La reiteración de
conductas repudiables de algunos dirigentes políticos o empresariales está
generando un verdadero hartazgo entre los ciudadanos. Cada día que pasa irrumpe
un nuevo escándalo sobre los abusos y latrocinios de unos pocos sobre los
bienes públicos, pero que salpican irremediable pero inmerecidamente al
conjunto de la clase dirigente de nuestro país. Y las reacciones de esta clase
dirigente no son siempre las más acertadas. Hay cierta sensación de que todo
este ambiente de corrupciones y abusos
está cogiendo con el pie cambiado a los principales responsables políticos y,
por supuesto, a las lentas maquinarias de los partidos políticos. Si los
ciudadanos están indignados, no menos desconcertados lo están los miles de
militantes de las formaciones políticas que se debaten entre el cierre de
filas, la incredulidad o la exigencia de responsabilidades. Se proponen pactos
anticorrupción, auditorías internas y externas de las cuentas de los partidos, "fiscales anticorrupción" internos, se
marcan líneas rojas respecto a la situación de cargos públicos imputados o
procesados, se amaga pero no se da, en fin, que todo anda francamente revuelto
y no parece existir un rumbo claro para acabar con una lacra que no ha nacido
ahora, sino que viene incubándose desde hace muchos años gracias a un conjunto
de normas que facilitan este tipo de conductas: la legislación vigente sobre
contrataciones públicas, la regulación de la financiación de los partidos
políticos, un derecho procesal anquilosado y una justicia escasa de medios.
Y en medio de este
panorama aparece una noticia que merece la pena ser comentada: el Partido
Popular de la Provincia de Alicante ha encargado a su “comité de ética” (sólo
ya la denominación del citado comité tiene lo suyo) la redacción de un “libro
blanco” para trasladar transparencia, rigor y firmeza en su gestión pública.
Este comité a pesar de llevar varios meses constituido, “será a partir de ahora decisivo en el modelo de comportamiento que el
Partido Popular de la Provincia de Alicante va a exigir a sus responsables y
cargos públicos”. ¿Y antes? Según se ha comunicado a la prensa, la
dirección provincial ha encargado al comité de ética la elaboración de un
reglamento, un libro blanco que responderá a la máxima de que “no basta con ser honrados. Además, hay que
parecerlo”. También se ha comunicado desde la Provincial popular que el
citado comité, que preside Pascual Díaz, requerirá a los políticos populares,
transparencia, rigor y firmeza. Y uno no tiene más remedio que preguntarse ¿es
que es necesario un comité para exigir a los políticos populares transparencia,
rigor y firmeza? ¿Se está poniendo bajo sospecha a todos los políticos
populares por la existencia de determinados y notorios casos sobre los que
precisamente la dirección provincial no se pronuncia públicamente? ¿Hace falta
un comité para exigir a los políticos populares lo que ya el propio Partido
Popular y la legislación vigente exigen?
Es de suponer que
este comité y el reglamento que va a elaborar versa sobre la ética, es decir,
sobre esa rama de la filosofía que trata sobre los actos que el ser humano
realiza de modo consciente y libre y que no se limita sólo a ver cómo se
realizan esos actos, sino que busca emitir un juicio sobre estos, para tratar
de determinar si un acto ha sido éticamente bueno o éticamente malo. La ética
establece una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo desde el punto
de vista ético, y si el bien y el mal éticos coinciden o no con lo que serían
el bien y el mal en sí. Complejo campo el de la ética como para andar jugando
con ella. Pero es que, además, los criterios éticos, siempre cambiantes según
la evolución de la conciencia social, son previos al derecho positivo y su
arraigo social impulsa la transformación de las leyes que los ciudadanos nos
damos. Y entre la multitud de normas que rigen nuestras vidas, nacidas de una
determinada conciencia social ética, hay algunas que permiten aproximarse a
esos conceptos que en el funcionamiento de las instituciones pretende trasladar
el citado comité de tan pomposo nombre: la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los
Altos Cargos de la Administración General del Estado, el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley Orgánica 8/2007,
de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, por citar solo
algunas en el ámbito de la legislación estatal. Y sin ir muy lejos, dentro de
la propia casa, es decir en el Partido Popular, además de los propios Estatutos
del Partido, en el año 2009, se aprobó el Código de Buenas Prácticas cuyo
objetivo es establecer con precisión unas
pautas de conducta, a las que deben ajustarse los cargos públicos, responsables
políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización.
Una de dos, o dicho
código interno ya no está vigente en el Partido Popular y no nos lo han
comunicado, para variar, a los afiliados o sí que está vigente y lo que ocurre
es que la Dirección Provincial Alicantina, que no se pronuncia sobre si los
cargos públicos del PP imputados de Alicante deben o no dimitir, lo considera
insuficiente y por ello ha tenido que encargar un nuevo Reglamento sobre “la
ética” de ciertas conductas. Por cierto, que repasando dicho código aparecen
algunas cuestiones más que llamativas, por ejemplo, en el mismo se exige que
los candidatos a cargos públicos deben suscribir una Carta de Compromisos y que
dicha carta se publicará en la página web del partido ¿la ha visto alguien en
Alicante? ¿la han suscrito todos? o que “Se
constituirán las Mesas de Contratación del Partido Popular, órgano deliberante
que, en los distintos ámbitos territoriales, tendrán por cometido analizar y
ponderar ofertas en los contratos que tengan por objeto la publicidad, los
viajes y los actos de Partido y las campañas electorales. La Mesa de
Contratación contará con al menos cinco miembros, de los que uno será en todo
caso un audito interno que garantice que el proceso de contratación se atiene a
los principios y al procedimiento establecidos en este documento.” ¿Se ha
constituido dicha Mesa en la Dirección Provincial de Alicante? ¿Cuándo? ¿Quién
la compone?
Como puede
observarse no será por falta de normas y reglamentos que ahora sea necesario un
comité de estas características para elaborar un reglamento más a añadir a los
que existen y no se cumplen. Hay otra forma de hacer las cosas. Los ciudadanos
queremos ejemplaridad, que se cumplan las leyes existentes y si no son
suficientes que se reformen. Hay demasiados problemas por resolver como para
andarse con juegos florales a mayor gloria de los protagonistas de turno.
Trabajo constante, silencioso y tenaz y menos cohetes es lo que hace falta, no
sea que haya que terminar pensando que Napoleón Bonaparte tenía razón cuando
decía que “si quieres que algo sea hecho,
nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una
comisión”.
Santiago de Munck
Loyola