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viernes, 15 de junio de 2018

EL TRIPARTITO AUMENTA EN 3 AÑOS UN 220% EL GASTO EN ASESORÍAS Y TRABAJOS TÉCNICOS EXTERNOS.


NOTA DE PRENSA.
15 DE JUNIO DE 2018.

El presupuesto del Ayuntamiento de Monforte del Cid para el ejercicio 2018 aprobado en junio, es decir, a mitad de ejercicio a pesar de contar con mayoría absoluta en el pleno, ha puesto de manifiesto la indudable incompetencia de la Alcaldesa y Concejala de Hacienda para cumplir un año más con los plazos legales presupuestarios. Pero es que además un examen pormenorizado de algunas previsiones de gastos evidencia un retroceso en la transparencia y, sobre todo, en el mantenimiento del carácter público de algunos servicios municipales esenciales.

El tripartito (comunistas + socialistas + tránsfugas de Ciudadanos) está externalizando servicios administrativos derivando funciones públicas a empresas privadas. Comparando las partidas incluidas en el capítulo 2 con las del último presupuesto aprobado por el PP en 2015 se aprecia un incremento de las mismas de un 220 %.

-          En el año 2015 el capítulo 2 (gastos corrientes) la cuantía destinada a contenciosos, asesorías y trabajos externos fue de 87.900 euros.

-          En 2018 esta cuantía se eleva a 193.901,80 euros.

Esto significa una externalización de servicios públicos entre los cabe destacar: una asesoría de medio ambiente por importe de 29.101,80 € anuales, estudios y trabajos para la propia Administración General por 50.000 € al año, otra asesoría jurídica para urbanismo por 40.000 € o la partida de estudios y trabajos para urbanismo por 20.000 €. 

Es muy significativo el hecho de que en el capítulo I, gastos de personal, el gasto se ha duplicado precisamente en el área de secretaría al crearse una plaza de Vicesecretario con el nivel 30. Y a ello hay ahora que sumar otros 50.000 € anuales para contratos de asistencia técnica jurídica para la propia Secretaría, más otros 60.000 € anuales para asesoramiento jurídico y estudios de urbanismo. Si se tiene en cuenta, además, que el Ayuntamiento ha derivado en los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante la mayor parte de los contenciosos, resulta muy extraña esta tendencia privatizadora.

En definitiva, el tripartito está derivando funciones públicas administrativas a empresas privadas contratadas a dedo y sin criterios objetivos, vaciando de funciones a la administración general.

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