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miércoles, 30 de octubre de 2013
martes, 29 de octubre de 2013
Admitida a trámite la demanda por incumplimiento de Estatutos contra el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Alicante.
29-X-2013
NOTA DE PRENSA.
El
25 de octubre de 2013, el Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante ha dictado un
Decreto mediante el cual admite a trámite la demanda presentada por varios
afiliados del Partido Popular de Alicante, miembros todos de la Asociación Foro
Esperanza Popular – Movimiento de Bases, contra el Comité Ejecutivo Provincial
del Partido Popular de Alicante por la adopción del acuerdo de supresión del la Junta Local del PP de la ciudad
de Alicante y la creación de Juntas de Distrito vulnerando los Estatutos
Nacionales del Partido Popular. Igualmente, en la demanda presentada, cuya
documentación adjunta también ha sido admitida, los militantes populares
solicitan del juzgado que anule dichos acuerdos, que declara contraria a
derecho las actuaciones del Secretario Provincial usurpando funciones
estatutarias y que se suspenda cautelarmente la celebración de elecciones internas
hasta que no sea dilucidada la legalidad de las actuaciones del Comité
Ejecutivo Popular.
A
este respecto, Santiago de Munck, uno de los demandantes ha señalado que
“resulta lamentable que ante las continuas vulneraciones de los derechos de los
afiliados tutelados por la Ley
de Partidos Políticos y por los propios Estatutos del PP, los afiliados tengan
que acudir a la Justicia
a causa de la pasividad, cuando no complicidad, de los órganos internos que
deberían garantizar y tutelar esos derechos vulnerados por la Dirección Provincial
de Alicante. Seguramente no será ésta la última demanda porque otras
vulneraciones, como la negativa a de la Dirección Provincial
a rendir y a mostrar la contabilidad a los afiliados o a librar certificaciones
de los acuerdos que adopta también deberán ser depuradas ante la Justicia ”.
lunes, 28 de octubre de 2013
Va siendo hora de decir ¡ya está bien!
Hoy
nadie puede negar que el número de ciudadanos que considera a los políticos y a
los partidos políticos como un problema sigue creciendo. La desafección
ciudadana, la desconfianza hacia la clase política sigue creciendo día a día y
lamentablemente se traducirá, lo veremos pronto, en un incremento de la
abstención en la próxima convocatoria electoral. La profunda recesión a la que
nos ha conducido la clase dirigente española y los numerosos casos de
corrupción que inundan los titulares de los medios de comunicación se asocian
inevitablemente con los políticos, con los partidos políticos y con las propias
instituciones. Y del mismo modo que es peligroso e injusto generalizar estas
percepciones y meter a todos en el mismo saco también puede ser muy peligroso
ignorar estos síntomas, confiar en que una aún lejana recuperación económica
borrará estos recuerdos y no atajar las causas de fondo que originan este
malestar ciudadano. Nuestro sistema está enfermo y así lo indica la fiebre, la
desafección ciudadana, que poco a poco va aumentando. Si el paciente no obtiene
un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado es imposible prever hacia
donde evolucionará.
Somos
los ciudadanos, cada uno de nosotros, los responsables de hacer que las cosas
cambien, de que la política recupere el noble sentido y la alta finalidad que
le corresponde y de que, en consecuencia, nuestra sociedad recupere el vigor y
la energía suficiente para ofrecer un futuro mejor a sus integrantes. Los ciudadanos
no podemos quedarnos con la sensación de que todo da igual, de que no hay nada
que hacer, de que todos son iguales y de que lo único que sirve es el “sálvese
el que pueda”. La resignación, la sensación de impotencia o la indiferencia
sólo sirven para que nada cambie, para avalar cualquier desmán, para que sigan
los mismos, bajo unas siglas u otras, usurpando el noble concepto de la
política y del servicio público como coartada de sus intereses particulares. La
desafección y la desconfianza hacia esta clase dirigente política, económica o
sindical no deben servir para alejarnos a los ciudadanos del objetivo de
trabajar para transformar y mejorar nuestra sociedad, nuestro entorno más
próximo. Todo lo contrario, podemos y debemos cambiar las cosas porque siempre
hay alternativas, hay muchas y distintas maneras de hacer las cosas. En muchas
ocasiones hemos escuchado de uno y otro lado que no había alternativas
económicas, que solo había un camino para salir de una u otra crisis y la
experiencia nos ha demostrado, una y otra vez, que era falso. Han terminado por
convertir a la Política en la esclava de la economía y de tanto señalarnos con
el dedo el PIB o la prima de riesgo no vemos la ruina de nuestro vecino o el
deterioro de nuestro Centro de Salud. La macroeconomía ha eclipsado a la
microeconomía y la contabilidad nacional a las personas.
Va
siendo hora de que los ciudadanos, además de indignarnos, además de desconfiar
de una clase dirigente que no ha sabido estar a la altura de las circunstancia
y que no está dispuesta a perder sus privilegios, digamos ¡ya está bien! y
actuemos. No bastan los lamentos, si queremos que las cosas cambien de verdad
tenemos que actuar y hacerlo de la única forma posible en democracia,
denunciando públicamente las injusticias, los abusos, los incumplimientos
electorales y promoviendo y apoyando toda iniciativa encaminada a regenerar un
sistema político que paulatinamente se ha ido alejando de los problemas de los
ciudadanos y poniéndose al servicio de una casta endogámica que vive instalada
en sus privilegios. Los ciudadanos debemos tener un papel protagonista
auténtico que suponga algo más que el simple hecho de depositar una papeleta en
la urna cada cuatro años y después, si te he visto no me acuerdo. Los
ciudadanos debemos estar para algo más que para pagar impuestos sin que nadie
responda del buen o mal uso que hagan de nuestro dinero. Los ciudadanos debemos
estar para algo más que para tragarnos unas listas electorales cerradas y
bloqueadas sin poder apartar de ellas a los enchufados, incompetentes o
corruptos. Los ciudadanos debemos estar para algo más que para subvencionar a
unos partidos políticos impermeables a la participación ciudadana y al diálogo
social.
Hoy
más que nunca el ciudadano no está sólo; podemos interactuar en las redes,
movilizarnos y exigir y promover la transformación de un sistema que, a todas
luces, no está sirviendo para mejorar la vida y solucionar los problemas que se
acumulan. Lamentablemente hoy la política, en muchos lugares, está secuestrada
por algunos profesionales de la política, que no por políticos profesionales,
por vividores sin principios ni ideales que han encontrado en ella un lugar
idóneo para sobrevivir pese a su incompetencia. Va siendo hora de decir ¡ya
está bien! de recuperar principios, valores e ideales, de situarlos al frente
de la actividad pública y de convertirlos en los motores de la transformación
social.
Santiago
de Munck Loyola.
viernes, 25 de octubre de 2013
Carta abierta a D. Felipe del Baño.
Sr. del Baño:
Pocas veces en mi vida política,
y mire que llevo años en esto, me he tropezado en el Partido Popular con un
individuo como usted. No alcanzo a comprender las razones ni las cualidades o
méritos que deben adornarle para que alguien así haya podido llegar a ser
Diputado en las Cortes Valencianas o a Presidente Local del Partido Popular. Ha
actuado usted como instructor (acusador) en el expediente disciplinario que se
me ha incoado por presuntas infracciones de los Estatutos del Partido Popular y
que ha desembocado con su propuesta para expulsarme, ratificada por el Comité
Regional de Derechos y Garantías del PPCV.
Como tantos otros militantes he
trabajado durante muchos años para contribuir al crecimiento de este Partido y
para hacer de él una gran organización al servicio de la sociedad española. Y
lo he hecho por un compromiso personal con unos principios y unos ideales que
lamentablemente gente como usted ensucian con su proceder. Tras 32 años de
militancia en el Partido Popular con lealtad absoluta y un enorme sacrificio personal
y familiar, resulta que aparece un tipo con su catadura moral a enjuiciarme y a
pedir mi expulsión. ¿El motivo? Pedir más democracia interna y más
participación de los militantes en el Partido, pedir más honradez y ejemplaridad
entre los cargos públicos, reivindicar la necesidad de impulsar la regeneración
democrática, tal y como lo hacen muchos de nuestros líderes. Y se lo voy a
decir claramente: usted no tiene ni vergüenza ni el más mínimo atisbo de
decencia política. Bueno, ni usted ni el resto de los miembros del citado
Comité. Hay que tener unas tragaderas muy, pero que muy grandes, y usted ha
dado buenas muestras de ello, para actuar como la ha hecho usted, como un
vulgar sicario presto a ejecutar cualquier orden por inmoral que sea con tal de
complacer a sus superiores a los que, al parecer, tanto debe. Eso sí, debo
reconocer que sintoniza usted perfectamente con algunos de los dirigentes
provinciales de Alicante, los que le han utilizado para tan repugnante encargo.
A pesar de que para actuar como
instructor en un procedimiento disciplinario es preciso ser licenciado o
graduado en derecho, de la tosquedad jurídica de sus escritos, Sr. del Baño, es
imposible deducir que reúna usted tal condición. El escrito de acusación por
usted perpetrado constituye un fantástico relato de hechos inconexos construido
con la única finalidad, no de averiguar la verdad que a usted le resbala, sino
de justificar y dar cumplimiento de una sentencia ya anunciada en los
periódicos antes, incluso, de iniciar el procedimiento: la expulsión. Fíjese,
Sr. del Baño, que hasta para cuidar las formas en la Cuba de Castro son más
diligentes que usted y sus conmilitones. Podría desgranar durante páginas cada
una de las falsedades, de las incoherencias o de las burdas manipulaciones de
su escrito de acusación, tal y como hice en mi escrito de alegaciones que, al
parecer, usted no ha leído o bien no ha entendido, pero no voy a perder el
tiempo con ello. Tiene usted la sensibilidad jurídica de un mejillón. Y que me
perdonen los mejillones.
Sr. del Baño, no sólo es usted un
indigno sicario político y el prototipo de los fiscales de la antigua Unión
Soviética, es, además, un gran hipócrita. Usted, que se permite el lujo de
atribuirme nada menos que el deseo de dañar intencionadamente a mi partido,
carece de la más mínima legitimidad moral y política para acusar a nadie de
incumplir los Estatutos del Partido Popular. Según una certificación expedida
por el Ayuntamiento de San Antonio de Benageber, usted el pasado 26 de
septiembre vulneró esos mismos Estatutos, cometiendo una infracción muy grave
de los mismos, al votar en su Ayuntamiento en contra de una Moción del Grupo
Popular, grupo al que se supone que usted pertenece, y lo hizo porque esa
Moción dejaba en evidencia que usted, a pesar de que se supone que posee
conocimientos jurídicos, realizó, a sabiendas, contrataciones innecesarias,
según el propio Ayuntamiento, por un importe cercano a los 50.000 euros y lo
hizo usando su sucio dedo y prescindiendo absolutamente del procedimiento
legalmente establecido, vulnerando de paso el Código Ético del Partido Popular.
¿Cómo puede alguien que actúa así tener la poca vergüenza y la mucha cara dura
de acusar a nadie de nada? Ahora se puede comprender su aversión e inquina
hacia quienes propugnamos la regeneración democrática y la honradez en el
Partido Popular.
Si tuviese la más mínima
vergüenza política usted habría dimitido ya. Y si los que han respaldado su repugnante
propuesta de expulsión en ese Comité, en el que no existen garantías jurídicas
para los derechos de los afiliados, la tuvieran ya le habrían expedientado. Me
alegro sinceramente de que ya le hayan denunciado ante la fiscalía
anticorrupción. Yo voy a hacerlo también.
Como ciudadano siento vergüenza
de que alguien como usted pueda ser el prototipo del político del PPCV, vista
su forma de proceder y del respaldo superior que la misma parece tener. Como
ciudadano de esta Comunidad siento vergüenza de que los dirigentes del PPCV
respalden actuaciones como la suya y simultáneamente persigan a quienes
reclamamos más honradez, más democracia interna y más ejemplaridad. Confío en
que al menos la Justicia
haga realidad el dicho popular sobre la festividad de San Martín.
Con mi más absoluto desprecio.
Santiago de Munck
Loyola
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jueves, 24 de octubre de 2013
La izquierdona irredenta y Estrasburgo.
La sentencia de Estrasburgo sobre
la doctrina Parot ha suscitado toda clase de reacciones entre la opinión
pública y entre los dirigentes políticos españoles. Frente a la generalizada
indignación que supone el hecho de que en virtud de esta sentencia muchos
asesinos múltiples, violadores y terroristas sanguinarios vayan a salir de las
prisiones y de que, por tanto, les haya salido muy barato el daño que han
causado a sus víctimas se han alzado algunas voces, cuando no complacientes, sí
profundamente satisfechas con el resultado de la sentencia. Y no, no se trata
de la evidente satisfacción y alegría del entorno etarra tanto en su vertiente
legalizada por el Constitucional como en su vertiente ilegal y clandestina, sino
también de una parte de la izquierda española, la izquierdona irredenta a la
que le ha faltado tiempo para congratularse por una sentencia que consagra una
profunda injusticia y que propina un doloroso golpe a las víctimas, a sus
familiares y a las personas decentes de nuestro país.
Los portavoces del PNV han sido
más prudentes que otros a la hora de valorar esta sentencia y han pedido
moderación al entorno etarra y le han recordado que no tienen motivos de
orgullo que exhibir. No hay que olvidar que aunque excepcionalmente también
gente próxima al nacionalismo moderado vasco ha sufrido en alguna ocasión los
zarpazos de la banda asesina, pero es inevitable recordar igualmente la famosa
frase del Sr. Arzallus “unos sacuden el
árbol y otros recogemos las nueces”, para entender esa calculada ambigüedad
que siempre ha caracterizado al nacionalismo vasco en relación a la violencia
etarra. Las reacciones del mundo proetarra han sido más o menos las esperadas:
satisfacción, alegría y ausencia absoluta de arrepentimiento.
Pero en el ámbito de la
izquierda, una vez más, se han puesto al descubierto los verdaderos rostros y
simpatías de algunos. Llama poderosamente la atención, sobre todo al que no
conozca la auténtica trayectoria ideológica de ese furgón escoba que es
Izquierda Unida, cómo muchos de sus dirigentes se han apresurado a aplaudir la
sentencia de Estrasburgo subrayando su papel defensor de los derechos humanos y
su supuesto triunfo sobre el anormal funcionamiento, a su juicio, de nuestro
Estado de Derecho. El Diputado de IU, Alberto Garzón, se apresuró a escribir en
su twitter lo siguiente “Buena noticia.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado la condena a España por
violar los derechos en la
Doctrina Parot ”. Ni una palabra del Sr. Diputado respecto
a las víctimas, ni una línea sobre los derechos humanos de las mismas. Claro
que lo de su jefe de filas, el Sr. Llamazares, es también de nota. El diputado
comunista pidió lo obvio que el Gobierno acatase el fallo de Estrasburgo y que
no buscase subterfugios, como "retenciones
ilegales", que pudieran llevar a futuras condenas de Europa. Según él,
la decisión de Estrasburgo era “justa”
y "ajustada a derecho" y
avergüenza al Gobierno y a las instituciones españolas, como el Tribunal
Supremo y Tribunal Constitucional, quienes han sufrido un gran
"varapalo". Don Gaspar parece no saber distinguir entre una decisión
legal, ajustada a derecho, y una decisión justa, ajustada a los cánones éticos
y morales imperantes en una sociedad occidental. Al igual que su colega Garzón,
Llamazares tampoco dedicó ni un minuto a valorar el dolor de las víctimas, ni
el alcance y significado de la palabra Justicia para ellas. Aunque a alguien le
pueda sorprender esta actitud no es nueva en Izquierda Unida, viene de lejos. En
esta formación siempre ha existido una fuerte tendencia a posicionarse de forma
extraña en relación al terrorismo y a su represión. Posición, en cierto modo,
antisistema que termina por separarles de las víctimas y a acercarles, en
nombre de su peculiar interpretación de la defensa de los derechos humanos, a
la coincidencia con los planteamientos, supuestamente antirepresivos, de los
defensores de los violentos. En perfecta sintonía con esa tendencia, allí donde
gobierna IU, como en el caso de Rivas-Vaciamadrid, se emplea dinero público y
se ceden espacios públicos para la organización de conciertos en los que los
amigos y cómplices de los violentos encuentran acomodo. En ese municipio, año
tras año, IU de Rivas abre las puertas del municipio a Fermín Muguruza, a Berri
Txarrak, a Banda Bassotti o Riot Propaganda… ¿por qué será? Es lo de siempre,
el mismo maniqueísmo que la izquierdona emplea a la hora de condenar unos
regímenes totalitarios porque son de derechas y de bendecir otros porque son de
izquierdas es el empleado a la hora de defender los derechos humanos de las
víctimas o de los verdugos.
Y si examinamos la reacción
socialista ante el varapalo judicial a la dignidad, la memoria y la justicia
para las víctimas resalta sobre todo el profundo cinismo de algunos de sus
dirigentes. No hay ninguna duda de que la derogación de la Doctrina Parot fue negociada
con la banda asesina, así como la legalización del brazo político de la basura
etarra. Hoy tenemos a terroristas sentados y subvencionados en las instituciones
democráticas y el fin de la Doctrina Parot ,
fin en el que ha participado un juez designado por el Zapaterismo, el Sr. López
Guerra. Aquella negociación, caso Faisán incluido, se hizo siendo Ministro del
Interior el Sr. Rubalcaba quien entonces debía saber y haber previsto lo ahora
está diciendo en relación a este asunto, que la sentencia va a tener “consecuencias muy dolorosas para mucha
gente” y que el Estado “tendrá que
estar atento para evitar y paliar el sufrimiento de la gente”. ¡A buenas horas,
mangas verdes! Pero, al margen de la repetida simpleza sobre la necesidad de
acatar la sentencia ¿alguien ha escuchado a Rubalcaba pronunciarse a favor o en
contra de la Doctrina Parot ?
Entre la izquierdona irredenta y
la pastelera parecen olvidar que la defensa de los derechos humanos pasa, en
primer lugar, por los de quienes con el sacrificio de su propia vida han
conseguido que unos y otros puedan hoy expresarse con absoluta libertad y en
los términos en los que lo hacen. Parece que muchos olvidan el tremendo precio
que muchos españoles han tenido que pagar por la libertad y la democracia para
todos. Y es que la gratitud no es una virtud al alcance de todo el mundo.
Santiago de Munck Loyola
lunes, 21 de octubre de 2013
El vómito de Estrasburgo.
Hoy
ha sido un día triste y amargo no sólo para las víctimas del terrorismo, sino
para todas las personas decentes de España. El fallo del Tribunal de
Estrasburgo derogando la Doctrina Parot puede que sea el culmen de las más sofisticadas
técnicas y elaboraciones intelectuales jurídicas en torno a la retroactividad o
no en la aplicación de los beneficios penitenciarios a algunos sanguinarios
delincuentes, pero es, sin lugar a dudas, una auténtica bazofia en cuanto a la
defensa de la dignidad y la justicia de las víctimas y de sus derechos
fundamentales que, digo yo, alguno tendrán también. La exquisita sensibilidad
de tan altos magistrados hacia los derechos humanos de esta auténtica hija de
puta, Inés del Río, contrasta con la burla y desprecio que este fallo supone
para los 24 asesinados por ella y para los derechos humanos de sus familiares. Los
jueces de Estrasburgo, entre los que se encuentra el Sr. López Guerra por
designación de Zapatero y que ha votado a favor de este inmundo fallo, vienen a
decir que, al final y en virtud de sus exquisitas disquisiciones, en España ha
sido muy barato asesinar, que da lo mismo asesinar a 1 que a 24 ciudadanos y
que esta tipeja ha pagado su deuda con la sociedad con un precio de menos de un
año de cárcel por vida arrebatada.
Y
como era de esperar, los de Sortu, legalizados por una también vomitiva
sentencia de otra cuadrilla de magistrados (éstos nuestros, de la casa), tan
contentos. Ningún regalo mejor para la rama política de la mafia etarra que
está cómodamente instalada en las instituciones democráticas, sostenida con
nuestros impuestos, gracias a la política del Sr. Zapatero. Nunca he llegado a
comprender qué es lo que les debía el Sr. Zapatero para plegarse tanto a sus
exigencias. Y la derogación de la Doctrina Parot parece que fue objeto de
negociación entre el Gobierno socialista y la banda etarra, según se publicó en
las actas incautadas a los terroristas. Pero no, no están solos los filoetarras
en su alegría, están acompañados por la honda satisfacción que por el fallo han
expresado los cabecillas comunistas de IU, por la incomprensible comprensión de
algunos dirigentes socialistas y por la indisimulada “recogida de nueces” de
los nacionalistas del PNV.
Siempre
se ha subrayado como uno de los grandes hitos de la civilización humana la
creación del derecho penal, la superación de la venganza privada ante los
crímenes y la entrega de la satisfacción de los daños y de las ofensas a un
ente superior, al estado como único depositario del monopolio de la justicia y,
por tanto, de la imposición de penas con el doble fin de castigar al culpable y
de satisfacer a la víctima. Si el Estado no es capaz de articular los
mecanismos legales necesarios para hacer justicia, para satisfacer a las víctimas
y castigar al delincuente ¿qué puede entonces garantizar la paz social? ¿Cómo
podrán las víctimas satisfacer su derecho a la Justicia?
Defensa
de los derechos humanos, sí, por supuesto, pero en primer lugar los derechos
humanos de las víctimas, no de los verdugos. Y los primeros derechos humanos
que han sido vulnerados y además de forma irremediable son los de las víctimas,
los derechos humanos de centenares de españoles asesinados de forma cobarde y
rastrera por una banda de cobardes y fanáticos, jaleados y aplaudidos por
muchos otros desaprensivos durante décadas. Nadie podrá devolver a la vida a
tanta víctima inocente, nada podrá consolar su sus familias y amigos por tanto
dolor sin sentido pero carece de la más mínima lógica que los verdugos paguen tan
bajo precio por tanto daño. No tiene sentido alguno que salgan a la calle
asesinos que no se han arrepentido, que no han colaborado en el esclarecimiento
de decenas de asesinatos, que se jactan de su inmundo pasado y que no pierden
ocasión para seguir causando humillación y dolor a las familias de las
víctimas. Si algo es evidente es que la reinserción social ha cosechado un
clamoroso fracaso con la mayoría de esos delincuentes. Y junto a la cuadrilla
de terroristas veremos, desgraciadamente, cómo se irán excarcelando a muchos
otros delincuentes culpables de crímenes horrendos. Estrasburgo ha dejado
indefensa y humillada a la gente de bien.
Y
si no queda más remedio que acatar esta decisión, que, al menos, el Gobierno y
la Justicia pongan en juego todos los mecanismos disponibles y todos los
recursos legales para entorpecer al máximo la salida de las cárceles de esta
escoria, que se persiga de forma implacable cualquier homenaje o exaltación de
la excarcelación de la misma, que paguen hasta el último céntimo de las
indemnizaciones a las víctimas y, puestos a ello, que los Ayuntamientos con un
mínimo de dignidad empiecen a declarar personas non gratas a los magistrados
coautores de esta indigna sentencia.
Santiago
de Munck Loyola
domingo, 20 de octubre de 2013
Esperanza ciudadana también para Alicante.
El
jueves pasado se produjo un evento político de la máxima trascendencia y que
influirá, sin lugar a dudas, en el desarrollo del panorama político de los
próximos años. Se trata de la presentación de la plataforma Movimiento
Ciudadano, impulsada fundamentalmente por Albert Rivera, Antonio Asunción y
Juan Carlos Girauta, que dio a conocer su Manifiesto en el que se proponen
profundas reformas para España. Se trata, según manifestaron, de devolver el
protagonismo a los ciudadanos frente al inmovilismo de los grandes partidos
políticos y de acabar de una vez con las tradicionales divisiones entre “las
dos Españas” o con las “luchas identitarias” y territoriales.
Movimiento
Ciudadano ha hecho público un Manifiesto e invita a todos los ciudadanos a
firmarlo (http://movciudadano.es/).
En dicho
documento se expresa el deseo de cambios para lograr que "España sea lo que quieren los españoles". Se señala que
las graves crisis que atravesamos no pueden ser solucionadas mediante actitudes
inmovilistas seguidas por unos partidos incapaces de abrirse a la sociedad y al
ciudadano que exige, cada día más, el protagonismo que le pertenece. No es
posible abordar la solución de los problemas que afectan al conjunto de la
sociedad si los actores que han de abordarlos no solucionan previamente sus
propios problemas, es decir, si los partidos políticos no se regeneran, algo
que desde estas mismas líneas se ha venido sosteniendo con insistencia. Hace
falta más democracia para resolver los problemas que afectan a la democracia.
Así en el Manifiesto se señala que “son
objetivos urgentes: democratizar los partidos políticos, abrirlos a la
sociedad, someterlos al principio del mérito, hacerlos transparentes e
implacables con la corrupción, generalizar el mecanismo de las elecciones
primarias; conseguir un sistema de representación que devuelva el poder a los
ciudadanos, pudiendo los representados escoger a partidos y también,
directamente, a sus representantes a través de listas abiertas, de acuerdo con
una ley electoral justa y proporcional; asegurar una efectiva división de
poderes, alejando a los partidos del Poder Judicial, del Tribunal
Constitucional, de los órganos reguladores y de supervisión del sector
financiero y de los medios de comunicación; reformar las administraciones
públicas poniéndolas realmente al servicio de los ciudadanos y las empresas,
asegurando los servicios públicos esenciales y suprimiendo burocracias y
duplicidades”. Propuestas todas ellas formuladas desde hace tiempo desde el
Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases y que han merecido el rechazo y el
castigo del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, sin ir más lejos.
En
su presentación, Albert Rivera, señaló que ante la situación de crisis y de desconfianza
hacia los políticos y las políticas inmovilistas, es necesario pasar a la
ilusión y a la acción cuidando de la Constitución y el Estado de bienestar. Es
cierto que en este acto de presentación, los intervinientes expresaron que la
Plataforma no es un partido político, pero tampoco descartaron que pueda llegar
a serlo en un futuro no muy lejano.
No
son pocos los ciudadanos que en toda España se sienten huérfanos, políticamente
hablando, ante la ausencia de un partido político que enarbole sin complejos su
españolidad y, consecuentemente, una política integradora, su compromiso
regenerador de la propia democracia y de sus agentes políticos y su defensa del
protagonismo del ciudadano y del Estado de Bienestar. Y esa orfandad se
constata perfectamente en todas y cada una de las encuestas que se van
publicando. La fidelidad electoral hacia los dos grandes se va derrumbando y la
que se mantiene no lo es tanto por convicción, como por temor al adversario o
por voto útil. Y Alicante no es una excepción. Hoy más que nunca, ante una
izquierda fragmentada, rota, enfrentada, sin proyectos ni liderazgos y un
centro derecha salpicado por la corrupción, anquilosado en los resortes del
poder, sin renovación interna, impermeable a las demandas de mayor
participación democrática y enemigo declarado de cualquier movimiento
regenerador, Alicante necesita un
movimiento cargado de ilusión, de proyectos renovadores nacidos de la
ciudadanía, capaz de sumar fuerzas e ideas para devolver a nuestra ciudad la dignidad, el impulso, el
esplendor y el brillo que entre unos y otros le han arrebatado.
Santiago
de Munck Loyola
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jueves, 17 de octubre de 2013
La contabilidad oculta del PP de Alicante.
Parece que lo que hasta ahora era un insistente rumor se empieza a confirmar: la Agencia Tributaria ,
es decir el propio Ministerio de Hacienda, considera en dos informes remitidos
al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se financió irregularmente y
cometió fraude en el pago del IVA, como colaborador, durante los años 2007 y
2008, por servicios realizados y no facturados por la sociedad de la trama
Gürtel Orange Market. Según estos informes, insisto, del Ministerio de
Hacienda, el dinero negro con el que se financiaron sobre todo actos
electorales del PPCV asciende a 2.960.000 euros en 2007 y a 405.450 euros en
2008. Y, por tanto, el fraude en el pago de IVA cometido por Orange Market, con
la necesaria colaboración del PPCV, en 2007 fue de 473.000 euros, es decir, un
delito fiscal. Y el fraude en 2008 fue de 64.800 euros y, por tanto, una
infracción administrativa.
No estamos hablando de especulaciones,
de rumores o de infundadas acusaciones de la desnortada oposición, sino de
informes elaborados por los inspectores de la Agencia Tributaria ,
del propio Ministerio de Hacienda. Tanto el Secretario General del PPCV,
Serafin Castellano, como la
Alcaldesa de Valencia se han limitado a señalar que las
cuentas del PP están auditadas. ¡Faltaría más! Están auditadas las cuentas que
se declaran, pero no, evidentemente, las que no se declaran, las que se
ocultan, como ocurre en el caso de cualquier doble contabilidad. Por su parte,
el Presidente de la Generalitat Valenciana
y máximo responsable del PPCV, Alberto Fabra, negó rotundamente ayer que el
Partido Popular en su comunidad funcione con una contabilidad B, añadiendo que
“no tenemos nada que esconder”.
Pues bien, hay que hacer dos
precisiones, puede ser que ahora no se funcione en el PPCV con una contabilidad
B, pero eso no significa que en el pasado, tal y como informa la Agencia Tributaria ,
haya sido así. Y la segunda precisión se refiere a la afirmación de que “no
tenemos nada que esconder”. O el Presidente Fabra miente o está equivocado
porque alguien le está engañando. En Alicante sí que tienen algo que esconder y
los Sres. Ciscar, J.J. Zaplana y Julio de España lo esconden. Y lo esconden a
los propios afiliados del Partido Popular y a quienes legalmente tienen que
fiscalizar las cuentas del Partido Popular de Alicante.
Es un hecho reconocido, que
además ha obligado a Génova a intervenir directamente que en la Provincia de Alicante,
que el Partido Popular en muchos pueblos ha eludido el control del Tribunal de
Cuentas creando asociaciones fantasmas a través de las cuales canalizaba sus
gastos e ingresos. Esta situación que se arrastraba desde hace años ha sido
también consentida por la actual Dirección Provincial de Alicante y buena
prueba de ello es que no ha adoptado ni una sola sanción, ni una sola medida
contra los responsables de estas prácticas ilegales y contrarias a los
Estatutos del Partido Popular.
Por el contrario, lo que sí ha
hecho el Secretario Provincial J.J. Zaplana es impulsar la expulsión de los
afiliados que promovemos la honradez y la regeneración en el Partido Popular y
que desde el pasado mes de marzo le comunicamos reiteradamente por escrito la
existencia de posibles irregularidades en las cuentas de la campaña electoral
de 2007 del PP de la ciudad de Alicante, de posibles deudas electorales
impagadas, del incumplimiento de las normas presupuestarias recogidas en los
Estatutos del PP y nuestro deseo, al amparo de lo establecido en la legislación
vigente, de proceder al examen de la contabilidad del partido local. La
negativa de los dirigentes provinciales a rendir cuentas ante los afiliados es,
además de ilegal, cuando menos sospechosa y, desde luego, contradice sin lugar
a dudas la afirmación del Presidente Fabra de que no hay nada que esconder.
Pues bien, Sr. Fabra, en Alicante todo indica que sí hay algo que esconder y
que, de hecho, el Sr. Zaplana y demás dirigentes provinciales y locales lo
esconden. Y si estos dirigentes creen que expulsando del partido a los que
hemos pedido ver las cuentas se ha acabado el problema, se equivocan. Más
afiliados van a pedir lo mismo: examinar las cuentas del PP, de las campañas
electorales y poder así o bien despejar sus dudas o confirmarlas. Van a tener
que expulsar a muchos más para poder seguir ocultando la contabilidad. Para que
luego digan que no hace falta ninguna regeneración democrática.
Santiago de Munck Loyola
martes, 15 de octubre de 2013
Hoy, sin comentarios.
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Hoy no escribiré sobre tanta indignidad y miseria política como la que deambula en las altas esferas provinciales del Partido Popular de Alicante y en el Comité de supuestos Derechos y Garantías del PPCV, reservándome para los próximos días.
Santiago de Munck Loyola
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viernes, 11 de octubre de 2013
Lo que Fabra quiere y lo que en Alicante hacen algunos.
“Quiero un PPCV digno, honesto, honrado
y que mire a los ojos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”, manifestó ayer en Biar el Presidente del Partido
Popular de la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, en un almuerzo de trabajo
con más de 150 alcaldes, portavoces y militantes del PP de la comarca del Alto
Vinalopó. Y un servidor también quiere lo mismo al igual que la inmensa mayoría
de los militantes populares. Pero por quererlo y decirlo en público, ya que
dentro del PP no hay foro alguno para ello, me quieren poner en la calle. No
cabe ninguna duda de las intenciones y de los deseos del Presidente Fabra, son
auténticos. Pero algo chirría en la maquinaria popular, algo no funciona e
impide que la voluntad política, la dirección política de su líder se
corresponda con los hechos, con la realidad de un partido que al menos en la
Provincia de Alicante ni siquiera puede mirar a los ojos de sus propios
militantes.
Mientras
el Presidente Fabra lleva tiempo marcando una línea muy concreta da la
sensación de que la dirección popular alicantina va por otro camino. Mal se
compadecen las declaraciones del Presidente Fabra con el estilo chulesco y
prepotente y las actuaciones de parte de la dirección provincial de Alicante.
Hay varias hipótesis para intentar explicar esta incoherencia: o el Presidente
Fabra está muy mal informado sobre la trayectoria popular en nuestra Provincia
o su liderazgo es tan débil que no puede imponer sus objetivos políticos o que pasa
olímpicamente de lo que aquí ocurre.
Resulta
incompatible la voluntad del Presidente Fabra con el hecho de que el Secretario
Provincial José Juan Zaplana, que por cierto estaba sentado a su lado en la
mesa en Biar, participase en la mesa presidencial de las cenas de homenaje a
cargos públicos imputados por la Justicia o que impulse la expulsión de los
afiliados que pedimos democracia interna, que ni está ni se la espera, en el PP
de la ciudad de Alicante, que reclamamos una regeneración democrática y que
exigimos ejemplaridad a nuestros políticos. Resulta incoherente que el
Presidente Fabra diga que quiere un PPCV digno, honesto y honrado mientras que
el instructor de las expulsiones el inefable, D. Felipe del Baño, nos dice por
escrito a través del Comité de Derechos y garantías del PPCV que no podemos
pedir públicamente democracia interna, honradez o regeneración porque hacerlo
es tanto como acusar al PP de todo lo contrario. Suena raro el deseo expresado
por el Presidente Regional cuando se constata que durante muchos años el
Partido Popular de Alicante, vulnerando los propios Estatutos del PP, ha
consentido la existencia de asociaciones fantasmas en muchos municipios que
gestionaban de forma paralela los fondos del PP con el fin de eludir el control
del Tribunal de Cuentas y que ese hecho no se haya saldado con la apertura de
ni un solo expediente disciplinario. Es contradictorio ese deseo con el hecho
de que alguno de los máximos responsables provinciales siga en su puesto
después de ir explicando a algunos afiliados cómo se monta una contabilidad
paralela o con el hecho de que las direcciones local y provincial de Alicante
se nieguen a informar a los afiliados de las cuentas del partido, vulnerando
con ello la propia Ley de Partidos Políticos.
No
se puede mirar a los ojos de los ciudadanos o de los militantes cuando en 2011
la dirección Provincial de Alicante, según los medios de comunicación, se gastó
más de 35.000 euros en comidas y no se dan explicaciones, ni nadie asume
responsabilidades. No se puede mirar ni tan siquiera a los ojos de los
militantes o de los afiliados cuando los órganos directivos provinciales se
saltan los Estatutos del Partido, cuando los órganos regionales encargados de
hacerlos cumplir no se molestan ni tan siquiera en dar acuse de recibo de las
denuncias interpuestas por los afiliados o cuando siguen tratando a los
afiliados de la ciudad de Alicante como simples vasallos, obligados a pagar su
cuota, a trabajar por el partido cuando así se les requiera mientras se les
niega el derecho a decidir si quieren o no tener una Junta Local propia. No es
posible sostener un discurso como éste mientras se consiente, se ampara o se
ignora unos modos de proceder impropios de una organización política moderna,
dialogante, participativa y democrática.
Hay
muchas formas de hacer política pero, como ocurre en la vida diaria, las que se
sustentan sólo en palabras y no en los hechos tienen un corto recorrido. Se
acercan unas importantes elecciones y toca, como no, acordarse de los votantes
y de los militantes. Ahora algunos se acuerdan de que los afiliados están para
algo más que para pagar las cuotas. Hay que movilizar al partido dicen, o sea a
los militantes de base, a los mismos que en la ciudad de Alicante, por ejemplo,
llevan años y años ignorando. Cuando hay que decidir cosas importantes no, ya
toman ellos las decisiones aunque carezcan de mandato congresual para ello,
como cuando se “cepillaron” al PP de la ciudad de Alicante (no olvidemos que a
la Provincial le viene de perlas el dinero de las cuotas de la ciudad para
costear la sede de los provinciales). Por cierto, ¿pedirán ahora a los
afiliados a los que no dejaron votar en las elecciones internas por no poder
pagar la cuota que ejerzan de apoderados e interventores en las europeas?
Somos
muchos los que deseamos un PPCV digno,
honesto, honrado y que mire a los ojos a los ciudadanos de la Comunitat
Valenciana y a los propios militantes populares. Somos muchos los que
compartimos ese deseo pero también nos damos cuenta de que hay quienes, quizá
compartiendo el mismo deseo, lo arrincona y no están dispuestos a asumir la más
mínima crítica interna e impiden con ello el imprescindible movimiento
regenerador que necesita el PPCV. Son los advenedizos, los mercenarios de
partido, los vividores de la política los menos interesados en que la
renovación y el aire fresco inunden la organización. Son pocos, sí, pero tan
estratégicamente situados que terminarán por frustrar cualquier esperanza que
pueda impulsar el Presidente Fabra. Y en Alicante lo están consiguiendo.
Santiago
de Munck Loyola
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lunes, 7 de octubre de 2013
Demanda contra el Comité Ejecutivo Provincial de Alicante por incumplimiento de los Estatutos del PP.
AL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA QUE POR TURNO CORRESPONDA DE ALICANTE
Doña XXXXXXXXXXXXX, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y
representación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme acredito
con las pertinentes escrituras de poder que debidamente bastanteadas acompaño,
ante el juzgado de primera instancia de Alicante comparezco y DIGO:
Que por mediación del
presente escrito y en la citada representación que ostento vengo a formular
DEMANDA DE JUCIO ORDINARIO contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido
Popular de Alicante sobre la base a de los siguientes
HECHOS.
Primero.- Mis mandantes en su condición de afiliados
del Partido Popular de Alicante tuvieron conocimiento a través de los medios de
comunicación que, con fecha 11 de octubre de 2012, el Comité Ejecutivo
Provincial del Partido Popular de Alicante acordó “sustituir” la Junta Local de
Alicante por un número indeterminado de Distritos y nombrar una Gestora, tal y
como recogieron e interpretaron todos los medios de comunicación (documento 1.-)
sin que, en ningún momento, desde la Dirección Provincial
se matizase o rectificasen las informaciones publicadas. Dicha decisión del
Comité se tomó sin haber sido incluida en el Orden del Día y hasta el día de
hoy no ha sido notificada a los afiliados.
Segundo.- Con fecha 19 de octubre de 2012, este
acuerdo fue objeto de impugnación por varios afiliados ante el Comité Ejecutivo
Provincial y el Presidente Provincial (documento 2.-) por considerarlo una
vulneración de los Estatutos Nacionales del Partido Popular (Artículos 20.3 y
21.5) que facultan al Comité Ejecutivo Provincial para crear distritos pero no
para “sustituir”, es decir, suprimir una Junta Local.
Tercero.- Con fecha 13 de diciembre de 2012, fue
solicitado mediante escrito la entrega de diversa documentación, entre otra el
Orden del Día del Comité Ejecutivo Provincial de 11 de octubre de 2012 y la
transcripción literal del acuerdo impugnado, a fin de iniciar acciones
judiciales de tutela de los derechos políticos de los afiliados (documento 3.-).
Cuarto.- Mediante escrito de fecha 17 de diciembre
de 2012, el Secretario General Provincial (documento 4.-), ejerciendo funciones
para las que estatutariamente no está facultado, acordó desestimar la
impugnación presentada y negarse a entregar la documentación requerida.
Quinto.- Con fecha 19 de enero fue presentado
recurso contra este acuerdo de supresión de la Junta local de Alicante ante el Comité Regional
de Derechos y Garantías del PPCV (documento 5.-) que nunca ha sido respondido.
Sexto.- En el mes de marzo se presentó escrito de
impugnación contra el citado acuerdo ante el Comité Nacional de Derechos y
Garantías del PPCV sin haber obtenido respuesta alguna.
Séptimo.- El 29 de julio, según apareció publicado en el Diario
Información (documento 6.-), “la
ejecutiva aprobó ayer la división de la ciudad en cinco agrupaciones, a los que
los militantes se adscribirán por su código postal. Para septiembre se aprobará
el reglamento y se pondrá la fecha de las asambleas. Posteriormente, se elegirá
un coordinador de la ciudad”.
A
los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS
DE DERECHO
a) Jurídico-Procesales.
I.- JURISDICCION.
La impugnación judicial de las sanciones partidarias ha de canalizarse
ante la jurisdicción civil al ser un tipo de controversias entre particulares,
y deducirse de lo dispuesto en el art. 9.2 LOPJ y por aplicación supletoria de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (art. 40) en virtud del juego de las
Disposiciones Finales Primera y Segunda de esta última ley.
II.- COMPETENCIA TERRITORIAL.-
Es competente para conocer
de ellas el Juzgado de Primera Instancia de Alicante.
III.- CAPACIDAD.- El demandante tiene plena capacidad para ejercitar las acciones que en
la demanda se contienen por hallarse en el pleno uso de sus derechos civiles
IV.- LEGITIMACION ACTIVA.- Los demandantes se encuentran legitimados
activamente por ser afiliados del Partido Popular, como se acredita con las
copias de los carnets de afiliados (documento 7.-).
V.- LEGITIMACION PASIVA.- Debe dirigirse esta demanda contra el Comité
Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante, que es la entidad que ha
adoptado los acuerdos impugnados.
VI.- REPRESENTACION Y
POSTULACION.- Los
demandantes intervienen a través de Procurador y asistidos de Letrado.
VII.- PROCEDIMIENTO.- El Procedimiento por el que se ha de seguir
la presente demanda es el ordinario.
FUNDAMENTOS
JURÍDICO MATERIALES
Primero.- El Artículo 8 d) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos
Políticos, otorga a los afiliados a los mismos el derecho a impugnar los
acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos.
Segundo.- Tanto el acuerdo del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de
Alicante de fecha 11 de octubre de 2012, como el acuerdo de 29 de julio de 2013,
relativos a la sustitución de la Junta Local de Alicante por Juntas de Distrito
no han sido notificados a los afiliados del Partido Popular pertenecientes a
dicha Junta Local vulnerando el Artículo 8.2 c) de la Ley Orgánica 6/2002, de
27 de junio, de Partidos Políticos que señala entre los derechos de los
afiliados de un partido político “a ser
informados acerca de la composición de los órganos directivos y de
administración o sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos,
sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica” y vulnerando
el Artículo 6º f) de los Estatutos Nacionales del Partido Popular que determina
que es un derecho de los afiliados “ser informado sobre las actividades del
Partido”.
Tercero.- A la falta de notificación
a los afiliados de acuerdos tan relevantes hay que señalar la negativa expresa
del Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante a librar
certificaciones de los acuerdos adoptados o copias de las actas de las sesiones
de los órganos que los han adoptado, tal y como se refleja en su escrito de
fecha 17 de diciembre de 2012. En dicho escrito además transcribe parcialmente
el acuerdo impugnado: “Alicante, respecto de la cual el Presidente
propone el acuerdo, que es aprobado por unanimidad, de sustituir el actual sistema organizativo de Junta Local, por el de
Juntas de Distrito,…” Y en el mismo escrito añade de forma
contradictora que “ni se ha disuelto la
actual Junta Local, ni se ha nombrado ninguna Gestora”. El acuerdo
transcrito parcialmente habla de sustituir
la actual organización de Junta Local (es decir, Presidente Local, Secretario
Local, ambos órganos unipersonales, Junta Directiva Local, Comité Ejecutivo
Local, etc.) por Juntas de Distrito. Sustituir significa “poner a alguien o
algo en lugar de otra persona o cosa” por lo que es evidente que al ser
sustituida por Juntas de Distrito deja de existir la Junta Local de
Alicante. Es metafísicamente imposible sustituir una cosa por otra y que
sobrevivan las dos simultáneamente. Constituye una evidente contradicción
mantener que “no se ha disuelto la Junta Local ” de Alicante y buena prueba de ello,
de la falsedad de esta afirmación, es que de seguir existiendo dicha Junta
deberían haberse convocado las elecciones internas a la misma de conformidad
con lo establecido en las normas internas del Partido Popular, algo que no se
ha hecho. Otra cosa muy distinta sería que la actual estructura organizativa de
la Junta Local
de Alicante hubiese sido complementada
o potenciada (por utilizar el mismo
verbo empleado en el mandato contenido en el Artículo 19 de los Estatutos
Nacionales del Partido Popular) con la creación de Juntas de Distrito. Pero no
es esto lo que, al parecer, señala este acuerdo, ni el adoptado el 29 de julio
de 2013 que, profundiza en la vulneración estatutaria del acuerdo de 11 de
octubre de 2012, señalando, al parecer, la creación de cinco distritos y la
posterior elección de un “coordinador de la ciudad de Alicante”, figura que no
aparece en los Estatutos del Partido Popular y destinada inequívocamente a
suplir la existencia de un Presidente de la Junta Local de
Alicante, elegido por todos los afiliados de la ciudad, y a eludir finalmente
un proceso democrático interno en el conjunto del Partido Popular de la Ciudad de Alicante.
Cuarto.- El Secretario Provincial del Partido Popular
de Alicante ha vulnerado, además, el Artículo 14.1 d) de los Estatutos Nacionales del Partido
Popular al “suplantar o atribuirse cargos
o funciones de cualquier clase o naturaleza que no le corresponda” al desestimar
“per se” la impugnación ante el Comité Ejecutivo Provincial del acuerdo de 11
de octubre de 2012 ya que entre sus competencias recogidas en el Artículo 36
del Reglamento Provincial del Partido Popular de Alicante no figura la
resolución de los recursos o impugnaciones de los acuerdos. Se adjunta numerado como documento 8.- Copia de los estatutos del
partido.
Quinto.- La democratización interna de los partidos
políticos es un requisito ineludible para un correcto funcionamiento del
sistema político y no sólo porque lo diga el art. 6 de la Constitución, sino
porque, en caso contrario, se corre el riesgo de que el ciudadano se desencante
definitivamente del instrumento «partido» y no tengamos modelos alternativos,
al menos, en sentido democrático, para estructurar democráticamente los órganos
de poder político del Estado. De aquí la necesidad de seguir profundizando en
la democratización interna de los partidos y en la plena vigencia en el
interior de los mismos de los derechos constitucionales de sus afiliados, ya
que constituyen el momento inicial del proceso de participación política
democrática. La exigencia constitucional de un funcionamiento interno
democrático y la financiación pública de los partidos debe conllevar la plena
vigencia en el interior de los partidos políticos de los derechos fundamentales
que componen el Estado democrático en España, es decir, de todos aquellos
derechos y libertades del Título I que puedan ejercerse en el seno de un
partido por directa imposición del art. 6 de la Constitución y no condicionados
a su mero reflejo en la Ley que desarrolle el artículo constitucional o en los
Estatutos del partido. En este sentido, la LO de partidos políticos de 2002
supone sólo un avance mínimo con respecto a la legislación anterior y un
desarrollo muy limitado de lo dispuesto en la Constitución. Sigue faltando un
desarrollo más detallado de aspectos centrales de la democracia interna como
puede ser la forma de elección de los órganos ejecutivos del partido. En cuanto
a los derechos de los afiliados, se propugna el reconocimiento de la plena
vigencia de los derechos fundamentales en el interior de los partidos,
especialmente en el plano procedimental, los consagrados en los artículos 24 y
25 de la Constitución.
A tenor de lo que se plasma en las Sentencias del Tribunal
Constitucional 10/1983 y 75/1985, debemos poner de relieve que la Constitución establece, con respecto a los
partidos políticos, la exigencia de que su estructura interna y su
funcionamiento deben ser democráticos, y, además que deben respetar en su vida
interna unos principios estructurales y funcionales mínimos, y dentro de estos
parámetros jurisprudenciales es cuando se podrá solicitar el amparo judicial
oportuno, y, en este aspecto, la iniciación de la presente contienda judicial
por la parte, ahora, recurrente, tiene la suficiente base legal, y, entonces,
en esgrimir el artículo 22 de la Constitución, en su aspecto de la llamada
libertad positiva de asociación, que tiene plena vigencia» (STS de 21 de
septiembre de 1996; en el mismo sentido, SSTS de 12 de mayo de 1998 y de 14 de
enero de 2000).
En su virtud,
SUPLICO
Que teniendo por presentado este escrito se sirva
admitirlo, tenga por formulada demanda de procedimiento ordinario contra el
Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante, y por impugnados
los acuerdos adoptados referenciados, a fin de que, previos los trámites de ley que fueren
oportunos, se dicte en su día sentencia por la que se resuelva:
Primero.-
Anular los acuerdos del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de
Alicante por los que se aprueba la sustitución de la Junta Local de
Alicante por Juntas de Distrito y la división de la ciudad de Alicante en cinco
distritos por suponer una vulneración de lo dispuesto en los Artículos 20.3 y
21.5 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular y por crear un órgano
unipersonal, la figura de un “coordinador” de la ciudad de Alicante, no
prevista en los Estatutos del Partido Popular.
Segundo.-
Que sea declarada contraria
a derecho la negativa efectuada por el Secretario Provincial del Partido
Popular de Alicante en su escrito de 17 de diciembre de 2012 a entregar las actas o
certificaciones de los órganos colegiados, obligando al Partido Popular de la Provincia de Alicante a
entregar toda la documentación solicitada.
Tercero.- Que sea condenado la demandada a las costas
devengadas en el presente proceso.
PRIMER
OTROSI DIGO.- Que se
proceda a suspender cautelarmente la convocatoria de elecciones internas a las
Juntas de Distrito hasta que se haya dilucidado su legalidad y la de la supresión
de la Junta Local
de la ciudad de Alicante, ya que de no ajustarse a derecho deberían ser
convocadas primero las elecciones de esta última de conformidad a las normas
internas del Partido Popular y su celebración constituiría un fraude electoral
y una vulneración de los derechos de los afiliados de la ciudad de Alicante de
imposible reparación. La medida de suspensión cautelar debe exigirse sobre la
base de que la celebración de las meritadas elecciones puede dar lugar a la
consolidación de perjuicios de difícil reparación y, por el contrario, no
genera tal conflicto el aplazamiento de las mismas.
AL
JUZGADO SUPLICO.- Que tenga
por formulada la anterior manifestación a los efectos oportunos y, en su
consecuencia proceda a acordar la suspensión cautelar del acuerdo impugnado.
Es justicia que pido en Alicante a veinte de
septiembre de 2013.
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