Otro éxito del PP alicantino: La imagen corrupta de Alicante lastra las nuevas inversiones.

El Diario El Mundo, en su edición de Alicante, publica hoy un interesante artículo que viene a ratificar lo que desde estas páginas se ha venido denunciando desde hace tiempo. La ciudad de Alicante es hoy, desgraciadamente, un referente de corrupción que perjudica claramente su desarrollo. Los culpables de esta situación no sólo están en el Ayuntamiento de la ciudad, están en parte del tejido social y empresarial que ha sido complaciente, cuando no colaborador necesario, y, sobre todo, están entre los dirigentes provinciales del Partido Popular, los Sres. Císcar y José Juan Zaplana, Presidente y Secretario General de esta formación política. Ambos han consentido y amparado esta situación, han protegido a los responsables y han asfixiado cualquier iniciativa interna dentro de su partido para promover la honradez y la regeneración política del mismo. No se puede decir más claro.

Santiago de Munck Loyola.

La imagen corrupta de Alicante lastra las nuevas inversiones.

• Los empresarios admiten que la dudosa reputación por los corrupción que afectan a la alcaldesa y su Gobierno dificultan la llegada de inversiones y dañan la 'marca Alicante'.

• Su principal promesa electoral ha quedado en nada. Lo dijo inmediatamente después de una atronadora victoria en las elecciones de mayo de 2011. Su objetivo era atraer inversiones a Alicante que generaran puestos de trabajo. Casi tres años y medio después, el loable propósito de la alcaldesa Sonia Castedo se desvanece. Su complicada situación judicial (está imputada en dos procesos casos Brugal y Rabasa), la coyuntura económica marcada por la recesión y la falta de iniciativas de su equipo, han cortocircuitado el rimbombante anuncio del éxtasis electoral.

  Las inversiones que tenían que llegar a la ciudad brillan por su ausencia. Apenas han venido industrias, no se desarrollan nuevos proyectos hoteleros ni inmobiliarios, el palacio de Congresos, tantas veces prometido, duerme el sueño de los justos, y las grandes empresas nacionales de servicios no se molestan en pujar por contratos municipales porque se piensa que el pescado está vendido a los empresarios cercanos al poder local (a la contrata local más jugosa, la recogida de basuras -425 millones por 12 años- sólo se presentó una empresa el año pasado, la participada por Enrique Ortiz, FCC y Cespa; ninguna más).

  Castedo lo apostó todo a la Volvo, evento en el que nunca creyó el ayuntamiento, y a Ikea. Éste era el proyecto de un mandato. En principio, la multinacional mantiene que abrirá en 2016 (lo hará gracias a la tramitación exprés que supone la Actuación Territorial Estratégica validada por el Consell). La llegada del gigante del mueble supondría unos 600 empleos, entre directos e indirectos. A Ikea le sigue gustando Alicante, pero ya reconoce que precisamente no les entusiasman las conversaciones conocidas en los últimos meses y que ponen al descubierto un supuesto trato de favor de Castedo hacia Ortiz (dueño de los terrenos en los que se asentaría la tienda), unos diálogos que han manchado el proyecto y han llenado de sospechas el ansiado aterrizaje de la compañía.

  Esa permanente sombra de duda que hay en Alicante es lo que preocupa al empresariado, cuando la capital va estar en el escaparate mundial por la salida de la Volvo Ocean Race. Varios empresarios de la ciudad consultados por este diario (que prefieren guardar el anonimato) sostienen que hacer negocios en Alicante ahora mismo, con el ambiente de corrupción que se respira a raíz de los continuos escándalos judiciales, «es más que difícil». «Para atraer dinero e inversiones, no es bueno que los políticos de la ciudad salgan todos los días en los papeles entre acusaciones de corrupción», como comenta un conocido promotor inmobiliario con más de 40 años en el sector.

  «Damos una imagen de caciquismo, al estilo de los mejores años del PRI en México, dando la sensación que aquí, el cotarro lo controlan cuatro, sobre todo en el mercado del suelo, donde algunos juegan con las cartas marcadas», asegura de forma vehemente otro promotor alicantino, que destaca que todo lo que sucede en Alicante y que está relacionado con la corrupción que afecta a los políticos, sobre todo la que atañe a Castedo, se sabe y se conoce fuera de Alicante, tanto en el resto de España como en el extranjero: «Eso genera desconfianza e inseguridad jurídica en el fondo, la imagen de Alicante está muy dañada», añade este empresario alicantino.

  Según el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, «existe una desconfianza generalizada que merma de forma alarmante el consumo y las inversiones externas. Ya nadie se fía de nadie y eso no es bueno para los negocios». Otro constructor mantiene que «la imagen de Alicante está manchada, y eso hay que erradicarlo». Este empresario agrega que «el dinero busca rentabilidad y tranquilidad, y si tiene miedo o piensa que su marca puede ser asociada a la corrupción, se va a otro sitio, así de simple», enfatiza.

  Por todo ello, los empresarios consultados coinciden en una cosa: es prioritaria una regeneración que devuelva la confianza y la credibilidad en las instituciones, un paso obligado para atraer inversiones. Pocos se quieren acercar a lo que huela a corrupto. Este miércoles, la influyente Asociación de la Empresa Familiar, celebra en Elche su entrega de premios a compañías de la provincia. La entidad se ha ido a la localidad vecina para no invitar a Sonia Castedo, evitando así una foto incómoda. Así está Alicante.
• http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/09/28/5427d29cca47419a2b8b4575.html
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José Ciscar y José Juan Zaplana deberían dimitir a la par que la Alcaldesa.

Poco o nada ha cambiado en la situación procesal de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, salvo el hecho que ha sido imputada en un nuevo caso, el asunto “Rabasa”, promovido por la acusación particular, Izquierda Unida. Poco o nada ha cambiado con respecto al año 2012 en su situación procesal porque su estatus sigue siendo el mismo, el de imputada. Al día de hoy ni está procesada por delito alguno ni, mucho menos, condenada. Y ya sabemos lo que en España significa estar imputado. Por cierto, hay que denunciar que el lento funcionamiento de la justicia que alarga durante años la instrucción de los casos y, con ello, las imputaciones constituye una burla a los derechos fundamentales y libertades públicas protegidos por la Constitución en el Artículo 24.

Y, de repente, como si una nueva imputación supusiera un cambio radical en el estatus judicial de la Alcaldesa se monta todo un espectáculo. Periódicos que durante años han omitido cualquier crítica o noticia adversa a la gestión de la Alcaldesa, ven la luz, se caen del caballo y empiezan a publicar noticias con todo lujo de detalles. Y en el PP se ponen muy nerviosos y empiezan a enseñar la puerta de salida a la Alcaldesa y a buscarle sustituto. ¿Tanto ha cambiado el asunto? Evidentemente no. Pero hay elecciones municipales dentro de 9 meses y el PP teme que los alicantinos le pasemos factura por haber convertido nuestra ciudad en un paradigma de la corrupción y del “chalaneo” político-empresarial. Y a esa circunstancia hay que añadir otra muy enraizada en lo más profundo de algunas personas. Los miserables suelen ser oportunistas. Suelen actuar como las aves carroñeras y se alimentan de los despojos. Dicho de otra forma, siempre hay gente dispuesta a hacer leña del árbol caído. Pero seamos serios. Muy poca gente y muy pocos medios de comunicación de Alicante que hoy andan despotricando se han atrevido en los últimos años a alzar su voz contra los abusos y la gestión de Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante. En el PP nadie, salvo dos personas y pagamos con la expulsión por ello, alzó la voz públicamente. Todos los concejales del PP, todos sin excepción desde Carlos Castillo hasta Luis Barcala, han permanecido callados como tumbas, han sido partícipes de una nefasta gestión municipal y han avalado con su presencia en el equipo de gobierno el desprestigio de nuestro Ayuntamiento. Y la dirección provincial del PP no sólo ha avalado estos años a la Alcaldesa sino que, además, conocida su primera imputación la promocionó concediéndole el mando sobre el desmembrado PP de la ciudad. No es posible olvidar que ante la corrupción no caben las medias tintas. O se denuncia o se transige y lo segundo, cuando se ostentan responsabilidades políticas, es complicidad.

Hay que decirlo alto y claro: si en 2012 Sonia Castedo podía, pese a estar imputada, seguir al frente de la Alcaldía y del PP con la bendición y protección de José Ciscar y de su mano derecha, José Juan Zaplana, hoy, en 2014, no debería existir ninguna razón objetiva para lo contrario. Y si ahora sus protectores, José Ciscar y José Juan Zaplana, han cambiado de criterio es que se equivocaron gravemente dañando a esta ciudad y si ahora entienden que la imputación no le permite seguir al frente del Ayuntamiento, son ellos dos los que también deben irse a casa, porque son ellos dos los responsables de que estando imputada haya permanecido durante dos años representando al PP y a los alicantinos en el Ayuntamiento. No lo harán con toda seguridad porque ambos personajes no se han distinguido nunca por su defensa de los valores y principios que deben animar el servicio a la ciudadanía, sino que se mueven por simples cálculos electoralistas.

Con todo, no hay que olvidar que Sonia Castedo goza de la presunción de inocencia y, al día de hoy, es inocente. Andar pidiendo su prisión preventiva es una majadería propia de ignorantes y de oportunistas sin escrúpulos. ¿Tendría que dimitir? Parece que sí. Tendría que haberlo hecho en 2012, porque está bajo sospecha judicial por múltiples causas, porque ha incumplido sistemáticamente el programa electoral por el que elegida y porque no ha representado a los alicantinos, tal y como evidencian las grabaciones difundidas, con la dignidad y altura que el cargo institucional y la representación de todos los alicantinos requería.

Santiago de Munck Loyola

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Ayuntamiento de Alicante: llueve sobre mojado.

Lo han vuelto a conseguir. La ciudad de Alicante vuelve a ser noticia en toda España gracias a los líos judiciales de su Alcaldesa, Sonia Castedo. Por segunda vez en menos de dos años, un juez vuelve a imputar a la Alcaldesa, en este caso el juez que instruye el 'Caso Rabasa', por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Y junta a ella ha imputado a su amigo, el autodenominado “la polla insaciable”,  el empresario Enrique Ortiz.

Nuestro Ayuntamiento vuelve a ser un referente nacional y no precisamente por la calidad de los servicios que presta, sino por las sospechas de corrupción que salpican a varios de sus más relevantes cargos públicos. Todo un logro labrado, paso a paso, desde hace muchos años y del que quedan muchas facetas por descubrir. El descrédito del Ayuntamiento de Alicante y de los cargos políticos que lo dirigen es absoluto y merece una condena sin paliativos. Al margen de las responsabilidades que los procedimientos judiciales en curso contra la alcaldesa y varios concejales populares terminen por determinar (hasta ahora todos son inocentes) lo cierto e innegable es que existe una clara responsabilidad política por haber deteriorado y arrastrado por el fango la imagen y el nombre del Ayuntamiento de Alicante. Y las cosas claras: la responsabilidad política de haber llegado hasta este punto de descrédito es exclusivamente del Partido Popular, de sus dirigentes que no sólo no han querido adoptar medidas para evitarlo, sino que además han sido encubridores políticos y protectores de esta escandalosa situación, y de sus afiliados que, salvo honrosas excepciones, han permanecido mudos, dóciles y sumisos ante esta desastrosa y repugnante forma de hacer política.

Hoy, en el Partido Popular andan muy preocupados con esta situación. Pero que no se engañe el lector, la preocupación no deriva de cuestiones éticas o de principios políticos, no. La preocupación deriva de un simple cálculo electoral. Están evaluando el daño en término de votos que toda esta situación les va a reportar en las próximas elecciones municipales. Y hoy existe esta preocupación porque cuando debían haber tomado medidas ejemplarizantes no sólo no las tomaron, sino que además reforzaron la posición política de la Alcaldesa.

Cuando hace casi dos años Sonia Castedo fue imputada por primera vez, los responsables del PP alicantino, José Ciscar y José Juan Zaplana, se alinearon con ella, asistiendo incluso el segundo a una cena de homenaje organizada con ocasión de la imputación. Pusieron en marcha los mecanismos para expulsar a los pocos afiliados que entonces reclamaron que la alcaldesa y cualquier otro concejal imputado fuesen apartados del Grupo Municipal Popular. Y fraccionaron al PP alicantino para poder sortear las normas internas que impedían que la Alcaldesa pudiera presidirlo y la nombraron Coordinadora de las fracciones resultantes. Es evidente que si entonces hubiesen actuado con firmeza, si entonces la hubiesen apartado del Grupo Popular (otra cosa no podían hacer porque el acta de concejal es de ella) hoy el panorama sería muy diferente y no estarían hablando de “buscarle una salida digna” o de encontrar un “recambio” que esquive el fatal pronóstico electoral que se anuncia para mayo.

José Císcar, José Juan Zaplana y todos los concejales del equipo de gobierno, cómplices con su silencio de toda esta situación, son los principales responsables de lo que está pasando. Han sido incompetentes, sectarios, complacientes y tolerantes con conductas inaceptables, encubridores políticos de una forma de gobernar “bananera” en el peor sentido de la expresión. Ahora andan como locos buscando una solución al problema que ellos mismos han creado pero no lo hacen porque crean en la regeneración política, no lo hacen por principios, lo hacen sólo por puro mercantilismo electoral. Y decidan lo que decidan, la solución que encuentren, el recambio que busquen nacerá viciado de origen porque, una vez más, lo harán sin contar con sus abnegados militantes cuya opinión les importa muy poco. Si los problemas judiciales de Sonia Castedo la incapacitan políticamente para seguir gobernando y tienen que “buscarle una salida digna” (o sea otro cargo público) ¿no la incapacitan para seguir cobrando de otro presupuesto público? La única salida digna es dejar la política y buscarse la vida como cualquier ciudadano. ¿Y el recambio? ¿Van a preguntar a los afiliados? ¿Va a salir de entre los miembros de un Equipo de Gobierno responsable de adjudicaciones escandalosas y corresponsable de la sucia imagen de nuestro Ayuntamiento?

Peor no se podía haber gestionado esta situación. Los José Ciscar, José Juan Zaplana, Sonia Castedo, Andrés Llorens, Marta García-Romeu, Juan Seva, Antonio Ardid, Miguel Valor, Carlos Castillo, María Ángeles Goitia, Sonia Alegría, Pablo Sandoval, Adrián Santos, Belén González, Oti García-Pertusa, Juan Zaragoza, Mariano Postigo, María del Carmen de España, Luis Barcala y Tomy Duarte han estafado políticamente a los ciudadanos de Alicante, han defraudado la confianza de los votantes y han abierto la puerta del gobierno de la ciudad a la izquierda alicantina. Lamentablemente lo comprobaremos en unos meses.

Santiago de Munck Loyola

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La regeneración democrática y los sucedáneos oportunistas.

Todo parece indicar que el Partido Popular ha puesto en el primer lugar de su agenda política la “regeneración democrática” o, mejor dicho, un sucedáneo de la “regeneración democrática”, una visión muy particular sobre esta idea. Ministros, algunos cargos públicos y dirigentes populares llevan varias semanas hablando de regeneración y bajo esta idea están trasladando a la opinión pública propuestas como la discutible elección directa de alcaldes o la drástica reducción de aforados. Es verdad que en el Programa Electoral del Partido Popular del año 2011, ignorado en la Comunidad Valenciana y en especial en Alicante, ya se apuntaban algunas propuestas de regeneración, pero tiene lo suyo que se acuerden de ello después de tres años de gobierno y que las propuestas hasta ahora hechas públicas sean tan raquíticas e interesadas.

Hablar de regeneración tras tres años de gobierno y hacerlo en los términos que se hace significa que se trata de una respuesta estratégica a los resultados electorales últimos y que no responde a un íntimo convencimiento de la necesidad de regenerar nuestro sistema democrático. Hablamos, por tanto, de tácticas y no de principios políticos, no nos dejemos engañar. Encuesta tras encuesta, los datos señalan que la mayoría de los ciudadanos se ha distanciado de los políticos, de los partidos y del propio sistema democrático que ellos monopolizan y que algunos de ellos corrompen con el silencio cómplice de los demás, salvo honrosas excepciones. Los ciudadanos demandan fundamentalmente ejemplaridad, participación y firmeza ante la corrupción. De ninguna de esas cosas han hablado los dirigentes populares cuando han empezado a levantar la bandera de la regeneración democrática. Y haciendo un paréntesis no puedo olvidar un documento del PPCV apoyado por Alberto Fabra, José Ciscar, José Juan Zaplana y otros líderes regionales del PP en el que se indica textualmente que no resulta admisible reivindicar la idea de regeneración democrática en el seno del Partido Popular, para justificar la expulsión de los afiliados regeneracionistas.

Hay algo básico y esencial que olvidan los conversos a la regeneración democrática y es que para promoverla, para intentar convencer a los ciudadanos de la honestidad y nobleza de sus propuestas hay que tener credibilidad. Nuestro sistema político, nuestra democracia necesita medidas de regeneración porque los principales actores del sistema, los partidos políticos, lo han deteriorado, lo han prostituido porque se han convertido en unas maquinarias burocráticas que no cumplen con los mandatos constitucionales. La mayoría de los partidos políticos padecen un fuerte déficit de democracia interna y han dejado de ser cauce de participación ciudadana. Son organizaciones endogámicas poco permeables a las necesidades sociales porque su funcionamiento se sustenta en una clase política privilegiada frente a los ciudadanos. Por ello, la primera medida regeneradora que debería ser puesta sobre la mesa es la regeneración de los propios partidos políticos, de los agentes que han de regenerar, a su vez, el sistema político. Si esa regeneración interna, en este caso del Partido Popular, apostando por la democracia interna, por el debate interno y la participación de sus militantes y simpatizantes, por la transparencia en su financiación, por el cumplimiento de los programas y por el rigor frente a los aprovechados y corruptos, no se produce de forma previa no pueden tener credibilidad sus propuestas de regeneración del sistema político. La prueba de ello es que las dos iniciativas recientemente puestas en circulación no nacen de un debate interno en el que los afiliados hayan podido discutir y realizar propuestas, no. Nacen de un gabinete que analiza resultados y encuestas y una dirección política, un sanedrín, que marca el rumbo y reparte los argumentarios de arriba a abajo.

Lo sensato y coherente sería que, una vez arreglada la propia casa por dentro, se realizasen propuestas de regeneración creíbles. Y dentro de esas medidas, lo prioritario para la mayoría de los ciudadanos no es, seguramente, cómo se elige a los alcaldes. Lo más probables es que la mayoría de los ciudadanos apostase por la ejemplaridad de la clase política, por acabar de una vez con los privilegios (aforamientos, tributación fiscal especial, ingresos exagerados, pensiones especiales, etc.) de quienes dicen que creen ahora en la regeneración, y por cualquier medida para erradicar la corrupción, para exigir responsabilidades por la mala gestión de algunos, para recuperar el dinero distraído de las arcas públicas, etc. La corrupción no sólo se combate con leyes, se previene con más democracia en las instituciones y en los partidos políticos. Regeneración democrática sí, sucedáneos no.

Santiago de Munck Loyola

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“Los putos españoles tarados” D. Arturo Balaguer dixit.

Dicen que un día malo lo tiene cualquiera. Y es evidente que el 17 de agosto de 2014, D. Arturo Balaguer, asesor y miembro del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Orihuela merced al “dedazo” de la Alcaldía, no tuvo un día especialmente bueno o inspirado. Varios medios de comunicación se han hecho eco del tuit que el periodista, o “agroperiodista” como él mismo se denomina, publicó y en el que llamaba “putos españoles tarados” a los madrileños que veranean en nuestras tierras con “niños maleducados”. Un día malo lo tiene cualquiera, dicen, pero hay personas que por razón de su cargo o de su profesión no pueden permitírselo. Es muy significativo el uso de los insultos concretos que el “agroperiodista” emplea: “putos españoles tarados”. El odio a lo español es evidente, amén de su fobia a los madrileños y a sus niños. Lo extraño es que alguien con tan mala educación y sin complejo alguno en hacer pública exhibición de la misma sea capaz de distinguir a un niño maleducado de otro.

Un día malo lo puede tener cualquiera, pero cuando, como en el caso que nos ocupa, no se procede a borrar ese tuit, ni a pedir disculpas por ello, es que no se trata de un día malo, sino de una determinada forma de ser y proceder, de una actuación consciente y deliberadamente ofensiva lanzada contra los cientos de miles de madrileños que veranean en nuestras tierras y que, en muchos casos, tienen una segunda vivienda aquí. El Gobierno Municipal de Orihuela debería haber despedido ya a este “maestro del agroperiodismo” y si no lo hace habrá que deducir que suscribe sus palabras y sus insultos a esas decenas de miles de madrileños que veranean en Orihuela, muchos de ellos propietarios de viviendas, que también pagan allí sus impuestos al Ayuntamiento y no, precisamente, para que desde el consistorio se les insulte.

Un día malo lo puede tener cualquiera y alguien podría pensar que también ha sido ése el caso de José Juan Zaplana, Secretario General del PP Alicantino, quien tampoco ha estado demasiado afortunado a la hora de exigir el cese del D. Arturo Balaguer. Lo cierto es que lo raro es que el Secretario Provincial de los Populares tenga un buen día. Pero bien, centrándonos en el asunto, tras pedir correctamente el cese del asesor y las públicas disculpas de la Alcaldía de Orihuela por los insultos a los madrileños, el Sr. Zaplana ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para meter una cuña en defensa de la impresentable propuesta del PP para reformar deprisa y corriendo el sistema de elección de los Alcaldes. Así, el Sr. Zaplana ha señalado que "El problema de fondo es que en Orihuela decidieron la Alcaldía quienes perdieron las elecciones [los Verdes apoyados por el PSPV]. Si quien gobernara fuera el más votado, el PP, este individuo no habría tenido sitio en el Ayuntamiento y nos hubiéramos ahorrado este sofoco. Si estas son las formas que utilizan quienes llegan al abrigo de un gobierno de izquierdas, no las queremos". Disciplinado mensajero, el Sr. Zaplana repite el argumentario oficial allí donde tiene ocasión. No en balde, ante las negras expectativas electorales el PP se ha lanzado a una carrera suicida para reformar la Ley Electoral y evitar así la pérdida de muchas alcaldías, algo que motiva especialmente a cuantos no habiéndose ganado nunca la vida fuera del paraguas de la política ven peligrar su sustento.

No está de más recordar que el problema de fondo es que en Orihuela hubo una mayoría de votantes que no querían que gobernase el Partido Popular y que por eso el Partido Popular no sumó más votos que el resto. El problema de fondo es que el Partido Popular no ha podido ni tan siquiera promover una moción de censura en Orihuela porque tiene a algunos de sus dirigentes locales imputados en presuntos casos de corrupción. El problema de fondo es que 5 de los 12 concejales del PP están siendo investigados, que la ex alcaldesa y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Mónica Lorente, está doblemente imputada, por el caso Brugal y por adjudicar el contrato de una obra en una plaza cuando ya estaba inaugurada y que otros cuatro ediles más también tienen cuentas pendientes con la justicia. El problema de fondo es que éstas son las consecuencias de elaborar las listas a “dedazo” y de practicar una política contraria a la idea de regeneración democrática. El problema de fondo, en fin, es que hay más vecinos de Orihuela que no querían que volviera a gobernar este PP que los que sí querían.

Mucho habría que volver a hablar sobre la elección directa de los Alcaldes, sobre cómo hacerlo, sobre si es bueno o no que el PP incentive con ello el “frentepopulismo” o facilite que BILDU pueda lograr más alcaldías, por ejemplo, pero traer a colación este tema a propósito del impresentable comentario del asesor digital del Alcalde de Orihuela es una simpleza oportunista que denota otro mal día.

Santiago de Munck Loyola

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Ppandilla de mentirosos.

Para cualquier persona decente y medianamente informada, la catarata de declaraciones de distintos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana sobre la corrupción, sobre la regeneración o sobre la ridícula línea roja del Sr. Fabra son sencillamente vomitivas. Tras el varapalo sufrido por el PPCV en las elecciones europeas, toda una pandilla de colocados, desinformados, embusteros o hipócritas se está dedicando a realizar manifestaciones de distinta índole, tomado de paso a los ciudadanos por idiotas, a ver si consiguen lavar la cara de un partido que ellos mismos han ensuciado con su actitud, con su cobardía o con su complicidad.

Hace unos días era la Sra. Bonig la encargada de mentir a la ciudadanía. Ayer mismo, le tocaba el turno a la portavoz del Consell y titular de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, quien, a propósito de las duras críticas realizadas por empresarios alicantinos a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo,  se apresuraba a señalar que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aplicado la línea roja en los cargos que dependen orgánicamente de él. Es decir, que ha aplicado la estrambótica línea roja a los cargos que él mismo, con el Diario Oficial en la mano, ha nombrado. Y, claro, como él no ha nombrado a Sonia Castedo no puede hacer nada ya que su trata un cargo municipal cuya acta de concejal le pertenece. Para remachar su engaño añadía que respecto a los cargos que no dependen orgánicamente del jefe del Consell es una circunstancia distinta, porque compete al ámbito del partido. Y uno se pregunta ¿acaso no es el mismo el Jefe del Consell que el jefe del partido (el PPCV) en este caso? Y sin pestañear terminó afirmando que “el Ejecutivo valenciano es el más comprometido con la tolerancia cero contra la corrupción”. Un ejecutivo que llega incluso a cargar la factura de “los arreglos del cocido” a los contribuyentes.

Fabra es el Presidente de la Generalidad Valenciana y simultáneamente Presidente del PPCV al igual que el Sr. Ciscar es vicepresidente de la Generalidad y Presidente Provincial del PP de Alicante. Así que mejor que no nos vengan con cuentos de desdoblamientos de personalidad según el cargo de que se trate. Y la actitud de uno y otro ante la corrupción es igual de falsa, complaciente y tolerante. No nos engañemos. En Alicante lo han demostrado y lo siguen demostrando con creces. Solo hay que remitirse a “la prueba del algodón” y no la pasan ni en sueños. ¿De qué nos sirve a los alicantinos que al Sr. Fabra le gusten o no las grabaciones entre Sonia Castedo y el Sr. Ortiz, “la polla insaciable”, si no hace nada al respecto? Porque hacer, claro que puede hacer. ¡Ya está bien de mentir a los alicantinos! Es cierto que no puede obligar a la Sra. Castedo a dejar la Alcaldía o a dejar su acta. Pero el Sr. Fabra sí que puede, en tanto que Presidente del PPCV, abrir un expediente disciplinario a la afiliada Castedo por conductas contrarias a los Estatutos del PP, puede ordenar a los concejales populares del consistorio alicantino que la expulsen, en compañía del vicealcalde procesado, del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Alicante y puede, además, destituirla como Coordinadora de los distritos del PP en Alicante, ese cargo que los Sres Ciscar y JJ Zaplana se inventaron para sortear la famosa línea roja del propio Fabra. Y al margen de grabaciones tiene sobrados motivos para intervenir de forma contundente: un gobierno municipal en Alicante bajo sospecha judicial y al servicio de un empresario, concursos millonarios fraudulentos, pelotazos por doquier, amaños en las contratas públicas y en el PGOU, destituciones ilegales de funcionarios, arbitrariedades por doquier, abandono de los intereses generales, facturas de campaña electoral pagadas con dinero negro por el Sr. Ciscar según la Guardia Civil, financiación paralela de las sedes populares, contabilidad opaca a la militancia, nepotismo, despilfarro,… ¿Qué más necesita?

Con ello, sí que podría empezar a tener cierta credibilidad esa supuesta tolerancia cero con estas conductas absolutamente deleznables. Y para reforzar su credibilidad podría destituir o promover la destitución de los cargos orgánicos del PP de Alicante, al Presidente Provincial, Sr. Ciscar, y al Secretario general, Sr. Zaplana, por haber permitido y favorecido esta situación tan poco edificante hasta el punto de haber destruido al PP de la Ciudad, para dividirlo en distritos y poder finalmente situar en la cúspide a la alcaldesa plurimputada.

Pero ni lo ha hecho, ni lo va a hacer. El Sr. Fabra, sin liderazgo político y sin credibilidad ciudadana, responsable de la expulsión de los afiliados populares que hace tiempo empezaron a denunciar la deriva pestilente de la corrupción, no va a ser capaz de dar un golpe de timón semejante. Hay demasiado en juego y su debilidad política no le va a permitir reflejar con hechos contundentes su presunta apuesta por la honradez y por la ejemplaridad ante los ciudadanos. D. Alberto Fabra se va a seguir conformando con las continuas y patéticas declaraciones de sus voceros. Pero las palabras, sin hechos que las avalen ya no sirven. Los ciudadanos no quieren seguir creyendo a quienes no son capaces de poner orden en su propia casa que, cada día que pasa, huele peor.

Santiago de Munck Loyola

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La pasividad de muchos son las alas de los corruptos.

Es tal el aire a podrido y a corrupción pura y dura que destila el Ayuntamiento de Alicante y ha sido tal el batacazo recibido por ello en las elecciones europeas que algunos, tanto en los medios de comunicación como en el PP,  han empezado a inquietarse y a moverse para tratar de evitar lo que ya es inevitable. Hoy domingo, dos importantes periódicos se ocupan del tema y uno de ellos, pionero en las denuncias sobre la corrupción del PP en el Ayuntamiento alicantino, publica un artículo sobre la existencia de “vientos de regeneración en el PP” y analiza algunos movimientos en las filas populares en valencia y Alicante. Si entrar a valorar estos movimientos en Valencia, sí que se puede afirmar respecto a la provincia de Alicante que no hay nada nuevo bajo el sol, de regeneración nada de nada.

Los protagonistas de los movimientos supuestamente regeneracionistas de Alicante son los mismos de siempre, los que con su actitud sumisa, complaciente y colaboracionista han facilitado que el Ayuntamiento de Alicante, y algunos otros gobernados por el Partido Popular, sea un referente nacional de corrupción. Nótese que estos presuntos regeneracionistas se reúnen en el Casino de Alicante con la previa autorización del Presidente Provincial Popular, José Ciscar, principal responsable de esta escandalosa situación, protector de la Alcaldesa y enemigo declarado de quienes hace casi dos años denunciábamos la corrupción. Y nótese también que estos afiliados del PP, pertenecientes a ese grupo conocido como los ibéricos, fueron en su mayoría los colaboradores en el fraude político que constituyó el desguace y troceado del PP de Alicante para dividirlo en Distritos y entregárselo en bandeja, como coordinadora de los mismos a Sonia Castedo, con la bendición de José Ciscar y la colaboración de su mamporrero político, José Juan Zaplana, Secretario General Provincial. Poco, por tanto, pueden aportar a un proyecto de regeneración del PP quienes han contribuido de forma decisiva a su deriva corrupta, unas veces con su silencio cómplice, otras con su colaboración activa y en la mayoría de los casos con su irresponsable pasividad. Joaquin Galant, Salvador Fornes, Eloy Sentaña, Francisco Martín Irles, María Teresa Revenga, José Ramón Baró, José Albadalejo, José María Rodríguez Galant, José Rincón, Francisco Maestre, Ignacio Segura, Manuel Marcos o María José Santana no han expresado nunca públicamente ni en el seno del PP su rechazo a la política popular en el Ayuntamiento alicantino, ni su defensa de la necesidad de una regeneración interna ni su solidaridad, salvo una honrosa excepción, con los afiliados expulsados por promover esa regeneración y por pedir la separación de los imputados y procesados. No existe pues ningún antecedente político de los miembros de este grupo que permita pensar otra cosa que no sea que estamos ante un estratégico movimiento para intentar conseguir un salvavidas en el naufragio popular que se avecina.

Y por si fuera poco lo anterior, hoy hemos conocido la brillante ocurrencia de UPyD. Los seguidores alicantinos de Rosa Díez se han ofrecido al Partido Popular para votar conjuntamente una moción de censura contra Sonia Castedo y sustituirla por un concejal del PP que no esté imputado, ni procesado, claro está. Es decir, el Sr. Llopis de UPyD está dispuesto a promover y votar esta moción que exigiría en primer lugar que los concejales del PP expulsasen del Grupo Popular a Sonia Castedo. O sea que pretende que los mismos concejales que hace tan sólo unos días se han negado a reprobar en Pleno a la Alcaldesa por el repugnante contenido de sus conversaciones con “la polla insaciable”, Enrique Ortiz, sean ahora los encargados nada menos que de expulsarla del Grupo Popular, para después nombrar a uno de ellos, es decir, a uno de los cómplices políticos de la Alcaldesa, nuevo Alcalde o Alcaldesa. ¡Menudo papelón el de UPyD!

Tras la publicación de las grabaciones entre la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz y entre éste y el sobrino de Cotino, tras la fulgurante decisión del Gobierno de la Generalitat de allanar el camino de los negocios de Ortiz con IKEA, tras los rumores sobre la posibilidad de que Bankia “regale” suelos a Ortiz para que complete su control sobre este pelotazo de más de 90 millones de euros, tras las noticias relativas a los concursos municipales, a las técnicas mafiosas empleadas contra los representantes de los comerciantes o asociaciones vecinales o al cese del interventor municipal es más fuerte que nunca el hedor que destila nuestra Casa Consistorial y el partido que la gobierna. Y la solución no puede pasar por una moción de censura para que sigan los mismos, porque aunque se cambie el titular de la Alcaldía seguirá uno de sus colaboradores necesarios, uno de sus cómplices políticos, un miembro del Partido Popular que ha tolerado, facilitado y consentido esta situación. Hoy por hoy, no hay regeneración que valga sin una profunda regeneración del Partido Popular de Alicante previa entonación de un sincero “mea culpa”.

Y como eso está aún por venir y para que ocurra deberían irse previamente a su casa el Sr. Ciscar y el Sr. JJ Zaplana, responsables políticos de este repugnante clima, la única solución política y éticamente aceptable pasa por la disolución del Ayuntamiento de Alicante y por el nombramiento de una gestora. La izquierda, incluida UPyD, fue derrotada ampliamente en las últimas elecciones municipales. El Partido Popular tiene la legitimidad legal que otorgan las urnas para regir nuestro Ayuntamiento pero carece de la más mínima legitimidad moral, de ejercicio, para seguir al frente de la Alcaldía de Alicante. El presupuesto municipal no puede seguir en manos de este equipo de gobierno, solidariamente responsable del clima de corrupción que asola a nuestro Ayuntamiento. ¡Disolución ya!

Santiago de Munck Loyola

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El “neuronazo” de Rajoy.

¿Se imagina alguien, sin que le de un ataque de risa, a Berlusconi anunciando propuestas para promover una mayor moralidad en la vida de los políticos? Impensable. Pues algo parecido ocurre cuando se escucha a Mariano Rajoy y a Mª Dolores de Cospedal anunciar, como acaban de hacer, la puesta en marcha en septiembre una serie de medidas de “regeneración democrática”. Rajoy acaba de  pedir el "esfuerzo de todos" para "intentar corregir los errores en el sistema" y ha citado entre sus objetivos la elección directa de los alcaldes, la revisión del número de aforados, cambios en el régimen económico de los partidos y en el estatuto de los altos cargos. Según el Presidente Rajoy, la "regeneración democrática" es una de las prioridades del país, junto con la "consolidación de la recuperación económica". En febrero de 2013 ya hizo Mariano Rajoy un anuncio similar sin que hasta el día de hoy se haya vuelto a tener noticias de la pretendida regeneración democrática. Ya se sabe que el líder popular es más bien lento tomando decisiones, pero dado el tiempo transcurrido y a la luz de los últimos resultados electorales parece que la resurrección de estas medidas regeneradoras obedece más a cierto susto por las recientes decisiones de los electores que a un impulso de conciencia política.

El anuncio de Mariano Rajoy no es creíble por varias razones. Está claro que Rajoy no entiende bien la idea y el alcance de la regeneración democrática o, si la entiende, quiere colarnos en realidad un simple maquillado del sistema. Rajoy anuncia una serie de medidas, muy limitadas e interesadas por cierto, que responden a una iniciativa personal o de su círculo inmediato de asesores. No se trata, ni muchos menos, de medidas propuestas por el Partido Popular como consecuencia de un debate ideológico abierto en su seno, entre los afiliados populares, no. Se trata de un “neuronazo” presidencial, de una ocurrencia particular y que todos acatarán disciplinadamente en la casa, como acatan siempre el “dedazo” presidencial. Quiebra, por tanto, el espíritu regenerador de estas medidas por su propio origen y es que sin democracia interna, sin debate y participación interna en los partidos, no hay regeneración democrática posible. Los tiempos del despotismo ilustrado hace tiempo que pasaron.

Otra razón que resta credibilidad al “neuronazo” presidencial es que una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo. Para proponer medidas de regeneración democrática como respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos hay que empezar por ponerlas en práctica la propia casa de uno. El sistema político necesita medidas de regeneración o se derrumbará. Y las medidas regeneradoras las tienen que poner en práctica los partidos políticos, únicos agentes legitimados en una democracia para hacerlo. Son los partidos políticos los primeros que han de regenerarse y, antes de proponer medidas a los demás partidos, Rajoy debería empezar por ponerlas en práctica en su propia casa. Según el propio Partido Popular en la Comunidad Valenciana “proponer medidas de regeneración democrática es inadmisible” y constituye causa de expulsión de los afiliados. Que se lo pregunte el Sr. Rajoy a sus subordinados Alberto Fabra, José Ciscar, José Juan Zaplana o Felipe del Baño, por citar sólo a algunos de los liquidadores de afiliados molestos. Un partido político que no practica la democracia interna, que tiene doble contabilidad, que paga sobresueldos aunque sean legales, que vulnera los derechos de sus militantes a los que oculta sus cuentas, que ampara y protege a los corruptos como en la Provincia de Alicante, por citar solo una, no tiene autoridad moral o política alguna para ir proponiendo medidas regeneradoras. Debe empezar por limpiar su propia casa. Y no hace falta pactar con la oposición, por ejemplo, para que el propio Rajoy o Montoro renuncien al cobro de la dieta del congreso por vivienda, cuando tienen varias en Madrid, o para renunciar a pensiones superiores a las máximas permitidas al resto de los ciudadanos o para renunciar a los privilegios fiscales de los diputados o para establecer incompatibilidades y prohibir pluriempleos públicos de sus compañeros de partido.

Tampoco da credibilidad al “neuronazo” regenerador rajoyano el hecho de que se haya apresurado a proponer la elección directa de los alcaldes, designando al más votado, a menos de un año de las próximas elecciones municipales. Es evidente que esta propuesta renace a la vista de los pésimos resultados electorales de las elecciones europeas y responde no a una voluntad regeneradora sino al miedo de perder muchísimas alcaldías en los próximos comicios municipales, ante la posibilidad cierta de que los grupos municipales minoritarios que se formen lleguen a acuerdos para desalojar al PP de ciertos sillones consistoriales y poder limpiar los Ayuntamientos, como bien podría pasar en la ciudad de Alicante. En todo caso, esta propuesta requerirá el consenso, como mínimo, con el PSOE que posiblemente la asumirá, aunque sea con matices, ante sus negras perspectivas electorales.

Es hora de la regeneración democrática, a pesar de algunos, y el que no quiera entenderlo y asumirlo con sinceridad y honestidad terminará cavando su propia tumba política. Pero mientras los partidos no cambien internamente y dejen que las propuestas regeneradoras nazcan desde sus propias bases estaremos hablando de simples “neuronazos” de los “capos”, de maquillajes del sistema que terminarán embadurnando el rostro de nuestra democracia. Financiación de los partidos políticos, eliminación de aforamientos, democracia interna, primarias, eliminación de subvenciones a partidos, patronales y sindicatos, fin de los privilegios fiscales y sociales de los políticos, incompatibilidades rígidas, independencia judicial real, reforma de la ley electoral, de la ley de contratos de las administraciones públicas, estatutos de los cargos políticos, … son algunos de los temas que deben necesariamente figurar en una agenda auténticamente regeneracionista. Lo demás son brindis al sol o simples fuegos artificiales.

Santiago de Munck Loyola

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El PP de Alicante con “la polla insaciable”.

Bochorno, vergüenza o indignación son seguramente las sensaciones que tendrán muchos ciudadanos al leer estos días las informaciones relativas a las conversaciones que mantenían nuestros representantes políticos alicantinos, todos ellos del Partido Popular, con el empresario Enrique Ortiz, autodenominado en las mismas como “la polla insaciable”. Y a esa sensación se sumará el convencimiento de que los gobernantes de nuestro Ayuntamiento lo han puesto a los pies de los intereses de un particular. Una banda de políticos y empresarios han manejado a esta ciudad, a los colectivos ciudadanos y a su Ayuntamiento a su antojo amañando o apañando desde el Plan general de Ordenación Urbana hasta las contratas de los servicios públicos, logrando incluso que en tiempos de crisis sólo acudiera una empresa a la mayor licitación pública, 420 millones de euros, de la historia de nuestra ciudad. Y ya adivinará el lector a quién le tocó. Los jueces dirán en su momento si en todo ello hay o no delito, pero no hay quien pueda evitar que los ciudadanos digamos que todo lo visto y oído es cutre, repugnante y seudomafioso y que esta banda organizada, amparada en las siglas del PP y protegida por la dirección popular alicantina ha hecho un daño enorme al prestigio de nuestra ciudad y de nuestro Ayuntamiento.

Estamos ante un escándalo de enormes proporciones que refleja claramente la gran extensión de la podredumbre de parte de los actores del sistema político y que de haber sido conocido por la mayoría de los vecinos de Alicante habría supuesto un castigo electoral aún mayor que el recibido por el Partido Popular en las pasadas elecciones. Y los vecinos deben saber que los responsables de esta situación no son sólo los que aparecen en las grabaciones policiales, no, son muchos más y deben ser denunciados públicamente.

Hay que denunciar públicamente a la Alcaldesa Sonia Castedo y a su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi por poner el Ayuntamiento al servicio de los intereses del Sr. Oriz, “la polla insaciable”, y no al servicio de los intereses de los alicantinos que fueron quienes con su voto los encumbraron al sillón municipal.

Hay que denunciar públicamente a los concejales del Partido Popular, y que seún declaraciones del Sr. Barcala estarán con la Alcaldesa hasta el final, que han sido y son cómplices con su silencio y pasividad y que siguen apoyando a una Alcaldesa deslegitimada moral y políticamente, no sólo ya por su imputación en los procedimientos judiciales, sino también por la evidencia de sus  impresentables conversaciones publicadas con el Sr. Ortiz y de cuya veracidad nadie duda: apaños en el PGOU para el Estadio Rico Pérez, para IKEA, abuso sobre el Hércules para intentar colocar al Sr. De Gea y poder descabezar así a los comerciantes, etc.

Hay que denunciar públicamente a la Dirección Provincial del Partido Popular que se ha dedicado a perseguir y a expulsar a los afiliados que denunciábamos esta situación y que promovíamos el concepto para ella maldito, de la regeneración democrática, mientras toleraba y protegía a los responsables de este impresionante escándalo. Hay que denunciar públicamente al Presidente Provincial, José Ciscar, y al Secretario General Provincial, José Juan Zaplana, que desde el primer momento se han alineado con la Alcaldesa y en lugar de pedirle que abandonase el Grupo Municipal Popular al ser imputada, el segundo acudió raudo y veloz a presidir una cena de homenaje a la misma al conocerse su múltiple imputación y que, en vez de aplicar la línea roja de Alberto Fabra en virtud de la cual los imputados no podrían ostentar responsabilidades orgánicas en el PP, decidieron suprimir fraudulentamente el PP de la ciudad, trocearlo en distritos y nombrar a Sonia Castedo, nada menos, coordinadora de los mismos. Han preferido convivir con semejante panorama a correr el más mínimo riesgo ante una eventual pérdida de la Alcaldía. Han sacrificado los principios al materialismo y al más espurio pragmatismo.

Hay que denunciar públicamente a los militantes populares que, conocedores de toda esta situación, han preferido mirar para otro lado o han callado como siempre o han colaborado con su pasividad ante las maniobras de unos indignos dirigentes populares siempre encaminadas a mantener la red clientelar en la ciudad y a asegurarse el control del partido para que nada cambie y sigan ganado los mismos.

Y hay que denunciar públicamente a algunos medios de comunicación que han venido sacrificando la objetividad, imparcialidad e independencia periodística a la connivencia con el poder político y económico de la ciudad.

No nos engañemos, “la política de Sonia Castedo es la política del Partido Popular y por ello no puede ser criticada públicamente por los afiliados del PP”. Eso es lo que literalmente dice el Comité de Derechos y Garantías del PPCV y eso es lo que avala Madrid. Seguramente, en los próximos meses los dirigentes populares intentarán lavarse la cara. Podrán cambiar el nombre y los rostros de los carteles electorales pero eso no significará un cambio de política. La podredumbre actual es fruto del sistema de funcionamiento interno del PP. No se olvide que los alcaldes y concejales del PP en la ciudad de Alicante no fueron designados candidatos por las bases, sino impuestos desde arriba para ajustar los repartos de poder entre los clanes del PP. Y, por ello, los próximos candidatos populares al Ayuntamiento serán fruto también del dedazo, el mejor sistema para propiciar la corrupción.

Por higiene democrática este PP debe irse a su casa. Tras conocer todas las maniobras especulativas que se han llevado a cabo, este PP no está en condiciones de adoptar ni una sola decisión municipal sin que sea sospechosa. Y dado que este PP no tiene la más mínima intención de rectificar, de pedir perdón y de regenerarse es evidente que no debe volver al Ayuntamiento de Alicante en una buena temporada. Pero ello no significa que la solución esté en la izquierda ni que el votante de centroderecha se vaya a quedar huérfano porque hay opciones políticas dispuestas a no renunciar y a defender los principios éticos que el PP de Alicante hace tiempo que abandonó.

Santiago de Munck Loyola

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El PP alicantino ensuciando el prestigio de Alicante.

Durante los últimos días, diversos medios de comunicación están publicando las escuchas policiales o la transcripción de las mismas efectuadas a varios de los implicados en los casos de corrupción que afectan a políticos municipales y a empresarios de la ciudad de Alicante. Los principales protagonistas de estas grabaciones son la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, (Partido Popular) y el empresario Enrique Ortiz. Es sencillamente vergonzoso tanto en el tono como en el contenido lo que se está publicando. El nombre de la ciudad de Alicante y su representación institucional quedan por los suelos. Hoy por hoy, la Alcaldesa está imputada por cuatro graves delitos y salvando su presunción de inocencia lo que sí se puede afirmar con absoluta rotundidad es que su grado de compadreo con el Sr. Ortiz, la sumisión al mismo de la representación municipal y el estilo cutre y tabernario de las conversaciones son inadmisibles e incompatibles con la más alta representación municipal. Ni la ciudad de Alicante, ni los vecinos se merecen tanta y tan cara basura.

Según el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, "la política de la Alcaldesa de Alicante es la política del Partido Popular y por ello no puede ser criticada públicamente por los afiliados del PP". Será por ello que al ser imputada se organizó una cena de homenaje que presidió nada menos que el Secretario General del PP de Alicante José Juan Zaplana, en claro y chulesco desafío a la justicia y a los ciudadanos decentes. Pero es indudable que el Partido Popular de Alicante es cómplice y encubridor de esta situación, al menos por su actitud pasiva y por su acoso a los que pidieron públicamente más honradez expulsándolos finalmente del PP.

Sea o no finalmente culpable o inocente la Alcaldesa, alguien debería pedir perdón a los alicantinos por la deplorable imagen que se está transmitiendo de nuestra ciudad en toda España y por el desprestigio de la institución municipal y de la clase política que han fomentado con estas peculiares formas de entender la gestión municipal.

Conversaciones cariñosas.

El sobrino de Cotino trabajando para IKEA de Ortiz.

Santiago de Munck Loyola

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El lodazal municipal del PP de Alicante.

Que hablen mal de uno aunque sea mal dicen con no poco cinismo algunos políticos que prefieren los titulares al ostracismo de los medios de comunicación aunque, con la que está cayendo, es posible que no sea esa precisamente la preferencia de los dirigentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y, en especial, de PP de la Provincia de Alicante. Y es que 127 cargos públicos del PPCV imputados o procesados por casos de corrupción dan para mucho.

En pocos días se han sucedido noticias relacionadas con las investigaciones judiciales que afectan al PP de Alicante en nuestra ciudad y, en concreto, en nuestro Ayuntamiento. Produce sonrojo y vergüenza que un día sí y otro también el nombre de nuestro Ayuntamiento se vea arrastrado por las salas judiciales como consecuencia de las acciones de unos políticos y las omisiones de otros, más prestos a ser tolerantes y complacientes con los imputados que con quienes exigen honradez y limpieza en la vida pública.

Así, en pocos días hemos sabido que el Vicealcalde de Alicante, Andrés Llorens ha sido procesado por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental por un supuesto caso de obras amañadas y que el fiscal acaba de pedir tres años de prisión por esos hechos. Y como era de esperar, la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal por cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos en el supuesto amaño o apaño, vaya usted a saber, del PGOU de Alicante, se ha apresurado a apoyar en el presente y en futuro al Sr. Llorens en su decisión de no abandonar sus cargos en el consistorio alicantino tras su procesamiento. 

Hay que subrayar que la actitud política de la Alcaldesa apoyando a su Vicealcalde pese a su situación procesal no es ninguna novedad en el PP alicantino ya que ella misma recibió el apoyo del propio secretario general provincial del PP, José Juan Zaplana, que presidió una cena de homenaje a la Alcaldesa cuando se conoció su imputación. Hoy por ti, mañana por mí. Actitud congruente también con la mantenida, por ejemplo, por el concejal popular Luis Barcala quien tras la imputación declaró que los concejales estarían del lado de la Alcaldesa pasase lo que pasase. Es evidente que para el PP de Alicante las líneas rojas de Fabra no existen, aunque ello le esté costando al PP alicantino un auténtico varapalo electoral como el recibido hace pocos días.

Y, por si fuera poco lo anterior, hoy un medio de comunicación ha publicado que “La Policía detecta una red para amañar contratos en Alicante” y ha hecho públicos extractos de los “pinchazos” telefónicos del caso que investiga sobornos en el Plan E. Nótese que cuando se habla de una red para amañar contratos en Alicante se está haciendo referencia, desgraciadamente, al Ayuntamiento de Alicante. ¿En qué han convertido estos “señores” nuestra Casa Consitorial? El informe de la Policía relata cómo se adjudicaban obras sin concurso y cómo se inflaba su precio. 

Según este informe los contratos se adjudicaban después de haberse empezado a ejecutar, los precios que se incrementaban arbitrariamente por los técnicos y se fraccionaban los contratos para no superar el límite legal de 18.000 euros y poder concederlos así a dedo. Todo ello forma parte de un sumario que investiga una presunta trama de sobornos en Alicante para amañar contratos millonarios, entre ellos tres del Plan E. Y en las conversaciones grabadas, además de algún técnico, aparece también el Vicealcalde de Alicante.

Y para completar las noticias sobre el panorama judicial que salpica a nuestro Ayuntamiento, los medios también se han hecho eco de la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad declarándose  incompetente para continuar con la causa abierta contra el ex alcalde de Alicante y ex diputado autonómico Luis Díaz Alperi por presuntos delitos fiscales, al no ser ya aforado, e inhibiéndose en favor de los juzgados de Alicante.

Se trata de un panorama desolador de nuestro Ayuntamiento que dura ya demasiado tiempo. La desesperante lentitud de la Justicia es inaceptable porque el daño a la imagen de las instituciones de nuestra ciudad es enorme. Es inaceptable porque, además, en el caso de que los acusados resultasen finalmente inocentes se les ha habría sometido a una larga presión injusta. Y es inaceptable porque, finalmente, si resultasen culpables habrían seguido manejando la administración demasiado tiempo. Pero aún aceptando que la Justicia en España tiene sus tiempos y que los implicados han podido contribuir intencionadamente a la prolongación de las causas, lo cierto es que el daño a la imagen de nuestro Ayuntamiento y a la de la clase política, en general, está hecho. Alicante no se merece tanto paseíllo judicial. Alicante se merece un Ayuntamiento transparente y libre de sospechas, un Ayuntamiento digno de confianza y unos regidores dispuestos a sacrificar sus intereses personales por los de la ciudad. Tan es así que los electores se han dado cuenta de ello y ya han dado un serio aviso al principal responsable de esta situación, al Partido Popular de Alicante, que ha sido castigado el pasado 25 de mayo con más fuerza que el resto del PPCV al bajar un 4 % más que la media.

La Asociación Esperanza Popular de Alicante, desde su nacimiento, ha venido denunciando esta penosa situación y ha reivindicado la necesidad de una profunda regeneración política que se traduce en más transparencia, más ejemplaridad, más honradez y más eficacia en la gestión pública. Y pronto dará un paso más pasando de la denuncia y la reivindicación a las propuestas concretas y a las alternativas, porque ni la Provincia de Alicante, ni la ciudad de Alicante, ni quienes han visto defraudado su voto se merecen este lodazal.

Santiago de Munck Loyola