La verdad es que cuanto más se piensa en dónde puede ahorrar el Gobierno aparecen muchas posibilidades que ni siquiera mencionan los políticos. La clase política nunca mira en su entorno inmediato a la hora de proponer medidas de ahorro y austeridad. Su mirada, sea azul o roja, periférica o centralista se dirige inevitablemente hacia los bolsillos de los ciudadanos, es decir, al bolsillo de quienes les pagamos los sueldos, los despachos, los coches oficiales y toda la parafernalia que acompaña al desempeño de un cargo público.
Hoy, en España hay personas de carne y hueso que pierden su trabajo, que se quedan sin casa y que tienen que comer lo que pueden, la mayor parte de las veces, gracias a la labor social de la denostada Iglesia cuyos comedores sociales están a reventar. No puede haber mejor política social que la que crea empleo. Y no hay mejor camino para destruir empleo que subir los impuestos, aunque sea transitoriamente. Cuando se gasta más de lo que se ingresa sólo hay dos opciones, o se recauda más o de recorta el gasto.
Pero dicho esto, conviene volver a revisar dónde se puede recortar. Y nuevamente la clase política puede hacer un ejercicio de ejemplaridad. Aunque ya se ha apuntado anteriormente hay que profundizar necesariamente en los privilegios de la clase política que la alejan de la dura realidad que sufre una gran parte de los ciudadanos. Ostentar un cargo público, ser Alcalde, Diputado o Ministro, no puede ser considerado como un premio, como un privilegio. Es, o mejor dicho, debería ser la máxima expresión de servicio a la sociedad. Más en una sociedad democrática cuyos valores han de impregnar el carácter representativo y delegado del cargo público. Por ello, es una auténtica anomalía democrática que la casta política disfrute de inmensos privilegios frente a los ciudadanos a los que dicen representar.
El salario medio en España en el año 2009 alcanzó los 20.390 euros anuales, según los datos del INE. Mientras, el salario medio de los más de 1.000 diputados autonómicos ronda los 50.000.- € anuales. Todo ello sin mencionar el de los Diputados Nacionales o los Europarlamentarios. Hay Alcaldes como el de Barcelona o el de Madrid que cobran más de 100.000.- € al año. Esta diferencia respecto a la media de los contribuyentes podrá justificarse de mil maneras: la responsabilidad del puesto, la dignidad del cargo, la comparación con otros países, etc. Pero, en todo caso, esta diferencia marca un peligroso abismo entre representantes y representados. Hay constancia de Diputados del Congreso que en un año sólo han pulsado el botón de las votaciones en seis ocasiones. Ni una discurso, ni una enmienda a una Ley. Nada de nada. Y a cambio más de 60.000.- €. ¿Es esto éticamente admisible?
Pero es que, además de estas retribuciones, los Diputados perciben otras cantidades por distintos conceptos, dietas, gastos de representación, descuentos en los medios de transporte (tren, avión, etc.), cantidades que les alejan aún más de quienes les pagan los sueldos, los contribuyentes. Como también les aleja del común de los mortales el hecho de que los parlamentarios están exentos de declarar en el IRPF un tercio de sus ingresos en concepto de indemnización. A ello hay que sumar que mientras cualquier ciudadano tiene que haber cotizado durante 35 años para cobrar su pensión, los parlamentarios basta con que coticen entre 7 y 11 años. ¿Y esto por qué? ¿Sufren más en su escaño que un minero? ¿Su trabajo conlleva más dignidad que el de un cartero, por ejemplo? Ahora que el Gobierno cree que hay que recortar el derecho social a la jubilación a los 65 años y alargar en 5 años el período de cotización ¿por qué siguen ostentando semejante privilegio los parlamentarios?
Pero nuestra clase política puede aún hacer más sacrificios y dar ejemplo a los ciudadanos. Nadie en este país puede tener más de un ingreso proveniente del erario público. ¿Nadie? Perdón, los parlamentarios sí. Se da el caso de parlamentarios que llegan a juntarse hasta con tres retribuciones públicas a la vez en función del cargo que han ocupado y el que ocupan. Ahí están los casos de Solbes o de Pajin. ¿Es moralmente admisible esto mientras hay ancianos a los que no les llega la pensión para comer? ¿Cómo es posible que haya políticos que reúnan al mes más de 16.000 euros provenientes del erario público mientras muchos ancianos pasan hambre?
Es evidente que el Gobierno tiene que ahorrar e ingresar más, pero también es evidente que la cosecha debe iniciarla en su entorno más inmediato.
viernes, 4 de junio de 2010
(3ª parte) ¿Por qué los ciudadanos debemos apretarnos el cinturón y los políticos no?
Puestos ya a recortar y enarboladas las tijeras, es preciso adentrarse en más campos que afectan fundamentalmente a la clase política y sindical, es decir, a aquellos que para liderar la sociedad han de ser los primeros en dar ejemplo. A los recortes en altos cargos, en puestos de confianza, en sus salarios y demás gastos de la clase política que ascienden a millones de euros, todavía se podrían añadir otros recortes muy importantes. Se trata de gastos que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos y que lo hacemos porque se supone que los aprobamos cuando damos nuestro voto a cualquiera de los paridos políticos.
Si cualquier persona desea ser socio de un club de fútbol, por ejemplo, deberá pagar una cuota y contribuir así al sostenimiento de su equipo. Si su equipo funciona bien, tendrá buenos ingresos obtenidos por la taquilla, la publicidad, las cuotas, etc. Pero, el resto de los ciudadanos que no son de ese equipo no estarán obligados a mantenerlo con sus impuestos. ¿Por qué entonces tenemos que mantener a los Partidos Políticos y a los sindicatos con nuestros impuestos? ¿No será más lógico que esas organizaciones se mantengan con las cuotas y donaciones de sus afiliados y simpatizantes? Si partidos y sindicatos tuviesen que mantenerse exclusivamente de sus propios ingresos, tal y como hacen las empresas y demás entidades privadas, ¿no serían más austeros y racionales en sus gastos? ¿no despilfarrarían menos? Basta ver el lujo, los medios materiales y personales de los partidos y sindicatos para saber cómo emplean el dinero que nos sacan a los ciudadanos con las subvenciones que reciben provenientes de nuestros impuestos. Y el colmo de la desfachatez es que hasta las organizaciones empresariales se nutren de subvenciones que pagamos entre todos.
Sólo en el año 2009, los sindicatos y organizaciones empresariales se repartieron más de 110 millones de euros, sacados de los bolsillos de los contribuyentes. ¿No ganan lo suficiente los señores empresarios como para mantener sus organizaciones profesionales?
Pero no sólo queda ahí la cosa, nuestros sindicatos, nuestros queridos sindicatos que hicieron huelga cuando Aznar congeló el sueldo a los funcionarios (¿qué harán ahora que ZP no congela sino, que les baja el sueldo?), que montaron una huelga general por la reforma laboral que intentó Aznar, estos sindicatos que gozan de tanta confianza de los trabajadores que no llega ni al 5 % de los mismos los que se afilian, nos cuestan una auténtica barbaridad. Al margen de las subvenciones que reciben del estado y de las autonomías para poder funcionar ya que los trabajadores no se afilian y, por tanto, no los sostienen económicamente, los sindicatos cuestan al Estado y a las empresas la nada despreciable cifra de 1.664 millones de euros al año, a través de esa curiosa figura de los liberados sindicales. Resulta que los trabajadores españoles pasan olímpicamente de los sindicatos y no se afilian, ni los sostienen económicamente. Pero los sindicatos se creen en la necesidad de salvar a los pasotas de los trabajadores, aunque éstos no quieran. Y, así, dejan de trabajar total o parcialmente en sus respectivos trabajos miles de sindicalistas a los que hay que pagar sus sueldos para que nos salven. En España hay más de 57.000 sindicalistas dedicados a “salvar y defender” a los trabajadores. Si consideramos que el coste laboral medio en España (salario + Seguridad Social) por trabajador y mes alcanzaba los 2.428,69 euros en el tercer trimestre de 2009, esto es, 29.144 euros por trabajador al año, el coste total derivado por los liberados sindicales y soportado forzosamente por ciudadanos y empresas españoles asciende a 1.664 millones de euros al año. ¿Hay o no hay de donde recortar sin tocar los sueldos y las pensiones? ¿Hay o no de donde recortar sin subir los impuestos? Si en época de crisis y recesión es necesario realizar sacrificios, ¿no deberían empezar por dar ejemplo los sindicalistas y los políticos? ¿no deberían estos señores dedicarse a producir en lugar de hacer como que nos salvan a los demás?
Claro, que es difícil pedir peras al olmo. Tenemos una clase política corporativa, unida en la defensa de sus privilegios y unos sindicatos en plena sintonía con esa clase política, unos sindicatos más atentos a la defensa de intereses partidistas y de sus propios privilegios que de la defensa del bienestar de los ciudadanos.
Si cualquier persona desea ser socio de un club de fútbol, por ejemplo, deberá pagar una cuota y contribuir así al sostenimiento de su equipo. Si su equipo funciona bien, tendrá buenos ingresos obtenidos por la taquilla, la publicidad, las cuotas, etc. Pero, el resto de los ciudadanos que no son de ese equipo no estarán obligados a mantenerlo con sus impuestos. ¿Por qué entonces tenemos que mantener a los Partidos Políticos y a los sindicatos con nuestros impuestos? ¿No será más lógico que esas organizaciones se mantengan con las cuotas y donaciones de sus afiliados y simpatizantes? Si partidos y sindicatos tuviesen que mantenerse exclusivamente de sus propios ingresos, tal y como hacen las empresas y demás entidades privadas, ¿no serían más austeros y racionales en sus gastos? ¿no despilfarrarían menos? Basta ver el lujo, los medios materiales y personales de los partidos y sindicatos para saber cómo emplean el dinero que nos sacan a los ciudadanos con las subvenciones que reciben provenientes de nuestros impuestos. Y el colmo de la desfachatez es que hasta las organizaciones empresariales se nutren de subvenciones que pagamos entre todos.
Sólo en el año 2009, los sindicatos y organizaciones empresariales se repartieron más de 110 millones de euros, sacados de los bolsillos de los contribuyentes. ¿No ganan lo suficiente los señores empresarios como para mantener sus organizaciones profesionales?
Pero no sólo queda ahí la cosa, nuestros sindicatos, nuestros queridos sindicatos que hicieron huelga cuando Aznar congeló el sueldo a los funcionarios (¿qué harán ahora que ZP no congela sino, que les baja el sueldo?), que montaron una huelga general por la reforma laboral que intentó Aznar, estos sindicatos que gozan de tanta confianza de los trabajadores que no llega ni al 5 % de los mismos los que se afilian, nos cuestan una auténtica barbaridad. Al margen de las subvenciones que reciben del estado y de las autonomías para poder funcionar ya que los trabajadores no se afilian y, por tanto, no los sostienen económicamente, los sindicatos cuestan al Estado y a las empresas la nada despreciable cifra de 1.664 millones de euros al año, a través de esa curiosa figura de los liberados sindicales. Resulta que los trabajadores españoles pasan olímpicamente de los sindicatos y no se afilian, ni los sostienen económicamente. Pero los sindicatos se creen en la necesidad de salvar a los pasotas de los trabajadores, aunque éstos no quieran. Y, así, dejan de trabajar total o parcialmente en sus respectivos trabajos miles de sindicalistas a los que hay que pagar sus sueldos para que nos salven. En España hay más de 57.000 sindicalistas dedicados a “salvar y defender” a los trabajadores. Si consideramos que el coste laboral medio en España (salario + Seguridad Social) por trabajador y mes alcanzaba los 2.428,69 euros en el tercer trimestre de 2009, esto es, 29.144 euros por trabajador al año, el coste total derivado por los liberados sindicales y soportado forzosamente por ciudadanos y empresas españoles asciende a 1.664 millones de euros al año. ¿Hay o no hay de donde recortar sin tocar los sueldos y las pensiones? ¿Hay o no de donde recortar sin subir los impuestos? Si en época de crisis y recesión es necesario realizar sacrificios, ¿no deberían empezar por dar ejemplo los sindicalistas y los políticos? ¿no deberían estos señores dedicarse a producir en lugar de hacer como que nos salvan a los demás?
Claro, que es difícil pedir peras al olmo. Tenemos una clase política corporativa, unida en la defensa de sus privilegios y unos sindicatos en plena sintonía con esa clase política, unos sindicatos más atentos a la defensa de intereses partidistas y de sus propios privilegios que de la defensa del bienestar de los ciudadanos.
¿Por qué los ciudadanos debemos apretarnos el cinturón y los políticos no?
Parece que nuestra clase política no está dispuesta a apretarse el cinturón tal y como impone al resto de los ciudadanos españoles; quizás porque los políticos usan tirantes. En todo caso, parece que el recorte en los derechos sociales que el Sr. Zapatero nos impone se va concretando: recorte del 5% del sueldo de los funcionarios este año y congelación para el próximo, congelación de la mayor parte de las pensiones (por vez primera desde que el Partido Popular legislase en 1996 su revalorización automática), rebaja del 15 % del sueldo de los ministros, recorte en las prestaciones sanitarias (posiblemente el co-pago de los medicamentos), anulación del cheque-bebé, recorte de la ayuda al desarrollo en 600 millones de euros, etc. Y junto a ello, subida del IVA en dos puntos y probable subida del IRPF. En resumen, menos ingresos para los ciudadanos y más gastos.
Al margen de que la austeridad en las cuentas públicas debía haberse impuesto hace tiempo, cabe preguntarse si no hay otros sitios de donde recortar. Pues la respuesta es sí.
La rebaja del sueldo de los ministros en un 15 % como gesto puede valer, pero es claramente insuficiente. Esa rebaja debería ser al menos de un 25 % y debería ser extensible a Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales, Parlamentarios nacionales y autonómicos, Diputados Provinciales, Consejeros y Viceconsejeros autonómicos, asesores, cargos de confianza, Alcaldes, concejales, etc. Es decir, debería ser extensible a toda la clase política que es la que debe ejercer el liderazgo con ejemplaridad.
Y hay más sitios donde meter la tijera. Debería prohibirse el cobro de sueldos, indemnizaciones o dietas provenientes de distintas administraciones públicas o empresas. Y para ello debería ser incompatible el ejercicio de más de un cargo público. El Diputado nacional que lo sea, pero nada más que eso. Tener Alcaldes que simultanean su puesto municipal con un escaño autonómico o nacional constituye toda una anomalía democrática (en el legislativo y en el ejecutivo a la vez), como lo es el ejercicio de actividades particulares simultáneamente. En todo caso, habría que evitar que al sueldo de parlamentario o de alcalde se sumen otros ingresos como dietas, indemnizaciones o pensiones. Los políticos no pueden tener privilegios económicos respecto a sus electores y esto debería valer a la hora de medir los años de cotización para el cobro de una pensión. ¿Por qué a los Diputados les bastan 7 años de cotización mientras que el resto de los mortales han de llegar a los 35 años?
Contamos con 17 gobiernos autonómicos (unos 300 “ministrillos” regionales) además del Gobierno de la Nación. Recórtese por ahí también el gasto, suprímanse ministerios y consejerías y veremos el ahorro y el alivio inmediato en las cuentas públicas. A la drástica disminución de asesores, cargos de confianza y “ministrillos” acompañaría un inmensa reducción del gasto público, no sólo en sueldos, sino también en gastos de representación o en coches oficiales. Un dato lo ilustra: en España hay 7.000 coches oficiales (con sus conductores, gasolina, gastos de mantenimiento y de reposición), más que en los Estados Unidos. Otros datos ilustrativos: la Junta de Andalucía cuenta con 300 coches oficiales cuyo importe individual de compra ha sido superior a los 60.000.- € o el hecho de que la Xunta de Galicia gasta al día 2.500.- € en el mantenimiento de sus coches oficiales.
Es evidente que hay muchos sitios donde meter la tijera antes de tocar el bolsillo de los contribuyentes. Pero hacerlo requiere una casta política diferente, más sensible a los problemas de los ciudadanos y más comprometida con el bienestar social antes que con el propio. Las administraciones públicas, sea cual sea el color de quien las gobierna, se han convertido en un pesebre donde se alimentan los cuadros de los Partidos Políticos. Y esto tiene que cambiar. ¿Sacrificios? Los que haga falta, pero primero para la clase política. Si no dan ejemplo, no pueden pedir esfuerzo alguno a los ciudadanos. Y esto vale tanto para el Gobierno, como para la Oposición que tiene también su responsabilidad en muchas administraciones públicas.
Y todavía quedan más sitios donde meter la tijera.
Al margen de que la austeridad en las cuentas públicas debía haberse impuesto hace tiempo, cabe preguntarse si no hay otros sitios de donde recortar. Pues la respuesta es sí.
La rebaja del sueldo de los ministros en un 15 % como gesto puede valer, pero es claramente insuficiente. Esa rebaja debería ser al menos de un 25 % y debería ser extensible a Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales, Parlamentarios nacionales y autonómicos, Diputados Provinciales, Consejeros y Viceconsejeros autonómicos, asesores, cargos de confianza, Alcaldes, concejales, etc. Es decir, debería ser extensible a toda la clase política que es la que debe ejercer el liderazgo con ejemplaridad.
Y hay más sitios donde meter la tijera. Debería prohibirse el cobro de sueldos, indemnizaciones o dietas provenientes de distintas administraciones públicas o empresas. Y para ello debería ser incompatible el ejercicio de más de un cargo público. El Diputado nacional que lo sea, pero nada más que eso. Tener Alcaldes que simultanean su puesto municipal con un escaño autonómico o nacional constituye toda una anomalía democrática (en el legislativo y en el ejecutivo a la vez), como lo es el ejercicio de actividades particulares simultáneamente. En todo caso, habría que evitar que al sueldo de parlamentario o de alcalde se sumen otros ingresos como dietas, indemnizaciones o pensiones. Los políticos no pueden tener privilegios económicos respecto a sus electores y esto debería valer a la hora de medir los años de cotización para el cobro de una pensión. ¿Por qué a los Diputados les bastan 7 años de cotización mientras que el resto de los mortales han de llegar a los 35 años?
Contamos con 17 gobiernos autonómicos (unos 300 “ministrillos” regionales) además del Gobierno de la Nación. Recórtese por ahí también el gasto, suprímanse ministerios y consejerías y veremos el ahorro y el alivio inmediato en las cuentas públicas. A la drástica disminución de asesores, cargos de confianza y “ministrillos” acompañaría un inmensa reducción del gasto público, no sólo en sueldos, sino también en gastos de representación o en coches oficiales. Un dato lo ilustra: en España hay 7.000 coches oficiales (con sus conductores, gasolina, gastos de mantenimiento y de reposición), más que en los Estados Unidos. Otros datos ilustrativos: la Junta de Andalucía cuenta con 300 coches oficiales cuyo importe individual de compra ha sido superior a los 60.000.- € o el hecho de que la Xunta de Galicia gasta al día 2.500.- € en el mantenimiento de sus coches oficiales.
Es evidente que hay muchos sitios donde meter la tijera antes de tocar el bolsillo de los contribuyentes. Pero hacerlo requiere una casta política diferente, más sensible a los problemas de los ciudadanos y más comprometida con el bienestar social antes que con el propio. Las administraciones públicas, sea cual sea el color de quien las gobierna, se han convertido en un pesebre donde se alimentan los cuadros de los Partidos Políticos. Y esto tiene que cambiar. ¿Sacrificios? Los que haga falta, pero primero para la clase política. Si no dan ejemplo, no pueden pedir esfuerzo alguno a los ciudadanos. Y esto vale tanto para el Gobierno, como para la Oposición que tiene también su responsabilidad en muchas administraciones públicas.
Y todavía quedan más sitios donde meter la tijera.
¿Por qué los ciudadanos debemos apretarnos el cinturón y los políticos no?
El Gobierno español acaba de anunciar importantes recortes presupuestarios por valor de miles de millones de euros y estos recortes nos van a afectar a todos. El resultado de cómo Zapatero ha gestionado la crisis se resume en subida de impuestos y recortes sociales. Tal como venían actuando no se podía esperar otra cosa. La Unión Europea nos pone las pilas y los deberes: España debe recaudar más y gastar menos porque si no lo hace el déficit nos hundirá aún más. La gestión económica de la crisis por parte de Zapatero ha situado a España en el furgón de cola de las economías europeas y eso es indiscutible. Hay quién, después de 6 años de Gobierno socialista, culpa de la crisis a la coyuntura internacional y al modelo económico de nuestro país que fue heredado por este Gobierno. Y lo cierto es que siendo la crisis internacional hay países que están saliendo de ella mucho mejor que España (de cada 4 parados europeos 3 son españoles) porque han aplicado a tiempo políticas muy distintas a las desarrolladas en España, como también es cierto que en los cinco primeros años de gobierno socialista éste, no sólo no ha adoptado ni una sola medida para cambiar el modelo económico, sino que incluso, cuando se creaba empleo, se atribuía todo el mérito sin mencionar las presuntas debilidades de nuestro modelo de crecimiento.
Ahora nos dicen que hay que apretarse el cinturón y que hay que recortar los gastos. Y uno se pregunta y ¿por qué ahora y no hace dos años cuando se negaba la existencia de la crisis? ¿por qué se nos mintió mientras que en otros países se tomaban medidas contra la crisis? Lo más probable es que si hace dos o tres años se hubiesen adoptado medidas serias contra la crisis hoy estaríamos bastante mejor.
En todo caso es ahora cuando va a empezar la austeridad, el recorte presupuestario y ya nos anuncia el Gobierno que va a empezar por el suelo de los funcionarios. Pero ¿qué legitimidad tiene un gobierno y una oposición para exigir sacrificios a los ciudadanos cuando ellos mismos no están dispuestos a hacerlos? Si hacer demagogia la clase política, tan solidaria y corporativa en la defensa de sus privilegios, puede y debe hacer primero los sacrificios que después quiere imponer a los ciudadanos. Su ejemplo es vital para que pueda ejercer un liderazgo efectivo en una situación de crisis ante el conjunto de los ciudadanos.
No basta con recortar un 5% el sueldo a los funcionarios con la reiterada excusa de que ya son unos privilegiados por tener trabajo fijo. Por otra parte no deja de ser una medida injusta y regresiva recortar el 5% a los funcionarios. Debería aplicarse la progresividad (concepto fiscal recogido en la propia Constitución) y hacer un recorte según el grupo y nivel del funcionario. Es decir, recortar el suelo más a los que más ganan y menos a los que cobran menos.
Pero antes de llegar a eso la clase política (de izquierdas o de derechas, nacionalista o nacional) debe dar ejemplo y recortarse los suelos y suprimir miles de cargos de confianza.
Empezando por arriba. Sólo el Presidente del Gobierno cuenta con 640 asesore y cargos de confianza con unos sueldos medios de 40.000.- € anuales. ¿Son necesarios? ¿No hay entre los funcionarios públicos técnicos especializados para desarrollar esas funciones? Seguro que los hay y muy buenos. Pero no sólo el Gobierno de la Nación tiene asesores, también los tienen los gobiernos autonómicos, por ejemplo, la Generalitat Catalana cuenta con 249 asesores y cargos de confianza de los cuales 7 cobran 87.000.- € anuales, el Gobierno de Aragón cuenta con más de 150 asesores; y debajo de los Gobiernos autonómicos están las decenas de Diputaciones Provinciales que también tienes asesores y cargos de confianza, como la modesta Diputación de Almería con más de 45 asesores y cargos de confianza; y debajo de las diputaciones, los Ayuntamientos, con miles de asesores y cargos de confianza: sólo dos ejemplo, el Ayuntamiento de Arrecife 12 asesores (344.000.- € al año) o el Ayuntamiento de Jerez, 19 asesores y cargos de confianza (más de 1.000.000.- € al año). Sólo hay que pensar que en España hay más de 8.000 municipios para hacerse una idea de la magnitud del gasto público en asesores. ¿Es tan mala nuestra clase política que necesita tanto asesor? ¿Es tan mala nuestra clase funcionarial?
Y si nos piden austeridad nuestros políticos deben ser ellos los primeros en aplicarla y empezar por ellos mismos. Un recorte del 25 % de sus sueldos sería un buen ejemplo y más cuando se considera el tamaño de sus retribuciones. Contamos con 600 parlamentarios nacionales, con 1256 parlamentarios autonómicos, con varios miles de Diputados Provinciales, Alcaldes y concejales. Considerando que el sueldo de un parlamentario español oscila entre 3.000 y 15.000 euros mensuales, el de los Diputados autonómicos entre los 40.000 y 65.000 euros anuales y que hay más de 45 Alcaldes que cobran más de 50.000 euros anuales parece que hay margen de sobra para que se recorten el sueldo y que de esa manera nuestra clase política dé un claro ejemplo de sacrificio y austeridad a la ciudadanía.
Y aún queda mucho campo para hacer podas y recortes, pero no quiero ahora extenderme más.
Ahora nos dicen que hay que apretarse el cinturón y que hay que recortar los gastos. Y uno se pregunta y ¿por qué ahora y no hace dos años cuando se negaba la existencia de la crisis? ¿por qué se nos mintió mientras que en otros países se tomaban medidas contra la crisis? Lo más probable es que si hace dos o tres años se hubiesen adoptado medidas serias contra la crisis hoy estaríamos bastante mejor.
En todo caso es ahora cuando va a empezar la austeridad, el recorte presupuestario y ya nos anuncia el Gobierno que va a empezar por el suelo de los funcionarios. Pero ¿qué legitimidad tiene un gobierno y una oposición para exigir sacrificios a los ciudadanos cuando ellos mismos no están dispuestos a hacerlos? Si hacer demagogia la clase política, tan solidaria y corporativa en la defensa de sus privilegios, puede y debe hacer primero los sacrificios que después quiere imponer a los ciudadanos. Su ejemplo es vital para que pueda ejercer un liderazgo efectivo en una situación de crisis ante el conjunto de los ciudadanos.
No basta con recortar un 5% el sueldo a los funcionarios con la reiterada excusa de que ya son unos privilegiados por tener trabajo fijo. Por otra parte no deja de ser una medida injusta y regresiva recortar el 5% a los funcionarios. Debería aplicarse la progresividad (concepto fiscal recogido en la propia Constitución) y hacer un recorte según el grupo y nivel del funcionario. Es decir, recortar el suelo más a los que más ganan y menos a los que cobran menos.
Pero antes de llegar a eso la clase política (de izquierdas o de derechas, nacionalista o nacional) debe dar ejemplo y recortarse los suelos y suprimir miles de cargos de confianza.
Empezando por arriba. Sólo el Presidente del Gobierno cuenta con 640 asesore y cargos de confianza con unos sueldos medios de 40.000.- € anuales. ¿Son necesarios? ¿No hay entre los funcionarios públicos técnicos especializados para desarrollar esas funciones? Seguro que los hay y muy buenos. Pero no sólo el Gobierno de la Nación tiene asesores, también los tienen los gobiernos autonómicos, por ejemplo, la Generalitat Catalana cuenta con 249 asesores y cargos de confianza de los cuales 7 cobran 87.000.- € anuales, el Gobierno de Aragón cuenta con más de 150 asesores; y debajo de los Gobiernos autonómicos están las decenas de Diputaciones Provinciales que también tienes asesores y cargos de confianza, como la modesta Diputación de Almería con más de 45 asesores y cargos de confianza; y debajo de las diputaciones, los Ayuntamientos, con miles de asesores y cargos de confianza: sólo dos ejemplo, el Ayuntamiento de Arrecife 12 asesores (344.000.- € al año) o el Ayuntamiento de Jerez, 19 asesores y cargos de confianza (más de 1.000.000.- € al año). Sólo hay que pensar que en España hay más de 8.000 municipios para hacerse una idea de la magnitud del gasto público en asesores. ¿Es tan mala nuestra clase política que necesita tanto asesor? ¿Es tan mala nuestra clase funcionarial?
Y si nos piden austeridad nuestros políticos deben ser ellos los primeros en aplicarla y empezar por ellos mismos. Un recorte del 25 % de sus sueldos sería un buen ejemplo y más cuando se considera el tamaño de sus retribuciones. Contamos con 600 parlamentarios nacionales, con 1256 parlamentarios autonómicos, con varios miles de Diputados Provinciales, Alcaldes y concejales. Considerando que el sueldo de un parlamentario español oscila entre 3.000 y 15.000 euros mensuales, el de los Diputados autonómicos entre los 40.000 y 65.000 euros anuales y que hay más de 45 Alcaldes que cobran más de 50.000 euros anuales parece que hay margen de sobra para que se recorten el sueldo y que de esa manera nuestra clase política dé un claro ejemplo de sacrificio y austeridad a la ciudadanía.
Y aún queda mucho campo para hacer podas y recortes, pero no quiero ahora extenderme más.
Inicio.
Hoy he decidido empezar a escribir aqui para dejar constancia de muchos recuerdos, ideas y reflexiones tanto sobre mi vida, como sobre lo que ocurre en nuestra sociedad. Es quizás una forma de desahogarse o de reflejar y plasmar por escrito parte de lo que siento y percibo a diario. Me doy por satisfecho con que tan solo una mínima parte de lo que aqui se refleje pueda serle útil a alguien. Y espero también poder aprender mucho de quienes se animen a dejarme sus ideas y comentarios. Un saludo a todos.
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