cuando se cierre la investigación y pase a ser juzgada.

Imputados o procesados, que no acusados, son personas que de momento sólo están siendo investigadas, no están aún acusadas de la comisión de un delito. Y, aclarado ésto, lo procedente desde una perspectiva política es trazar la línea, determinar el momento en que una persona, aún inocente, debe dejar su cargo público. Y no se trata de una decisión fácil de establecer porque en política pocas veces hay marcha atrás y la experiencia ha demostrado que políticos absueltos de toda culpa nunca han podido regresar a sus responsabilidades ni nadie les ha repuesto su honor. A la condena mediática previa, implacable e irresponsable muchas veces, siempre se ha sumado la incapacidad y el egoísmo de las organizaciones políticas para reponer el honor, el crédito y el trabajo de los absueltos. ¿Se debe cesar o forzar la dimisión de un cargo público cuando es imputado? ¿Cuando es acusado? ¿O habría que esperar a que fuese condenado? Los ciudadanos nos hemos acostumbrado al “linchamiento” mediático y partidista de cualquier imputado. Pero ¿es justo? La duda está ahí y no es tanto una duda jurídica como ética.

Sin embargo, sea cual fuere la línea roja que se marque, lo que es indudable es que debe ser, en el ámbito de una organización política, idéntica para todos. No es de recibo que imputados de segundo nivel deban dimitir o sean cesados fulminantemente y los de primer nivel no lo hagan. El criterio debe ser exactamente igual para todos, por lo menos en el ámbito del Partido Popular ya que, al no existir norma igual para todos, cada partido político trazará su nivel de exigencia en función del valor que otorgue a la ejemplaridad frente a las garantías sobre la presunción de inocencia.

Y resulta imprescindible, en el ámbito del PP el establecimiento de un criterio igualitario, porque mientras algunos imputados dejan sus cargos, muchos otros, en idénticas circunstancias los conservan. Baste recordar que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana mantiene a muchos cargos de primera línea en sus puestos pese a estar imputados en distintos procedimientos. Solo en las Cortes Valencianas, el PP tiene siete imputados que podrían llegar a 10: Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Angélica Such por el caso Gürtel; Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, por tres causas diferentes. Y además otros dos diputados, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor Luis Díaz Alperi, ya han sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Brugal y pronto podrían ser imputados. Y, al igual que en el Grupo Parlamentario, se mantienen en diversos puestos por toda la Comunidad a distintos imputados.

Se trata de una difícil decisión para el Presidente Fabra y, de paso, para todos los Compromisarios del cercano Congreso Regional que tienen en su mano abordar este asunto con rigor, discutirlo a fondo y adoptar un criterio idéntico para todos los militantes del Partido Popular. Ojala lo hagan y acierten.

Santiago de Munck Loyola

Anguita y Almodóvar: cara y cruz de la coherencia.

Las actitudes y comportamientos de los personajes públicos, sus hechos, son mucho más relevantes que sus palabras. En estos días de agitación y añoranza para algunos del movimiento 15 M han coincidido dos comportamientos completamente opuestos y muy significativos sobre la ética y personalidad de sus protagonistas. De una parte, D. Julio Anguita ex coordinador de Izquierda Unida ha renunciado por escrito a la paga de pensión máxima vitalicia a la que tenía derecho como ex-parlamentario y para justificar tal decisión ha dicho que “con la pensión que le correspondía como maestro tenía bastante”. ¡Chapeau! Sí señor, un comportamiento más que ejemplar que pone de manifiesto la honestidad y, sobre todo, la coherencia del Sr. Anguita. Hay que reconocérselo sin ningún tipo de objeción. Y un servidor lo hace desde la más profunda discrepancia ideológica. Lo que ha hecho el Sr. Anguita es todo un ejemplo de un político de los pies a la cabeza, un ejemplo que le sitúa en un plano de superioridad moral sobre los demás políticos que, con seguridad, no le van a imitar.

Y en la otra cara de la moneda de la coherencia y honestidad política tenemos a Pedro Almodóvar (Peeeeedro…). Al Sr. Almodóvar le ha faltado tiempo para correr a la Puerta del Sol y solidarizarse con los indignados. Foto por aquí, declaraciones por allí, un autógrafo por allá y un pequeño baño de multitudes. Almodóvar es un indignado más. Claro, que Pedrito, que no es un pozo de sabiduría política (no se puede n pedir peras al olmo) debe ignorar que entre muchas otras cosas los indignados piden la supresión de las SICAV, ese invento para que los ricos paguen pocos impuestos. Y da la casualidad que nuestro renombrado cineasta, con un patrimonio superior a los 41 millones de euros, tiene varias de estas sociedades para pagar pocos impuestos, proporcionalmente mucho menos impuestos que cualquiera de los indignados.

Como buen miembro de la ceja, la sociedad de Almodóvar El Deseo ha percibido de las arcas públicas las siguientes subvenciones desde 2004 a 2008 por:

1.270.000 euros: para la distribución de “La mala educación”.      

399.000 euros: para la presencia en festivales (Cannes, Venecia, San Sebastián) y la ceremonia de los Oscar            .

383.000 euros: para la producción de ‘El patio de mi cárcel'          .

300.506 euros: para la producción de ‘Hable con ella'         .

250.000 euros: para la obra experimental ‘Historia de la montaña de la bruma'.

167.000 euros: para la conservación de negativos de diversas películas de Almodóvar.

Más de 2.7 millones de euros de dinero público para la SICAV y a tributar al 1 %. Casualmente las sociedades de Almodóvar invirtieron en 2008 dinero en Lux Invest, fondo que invertía en productos tóxicos de Bernard Madoff ¿les suena este pájaro financiero, no?

En fin, que no parece muy coherente que alguien que recibe dinero público en subvenciones, que goza de un considerable patrimonio y que elude el pago de impuestos a través de sociedades financieras legales pero éticamente reprobables, ande por ahí de “indignado”. Sus méritos cinematográficos no se cuestionan, pero su papel de figurante con pretensiones estelares en la Puerta del Sol es patético e indigno. No hay en su comportamiento la más mínima coherencia ética o política. Es la otra cara de la moneda. Y es la cara más dura e impresentable de estos agitados días.

Con su actitud no sólo se pone en evidencia, sino que además pone en evidencia las reivindicaciones de todo un colectivo que con más o menos argumentos reivindica unos postulados muy alejados de los que practica el Sr. Almodóvar. Mi admiración y respeto para el Sr. Anguita y todo lo contrario para Peeeeedro.

Santiago de Munck Loyola