No
hay ninguna duda de que estamos viviendo uno de los momentos más graves de las
últimas décadas de la historia de España. El envite de los independentistas se
eleva cada día que pasa. Están en juego la soberanía popular, la unidad de
España, la autonomía de Cataluña y la propia convivencia pacífica entre los
ciudadanos. En la misma medida en que los independentistas suben su apuesta
desafiando a las leyes y agraviando a los símbolos que representan a todos los
españoles, crece el odio y la animadversión contra ellos y contra su proyecto
ilegal e ilegítimo. Llevan años sembrando vientos y van a recoger tempestades.
Durante
años hemos estado escuchando a políticos y periodistas decir la misma idiotez:
que las políticas de los gobiernos del Partido Popular eran el mejor caldo de
cultivo para el desarrollo del independentismo. Y todos se quedaban tan a
gusto. Pues no, las semillas para el crecimiento del independentismo se
sembraron hace mucho, se sembraron cuando el Estado decidió poner en manos de
los independentistas algo tan serio y sensible como la educación y el uso sin
control de fondos públicos para desarrollar el proselitismo independentista. 35
años inculcando a las nuevas generaciones una visión falsa de la historia de
Cataluña, 35 años fomentando y cultivando el odio hacia España, 35 años
haciéndose las víctimas mientras robaban a manos llenas para sus propios
bolsillos y para sus partidos independentistas, 35 años con muchos medios de
comunicación bien subvencionados en el “oasis catalán” no podían desembocar en
otros resultados que los que tenemos a la vista, no podían ofrecer otra cosa
que el crecimiento del victimismo y del independentismo.
Ni
políticas del PP ni gaitas, el abono que ha propiciado esta cosecha se llama
falta de sentido de Estado, se llama miopía política y se llama egoísmo
partidista y es propiedad de los grandes partidos nacionales. Han sido
incapaces de acordar cosas tan básicas
como un sistema educativo nacional e integrador, una reforma electoral que
acabase con la prima de sobrerrepresentación que beneficia a los
independentistas, garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de los
españoles con independencia del territorio en el que residan, una persecución
implacable contra la corrupción política o medidas para acabar con el
despilfarro autonómico en la promoción interior y exterior de las tesis
independentistas.
Mientras
el desafío más grave para la permanencia de la Nación española y para la convivencia
pacífica se va desarrollando, el panorama entre los llamados partidos
constitucionalistas es desolador. Podemos Unidos no puede ser incluido en esta
categoría porque sus líderes están claramente a favor de romper la soberanía
nacional a través de un referéndum a realizar sólo entre una parte del pueblo
soberano, aquella que reside en las provincias catalanas. El Partido Popular,
un día sí y otro también está siendo salpicado por el afloramiento de antiguos
casos de corrupción que en gran medida merman su credibilidad y hasta buena
parte de su legitimidad. El PP cuando tuvo mayoría absoluta hizo muy poco o
nada por introducir reformas que fomentaran la cohesión y la solidaridad
nacional incumpliendo constantemente su propio programa electoral. Y al PSOE
hay que darle de comer a parte. No sólo es el partido protagonista del mayor
caso de corrupción de la historia de España, sino que además arrastra muchas
losas en su trayectoria que cuestionan incluso su lealtad constitucional. Desde
el “apoyaré el Estatuto que apruebe el
Parlamento catalán” de ZP, pasando por la famosa frase “la nación es un concepto discutido y discutible” del mismo autor,
hasta las actuales sandeces de Pedro Sánchez diciendo que “España es una nación de naciones” es imposible saber qué defiende
realmente el PSOE. Su discurso es errático y diferente en cada territorio y ya
ha demostrado que no tiene inconveniente alguno en pactar en autonomías y
ayuntamientos con quienes quieren destruir España.
El
Sr. Puigdemont, sus compañeros y los podemitas siguen empeñados en que el
Gobierno de España pacte, o lo que es lo mismo para ellos, que se doblegue y
permita un referéndum en Cataluña sobre su independencia, vulnerando la
Constitución. ¿Tan difícil es de entender que una parte no puede decidir sobre
lo que es de todos? ¿Tan difícil es asumir que la soberanía del pueblo español
no se puede fraccionar? Y de hacerlo ¿Quién decide el límite? ¿Los
independentistas?
Hoy,
este portento político que es Carlos Puigdemont, criado a los pechos políticos
de la corrupción pujolista, ha emplazado a Mariano Rajoy a aclarar "si el Estado está dispuesto a usar la
fuerza contra Cataluña". Al margen de que como todo independentista
debe pensar que Cataluña es él, bastaría con que se leyese el Artículo 8.1 de
la Constitución española, la Ley que por cierto legitima su Presidencia y la
autonomía catalana, para conocer la respuesta: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada
y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e
independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento
constitucional. Más claro el agua ¿verdad?
Santiago
de Munck Loyola
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