El Diario El Mundo, en su edición de ayer 14 de agosto de 2011, se hacía eco de las drásticas reformas emprendidas en Italia con el fin de adelgazar sus administraciones públicas. De paso, subrayaba tres cuestiones: primera, que nuestro Estado es insostenible en las actuales circunstancias; segunda, que los dos Partidos mayoritarios coinciden en la necesidad de acometer reformas para reorganizar nuestras administraciones públicas y adaptarlas a la coyuntura actual y, tercera, que sorprendentemente ni el PP ni el PSOE se atreven a plantear soluciones programáticas concretas para conseguirlo.
Una vez más, esta situación pone de manifiesto la estrechez de miras, la cobardía política o la falta de sinceridad de los dirigentes de nuestra clase política a la hora de plantear soluciones, que son más que urgentes, ante una cita electoral cercana. Lo más probable es que los electores lleguemos al 20 N sin saber exactamente qué propone cada partido político para solucionar un problema que todos coinciden en diagnosticar: la inviabilidad de nuestra estructura política, de nuestro Estado. Lo que en tiempos de las vacas gordas podía funcionar a pesar del despilfarro permanente al que nos habíamos acostumbrado, hoy es una pesada losa que hace peligrar la sociedad del bienestar en la que vivimos.
El incremento paulatino y constante de las prestaciones sociales producido en las últimas décadas ha venido acompañado de un crecimiento proporcionalmente muy superior de las administraciones públicas encargadas de gestionarlas. La universalización y mejora de la educación, la sanidad, la justicia, las pensiones o las prestaciones por desempleo han conllevado un sustancial incremento de los aparatos administrativos y burocráticos que eran sostenibles mientras la economía se mantenía en sendas de crecimiento. Los ingresos públicos permitían sin grandes problemas afrontar los gastos generados. Sin embargo, la caída de los ingresos ha puesto en evidencia la imposibilidad de seguir así.
Simultáneamente, la descentralización política y administrativa desarrollada por el Estado de las autonomías no ha supuesto una racionalización de los gastos de la burocracia política y administrativa. Al contrario, todas las administraciones han crecido vertiginosamente. No se aplica el principio de a una competencia, una administración, sino que, en muchas ocasiones, nos encontramos hasta con cuatro administraciones para desarrollar lo que antes hacía una sola. Resulta cuando menos llamativo que esta explosión burocrática se ha producido en el mismo período en que se desarrollaban e implantaban las nuevas tecnologías, aquellas que precisamente iban a permitir mejorar e incrementar la productividad, la eficacia y la operatividad de sus usuarios.
Hoy más que nunca peligra la sociedad del bienestar porque los recursos necesarios para su sostenimiento se los está comiendo el Estado, también del bienestar. No es posible seguir así. Los ciudadanos debemos reflexionar y plantearnos cuáles son nuestras prioridades porque vamos a tener que poner en la balanza muchas opciones y decidir cuáles queremos conservar. Todo a la vez no se puede. ¿Queremos educación universal y gratuita? ¿Queremos una sanidad pública de calidad y gratis? ¿Queremos unas pensiones dignas? ¿Queremos en definitiva unas prestaciones sociales de calidad? O por el contrario ¿Queremos seguir triplicando competencias administrativas y, por tanto, multiplicando el número de funcionarios? ¿Preferimos mantener miles de Ayuntamientos minúsculos con escasa capacidad? ¿Queremos seguir financiando a Partidos Políticos, a Sindicatos y Patronales con el dinero que se quita a los pensionistas? ¿Queremos seguir manteniendo unas Fuerzas Armadas profesionalizadas? ¿Queremos mantener unas Diputaciones inoperantes e innecesarias? ¿Queremos seguir manteniendo 17 parlamentos, 17 gobiernos, miles de asesores y miles de coches oficiales? ¿Queremos seguir manteniendo los injustificables e inmorales privilegios fiscales y sociales de nuestra clase política?
Éstas son las disyuntivas o una cosa o la otra. Hoy por hoy, no cabe todo a la vez. O sociedad de bienestar o Estado de bienestar, pero las dos cosas juntas se han vuelto incompatibles. Y si nuestra clase política no quiere verlo, los ciudadanos tenemos que hacer que lo vea.
Santiago de Munck Loyola
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