Las "apuntaladas" elecciones del PP de la ciudad de Alicante.

Reproduzco aquí la información publicada el 31 de octubre de 2013 en el Diario El Mundo, edición de Alicante, en el que se pone de manifiesto lo que algunos veníamos vaticinando y denunciando: que las elecciones internas del PP de la ciudad de Alicante son un fraude político y democrático, un montaje para que en el fondo nada cambie, para que el partido en el ciudad siga controlado, es decir, muerto e inactivo, por la Alcaldesa, Sonia Castedo, y sus peones - concejales, bien directamente o a través de parientes. Una vez más, el nepotismo, el amiguismo y la sumisión servirán para que la regeneración democrática se una simple utopía. El Presidente Provincial, Ciscar, y su Secretario, Zaplana, han liquidado cualquier posibilidad de celebrar unas elecciones modélicas, limpias y transparente. No les interesa un Partido Popular en Alicante fuerte y renovado que pueda poner en evidencia sus sucios y caducos hábitos políticos. Al que sobra lo eliminan y punto.

Ciscar liquida la regeneración del PP.

La dirección provincial popular de Alicante acaba de convocar las elecciones internas a la Presidencia de las recientemente creadas cinco Juntas de Distrito de la ciudad de Alicante. Con ello se pretende culminar un proceso electoral desarrollado de espaldas a los afiliados e iniciado hace más de un año con la supresión ilegal de la Junta Local de la ciudad de Alicante que se ha saldado, entre otras cosas, con la expulsión de quienes lo hemos venido cuestionando. No se trata de un asunto menor, tras ese cambio de estructura organizativa del Partido Popular de la ciudad de Alicante se esconden importantes cuestiones de fondo que tienen que ver con la democracia interna y con la regeneración democrática de un partido profundamente necesitado de las mismas.

Los ilustres vecinos de Teulada y San Vicente, Sres. Ciscar y Zaplana respectivamente, decidieron que los afiliados de la ciudad de Alicante ni siquiera debían opinar sobre cómo se debía organizar el partido en la ciudad y acordaron suprimir la Junta Local de la ciudad, sustituirla por cinco Juntas de Distrito e inventarse un nuevo órgano, el Consejo de Dirección, coordinado por la Alcaldesa de Alicante. Es decir, que los afiliados alicantinos pasarían a ser afiliados de segunda comparados con los de las demás localidades de la Provincia. Y ¿por qué han retorcido de esta manera los propios Estatutos del PP creando este engendro? ¿Por qué este fraude político y electoral? Pues hay varias razones.

De todos es conocido que la Junta Local del PP no funcionaba desde hace muchos años y que la democracia interna brillaba por su ausencia como lo demuestra el hecho de que no se celebrasen elecciones internas desde hace 8 años o que los afiliados careciesen de cauces de participación. La inexistente organización local solo era unas siglas, un coto cerrado de reparto de puestos y prebendas entre grupos y “familias”. La nueva dirección provincial, en lugar de optar por abrir un proceso electoral limpio, abierto, transparente y participativo, optó por cortar el paso a cualquier alternativa interna regeneradora nacida de las bases con el fin de seguir controlando el dinero de los militantes alicantinos, de impedir que el PP alicantino pudiera resurgir fuerte y renovado haciendo sombra al provincial y, sobre todo, de controlar a la militancia para perpetuar los viejos hábitos. Pero, conseguidos estos objetivos, existe uno aún más importante y que tiene que ver con la famosa línea roja trazada por el Presidente Fabra según la cual ningún político imputado puede optar a cargos orgánicos del PP. Nada impide estatutariamente que Sonia Castedo, pese a estar imputada por diversos delitos, pudiera optar a presidir el PP de la ciudad. Hoy por hoy, ella goza de toda la presunción de inocencia y no tiene limitados sus derechos políticos. Lo impide una directriz, no una norma, del Presidente Fabra que pocos se atreven a cuestionar públicamente, pero que José Ciscar y su equipo han decidido sortear para conseguir que, sin ser elegida por los afiliados, Sonia Castedo se sitúe en la cúpula de los PP’s de la ciudad de Alicante.

Para lograrlo se han inventado un Consejo de Dirección de los cinco distritos que será coordinado casualmente por quien ostente la Alcaldía de Alicante, o sea, Sonia Castedo. Confunden así el partido con el Ayuntamiento, resucitando prácticas totalitarias, sacrifican los derechos políticos de los afiliados a la situación procesal de la Alcaldesa y propinan una sonora bofetada a las directrices del Presidente Fabra, a la democracia interna y a la imprescindible regeneración democrática de una organización cuyos sacrificados militantes no se merecen tanto desprecio y manipulación como la que están haciendo gala algunos dirigentes provinciales. Ahora se comprende que el Secretario Provincial presidiera una cena de homenaje a la Alcaldesa tras ser imputada, que se reuniera con ella para “apuntalar” el proceso electoral interno, que se haya perseguido a los militantes que han reivindicado más ejemplaridad, más honradez y más democracia y que el Presidente Provincial, José Ciscar, declarase el 1 de octubre que Sonia Castedo seguía siendo la mejor candidata popular a la Alcaldía de Alicante. Con dirigentes así, el PP alicantino no necesita adversarios. Algunos recogerán muy pronto lo que están sembrando y desgraciadamente lo veremos en las urnas.

Santiago de Munck Loyola

Presidente del Foro Esperanza Popular

– Movimiento de Bases de Alicante.

Las elecciones en el PP de Alicante en manos del Juez (El Mundo Alicante 30-10-2013).

Admitida a trámite la demanda por incumplimiento de Estatutos contra el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Alicante.

29-X-2013

NOTA DE PRENSA.

El 25 de octubre de 2013, el Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante ha dictado un Decreto mediante el cual admite a trámite la demanda presentada por varios afiliados del Partido Popular de Alicante, miembros todos de la Asociación Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases, contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por la adopción del acuerdo de supresión del la Junta Local del PP de la ciudad de Alicante y la creación de Juntas de Distrito vulnerando los Estatutos Nacionales del Partido Popular. Igualmente, en la demanda presentada, cuya documentación adjunta también ha sido admitida, los militantes populares solicitan del juzgado que anule dichos acuerdos, que declara contraria a derecho las actuaciones del Secretario Provincial usurpando funciones estatutarias y que se suspenda cautelarmente la celebración de elecciones internas hasta que no sea dilucidada la legalidad de las actuaciones del Comité Ejecutivo Popular.

A este respecto, Santiago de Munck, uno de los demandantes ha señalado que “resulta lamentable que ante las continuas vulneraciones de los derechos de los afiliados tutelados por la Ley de Partidos Políticos y por los propios Estatutos del PP, los afiliados tengan que acudir a la Justicia a causa de la pasividad, cuando no complicidad, de los órganos internos que deberían garantizar y tutelar esos derechos vulnerados por la Dirección Provincial de Alicante. Seguramente no será ésta la última demanda porque otras vulneraciones, como la negativa a de la Dirección Provincial a rendir y a mostrar la contabilidad a los afiliados o a librar certificaciones de los acuerdos que adopta también deberán ser depuradas ante la Justicia”.

Va siendo hora de decir ¡ya está bien!

Hoy nadie puede negar que el número de ciudadanos que considera a los políticos y a los partidos políticos como un problema sigue creciendo. La desafección ciudadana, la desconfianza hacia la clase política sigue creciendo día a día y lamentablemente se traducirá, lo veremos pronto, en un incremento de la abstención en la próxima convocatoria electoral. La profunda recesión a la que nos ha conducido la clase dirigente española y los numerosos casos de corrupción que inundan los titulares de los medios de comunicación se asocian inevitablemente con los políticos, con los partidos políticos y con las propias instituciones. Y del mismo modo que es peligroso e injusto generalizar estas percepciones y meter a todos en el mismo saco también puede ser muy peligroso ignorar estos síntomas, confiar en que una aún lejana recuperación económica borrará estos recuerdos y no atajar las causas de fondo que originan este malestar ciudadano. Nuestro sistema está enfermo y así lo indica la fiebre, la desafección ciudadana, que poco a poco va aumentando. Si el paciente no obtiene un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado es imposible prever hacia donde evolucionará.

Somos los ciudadanos, cada uno de nosotros, los responsables de hacer que las cosas cambien, de que la política recupere el noble sentido y la alta finalidad que le corresponde y de que, en consecuencia, nuestra sociedad recupere el vigor y la energía suficiente para ofrecer un futuro mejor a sus integrantes. Los ciudadanos no podemos quedarnos con la sensación de que todo da igual, de que no hay nada que hacer, de que todos son iguales y de que lo único que sirve es el “sálvese el que pueda”. La resignación, la sensación de impotencia o la indiferencia sólo sirven para que nada cambie, para avalar cualquier desmán, para que sigan los mismos, bajo unas siglas u otras, usurpando el noble concepto de la política y del servicio público como coartada de sus intereses particulares. La desafección y la desconfianza hacia esta clase dirigente política, económica o sindical no deben servir para alejarnos a los ciudadanos del objetivo de trabajar para transformar y mejorar nuestra sociedad, nuestro entorno más próximo. Todo lo contrario, podemos y debemos cambiar las cosas porque siempre hay alternativas, hay muchas y distintas maneras de hacer las cosas. En muchas ocasiones hemos escuchado de uno y otro lado que no había alternativas económicas, que solo había un camino para salir de una u otra crisis y la experiencia nos ha demostrado, una y otra vez, que era falso. Han terminado por convertir a la Política en la esclava de la economía y de tanto señalarnos con el dedo el PIB o la prima de riesgo no vemos la ruina de nuestro vecino o el deterioro de nuestro Centro de Salud. La macroeconomía ha eclipsado a la microeconomía y la contabilidad nacional a las personas.

Va siendo hora de que los ciudadanos, además de indignarnos, además de desconfiar de una clase dirigente que no ha sabido estar a la altura de las circunstancia y que no está dispuesta a perder sus privilegios, digamos ¡ya está bien! y actuemos. No bastan los lamentos, si queremos que las cosas cambien de verdad tenemos que actuar y hacerlo de la única forma posible en democracia, denunciando públicamente las injusticias, los abusos, los incumplimientos electorales y promoviendo y apoyando toda iniciativa encaminada a regenerar un sistema político que paulatinamente se ha ido alejando de los problemas de los ciudadanos y poniéndose al servicio de una casta endogámica que vive instalada en sus privilegios. Los ciudadanos debemos tener un papel protagonista auténtico que suponga algo más que el simple hecho de depositar una papeleta en la urna cada cuatro años y después, si te he visto no me acuerdo. Los ciudadanos debemos estar para algo más que para pagar impuestos sin que nadie responda del buen o mal uso que hagan de nuestro dinero. Los ciudadanos debemos estar para algo más que para tragarnos unas listas electorales cerradas y bloqueadas sin poder apartar de ellas a los enchufados, incompetentes o corruptos. Los ciudadanos debemos estar para algo más que para subvencionar a unos partidos políticos impermeables a la participación ciudadana y al diálogo social.

Hoy más que nunca el ciudadano no está sólo; podemos interactuar en las redes, movilizarnos y exigir y promover la transformación de un sistema que, a todas luces, no está sirviendo para mejorar la vida y solucionar los problemas que se acumulan. Lamentablemente hoy la política, en muchos lugares, está secuestrada por algunos profesionales de la política, que no por políticos profesionales, por vividores sin principios ni ideales que han encontrado en ella un lugar idóneo para sobrevivir pese a su incompetencia. Va siendo hora de decir ¡ya está bien! de recuperar principios, valores e ideales, de situarlos al frente de la actividad pública y de convertirlos en los motores de la transformación social.

Santiago de Munck Loyola.

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Carta abierta a D. Felipe del Baño.

Sr. del Baño:

Pocas veces en mi vida política, y mire que llevo años en esto, me he tropezado en el Partido Popular con un individuo como usted. No alcanzo a comprender las razones ni las cualidades o méritos que deben adornarle para que alguien así haya podido llegar a ser Diputado en las Cortes Valencianas o a Presidente Local del Partido Popular. Ha actuado usted como instructor (acusador) en el expediente disciplinario que se me ha incoado por presuntas infracciones de los Estatutos del Partido Popular y que ha desembocado con su propuesta para expulsarme, ratificada por el Comité Regional de Derechos y Garantías del PPCV.

Como tantos otros militantes he trabajado durante muchos años para contribuir al crecimiento de este Partido y para hacer de él una gran organización al servicio de la sociedad española. Y lo he hecho por un compromiso personal con unos principios y unos ideales que lamentablemente gente como usted ensucian con su proceder. Tras 32 años de militancia en el Partido Popular con lealtad absoluta y un enorme sacrificio personal y familiar, resulta que aparece un tipo con su catadura moral a enjuiciarme y a pedir mi expulsión. ¿El motivo? Pedir más democracia interna y más participación de los militantes en el Partido, pedir más honradez y ejemplaridad entre los cargos públicos, reivindicar la necesidad de impulsar la regeneración democrática, tal y como lo hacen muchos de nuestros líderes. Y se lo voy a decir claramente: usted no tiene ni vergüenza ni el más mínimo atisbo de decencia política. Bueno, ni usted ni el resto de los miembros del citado Comité. Hay que tener unas tragaderas muy, pero que muy grandes, y usted ha dado buenas muestras de ello, para actuar como la ha hecho usted, como un vulgar sicario presto a ejecutar cualquier orden por inmoral que sea con tal de complacer a sus superiores a los que, al parecer, tanto debe. Eso sí, debo reconocer que sintoniza usted perfectamente con algunos de los dirigentes provinciales de Alicante, los que le han utilizado para tan repugnante encargo.

A pesar de que para actuar como instructor en un procedimiento disciplinario es preciso ser licenciado o graduado en derecho, de la tosquedad jurídica de sus escritos, Sr. del Baño, es imposible deducir que reúna usted tal condición. El escrito de acusación por usted perpetrado constituye un fantástico relato de hechos inconexos construido con la única finalidad, no de averiguar la verdad que a usted le resbala, sino de justificar y dar cumplimiento de una sentencia ya anunciada en los periódicos antes, incluso, de iniciar el procedimiento: la expulsión. Fíjese, Sr. del Baño, que hasta para cuidar las formas en la Cuba de Castro son más diligentes que usted y sus conmilitones. Podría desgranar durante páginas cada una de las falsedades, de las incoherencias o de las burdas manipulaciones de su escrito de acusación, tal y como hice en mi escrito de alegaciones que, al parecer, usted no ha leído o bien no ha entendido, pero no voy a perder el tiempo con ello. Tiene usted la sensibilidad jurídica de un mejillón. Y que me perdonen los mejillones.

Sr. del Baño, no sólo es usted un indigno sicario político y el prototipo de los fiscales de la antigua Unión Soviética, es, además, un gran hipócrita. Usted, que se permite el lujo de atribuirme nada menos que el deseo de dañar intencionadamente a mi partido, carece de la más mínima legitimidad moral y política para acusar a nadie de incumplir los Estatutos del Partido Popular. Según una certificación expedida por el Ayuntamiento de San Antonio de Benageber, usted el pasado 26 de septiembre vulneró esos mismos Estatutos, cometiendo una infracción muy grave de los mismos, al votar en su Ayuntamiento en contra de una Moción del Grupo Popular, grupo al que se supone que usted pertenece, y lo hizo porque esa Moción dejaba en evidencia que usted, a pesar de que se supone que posee conocimientos jurídicos, realizó, a sabiendas, contrataciones innecesarias, según el propio Ayuntamiento, por un importe cercano a los 50.000 euros y lo hizo usando su sucio dedo y prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, vulnerando de paso el Código Ético del Partido Popular. ¿Cómo puede alguien que actúa así tener la poca vergüenza y la mucha cara dura de acusar a nadie de nada? Ahora se puede comprender su aversión e inquina hacia quienes propugnamos la regeneración democrática y la honradez en el Partido Popular.

Si tuviese la más mínima vergüenza política usted habría dimitido ya. Y si los que han respaldado su repugnante propuesta de expulsión en ese Comité, en el que no existen garantías jurídicas para los derechos de los afiliados, la tuvieran ya le habrían expedientado. Me alegro sinceramente de que ya le hayan denunciado ante la fiscalía anticorrupción. Yo voy a hacerlo también.

Como ciudadano siento vergüenza de que alguien como usted pueda ser el prototipo del político del PPCV, vista su forma de proceder y del respaldo superior que la misma parece tener. Como ciudadano de esta Comunidad siento vergüenza de que los dirigentes del PPCV respalden actuaciones como la suya y simultáneamente persigan a quienes reclamamos más honradez, más democracia interna y más ejemplaridad. Confío en que al menos la Justicia haga realidad el dicho popular sobre la festividad de San Martín.

Con mi más absoluto desprecio.

Santiago de Munck Loyola

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La izquierdona irredenta y Estrasburgo.

La sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot ha suscitado toda clase de reacciones entre la opinión pública y entre los dirigentes políticos españoles. Frente a la generalizada indignación que supone el hecho de que en virtud de esta sentencia muchos asesinos múltiples, violadores y terroristas sanguinarios vayan a salir de las prisiones y de que, por tanto, les haya salido muy barato el daño que han causado a sus víctimas se han alzado algunas voces, cuando no complacientes, sí profundamente satisfechas con el resultado de la sentencia. Y no, no se trata de la evidente satisfacción y alegría del entorno etarra tanto en su vertiente legalizada por el Constitucional como en su vertiente ilegal y clandestina, sino también de una parte de la izquierda española, la izquierdona irredenta a la que le ha faltado tiempo para congratularse por una sentencia que consagra una profunda injusticia y que propina un doloroso golpe a las víctimas, a sus familiares y a las personas decentes de nuestro país.

Los portavoces del PNV han sido más prudentes que otros a la hora de valorar esta sentencia y han pedido moderación al entorno etarra y le han recordado que no tienen motivos de orgullo que exhibir. No hay que olvidar que aunque excepcionalmente también gente próxima al nacionalismo moderado vasco ha sufrido en alguna ocasión los zarpazos de la banda asesina, pero es inevitable recordar igualmente la famosa frase del Sr. Arzallus “unos sacuden el árbol y otros recogemos las nueces”, para entender esa calculada ambigüedad que siempre ha caracterizado al nacionalismo vasco en relación a la violencia etarra. Las reacciones del mundo proetarra han sido más o menos las esperadas: satisfacción, alegría y ausencia absoluta de arrepentimiento.

Pero en el ámbito de la izquierda, una vez más, se han puesto al descubierto los verdaderos rostros y simpatías de algunos. Llama poderosamente la atención, sobre todo al que no conozca la auténtica trayectoria ideológica de ese furgón escoba que es Izquierda Unida, cómo muchos de sus dirigentes se han apresurado a aplaudir la sentencia de Estrasburgo subrayando su papel defensor de los derechos humanos y su supuesto triunfo sobre el anormal funcionamiento, a su juicio, de nuestro Estado de Derecho. El Diputado de IU, Alberto Garzón, se apresuró a escribir en su twitter lo siguiente “Buena noticia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado la condena a España por violar los derechos en la Doctrina Parot”. Ni una palabra del Sr. Diputado respecto a las víctimas, ni una línea sobre los derechos humanos de las mismas. Claro que lo de su jefe de filas, el Sr. Llamazares, es también de nota. El diputado comunista pidió lo obvio que el Gobierno acatase el fallo de Estrasburgo y que no buscase subterfugios, como "retenciones ilegales", que pudieran llevar a futuras condenas de Europa. Según él, la decisión de Estrasburgo era “justa” y "ajustada a derecho" y avergüenza al Gobierno y a las instituciones españolas, como el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, quienes han sufrido un gran "varapalo". Don Gaspar parece no saber distinguir entre una decisión legal, ajustada a derecho, y una decisión justa, ajustada a los cánones éticos y morales imperantes en una sociedad occidental. Al igual que su colega Garzón, Llamazares tampoco dedicó ni un minuto a valorar el dolor de las víctimas, ni el alcance y significado de la palabra Justicia para ellas. Aunque a alguien le pueda sorprender esta actitud no es nueva en Izquierda Unida, viene de lejos. En esta formación siempre ha existido una fuerte tendencia a posicionarse de forma extraña en relación al terrorismo y a su represión. Posición, en cierto modo, antisistema que termina por separarles de las víctimas y a acercarles, en nombre de su peculiar interpretación de la defensa de los derechos humanos, a la coincidencia con los planteamientos, supuestamente antirepresivos, de los defensores de los violentos. En perfecta sintonía con esa tendencia, allí donde gobierna IU, como en el caso de Rivas-Vaciamadrid, se emplea dinero público y se ceden espacios públicos para la organización de conciertos en los que los amigos y cómplices de los violentos encuentran acomodo. En ese municipio, año tras año, IU de Rivas abre las puertas del municipio a Fermín Muguruza, a Berri Txarrak, a Banda Bassotti o Riot Propaganda… ¿por qué será? Es lo de siempre, el mismo maniqueísmo que la izquierdona emplea a la hora de condenar unos regímenes totalitarios porque son de derechas y de bendecir otros porque son de izquierdas es el empleado a la hora de defender los derechos humanos de las víctimas o de los verdugos.

Y si examinamos la reacción socialista ante el varapalo judicial a la dignidad, la memoria y la justicia para las víctimas resalta sobre todo el profundo cinismo de algunos de sus dirigentes. No hay ninguna duda de que la derogación de la Doctrina Parot fue negociada con la banda asesina, así como la legalización del brazo político de la basura etarra. Hoy tenemos a terroristas sentados y subvencionados en las instituciones democráticas y el fin de la Doctrina Parot, fin en el que ha participado un juez designado por el Zapaterismo, el Sr. López Guerra. Aquella negociación, caso Faisán incluido, se hizo siendo Ministro del Interior el Sr. Rubalcaba quien entonces debía saber y haber previsto lo ahora está diciendo en relación a este asunto, que la sentencia va a tener “consecuencias muy dolorosas para mucha gente” y que el Estado “tendrá que estar atento para evitar y paliar el sufrimiento de la gente”. ¡A buenas horas, mangas verdes! Pero, al margen de la repetida simpleza sobre la necesidad de acatar la sentencia ¿alguien ha escuchado a Rubalcaba pronunciarse a favor o en contra de la Doctrina Parot?

Entre la izquierdona irredenta y la pastelera parecen olvidar que la defensa de los derechos humanos pasa, en primer lugar, por los de quienes con el sacrificio de su propia vida han conseguido que unos y otros puedan hoy expresarse con absoluta libertad y en los términos en los que lo hacen. Parece que muchos olvidan el tremendo precio que muchos españoles han tenido que pagar por la libertad y la democracia para todos. Y es que la gratitud no es una virtud al alcance de todo el mundo.

Santiago de Munck Loyola

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El vómito de Estrasburgo.

Hoy ha sido un día triste y amargo no sólo para las víctimas del terrorismo, sino para todas las personas decentes de España. El fallo del Tribunal de Estrasburgo derogando la Doctrina Parot puede que sea el culmen de las más sofisticadas técnicas y elaboraciones intelectuales jurídicas en torno a la retroactividad o no en la aplicación de los beneficios penitenciarios a algunos sanguinarios delincuentes, pero es, sin lugar a dudas, una auténtica bazofia en cuanto a la defensa de la dignidad y la justicia de las víctimas y de sus derechos fundamentales que, digo yo, alguno tendrán también. La exquisita sensibilidad de tan altos magistrados hacia los derechos humanos de esta auténtica hija de puta, Inés del Río, contrasta con la burla y desprecio que este fallo supone para los 24 asesinados por ella y para los derechos humanos de sus familiares. Los jueces de Estrasburgo, entre los que se encuentra el Sr. López Guerra por designación de Zapatero y que ha votado a favor de este inmundo fallo, vienen a decir que, al final y en virtud de sus exquisitas disquisiciones, en España ha sido muy barato asesinar, que da lo mismo asesinar a 1 que a 24 ciudadanos y que esta tipeja ha pagado su deuda con la sociedad con un precio de menos de un año de cárcel por vida arrebatada.

Y como era de esperar, los de Sortu, legalizados por una también vomitiva sentencia de otra cuadrilla de magistrados (éstos nuestros, de la casa), tan contentos. Ningún regalo mejor para la rama política de la mafia etarra que está cómodamente instalada en las instituciones democráticas, sostenida con nuestros impuestos, gracias a la política del Sr. Zapatero. Nunca he llegado a comprender qué es lo que les debía el Sr. Zapatero para plegarse tanto a sus exigencias. Y la derogación de la Doctrina Parot parece que fue objeto de negociación entre el Gobierno socialista y la banda etarra, según se publicó en las actas incautadas a los terroristas. Pero no, no están solos los filoetarras en su alegría, están acompañados por la honda satisfacción que por el fallo han expresado los cabecillas comunistas de IU, por la incomprensible comprensión de algunos dirigentes socialistas y por la indisimulada “recogida de nueces” de los nacionalistas del PNV.

Siempre se ha subrayado como uno de los grandes hitos de la civilización humana la creación del derecho penal, la superación de la venganza privada ante los crímenes y la entrega de la satisfacción de los daños y de las ofensas a un ente superior, al estado como único depositario del monopolio de la justicia y, por tanto, de la imposición de penas con el doble fin de castigar al culpable y de satisfacer a la víctima. Si el Estado no es capaz de articular los mecanismos legales necesarios para hacer justicia, para satisfacer a las víctimas y castigar al delincuente ¿qué puede entonces garantizar la paz social? ¿Cómo podrán las víctimas satisfacer su derecho a la Justicia?

Defensa de los derechos humanos, sí, por supuesto, pero en primer lugar los derechos humanos de las víctimas, no de los verdugos. Y los primeros derechos humanos que han sido vulnerados y además de forma irremediable son los de las víctimas, los derechos humanos de centenares de españoles asesinados de forma cobarde y rastrera por una banda de cobardes y fanáticos, jaleados y aplaudidos por muchos otros desaprensivos durante décadas. Nadie podrá devolver a la vida a tanta víctima inocente, nada podrá consolar su sus familias y amigos por tanto dolor sin sentido pero carece de la más mínima lógica que los verdugos paguen tan bajo precio por tanto daño. No tiene sentido alguno que salgan a la calle asesinos que no se han arrepentido, que no han colaborado en el esclarecimiento de decenas de asesinatos, que se jactan de su inmundo pasado y que no pierden ocasión para seguir causando humillación y dolor a las familias de las víctimas. Si algo es evidente es que la reinserción social ha cosechado un clamoroso fracaso con la mayoría de esos delincuentes. Y junto a la cuadrilla de terroristas veremos, desgraciadamente, cómo se irán excarcelando a muchos otros delincuentes culpables de crímenes horrendos. Estrasburgo ha dejado indefensa y humillada a la gente de bien.

Y si no queda más remedio que acatar esta decisión, que, al menos, el Gobierno y la Justicia pongan en juego todos los mecanismos disponibles y todos los recursos legales para entorpecer al máximo la salida de las cárceles de esta escoria, que se persiga de forma implacable cualquier homenaje o exaltación de la excarcelación de la misma, que paguen hasta el último céntimo de las indemnizaciones a las víctimas y, puestos a ello, que los Ayuntamientos con un mínimo de dignidad empiecen a declarar personas non gratas a los magistrados coautores de esta indigna sentencia.

Santiago de Munck Loyola

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Esperanza ciudadana también para Alicante.

El jueves pasado se produjo un evento político de la máxima trascendencia y que influirá, sin lugar a dudas, en el desarrollo del panorama político de los próximos años. Se trata de la presentación de la plataforma Movimiento Ciudadano, impulsada fundamentalmente por Albert Rivera, Antonio Asunción y Juan Carlos Girauta, que dio a conocer su Manifiesto en el que se proponen profundas reformas para España. Se trata, según manifestaron, de devolver el protagonismo a los ciudadanos frente al inmovilismo de los grandes partidos políticos y de acabar de una vez con las tradicionales divisiones entre “las dos Españas” o con las “luchas identitarias” y territoriales.

Movimiento Ciudadano ha hecho público un Manifiesto e invita a todos los ciudadanos a firmarlo (http://movciudadano.es/).  En dicho documento se expresa el deseo de cambios para lograr que "España sea lo que quieren los españoles". Se señala que las graves crisis que atravesamos no pueden ser solucionadas mediante actitudes inmovilistas seguidas por unos partidos incapaces de abrirse a la sociedad y al ciudadano que exige, cada día más, el protagonismo que le pertenece. No es posible abordar la solución de los problemas que afectan al conjunto de la sociedad si los actores que han de abordarlos no solucionan previamente sus propios problemas, es decir, si los partidos políticos no se regeneran, algo que desde estas mismas líneas se ha venido sosteniendo con insistencia. Hace falta más democracia para resolver los problemas que afectan a la democracia. 

Así en el Manifiesto se señala que “son objetivos urgentes: democratizar los partidos políticos, abrirlos a la sociedad, someterlos al principio del mérito, hacerlos transparentes e implacables con la corrupción, generalizar el mecanismo de las elecciones primarias; conseguir un sistema de representación que devuelva el poder a los ciudadanos, pudiendo los representados escoger a partidos y también, directamente, a sus representantes a través de listas abiertas, de acuerdo con una ley electoral justa y proporcional; asegurar una efectiva división de poderes, alejando a los partidos del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de los órganos reguladores y de supervisión del sector financiero y de los medios de comunicación; reformar las administraciones públicas poniéndolas realmente al servicio de los ciudadanos y las empresas, asegurando los servicios públicos esenciales y suprimiendo burocracias y duplicidades”. Propuestas todas ellas formuladas desde hace tiempo desde el Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases y que han merecido el rechazo y el castigo del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, sin ir más lejos.

En su presentación, Albert Rivera, señaló que ante la situación de crisis y de desconfianza hacia los políticos y las políticas inmovilistas, es necesario pasar a la ilusión y a la acción cuidando de la Constitución y el Estado de bienestar. Es cierto que en este acto de presentación, los intervinientes expresaron que la Plataforma no es un partido político, pero tampoco descartaron que pueda llegar a serlo en un futuro no muy lejano.

No son pocos los ciudadanos que en toda España se sienten huérfanos, políticamente hablando, ante la ausencia de un partido político que enarbole sin complejos su españolidad y, consecuentemente, una política integradora, su compromiso regenerador de la propia democracia y de sus agentes políticos y su defensa del protagonismo del ciudadano y del Estado de Bienestar. Y esa orfandad se constata perfectamente en todas y cada una de las encuestas que se van publicando. La fidelidad electoral hacia los dos grandes se va derrumbando y la que se mantiene no lo es tanto por convicción, como por temor al adversario o por voto útil. Y Alicante no es una excepción. Hoy más que nunca, ante una izquierda fragmentada, rota, enfrentada, sin proyectos ni liderazgos y un centro derecha salpicado por la corrupción, anquilosado en los resortes del poder, sin renovación interna, impermeable a las demandas de mayor participación democrática y enemigo declarado de cualquier movimiento regenerador, Alicante necesita  un movimiento cargado de ilusión, de proyectos renovadores nacidos de la ciudadanía, capaz de sumar fuerzas e ideas para devolver a nuestra ciudad la dignidad, el impulso, el esplendor y el brillo que entre unos y otros le han arrebatado.

Santiago de Munck Loyola

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La contabilidad oculta del PP de Alicante.

Parece que lo que  hasta ahora era un insistente rumor se empieza a confirmar: la Agencia Tributaria, es decir el propio Ministerio de Hacienda, considera en dos informes remitidos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se financió irregularmente y cometió fraude en el pago del IVA, como colaborador, durante los años 2007 y 2008, por servicios realizados y no facturados por la sociedad de la trama Gürtel Orange Market. Según estos informes, insisto, del Ministerio de Hacienda, el dinero negro con el que se financiaron sobre todo actos electorales del PPCV asciende a 2.960.000 euros en 2007 y a 405.450 euros en 2008. Y, por tanto, el fraude en el pago de IVA cometido por Orange Market, con la necesaria colaboración del PPCV, en 2007 fue de 473.000 euros, es decir, un delito fiscal. Y el fraude en 2008 fue de 64.800 euros y, por tanto, una infracción administrativa.

No estamos hablando de especulaciones, de rumores o de infundadas acusaciones de la desnortada oposición, sino de informes elaborados por los inspectores de la Agencia Tributaria, del propio Ministerio de Hacienda. Tanto el Secretario General del PPCV, Serafin Castellano, como la Alcaldesa de Valencia se han limitado a señalar que las cuentas del PP están auditadas. ¡Faltaría más! Están auditadas las cuentas que se declaran, pero no, evidentemente, las que no se declaran, las que se ocultan, como ocurre en el caso de cualquier doble contabilidad. Por su parte, el Presidente de la Generalitat Valenciana y máximo responsable del PPCV, Alberto Fabra, negó rotundamente ayer que el Partido Popular en su comunidad funcione con una contabilidad B, añadiendo que “no tenemos nada que esconder”.

Pues bien, hay que hacer dos precisiones, puede ser que ahora no se funcione en el PPCV con una contabilidad B, pero eso no significa que en el pasado, tal y como informa la Agencia Tributaria, haya sido así. Y la segunda precisión se refiere a la afirmación de que “no tenemos nada que esconder”. O el Presidente Fabra miente o está equivocado porque alguien le está engañando. En Alicante sí que tienen algo que esconder y los Sres. Ciscar, J.J. Zaplana y Julio de España lo esconden. Y lo esconden a los propios afiliados del Partido Popular y a quienes legalmente tienen que fiscalizar las cuentas del Partido Popular de Alicante.

Es un hecho reconocido, que además ha obligado a Génova a intervenir directamente que en la Provincia de Alicante, que el Partido Popular en muchos pueblos ha eludido el control del Tribunal de Cuentas creando asociaciones fantasmas a través de las cuales canalizaba sus gastos e ingresos. Esta situación que se arrastraba desde hace años ha sido también consentida por la actual Dirección Provincial de Alicante y buena prueba de ello es que no ha adoptado ni una sola sanción, ni una sola medida contra los responsables de estas prácticas ilegales y contrarias a los Estatutos del Partido Popular.

Por el contrario, lo que sí ha hecho el Secretario Provincial J.J. Zaplana es impulsar la expulsión de los afiliados que promovemos la honradez y la regeneración en el Partido Popular y que desde el pasado mes de marzo le comunicamos reiteradamente por escrito la existencia de posibles irregularidades en las cuentas de la campaña electoral de 2007 del PP de la ciudad de Alicante, de posibles deudas electorales impagadas, del incumplimiento de las normas presupuestarias recogidas en los Estatutos del PP y nuestro deseo, al amparo de lo establecido en la legislación vigente, de proceder al examen de la contabilidad del partido local. La negativa de los dirigentes provinciales a rendir cuentas ante los afiliados es, además de ilegal, cuando menos sospechosa y, desde luego, contradice sin lugar a dudas la afirmación del Presidente Fabra de que no hay nada que esconder. Pues bien, Sr. Fabra, en Alicante todo indica que sí hay algo que esconder y que, de hecho, el Sr. Zaplana y demás dirigentes provinciales y locales lo esconden. Y si estos dirigentes creen que expulsando del partido a los que hemos pedido ver las cuentas se ha acabado el problema, se equivocan. Más afiliados van a pedir lo mismo: examinar las cuentas del PP, de las campañas electorales y poder así o bien despejar sus dudas o confirmarlas. Van a tener que expulsar a muchos más para poder seguir ocultando la contabilidad. Para que luego digan que no hace falta ninguna regeneración democrática.

Santiago de Munck Loyola

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Hoy, sin comentarios.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Hoy no escribiré sobre tanta indignidad y miseria política como la que deambula en las altas esferas provinciales del Partido Popular de Alicante y en el Comité de supuestos Derechos y Garantías del PPCV, reservándome para los próximos días.

Santiago de Munck Loyola

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Lo que Fabra quiere y lo que en Alicante hacen algunos.

“Quiero un PPCV digno, honesto, honrado y que mire a los ojos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”, manifestó ayer en Biar el Presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, en un almuerzo de trabajo con más de 150 alcaldes, portavoces y militantes del PP de la comarca del Alto Vinalopó. Y un servidor también quiere lo mismo al igual que la inmensa mayoría de los militantes populares. Pero por quererlo y decirlo en público, ya que dentro del PP no hay foro alguno para ello, me quieren poner en la calle. No cabe ninguna duda de las intenciones y de los deseos del Presidente Fabra, son auténticos. Pero algo chirría en la maquinaria popular, algo no funciona e impide que la voluntad política, la dirección política de su líder se corresponda con los hechos, con la realidad de un partido que al menos en la Provincia de Alicante ni siquiera puede mirar a los ojos de sus propios militantes.

Mientras el Presidente Fabra lleva tiempo marcando una línea muy concreta da la sensación de que la dirección popular alicantina va por otro camino. Mal se compadecen las declaraciones del Presidente Fabra con el estilo chulesco y prepotente y las actuaciones de parte de la dirección provincial de Alicante. Hay varias hipótesis para intentar explicar esta incoherencia: o el Presidente Fabra está muy mal informado sobre la trayectoria popular en nuestra Provincia o su liderazgo es tan débil que no puede imponer sus objetivos políticos o que pasa olímpicamente de lo que aquí ocurre.

Resulta incompatible la voluntad del Presidente Fabra con el hecho de que el Secretario Provincial José Juan Zaplana, que por cierto estaba sentado a su lado en la mesa en Biar, participase en la mesa presidencial de las cenas de homenaje a cargos públicos imputados por la Justicia o que impulse la expulsión de los afiliados que pedimos democracia interna, que ni está ni se la espera, en el PP de la ciudad de Alicante, que reclamamos una regeneración democrática y que exigimos ejemplaridad a nuestros políticos. Resulta incoherente que el Presidente Fabra diga que quiere un PPCV digno, honesto y honrado mientras que el instructor de las expulsiones el inefable, D. Felipe del Baño, nos dice por escrito a través del Comité de Derechos y garantías del PPCV que no podemos pedir públicamente democracia interna, honradez o regeneración porque hacerlo es tanto como acusar al PP de todo lo contrario. Suena raro el deseo expresado por el Presidente Regional cuando se constata que durante muchos años el Partido Popular de Alicante, vulnerando los propios Estatutos del PP, ha consentido la existencia de asociaciones fantasmas en muchos municipios que gestionaban de forma paralela los fondos del PP con el fin de eludir el control del Tribunal de Cuentas y que ese hecho no se haya saldado con la apertura de ni un solo expediente disciplinario. Es contradictorio ese deseo con el hecho de que alguno de los máximos responsables provinciales siga en su puesto después de ir explicando a algunos afiliados cómo se monta una contabilidad paralela o con el hecho de que las direcciones local y provincial de Alicante se nieguen a informar a los afiliados de las cuentas del partido, vulnerando con ello la propia Ley de Partidos Políticos.

No se puede mirar a los ojos de los ciudadanos o de los militantes cuando en 2011 la dirección Provincial de Alicante, según los medios de comunicación, se gastó más de 35.000 euros en comidas y no se dan explicaciones, ni nadie asume responsabilidades. No se puede mirar ni tan siquiera a los ojos de los militantes o de los afiliados cuando los órganos directivos provinciales se saltan los Estatutos del Partido, cuando los órganos regionales encargados de hacerlos cumplir no se molestan ni tan siquiera en dar acuse de recibo de las denuncias interpuestas por los afiliados o cuando siguen tratando a los afiliados de la ciudad de Alicante como simples vasallos, obligados a pagar su cuota, a trabajar por el partido cuando así se les requiera mientras se les niega el derecho a decidir si quieren o no tener una Junta Local propia. No es posible sostener un discurso como éste mientras se consiente, se ampara o se ignora unos modos de proceder impropios de una organización política moderna, dialogante, participativa y democrática.

Hay muchas formas de hacer política pero, como ocurre en la vida diaria, las que se sustentan sólo en palabras y no en los hechos tienen un corto recorrido. Se acercan unas importantes elecciones y toca, como no, acordarse de los votantes y de los militantes. Ahora algunos se acuerdan de que los afiliados están para algo más que para pagar las cuotas. Hay que movilizar al partido dicen, o sea a los militantes de base, a los mismos que en la ciudad de Alicante, por ejemplo, llevan años y años ignorando. Cuando hay que decidir cosas importantes no, ya toman ellos las decisiones aunque carezcan de mandato congresual para ello, como cuando se “cepillaron” al PP de la ciudad de Alicante (no olvidemos que a la Provincial le viene de perlas el dinero de las cuotas de la ciudad para costear la sede de los provinciales). Por cierto, ¿pedirán ahora a los afiliados a los que no dejaron votar en las elecciones internas por no poder pagar la cuota que ejerzan de apoderados e interventores en las europeas?

Somos muchos los que deseamos un PPCV digno, honesto, honrado y que mire a los ojos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y a los propios militantes populares. Somos muchos los que compartimos ese deseo pero también nos damos cuenta de que hay quienes, quizá compartiendo el mismo deseo, lo arrincona y no están dispuestos a asumir la más mínima crítica interna e impiden con ello el imprescindible movimiento regenerador que necesita el PPCV. Son los advenedizos, los mercenarios de partido, los vividores de la política los menos interesados en que la renovación y el aire fresco inunden la organización. Son pocos, sí, pero tan estratégicamente situados que terminarán por frustrar cualquier esperanza que pueda impulsar el Presidente Fabra. Y en Alicante lo están consiguiendo.

Santiago de Munck Loyola

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