¿Recortes? Depende…

Recortar es el verbo que está de moda. No todos nuestros políticos lo usan, más bien lo evitan y usan eufemismos para decir lo mismo. Nos hablan de ajustes presupuestarios, de reducciones en el gasto o de ahorro. Es como si sintieran cierto pudor, el que no tuvieron a la hora de gastar a lo loco, para decir lo que todos sabemos que están haciendo: sencillamente recortar. No hay dinero, no entra el suficiente dinero en las arcas públicas y, por tanto, no se puede hacer frente ni a lo que se debe de los años de “fiesta”, ni a los gastos ordinarios más básicos.

No se trata ahora de buscar responsabilidades porque parece evidente que están muy repartidas entre toda la clase política, entre todos los colores, aunque unos carguen con más culpa que otros. Unos porque en su ineptitud no veían la crisis que se acercaba o no querían verla y llamaban antipatriotas a quienes se atrevían a vaticinarla. Y han pasado ya más de cuatro años de aquello. Otros porque aún viéndola y avisando de su proximidad en las más altas instancias del estado, simultáneamente, en sus virreinatos seguían gastando a mansalva. Venga fiesta por aquí y por allí: que si fórmulas 1, que si obras faraónicas, que si aeropuertos inútiles,… Y mientras que en Madrid denunciaban los efectos perniciosos de medidas gubernamentales como los Planes E, por los virreinatos los copiaban con toda “confianza” dejando obras que, al día de hoy, no ha sido pagadas y han llevando a la ruina a centenares de empresas.

Pero dejando al margen el tema de las responsabilidades, resulta llamativo el criterio que la clase política suele utilizar a la hora de “recortar”, de ajustar sus lindos presupuestos. Parece que las prioridades de los políticos no son en modo alguno las mismas que las de la gente. Es como si existieran dos clases de sentido común, el de la clase política y el de los ciudadanos.

Es evidente que, si no hay dinero suficiente para atender el funcionamiento de las administraciones públicas o lo que es lo mismo para atender a los servicios públicos, hay dos posibilidades de actuación: aumentar los ingresos y/o reducir los gastos. Aumentar los ingresos se puede hacer subiendo los impuestos lo que lleva inevitablemente a que a partir de determinado nivel los ciudadanos reduzcamos nuestro consumo y, por tanto, generemos más paro o bien persiguiendo de forma más efectiva el fraude fiscal para que todo el mundo contribuya. La reducción de gastos es la segunda posibilidad de actuación ante la falta de dinero, igual que hacemos en nuestras casas los ciudadanos.

El sentido común, nos lleva a los ciudadanos a reducir o eliminar los gastos superfluos cuando nuestros ingresos no alcanzan a cubrir nuestros gastos. Y, sin embargo, la clase política tiene un concepto “sui generis” de lo que es superfluo, como puede apreciarse al observar los recortes que se han venido adoptando en los últimos meses.

El sentido común dice que los ciudadanos no veríamos resentida nuestra calidad de vida si se eliminan de un plumazo las seudo embajadas autonómicas y sí si se recorta el dinero destinado a los profesionales sanitarios, o al mantenimiento de los hospitales o a los medicamentos. El sentido común señala que no nos pasaría nada a los contribuyentes si se cierra sin más un canal autonómico tremendamente deficitario, pero que sí nos perjudica seriamente que se recorte el dinero destinado al mantenimiento de centros escolares o al pago de la dependencia. De sentido común es que en nada afecte a la calidad de vida de los ciudadanos que se supriman las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, pero que se recorte el gasto destinado a la seguridad ciudadana sí que puede perjudicar al conjunto de los contribuyentes.

De sentido común sería eliminar las pensiones privilegiadas de los políticos y de banqueros que se nutren de fondos públicos al no haber gestionado bien sus bancos o hacer que los parlamentarios tributasen como usted o yo y no nos pasaría nada. Como no pasaría nada por suprimir nuestras misiones militares en el exterior que cuestan miles de millones de euros que podrían destinarse a ayudar algo al millón y medio de hogares españoles que no cuentan con ingreso alguno. La lista de casos en los que se podría aplicar el sentido común de la calle y no el de la clase política es interminable.

Hay mucho campo en el que, con sentido común, se puede recortar y se debería hacer sin tocar lo más mínimo tres pilares básicos: la sanidad, la educación y la solidaridad. Se puede vivir perfectamente sin un canal de televisión, sin un estupendo AVE o sin cientos de asesores políticos, pero sin un moderno y eficiente hospital no.

Santiago de Munck Loyola

La reforma de la Ley de Costas.

El reciente anuncio del nuevo Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre la intención del Gobierno popular de revisar y reformar la vigente Ley de Costas ha hecho abrigar esperanzas positivas a los miles de afectados por la misma. La aplicación de la vigente Ley de Costas que data de 1988 afecta a unos 160.000 ciudadanos tanto españoles como extranjeros y ha sido a lo largo de los años objeto de numerosas críticas, controversias y resoluciones judiciales incluso fuera de nuestras fronteras.

La necesidad de proteger y de recuperar el deteriorado litoral español no es puesta en duda por nadie con un mínimo sentido común. Pero, simultáneamente, nadie debería cuestionar la necesidad de compatibilizar con esa necesidad la de preservar la actividad económica y los miles de puestos de trabajo que pueden verse afectados o incluso desaparecer como consecuencia de una aplicación errática y errónea de la legislación actual. Del mismo modo, deberían ser objetivos irrenunciables para cualquier responsable político preservar de una manera clara y nítida la seguridad en el tráfico jurídico de la propiedad, la primacía de la fe pública registral, la irretroactividad de las normas desfavorables y el principio de equidad y justicia en las compensaciones económicas que hubiesen de producirse como consecuencia de la aplicación de la norma en su actual configuración.

Una reforma de la vigente Ley de Costas debe hacerse contemplando todos estos parámetros y en modo alguno puede desviarse de los principios constitucionales en los que ha de inspirarse.

Las diferentes situaciones de afección del litoral marítimo que la realidad presenta deben contemplarse de manera bien diferenciada considerando aspectos muy diversos: el carácter urbano o no de las mismas, la fecha de su aparición anterior o posterior a la Ley de 1988, el grado de protección medioambiental de los distintos emplazamientos, el carácter de los titulares sean personas físicas o jurídicas, la naturaleza de las anotaciones registrales, los deslindes efectuados y los parámetros físicos usados que, hasta el día de hoy, provocan diferencias notables de tratamiento, etc.

Transformar sin más, como hasta ahora, el derecho de propiedad adquirido de forma absolutamente legítima y legal con anterioridad a 1988 en un simple derecho de concesión, sin más compensación que el propio valor que a la misma concesión arbitrariamente se confiere, constituye un auténtico ataque al derecho de propiedad y a la seguridad del tráfico jurídico, al margen de la evidente inconstitucionalidad que la retroactividad supone. Diferente alcance, aunque igual de negativas consecuencias para los propietarios, supone la aplicación de la misma técnica a propiedades adquiridas con posterioridad a la aprobación de la Ley pues se produjeron mediando fedatarios públicos obligados por Ley a prevenir a los adquirientes de los condicionantes legales nuevos. Distinta es, igualmente, la situación de todos los inmuebles construidos en el dominio público después de 1988 en la que la intervención de las administraciones públicas con responsabilidades urbanísticas es la única responsable de las transgresiones de la norma y, por tanto, quienes deberían asumir las consecuencias que pudieran derivarse.

En todo caso, la problemática es tremendamente variada y la reforma de la Ley anunciada va a ser compleja, pero por mucha dificultad que entrañe debe abordarse con urgencia, con rigor, con diálogo con los afectados y tratando de conjugar los diferentes intereses contrapuestos.

Santiago de Munck Loyola

Gana Rubalcaba y pierde Pajín.

Despejada la incógnita después de tantas semanas de pugna interna por el liderazgo del PSOE: Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido elegido por un estrecho margen de votos nuevo Secretario general del partido, derrotando a su contrincante Carmen Chacón. Poco más del 51 % de los delegados socialistas ha dado su respaldo a Rubalcaba para suceder a Rodríguez Zapatero lo que quiere decir que de salida no cuenta con el apoyo de casi la mitad del partido. No cabe la menor duda de que su primera tarea deberá ser gestionar con inteligencia esa falta de apoyos para evitar que puedan consolidarse en una rémora a la nueva etapa que quiere poner en marcha. Los habituales y consabidos mensajes de todo ganador apelando a la unidad y a la integración deberán transformarse en realidades concretas para evitar fracturas que a medio plazo podrán poner en peligro su recién iniciado liderazgo.

No son pocos los analistas políticos que traducen la victoria de Rubalcaba como el fin del zapaterismo y como una vuelta al socialismo de los años 80 en los que el recién estrenado líder socialista empezó a desarrollar su carrera política. Flaco favor hacen al Sr. Rubalcaba si identifican su victoria como el entierro del zapaterismo, como el final de una estrategia política y el inicio de una diferente. Esta interpretación conlleva la consideración del triunfo de Rubalcaba como la aparición de una figura política nueva, desvinculada o enfrentada a la última etapa del Partido Socialista. Es evidente que no es así. Pérez Rubalcaba ha sido uno de los pilares básicos del zapaterismo, de una determinada forma de entender y desarrollar el proyecto socialista que ha imperado durante la última década. Presentarlo hoy como algo diferente, como una alternativa al proyecto político del que ha formado parte es tanto como una estatua impávida que, aunque estuvo en los Gobiernos de Zapatero, ni participaba del proyecto, ni de las políticas desarrolladas o que fingía la sintonía política suficiente con el ex Presidente aunque no comulgase lo más mínimo con él. Y no era sí.  Rubalcaba era y es parte del zapaterismo y la notable ausencia de críticas a la gestión política, económica y social que durante la última década ha protagonizado el socialismo español sólo puede interpretarse como una complacencia con el fracasado proyecto zapaterista. Con Rubalcaba el zapaterismo sobrevive y lo seguirá haciendo debajo de todos los retoques cosméticos que seguramente se producirán hasta que el socialismo español inicie un verdadero proceso interno de regeneración y renovación ideológica.

De igual modo, el zapaterismo habría sobrevivido, aunque de forma más evidente, si el congreso lo hubiese ganado Carmen Chacón. En todo caso, la derrota de esta última es la derrota de la inconsistencia intelectual, de la primacía de la imagen sobre el contenido y de la incongruencia política, rasgos, por otra parte, más que identitarios del zapaterismo más puro. Cuando se formulan expresiones como la de “el concepto de nación es discutido y discutible” sin aportar ninguna reflexión adicional es fácil ser nacionalista catalana y después nacionalista española. Se puede aplaudir a los que ofenden a los españoles y después enrollarse en la bandera española y pretender ser, algún día, presidenta del Gobierno de la Nación española sin despeinarse lo más mínimo y sin ofrecer una explicación de tan fulgurante cambio ideológico.

Ha perdido Chacón y, de paso, ha perdido el socialismo alicantino representado por Pajín, Elena Martín y Ana Barceló. Con esa especial inteligencia que le permite vislumbrar conjunciones de liderazgos planetarios, Leyre Pajín y sus amigas han apostado por el caballo perdedor. Pronto se verá la traducción que esa fallida apuesta tiene para el fragmentado y desorientado socialismo alicantino.

Santiago de Munck Loyola

El 38 congreso del PSOE.

A punto de iniciarse el Congreso del PSOE en Sevilla, todas las noticias e informaciones de las últimas semanas parecen indicar que poco o nada sustancial va a cambiar en el principal partido de la oposición. Tras dos derrotas electorales consecutivas, fracasos electorales en toda regla, lo lógico habría sido que en el seno del Partido Socialista se hubiese abierto un período de autocrítica y una profunda reflexión para poner en pie un nuevo proyecto político. Pero no ha sido así, el debate interno se ha centrado en el cambio de liderazgo, en la sustitución del Secretario General por otro, dando por buenas las políticas y orientaciones que han conducido al estrepitoso fracaso en las urnas.

El zapaterismo no ha terminado con la retirada de José Luis Rodríguez Zapatero por la sencilla razón de que quienes aspiran a sucederle han sido coautores y partícipes de las líneas políticas que han inspirado el modelo socialista durante los últimos doce años. Tanto Alfredo Pérez Rubalcaba como Carmen Chacón han sido ejecutores e impulsores de las mismas políticas y la ausencia de autocrítica en sus discursos y propuestas desgranadas en las primarias socialistas sólo puede interpretarse como un movimiento continuista, como una prolongación de un programa y un modelo político ampliamente rechazado por la inmensa mayoría de los electores.

El zapaterismo nació por sorpresa tras un duro castigo electoral y lo hizo sin hacer tampoco una autocrítica de la trayectoria del partido, sin cuadros de peso y sin un claro proyecto político. Tanto en la etapa inicial de oposición como en la posterior fase de gobierno, la falta de un proyecto político coherente se tradujo en un alto grado de improvisación, de oportunismo coyuntural sin sustento intelectual y programático que sirvió inicialmente para incrementar la base electoral pero que demostró una manifiesta incapacidad para ofrecer soluciones a los diferentes problemas que iban surgiendo. Mucha pancarta pero pocas soluciones, mucha propaganda pero poco contenido. Notas distintivas y caracterizadoras del zapaterismo han sido el sectarismo y la exclusión política que se pusieron de manifiesto con el famoso pacto del Tinell y el llamado cordón sanitario como fórmulas de marginación del principal partido de la oposición y, por ende, de media España; el espíritu “guerracivilista”  como fórmula de aglutinación sentimental para satisfacer antiguas ansias de revanchismo que parecían haber sido superadas con el consenso de la transición y la ausencia de “sentido de estado” abriendo un peligroso campo revisionista del estado autonómico, no en aras de un perfeccionamiento del mismo, sino como tributos territoriales para compensar debilidades parlamentarias. Todo ello acompañado de la sumisión o el doblegamiento, en su caso, de todos los resortes públicos al servicio de un proyecto de partido de corte personalista, intentando penetrar hasta en diferentes esferas de la sociedad civil para controlarlas y someterlas. La cualificación de los altos cargos del Gobierno y de los pertenecientes a la mayoría de las instituciones del estado ha ido en paralelo, salvo honrosas excepciones, a la talla intelectual del propio Presidente del Gobierno que, por razones obvias, no es preciso medir.

La autocomplacencia de los candidatos a dirigir el PSOE con el zapaterismo es lógica y evidente y no presagia nada bueno para el futuro del partido socialista. Si se da por válida la afirmación del Sr. Ibarra de que la candidata Carmen Chacón es “lo mismo que Zapatero, pero con faldas”, no queda más remedio que concluir que el candidato Pérez Rubalcaba es “lo mismo que Zapatero pero calvo y amargado”. La falta de autocrítica socialista no es sólo un problema para los socialistas, es también un problema para todos los españoles que necesitan una alternativa de gobierno seria, sólida y creíble. Y con esas faldas y esos pelos no la van a tener de momento.

Santiago de Munck Loyola

Espectáculo en Asturias.

Para cualquier observador de la vida política lo que está ocurriendo en Asturias es realmente sorprendente. No cabe la más mínima duda de que los votantes de centro derecha estarán tan sorprendidos como escandalizados ante el lamentable espectáculo que el Partido Popular de Asturias, como Foro Asturias están ofreciendo desde hace meses. La culminación de este circo político ha tenido lugar ahora con la convocatoria de elecciones anticipadas en el principado coincidiendo con la cita electoral de Andalucía.

Cada parte culpa a la otra de esta situación y seguramente la responsabilidad de que se haya llegado a este extremo de confrontación cainita es compartida. Quizás no se habría llegado a la actual situación de división del centro derecha asturiano y a la parálisis de todo un gobierno regional, si en su día se hubiesen impuesto en el seno del Partido Popular mecanismos de democracia interna, es decir, si los afiliados asturianos del Partido Popular hubiesen tenido la oportunidad de decidir limpia y libremente quién debía encabezar el proyecto popular en esa Comunidad Autónoma. Pero no fue así y no porque los Estatutos del Partido Popular lo impidiesen, sino porque el Génova 13 tienen más poder “los pasillos” que la voz de los afiliados.

Resulta descorazonador escuchar hoy al Sr. Pons las declaraciones tan simplistas con las que ha despachado la cuestión: que el Sr. Álvarez Cascos ha fracasado, que no ha sabido dialogar y que los asturianos van a tener que pagar el coste económico de unas elecciones anticipadas por culpa del Sr. Cascos. Y se ha quedado tan fresco. Ni un ligero asomo de autocrítica, ni un solo mensaje de preocupación por el desgobierno, que tanto el Partido Popular asturiano, como Foro Asturias, están generando. Dos no riñen si uno no quiere, pero aquí es evidente que los dos llevan meses dispuestos a reñir.

Es incomprensible que ambos partidos de centro derecha sean incapaces de ponerse de acuerdo para aprobar unos presupuestos, máxime con la que está cayendo. Pero resulta más incomprensible que el Partido Popular Asturiano prefiera que la Comunidad Asturiana se siga rigiendo por los presupuestos socialistas del anterior gobierno antes que pactar un presupuesto de transición con el Gobierno del Sr. Cascos.

Habrá que confiar en que al menos unos y otros tengan la decencia política de no contarnos la existencia de dificultades políticas o ideológicas insalvables para poder llegar a acuerdos de gobernabilidad porque todos somos conscientes de que detrás de todo este circo se esconde una larga historia de enfrentamientos personales, de mezquindad, de ruindad política, de amiguismos, de complejos, de favores, de odios y traiciones.

Aquí se echa de menos la grandeza de miras y la generosidad que se supone deberían impregnar la personalidad de quienes aspiran a ofrecer lo mejor de si mismos y de sus partidos a sus conciudadanos. Es evidente que a clásica enumeración de categorías de adversarios políticos hay que añadir una cuarta, la de excompañeros de partido. Y Asturias no se merece todo ésto.

Santiago de Munck Loyola

Algunos se forran con nuestros impuestos.

Hoy, el diario El Mundo, publica un artículo sobre las retribuciones de los políticos o ex políticos en las instituciones financieras que no tiene desperdicio alguno. En la mayoría de los casos, se trata de instituciones financieras que han recibido o reciben ayudas económicas del Estado, es decir, que reciben dinero proveniente de los impuestos de los ciudadanos. La presencia de los políticos en estas instituciones, Bancos y Cajas de ahorro, sólo obedece a la participación estatutaria de las administraciones públicas en sus Consejos de Administración. Es decir, que los políticos encuentran acomodo en los Consejos de Administración o en los puestos de dirección no porque reúnan especiales conocimientos financieros sino porque cubren las cuotas de los partidos políticos, aunque se trate de auténticos ignorantes del mundo económico y financiero.

He aquí, algunos de los datos aportados:

     -         Rodrigo Rato: Presidente de Bankia, 2,4 millones de euros, sin contar la retribución variable.

-          José Luis Olivas: 1,6 millones hasta su cese en Bankia.

-          900.000 € Antonio Pulido, copresidente de Banca Cívica, sin contar la parte variable.

-          900.000 € Enrique Goñi, copresidente de Banca Cívica, sin contar la parte variable.

-          526.000 Moral Santín (BFA, Bankia y Caja Madrid).

-          Mercedes de la Merced: 429.000 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Jorge Gómez: 393.00 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Ricardo Romero de Tejada: 316.000 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Estanislao Rodríguez Ponga: 422.000 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Virgilio Zapatero: 421.000 euros (Bankia, BFA y Caja Madrid).

-          Antonio Tirado: 409.000 euros (Bankia, BFA y Caja Madrid).

-          Carlos Egea: 456.000 euros (BMN).

-          Braulio Medel: 600.000 euros (Unicaja).

-          Antonio Jara: 278.000 euros (BMN).

-          Agustín González: 224.000 euros (Caja Provincial de Ávila y BFA).

-          José Antonio Asiain: 151.700 euros (Banca Cívica).

No están aquí todos los que son. Algunos, como el exalcalde de León, se han negado a facilitar sus datos al Banco de España acogiéndose a la Ley de protección de datos. Hay que tener en cuenta, además, que en algunos casos estas retribuciones se perciben simplemente por asistir a los Consejos de Administración, no por desempeñar funciones auténticamente directivas.

Es escandaloso e inmoral, se mire por donde se mire. Una empresa privada, con capital exclusivamente privado, puede fijar libremente las retribuciones de sus empleados y directivos. Pero éste no es el caso. Se trata de empresas que están usando dinero público, dinero que proviene de los impuestos de los ciudadanos. No tiene lógica alguna que el sueldo del Presidente del Gobierno, el máximo responsable del destino del dinero de los contribuyentes, ronde los 100.000 euros anuales y que el de estos señores, nutrido en parte con dinero público,  alcance niveles tan escandalosos.

Habrá quien lo justifique apelando a la “enorme responsabilidad” de estos señores en el manejo de tanto dinero y a otras estupideces. Pero más responsabilidad acumula el Presidente del Gobierno o el cirujano de la seguridad social en cuyas manos se depositan, no ya capitales, sino vidas humanas y no ganan esas cantidades ni por asomo.

Las administraciones públicas tienen regulado por Ley las retribuciones que perciben los que en ellas trabajan. Tratándose de dinero público no existe arbitrariedad en la asignación de las retribuciones. La misma regla debería aplicarse a toda aquella entidad que perciba dinero público para su funcionamiento: si una empresa, sea financiera o no, recibe ayudas públicas las retribuciones de su personal deberían seguir las mismas reglas y niveles que las  que corresponden a las administraciones públicas. Así de fácil, de sencillo, de lógico y de claro. Hay empresas en nuestro país que sobreviven exclusivamente gracias al dinero público y, sin embargo, no existe una limitación, ni reglamentación a la hora de determinar las retribuciones de su personal.

Esto tiene que acabar. No es posible que se suban los impuestos a los ciudadanos para que, mientras tanto, una élite de ex cargos políticos “se forre” con el dinero proveniente de esos mismos impuestos. No hace mucho alguien abogaba por la casilla en la declaración de la renta para investigación. Puestos a ello, habría que proponer la casilla para no dar un duro a empresas y entidades cuyos directivos tengan semejantes salarios. Con mis impuestos, no. O, mejor, directamente la objeción fiscal. Un servidor, al menos, sabe que no les paga dos veces por lo mismo: se lo llevarán de mis impuestos, pero no de mi cuenta porque a estas entidades ni un céntimo.

Santiago de Munck Loyola

Camps inocente, de momento.

El jurado del proceso seguido contra el ex Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, ha declarado que tanto él, como Ricardo Costa son no culpables de los cargos por los que estaban siendo enjuiciados, es decir, por el delito de cohecho impropio. El jurado entiende que ni Camps, ni Costa recibieron regalos por razón de su cargo y que no se ha demostrado en el juicio que hubiese regalos pagados por la trama corrupta de Gürtel. Esta decisión del jurado deberá plasmarse en los próximos días en una sentencia absolutoria a partir de la cual podrán presentarse recursos ante el Tribunal Supremo por lo que el asunto no está definitivamente zanjado.

Ahora se producirá una auténtica explosión de reacciones y declaraciones de toda índole en función de la posición ideológica de cada uno. Es evidente que quienes durante estos últimos tres años han ignorado y pisoteado el derecho a la presunción de inocencia van ahora a pisar y a desacreditar esta resolución favorable a los Sres. Camps y Costa. Los impulsores o autores del escandaloso linchamiento político y moral al que durante tanto tiempo han sometido a los acusados van a seguir haciéndolo porque “su verdad” está, como siempre, por encima de los pronunciamientos de la Justicia y del respeto a los más elementales derechos tutelados en un estado de Derecho. Es su modus operandi y no van a renunciar a él ante ninguna evidencia que desmonte sus difamaciones.

Llama la atención alguna reacción inmediata, como la del Secretario general Socialista en el Congreso, Eduardo Medina, que se ha apresurado a mentir a la ciudadanía afirmando lo siguiente: "Francisco Camps absuelto de la trama Gurtel. Garzón... en el banquillo de los acusados por investigarlo”. El Sr. Medina es un mentiroso con todas las letras. De semejante afirmación puede deducirse fácilmente el nivel intelectual del personaje y su catadura moral. El Sr. Camps no ha sido enjuiciado por la trama Gürtel, no. Fue acusado de un presunto delito de cohecho impropio, recibir tres trajes de regalo, del que ha sido, por segunda vez, absuelto. Y el Sr. Garzón, por su parte, no ha sido juzgado por investigar dicha trama, no. El Sr. Garzón ha sido enjuiciado por vulnerar la Ley ordenando grabar las conversaciones de los abogados con sus defendidos cuando dichas grabaciones no tienen amparo legal para su ejecución. Es decir, por violar un derecho elemental, como el derecho de defensa, sin un amparo legal que lo justificase. Así de sencillo y de claro. Posiblemente el público afín al Sr. Medina requiera de simplificaciones, o mejor dicho de simplezas, como las que profiere el Portavoz Socialista, pero tales simplezas son falsas y manipulan la realidad. Como también constituye una falsedad monumental la afirmación tan repetida últimamente de que el Sr. Garzón también está siendo juzgado por investigar los crímenes del franquismo. No es así. Está siendo juzgado por saltarse la Ley, por tratar de instruir procesos para los que legalmente no era competente.

Y qué diferencia de tratamiento mediático entre ambos casos. Abismal. Como también ha sido muy diferente la actitud ante los tribunales de ambos acusados. Era de esperar, además, que el respeto por la Justicia que los seguidores de Garzón tienen se pusiera hoy de manifiesto al conocer la sentencia absolutoria de Camps. Coherentes con su ideología su reacción ha sido insultar al acusado absuelto y lanzar objetos contra su vehículo. Era de esperar: de tal juez, tales defensores.

Todo parece indicar que habrá recursos contra la absolución de Camps y Costa y también señalan los expertos que será difícil que tales recursos prosperen. Ahora, con la absolución “provisional” en la mano, y más adelante, si ésta deviene firme, será imposible restituir a los acusados lo que se les ha arrebatado: su dignidad. No habrá, con seguridad, reparación posible al daño causado. ¿Quién pagará los platos rotos? Seguro que nadie.

Santiago de Munck Loyola.

¿Regeneración democrática en marcha?

Hace poco más de una década participé en un Curso de Verano, en el Escorial, titulado el “Primer Gobierno del Partido Popular”. Uno de los ponentes de aquel curso era D. Mariano Rajoy Brey. Tras su conferencia se abrió el turno de preguntas y, tras presentarme, le pregunté sobre el cumplimiento de los compromisos del PP en torno a la regeneración democrática (Consejo General del poder Judicial, Tribunal Constitucional, etc.) Recuerdo perfectamente que su respuesta fue evasiva, concretó poco. Pero, girándose hacia el moderador, Bermúdez de Castro, le dijo bromeando: ¿estás seguro de que Santiago es de los nuestros?

El anuncio realizado ayer por la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, de la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y de los miembros del tribunal Constitucional, así como la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad constituye una excelente noticia para quienes defienden la regeneración democrática que pasa necesariamente, entre otras cosas, por la independencia del poder judicial y la separación entre los poderes del Estado. Por el contrario, se trata de una mala noticia para quienes no creen en la separación de poderes como nota distintiva y definitoria de un régimen democrático, para quienes el sometimiento de los poderes públicos al imperio de la Ley no es sino un simple enunciado carente de eficacia.

La Vicepresidenta anunció que la intención del Gobierno es impulsar las reformas legislativas necesarias para volver al sistema vigente hasta 1985, cuando el PSOE, por sorpresa y mediante una enmienda de última hora, reformó el procedimiento existente, sin ningún tipo de diálogo ni consenso con la oposición, para que los miembros del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por los parlamentarios y no por los componentes de dicho poder. Con aquella decisión se quebró la separación de poderes consagrada en la Constitución y el legislativo, dominado ampliamente por el Partido Socialista, se convirtió en el poder hegemónico del Estado. Es entonces cuando el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, proclamó ufano que “Montesquieu había muerto”. Pues bien, como no hay mal que cien años dure, todo parece indicar que Montesquieu puede resucitar pronto en nuestro país.

Es evidente que la actual configuración y ordenación de uno de los poderes básicos del Estado es claramente deficiente y manifiestamente mejorable. Son muchas las anomalías que aquejan al poder judicial y, seguramente, algunas de ellas derivan de un sistema de autogobierno, previsto en el Art. 122 de la Constitución, que ha sido adulterado por el contenido de la Ley Orgánica que lo desarrolla. La politización de la Justicia en los últimos años ha sido más que evidente.

Constituye una anomalía, inaceptable en cualquier país democrático, que en España se pueda adivinar con gran precisión el sentido y la orientación que una sentencia futura habrá de tener en función de la etiqueta del magistrado o magistrados juzgadores, determinada por el color del partido que los haya propuesto o promovido para su puesto. Del mismo modo, es una anormalidad democrática que, poco a poco, el Tribunal Constitucional, conceptuado primitivamente más como un órgano político que judicial, haya terminado por imponerse en algunos asuntos a la cúspide de la pirámide judicial, al mismo Tribunal Supremo, enmendándole la plana en temas como los relativos a ilegalizaciones de partidos terroristas. Y qué decir de jueces que salen de la magistratura, se meten en política, fracasan ahí, vuelven a la magistratura e investigan a sus ex jefes políticos o de magistrados que recaudan fondos para universidades y después se permiten el lujo de dictar resoluciones judiciales que afectan a sus generosos donantes. Y qué decir de la actitud partidista y sectaria de la fiscalía que, en estos últimos años, se ha convertido en muchos lugares de España en un auténtico aparato inquisidor al servicio descarado del partido del gobierno.

La justicia en España necesita un buen repaso y no sólo se trata de dotarla de los medios económicos y personales necesarios para agilizar su funcionamiento, sino de proporcionarle la independencia, la profesionalidad y los principios éticos para que su configuración como poder básico del estado, garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, sea la propia de un estado sometido siempre al imperio de la ley.

Queda mucho por hacer en este sentido y no lo va a tener fácil, tampoco en este campo, el nuevo Gobierno de España. Pero, aún no teniéndolo fácil por la actitud de socialistas y nacionalistas, cuenta con el respaldo de una sólida mayoría parlamentaria para impulsar propuestas como las anunciadas por la Vicepresidente y que se encaminan hacia la regeneración democrática de nuestro sistema democrático.

Santiago de Munck Loyola

Sierra Nevada: una estación bajo mínimos.

Hace seis años empecé a esquiar. Como mis hijos son unos incondicionales de la montaña y del esquí, decidimos pasar las Navidades en la estación de “La Molina”. Junto a Pablo, Luz y Marcos, mis nietos, me inscribí en un curso de iniciación al esquí. Pasamos mucho frío, me torcí un tobillo, pero disfruté de la montaña, del aire libre y del deporte como hacía mucho tiempo. Y me enganché. Y lo hice de tal forma que cada quince días nos íbamos a Sierra Nevada a esquiar. Allí, tras algunas clases particulares, empecé a disfrutar de las pistas rojas y después de las negras. Si algo tiene de especial la estación de Sierra Nevada es el sol. Un sol fuerte, limpio y deslumbrante que hace olvidar el intenso frío que, en ocasiones, podría desalentar la práctica del esquí. Y cuando el mal tiempo impide esquiar se puede disfrutar, en poco tiempo, de los tesoros y la belleza de una ciudad como Granada, de un paseo por las playas de Motril o por los encalados pueblos de la Sierra.

Cuando empezamos a frecuentar la Estación de Sierra Nevada, hace cinco años, muchos fines de semana o en Navidades estaba colapsada. Era muy difícil encontrar un hueco para aparcar en sus calles o una mesa para comer en la plaza de Pradollano. En muchas ocasiones había que esperar más de una hora para poder coger el telecabina para poder subir a las pistas y una vez arriba la mayor parte de los remontes se encontraban colapsados con esperas medias superiores a los veinte minutos. En los restaurantes de las pistas siempre había mucha gente y nadie se libraba de guardar cola durante bastante tiempo para poder tomar un simple café.

Ahora, el panorama es muy distinto. Desde hace casi dos años, no hay problemas de aparcamiento, no hay colas ni para tomar los telecabinas, ni para comprar los forfaits, ni para conseguir una mesa para comer. La crisis se ve, se palpa. El esquí es un deporte caro, eso es evidente y la crisis se lo está llevando por delante.

Sin embargo, llama mucho la atención la falta de capacidad de adaptación de los responsables de la Estación para afrontar una situación económica tan difícil como la que estamos viviendo. La Estación de Sierra Nevada es, casi con seguridad, la estación más cara de España. Dada su ubicación es, fuera de Andalucía,  el destino más cercano para los esquiadores de Alicante y Murcia. Pero, en las actuales circunstancias, son cada vez más los deportistas de estas provincias que optan por destinos más lejanos. ¿La razón? Los exagerados precios de Sierra Nevada. Parece que los responsables de la Estación, amarrados a la ventaja de su ubicación, no están dispuestos a mejorar sus tarifas para competir con otras ofertas más atractivas. ¿El resultado? La Estación medio vacía. Prefieren mantener unos precios altos aún a costa de perder usuarios. Puede que las cuentas les salgan, a pesar de esta pérdida de usuarios, rentables, pero a quienes no beneficia es a hosteleros y comerciantes de la zona.

Al día de hoy es fácil encontrar ofertas de esquí en Andorra, Pirineos y Alpes franceses que incluyen alojamiento, desayuno y forfait para seis días por menos de 190 euros, mientras que en Sierra Nevada sólo el forfait de seis días cuesta ya 230 euros. Súmese a esa cantidad el alojamiento y desayuno y será muy fácil deducir la falta absoluta de competitividad de Sierra Nevada. Por tres horas más de viaje no son pocos los que se animan a ir a Andorra donde, además, se puede disfrutar de muchos más kilómetros esquiables. Precios altos y pocos usuarios podrán salvar la cuenta de resultados de Cetursa, empresa explotadora de la estación, pero no así la de los cientos de comerciantes y hosteleros del lugar. Están matando la gallina de los huevos de oro como en tantos otros sectores turísticos de nuestro país. Y, lo peor de todo, es que lo está haciendo una sociedad pública dependiente de la Junta de Andalucía. La Estación de Sierra Nevada está mal gestionada, se mire por donde se mire, y no hay más que hablar con los residentes para comprobarlo.

Santiago de Munck Loyola

De Guindos y Carmen vela ¿harina del mismo costal?

El nombramiento de la socialista y pro abortista Carmen Vela como Secretaria de Estado por parte del nuevo gobierno del PP ha abierto una polémica que aún está lejos de cerrarse. El ministro de Guindos, en lugar de guardar silencio sobre este tema al igual que le ha pedido que haga el ministro Montoro sobre otros asuntos en los que su incontinencia verbal ha ocasionado problemas de comunicación al nuevo ejecutivo, ha salido ahora en defensa de su patrocinada afirmando que es una  "persona de confianza" a la que hay que valorar "por la forma en que realiza su trabajo" y ha asegurado que tiene "un currículum muy importante".

Quizás el Ministro de Guindos debería empezar por ilustrarse un poco más y estudiar o, al menos, leer los estatutos del Partido Popular para hacerse una ligera idea de qué tipo de partido es el que le ha hecho Ministro y repasar las ponencias de carácter ideológico debatidas y aprobadas en los Congresos Nacionales del Partido Popular.

Es muy posible que D. ª Carmen Vela Olmo sea una “persona de confianza” del Ministro. Él sabrá por qué. Pero esa circunstancia no implica que lo sea de los miles de militantes y votantes del PP que hemos pedido el cese de esta señora. Y lo hemos pedido porque entendemos que existen sobradas y lógicas razones para pedirlo. No se trata de ningún capricho. Que el Sr. De Guindos tenga “plena confianza”, se supone que confianza política, en una persona que hace poco más de dos meses no creía en el programa electoral del Partido Popular ni le merecía confianza alguna Mariano Rajoy para gobernar España y que, consecuentemente pedía el voto para Rubalcaba, constituye no sólo todo un misterio político, sino una actitud francamente sospechosa. La actitud política de la Sra. Vela, pedir el voto para uno y gobernar con el contrario, pone de manifiesto una evidente falta de principios éticos y políticos. Si la ausencia de principios éticos merece la plena confianza del Ministro para un cargo de tanta relevancia, quien sobra entonces además es el propio Ministro. D. ª Carmen Vela Olmo es un claro caso de transfuguismo. Se ha vendido al mejor postor y eso no puede tener cabida en un Gobierno del Partido Popular a no ser que se quiera trasladar un mensaje tan denigrante como éste a la ciudadanía. ¿Alguien ha escuchado a la Sra. Vela decir que se equivocó hace dos meses pidiendo el voto para el PSOE? ¿Alguien la ha escuchado pedir perdón por los insultos y descalificaciones vertidos contra los populares y sus votantes en aquel acto público de 2008 en el que ella participó como portavoz de los “zejateros” subvencionados? A que no. ¿Quiere decir ésto que el Sr. De Guindos comparte la actuación de la Sra. Vela?

Miente el Sr. De Guindos al justificar el nombramiento de esta socialista esgrimiendo el supuesto “curriculum importante” de la misma. Miente y lo sabe. La Sra. Vela será una excelente investigadora. Eso no se discute. Pero del mismo modo que el excelente curriculum deportivo de Rafa Nadal no le habilita para dirigir la Dirección General de Urbanismo, por ejemplo, el supuesto excelente curriculum científico de D.ª Carmen Vela Olmo no la habilita para dirigir la Secretaría de Estado, porque una Secretaría de Estado no es un laboratorio, ni una empresa subvencionada como la de esta Señora, sino un departamento político del Gobierno que debe dirigirse, además, conforme a un programa votado por la mayoría de los ciudadanos entre los que, por si fuera poco, no se encuentra la Sra. Vela.  Es más, ni siquiera en ese curriculum se refleja experiencia alguna en el ámbito de las administraciones públicas. ¿O acaso piensa el Ministro que la experiencia en administraciones públicas y los estudios universitarios específicos no tienen valor alguno? Si es así, dígalo claramente, que cualquiera puede valer para ocupar una Secretaría de Estado con tal de que en su profesión, sea cual sea, sea bueno y, por supuesto, cuente con la confianza exclusiva de quien le promociona.

Este nombramiento carece de justificación racional alguna y responde, a la luz de lo anterior, a un claro y evidente caso de amiguismo. Es un insulto y un desprecio a todos cuantos han, o hemos, trabajado estos años por un cambio en el Gobierno de España y entre los que no ha brillado, evidentemente, el Sr. De Guindos que andaba muy atareado en las historias de Lehman Brothers de España. Este nombramiento es un error, un despreciable error. Podrán empeñarse en no rectificarlo, pero eso pasará factura. Un servidor con todo el dolor de corazón, por primera vez en su vida, dejará de votar a su Partido mientras esta señora siga ahí. Sé que no es significativo, pero es una cuestión de principios.

Santiago de Munck Loyola

D. Manuel Fraga Iribarne.

Esta tarde ha sido enterrado en el pueblo de Perbes Manuel Fraga Iribarne cerrando una etapa pública de 60 años. Desde muy pequeño escuchaba su nombre en casa. Mi padre, profesor de idiomas, daba clases particulares a algún colaborador directo del entonces Ministro de Información y Turismo y a algún familiar muy cercano al mismo, si no recuerdo mal.

Desde los años 70 seguí constantemente su trayectoria política. Leía sus libros, sus artículos y desde la fundación de Alianza Popular me convertí, primero en seguidor de la misma, y más tarde en afiliado. En 1977, en la zona de Chamartin, existía una sede de AP, en un chalet cerca de la Av. De Pío XII, en la que se distribuía una gacetilla que se titulaba curiosamente “fragancia popular”.

Mucho se ha escrito estos días sobre D. Manuel, mucho y para todos los gustos. Quizás haga falta que el tiempo transcurra más para poder tener una visión más objetiva del alcance y significado de una figura tan controvertida como la de Fraga, pero es inevitable que cada uno, desde su perspectiva, desde su simpatía o su fobia, plasme sin objetividad sus sentimientos. Si hay algo indiscutible es que una personalidad tan fuerte como la de de Fraga no deja indiferente a nadie.

Desde la admiración que me produce la inteligencia, la capacidad de trabajo y la honestidad indiscutible de Manuel Fraga no puedo, por menos, que rechazar de plano muchas descalificaciones que se han vertido desde el sectarismo, el revanchismo y el odio, en muchos casos fundamentadas en la ignorancia oi en la manipulación grosera de la historia. Para reivindicar la memoria histórica no hace falta prostituir los hechos que conforman nuestro pasado reciente.

Prueba de ese sectarismo contumaz y de ignorancia supina es el siguiente ejemplo extraído de un blog refiréndose a Fraga: “…si un tipo es capaz de estar bajo gobiernos de Franco, con el cargo de ministro, durante los años sesenta, y además sentarse en un consejo de ministros que decidió, de forma corresponsable, el asesinato de Julián Grimau, simplemente por ser comunista, sólo puede ser lo que fue. Un tipo despreciable.” Cuando lo cierto es que ningún Gobierno decidió ningún asesinato, ni el de Grimau, ni el de nadie. Julián Grimau, enviado desde el exilio a España por Carrillo en los años 60 pese a la advertencias de personas como Claudin o Semprún que entendían que esa misión equivalía a enviarle a una encerrona, fue responsable, como todo el mundo sabe, de decenas de casos de tortura y asesinatos de civiles cometidos en una checa de Barcelona durante la guerra civil y como tal fue juzgado y condenado por un tribunal, no por ningún Consejo de Ministros. No fue condenado por ser comunista, sino por los crímenes que había cometido. Y para qué mencionar las constantes referencias a los sucesos de Vitoria en los que el Ministro de Gobernación en funciones era Adolfo Suárez ya que Fraga estaba de viaje oficial en Alemania. No importa, la verdad a algunos no les importa mucho.

Pero, claro, que con tal de enfangar y reabrir heridas todo vale, hasta simplezas como la anterior que descalifican a quien las profiere aunque siempre habrá otros simples dispuestos a aceptarlas como dogmas con tal de alimentar odios ancestrales y reafirmar convicciones instintivas más que racionales. Allá ellos, pero qué pena.

Lo cierto es que se ha ido un gran hombre, un hombre de estado, un pensador político, un animal político de los pies a la cabeza, una persona tremendamente honesta, el artífice de la democratización y modernización de la derecha española que contribuyó en gran medida, lo quieran reconocer o no, a que la transición fuera posible. Descanse en Paz Don Manuel.

Santiago de Munck Loyola

Ellos despilfarran, nosotros lo pagamos.

“El dinero público no es de nadie”  dijo hace unos años la inefable ministra de Zapatero, Carmen Calvo, y aunque parezca mentira semejante estupidez parece que es compartida, aunque nunca lo admitirían, por una buena parte de la clase política española, a la luz de los resultados y la forma en que lo manejan. El despilfarro del dinero público, del dinero de todos, estos últimos años ha sido evidente y generalizado, a pesar de que el exministro Sebastián sólo lo admitiese como una excepción en algunos casos de los Planes E. La realidad es muy distinta a lo que la clase política está dispuesta admitir y la responsabilidad en estos despilfarros está muy repartida entre todos los colores de las formaciones políticas, aunque algunos son más responsables que otros por la sencilla razón de que han tenido la oportunidad de manejar más y mayores presupuestos públicos.

Hace tan sólo dos días Antena 3 emitió un programa en el que se daba cuenta de algunos de los despilfarros en obras públicas más escandalosos de estos últimos años: aeropuertos cerrados, aeropuertos con 9 pasajeros al día, autopistas sin vehículos, trenes ruinosos, estaciones para el AVE sin usar o completamente infrautilizadas, gigantescos complejos culturales inacabados y ruinosos y un largo etcétera de obras públicas sin sentido. En los últimos diez años, nuestros gobernantes han dilapidado más de 15.000 millones de euros en este tipo de obras que carecen de rentabilidad económica y social y que constituyen un pesado lastre pues al coste de su construcción hay ahora que sumar los gastos de mantenimiento.

Un pozo sin fondo al que las arcas públicas deben seguir suministrando millones de euros para que dichas obras se mantengan en pie, aunque nadie las utilice.

Los famosos Planes E no sirvieron al objetivo principal para el que fueron diseñados: reactivar la economía y crear empleo. Su puesta en marcha significó para muchas corporaciones locales la oportunidad de dotarse de infraestructuras necesarias pero que, ahora, en tiempos de crisis, hay que mantener lo que supone un incremento de los gastos corrientes de dichas corporaciones precisamente cuando los ingresos corrientes han caído en picado.

El error de aquellos Planes fue rápidamente imitado por muchas Comunidades Autónomas. Nada menos que 5.000 millones de euros destinó la Junta de Andalucía a su particular Plan E y 2.500 millones de euros destinó la Generalitat Valenciana al suyo, el Plan Confianza. Ahora recogemos lo sembrado: muchas obras del Plan Confianza están paralizadas por la sencilla razón de que la Generalitat Valenciana no paga a los promotores de las obras aprobadas. Y no son pocas las empresas las que están en situación de quiebra por culpa de los impagos de las administraciones públicas.

Da la sensación de que como “el dinero no es de nadie” se ha venido gastando sin el cuidado y la responsabilidad que cualquier persona normal pone cuando se trata de su propio dinero. ¿Se han hecho estudios de viabilidad para todas estas inversiones? ¿O se decide construir, por ejemplo, un aeropuerto sin los estudios económicos que avalen y justifiquen la inversión? ¿No deberíamos conocer el nombre de la empresa o de los técnicos que informaron favorablemente para la construcción de un aeropuerto en Huesca que cuenta con sólo 9 pasajeros al día? Y si se decidió en su día acometer estas millonarias inversiones sin los pertinentes estudios de viabilidad ¿no deberían incurrir en algún tipo de responsabilidad los políticos que adoptaron tales decisiones? Habrá quien sostenga que esa responsabilidad se determina en las urnas. Pero no, no basta. Además de la responsabilidad política hay una responsabilidad económica que debería ser depurada.

No conviene olvidar que el montante de estas inversiones ruinosas es muy superior, sin sumar el coste de su mantenimiento actual, a los recortes que el Gobierno de la Nació se vio obligado a adoptar el pasado 31 de diciembre. La clase política nos sube los impuestos porque ha despilfarrado, así de sencillo. Sin estos despilfarros no sería necesario ni subir los impuestos, ni congelar salarios a los funcionarios, ni recortar en educación, sanidad, defensa, … Y, hablando de recortes, llama la atención que haya dirigentes políticos que prefieran recortar en la sanidad de sus ciudadanos antes que suprimir seudo embajadas en el extranjero o antes de eliminar canales de TV ruinosos. Pero eso es harina de otro costal que habrá que analizar en otra ocasión.

Santiago de Munck Loyola