La ETA sigue.

Ojalá se pudiera decir otra cosa del comunicado de hoy de la banda terrorista, pero a la vista del mismo no es posible hacerlo. Ojalá pudiera decirse que la ETA ha desaparecido pero no es éso lo que anuncia este comunicado. El anuncio de un “cese definitivo de la actividad armada” está siendo interpretado como el final de la ETA confundiendo un anhelo generalizado con la realidad textual de dicho anuncio. El 22 de marzo de 2006, la ETA anunció un “alto el fuego permanente” y después del mismo volvió a matar. Del “alto el fuego permanente” se pasa ahora al “cese definitivo de la actividad armada” y no es una variedad al azar o casual de los términos empleados. La banda asesina siempre ha medido muy bien las palabras empleadas en cada uno de sus comunicados. En el comunicado de hoy lo que se anuncia no significa que ETA vaya o quiera desaparecer porque, si se tratase de comunicar ese hecho, la organización terrorista habría anunciado simple y llanamente su disolución y la entrega de las armas. Es evidente que si la ETA no anuncia su disolución es porque desea seguir existiendo y si la ETA no anuncia la entrega de las armas es porque las guarda para poder a volver a usarlas si ello conviene a sus intereses. Tampoco puede pasarse por alto la dosificación estratégica que la ETA hace de sus comunicados y, vista la coincidencia con la proximidad de un proceso electoral, parece deducirse que la finalidad del mismo es volver a allanar el camino político a sus ramas políticas para su acceso a un nuevo nivel de las instituciones del Estado. Relacionar como hace la organización terrorista en su comunicado el “cese definitivo de su actividad armada” con exigencias tales como el reconocimiento a Euskal Herría o el llamamiento a que los gobiernos español y francés negocien la agenda que ETA exige plantea serias dudas sobre la auténtica finalidad y el verdadero alcance de dicho comunicado.

Es tan sencillo y tan claro que resulta preocupante la alegría de muchos dirigentes políticos a la hora de valorar este comunicado. Se equivoca el Presidente del Gobierno al hablar de un “triunfo definitivo y sin condiciones” sobre los terroristas. Tiene razones el Presidente para ser optimista pues posiblemente la banda esté más débil que nunca gracias a la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero de ahí a hablar de un triunfo definitivo sobre los terroristas hay todavía un largo trecho.

El triunfo definitivo sólo llegará cuando la ETA sea disuelta o aniquilada. Cuando la organización terrorista anuncie su disolución y entregue las armas. Y mientras eso no ocurra no habrá triunfo definitivo de los demócratas. Y no hay que olvidar que, si se habla de triunfo, hay que hablar de vencedores y de vencidos y que éstos últimos no pueden ser equiparados, en modo alguno, con los primeros. Las víctimas del terrorismo merecen el reconocimiento general, la solidaridad del conjunto de la sociedad, dignidad y justicia. No podemos olvidar que nuestro régimen de libertades está en deuda con todas las víctimas de los etarras.

Santiago de Munck Loyola

La “conferencia” de paz: quid prodest?

Resulta asombroso comprobar la disparidad de criterios existentes entre las fuerzas democráticas a la hora de valorar la iniciativa y los resultados de esa llamada “conferencia” de paz celebrada este fin de semana en San Sebastián. Que existan criterios contrapuestos entre demócratas y el entorno etarra sobre la misma sería lo normal y lo saludable; que existan valoraciones contrapuestas entre partidos nacionalistas y partidos nacionales también lo sería (no hay que olvidar la frase de Arzallus “ETA sacude las ramas y nosotros recogemos los frutos”); pero que estas valoraciones totalmente contrapuestas se produzcan entre los partidos parlamentarios nacionales ya no lo es tanto.

Hay quien ve en este acto propagandístico del entorno etarra indicios de una solución al impropiamente denominado “conflicto”, es decir, del terrorismo. Puede que se trate de una visión “buenista” que desea, más que otra cosa, creer que algo ha cambiado y que se puede llegar a una paz negociada. O puede que se trate, simplemente, de una identificación con los planteamientos de los etarras que, en definitiva, legitima el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos prescindiendo, por tanto, del alcance y significado del estado de derecho. Sea cual sea la causa lo cierto es que produce una coincidencia con el entorno etarra y con sus fines que debería, al margen de estrategias partidistas, promover una reflexión profunda sobre el acierto o error de esa actitud para conseguir la paz.

Se diga lo que se diga nada ha cambiado en el panorama político vasco. Bueno, algo sí ha cambiado; la ETA ha conseguido un triunfo propagandístico de proporciones internacionales y las víctimas de los terroristas y los demócratas una humillación más.

Los cinco puntos de ETA, debidamente filtrados y edulcorados por la conferencia y sus invitados estelares, no contienen novedad alguna respecto a lo que ya se conocía sobre los objetivos de la organización terrorista. No se condena la violencia, no se anuncia una disolución de la banda armada y no se pide perdón a las víctimas. En el comunicado leído se requiere a dos estados democráticos para que se sienten a negociar lo que los asesinos quieren que se negocie. Y en un alarde delirante de cinismo se equipara a las víctimas de los terroristas con los propios terroristas y sus familiares. Las víctimas de los terroristas y sus familias han sufrido y sufren porque unos desalmados así lo han decidido para imponer unos objetivos al margen de la ley. Los terroristas y su entorno sufren, si es que han sido condenados por la justicia, porque voluntariamente han decidido quebrantar la ley asesinando, mutilando, robando o extorsionando. La diferencia moral y ética ante ambos sufrimientos es clara y evidente y los intentos de equiparación emanados de esta declaración son repugnantes.

Habrá quien no lo vea así por convencimiento o por interés, pero se trata de una posición irreconciliable desde principios éticos mínimos. La paz no se puede conseguir desde la abdicación de los principios básicos de un estado de derecho o desde la renuncia a su defensa. La paz no se puede conseguir a cualquier precio y menos aún cuando los objetivos políticos de los terroristas y sus cómplices o beneficiarios se pueden alcanzar a través de las instituciones democráticas.

Quid prodest? ¿A quién beneficia esta conferencia? ¿A las víctimas? ¿Al estado de derecho? ¿A la democracia? No, a ninguna de estas partes. Beneficia a la ETA y a su entorno, no nos engañemos. No beneficia a nadie más. El diálogo con los terroristas sólo sirve para legitimar su violencia porque demuestra que a más dolor y daño causado más fácil es obtener del estado lo que se quiere. El diálogo con la ETA y su entorno es abrir la puerta a que nuevas manifestaciones de violencia puedan producirse. Si unos pueden ¿por qué no cualquiera?

Santiago de Munck Loyola

¡Manda huevos! Con la candidatura alicantina del PP.

La elaboración de las candidaturas de los partidos políticos, sean para la convocatoria que sean, siempre conlleva tensiones en las organizaciones políticas y terminan deparando, en muchas ocasiones, sorpresas, unas agradables y otras no tanto.

Y sorpresa, no precisamente agradable, es la que más de uno se ha llevado al conocer las informaciones que en el día de hoy se han publicado en torno a la candidatura del PP para las próximas elecciones generales del 20-N (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2011/10/14/pp-auna-sectores-lista-20-n/1178496.html) y ello a pesar de la presencia en la misma de personas de contrastada capacidad y experiencia como Macarena Montesinos.

Pase que no se considere la opinión de los afiliados y militantes del Partido Popular de Alicante para elaborar las listas. Así lo establecen los Estatutos del Partido y cuando uno se afilia debe conocerlos y respetarlos. Ya se sabe, los afiliados y militantes del Partido Popular de Alicante o de cualquier Provincia están para pagar la cuota, para ser apoderados e interventores el día de las elecciones y para rellenar los actos públicos cada vez que se les convoca. Pero no valen ni para opinar sobre quién ha de representar a los alicantinos en el Congreso o el Senado ¡faltaría más! Y, en ocasiones, los afiliados o militantes no pueden opinar en libertad porque te pueden eliminar de la página del Partido de Facebook y ya se sabe lo que ocurre con Facebook: o estás o es como si no existieras o, al menos, eso creen algunos mentecatos.

Para hacer la lista están los que están, aunque no sean ni siquiera miembros del Comité electoral pertinente. No son pocos los que intentan, y en ocasiones consiguen, meter la cuchara en el plato de la lista electoral. Unas veces es Madrid, desde la Calle Génova, quien decide quien encabeza la lista de una Provincia. Siempre hay alguien al que colocar y aunque su vinculación con la Provincia sea escasa o su dedicación al partido provincial sea nula se les sitúa en cabeza. Es de suponer que por razones de estado que al común de los mortales se nos escapan. Otras veces es desde las Casas Consistoriales con peso desde donde se procura buscar un hueco en la lista para algún conocido o amigo. Otras es desde Valencia. En definitiva que desde muchos sitios distintos se procura, se intenta y se consigue un puesto para alguien afin. Claro que todo ello sería asumible, un amargo cáliz que tragar, si las razones a tan variopintas intervenciones fueran la defensa mejor de los intereses de los alicantinos.

Pero cuando se constata que un determinado nombre es incorporado en la lista para compensarle por haber cedido el puesto del puerto a Ripoll, otro porque es familiar de no sé quienes, otra como Amparo Ferrando porque hizo el trabajo sucio que alguien le encomendó pidiendo el voto contra el PP en las últimas elecciones municipales y finalmente, la guinda, porque se trata de la secretaria de Federico Trillo y éste la ha impuesto pues ¡manda huevos!

Ya en tiempos Federico Trillo nos obsequió con el fulgurante ascenso de la pluriempleada Adela Pedrosa que, afortunadamente y vista su labor en el Congreso, no repite esta vez y ahora nos coloca a los alicantinos a Dª Julieta De Micheo Carrillo de Albornoz, con tan largo e ilustre apellido como inexistente curriculum profesional, al menos, en las redes sociales. ¿Su mérito? Ser Secretaria de D. Federico. ¿Su vinculación con Alicante? Muy escasa. ¿Con el PP de Alicante? Ninguna.

Sinceramente, la utilización de los cargos públicos representativos para satisfacer cuestiones y agradecimientos personales y no para servir a los ciudadanos representados resulta deleznable y constituye la antitesis de lo que una sana regeneración democrática debería suponer. Estas prácticas caciquiles merecen la máxima repulsa y rechazo. Pase tener que admitir candidatos paracas o semiparacas, pero tener que admitir además a su equipaje resulta demasiado. ¿No se merecen un mínimo de respeto las bases del Partido Popular y los alicantinos en general? Esta vez y por primera vez un servidor se va a replantear su voto para la lista del Congreso. ¡Qué remedio!

Santiago de Munck Loyola.

Negociación política con la ETA = traición.

España goza de un régimen de libertades como nunca ha tenido. Nuestro sistema democrático, con sus defectos que indudablemente los tiene, es uno de los más avanzados del mundo. Los derechos humanos y las libertades públicas están garantizados como nunca lo han estado a lo largo de la historia española. Todas las libertades políticas tienen su amparo en nuestra Constitución. Cualquier posición política, incluso aquellas que buscan de destrucción de la propia Constitución o de la Nación española, puede ser públicamente defendida y puede concurrir en las elecciones democráticas que se celebran. Los independentistas participan en las convocatorias electorales y reciben el respaldo electoral que todos conocemos. Bien es cierto que estas afirmaciones pueden aplicarse al conjunto de la sociedad española sin reservas y que en el País Vasco, al menos sobre el papel, también lo son. Subrayo lo de “sobre el papel” porque teóricamente y con la Ley en la mano en las provincias vascas rigen los mismos principios y normas democráticas que en el resto de España, pero, lo cierto, es que la democracia en el País Vasco no es del todo real pues, como todo el mundo conoce, la realidad diaria es que allí las libertades públicas están condicionadas por el clima de temor que la existencia de los pistoleros y asesinos de la ETA impone a determinados ciudadanos. Sería absurdo proclamar sin matices que en el País vasco hay plenas libertades públicas cuando más de 200.000 ciudadanos vascos han tenido que exiliarse por miedo a perder la vida, cuando la libertad de prensa está limitada o cuando la gente no puede expresar públicamente sus simpatías políticas. Son los etarras y su red de simpatizantes, la izquierda abertzale, los que precisamente pisotean las libertades públicas. Hay un déficit de legitimidad en las instituciones vascas y eso es un hecho más que evidente.

Y, en este contexto, esta izquierda nacionalista y antidemocrática ha convocado esa farsa  denominada pomposamente como la "Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco" que se reunirá el próximo lunes en la Casa de la Paz de San Sebastián. Esta farsa contará con la presencia de mediadores internacionales elegidos por la ETA, con políticos vascos y lo que es más sorprendente con la presencia de representantes del PSOE. Este bodrio teatral tiene dos objetivos claros: lavar la cara al mundo proetarra de cara a las elecciones generales y, en su caso, poder diseñar una especie de final pactado entre víctimas y sicarios, todo ello sin que los asesinos se apeen ni un milímetro de sus reivindicaciones políticas, sin rendirse entregando las armas y sin pedir perdón a los centenares de víctimas inocentes que han causado en estos años.

Hay quien piensa que hay que negociar con los asesinos para que dejen de matar y parece que la única razón para ello es que estos tipos han asesinado a mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, que se trata de una cuestión de cantidad. Negociar con ellos supone legitimar el uso de la fuerza y de la violencia asesina. Es reconocer que cuanta más violencia se ejerza contra la sociedad democrática más oportunidades hay de que el estado se siente a negociar con los asesinos. Ni más, ni menos. Si el Grapo hubiese seguido operativo matando, torturando, robando y secuestrando ¿también habría que negociar con ellos?

En un país como el nuestro, donde cualquier opción política goza de todas las libertades públicas posibles para captar el apoyo popular en las urnas, resulta inadmisible aceptar que, quienes han escogido la vía de las armas en lugar de la de las urnas para reivindicar sus ideas políticas, pueden negociar con el Estado esas mismas ideas. Si éste va a ser el resultado final de la estrategia de ETA ¿para qué y por qué ha muerto tanta gente?

Aquí no puede haber un empate entre los asesinos y la sociedad española. Resultaría indecente de todo punto. Aquí sólo puede ganar la democracia, el estado de derecho y las víctimas. Y lo que no sea así huele a traición.

Santiago de Munck Loyola.

La puja electoral: escaparate de ofertas cosméticas.

En el zoco electoral acaban de aparecer dos ofertas destinadas a hacer un guiño a los que se sienten indignados con el funcionamiento de nuestro sistema democrático. De una parte, el candidato socialista P. Rubalcaba ha propuesto (http://www.laverdad.es/alicante/rc/20111008/espana/rubalcaba-propone-reducir-parlamentarios-201110081405.html) que los políticos sólo cobren un sueldo y, además, no le hace “ascos” a la propuesta (la segunda oferta) de su adversario, Mariano Rajoy, de reducir el número de diputados y concejales en España (http://www.larazon.es/noticia/3192-rajoy-asegura-que-el-pp-sabe-como-se-sale-de-la-crisis-aunque-llevara-tiempo).

Se deduce claramente de la propuesta del candidato socialista que hay políticos, y no deben ser pocos, que cobran más de un sueldo de las administraciones públicas y no sería, por tanto, un mal ejercicio de transparencia democrática que los ciudadanos pudiéramos conocer los nombres y las cuantías que están cobrando de los presupuestos públicos.

La propuesta de Mariano Rajoy parece guardar una finalidad exclusivamente económica: reducir el gasto de las administraciones públicas ahorrando sueldos de cargos electos, de políticos. Reducir el número de diputados del Congreso supone un importante ahorro pero si la reforma que ha de hacerse de la Ley electoral no entra a fondo en los criterios que determinan la representatividad para corregirlos, la reducción del número de diputados llevará, inevitablemente, una importante pérdida de representatividad de nuestros diputados y un aumento de la desigualdad del voto entre los ciudadanos. Y ¿por qué no reformar la Constitución y suprimir el Senado? Hay prácticamente unanimidad a la hora de valorar como inoperante el actual funcionamiento del Senado. Llevan años nuestros políticos hablando de la necesidad de reformarlo y no lo hacen. El Senado nos cuesta casi 10.000 millones de las antiguas pesetas al año. Suprimirlo supondrá un gran ahorro y seguro que su inexistencia no será echada de menos, salvo por los que viven de él.

Estas ofertas que salen ahora al mercado electoral no terminan de entrar en el fondo del asunto que no es otro que la mala imagen de la clase política y la desconfianza que genera, tal y como señalan todos los estudios sociológicos. La brecha entre el ciudadano y el político es cada vez mayor y, por consiguiente, la identificación ciudadana con el sistema.

Nuestro sistema político presenta síntomas de agotamiento y de ahí que sea necesario ir planteando medidas que impliquen su regeneración democrática. Medidas que implican reformas profundas de las instituciones, de las leyes y un cambio profundo de la mentalidad de la clase política. No se trata pues sólo de ahorrar, sino de algo mucho más profundo.

Buena parte del origen del problema radica, en el fondo, en la aplicación del principio constitucional de igualdad ante la ley de los españoles. Es evidente que a lo largo de los últimos años la clase política ha ido construyendo todo un sistema que permite a sus componentes eludir el principio de igualdad ante la ley y dotarse a si mismos de numerosos privilegios y excepciones. Si los ciudadanos no pueden percibir por ley más de un ingreso proveniente de las administraciones públicas ¿por qué los políticos sí pueden? Si los ciudadanos somos los que teóricamente decidimos ¿por qué nuestro voto no vale igual dependiendo su valor de la provincia en la que residamos?

A las ofertas anunciadas por lo candidatos bien podrían añadirse muchas otras que contribuirían, sin duda, a sanear la economía de las administraciones y, lo que es más importante, a regenerar nuestro sistema político:

1º Reforma constitucional eliminando el senado.

2º Reforma constitucional para eliminar duplicidades de competencias entre las administraciones.

3º Reforma de la Ley Orgánica del Régimen electoral para reducir el número de cargos públicos, reformar las Diputaciones y mejorar la representatividad del voto.

4º Aprobación de un Estatuto de los Cargos Públicos que incluya, entre otras, las siguientes medidas:

-          Establecimiento de incompatibilidades absolutas (prohibición de ostentar más de un cargo público).

-          Prohibición de percibir más de un ingreso económico (sueldo, dietas, pensiones, indemnizaciones, etc.) proveniente de las administraciones públicas.

-          Dedicación exclusiva de diputados nacionales y regionales.

-          Prohibición de dedicaciones exclusivas de los ediles (salvo los alcaldes) en los municipios de menos de 100.000 habitantes.

-          Sometimiento de los cargos públicos al régimen general de la seguridad social en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.

-          Sometimiento de los cargos públicos al IRPF en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.
-          Supresión de pensiones o indemnizaciones especiales de los cargos públicos.
-          Prohibición del ejercicio de la política para miembros del poder judicial o, en su caso, de retorno a la carrera judicial.

5º Eliminación de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.

6º Remover los obstáculos legales que impidan la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en los diferentes territorios.

7º Reforma del poder judicial reforzando los mecanismos que aseguren su independencia del poder político.

8º Reforma del Tribunal constitucional en cuanto a la designación de sus miembros y su competencia.

La lista de medidas que podrían adoptarse puede ser muy larga. Sirvan las anteriores a modo de ejemplo, pero no conviene olvidar que no se trata de un arreglo cosmético y superficial de nuestro sistema, sino que es preciso y urgente revisarlo en profundidad.

Santiago de Munck Loyola

La crisis de los Ayuntamientos: manos a la obra.

La crisis económica afecta a todos los países y a todas las administraciones en mayor o menor medida. No hay dinero o como diría Esperanza Aguirre “no hay un puto duro”. Es época de poda o de recortes. Se suele empezar por los gastos superfluos y, a veces, sin eliminar éstos se sigue por otros gastos más importantes. Sin embargo, subsiste la necesidad de seguir prestando servicios básicos a los ciudadanos y las administraciones públicas se las ven y se las desean. La crisis hace que las administraciones recauden menos dinero y que aumenten los gastos de carácter social. Así que no queda más remedio que echar imaginación para salir adelante.

Hoy, algunos medios de comunicación se hacen eco de una noticia que, cuando menos, debe ser valorada con atención: el Gobierno belga en funciones está estudiando la posibilidad de sustituir las bajas laborales de los profesores con profesores voluntarios jubilados. Habrá quien se eche las manos a la cabeza rechazando de plano esa posibilidad porque impide la contratación de interinos para las sustituciones pero si no hay dinero para contratarlos ¿qué hay que hacer? ¿dejar a los escolares sin profesor?

Hace ya muchos años, en Rivas-Vaciamadrid, un grupo de voluntarios jubilados, tras recibir la oportuna formación, se dedicaban en las horas de entrada y de salida de los colegios a ordenar y a regular el tráfico en las inmediaciones de los mismos. Con ello, contribuían a mejorar no sólo el acceso a los centros escolares, sino también a destinar a la Policía local a otras funciones más relevantes.

Se acaba de conocer que el Alcalde de Esparraguera, en Barcelona, ha dictado un bando solicitando a los vecinos que colaboren con el Ayuntamiento limpiando sus tramos de acera ante la difícil situación económica del mismo. Hay quien rápidamente se niega argumentando que ya paga sus impuestos, pero también hay muchos vecinos que apoyan la iniciativa y se muestran dispuestos a ser solidarios.

Estos ejemplos evidencian que para ayudar a salir de la crisis hay que buscar fórmulas imaginativas y apelar al enorme potencial de solidaridad que existe en nuestro entorno. Los Ayuntamientos, especialmente los pequeños, atraviesan momentos muy malos. Con menos ingresos tienen que hacer frente a más gastos sociales quieran o no. Y cuanto más se apele a la solidaridad, cuanto más se delegue en el voluntariado más fácil será poder destinar recursos a quienes peor lo están pasando. No se trata sólo de eliminar gastos superfluos, de racionalizar y optimizar los recursos existentes, sino, también, de liberar recursos poniendo en pie y apoyándose en el enorme potencial que el voluntariado puede proporcionar.

Siempre habrá quien se niegue, pero en toda comunidad vecinal, en todo pueblo siempre habrá jóvenes, jubilados, desempleados y ciudadanos en activo dispuestos a regalar su tiempo y su esfuerzo en beneficio de la Comunidad. Todo dependerá de la capacidad de liderazgo y de la ejemplaridad de los líderes sociales del lugar.

Colaborar en las tareas de limpieza es un ejemplo, pero hay más. Nada impide por ejemplo que voluntarios puedan atender en una Biblioteca pública o que se delegue el cuidado de una pequeña zona ajardinada a los vecinos colindantes voluntarios o que voluntarios regulen el tráfico en los accesos de los colegios o que colaboren en la vigilancia de los cultivos o que se organicen talleres de formación para el empleo con monitores voluntarios o que vecinos con la preparación y vocación precisas lleven las escuelas deportivas municipales o que los miembros de una asociación juvenil regenten y organicen el centro juvenil o determinadas instalaciones deportivas. Las posibilidades y los beneficios para la comunidad vecinal pueden ser muchos y variarán en función de las características de cada pueblo. Todo lo que los voluntarios puedan hacer supondrá un ahorro de recursos en esas facetas y dichos recursos podrán ser destinados a paliar las situaciones de verdadera emergencia social que día a día se plantean en todas partes.

Esperar soluciones mágicas venidas del gobierno o simplemente a que escampe es la alternativa. A mi no me gusta.

Santiago de Munck Loyola

Por la dación en pago, ahora o nunca.

El Consejo General del poder Judicial acaba de hacer públicos los datos relativos a los desahucios del primer semestre del presente año. Los datos son estremecedores: más de 30.000 nuevos procedimientos, es decir, un 28,5 % más que en el mismo período del año 2010. 30.000 familias españolas más que pierden sus casas y lo que es peor, en la mayoría de los casos, pierden sus casas y siguen manteniendo deudas millonarias con las entidades financieras que se quedan con sus viviendas (http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3433226/10/11/vivienda-los-desahucios-crecen-un-285-en-el-primer-semestre-hasta-los-32010-procesos.html ).

Hace ya varios meses que el Congreso de los Diputados rechazó la iniciativa para que la deuda hipotecaria de las familias que no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas con el banco pudiera ser saldada con la entrega de la vivienda ( http://santiagodemunck.blogspot.com/2011/02/me-parece-asombroso-y-me-produce.html ). Nuestros representantes parlamentarios decidieron que la dación en pago no era buena idea porque con ello se ponía en peligro la solidez de nuestro sistema financiero y que, por tanto, era preferible que los españoles afectados no sólo perdieran su casa sino que, además, una vez en la calle, siguieran siendo deudores de los bancos de modo que tuvieran muy difícil, por no decir imposible, poder reiniciar su vida y conseguir una nueva vivienda. Así de claro, los representantes de los ciudadanos se pusieron del lado de los bancos, de los poderosos, y no de sus representados en un ejercicio de inmoralidad política sin precedentes.

No me cabe la más mínima duda de que la decisión del Congreso de rechazar la dación en pago supone perpetuar un sistema profundamente injusto e inmoral diseñado a la medida del capital, del beneficio sin escrúpulos de los bancos. Las entidades financieras, los bancos son empresas que buscan el máximo beneficio para sus accionistas y, por tanto, en un sistema de libre mercado deben estar sujetos a los mismos riesgos a los que se somete cualquier empresario. Si uno monta un negocio y no tiene suerte o lo gestiona mal o no hace bien los deberes pierde y no hay red para la caída. Es el libre mercado, se puede perder o ganar. Pero no ocurre lo mismo con los bancos, con las entidades financieras que tienen una excelente red para las caídas sujetada con mimo y fuerza por la clase política. Si en plena crisis se pone de manifiesto que los bancos han hecho mal sus deberes con las hipotecas concedidas, les toca perder, al igual que le ocurre a todo el mundo. Si los bancos han sobrevalorado los bienes para prestar más dinero y, por tanto, ganar más y ahora resulta que dichos bienes valen menos de la tasación que en su día hicieron, les debe tocar perder al igual que le toca perder a todo empresario que ha metido la pata.

Pero no, nuestra clase política ha decidido que no sea así, ha decidido, amparándose en grandilocuentes argumentos, que los bancos no sólo no pueden perder sino que, además, deben seguir obteniendo beneficios a costa de las familias sin recursos de modo que las entidades financieras se quedan con la vivienda y, además, con un desorbitado crédito a las espaldas del desahuciado. Más inmoral no se puede.

Claro que, bien pensado, la culpa la tenemos los ciudadanos porque, por una parte, somos incapaces de ponernos de acuerdo para boicotear a aquellas entidades financieras que se están aprovechando de la crisis para hacer caja, a aquellos bancos que, además, retribuyen escandalosamente a sus directivos y, por otra parte, somos incapaces de exigir a la clase política, a los partidos políticos que acaben de una vez con esta insostenible situación.

Las elecciones del 20 de noviembre son una excelente ocasión para exigir a los partidos políticos, a todos, que incluyan en sus programas el compromiso de hacer realidad la dación en pago de la vivienda para poder permitir que miles de familias españolas puedan rehacer sus vidas. Tenemos los instrumentos y la oportunidad para exigirlo. Yo, desde luego, me apunto.

Santiago de Munck Loyola

Pepiño ¡campeón!

Hay que ver cómo se ponen algunos por nada o por casi nada. Enseguida saltan como fieras a la yugular del adversario y todo por una tontería como la copa de un pino. De pronto ha saltado a los medios de comunicación la denuncia de un empresario gallego que afirma que ha pagado sobornos a distintos políticos para que le ayudasen en la obtención de suculentas subvenciones y entre los presuntos beneficiarios de la generosidad de este señor figuran un diputado autonómico del Partido Popular, que ha presentado su dimisión, otro del BNG que también ha dimitido y el mismísimo Sr. Ministro de Fomento D. José Blanco, Pepiño para algunos, azote de la oposición y perpetrador de la pronunciación del idioma español.

Los presuntos beneficiarios de los sobornos se han apresurado no sólo a negar tales “untamientos”, sino también ¡cómo no! A anunciar la interposición de las correspondientes querellas contra el denunciante. Hasta ahí, lo normal en estos casos.

El Sr. Blanco ha negado las acusaciones y ha admitido que, a petición de un primo suyo, ordenó parar el coche oficial en el que viajaba cerca de la ciudad de Lugo para reunirse dentro del coche con este empresario quien le pidió que se interesase y agilizase las subvenciones pendientes lo que, según el Ministro, no se llevó a cabo.

Y van estos de la oposición y piden que el Ministro dimita. Pero, vamos a ver, ¿en qué país estamos? ¿Acaso no es lo más normal del mundo que los Ministros se citen en las gasolineras y se reúnan en los coches oficiales con aquellos empresarios que quieren pedirles algo especial? ¿No es lo más normal del mundo que se haga así? ¿Para qué están los coches oficiales si no es para reunirse con los empresarios necesitados de favores oficiales? ¿Para que están sino las gasolineras? ¿Y los primos? ¿Quién no tiene un primo o, en su caso, un hermano en Sevilla que se ocupa de concertar citas y encuentros con los Ministros del Gobierno de España?

Ya son ganas de sacar las cosas de quicio. La oposición no puede comprender que la cercanía a los ciudadanos consiste precisamente en éso, en ser tremendamente accesibles, en poder despachar la concesión de subvenciones en cualquier sitio, incluso, en el coche oficial, en una gasolinera a 600 kilómetros de la sede del ministerio de turno.

Mala leche es lo que tienen los de la oposición, una mente calenturienta y perturbada. Que a uno le pillen mintiendo como un bellaco en relación al colegio de sus hijos, vale. Pero que intenten convertir la campechanía, la amabilidad y la cercanía en algo sospechoso es de todo punto intolerable. ¡Que dimita la oposición por favor! ¡Animo, Pepiño! Blanco y en botella. Tú sí que eres un campeón.

Santiago de Munck Loyola

El acuerdo de Guernica: un documento firmado con manos manchadas de sangre inocente.

Hace una semana, los presos de la ETA, se adhirieron al llamado Acuerdo de Guernica, un documento suscrito hace ya un año por la Izquierda Abertzale, EA, Aralar, AB, Alternatiba, LAB... y así hasta treinta agentes políticos, sindicales y sociales del País Vasco. El documento es más de lo mismo, las viejas reivindicaciones etarras aderezadas con frases grandilocuentes. La visión paranoica de unos colectivos que reivindican derechos políticos, ya existentes, y beneficios para los asesinos y sus cómplices.

El domingo pasado, los presos de la ETA suscribieron este documento que entre otras cosas reclama la amnistía para ellos, como si aquí no hubiese pasado nada, como si se tratase de hacer “borrón y cuenta nueva” aún por encima de los centenares de víctimas que su paranoia ha generado estos años.

Y, he aquí, que el colectivo de presos etarras no ha encontrado representante más digno para firmar en su nombre este panfleto que el infanticida Jon Aguirre Aguiriano, el asesino en 1981 del niño de 13 años José María Piris. Este tipejo, excelente representante de lo que la ETA significa, como bien recuerda hoy el Diario El Mundo, observó desde una ventana próxima como aquel niño, junto con dos amigos, se acercaron a la bomba que había dejado para un Guardia Civil y no hizo absolutamente nada para impedirlo, no avisó a los niños y dejó que les explotara. Este valiente “gudari” de alcantarilla ni siquiera ha pedido perdón por su hazaña a la familia del niño asesinado ni a los otros niños heridos. Hoy se pasea libremente, recibe una pensión del estado, es objeto de felicitaciones y homenajes y firma pomposas y huecas declaraciones en nombre de los presos de la mafia etarra. Y tan execrable es él como quienes le jalean. Ésa es la verdadera naturaleza de este mundo de paranoicos y bandoleros independentistas.

Para que no se olvide, para que todo aquel que tenga la desgracia de encontrarse con este sujeto pueda reconocerlo, aquí dejo la foto de este individuo.

Santiago de Munck Loyola

¿Recortar o no recortar? Ahí no está la cuestión.

La precampaña ha empezado a calentarse gracias a la hoguera dialéctica del los partidos y la leña que alimenta el fuego está hecha de los famosos recortes o reajustes presupuestarios. P. Rubalcaba y sus asesores han creído encontrar una leñera llena en las medidas que muchos gobiernos autonómicos del PP están empezando a adoptar, una vez que han accedido al poder y se han encontrado con las arcas más que vacías.

Es como si el Sr. P. Rubalcaba no perteneciera al PSOE y nunca hubiese tenido responsabilidades de gobierno y, menos aún, responsabilidad alguna en el Gobierno de los recortes por excelencia, el Gobierno del Sr. Zapatero. Como si se tratase de un candidato virginal, ajeno a la dura realidad actual, Rubalcaba y su Equipo se dedica a censurar las medidas que distintos gobiernos autonómicos populares han venido tomando: reducción del número de sindicalistas liberados, aumento de las horas lectivas del profesorado, eliminación de empresas públicas, reducción del número de cargos de confianza, etc. Y la condena rubalcabiana se resume bajo la etiqueta de “recortes sociales”, “no a los recortes sociales”. ¡Que viene el lobo! Se olvida que el lobo ya vino y se comió el cheque – bebé, los 400 euros de desgravación, el período de cotización para el cobro de la pensión, las pensiones, el sueldo de los funcionarios, etc. y dejó 5.000.000 de parados. Ah, claro, es que eso no eran recortes, no, eran reajustes propios de la “champions league”. ¿Que ZP – Rubalcaba bajan los sueldos un 5% a los maestros? No es un recorte en educación, es un reajuste. ¿Qué el PSOE en Andalucía impone 21 horas lectivas a los maestros? No es un recorte en educación, no. Es una optimización de recursos. ¿Qué esperanza Aguirre impone 20 horas lectivas a los maestros? ¡RECORTE, RECORTE! Parece de broma, pero ésta es la realidad. Y los sindicatos, cómo no, de palmeros y cómplices de esta burda estrategia.

Lo cierto es que la cuestión no estriba en si hay que recortar o no, sino en qué hay que recortar. Hay un hecho evidente: no hay dinero para mantener las actuales prestaciones públicas. La alta tasa de paro y la baja actividad económica tiene dos claros efectos: menos recaudación, menos ingresos públicos, y más gasto social. Las cuentas no pueden cuadrar. Por tanto, es evidente que hay que recortar por algún sitio. No es posible seguir gastando más de lo que se tiene, como en cualquier casa, en cualquier hogar mínimamente organizado. Por tanto, asumido esto, hay que decidir qué es prioritario, qué hay que seguir conservando y manteniendo y qué es prescindible, qué se puede recortar. Ahí es donde radica la diferencia entre unos partidos y otros.

Parece que la Generalidad catalana lleva meses de conflicto con el personal sanitario. Entre otras cosas el ejecutivo catalán pretende rebajar las retribuciones del personal sanitario para ahorrar de aquí a fin de año 45 millones de euros. El Sr. Mas ha decidido ahorrar con el personal sanitario y, mientras tanto, no toca los 400 millones de euros presupuestados para el sostenimiento de las seudoembajadas catalanas, organizadas por el Sr. Carod Rovira, y demás programas de proyección exterior y publicidad de su Gobierno. He ahí una clara muestra de elección prioritaria para CIU: opta por su sentido nacionalista antes que por la atención sanitaria de sus ciudadanos.

Los gobernantes deben plantearse y decidir qué podemos mantener y qué no podemos mantener con los ingresos actuales. ¿Es posible seguir manteniendo unas Fuerzas Armadas profesionales? ¿Podemos mantener 17 parlamentos, 17 gobiernos autonómicos, 17 defensores del pueblo, 17 Tribunales de la Competencia, etc.? ¿Podemos seguir subvencionando a los Partidos Políticos, a los Sindicatos y a la Organizaciones Empresariales? ¿Podemos seguir manteniendo a nuestras Tropas en Misiones de Paz en el Extranjero? …

La cuestión no está en si recortamos o no recortamos. Quien diga que no va a hacer recortes sencillamente miente. La cuestión está en decir qué se va a recortar y ahí es dónde se va a retratar cada uno. La foto de algunos ya la conocemos, aunque la pasen por el photoshop.

Santiago de Munck Loyola

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Porque no sólo de pan vive el hombre: una tarea más para el PP.

Si tal y como las encuestas pronostican el PP gobierna después de las elecciones del 20-N, el cúmulo de tareas que le espera es enorme. Los siete largos años de la era ZP dejan un “pesada herencia” y no sólo en el campo económico, sino en multitud de facetas de la vida diaria. En estos años, el zapaterismo ha ido introduciendo multitud de cambios en todo lo que se le ha puesto a tiro. Y el idioma, el lenguaje no ha escapado, ni mucho menos, a la acción destructiva del zapaterismo.

No constituye ninguna novedad señalar que el idioma es una herramienta muy importante en el ámbito de la política. En política y, concretamente, en el ámbito de la comunicación política, la elección de determinadas palabras en lugar de otras no es normalmente casual, sino que obedece a móviles y fines determinados. Parece que lo que se ha venido en llamar “lo políticamente correcto” se ha venido extendiendo de una forma imparable entre nuestros políticos y entre quienes por su profesión utilizan con profusión los medios de comunicación. El lenguaje público se ha ido acomodando a las circunstancias y a las cambiantes necesidades de la vida en sociedad.

Determinadas palabras se han ido arrinconando y se han sustituido por otras, en unos casos, porque se sigue la corriente dominante, en otros, porque en el fondo se desconoce el verdadero alcance y significado de las mismas y, en no pocas ocasiones, porque vence una determinada opción ideológica, sociológica o cultural que traslada sus posiciones al terreno de la comunicación.

Los nacionalistas lo saben muy bien. Por eso, han aprovechado el vacío intelectual o la carencia de principios del gobierno de España para ir avanzando sus posiciones. Ya en el período constituyente “colaron” ese exabrupto de las “regiones y nacionalidades”. En estos últimos años han conseguido más: apropiarse en exclusiva del término “nacional” e impedir que los españoles puedan usarlo con normalidad. Pretenden que no hay más nación que la suya y que el resto no tenemos derecho a reivindicar nuestra nación, España.

A la tradicional “catetada” sindical de denominar a los convenios colectivos de aplicación en todo el territorio español “convenios estatales” (Convenio Estatal de la Madera y el Mueble, Convenio Estatal del Sector Agrario…) como si se tratase aplicar estas cuestiones laborales en los negociados ministeriales, hay que añadir ahora la sustitución de la palabra nacional por estatal en las denominaciones de los organismos públicos. La cobardía intelectual del zapaterismo ha conducido a que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Meteorología sea ahora la Agencia Estatal de Meteorología. ¿La razón? Que a la Generalidad catalana le molestaba. No es único caso. Los Museos Nacionales son ahora la Red Estatal de Museos y el Instituto Nacional de Empleo (INEM) ahora se llama el Servicio Público de Empleo Estatal. Del mismo modo, los Secretarios e Interventores de los Ayuntamientos, antes Habilitados Nacionales son ahora Habilitados Estatales. 

Los españoles podemos disfrutar gracias a ZP de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), la Agencia Estatal Antidopaje, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y, en breve, de la Agencia Estatal de Salud. Como puede observarse, hay todo un amplio catálogo de Agencias Estatales. ¿Nacionales? No, por favor, que molesta a los nacionalistas. Se puede dejar a los españoles sin nación sin problemas pero, mucho cuidado con herir sensibilidades centrífugas. Un poco más y con tanta “roja” habrían terminado por prohibir la denominación de Selección Nacional.

Lo dicho, el PP tiene por delante una formidable tarea para recomponer los destrozos de estos siete años. Pero es importante recordar que no se trata de recomponer sólo los bolsillos de los españoles, también es necesario curar el corazón.

Santiago de Munck Loyola

La pena de muerte y sus sucedáneos.

La ejecución esta semana, en Estados Unidos, del condenado Troy Davis ha puesto, una vez más, sobre la mesa el debate sobre la pena de muerte que sigue vigente aún en muchos países del mundo. El mantenimiento de este irreversible castigo en países tan distantes ideológicamente como Estados Unidos, China o Irán, por citar sólo algunos, pone de relieve la desvinculación de esta pena de presupuestos políticos, éticos o religiosos. Las sociedades políticas que teóricamente se sustentan sobre determinadas concepciones existenciales sitúan éstas en un plano teórico superior que no les condiciona, al parecer, en la praxis cotidiana que se traduce en hechos y medidas concretas. Para muchos cristianos conservadores norteamericanos la pena de muerte es un instrumento legal, válido y plenamente justificable. Para un musulmán integrista ocurre exactamente lo mismo y para un comunista ateo otro tanto. No parece pues que en estos casos las creencias religiosas o no religiosas sirvan para establecer un criterio ético y legal sobre la existencia de la pena de muerte y hay que deducir, por tanto, que sólo la justificación de la misma con criterios puramente pragmáticos es el nexo común entre tan dispares posicionamientos políticos o religiosos. Es significativo que el valor de la vida humana sea puesto en cuestión por razones de índole práctica: se justifica la pena de muerte por la supuesta necesidad de disuadir a los posibles delincuentes, de dar ejemplaridad, de satisfacer a las víctimas o a sus familiares, etc.

Como también resulta especialmente llamativo que quienes se muestran más partidarios de la aplicación de la pena de muerte sean en muchos casos firmes opositores a cualquier legislación permisiva en relación al aborto o, a la inversa, que quienes con más fuerza combaten la vigencia de la pena de muerte sean simultáneamente firmes defensores de la legalización del aborto o de la práctica de la eutanasia. En unos casos, la vida humana es puesta en cuestión por razones de índole práctica; en otros, la vida humana  es sometida a exquisitas distinciones temporales para desposeerla de su esencia misma y poder negarla sin problema alguno de conciencia.

Si la probada existencia de numerosos errores judiciales que han conducido a la ejecución de inocentes es razón práctica más que suficiente para abolir la pena de muerte, también debería serlo la incertidumbre científica respecto al nacimiento de la vida humana o al fin de la misma para no propiciar ninguna actividad que conduzca a su extinción deliberada prematura. Es cuestión de pura coherencia.

En las sociedades cimentadas con los principios judeo-cristianos, los defensores de la pena de muerte se empeñan en añadir excepciones o matices al mandato bíblico del “no matarás”. Y no cabe, se mire por donde se mire,  añadido alguno. Resulta absolutamente incongruente que un pueblo como el norteamericano que exhibe con orgullo sus símbolos nacionales en los que la palabra Dios, el Dios judeo-cristiano, brilla con fuerza, cercene simultáneamente sus mandatos o los acomode a conveniencias de orden puramente doméstico.

La vida del ser humano es única e irrepetible y su valor es de tal magnitud que no debería ser cuestionada de ningún modo, ni en ningún momento por nadie. El derecho a la vida humana recogido, por ejemplo en Art. 3 de la Declaración de Derechos Humanos, es enunciado bajo la fórmula  de “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. El derecho a la vida debe ser un derecho atribuible al ser humano considerado desde el punto de vista más amplio posible del concepto. De no ser así, si se establecen limitaciones para limitar el concepto de ser humano, restringiendo así su significado, por ejemplo, al de persona se abren peligrosas fisuras que permiten cuestionar de forma permanente y a conveniencia el derecho a la vida.

No ha sido ésta la última ejecución de un reo en una sociedad occidental. Habrá, sin duda, más Troy Davis en el futuro. Pero quienes defienden la pena de muerte o cualquier otra restricción al derecho a la vida deberían plantearse qué hay de erróneo en sus planteamientos para que coincidan con los imperantes en regímenes tan abominables como el de los integristas musulmanes o el de los comunistas chinos. Algo falla.

Santiago de Munck Loyola

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