GALLARDÓN CALIENTA A DIESTRA Y A SINIESTRA.

Si hay algo que caracteriza al Alcalde de Madrid es que la mayor parte de sus intervenciones públicas no suelen pasar desapercibidas. En esta ocasión, Alberto Ruiz Gallardón ha abierto una polémica al anunciar su intención de proponer al Partido Popular que incluya en el programa electoral la creación de una Ley que faculte a los Ayuntamientos para poder retirar de la vía pública a los “mendigos”, es decir, facultar a los ayuntamientos para que puedan llevar a albergues, siempre y cuando cuenten con los medios económicos para ello, a las miles de personas que en nuestro país duermen en los parques, debajo de los puentes, en los callejones o en los cajeros automáticos, en condiciones de absoluta miseria y en medio de la general indiferencia.

Enseguida se han alzado voces críticas. De una parte, algunos compañeros de Partido que le tienen “ganas” al Alcalde de Madrid. De otra, los adversarios ideológicos del Partido Popular que se ha apresurado a lanzar sus diatribas contra el Alcalde de Madrid, contra el Partido Popular y contra todo aquello que sea sospechoso de desviacionismo de lo políticamente correcto.

«La libertad individual de los ciudadanos es lo primero para el PP», ha dicho Dª Ana Mato, vicesecretaria general de Organización, rechazando la propuesta del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Supongo que en los últimos años algo habrá aprendido Dª Ana, pues aún recuerdo con vergüenza ajena la ignorancia de la que hizo gala en cierta ocasión en la que debía explicar a un grupo de militantes la reforma del IRPF del gobierno de Aznar y no sabía distinguir los conceptos elementales de dicho tributo. Sus chascarrillos de rueda de prensa no valen como argumentos sólidos. Por su parte, como no, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, discrepó: «No me gustan las prohibiciones». Supongo que la libertad individual de la mayoría de los ciudadanos también cuenta para el PP. No creo que se trate de prohibir por prohibir, pero en toda sociedad democrática hay reglas que deben obligar a todos. Uno no puede, aunque le apetezca, ir desnudo por la calle, ni acampar en un parque público, ni bañarse en la fuente de Los Luceros o en la Cibeles, ni montarse una barbacoa en la Explanada o en el Paseo de Recoletos y del mismo modo uno no puede dormir donde quiera o donde pueda. Es evidente que se trata de un tema espinoso. No todo aquel que duerme en la calle, que hace sus necesidades en cualquier sitio lo hace por las mismas razones que los demás. Hay gente que se ve en la calle porque ha perdido el piso o porque se encuentra con problemas psicológicos o porque el alcohol o las drogas han minado su personalidad o por mil razones diferentes. Pero una sociedad que se precie no puede mirar para otro lado, no puede seguir en la indiferencia. Tiene que tomar medidas porque la libertad individual no es ilimitada.

Para la ministra de Sanidad, Leire Pajín, el movimiento de Ruiz Gallardón es «populista y estético», y critica al consistorio madrileño por no incrementar las «medidas inclusivas» para los mendigos. Los datos cantan, aunque la insigne ministra no los conozca: desde que su partido gobierna el número de españoles bajo el umbral de la pobreza ha crecido sin parar, al igual que el número de los sin techo hasta el punto de que los albergues municipales no dan abasto, como tampoco lo dan los comedores de Caritas. No es una cuestión de estética, ni de populismo (sabrá ella lo que es populismo) es una cuestión de solidaridad. Claro que, puestos a terciar en la polémica, no han podido faltar los osados ignorantes de izquierdas que se han apresurado a comparar la propuesta con la “franquista” la ley de vagos y maleantes, cuando lo cierto, como ya ha recordado por el propio Gallardón, es que dicha ley fue aprobada en agosto de 1933 por un gobierno con participación socialista. Y para qué mencionar las declaraciones del procastrista Llamazares que acusa al regidor madrileño de no ir contra las causas que provocan la mendicidad.

Podrá ser o no oportuna la medida propuesta por Gallardón, pero nadie puede negar de que se trata de una propuesta valiente que intenta abordar un problema real, de muy complejas causas y en el que no cabe una solución simple. El debate está abierto y algo hay que hacer. Lo que es indudable es que los Ayuntamientos tienen la obligación moral y política de atender a los más necesitados y que para ello necesitan muchos más recursos que el Estado les niega, como también es indudable, al menos para mi, que no todo se puede hacer, que no todo puede estar permitido o tolerado en una sociedad en la que la convivencia debe ser preservada.

Santiago de Munck Loyola