No hay peor ciego que el que no
quiere ver y eso es precisamente lo que le ocurre a muchos de nuestros
conciudadanos de la Provincia de Alicante. Hay quien se empeña en no querer ver
la realidad bien porque le da miedo, porque no le gusta o porque está más cómodo
con sus propias fantasías.
Cada vez aparecen más voces de la
sociedad civil que se suman a la denuncia del maltrato presupuestario que
nuestra provincia viene sufriendo desde hace décadas por parte del Estado y,
sobre todo, de la Generalidad Valenciana quien, en vez de cohesionar la
población de su territorio, ha ido ensanchando la brecha de desigualdad entre
sus habitantes en función de la provincia de que se trate. Los alicantinos
siempre vienen recibiendo menos de lo que les corresponde y eso hace que, año
tras año, la diferencia entre alicantinos y valencianos sea mayor, en perjuicio
de los primeros. Pero con los políticos alicantinos no pasa lo mismo que con
otros sectores de la vida alicantina. Han venido usando y usan esta anómala
situación como arma arrojadiza pero han sido y son incapaces de ofrecer una
respuesta política que suponga el fin de la misma. El Partido Popular tras
gobernar 20 años la Generalidad Valenciana carece de legitimidad moral para denunciar
una discriminación que él mismo ha practicado. Alzan ahora alguna tímida voz
denunciando una discriminación que persiste con el tripartito de izquierdas, pero
lo hacen sin mucha convicción y escasa credibilidad. Y lo mismo pasa con los
políticos alicantinos de izquierdas. Son sus correligionarios los que ahora en
la Generalidad Valenciana practican esa tradicional discriminación hacia
nuestra Provincia y sus antiguas reivindicaciones provinciales han sido
olvidadas.
Por si esto no fuera suficiente,
desde hace año y medio hay que sumar al agravio comparativo un sistemático
ataque a la propia identidad de nuestra Provincia y a las libertades básicas de
los ciudadanos desarrollado desde el gobierno de izquierdas de la Generalidad
Valenciana. El tripartito de Valencia no ejerce un gobierno de y para los
alicantinos, ni siquiera para los valencianos o castellonenses. La Generalidad
Valenciana se ha convertido en un apéndice de los proyectos pancatalanistas
dispuesto a facilitar el desarrollo de una ficción política como lo es la
fantasía de “los países catalanes”. Nada es casual.
El tripartito está
desarrollando todo un plan sistemático destinado a catalanizar a la Comunidad
Valenciana. Los ataques continuos a la libertad en la educación, la política en
medios de comunicación, los continuos ataques a la Diputación provincial, la
importación de un proyecto de comarcalización ajeno a la tradición política
alicantina, la progresiva imposición del catalán en las administraciones
públicas, la persecución del uso del español, la imposición del catalán en la
educación, los recortes a la libertad de elección de la lengua vehicular, las
desaforadas subvenciones a entidades procatalanistas, separatistas e impulsoras
de la ruptura de la unidad de España son solo un pequeño ejemplo, quizás el más
visible, de este proceso de inmersión social al que someten a todos los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y no queda más remedio que preguntarse
¿qué pinta la Provincia de Alicante en medio de todo esto? ¿Qué hace Alicante
en una Comunidad Autónoma que además de perjudicarle económicamente pretende
ahora borrar su propia identidad histórica?
Alicante no es Valencia y mucho
menos Cataluña. Alicante tiene identidad propia, personalidad única y
diferente. La Provincia de Alicante tiene entidad política propia, anterior a
la artificial Generalidad Valenciana y capacidad económica, social y cultural
suficientes para ejercer su propia autonomía. ¿Qué ventaja obtienen los
alicantinos del hecho de que las decisiones sobre la educación, la sanidad, el
turismo o la política territorial se decidan en Valencia y no en Alicante?
Ninguna.
Alicante, la quinta provincia
española en población, con casi dos millones de habitantes censados, suma tanta
población como las autonomías de Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra juntas.
Y, sin embargo, está condenada a ser una provincia de segunda dentro de una
autonomía sin tradición histórica que ni es leal con los alicantinos ni con el
proyecto común que es España.
Es hora de abrir los ojos, de reconocer
la realidad y de ofrecer soluciones antes de que sea demasiado tarde. Y una
solución posible es que la Provincia de Alicante se separe de la Generalidad
Valenciana y se constituya en Comunidad Autónoma uniprovincial. No se trata de
una propuesta sencilla, pero jurídicamente es posible, económicamente es razonable,
políticamente es deseable y socialmente necesaria. No hay otra fórmula para
defender la identidad y personalidad propia de nuestra Provincia. No hay otra
vía para reducir el enorme peso de la burocracia administrativa que costeamos
los ciudadanos. No hay otro medio para que las decisiones que afectan a nuestra
Provincia se tomen en Alicante y no en Valencia. No hay, en definitiva, otra
posibilidad para evitar que Alicante sea incorporada a un proyecto político
independentista y para impedir la importación de una fractura social que desde
hace décadas crece en las provincias catalanas. Si se quiere, se puede.
Santiago de Munck Loyola
