CRÓNICA DE UNA DESASTROSA CHAPUZA.

En el último Pleno del Ayuntamiento vimos como el Portavoz de Vox, Rafael Náñez, puso contra las cuerdas a la inefable Maribel de las Nieves Antón, concejala de Contratación y Patrimonio, Servicios Sociales, Juventud e Infancia, Igualdad, Administración Electrónica y Transparencia que no supo responder a la cuestión planteada, ¿cuánto ha tenido que pagar el Ayuntamiento en concepto de intereses por renunciar a la subvención concedida por la Generalidad Valenciana para “rehabilitar las casas de los maestros”? La Sra. Concejala con su habitual gracejo y elegancia mintió afirmando que los intereses pagados habían sido 2.752 € y el Portavoz de Vox la dejo en ridículo al exhibir un decreto del 19-11-2024 del Alcalde ordenando el pago, por ese mismo concepto, de casi 10.000 €. 

Pero más allá de esto; más allá de que la señora concejala escudase la inacción del Ayuntamiento en la rehabilitación de estas viviendas esgrimiendo que la competencia en materia de viviendas era de la Generalidad Valenciana ignorando, como no podía ser de otra forma habida cuenta su preparación para el cargo, que el Articulo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local señala que “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación”; más allá  de que culpase a la guerra de Ucrania del incremento en un 55% de los materiales construcción, cuando lo cierto es que los costes de construcción en edificación residencial han aumentado según el INE un 23,5% desde entonces; más allá de cualquier otra peregrina excusa lo cierto es que el Gobierno Municipal solicitó una subvención incumpliendo los requisitos para obtenerla (la propiedad de los bienes) y, además, fue absolutamente incapaz de gestionar el propio Ayuntamiento para funcionar al ritmo que los plazos legales exigían. Basta con observar la cronología de las actuaciones municipales para darse cuenta de ello. Veamos.

Plazo para ejecutar las obras a partir del 30-12-2021			730 días
Fecha	Concepto	Tiempo empleado	Quedan
11-4-2022	El Ayto. inicia expediente contratación	101 días	629 días
28-11-2022	El Ayto. adjudica el expediente	231 días	398 días
5-12-2022	El Ayto. firma contrato con adjudicatario	7 días	391 días
3-3-2023	Adjudicatario entre 28 días tarde el proyecto	88 días	303 días
5-7-2023	Adjudicatario entrega nuevo proyecto con precios revisados	124 días	179 días
6-7-2023	El Ayto. lo informa favorablemente	1 día	178 días
28-7-2023	La junta de Gobierno aprueba el proyecto	22 días	156 días
3-10-2023	Ayto. nombra responsable de las obras	67 días	89 días
23-10-2023	Ayto. firma acta de replanteo	20 días	69 días
16-11-2023	Ayto. renuncia a la subvención	24 días	45 días

 

A la vista está que ni añadiendo a los 45 días una posible prórroga de seis meses ( 182,5 días, prevista en las Bases de la subvención) habrían podido ejecutar una rehabilitación cuyo plazo era de un año y medio (547 días). Putin no tiene la culpa de que el Gobierno Municipal tardase 101 días en iniciar el expediente de contratación; los empleados municipales tampoco tienen la culpa de que la empresa adjudicataria emplease 212 días, en vez de 60, en terminar el proyecto, ni la fachosfera es culpable de que el Sr. Alcalde, que se había tomado un período de descanso nada más tomar posesión del cargo, tardase más de dos meses en nombrar al responsable de las obras.

Son los miembros del anterior y del actual Gobierno Municipal los únicos responsables de este desaguisado, de esta chapuza infecta y desastrosa que está costando miles de euros a todos los monfortinos. Sí, los mismos que han estado dedicando ingentes esfuerzos y dinero de los contribuyentes para perseguir en los tribunales a sus adversarios políticos, los mismos que han desengrasado la maquinaria administrativa municipal acosando a decenas de empleados, los mismos que han empleado su tiempo en enriquecerse bien “pillando” subvenciones para ellos mismos, como la citada concejala o bien usando los servicios municipales para despojar de sus bienes a una indefensa anciana. Son los mismos que van a convertir a Monforte del Cid en un páramo fotovoltaico. Inútiles, incompetentes, mentirosos y corruptos. Ya está bien.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

Mi muerte civil frustrada.

El lunes 4 de noviembre, recibí una llamada de mi abogado y buen amigo José María Bueno Manzanares.

Jose Maria Bueno Manzanares

Se trataba de una llamada que llevaba esperando casi un año, cuando acabó visto para sentencia el procedimiento penal que se inició a primeros de 2018 contra la exalcaldesa de Monforte y contra mí, como exsecretario del Ayuntamiento. Inmediatamente se me encogió el estómago y se me aceleró el pulso. Absuelto de todos los cargos, por los que se me pedían casi 20 años de cárcel y 200.000 € de indemnización, me dijo y empezó a relatarme algunos datos de la Sentencia que por unanimidad habían dictado tres magistrados de la Audiencia Provincial. Pero ya casi no podía escucharle, las lágrimas se me saltaron y la sensación de despertar de una larga pesadilla me inundó. Se acababan casi siete años de persecución política, de humillación publica, de difamaciones e injurias promovidas por una administración pública mal gobernada por comunistas, socialistas y tránsfugas quienes han empleado para ello decenas de miles de euros de los contribuyentes.

La querella fue promovida por la Alcaldesa de Monforte, Mª Dolores Berenguer Bello, 

Mª Dolores Berenguer Bello

una persona claramente marcada por su ambiente familiar, una resentida social cargada de odio, de complejos y vengativa, muy engreída, con escasa formación intelectual y menos modales. Su profundo odio hacia mi era político y personal. Y necesitaba imperiosamente hacerme daño, a mí, a mi familia, a amigos y compañeros de trabajo que simpatizaban conmigo y echarme del Ayuntamiento para eliminar un molesto testigo de todas las tropelías que estaba haciendo y por las que le espera un largo paseíllo por los tribunales penales. Contó con tres aliados necesarios: el jefe local del PSOE y concejal de personal, Vicente García, más aficionado al alcohol que al trabajo, con menos formación aún que la alcaldesa; con la concejala de Ciudadanos, Maite de las Nieves Alberola, tránsfuga después,

y conocida como la lideresa del Partido de la tapia, casada con José Vicente Boyer, un técnico municipal colocado a dedo por el PP, partido al que traicionó obedeciendo bovinamente a su mujer y a su suegro;

Vicente Garcia, Berenguer Bello y Jose Fernando 

Mullor Ortiz

por último, el Secretario Interino, José Fernando Mullor Ortiz, exsecretario de triste recuerdo en Hondón de las Nieves, acusado por la fiscalía por corrupción por aquel entonces y un jeta pedante, lameculos, embustero redomado y con tan poca vergüenza como escasa dignidad personal y profesional. 

Estas cuatro calaveras estaban acompañados y coordinados por el asesor de la alcaldía, Francisco José Lifante Martínez, alias “Flipante”,

Flipante a la izquierda.

exconcejal comunista que, vividor de lo público, tras su paso por la concejalía de juventud, dejó en su ordenador un historial de búsquedas en internet sonrojante, masón militante, con ínfulas intelectuales, dedicado al cotilleo político y a hacer negocios desde el ayuntamiento o con el ayuntamiento, conspirador, manirroto y tan digno de confianza como una zorra vigilando un gallinero.

En 2017, tras casi dos años de un implacable acoso laboral durante el que me aislaron en un edifico de tres plantas en el que yo era el único empleado municipal, me recortaron el sueldo arbitrariamente, me aislaron de mis compañeros a los que prohibieron relacionarse conmigo castigando a quienes desobedecían, me difamaron e intentaron humillar, decidieron, a la vista de que, como cumplía con mi trabajo no podían expedientarme, expulsarme del Ayuntamiento anulando la oposición que había aprobado en 2008. Y para ello, aprobaron en Pleno un expediente de revisión de oficio de mi selección y nombramiento en 2008, elaborado por el inefable Fernando Mullor, plagado de falsedades, con testimonios de funcionarios cuyas respuestas habían sido escritas previamente por el Sr. Mullor y, lo que es peor vulnerando mi derecho a examinar el expediente de 2008. Anularon mi condición de funcionario, algo reservado por ley a un juez, me expulsaron, me dejaron sin seguridad social y sin derecho al desempleo o a cualquier tipo de prestación pública.

La alcaldesa, la transfuga y el concejal de personal

celebrando mi expulsión mientras perpetran la

canción Mamma mía.

Como presenté un recurso contencioso administrativo decidieron paralizarlo presentando ellos una querella contra mí y la exalcaldesa del PP acusándonos de toda clase delitos. Faltó que nos acusaran de la muerte de Manolete. Y todo ello aderezado con toda una serie de difamaciones ampliamente esparcidas por el pueblo y redes sociales por la alcaldesa comunista, alias “la albondiguilla”, muy dada al chismorreo, y por sus acólitos. Tras cinco años de instrucción, que se dice pronto, de toda la sarta de acusaciones (más de nueve hechos distintos) la jueza instructora decidió imputarnos tres presuntos delitos: por una supuesta falsedad documental en una resolución de alcaldía que ni siquiera había firmado yo en la que había un baile de fechas, por haber ejercido las funciones de secretario accidental sin nombramiento escrito en algunos días en los que el secretario titular no había acudido a su puesto de trabajo y por haber sido nombrado gerente de servicios municipales. El juicio oral iniciado en octubre de 2023 y finalizado en noviembre del mismo año, sirvió, entre otras cosas, para acreditar la miseria moral de algunos de los testigos que mintieron con descaro ante los jueces como la exconcejala popular Remedios Agulló, como el administrativo José Manuel González, “el Lecher”, como la administrativa María José Benito Salas, la “Poro”, o como el Sr. Mullor, alias el “tres mil”. Aún estoy deseando conocer las múltiples propiedades inmobiliarias que en sus falsos testimonios me adjudicaron.

Y lo más llamativo fue que la denunciante principal, la promotora de esta querella, la “albondiguilla”, se negó a ir a declarar. Toda una valiente que empleó casi 30.000 euros de los vecinos en abogados para acusarnos falsamente y no tuvo la decencia de ni siquiera ir a ratificar sus acusaciones. Pura basura comunista.

Tantos años y dinero empleado y no consiguieron convencer a los tres magistrados de la audiencia provincial de nuestra culpabilidad. Nos absolvieron con todos los pronunciamientos favorables. Esta banda de sinvergüenzas había decretado mi muerte civil porque ya lo del paseíllo no se lleva. Pero erraron el tiro. El sufrimiento, la incertidumbre y la angustia padecida estos casi siete años tanto por mí, como por mis seres queridos, no nos los quita nadie. Pero pagarán por ello, por la vía judicial o por la de la vida. Estoy más que seguro. 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

 

Nota de Prensa remitida por el Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid.

21 de septiembre de 2024.

 

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DE MONFORTE DEL CID AYUDARÀ  A LOS VECINOS A INTENTAR RECUPERAR EL DINERO INDEBIDAMENTE PAGADO A AGUAS DE ALICANTE.

 

Tras presentar el pasado mes de agosto una denuncia ante los juzgados de Instrucción de Novelda por la existencia de un posible delito de exacciones ilegales, el Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid ha iniciado hoy sábado una campaña informativa entre los vecinos para explicar la anómala situación existente en torno al suministro de agua potable y mantenimiento del alcantarillado en la localidad.

 

Hay que remontarse a septiembre de 2017, cuando el Gobierno Municipal de IU+PSOE+tránsfugas adjudicó la concesión para el suministro de agua potable y mantenimiento del alcantarillado a la empresa AMAEM (Aguas de Alicante) a cambio de 5 millones de euros de canon. Dicha concesión fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 9-9-2020 mediante la Sentencia N.º 717/2020. Desde entonces, el Gobierno municipal no ha licitado un nuevo concurso. Sin embargo, año tras año, incluso después de haber sido anulada la concesión, AMAEM, con la conformidad del Ayuntamiento, ha venido subiendo las tarifas a los usuarios.

 

Pero, lo más sorprendente, es que no existe ningún soporte legal para que la concesionaria, AMAEM, pueda cobrar las facturas que regularmente pasa al cobro a los usuarios. Es decir, los precios del agua y demás servicios que cobra AMAEM solo pueden ser exigidos a los usuarios si previamente el Ayuntamiento los aprueba anualmente en la correspondiente ordenanza municipal, algo que nunca ha hecho. Así lo establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 20.6. Por tanto, sin Ordenanza Municipal reguladora de los precios relativos al suministro del agua potable y alcantarillado, no se puede exigir a los usuarios el pago de las facturas emitidas por AMAEM por estos servicios. El Gobierno Municipal y AMAEM podrían estar incurriendo en un posible delito de exacciones ilegales.

 

Por todo ello, el PAR entiende que no hay obligación alguna para pagar las facturas de AMAEM y, no solo eso, sino que los vecinos tienen derecho a exigir el reintegro de todas las facturas pagadas hasta el día hoy con los intereses legales a que hubiere lugar. Por ello, la campaña informativa del PAR que se ha iniciado hoy explica a los vecinos esta situación, ofrece asesoramiento jurídico y facilita los impresos necesarios para que puedan reclamar a Aguas de Alicante el reintegro de las cantidades pagadas sin que existiera la correspondiente Ordenanza Municipal.

 

 

A cuestas con la inmigración ilegal.

Durante los últimos meses, la preocupación ciudadana por la inmigración ilegal no ha hecho más que crecer paralelamente a su vertiginoso incremento, que es motivo de portada casi a diario en la mayoría de los medios de comunicación. Estamos ante una verdadera invasión africana que se está produciendo ahora mismo y que ya ha colapsado todos los centros asistenciales de las Islas Canarias y de Ceuta y Melilla. En 2023, llegaron a España un total de 56.852 inmigrantes irregulares, un 83 % más que el año anterior. En los primeros 6 meses de 2024, 24.898 inmigrantes ilegales han llegado a España, 12.194 más que en el mismo periodo de 2023 (es decir, un incremento del 96%). 

En Canarias hay casi 6.000 menores extranjeros no acompañados y la previsión es que hasta que finalice 2024 lleguen hasta 11.000 niños. A fecha de 31 de julio había 15.045 menas y jóvenes ex tutelados en España, de los cuales 10.123 eran marroquíes (el 68%). Ahora mismo, los servicios de atención canarios y ceutíes están absolutamente desbordados. No pueden acoger a ni uno más y piden auxilio constantemente al Gobierno de España sin obtener una respuesta eficaz. Y el problema es mucho más grave que la situación dramática que viven estos menores no acompañados, el problema no es solo cómo dar una respuesta urgente a su situación, el problema es cómo abordar toda la inmigración ilegal o irregular en su conjunto.

La política exterior, la política sobre inmigración es una responsabilidad, una competencia del Gobierno del Estado. ¿Y qué ha hecho hasta ahora el gobierno? Primero, intentar sin éxito aprobar en el Congreso una modificación, sin consensuarla, de la Ley de inmigración para repartir los menas de Canarias por el resto del territorio español. Lo segundo, culpar al PP y a Vox del fracaso de esta modificación legal y por ende de la acumulación de menas en Canarias. Algo ridículo, porque lo relevante es que esa modificación no fue aprobada porque una parte del soporte parlamentario que sostuvo la investidura de Pedro Sánchez votó que no. Un Gobierno que no tiene capacidad ni soporte parlamentario para aprobar los presupuestos generales, ni tan siquiera un articulo de una Ley no es un Gobierno, es una panda de ocupadores de sillones ministeriales. Lo tercero, en plena llegada de cayucos, el Presidente fue a Canarias, sí, pero no visitó ni una sola de las instalaciones desbordadas por los inmigrantes ilegales. Estaba de vacaciones.

Cuarto, a continuación, el Sr. Sánchez hizo una gira por tres países africanos, Mauritania, Gambia y Senegal, para intentar “arreglar” tan espinoso asunto y, entre otras cosas, se le ocurrió anunciar en Mauritania que España necesita 250.000 inmigrantes al año, anuncio que debió alegrar mucho a los que por aquellos lares aún no se habían decidido a embarcarse en un cayuco. Que alguien explique cómo el Presidente del Gobierno, que no consigue trabajo para sus más de tres millones de parados, va a conseguirlo para 250.000 extranjeros al año.

Es una evidencia que la mayoría parlamentaria del Gobierno socialista es incapaz de adoptar medidas, por pequeñas que sean, en este asunto porque es incapaz de generar un consenso mínimo. No solo porque SUMAR se niegue a hablar de hacer deportaciones ni tan siquiera en los casos que la vigente Ley las respalde, sino que JUNTS se niega en redondo a que los menas sean trasladados también a Cataluña y, además, exige que el control de la inmigración y, por tanto, de las fronteras interiores y exteriores de Cataluña sean competencia exclusiva de la Generalidad catalana. Nos falta saber si dentro de sus fronteras incluyen a Baleares, Comunidad Valenciana o el Rosellón francés.

La primera obligación de cualquier gobierno es atender al bienestar general de sus ciudadanos, garantizar su seguridad y preservar los valores culturales y éticos sobre los que se asienta la comunidad nacional. Y a partir del cumplimiento de esta obligación diseñar y aplicar las políticas de inmigración que sean necesarias. Lamentablemente da la sensación de que esta obligación no se cumple: los cálculos electoralistas, la ausencia de principios claros o el seguidismo casi fanático de agendas diseñadas por élites globalistas priman sobre el interés nacional.

Santiago de Munck Loyola

DENUNCIADO EL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID POR UN PRESUNTO DELITO DE EXACCIONES FISCALES ILEGALES. (Noticia censurada por la prensa alicantina)

 29 de agosto de 2024.

DENUNCIADO EL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID POR UN PRESUNTO DELITO DE EXACCIONES FISCALES ILEGALES.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid lleva años permitiendo el cobro del servicio de agua potable y mantenimiento del alcantarillado sin haber aprobado la Ordenanza fiscal que lo autorice.

El Partido Alicantino Regionalista ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de guardia de Novelda contra el Alcalde, D. Juan José Hernández Rico, y la anterior alcaldesa y demás funcionarios responsables, por permitir el cobro por parte de la empresa Aguas de Alicante a todos los usuarios del servicio municipal de suministro de agua potable y conservación del alcantarillado sin que exista una Ordenanza Municipal que apruebe y regule las tarifas aplicables, lo que podría constituir un delito de exacciones fiscales ilegales previsto en el Articulo 437 del Código Penal.

En efecto, al hecho de que desde el 9-9-2020, el TSJ de la Comunidad Valenciana dictase la Sentencia N.º 717/2020 anulando el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Monforte del Cid de fecha 2 de marzo de 2017 y, por ende, la adjudicación a Aguas de Alicante del contrato mixto de concesión de la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y obra pública y al ocultamiento de esta circunstancia a la Comisión de Precios de la Generalidad Valenciana para lograr el visto bueno de la misma a las subidas anuales de las tarifas, hay que añadir el agravante de que el Gobierno Municipal de Esquerra Unida y PSOE no ha aprobado ni una sola vez desde 2017 la modificación de las Ordenanzas Fiscales para autorizar las tarifas que se han venido aplicando a los usuarios monfortinos, de modo que todos los cobros efectuados por el consumo de agua potable y uso del alcantarillado son nulos de pleno derecho.

La disposición final duodécima de la modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo añade un nuevo apartado 6 al artículo 20, en los siguientes términos:

«6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado SE REGULARAN MEDIANTE ORDENANZA. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas.»

La ausencia de esta Ordenanza invalida todos los pagos efectuados por los usuarios del servicio publico de agua potable y alcantarillado y obliga a Aguas de Alicante y al Ayuntamiento no solo a asumir las responsabilidades penales a que hubiere lugar, sino también a proceder al reintegro a los usuarios de las cantidades ilegalmente percibidas.

El PAR de Monforte del Cid considera irresponsable y negligente la gestión del gobierno municipal y exigirá la responsabilidad personal a los dirigentes políticos implicados para que asuman el enorme daño económico que, sin duda, esta situación va a generar a las arcas municipales.

La llave de la caja común.

Salvador Illa, el candidato más votado en las últimas elecciones catalanas, es ya, a pesar del numerito circense de “cocomocho”, el nuevo Presidente de la Generalidad catalana gracias a un pacto cerrado por los socialistas con los independentistas de ERC. Un pacto que los socialistas no han hecho publico y, ni siquiera, lo han sometido a debate dentro del PSOE. Lo que conocemos principalmente es través de los independentistas de ERC que sí lo han sometido a debate y aprobación entre sus militantes. Parece que algunos aspectos de ese pacto incluyen el control de la televisión autonómica por parte de ERC, 2500 medidas para terminar de erradicar al español de Cataluña y, lo que más se está debatiendo, la cesión de la llave de la caja común fiscal a la Generalidad catalana, es decir, la desaparición de la caja común y la ruptura de la unidad fiscal y tributaria en España. Y no es un asunto menor. Ya hace meses la Portavoz de Junts en el Congreso lo decía claro, querían la independencia fiscal para conseguir la independencia total y eso solo podía conseguir haciéndose con la llave de la caja común. Es evidente que sin independencia fiscal no hay viabilidad para una independencia política.

Ni el Presidente de Gobierno, el Sr. Sánchez, ni su Ministra palmera de Hacienda, la Sra. Montero, han tenido la decencia de explicar este acuerdo. Solo el Presidente ha salido a la palestra para contar que le parece un acuerdo magnifico, que esta encantado con el acuerdo (y consigo mismo) y que le parece un paso adelante hacia la federalización. ¿Federalización? Pero ¿sabe realmente de lo que habla? En primer lugar, la federalización no es un objetivo contemplado en nuestra Constitución. En segundo lugar, ningún estado federal del mundo, repito ninguno, ha renunciado en parte de su territorio a sus competencias fiscales. Y, en tercer lugar, hasta Suiza que es una Confederación dispone de una agencia fiscal que recauda y gestiona el 30% de los impuestos en los cuatro cantones que la componen. Hay que maliciarse que conociendo  al personaje lo que para él es magnífico va a ser una calamidad para toda España.

Lo mas escandaloso de este pacto es que una medida de tan gran calado, que va a afectar a la economía de todos los españoles no se consulte al conjunto de la ciudadanía, al pueblo soberano, mediante un referéndum. No se trata de una medida votada en el programa socialista de las últimas elecciones generales, algo que podría otorgarle cierta legitimidad, se trata de una medida urdida en los despachos para la compra de voluntades políticas: tú me das tus votos para hacerme Presidente y yo te regalo la llave de la caja fiscal. Tampoco es una medida debatida en el seno del Partido Socialista, como sí han hecho sus socios independentistas.

Pero claro, para Pedro Sánchez, Illa y el resto de su equipo eso es suficiente. Podemos estar tranquilos todos los españoles. 3.397 independentistas de ERC han decidido que el pacto con los socialistas es magnífico. Eso ya es algo importante porque los 3.397 miembros de ERC constituyen la “crème de la crème” de la intelectualidad catalana. Un grupo de intelectuales, defensores de los planteamientos históricos del Institut Nova Història. Sí, estos señores que afirman sin rubor alguno que los catalanes son genéticamente superiores al resto de los españoles, que Cristóbal Colon, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci, Américo Vespucio, Hernán Cortes, Bartolomé de las Casas, Santa Teresa de Ávila, Shakespeare, Beethoven, El Cid, Erasmo de Rotterdam, Juan Sebastián Elcano, Francisco Pizarro eran catalanes de pura cepa y que América fue descubierta, conquistada y evangelizada por catalanes, son los únicos que han podido debatir y votar sobre la presunta bondad de este magnífico acuerdo. Podemos estar más que tranquilos, como tranquilos están Pedro Sánchez y sus seguidores. Con que ellos decidan sobre nuestros impuestos ya deberíamos tener bastante.

Veremos a ver cómo se las apañan para sacarnos al resto de los españoles los más de13.000 millones de euros que la Agencia Tributaria Catalana nos va a robar a todos. Eso sí, la caja de las pensiones no la quieren. Se las seguiremos pagando también los demás. ¡Pedrito, has hecho un pan con unas hostias! 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

BULOS NO, HECHOS.

“No hay caso”, “todo son bulos” se harta a repetir la ministra Portavoz del Gobierno. Sin rastro de poseer conocimiento jurídico alguno, pero dotada de poderes adivinatorios no se cansa de repetir la misma cantinela una y otra vez. Su respeto a las decisiones judiciales es tan evidente como su escasez de materia gris. Y junto a ella, todos los demás miembros del gobierno y del partido gubernamental. Lo tienen fácil, el argumentario diario que reciben por las mañanas se limita a las frases “no hay caso” y “todo es un bulo” a la que se les permite añadir algún improperio contra el juez Peinado.

Pero sí, sí hay caso judicial. Y lo hay porque como consecuencia de varias denuncias, un juez ha abierto diligencias previas para tratar de determinar si los hechos denunciados son o no constitutivos de delito. No sabemos aún si hay o no delito o delitos, para saberlo has que esperar a conocer el resultado de las diligencias que tiene que practicar el juzgado. La prudencia de cualquier persona medianamente inteligente impide asegurar o no su existencia, pero eso no impide que determinados hechos y conductas se investiguen judicialmente y a eso se le llama un caso judicial.

Y hay quien se empeña en repetir machaconamente que todo son “bulos”, noticias falsas propaladas con algún fin. Pues que mejor que examinar algunos de esos supuestos “bulos”, de esas supuestas noticias falsas para poder hacerse una idea de quién miente y quién no. Dice el Presidente del Gobierno en su primera epístola que su mujer es una “excelente profesional”. Nadie lo discute, pero todos nos preguntamos ¿de qué es profesional? ¿En qué profesión ha destacado por su excelencia? Puede que ayudase eficazmente a su padre en la gestión de sus saunas gays, pero de ahí a hablar de “excelencia profesional” hay un verdadero abismo. No es un bulo, sino algo contrastado e indiscutible, que Dª Begoña Gómez carece de estudios universitarios como tampoco es un bulo que dirige , ni más ni menos, que toda una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid impartiendo cursos a licenciados universitarios. Salvando las distancias y con todo respeto no puedo imaginarme a Arguiñano dirigiendo una cátedra de física cuántica. Pues eso.

No es un bulo, que para conseguir dirigir esta Cátedra Dª Begoña Gómez convocó al rector de la Universidad Complutense a una reunión en sus oficinas profesionales, cuya existencia se desconoce, sino en el mismo Palacio de la Moncloa y no una sino, al menos, dos veces. Palacio al que convocaba a otros directivos de empresas cuyo patrocinio buscaba para su excelente actividad profesional. Tampoco es una noticia falsa el hecho de que varias empresas, por encargo de la complutense, hiciesen un software para la cátedra de Begoña y que esta lo registrase a su propio nombre, ni el hecho de que cargase facturas, sin competencia para ello, a la Universidad Complutense razón por la cual esta Universidad ha pedido al Juzgado que sea juzgada por apropiación indebida. 

No son un bulo tampoco el hecho de que su amigo y “socio” Barrabés se hiciese con contratos públicos por un importe cercano a los 20 millones de euros o que su amigo Víctor Aldama, del grupo Globalia, empresa matriz de Air Europa,  y el ejecutivo de Air Europa, Sr. Hidalgo, se hiciesen con un rescate exprés para su aerolínea de 475 millones de euros y un préstamo de 140 millones avalados por el ICO. Dada la relación de estos dos últimos personajes con Koldo García, no habría estado de más una selección algo más exquisita de los contactos “profesionales” de Dª Begoña Gómez. Y, la verdad, andar escribiendo cartas de recomendación en favor de empresas en procedimientos públicos en los que la intervención de su marido o de los subordinados de su marido es determinante, no parece muy higiénico.

Todos los anteriores hechos son ciertos. No se trata de rumores, ni de bulos. Puede que no sean delito porque para declararlos como tal los jueces deben hilar muy fino, pero nadie con un mínimo de objetividad puede negar que huelen muy mal, que apestan. Como dijo recientemente en el Congreso de los diputados Aitor Esteban, refiriéndose a las actividades “profesionales” de Dª Begoña Gómez, “lo que nadie puede dudar es de que hay cosas que no se pueden hacer”. Y retrocediendo 2000 años conviene recordar a Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.), uno de los más destacados oradores, políticos, filósofos y escritores de la antigua Roma, “Meos tam suspicione quam crimine iudico carere oportere”, lo que en roman paladino significa “que el juez debe estar libre tanto de sospecha como de culpa” o lo que es lo mismo “La esposa no sólo debe ser honrada, sino también parecerlo” .

Santiago de Munck Loyola

No podemos seguir igual.

 

Hablar de inmigración ilegal no siempre es fácil. Es un tema muy complejo susceptible de generar fuertes enfrentamientos ideológicos y partidistas. Sin embargo, no es posible mirar hacia otro lado y evitar así posicionarse en medio de un contexto tan polarizado. Y la realidad que estamos viviendo con especial intensidad informativa en estos días merece algunas reflexiones para tratar de centrar el debate.

El constante tráfico de pateras hacia las Islas Canarias ha puesto a su población en una situación límite: las administraciones de las islas están desde hace meses desbordadas y ya no tienen capacidad para acoger y tratar a los inmigrantes que llegan. Y especial preocupación despiertan los más de 6.000 menores no acompañados para los que no hay ni alojamientos, ni personal suficiente para ser atendidos.

Hay que puntualizar algunas cosas a la hora de analizar la situación. En primer lugar, la vigilancia de las fronteras es una competencia exclusiva del Gobierno de España, no de las autonomías, como lo es también la política sobre inmigración. Es evidente que en ninguno de los dos aspectos el Gobierno lo esta haciendo bien. Las pateras, fletadas por las mafias que trafican con seres humanos, siguen burlando la vigilancia y llegando a nuestras costas. Y los acuerdos que el Gobierno cierra con los países emisores de inmigrantes son papel mojado a pesar de las ayudas económicas que estos reciben de España. Nadie rinde cuentas.

Resulta llamativo que el Gobierno desprecie la propuesta de la oposición de que la Armada se incorpore a las tareas de vigilancia fronteriza diciendo que la Armada no está para eso y a renglón seguido el Presidente Sánchez pida ayuda a la OTAN, nada menos, para defender nuestras fronteras marítimas. A ello hay que añadir que nuestras fronteras son las fronteras de la Unión Europea, que son la puerta de entrada al espacio europeo comunitario, y que, por tanto, su violación y las consecuencias derivadas de ello son un problema en el que la Unión tiene algo que decir.

La pésima gestión gubernamental de esta crisis migratoria no debería servir de excusa a nadie para intentar obtener réditos electorales. Pero no ha habido que esperar a la búsqueda de una solución para los 6.000 menores no acompañados concentrados en Canarias, ha bastado el reparto de solo 400 para que tanto el Gobierno de España como Vox se hayan puesto “estupendos”, cada cual en su estilo. El Gobierno, de una parte, se ha ocupado de afear a los gobiernos regionales del PP su relación con Vox, que no quiere a ninguno de esos menores en la península, y a presionar al PP para que acepte modificar la Ley de extranjería, de modo que el reparto de menores sea de obligada aceptación por los gobiernos autónomos. 

En su delirante maniqueísmo los socialistas y la ultraizquierda insultan y vituperan al PP, pero callan como pu… ante la posición de la ultraderecha racista catalana de Junts que exige, como Vox, que Cataluña quede al margen del reparto de menores inmigrantes. O sea que como el Gobierno de Izquierdas no cuenta en este asunto con el voto ni de Junts, ni de ERC, sus socios parlamentarios, trata de forzar a la oposición para que le preste los suyos. Todo ello sin una palabra, ni un mal gesto hacia la xenofobia de los independentistas catalanes. ¡Muy coherente!

De otra parte, Vox, alegando que acoger a estos menores es tanto como respaldar la inmigración ilegal ha roto sus acuerdos de Gobierno con el PP en cinco autonomías, al no ceder este partido a su chantaje. Pero acoger a estos menores no acompañados no es apoyar la inmigración ilegal por mucho que se empeñen. Es, ante todo, un acto humanitario, un acto de caridad en términos cristianos si le gusta más a Vox. Es un acto de solidaridad con la población canaria y es un acto de responsabilidad ante la irresponsabilidad del Gobierno de España. Es cierto que no es la solución a los graves problemas que la inmigración masiva ilegal plantea que requiere, ante el fracaso de las políticas actuales, nuevas medidas basadas en un planteamiento global diferente.

Cada uno de estos menores viene costando a las administraciones publicas una media de 6.000 € al mes y es evidente que debe ser el Estado el que asuma íntegramente este coste y que lo comparta con la Unión Europea. España va a tener que pagar, de momento, 432 millones de euros el próximo año solo para atender a los 6.000 menores retenidos en las Islas Canarias. Y lo primero que tenemos que plantearnos es si podemos sostener continuamente este gasto junto con todos los demás gastos que la inmigración ilegal nos genera.

Pero, dejando al margen el problema económico, el hecho evidente es que las políticas sobre inmigración seguidas hasta ahora conllevan un evidente efecto llamada que, lejos de desincentivar los flujos migratorios ilegales, los promueven. Las legalizaciones masivas de inmigrantes ilegales y las ayudas y subsidios generosamente distribuidos son un reclamo muy atractivo. Los inmigrantes y las mafias que trafican con ellos saben perfectamente que una vez en suelo español difícilmente serán deportados a sus países de origen y que recibirán toda clase de ayudas a costa de los contribuyentes españoles. Ese y no otro es el mensaje que reciben, porque esa es nuestra política de inmigración. Si todo aquel que entra ilegalmente en España fuera inmediatamente devuelto a su país, otro gallo cantaría.

Por todo ello, es evidente que hay que plantear una nueva política sobre inmigración y que esa política debe sustentarse sobre principios y fines claros y compartidos por la mayor parte de las fuerzas políticas: nuestras fronteras deben respetarse y el que entre en nuestro país ilegalmente debe salir de él inmediatamente; la inmigración debe ser legal y debe estar limitada a la capacidad de oferta laboral existente y hay que priorizar la inmigración que sea compatible culturalmente con la nuestra porque el continuo crecimiento de guetos no integrables nos conducirá a los enfrentamientos sociales. Los intereses nacionales, los de los españoles deben ser prioritarios a la hora de establecer las políticas sobre inmigración.

No cabe ninguna duda de que estos menores deben ser atendidos y en la medida que sea posible devueltos a sus gobiernos y a sus familias. Es en sus países de origen donde nuestros servicios diplomáticos y de cooperación deben ser reforzados con un enorme esfuerzo humano y presupuestario. España no puede seguir lanzando el mensaje de que pueden seguir arriesgando la vida para llegar a nuestras costas porque el premio merece la pena. Lo que tienen que saber es que ya no habrá premio alguno.

Santiago de Munck Loyola

La derecha ha ganado, digan lo que digan.

Pues sí, la derecha ha ganado en España las elecciones europeas. Y sí, también lo ha hecho en Europa. Cualquiera pensaría lo contrario escuchando a los dirigentes socialistas y a sus voceros en todos los medios de comunicación. Los hechos y las cifras no hacen otra cosa que dejarles en el más absoluto ridículo porque no admiten discusión. Su sobreactuación es vergonzosa, pero se compadece mucho con su falta de talante democrático al no felicitar al ganador, algo ya habitual.

El Partido Popular ha sido el más votado aventajando al segundo, el PSOE, en 700.000 votos, o lo que es lo mismo un 4% más de los votos. Es el partido que más aumenta su representación, 9 diputados, mientras que el PSOE pierde uno. El primero sube un 14 % respecto a 2019 y el segundo baja un 3%. No obstante lo anterior y pese a la evidencia, los socialistas tratan de engañar con todo descaro a los ciudadanos fingiendo una victoria que solo existe en sus deseos oníricos. Eso sí, además presumen de haber contenido a la “ultraderecha”. Sí, a la ultraderecha que han convertido, con el concurso de los “comunicadores” paniaguados, en la bestia negra de la democracia. Los mismos que, utilizando su propio sistema de localización política, pactan con la “ultraizquierda”, ya sea ésta con genes terroristas o sin ellos. No tienen escrúpulos. Estoy esperando a que uno solo de los comunicadores o tertulianos políticos “progres” nos cuente ¿por qué es muy mala, malísima la llamada ultraderecha y por qué es buena, buenísima, la ultraizquierda? O ¿dónde empieza el territorio de la una y la otra? Es como el bulo, convertido en dogma oficial, de que los comunistas siempre han luchado por la libertad. ¡Já! “¿Libertad? ¿Para qué?” decía Lenin. Los comunistas siempre han luchado por derribar, incluso a la fuerza, los regímenes democráticos para sustituirlos por dictaduras del proletariado. Solo en los años 70 iniciaron un cambio estratégico aceptando el pluripartidismo y la democracia parlamentaria de la mano del italiano Enrico Berlinguer y el francés Georges Marchais, a los que se sumaría Santiago Carrillo. La caída del muro de Berlín terminaría por desinflar  y fraccionar a los partidos comunistas, apareciendo multitud de corrientes políticas de carácter sectorial.

Hoy el eje político derecha-izquierda aparece más confuso que hace unas décadas porque la aceptación formal de las libertades públicas es aparentemente compartida por casi todos los partidos políticos. Un criterio racional sería situar en los extremos solo a aquellos partidos cuyo objetivo sea acabar con el actual sistema de libertades públicas y, por ende, con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pretender modificar la estructura territorial del Estado a través de las urnas no es una señal de extremismo o de carácter “ultra”, como no lo es pretender sustituir la monarquía por un sistema republicano; regular y restringir la inmigración tampoco lo es, ni lo es discrepar de la ideología de género o combatir la supuesta emergencia climática. Son ultras, extremistas, los que pretenden acabar con la libertad de asociación, con los partidos políticos, los que quieren imponer la censura a los medios de comunicación o los que pretenden imponer un pensamiento único medioambiental, histórico o sobre las políticas llamadas de “género”. Pero la izquierda política, anclada en prácticas totalitarias, tiende a situar en el extremo ultra a todo aquel que discuta sus dogmas. Y ya está bien. No podemos seguir tragando con su continua expedición de carnés democráticos.

En estas elecciones europeas no han ganado los “ultras” o la extrema derecha, no. En Europa y en España han avanzado los partidos de centro derecha y los conservadores. Han avanzado los partidos que mejor han sintonizado con unas legítimas aspiraciones ciudadanas de cambios profundos en las políticas europeas sobre inmigración, de modificaciones radicales en las políticas agrarias y medioambientales, de recortes en un modelo europeo excesivamente burocratizado dirigido por élites muy alejadas de los problemas de las calles; aspiraciones que incluyen la voluntad y el deseo de conservar los valores identitarios y culturales de cada país europeo, valores cada vez más cuestionados y acosados por una indolente tolerancia ante su suplantación por modelos ajenos a nuestra cultura. Y han perdido los partidos que se habían presentado como valedores de un “muro” contra todas esas aspiraciones ciudadanas. Si los socialistas españoles y la izquierda en general están convencidos de que “han ganado” porque se han convertido en un dique de contención de lo que llaman extrema derecha, mejor, porque seguirán insistiendo en los mismos errores que les han conducido a su derrota.

No son las estrategias del Partido Popular de Núñez Feijóo las que han favorecido la emergencia de Alvise Pérez con 800.000 votos y 3 escaños en Europa. Y no se puede minusvalorar la importancia de este hecho despachándolo con un par de ocurrencias de argumentario para tontos en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Hay 800.000 mil españoles que han mostrado su radical rechazo con su voto a las políticas del gobierno que se traducen en una corrupción que llega hasta a las más altas esferas del poder, que campa a sus anchas con bastante impunidad, políticas permisivas con la inmigración ilegal y con el tráfico de personas, políticas impotentes para poner freno a la delincuencia sexual, a la proliferación de las manadas; políticas que propician el colapso de la justicia por falta de medios, la entrada y salida de los delincuentes de las comisarías,  el destino de millones de euros sin control para mantener a los inmigrantes ilegales, la imposición de una Agenda 2030 con consecuencias fatales para nuestra agricultura, nuestra industria e, incluso, nuestras libertades, etc. Son españoles que están hartos de la situación provocada por el Gobierno y no encuentran solución en las alternativas de los partidos clásicos, pero que han encontrado, pese al infame bloqueo informativo, a Alvise Pérez.

Algo ha empezado a cambiar y es hora de que nuestra sociedad despierte. Es hora de que nuestros dirigentes políticos tomen buena nota, de que no se recreen en la autocomplacencia y de que se pongan manos a la obra.

Fdo. Santiago de Munck Loyola