Con el dinero público, el que no corre vuela.

En estos días estamos presenciando algunas noticias sobre diferentes actitudes de políticos en torno al uso y destino de los fondos públicos. Algunas no son muy edificantes, como la de ese Alcalde que cargaba sus sesiones de “trabajo” en los lupanares a la tarjeta de crédito del Ayuntamiento o la de ese otro Alcalde que se dedicaba a enviar mensajes sms con el móvil del Ayuntamiento a un concurso para intentar ganar en sorteo un Porsche que como vehículo oficial seguro que mola un montón.

Y qué decir sobre todas las noticias que van apareciendo en torno a los magníficos negocios del yerno de Su Majestad el Rey, fraguados y alimentados con los presupuestos públicos. Algunos están empeñados en no reconocer el incuestionable papel del Sr. Urdangarín para reactivar el decaído sector inmobiliario. De los despachos en gasolineras, mejor no hablar de momento.

Y junto a estas noticias hay otras que en un sentido contrario suponen una nueva forma de enfocar el uso de los fondos públicos o, al menos, un intento de ello. Hemos conocido que dos diputados de IU, no todos como señalaban algunos medios de comunicación, los Sres. Cayo Lara y Alberto Garzón han sido los primeros en la historia de la Cámara que han renunciado al fondo de pensiones privado que paga el Congreso a los parlamentarios. Un buen gesto, pero tan sólo un gesto insuficiente respecto a los privilegios de la clase política y en concreto de los parlamentarios. ¿Van a seguir manteniendo sus señorías sus privilegios? ¿Van a seguir cotizando menos años que los demás para cobrar la pensión máxima a la jubilación? ¿Además del sueldo les tenemos que seguir pagando un portátil, un móvil y un iPad? ¿No alcanzan sus sueldos para comprarse los útiles necesarios para hacer su trabajo? ¿Van a seguir cotizando en el IRPF como si fuesen mileuristas? ¿Van a poder seguir cobrando de varias fuentes a la vez o van a aplicarse incompatibilidades rigurosas?

De otra parte, el Presidente de la Generalidad Valenciana, el Sr. Fabra, ha recomendado a los altos cargos que no gasten más de 20 € en la comida diaria. Buen gesto también pero no cabe más remedio que preguntarse ¿por qué los contribuyentes hemos de pagar la comida diaria de los altos cargos? ¿No llegan sus sueldos como para que se paguen de su bolsillo la comida al igual que hacen todos los funcionarios y empleados públicos a los que se ha venido recortando el sueldo? ¿A cuántos altos cargos paga la Generalidad la comida diariamente? ¿A cuánto asciende anualmente la nutrición pública de los altos cargos valencianos?

En otro alarde de supuesta ejemplaridad, el Sr. Arenas acaba de proponer también que se prohíban las tarjetas de crédito con cargo a las Administraciones Públicas. Buen gesto, pero, una vez más, insuficiente. Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y es cierto. Con buenas intenciones como éstas no vamos a ningún sitio bueno. La clase política debe, de una vez, encarar y resolver los problemas que generan su mala imagen.

Los contribuyentes tenemos derecho a que los fondos públicos sean tratados con rigor y, sobre todo, con transparencia. Hoy en día la clase política se ha ocupado muy bien y solidariamente de que sea muy difícil conocer con exactitud sus ingresos reales, los privilegios de distinta índole que se vienen otorgando a si mismos, el número de coches oficiales existentes, el número, función y retribuciones de los miles de asesores que pululan por las administraciones públicas o, simplemente,  el número de teléfonos móviles repartidos a diestra y siniestra y pagados por los ciudadanos. Y mientras no se apruebe un Estatuto para los cargos públicos ejemplarizante vamos a seguir así, facilitando toda clase de abusos mientras el nivel de vida del conjunto de la población sigue descendiendo de forma alarmante. Con lo que hay, desde un modesto concejal de pueblo hasta el mismísimo yerno del Rey se sirven de los fondos públicos y, al parecer, no siempre de forma ejemplar.

Santiago de Munck Loyola