Poco a poco se ha ido extendiendo la costumbre en
determinados servicios públicos básicos entregar al usuario una factura
informativa en la que se detallan los costes en los que la administración ha
incurrido por el servicio prestado. Dicho de otro modo, se le entrega al
usuario una factura con lo que se supone que debería haber pagado si no
estuviese protegido por el sistema. En la Comunidad Valenciana, uno va al
Centro de Salud a recoger las recetas que le ha prescrito el médico, en el caso
por ejemplo de los enfermos crónicos, y junto a las mismas se le entrega
amablemente la factura informativa con el importe total de las medicinas. En el
caso de la Comunidad Andaluza te entregan, por ejemplo, la factura informativa
del tratamiento o de la estancia hospitalaria en su caso. Parece que en la
Comunidad de Madrid también se están emitiendo este tipo de documentos.
Nos dicen los responsables políticos que esto se hace con
el fin de sensibilizar y concienciar a los ciudadanos del valor que tienen los
servicios que se nos prestan desde las administraciones públicas. Se desconoce
de dónde ha surgido la idea de que los ciudadanos no estamos sensibilizados, ni
valoramos los servicios públicos que nosotros mismos pagamos, pero, en fin,
doctores tiene la Iglesia, y si los expertos en estas cuestiones creen que es
una buena iniciativa y que es necesaria pues adelante. Sin embargo, hay quien
sostiene que esta iniciativa persigue en el fondo hacer que el ciudadano se
sienta algo culpable por generar tanto gasto poniéndose enfermo y que así se
desincentive de forma subconsciente el uso de los servicios públicos.
Hace pocos meses, a propósito de estas iniciativas, las
redes sociales se “incendiaron” con una contrapropuesta original: entregar a
cada político una factura informativa del gasto que origina cada vez que usa el
coche oficial, o la tarjeta Visa o realiza un viaje con cargo a los
presupuestos públicos. Sin embargo parece que esta propuesta peca de cierta
ingenuidad. Por una parte, los políticos saben perfectamente lo que cuesta cada
una de sus actuaciones porque son ellos mismos los que las presupuestan y las
aprueban, por lo que la efectividad de esta propuesta resultaría muy limitada.
Además, a ello hay que añadir que los gastos en los que incurren los políticos
los abonamos nosotros, los contribuyentes, y consiguientemente deberían ser los
pagadores los que tuvieran conocimiento detallado de esas facturas
informativas.
Factura Informativa imaginaria del Congreso. |
Es casi seguro que si se publicaran facturas informativas,
en cada uno de los niveles de las diferentes administraciones, detallando los
gastos de los políticos sí que se produciría un efecto desincentivador. Nada
teme más un político que la transparencia y la publicidad en los gastos que él
mismo origina. Si se publicasen mensualmente en los municipios las facturas
informativas de los gastos que los alcaldes y concejales realizan en comidas,
en desplazamientos, atenciones protocolarias o en móviles, por ejemplo, seguro
que se produciría de forma inmediata un brusco descenso en sus cuantías.
Imagínese el lector que el Congreso de los Diputados, en su página Web,
publicase mensualmente los nombres de los diputados y las cantidades abonadas
por sus viajes privados. Seguro que al mes siguiente pocos diputados volverían
a aparecer en la siguiente factura informativa. No existe complicación alguna
para hacerlo. Tan sólo se necesita voluntad de transparencia.
Nadie debería poner objeción alguna a que los pagadores,
los contribuyentes, recibieran o pudieran tener acceso a esas facturas
informativas. Ya que tenemos que pagar de todos modos, sepamos al menos por
qué, cuánto y a quién. No es mucho pedir ¿no? Bueno, tratándose de nuestra
clase política es sencillamente pedir peras al olmo.
Santiago de Munck Loyola
No hay comentarios:
Publicar un comentario