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viernes, 4 de febrero de 2022

LA ESTRAMBÓTICA CONTRARREFORMA LABORAL.

Para ese viaje no se necesitan alforjas. ¿Tanta protesta en su día, tantas críticas furibundas, tanta marea y contramareas, tantas promesas de derogación para esto? ¿Para acabar en una estrambótica votación? Los hiperbólicos de la política han terminado por poner negro sobre blanco su verdadera concepción de lo que entienden por interés general, por respeto a la soberanía nacional y por parlamentarismo. Sus compromisos de derogación de la reforma laboral del PP se han quedado en una contrarreforma descafeinada culminada con una dudosa aprobación in extremis que la deslegitima desde el minuto cero, pero que, eso sí, nos ha servido a los ciudadanos para comprobar en vivo cómo funciona nuestra clase política y sus satélites síndicoempresariales.

Es seguro que la mayoría de los ciudadanos que han seguido el camino de esta contrarreforma laboral no sabrían explicar en qué consiste, pero sí que han podido percibir con claridad las desmesuradas ambiciones de algunos protagonistas del sainete, los incumplimientos flagrantes de las promesas electorales de otros, el oportunismo de los de siempre o la falta de estrategias y de reflejos políticos de muchos. 

Han convertido al Parlamento, al congreso de los Diputados, en un simple ratificador de lo que sindicatos, patronales y la Ministra aspirante a sucesora presidencial han “legislado” por su cuenta, sin luz, ni taquígrafos. Dicho de otra forma, unas entidades con tan escasa implantación y representatividad que necesitan de las multimillonarias subvenciones del gobierno para subsistir y, en su caso, de las “mordidas” en los fondos públicos ya sean para formación o para ERE’s se permiten el lujo de negociar y pactar una contrarreforma legislativa con una Ministra que está encantada de haberse conocido y se la endosan al congreso para que sí o sí la apruebe sin tocar una sola coma. Y la inmensa mayoría del congreso traga con el tema como si un acuerdo entre paniaguados del gobierno fuera sagrado e intocable. Pero ¿de qué van unos y otros? Es el parlamento quien debe legislar, no los agentes sociales, y para ello es necesario debatir, negociar, transaccionar, llegar a acuerdos y votar. ¿O es que entre las cosas “chulísimas” de las que presume la ahora difunta heredera política del podemismo está ningunear a los representantes de la soberanía nacional?

Han evidenciado que algunos de nuestros diputados en lugar de dedicarse al trabajo por el que generosamente les pagamos se dedican a otros menesteres y para ello tienen que acudir al voto telemático que, por cierto, debería estar restringido para casos excepcionales. Se olvidan sus señorías que cobran no solo para votar, sino para participar en el proceso de elaboración legislativa y en el de control del poder ejecutivo. 


Lamentablemente el caso del diputado popular, por cierto, imputado tras su gestión como alcalde de Trujillo, que con su inicial ausencia y su erróneo, o no, voto telemático ha facilitado la aprobación de la contrarreforma laboral no es el único. Si en vez de andar enredando por ahí en nombre de su jefe el Sr. García Egea hubiera estado cumpliendo con sus obligaciones parlamentarias se habrían evitado el bochornoso espectáculo de ayer. ¡Vaya tropa, Señor!

Santiago de Munck Loyola

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA HA PRESENTADO HOY UNA DENUNCIA POR LA APROBACIÓN ILEGAL DE UN ACUERDO DE PLENO PARA ENDOSAR A LA GENERALITAT OBRAS POR UN MILLÓN DE EUROS QUE CORRESPONDÍAN A UNOS PROMOTORES URBANÍSTICOS.





La revisión de la documentación sobre el convenio del Ayuntamiento de Monforte del Cid con la empresa Uvasdoce S.L., la empresa que contrató previamente al marido de la alcaldesa y que se ha visto beneficiada con un pelotazo que superaría los 5 millones de euros, ha destapado otro escabroso asunto en el que Ayuntamiento y urbanizadores del polígono Industrial Las Norias se concertaron para endosar a la Generalitat la ejecución de obras por un importe de 1.000.000 € cuyo desembolso correspondía a los empresarios. 


Momento de la votación.
En efecto, el Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid aprobó por unanimidad el 17 de julio de 2018 un acuerdo por el que exoneró a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias, urbanizadora del Polígono Industrial, de la obligación que había contraído mediante Convenio Urbanístico de financiar la ejecución de dos rotondas sobre la carretera comarcal CV-825. Previamente la Alcaldesa y los promotores urbanísticos acordaron endosar esa obligación a la Generalitat Valenciana usando la intervención de cargos de la Generalitat que no podían legalmente intervenir en el procedimiento por beneficiarse personalmente del mismo.

 

Dicho acuerdo plenario se aprobó ilegalmente porque careció del informe preceptivo de los servicios jurídicos y prescindió absolutamente del procedimiento establecido en la legislación urbanística valenciana. Tanto el Artículo 136.2.b de la Ley vigente en 2018, al tiempo de aprobar el acuerdo de exoneración, como el Artículo 142.2.b del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, exigían lo siguiente:

2. Antes de proceder a la modificación del programa de actuación integrada, el ayuntamiento deberá:

b) Obtener previo informe del Servicio Jurídico y del Servicio Técnico correspondiente de la administración actuante.

 

Obligación que se repite en el artículo 3.3.d).7º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, estableciendo bien claro que dicho informe era preceptivo. Sorprende sobremanera que también los concejales de la oposición votaran a favor de un acuerdo ilegal que carecía de cualquier soporte jurídico que lo avalase y que ni tan siquiera formularan objeción alguna por la ausencia de dicho documento esencial para dar validez al acuerdo plenario.

 

En definitiva, este acuerdo plenario de 2018 del Ayuntamiento de Monforte del Cid impulsado por la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias y la Alcaldesa de Monforte del Cid se ha traducido en un quebranto en las arcas de la Generalitat Valenciana, según la documentación obrante, que alcanzaría el millón de euros. 

 

De esta forma, la AIU Las Norias se ahorró este millón de euros que sumados a los 400.000 euros ahorrados también en el acceso al polígono mediante el ilegal convenio de 2021 con el Ayuntamiento y UVASDOCE, supone una mejora de 1.400.00 euros para dicha agrupación empresarial en su cuenta de resultados. 

 

De otra parte, el Ayuntamiento de Monforte del Cid ha sufrido un quebranto en sus arcas de 1.232.000 (1.260.000 € de costes reales de conexión - 28.267,39 € de gastos abonados por UVASDOCE SL por el nuevo acceso) que es el coste real que UVASDOCE SL habría tenido que pagarle al Ayuntamiento para conectarse a las infraestructuras del Polígono Industrial y finalmente UVASDOCE SL se ahorra de una parte 1.232.000 € de costes reales de conexión y logra una fabulosa revalorización de sus 45.000 m2 de parcela, que aunque sigue siendo formalmente rústica pasa a estar completamente urbanizada, y que puede valorarse a los actuales precios de mercado en 4.095.000 € (45.000 m2 rústicos X 4€ m2 = 180.000 €, 45.000 m2 urbanizados X 95 € m2 = 4.275.000 €) lo que supone una ganancia de 5.327.00 euros.

 

El Partido Alicantino Regionalista ha procedido hoy a poner en manos del juzgado de Instrucción nº 3 de Novelda, que ya está investigando (Diligencias Previas 167/21) el Convenio con UVASDOCE SL, toda la documentación de dicho acuerdo plenario de 17 de julio de 2018 para que se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar.

domingo, 30 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO Y URBANIZADORA DE UN POLÍGONO SE CONCERTARON PARA ENDOSAR A LA GENERALITAT OBRAS POR UN MILLÓN DE EUROS QUE CORRESPONDÍAN A LOS SEGUNDOS.

MONFORTE DEL CID (ALICANTE).

AYUNTAMIENTO Y URBANIZADORA DE UN POLÍGONO SE CONCERTARON PARA ENDOSAR A LA GENERALITAT OBRAS POR UN MILLÓN DE EUROS QUE CORRESPONDÍAN A LOS SEGUNDOS.

 


La revisión de la documentación sobre el convenio del Ayuntamiento de Monforte del Cid con la empresa Uvasdoce S.L., la empresa que contrató previamente al marido de la alcaldesa y que se ha visto beneficiada con un gran pelotazo, ha destapado otro escabroso asunto en el que Ayuntamiento y urbanizadores del polígono Industrial Las Norias se concertaron para endosar a la Generalitat la ejecución de obras por un importe de 1.000.000 € cuyo desembolso correspondía a los empresarios. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid aprobó por unanimidad el 17 de julio de 2018 un acuerdo por el que exoneró a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias, urbanizadora del Polígono Industrial, de la obligación que había contraído mediante Convenio Urbanístico de financiar la ejecución de dos rotondas sobre la carretera comarcal CV-825. Previamente la Alcaldesa y los promotores urbanísticos acordaron endosar esa obligación a la Generalitat Valenciana usando la intervención de cargos de la Generalitat que no podían legalmente intervenir en el procedimiento.

 

Dicho acuerdo plenario se aprobó ilegalmente porque careció del informe preceptivo de los servicios jurídicos y prescindió absolutamente del procedimiento establecido en la legislación urbanística valenciana. Tanto el Artículo 136.2.b de la Ley vigente en 2018, al tiempo de aprobar el acuerdo de exoneración, como el Artículo 142.2.b del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, exigían lo siguiente:

2. Antes de proceder a la modificación del programa de actuación integrada, el ayuntamiento deberá:

b) Obtener previo informe del Servicio Jurídico y del Servicio Técnico correspondiente de la administración actuante.

 

Obligación que se repite en el artículo 3.3.d).7º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, estableciendo bien claro que dicho informe era preceptivo. Sorprende sobremanera que también los concejales de la oposición votaran a favor de un acuerdo ilegal que carecía de cualquier soporte jurídico que lo avalase y que ni tan siquiera formularan objeción alguna por la ausencia de dicho documento esencial para dar validez al acuerdo plenario.

 

En definitiva, este acuerdo plenario de 2018 del Ayuntamiento de Monforte del Cid impulsado por la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias y la Alcaldesa de Monforte del Cid se ha traducido en un quebranto en las arcas de la Generalitat Valenciana, según la documentación obrante, que alcanzaría el millón de euros. 

 

De esta forma, la AIU Las Norias se ahorró este millón de euros que sumados a los 400.000 euros ahorrados también en el acceso al polígono mediante el ilegal convenio de 2021 con el Ayuntamiento y UVASDOCE, supone una mejora de 1.400.00 euros para dicha agrupación empresarial en su cuenta de resultados. 

 

De otra parte, el Ayuntamiento de Monforte del Cid ha sufrido un quebranto en sus arcas de 1.232.000 (1.260.000 € de costes reales de conexión - 28.267,39 € de gastos abonados por UVASDOCE SL por el nuevo acceso) que es el coste real que UVASDOCE SL habría tenido que pagarle al Ayuntamiento para conectarse a las infraestructuras del Polígono Industrial y finalmente UVASDOCE SL se ahorra de una parte 1.232.000 € de costes reales de conexión y logra una fabulosa revalorización de sus 45.000 m2 de parcela, que aunque sigue siendo formalmente rústica pasa a estar completamente urbanizada, y que puede valorarse a los actuales precios de mercado en 4.095.000 € (45.000 m2 rústicos X 4€ m2 = 180.000 €, 45.000 m2 urbanizados X 95 € m2 = 4.275.000 €) lo que supone una ganancia de 5.327.00 euros.

 

El Partido Alicantino Regionalista va a proceder en breve a poner en manos del juzgado de Novelda, que ya está investigando (D.P. 167/21) el Convenio con UVASDOCE SL, toda la documentación del acuerdo plenario de 17 de julio de 2018 para que se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar.

lunes, 6 de diciembre de 2021

Madrid deja al aire las vergüenzas del PP.

Una vez más el Partido Popular vuelve a hacerlo: tirar piedras contra su propio tejado. Y no se trata de una afirmación gratuita, sino que las encuestas así lo ponen de manifiesto. La polémica en torno a la candidatura de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la Presidencia del PP de la Comunidad de Madrid no es anecdótica, superficial o irrelevante. Todo lo contrario, se trata de una polémica que viene a desmontar todo el discurso supuestamente regeneracionista que Pablo Casado enarboló para alcanzar la Presidencia del Partido Popular. Algo tan básico, tan esencial como es la democracia interna del posiblemente mayor partido de España y único cono capacidad de articular una alternativa al socialismo y demás rémoras está en tela de juicio. 

Sin democracia interna en un partido no existe capacidad de control por parte de sus bases de la acción de sus órganos de dirección y, en su caso, de la acción de gobierno. La falta de democracia interna o su adulteración es la llave de entrada para la corrupción, es la puerta para el nepotismo y el amiguismo, siempre ligados a la corrupción, y la muerte de la meritocracia y el liderazgo genuino.


El principio es extremadamente simple: solo los afiliados de un territorio pueden elegir a su líder. Es fácil de entender, ¿no? En este caso, solo a los afiliados del PP de la Comunidad de Madrid corresponde elegir a su Presidente. Y ello implica que el proceso electoral interno debe ser limpio, abierto a cualquier candidato y libre de interferencias e influencias exteriores. Nada excepto la trayectoria política y las propuestas de cada candidato debe influir en el voto de los afiliados. Sin embargo, cualquier observador imparcial ha tenido la oportunidad de ver como durante los últimos meses distintos dirigentes nacionales del Partido Popular no han escatimado esfuerzos por expresar públicamente sus preferencias de modo que a los militantes les quede claro qué es lo que quieren y a quién prefieren. Pues no, esto no es democracia interna, esto no es regeneración, esto no es un nuevo estilo de hacer política. Esto es más de lo mismo, es seguir con las mismas pautas de conducta interna que durante décadas se han seguido en el Partido Popular y que, como era de esperar, también se siguen en Vox que, de tal palo, tal astilla.

 

El Sr. Casado, el Sr. García Egea o su nuevo mamporrero Fran Hervías podrán tener las preferencias que les plazca, podrá gustarles o no un determinado candidato para presidir el PP madrileño pero deberían “sufrirlo” en silencio porque lo que no pueden, ni deben es presionar o intentar influir en los afiliados madrileños quienes son, en última instancia, los verdaderos protagonistas del proceso de elección de su líder.

 

Es evidente que el lamentable espectáculo que los dirigentes nacionales del PP están ofreciendo en torno a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso solo puede estar siendo consentido por el propio Casado quien, con ello, está demostrando la propia debilidad de su liderazgo que parece percibir un peligro personal en el tirón electoral que Ayuso ha demostrado. Y lo que ya empieza a ser imperdonable es que, no sólo no ponga coto a las continuas injerencias del secretario general en el proceso electoral madrileño, sino que además consienta ataques personales filtrados desde Génova contra la Presidenta madrileña. Porque todo ello solo puede llevar al elector a varias conclusiones: 1ª Que en el PP nada ha cambiado salvo las caras. 2ª Que la democracia interna sigue brillando por su ausencia con lo que ello implica y 3ª Que el liderazgo de Pablo Casado es extremadamente débil y que por ello rehúye sustentarlo en liderazgos territoriales demasiado sólidos.


Y todo ello a mayor gloria de Pedro Sánchez que no debe preocuparse por una remontada electoral del PP.

 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

martes, 12 de octubre de 2021

9 de octubre, su Fiesta.

Pasados pocos días de la celebración del Día de la Comunidad Valenciana, el 9 de octubre, aún resuenan los ecos de las declaraciones de sus dirigentes políticos al respecto. Hay que resaltar que curiosamente la Fiesta de la Comunidad Valenciana conmemora el aniversario de la entrada en la ciudad de Valencia del rey de Aragón Jaime I El Conquistador en 1238. Sin embargo, la formación del Reino de Valencia no se culminó hasta 1304 y el territorio actual no adquirió la extensión presente hasta 1851 con la incorporación de Requena y Utiel. Por tanto, El 9 de octubre no conmemora un hecho histórico relevante para las tres provincias que integran la actual Comunidad Valenciana. 


Se trata de una fecha significativa para Valencia, como tan significativa es el 4 de diciembre de 1248 para los alicantinos, cuando se finalizó la conquista militar de la ciudad por parte de las tropas del Rey de Castilla Fernando III, dirigidas por su hijo el futuro Alfonso X el Sabio. El 9 de octubre, la Conmemoración de la Conquista de la ciudad de Valencia se convirtió en la Fiesta de toda la Comunidad Valenciana en 1982 cuando así se acordó con la aprobación del Estatuto de Autonomía, tras asumir un acuerdo en este sentido del año 1976 adoptado por la Mesa de Fuerzas Políticas y Sindicales del País Valenciano declarando esa fecha Día Nacional del País Valenciano. Una vez más la memez de la derecha tragando sapos.

 

Esa tendencia centralista de Valencia, esa propensión a uniformar a los demás territorios que integran la Comunidad según los criterios y patrones de Valencia es el principal obstáculo para la cohesión territorial y social de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Es una tendencia que se ha mantenido constante desde la creación de la Comunidad Autónoma cualquiera que fuese el color político del gobierno regional de turno y que se ha impuesto en el campo lingüístico, el cultural, económico o administrativo. Hoy en día, la diferencia entre la renta media de los alicantinos y de los valencianos es mayor que hace 40 años. Es un dato, un hecho cierto incontestable que pone de relieve el fracaso de una administración autonómica que aleja a sus ciudadanos de la convergencia social y económica.

 

Por ello, llama especialmente la atención el discurso del Presidente de la Generalidad Valenciana, Joaquín Francisco Puig Ferrer con ocasión de la Fiesta del 9 de octubre. Lejos de hacer un análisis de la realidad interna de la Comunidad que preside ha abogado por una revisión del Estado de las autonomías, una “segunda Transición” para encaminar a España hacia el federalismo. Señala que hay hacer reformas para avanzar “hacia una España justa y descentralizada ahora que hay un Gobierno sensible con la diversidad. Hay que asegurar el derecho a la diferencia sin diferencia de derechos”. Según Puig “el Estado de las autonomías ha sido un éxito y ha servido para afianzar el Estado del bienestar, pero hay que revisarlo porque tiene desajustes”, a saber “la falta de cogobernanza” y la “financiación” .

 

Nada hay más peligroso que un político incapaz de reconocer la realidad en la que vive. Reivindicar el federalismo puede ser hasta entretenido desde una perspectiva dialéctica, pero poco más. El federalismo implica por definición la igualdad de competencias entre los entes federados. ¿Es eso lo que de verdad reivindica el Sr. Puig y sus socios pancatalanistas? ¿Cree de verdad que sus amigos independentistas catalanes aceptarían una fórmula federal que acabaría con sus competencias autonómicas privilegiadas? Si lo cree es un descerebrado y si no lo cree, un cínico. Es difícil adivinar a qué reformas se refiere para “avanzar a una España más descentralizada” porque España ya cuenta con el estado más descentralizado del mundo y debería saber que cualquier paso en esa dirección sería la simple y llana disolución del Estado español. ¿Es eso lo que quiere? Tampoco parece muy coherente pedir más descentralización del Estado mientras él mismo practica la política contraria desmantelando servicios básicos en Alicante para trasladarlos a Valencia so pretexto de lograr una mayor eficacia de los mismos. Si busca eficacia en los servicios públicos ¿por qué no devuelve él mismo competencias al Estado?

 

Si algo necesitan hoy los ciudadanos españoles son las políticas y las reformas necesarias para garantizar, no ya derechos o competencias concretas a determinados territorios, sino a los propios ciudadanos de modo que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. Y en ese mismo contexto de igualdad es donde cabe hablar de financiación autonómica porque es evidente que el actual sistema es injusto, pero que el Sr. Puig hable del problema de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana para, de paso, volver a la carga con su obsesión por la baja fiscalidad de la Comunidad de Madrid cuyo gobierno, según parece, gasta menos y mejor que el valenciano, mientras olvida la infrafinanciación de la Provincia de Alicante es, cuando menos, paradójico. El Gobierno del Sr. Puig, (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) ha invertido en la provincia de Alicante en obras públicas la mitad de dinero que en la de Valencia desde junio de 2019 hasta septiembre de 2021: De 1.159,02 millones de euros en licitaciones, Alicante ha recibido el 29%, Valencia el 57% y Castellón el 14% restante. Y lo mismo ocurre en las demás áreas del gasto público.

 

En definitiva, el día de la Fiesta de Valencia ahora Fiesta de la Comunidad, los alicantinos no podemos olvidar ni la política centralizadora y uniformadora de la Generalidad Valenciana, ni la permanente discriminación presupuestaria negativa a la que, al parecer, estamos condenados. La Generalidad Valenciana es nuestro gobierno regional pero nos trata desde sus inicios como si fuésemos ciudadanos de segunda y esto tiene que acabar. Alicante no es Valencia, no somos valencianos. Somos Alicantinos, tenemos raíces plurales y plural es nuestra identidad. Nuestro bienestar y progreso dependen de poder decidir aquí nuestro futuro porque mientras lo sigan decidiendo en Valencia seguiremos perdiendo las inmensas oportunidades que nuestra tierra nos brinda.

 

Santiago de Munck Loyola

jueves, 12 de agosto de 2021

No, Sr. Puig, la sanidad no es gratis.

 

Tras trece meses de espera sufriendo cólicos nefríticos diarios y tras haber tenido que acudir al Síndic de Greuges, por fin me han operado en el Hospital de San Juan y me han eliminado un enorme cálculo renal. Parece que ha ido bien, aunque la recuperación de una operación aparentemente sencilla no es tan fácil como cabía suponer. Nada que objetar al trato recibido del personal médico y asistencial del centro. Otro cantar es lo relativo a la gestión de la Generalidad Valenciana en materia de salud. Es cierto que en Alicante estamos acostumbrados a la permanente discriminación presupuestaria y a la tendencia centralista del Gobierno Valenciano y ello se nota especialmente en el ámbito de sanidad en el que los alicantinos contamos con menos profesionales de la salud por cada 100.000 habitantes que los valencianos o en el que contemplamos atónitos como las ambulancias carecen de médicos de urgencias suficientes. Y estamos acostumbrados a ello y, al parecer, también resignados porque, a pesar de que somos conscientes de esa situación, legislatura tras legislatura seguimos votando a los mismos partidos que ignoran la singularidad y la situación de nuestra Provincia. 

 

Pero a lo que iba, lo que me ha indignado realmente es la Nota Informativa que, cortesía de la Generalidad Valenciana, me entregaron junto con los documentos de alta. En esta Nota me informaban de que mi estancia quirúrgica de 24 horas había costado 341 euros y se añadía en la misma el siguiente párrafo: “Esta nota se emite exclusivamente con carácter informativo y por ello no hay que realizar ningún pago (algo obvio pues si hubiera habido que realizar algún pago no se emitiría una Nota Informativa, sino una factura). Esta información tiene como finalidad que sea conocido por usted el coste de la asistencia sanitaria que se le ha prestado de forma gratuita por la sanidad pública valenciana”.

 

Pues no, no es así. La nota informativa es pura basura, una mentira propagandística e incompleta. Sr. Puig y Sra. Barceló ustedes mienten y lo saben. Ni a mí, ni a ningún trabajador que cotiza a la Seguridad Social la sanidad pública valenciana nos presta nada de forma gratuita. No nos regala nada. La asistencia sanitaria la pagamos por anticipado con nuestras cotizaciones e impuestos. Como yo, la mayoría tenemos pagada esta operación y muchas otras desde hace años. Ni su desastroso gobierno taifa, ni la administración pública nos presta nada de forma gratuita. Es falso, rotundamente falso, que “el dinero público no sea de nadie” como decía ese desecho intelectual llamado Carmen Calvo, como también lo es que los contribuyentes recibamos algo gratis por parte de cualquier administración pública. Los contribuyentes ya lo hemos pagado por anticipado y, con toda seguridad, si ustedes no fueran unos simples demagogos, unos derrochadores que tiran nuestro dinero subvencionando a entidades independentistas y pancatalanistas, montando chiringuitos televisivos o despilfarrando los recursos públicos en imponernos una lengua que no es la propia de más de la mitad de la provincia, habría más dinero para tener una sistema sanitario mucho más eficiente y de calidad.

 

Está muy bien saber a cuánto ascienden las prestaciones sanitarias, su coste, pero en su totalidad, porque en la nota supuestamente informativa ustedes solo incluyen la estancia hospitalaria y no el coste real de ser sometido a una intervención quirúrgica. Y está muy bien que ustedes subrayen que se ha prestado de forma gratuita una asistencia sanitaria concreta cuando quien la recibe nunca ha cotizado a la seguridad social, algo muy frecuente con su política de llamada a la inmigración ilegal, pero es un insulto cuando se lo dicen a quien ya lo ha pagado sobradamente con sus impuestos y cotizaciones. ¿Lo entienden?

 

Santiago de Munck Loyola