Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña.

Desde hace décadas, gobernando la izquierda o la derecha en el Estado o en la Generalidad valenciana, lo cierto, y así lo indican todos los datos económicos, es que la Provincia de Alicante ha sido discriminada en todos los presupuestos, recibiendo menos de lo que le correspondía por su población y sus necesidades. La Provincia de Alicante ha venido siendo tratada como una provincia de segunda clase y ello ha sido especialmente significativo en el ámbito de las competencias de la Generalidad Valenciana. En los últimos 20 años la diferencia entre la renta media de los alicantinos y los valencianos se ha agrandado en perjuicio de los primeros. Hoy los alicantinos son más pobres respecto a los valencianos que hace 20 años. Es evidente que si una institución regional como la Generalidad Valenciana no logra disminuir las diferencias del nivel de vida entre los habitantes de sus territorios, sino que, al contrario, las agranda, es una institución fracasada. Sin ir muy lejos, hace tan sólo unos días el Consejo de la Generalidad redujo a la mitad el presupuesto del programa de Desarrollo Rural LEADER para la agricultura destinado a la provincia de Alicante, un tijeretazo de tres millones de euros menos para nuestra provincia.

A esta intolerable discriminación a la que incomprensiblemente están acostumbrados los políticos alicantinos hay que añadir ahora dos nuevas políticas de la Generalidad que ponen en peligro la propia identidad de la Provincia de Alicante. El tripartito que gobierna la Generalidad Valenciana compuesto por un partido socialista anémico e ideológicamente desnortado, por los “nacionalistas” de Compromis y los populistas-podemitas de València en Comú ha puesto en marcha, al amparo del extraño Pacto del Botánico, dos procesos claramente perjudiciales para nuestra Provincia que se suman a la discriminación económica de siempre.

De una parte, el tripartito de Valencia ha iniciado un procedimiento de centralización política para despojar de competencias a las Diputaciones Provinciales en determinadas áreas como se ha visto recientemente en el ámbito de la política turística, uno de los motores de nuestra provincia. Con ello, ponen claramente de manifiesto su aversión a todo lo que suene descentralización y alejan de los alicantinos la capacidad de toma de decisiones en sectores claves para nuestra provincia. Quieren y lo están haciendo que determinadas decisiones se tomen en Valencia y no en Alicante excusándose en la necesidad de coordinar ciertas políticas. Si eso fuera cierto, si tan importante es coordinar las políticas sobre turismo, por ejemplo, ¿Por qué no transfieren las competencias sobre turismo al Estado?

De otra parte, la nueva política de la Generalidad que pone en peligro la propia identidad de la Provincia de Alicante viene marcada por el sesgo catalanista que mantiene la propia composición del tripartito y al que no son ajenas algunas decisiones. Este sesgo catalanista no es sólo debido a Compromís o a la versión valenciana de Podemos, sino al propio PSPV con el presidente Puig al frente, responsable en última instancia del gobierno tripartito. Él es quien ha nombrado consejero de Educación a Vicente Marzà defensor de los llamados Países Catalanes y para quien “los Países Catalanes son una realidad más allá de lo que pinta el Estado...no solo cultural sino políticamente, y deberían serlo en un futuro todavía más” o para quien la Costa Blanca no es otra cosa que las playas del sur de los países catalanes.  Marzà, de la mano de los socialistas, está poniendo en marcha la inmersión lingüística en valenciano de modo que en el próximo curso alcanzará al 65% de las nuevas líneas. No es posible obviar que Vicente Marzà pertenece a la entidad Escuela Valenciana, una entidad subvencionada por la Generalidad de Cataluña, galardonada por su defensa del catalán y por su apoyo al referéndum independentista de Mas. Al tiempo que impulsan la inmersión lingüística eliminan los conciertos con la enseñanza privada sin ser capaces tan siquiera de ofertar las correspondientes plazas públicas.

Y tenemos el caso del Consejero de Transparencia Manuel Alcaraz para quien “un País Valenciano aislado es una utopía y sería una traición a su propia esencia. Si el País Valenciano quiere salvaguardar su personalidad ha de ser preservándose fiel a su catalanidad básica”. Defiende la “catalanidad” de Valencia y califica a España de “superestructura coercitiva”. No hay que olvidar además que este tripartito que también gobierna la Diputación de Valencia otorgó recientemente una subvención de 17.000 euros a la “Institució per al Foment de les Arts, Les Ciències i la Cultura”, ACPV,  una entidad supuestamente cultural que promueve en la Comunidad Valenciana las tesis de los “países catalanes”.

Este es el contexto en el que el progreso, el bienestar y la propia identidad cultural de nuestra Provincia se hacen insostenibles. El PP ni está ni se le espera salvo voces aisladas. Es hora de plantar cara, de reclamar instrumentos legales de gobierno que defiendan el derecho y la capacidad de los alicantinos de decidir por si mismos en aquellas cuestiones que constitucionalmente les pueden competer. Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña.

Santiago de Munck Loyola

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TIC, TAC, TIC, TAC.

Las manecillas del reloj no se detienen y siguen su inexorable avance. Pasan las horas y los días y cada vez queda menos tiempo para que se agote el plazo para convocar nuevas elecciones generales. Entre las muchas cosas que parece que han quedado claras es que el sistema previsto en nuestra Constitución para la formación de un Gobierno tras unas elecciones no es operativo, no responde a las necesidades de una Nación y un Estado como el nuestro en medio de una sociedad y una economía tan volátil. Hay que revisar el sistema y sus plazos porque es evidente que nuestro país no puede y no debe permanecer sin Gobierno durante más de siete meses.

Y así las cosas, a punto de expirar el plazo legal para poder formar un gobierno, los principales protagonistas, los principales responsables de lograrlo siguen prácticamente enrocados en sus posiciones iniciales. Mariano Rajoy atrincherado en su pírrica victoria del 20 de diciembre quejándose inútilmente de las constantes negativas del líder socialista Pedro Sánchez a negociar una gran coalición constitucionalista, mientras que aguanta, semana tras semana, la aparición de nuevos casos de corrupción que salpican al Partido Popular.

Por su parte, el encargado por el Rey de formar Gobierno, Pedro Sánchez, sigue anclado a tres postes: su pacto con Ciudadanos, su “no es no” al Partido Popular y sus patéticas e indignas súplicas a los Podemitas para que le aúpen a la Moncloa. Y quién sabe, vista su propia dignidad política, hasta donde habrá llegado en sus secretas conversaciones con los independentistas catalanes.

Su socio, Alberto Rivera de Ciudadanos se apresuró a firmar un pacto con los socialistas de Pedro Sánchez que, al margen de una escasa rentabilidad electoral, puede suponer una pesada carga ideológica y programática de cara a las nuevas elecciones del 26 de junio. Se ha mantenido firme en su veto a Podemos al igual que éstos con su veto a Ciudadanos. Y a última hora se ha descolgado con la peregrina propuesta de que sea un “independiente” quien presida el próximo gobierno. Da la sensación de que aquí lo único que cuenta es el “quien” y no el “cómo” y sobre todo el “para qué”. ¿Un independiente? ¿Con qué programa de gobierno? ¿Con un programa que no ha pasado por las urnas? ¿Con un refrito de programas? ¿Con qué apoyos parlamentarios? Si la solución pasa por un independiente, por un tecnócrata, es evidente que se reconoce abiertamente el fracaso de la política y de la capacidad parlamentaria de sus señorías.

El cuarto principal protagonista de este pesadisimo sainete, el Sr. Iglesias, junto con sus mareas y confluencias mantiene desde el primer día varias propuestas destinadas en el fondo a que no se pueda formar un gobierno, a pesar de que le una con PSOE y Ciudadanos el objetivo de impedir que siga gobernando quien ganó las elecciones pasadas. Desde su veto a Ciudadanos, a su exigencia de un referéndum independentista pasando por su peculiar forma de marcarle el paso al PSOE con reparto de sillones y ministrables incluidos, Iglesias, aunque se está dejando plumas errejonistas por el camino, anhela unas nuevas elecciones para sobrepasar al PSOE de la mano de IU que, de aceptar, firmará su sentencia de muerte política.

A todo esto, cuentan los medios de comunicación que los partidos políticos, en el más que probable caso de que se repitan las elecciones generales, no van a modificar sus candidaturas y volverán a presentar a los mismos candidatos. Ni PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos celebrarán primarias para designar nuevos candidatos. Por supuesto que en el PP seguirá funcionando la dedocracia en las listas y solo se verá obligado a modificarlas para quitarse de encima a algún que otro imputado. O sea que casi todos los 350 diputados que en cuatro meses han sido incapaces de lograr un acuerdo para formar gobierno van a repetir candidatura como premio a su incompetencia y falta de patriotismo. Una burla más de esta partitocracia y de esta casta incompetente a los votantes. Mientras tanto, Tic, Tac, Tic, Tac el reloj no se detiene.

Santiago de Munck Loyola

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Entre todos la mataron y ella sola se murió.

Rajoy no debe ganar para sustos. A uno o dos escándalos semanales de corrupción que salpican a políticos del PP no es para menos. ¡Vaya semanita! Primero el Ministro Soria que aparece en los papeles de Panamá con tres explicaciones distintas y después aparece con una sociedad en Jersey;  el Alcalde de Granada y la concejala de urbanismo detenidos por la policía, el Ayuntamiento patas arriba y todo ello con un despliegue y una escenografía como si se tratara de la detención de un comando yihadista y con bronca por medio entre el poder judicial y la policía que, al parecer, ha actuado por su cuenta; otro día Hacienda poniéndole las pilas fiscales al ex Presidente Aznar, multa incluida, por “haberse marcado un Monedero”; sin olvidar, claro, a Esperanza Aguirre descolgándose con la idea de que Felipe González pudiera ser propuesto para la Presidencia del Gobierno. Y la cosa no quedará seguramente ahí, porque con unas elecciones generales en ciernes dentro de poco más de dos meses, siempre y cuando el Sr. Pedro Sánchez no termine por entregarse abiertamente a podemitas e independentistas, es muy probable que afloren nuevos escándalos. Y cuando no se trate de escándalos siempre habrá algún notable del PP que se encargará de remover las aguas con declaraciones más o menos pintorescas,  bien presentando un libro o bien reclamando cambios internos en cuanto vislumbre que se puede quedar sin poltrona.

Lo que está ocurriendo era de esperar, es lo normal que tenía que ocurrir con un partido que funciona como funciona y que aún no ha hecho los deberes internos. Presume el gobierno del PP de haber aprobado en la anterior legislatura más medidas contra la corrupción que ningún otro gobierno. Y es posible que sea así. Pero el partido del Gobierno, el Partido Popular, no ha movido su estructura, sus estatutos y su funcionamiento interno ni un centímetro desde hace muchos años, demasiados. Es difícil aprobar un examen estudiando solo el día anterior. Hacen falta hábitos de estudio, constancia, muchas horas de codos para superar con tranquilidad un examen. Y eso no se ha hecho en el PP. Estamos asistiendo a la recolección de toda una cosecha de corruptos, pero no es espontánea, no es casual. Hace muchos años que sus semillas fueron sembradas gracias a unas estructuras internas que promocionan a los cargos públicos a través del “dedazo” a amiguetes, familiares, oportunistas o trepas y que han podido hacer lo que han hecho gracias también a unas estructuras internas que impiden el control de la militancia de esos cargos públicos. Los mismos Estatutos, las mismas estructuras internas y los mismos hábitos políticos que instalaron en cargos públicos a los Rus, los Granados, los Soria o los Matas, por citar solo algunos, siguen vigentes en el Partido Popular. Y las nuevas caras jóvenes y presuntamente regeneradoras del PP deben sus cargos y su protagonismo político a esos mismos Estatutos, a esas mismas estructuras internas y a esos mismos hábitos políticos que han propiciado el florecimiento escandaloso de los casos de corrupción.

La inmensa mayoría de la gente del PP es gente honesta, el PP cuenta con cientos de miles de afiliados honrados y trabajadores, pero lamentablemente pintan muy poco en el seno del partido. Y ello es así porque el PP lleva en su genética estatutaria todos los ingredientes para que los casos de corrupción no sean simples casos aislados. Y algo parecido le pasa al PSOE cuya distribución de poder territorial impone unos equilibrios internos que le impiden afrontar, entre otros, los mayores casos de corrupción de la historia de España: los Eres y los cursos de formación de Andalucía.

El centro derecha español necesita un partido limpio, democrático, fuerte, pegado a la calle y a las necesidades de la gente. Y, hoy por hoy, el PP no responde a esa necesidad, el PP ha aplazado cualquier reforma interna para el año que viene conformándose, de momento, con ser el refugio del voto del miedo y renunciando a ser la plataforma del voto de la esperanza, del cambio y de la solución de los graves problemas económicos, sociales, territoriales y éticos que ensombrecen el futuro de los españoles. Al PP lo están matando entre todos, sobre todo los de dentro, y se morirá seguramente celebrando una pírrica victoria.

Santiago de Munck Loyola

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La ¿monja? oportunista.

Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.

Al día de hoy y tal y como van las cosas, no podemos saber si antes del próximo 2 de mayo habrá o no acuerdo de gobierno de la mano del socialista Pedro Sánchez, pero una cosa es segura: si finalmente hay fumata blanca no será porque hayan prevalecido los principios políticos, sino más bien los cálculos electorales hechos sobre las previsiones ante una nueva convocatoria electoral.

Sabemos que el valor de la palabra de nuestros políticos, de la casta o de la nueva casta, es más bien escaso. Siempre encuentran algo que justifique sus constantes rectificaciones. Se han enfrascado en un juego de estrategias en el que lo que hoy se afirma con aplomo, mañana mismo puede ser matizado o desmentido según reaccionen los otros participantes en el juego. Basta recordar la evolución dialéctica del podemita Pablo Iglesias que es capaz sin soltarse la coleta del “yo no formaré parte de un gobierno que yo no presida” al “quiero la vicepresidencia y seis carteras con Pedro Sánchez de Presidente” y posteriormente al “si mi nombre es un obstáculo renuncio a la vicepresidencia”.

La cuadratura del círculo es uno de los viejos problemas de las matemáticas y de la geometría sin resolver. Estos días asistimos a un espectáculo esperpéntico ideado a mayor gloria de su promotor, el perdedor de las últimas elecciones generales, el Sr. Pedro Sánchez que pretende construir un gobierno triangular contando tan sólo con dos puntos posibles sobre el plano del tablero político. El Sr. Sánchez sólo cuenta hasta ahora con el acuerdo con Ciudadanos, un punto en el tablero. Y si renunciara a ese acuerdo quizás podría contar con un acuerdo con Podemos, otro punto y menudo punto del tablero político. Pero lo que le han dicho tanto Ciudadanos como Podemos, por activa y por pasiva, es que el triángulo amoroso no puede ser, que es imposible. Ciudadanos afirma de momento que un gobierno con Podemos es imposible, que ellos no estarían y que, incluso, no estando se opondrían a tal hipótesis. La negativa de Ciudadanos se irá fortaleciendo además en la medida que las encuestas le sean favorables para el caso de unas nuevas elecciones. Podemos, por su parte, le ha pedido al Sr. Sánchez dos cosas básicas: la vicepresidencia y seis ministerios y que se divorcie de Ciudadanos. Y además Podemos no va sólo, quiere un gobierno basado en el PSOE, en Podemos y en los independentistas.

Así que el Sr. Sánchez lo tiene francamente difícil para hacerse con la Presidencia del Gobierno. Un Gobierno triangular es imposible de todo punto porque imposible es mezclar el aceite con el agua. Y un Gobierno con Podemos, con el beneplácito de los independentistas está fuera de su alcance porque le costaría una rebelión a bordo de su propio barco que ya está bastante tocado después del batacazo histórico al que le ha conducido el liderazgo de D. Pedro Sánchez.

Así las cosas, parece evidente que sólo el miedo a que los ciudadanos volvamos a votar, como si fuese una enfermedad, estos demócratas y patriotas de boquilla sólo alcanzaran un acuerdo de gobierno forzados por las expectativas electorales, es decir, a golpe de encuesta. No nos engañemos, no se trata de responsabilidad porque de serlo así el Sr. Sánchez ya se habría reunido con el ganador de las elecciones, el Sr. Rajoy, para explorar la posibilidad de formar un gobierno, aunque fuese a dos años, que permitiese a España abordar con urgencia temas tan graves e importantes como el relanzamiento de la recuperación económica, la situación de los más de 4.100.000 parados, el terrorismo del DAESH, el déficit público o la crisis de los refugiados por citar sólo algunos de los temas más candentes. El Sr. Sánchez sigue empeñado en un imposible del mismo modo que el Sr. Rajoy sigue enrocado en el “no, sin mi” sin querer asumir que él es el principal responsable de los pésimos resultados electorales del PP el pasado 20 de diciembre y que, en cualquier democracia avanzada de nuestro entorno, habría supuesto su inmediata dimisión, al igual que habría ocurrido con el liderazgo del Sr. Sánchez.

Santiago de Munck Loyola

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¿Comunidad Autónoma de Alicante? ¿Por qué no?

Cuando se menciona la posibilidad de que la Provincia de Alicante se constituya en Comunidad Autónoma uniprovincial no son pocos los que se rasgan las vestiduras y se oponen a esa idea sin ofrecer argumentos de peso para descartarla. Pero lo más preocupante es que, al mismo tiempo, son incapaces de presentar alternativas para acabar con una realidad que es una situación injusta y discriminatoria para los ciudadanos de la Provincia de Alicante. Plantear que nuestra provincia se constituya como Comunidad Autónoma no es un acto de victimismo frente a esa discriminación política, social y económica que, gobierne quien gobierne, se practica desde Valencia y desde Madrid, sino que es el ejercicio de un derecho constitucional para la plena autonomía de la gestión de los intereses de los alicantinos. La autonomía uniprovincial no tiene por qué suponer la ruptura de vínculos culturales o históricos con la Comunidad Valenciana, pero sí que puede suponer la recuperación y potenciación de similares vínculos existentes con otras comunidades vecinas que han sido hasta ahora ignorados desde Valencia.

La propuesta de una Comunidad Autónoma uniprovincial para Alicante tiene su sustento en los propios principios que inspiran la organización territorial del Estado en nuestra Constitución. La descentralización, la autonomía en la gestión, el acercamiento de los centros de toma de decisiones al ciudadano, la justicia distributiva y la solidaridad territorial son principios constitucionales cuyo ejercicio no puede estar constreñido a un modelo concreto que a lo largo de su corta existencia ha demostrado, y las estadísticas están ahí para demostrarlo, que es claramente perjudicial para los intereses de los ciudadanos de nuestra Provincia. Esos mismos principios constitucionales son los que avalan y fundamentan la legitimidad de la pretensión de constituir una nueva Comunidad Autónoma por y para la Provincia de Alicante. ¿Por qué no pueden los alicantinos gestionar sus propios intereses en el marco constitucional sin tener que pasar por Valencia?

¡Menudo lío! Pensarán algunos. Otros dirán que lo que sobran son autonomías. Y realmente lo que sobran son competencias duplicadas o triplicadas, lo que sobra es el despilfarro de los recursos públicos, lo que sobra es la sustitución del centralismo de Madrid por el de Valencia. En estos días venimos escuchando cómo algunos partidos pactan la desaparición de la Diputaciones Provinciales, una de las administraciones más cercanas a los ciudadanos, lo que en el fondo no es otra cosa que una involución política, una recentralización de carácter regional. Esa desaparición de las Diputaciones sería la puntilla para la defensa de los intereses de nuestra Provincia.

Imaginemos que Alicante se transforma en Comunidad Autónoma. Los ciudadanos de nuestra Provincia soportaríamos el peso de una administración menos sobre nuestras cabezas. La Diputación pasaría a ser el Gobierno Autónomo y absorbería determinadas competencias que hoy están en manos de la Generalidad Valenciana y podría devolver al Estado aquellas competencias cuyo coste sea excesivamente gravoso para los ciudadanos o que supongan un riesgo de quiebra del principio de igualdad entre todos los españoles. Las decisiones  que nos afectan y que son de competencia autonómica no se tomarían en Valencia, sino en Alicante. La cercanía política al ciudadano y la descentralización administrativa serían mucho mayores de lo que son hoy en día. La racionalización de la distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos no puede ni debe pasar por una nueva recentralización en favor de las Comunidades Autónomas sino por dos ejes básicos: una nueva redistribución de competencias que favorezca el principio de igualdad de derechos y obligaciones de los españoles y un fortalecimiento de las administraciones más cercanas al ciudadano.

España no puede seguir soportando por mucho tiempo un modelo territorial caro y disgregador como el actual. La propuesta de constitución de una Comunidad Autónoma para nuestra Provincia responde, aunque a algunos no les parezca, a la necesidad de dar solución a las necesidades de los alicantinos desde una estructura más eficiente, más cercana y más comprometida con la idea de una España moderna, fuerte y plural. La quinta provincia española en población y en PIB tiene la entidad histórica y la capacidad suficientes para asumir esa propuesta. Sólo falta la voluntad de los alicantinos. Y no debemos olvidar que más Alicante es más España.

Santiago de Munck Loyola

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