Y ahora ¿qué?

Cada día que pasa y cada nuevo titular periodístico hacen que la situación política española se complique más y más. Es evidente que nuestra cultura democrática no es homologable aun a la de las viejas democracias europeas en la que, por ejemplo, haber copiado parte de una tesis doctoral conlleva la dimisión de un ministro o el no haber contratado a la niñera. Baste recordar como en 1974, el canciller alemán Willy Brandt dimitió al descubrirse que uno de sus asistentes personales, Günter Guillaume, era un espía de la Alemania Oriental. Brandt dimitió asumiendo su culpa “in vigilando”.

España es muy diferente. Somos demasiado tolerantes no solo ya con los errores políticos, sino también con el alcance de las responsabilidades éticas y políticas. Ninguna democracia europea soportaría un panorama político como el nuestro: un Presidente cuyo entorno familiar más próximo está bajo sospecha judicial, un Presidente del Gobierno cuyo ex Ministro de Fomento y nº 2 de su partido, junto con su asesor personal, están imputados por cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal y un nuevo nº 2 de su partido “dimitido” por presuntamente encabezar una red de corrupción cuyo alcance real aún se desconoce.

Y lo anterior no es más que una parte pequeña de los escándalos que rodean a este Presidente. Pedro Sánchez es doblemente culpable: es culpable “in eligendo” y culpable “in vigilando”, como poco. No tengo ninguna duda, en ningún país europeo un Presidente del Gobierno duraría más de 24 horas en estas circunstancias. O bien habría dimitido por dignidad o bien habría sido sustituido por su propio partido o por el Parlamento. Ningún ciudadano medianamente inteligente o con algún escrúpulo moral se habría conformado con la patética comparecencia de un Pedro Sánchez tan esforzadamente compungido como la de ayer.

En esta situación la oposición no tiene más que un camino: el de promover una moción de censura con un solo objetivo: devolver la palabra al pueblo español para que se pronuncie en unas elecciones generales. Es de tal gravedad la situación que no es admisible entrar en cálculos partidistas a la hora de plantear la moción de censura. No presentarla alegando que sería inútil porque no se cuenta con los votos para que prospere y que supondría darle un balón de oxígeno, no son más que excusas baratas impropias de una oposición responsable ante una situación excepcionalmente grave.

Se pierda o se gane, la moción de censura servirá para poner negro sobre blanco la excepcional situación en la que se encuentra España. No estamos ante bulos, fango o noticias de “pseudomedios”. Esa cantinela gubernamental se acabó.

Estamos ante una organización criminal que, emboscada en el partido del gobierno y al amparo del mismo, se ha dedicado, entre otras cosas, a asaltar los contratos públicos millonarios de diferentes ministerios para enriquecerse. Y hay que evitar que quienes han consentido, amparado o protegido a los culpables siga moviendo los hilos del Estado para terminar enterrándolo todo.

La oposición debe intentar la moción de censura y solo con un fin, el de convocar inmediatamente elecciones generales. Sé que muchos pensaran que la corrupción pasada del PP le inhabilita para encabezar una moción de censura, pero también estoy convencido de que, al margen de los tribunales, el PP ya ha pagado en las urnas su pasado. Son precisamente los que piensan eso quienes hoy en día se dedican a inundar las redes sociales con recordatorios de esos casos junto con “inventadas”, que diría el Sr. Sánchez, pero que son incapaces de realizar la más mínima critica sobre el estercolero monclovita. Callan sobre la prostitución pagada por los contribuyentes, sobre la traición a los saharauis, sobre la venta de armas a Israel, sobre los millones de euros repartidos en comisiones a costa de encarecer los contratos públicos, etc. Callan sobre todo lo que a ojos de la mayoría es inaceptable. Sus tragaderas son inversamente proporcionales a sus principios éticos y políticos y, por tanto, su credibilidad es nula.

Es hora de retratarse y de actuar, no solo con sentido común, sino también con altura de miras y con patriotismo.

Fdo. Santiago de Munck Loyola 

¡Bravo por Ayuso! ¡Pinganillos fuera!

La Presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido una vez más en la diana mediática por poner negro sobre blanco el ridículo y absurdo asunto de los pinganillos durante la reciente reunión de la Conferencia de Presidente autonómicos celebrada en Barcelona. Lo advirtió y lo hizo: Si alguien utilizaba en la reunión un idioma cuya comprensión requiriese el uso de intérpretes y de los correspondientes pinganillos, ella abandonaría la reunión. Dicho y hecho para escándalo de la progresía y la patulea independentista: que si ha sido una falta de respeto a las “lenguas oficiales”, a los catalanes, a los vascos, que si lo ha hecho para dar la nota o para satisfacer su ego, etc.

Pero, en realidad, lo que ha hecho Ayuso ha sido dar visibilidad al desprecio y a la persecución que el español sufre de manos de politicuchos mediocres y de los odiadores profesionales de todo lo español. No en balde, los que más ladran ante este gesto son los que impiden a los niños en sus regiones estudiar en su lengua materna, el español, los que multan por rotular sus establecimientos en español o los que coaccionan a los niños y a sus familias para que no usen el español en los patios de los colegios. Y son los comentaristas y periodistas que callan y ocultan los pogromos antiespañoles promovidos por independentistas y aplaudidos por la izquierda bastarda.

El Estado español no tiene más lengua oficial que la lengua castellana. Asi lo dispone el  Artículo 3.1 de la Constitución: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, señala el apartado 2 del Articulo 3.

La Conferencia de Presidentes Autonómicos es un órgano deliberativo y consultivo de ámbito estatal en el que, como es lógico, el idioma de comunicación es el oficial, el idioma español, la lengua castellana. Y no hay más que discutir, ni hay que caer en la sandez del ministro Torres de que como su reglamento no prohíbe el uso de otras lenguas se pueden usar las lenguas regionales, pagando eso sí, intérpretes y sistemas de traducción simultánea. Que más da, al fin y al cabo, somos los contribuyentes quienes pagamos la factura para que cuatro descerebrados hagan el payaso.

En una reunión de Presidentes autonómicos que todos sin excepción comparten y conocen el idioma oficial del Estado y que lo usan para comunicarse con los ciudadanos de sus regiones no es necesario utilizar su lengua regional y no lo es por muchas razones: por sentido común, por educación, por cortesía, por respeto a la lengua común hablada por más de 600 millones de personas, por economía procesal y monetaria y, sobre todo, porque no necesitan reivindicar sus peculiaridades lingüísticas de sobra conocidas y apoyadas.

En Hispanoamérica y en muchos países europeos no entienden cómo es posible que en determinadas partes de España se desprecie y se persiga el idioma español y menos aún cómo es posible que el propio Gobierno de España refuerce ese desprecio en las propias instituciones del Estado cediendo a las pretensiones de los enemigos de un idioma universal como el nuestro.

¡Bravo por Ayuso!

Santiago de Munck Loyola