La decisión del Gobierno español
de acoger en Valencia al barco Acuarius con 630 inmigrantes tras la negativa de
los demás países europeos a hacerlo ha desatado la polémica en las redes
sociales. Durante muchos días se han difundido muchas noticias al respecto
algunas falsas y otras ciertas que evidencian que esta decisión no ha sido indiferente
para la mayoría de los ciudadanos. No se trata de una cuestión baladí. Al
contrario, sus implicaciones y consecuencias son muy complejas y, ante todo, es
preciso analizarlas con la máxima objetividad y desde los principios y valores
de cada cual.
El caso del Acuarius hay que
enmarcarlo en el ámbito de la excepcionalidad, pero su tratamiento mediático
por parte del Gobierno de España y de otras administraciones públicas deja
mucho que desear.
En primer lugar porque es indudable, como han
reflejado las cifras del último fin de semana, que ha provocado un efecto
llamada, casi 1000 inmigrantes ilegales más en 48 horas. En segundo lugar, porque el Gobierno de Pedro
Sánchez se precipitó y expresó su intención de otorgar a estos inmigrantes del
Aquarius el estatus de “refugiados”, lo que implica que éstos no sean enviados
a los Centros de Internamiento, ni devueltos a sus países de origen y además
tendrán acceso a otra serie de derechos recogidos en la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados.
Tras esa precipitación
publicitaria resulta que al día de hoy aún no se sabe cuántos de los 630 inmigrantes
del Aquarius recibirán tal condición, sobre todo después de que la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) avisase al Gobierno de que no hay
precedente de una concesión masiva como la que pretendía y subrayan que deben
ser analizadas individualmente las necesidades de cada persona y las
circunstancias de su país de origen. Según la Agencia de la ONU para los
Refugiados aquellos rescatados del Aquarius que reciban el estatus de
“refugiados” podrán ser receptores de un empleo remunerado, una vivienda o de
libertad de circulación, entre otras cosas. Sin embargo, las personas que salen
de su país por pobreza o por motivos económicos no pueden ser considerados
refugiados, tan sólo inmigrantes. Y es que, además, los países de origen de
estos inmigrantes son Afganistán, Argelia, Camerún, Chad, Eritrea, Etiopía,
Gambia, Ghana, Guinea (Conakry), Guinea Bissau, Costa de Marfil, Mali,
Marruecos, Níger, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sierra Leona, Sudán (Norte),
Bangladesh, RD Congo, Liberia, Somalia, Sudán del Sur, Togo y Comoras, algunos
de los cuales hacen muy difícil la posibilidad de conceder el estatus de
refugiado. Y a mayor abundamiento hay que recordar que al día de hoy el
Gobierno tiene pendiente de resolver 40.000 solicitudes de “refugiados”.
La llegada de inmigrantes
ilegales sea en la modalidad de pateras o de barcos fletados por ONG’s debe ser
considerada y resuelta en el ámbito de una política global sobre inmigración
coordinada a ser posible con la Unión Europea y subrayo lo de “a ser posible”
porque ante todo hay que defender los derechos de los ciudadanos españoles que
son en última instancia quienes soportarán los costes y los beneficios y
perjuicios de cualquier política inmigratoria.
No se trata de abanderar la
solidaridad o el aislamiento como únicos
criterios para diseñar y establecer la política de inmigración, porque existen
una serie de consideraciones a tener en cuenta:
- - Los derechos y los intereses de los ciudadanos
españoles deben primar ante todo.
- - Los españoles tenemos derecho a preservar
nuestra identidad cultural. Existen líneas rojas que sectores de inmigrantes no
están dispuestos a respetar (primacía de la legislación civil sobre las normas
religiosas, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, libertad de culto,
etc.) y que, por tanto, no son integrables. La multiculturalidad es un fracaso
tan evidente como la Alianza de Civilizaciones.
- - La escasez de recursos públicos que exige
priorizar su destino en primer lugar hacia los contribuyentes y, en segundo
lugar, hacia los españoles en general. Papá Estado no puede simultáneamente
gastar 1.100 millones de euros en extender la asistencia sanitaria gratuita de
forma universal, revalorizar las pensiones según el IPC, subir las pensiones
mínimas hasta el SMI, pagar pensiones no contributivas a 150.000 extranjeros,
garantizar vivienda pública para los españoles y a la vez para extranjeros,
mantener a 25.000 delincuentes extranjeros en las prisiones sin quebrar la
hacienda pública al mismo tiempo.
- - La ingente cantidad de recursos públicos
destinados a atender a la inmigración ilegal deben ser invertidos en los países
de origen de los inmigrantes.
- - Muchas ONG’s han convertido las ayudas públicas
en un tremendo negocio. Y aquellas que se dedican a recoger barcos de
inmigrantes están haciendo el juego a las mafias de traficantes. Es evidente
que los inmigrantes deben ser rescatados pero una vez salvadas sus vidas, en
lugar de ser traídos a Europa, deberían ser devueltos al puerto de origen. La
Unión Europea debería abrir centros de acogida en los países-puertos de salida.
La inmigración ilegal constituye
un auténtico problema para los países occidentales. Es un hecho indiscutible. Y
no podemos olvidar que en su progresivo incremento influyen no sólo los
conflictos armados en los países de origen y la pobreza, sino también y sobre
todo la existencia de mafias de tráfico humano que la incentivan y alientan de
forma incesante.
Sé que discrepar de lo políticamente
correcto acarrea inevitablemente ser tachado de racista o de xenófobo. Pero no
es así, de lo que se trata es de controlar y regular una inmigración que, hoy
por hoy, es necesaria para el desarrollo de muchos países occidentales.
Compartir nuestros recursos con los inmigrantes legales es beneficioso para
ambas partes, pero los países de acogida, los ciudadanos españoles en nuestro caso
tenemos derecho a priorizar a aquella inmigración que por razones culturales,
históricas, sociales o religiosas garantice una integración real y no el
desarrollo de guetos que pongan en riesgo nuestra identidad cultural y
religiosa.
Santiago de Munck Loyola
