Translate

miércoles, 22 de junio de 2016

Esperanza Ciudadana denuncia a VOX ante la justicia por los presuntos delitos de falsedad y delito electoral.

21 de junio de 2016.
NOTA DE PRENSA.

El pasado 15 de junio el representante de la Coalición “Esperanza Ciudadana – Sí a la libertad en la Educación”, Santiago de Munck Loyola, presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción contra el Presidente de Vox Santiago Abascal Conde y/o quien resulte responsable, a tenor de los Estatutos de ese partido, de la tramitación y presentación de la candidatura de Vox en la Provincia de Alicante por los presuntos delitos de falsedad en documento público, previsto en el Código Penal en su Art. 392, y delito electoral.

El 30 de mayo de 2016 la Junta Electoral Provincial acordó no Proclamar la candidatura de la coalición “Esperanza Ciudadana – Sí a la Libertad en la Educación” a falta de 18 avales válidos para alcanzar el límite legal de 1.253 avales. El 1 de mayo de 2016, la Oficina del censo de Alicante entregó al representante de la Coalición “Esperanza Ciudadana – Sí a la Libertad en la Educación” una relación individualizada de los avales anulados. De los 18 avales anulados a la Coalición por ser duplicados con la candidatura de Vox, 11 correspondían a antiguos afiliados de Vox, hoy afiliados a Esperanza Ciudadana y cuya firma y datos personales estaban en poder de Vox. Esas 11 personas, 4 de ellas miembros de la propia candidatura no proclamada, manifestaron por escrito que nunca habían firmado aval alguno para la candidatura de Vox y que, por tanto, sus firmas habían sido falsificadas.

Antes de iniciar acciones legales el Presidente de Esperanza Ciudadana y representante de la candidatura se dirigió por correo electrónico a Santiago Abascal para comunicar esta grave irregularidad y pedir explicaciones sin recibir respuesta alguna. Dos días después lo hizo por medio de un mensaje a través de Wasap obteniendo por toda respuesta del “líder supremo” de Vox el bloqueo en esta aplicación.


Esperanza Ciudadana quiere poner de manifiesto la cobardía del Sr. Abascal y de sus responsables en la Provincia de Alicante que, además, han tenido la poca vergüenza de enviar mensajes de agradecimiento por avalar su candidatura a personas cuya firma ha sido falsificada en los avales de la candidatura de Vox por la Provincia de Alicante.


lunes, 13 de junio de 2016

¿A favor?



Explicando el lema de campaña del Partido Popular “A favor” sus portavoces insistían en que el mensaje que quieren trasladar, entre otras cosas, es que el voto debe ejercerse pensando en lo que se quiere, en aquello en lo que uno está a favor y no por rechazo, por ir a la contra. Algo muy lógico y encomiable, pero ahí es donde uno empieza a encontrar precisamente dificultades para votar al Partido Popular. 


Para alguien que cree firmemente en la necesidad de abordar una profunda regeneración dentro de los partidos políticos la verdad es que, en Alicante además, no hay muchos argumentos a favor de votar al Partido Popular. Lo cierto es que al margen de buenas intenciones y de declaraciones más o menos regeneracionistas de la Presidenta Regional del PPCV poca ha cambiado dentro del PP de Alicante. Siguen mandando los mismos que mandaron cortar las cabezas de quienes hace tres años exigimos públicamente la regeneración del partido y el apartamiento de los imputados mientras los que hoy aparecen como supuestos regeneracionistas guardaban sepulcral silencio. Y cuando el tiempo nos ha dado la razón, cuando ahora todos se suben al carro de la regeneración no se ha producido ni la más leve autocrítica, ni se ha pedido públicamente perdón por aquella cacicada. Pero, al margen de lo anterior, el PP sigue con los mismos Estatutos, el afiliado no cuenta para nada, los candidatos se siguen poniendo a dedo y sólo cuatro iluminados elaboran el programa electoral. Por tanto, el PP sigue sin ofrecer ni el más mínimo gesto, ni el más mínimo argumento a favor de la regeneración.


Y para alguien que cree sinceramente en la defensa de la provincia de Alicante frente a la discriminación que sufre nuestra Provincia por parte del Estado y de la Generalidad Valenciana tampoco es que aparezcan muchos argumentos a favor del PP. El PP y sobre todo el alicantino sigue controlado por quienes desde la Generalidad Valenciana practicaban no hace mucho esa discriminación económica y ahora se encuentran amordazados por su pasado para denunciar la actual discriminación. Y son los mismos quienes guardan silencio mientras el estado, gobernado por el PP, sigue `practicando esa discriminación que Alicante no se merece.


El Partido Popular, además, ha incumplido sistemáticamente su programa electoral desde el año 2011: ha sido continuista en la política antiterrorista, ha aplicado soluciones socialdemócratas retrasando o ralentizando la salida de la crisis, no ha sido capaz de ofrecer un modelo nacional de gestión y distribución del agua, no ha defendido el derecho a la vida como prometió, no ha acabado con las duplicidades con las autonomías o, por citar un ejemplo más, ha estrujado a la clase media con una presión fiscal que no se alcanzó ni con el incompetente de Zapatero.


Pocos son pues los argumentos que el Partido Popular ofrece para votar a su favor. Paradójicamente son sus rivales políticos los que sí ofrecen razones más que suficientes para votar al Partido Popular, aunque sea teniéndose que tapar la nariz. La última encuesta del CIS que abre la posibilidad a que el Sr. Pablo Iglesias pueda llegar a ser Presidente del Gobierno o a formar parte del mismo es más que suficiente como para replantearse la necesidad de votar y el sentido del voto. Y no, no se trata del voto del miedo, sino del sentido común, el voto en contra de unas políticas caducas, fracasadas y revanchistas. 


Si uno está a favor de aumentar el peso de la sociedad frente al estado, a favor de la unidad de España frente a su progresivo desmantelamiento, a favor de la generación de riqueza y de la iniciativa personal frente al subsidio desmotivador, a favor de una judicatura independiente y no depurada ideológicamente, a favor de la libertad de expresión frente al control estatal de los medios de comunicación, a favor de una reducción progresiva de la presión fiscal a las clases medias y menos favorecidas frente a su desbocado incremento, a favor de la libertad de y en la educación frente a los que pregonan su uso para enfrentar a los hijos con los valores paternos, a favor de la profesionalización de las administraciones públicas y en contra de las purgas ideológicas y las colocaciones para afines y familiares, entonces no queda más remedio que votar, aunque sea dolorosamente, al Partido Popular.


A la luz de las encuestas, de la experiencia en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas del último año y a la vista de los programas-catálogos y de los programas incumplidos, lo cierto es que el 26 de junio nos estemos jugando algo mucho más importante que un simple cambio de gobierno o un cambio de políticas. Lo más probable es que nos estemos jugando el modelo de sociedad y de sistema político para mucho tiempo. Y, por ello, el voto, cada voto, deberá ser muy reflexivo. Con echar un vistazo a lo que se puede avecinar se encuentran muchos argumentos, muchas razones para votar al Partido Popular si uno cree en los principios y valores del centro derecha. No, el PP no nos ofrece a muchos razones a su favor. Que no se engañen, que no sigan en la nube, que no se trata, ni tan siquiera, de un voto de confianza al Partido Popular, las razones “a favor” de votar al PP nos las proporcionan sus rivales políticos. Así de duro y de simple.


Santiago de Munck Loyola


viernes, 10 de junio de 2016

Los podemitas al asalto del Palacio de la Moncloa.





Es verdad que las encuestas hay que tomarlas con cautela porque no siempre aciertan. Pero, aún tomando todas las prevenciones posibles, lo cierto es que el último estudio demoscópico del CIS pone los pelos de punta. Por primera vez se apunta la posibilidad de que Pablo Iglesias, al frente de comunistas, populistas e independentistas, agrupados en torno a la coalición Unidos Podemos pueda llegar a ser Presidente del Gobierno. Claro que para ello necesitaría el voto de los diputados socialistas pero, vista la poca solvencia política de la dirección del PSOE y el previsible derrumbe de este partido, todo es posible.
Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Es indudable que el PP está siendo castigado por muchos de sus votantes por la gestión política y económica en la pasada legislatura, por su falta de reacción ante la corrupción y por los sistemáticos incumplimientos del programa electoral que le llevó al poder en 2011. En estas circunstancias, lo lógico es que el PSOE, como alternativa natural, hubiese rentabilizado el desgaste del gobierno, pero no solo no ha sido así, sino que además también está siendo más castigado aún. El PSOE rompió su suelo electoral en diciembre de 2015 y lleva camino de volverlo a hacer en 2016.

Hay que recordar que en 1996, en el peor momento del felipismo, dos fuerzas políticas rentabilizaron el desgaste gubernamental, el PP e Izquierda Unida que alcanzó sus mejores resultados históricos con 2 millones de votos y 21 diputados. Sin embargo, en diciembre de 2015 ni el PSOE, ni IU que quedó al borde de la desaparición rentabilizaron el desgaste del gobierno del Partido Popular. En la izquierda, los grandes beneficiarios fueron Podemos y sus apéndices que en gran medida eran los herederos de los movimientos surgidos el 15-M, en medio de la agonía política del Zapaterismo.



Es evidente que el PP ganó en 2011 por la desastrosa gestión económica y social de Rodríguez Zapatero cuyos equipos se mostraron incapaces de prever primero y de corregir después el nefasto rumbo económico que seguía la economía española. Los votantes castigaron al PSOE, premiaron al PP pero no lo hicieron con Izquierda Unida a la que gran parte del electorado identifica claramente con el comunismo. Y el 20 de diciembre de 2015, el electorado volvió a castigar y con más fuerza aún a PSOE y a Izquierda Unida. ¿Por qué? Probablemente porque pesaba mucho en el recuerdo la desastrosa gestión de Zapatero con la consiguiente falta de autocrítica de los socialistas y su identificación aún con el mismo. Otra causa probable es que el PSOE, tras las elecciones municipales, facilitó en todas las ciudades y comunidades en las que pudo la llegada al poder de los podemitas defraudando con ello a bastantes votantes suyos y otorgando nuevas plataformas políticas a Podemos para ensanchar su base electoral. En todo proceso de conjunción de poder entre fuerzas políticas ideológicamente afines, la más débil termina por desaparecer, véase lo que ocurrió con el CDS cuando se alió con el PP. Y, por último, es muy probable que la estrategia socialista basada en la oposición destructiva y revanchista, más que en la difusión de alternativas creíbles y constructivas también le pasara y le siga pasando factura. En el caso de Izquierda Unida sus genes comunistas le impiden ser percibida como una alternativa democrática con credibilidad y de ahí su incapacidad de rentabilizar el desgaste del gobierno y el de sus propios compañeros de oposición.

Podemos y sus satélites, Izquierda Unida incluida, sí han sabido rentabilizar el desgaste de sus, más o menos afines, compañeros de oposición. Se ha merendado a Izquierda Unida que es ya un cadáver político y cuya absorción no ha sido fruto de convicciones políticas sino de necesidad de supervivencia económica y se encuentran ahora con unas expectativas electorales inmejorables según las encuestas. Podemos o “Unidos Podemos” ha sabido aprovechar la incompetencia socialista, el suelo electoral de IU, los millones de euros de Venezuela, el desencanto de las plazas del 15-M, la desesperación de mucha gente, las alfombras rojas televisivas extendidas por los magnates de muchos medios de comunicación, la infravaloración de sus adversarios políticos y la demagogia y populismo derrochados a raudales.

Es muy, pero que muy difícil, que los millones de españoles que van a dar su voto dentro de 15 días a “Unidos Podemos” sepan con exactitud las consecuencias que para la economía y para las libertades públicas tendrá esa decisión. Todavía es pronto para que la mayoría de la gente pueda percibir con precisión lo que ya está ocurriendo en muchos municipios en los que a la sombra de gobiernos podemitas o comunistas, tanto monta, monta tanto, las libertades políticas y sindicales están siendo puestas en cuestión y la economía está siendo maltratada. El camuflaje de los neocomunistas bolivarianos de “Unidos Podemos” está siendo muy eficaz. Vestidos de socialdemócratas acabarán con el socialismo y con la democracia, como siempre han hecho. El sectarismo más radical, el revanchismo más peligroso, la demagogia sin límites y la prepotencia política más pura están a las puertas de la Moncloa, lo que recuerda mucho a lo ocurrido en otro país europeo hace más de 80 años. Lo dicho, los pelos de punta.



Santiago de Munck Loyola



jueves, 2 de junio de 2016

No ha podido ser.

Queridos amigos: como sabéis nos han faltado, tras las anulaciones de avales hechas por la Oficina del Censo, 18 de los 1.253 necesarios para poder participar en las próximas elecciones generales. Solicité y me entregaron ayer por la tarde una certificación individualizada de los 380 avales anulados de un total de 1.615 que habíamos presentado. Tras una exhaustiva y agotadora revisión, detecté que 11 de los avales anulados lo fueron porque otro partido político había utilizado sin su consentimiento las firmas de 11 personas que en su día militaron en él y que ahora lo hacen Esperanza Ciudadana. Igualmente pude detectar 4 avales anulados por error y que podríamos recuperar en un recurso contencioso electoral cuyo plazo de interposición vence hoy a las 24 horas. Aún en el supuesto de ganar ese recurso (que es mucho suponer) nos faltarían 3 avales para alcanzar los 1.253 exigidos por la Ley. Por ello he pensado desistir y no presentarlo. Hemos trabajado y luchado hasta la extenuación pero el límite está claro. Y si nadie de los que ha ayudado y trabajado para reunir esas 1.615 firmas tiene inconveniente o una idea mejor así se va a hacer. Confío en que el partido que ha usado fraudulentamente las 11 firmas de afiliados de Esperanza Ciudadana tenga la decencia de retirar su candidatura. Ya están avisados. Gracias a todos los que me habéis ayudado y nos habéis ayudado como organización política. Seguramente no pasará mucho tiempo antes de que tengamos que volver a pedir vuestra ayuda.

Santiago de Munck Loyola

martes, 31 de mayo de 2016

18 firmas, 18.


Sinceramente estoy indignado, muy indignado con todo el procedimiento legal y las trabas administrativas para poder presentar una candidatura a unas elecciones generales. Por si fuera poca la carga que supone la constitucionalmente dudosa reforma de 2011 de la Ley Orgánica Electoral que obliga a los partidos sin representación parlamentaria a reunir avales, el 0,1 % del censo de la circunscripción electoral (1.253 avales o firmas en la Provincia de Alicante) hay que añadir la carga de un sistema perentorio, arbitrario y sin garantías suficientes para llevarlo a cabo.

En las elecciones del 20 de diciembre pasado, la candidatura de Esperanza Ciudadana no fue proclamada por insuficiencia de avales. Presentamos entonces 1.397 firmas pero la Oficina del censo anuló 198 de las mismas por diversos motivos, duplicadas (sólo se puede avalar una candidatura, personas no censadas, menores, etc. Tras anular ese 14 % de firmas nos faltaban 51 y por tanto no pudimos a pesar de todos los recursos concurrir a las elecciones.

Pagada la novatada, en esta ocasión hemos hecho un esfuerzo complementario y hemos presentado 1.615 firmas, siendo el mínimo legal 1.253. Pues nada, sorpresa. La Oficina Provincial del Censo decidió el lunes 30 de mayo anular 380 de esas firmas declarando válidas 1.235 y dejándonos a 18 firmas válidas del límite legal. Nada menos que casi el 25 % de las firmas presentadas, una de cada cuatro han sido anuladas aduciendo como motivos, entre otros, que “las firmas no son legibles”.

Tras la decisión de ayer de la Junta Electoral Provincial de Alicante de no proclamar la candidatura de "Esperanza Ciudadana - Sí a la Libertad en la Educación" a la vista del certificado de la Oficina del censo Electoral me he personado hoy a primera hora en la Oficina Provincial del Censo de Alicante. Una vez allí he manifestado que venía a solicitar una revisión de las 380 firmas anuladas. Para mi sorpresa me responden que esa revisión debía pedirla en la Junta Electoral Provincial. Les contesto que no, que quien debe revisar es quien ha anulado las 380 firmas, o sea, la Oficina del Censo y que así se hizo con ocasión de las elecciones generales del 20-D. Me insisten en que no, porque la Oficina del Censo ya no tiene nuestras firmas, que las tiene la Junta Electoral Provincial. Entonces les digo que de todas formas quería registrar una solicitud formal de revisión individualizada a lo que, en principio, se negaban. Tras explicar que no se podían negar a admitir una instancia dirigida al Delegado Provincial de la Oficina del Censo, por fin la han admitido.

Me he marchado entonces con la copia de la solicitud de revisión a la Junta Electoral y allí he pedido la revisión individualizada de las firmas, tal y como me habían dicho en la Oficina del Censo. Y ¡oh, sorpresa! me dicen en la Junta que ellos no tienen las firmas, que las tiene la Oficina del Censo. Les digo que en la Oficina del censo me han dicho lo contrario y me responden que, bueno, que deben estar de camino y que me avisarán cuando lleguen. Les presento entonces una solicitud formal de revisión con copia de la presentada en la Oficina del Censo.

Y no acaba ahí el culebrón o el esperpéntico sainete. A última hora de esta tarde he recibido una notificación de la Junta Electoral ordenando a la Oficina del Censo que proceda a efectuar la revisión individualizada de las firmas que habíamos pedido. ¿En qué quedamos? ¿No decía la Oficina del Censo que ya no tenía las firmas y que las tenía la Junta Electoral Provincial? ¿No decía la Junta a su vez que aún no las tenía pero que me avisarían cuando llegasen para que pudiera asistir a la revisión? ¿Será que las firmas están paseándose por Alicante de la Oficina del Censo a la Junta Electoral y de la Junta Electoral a la Oficina del Censo? ¿Avisarán para que un representante de Esperanza Ciudadana pueda asistir y verificar la revisión de los casi 400 avales anulados?

Es para indignarse ¿o no? En primer lugar el incremento del porcentaje de firmas anuladas de las recogidas en noviembre pasado a las recogidas ahora es más que sorprendente, del 14 al 25 por ciento. En segundo lugar, un requisito como el de la necesidad de presentar firmas, supuestamente ideado para justificar cierta implantación social de los partidos, no puede imponerse de forma inflexible ¿acaso 18 firmas sobre 1.253 acreditan o no una mayor o menor implantación social? Y en tercer lugar, cuando se trata del ejercicio de derechos políticos básicos, de derechos constitucionales la administración tiene la obligación de facilitar su ejercicio y no erigirse como un muro o un obstáculo infranqueable. Si esto es una democracia moderna y participativa que venga Dios y lo vea.

Santiago de Munck Loyola
https://santiagodemunck.blogspot.com.es


lunes, 30 de mayo de 2016

ESPERANZA CIUDADANA PROPONE QUE OTEGI SEA DECLARADO “PERSONA NON GRATA” EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.

Nota de Prensa.
31-5--2016


Esperanza Ciudadana, partido político alicantino, propone que en los Plenos de los Ayuntamientos de la Provincia de Alicante sean aprobadas mociones, tal y como se ha hecho en varios municipios españoles, declarando a Arnaldo Otegi persona non grata.

El objetivo de estas mociones es dignificar la vida política, tan ensuciada por la visitas tanto a las instituciones catalanas como europeas por parte de un sujeto que se niega a condenar la violencia terrorista, así como rendir homenaje a la memoria de las cerca de mil españoles asesinados por la banda asesina etarra.


Es necesario que los ayuntamientos alicantinos se pronuncien rotundamente a favor de que ninguna institución pública contribuya a la proyección mediática de los que han sido condenados por pertenecer a organizaciones terroristas y a favor de que se promuevan las reformas legislativas necesarias para que, tanto en España como en las instituciones europeas, se impidan las invitaciones y la asistencia de sujetos cuya presencia atenta contra la memoria y la dignidad de las víctimas y de las propias instituciones democráticas.