
El diario digital http://www.elconfidencial.com publica
hoy un artículo, que por su interés reproduzco a continuación, y en el que
avanza el contenido del libro del periodista Sergi Castillo que se presentará
el próximo 3 de diciembre haciendo un repaso bastante completo del mugriento
panorama de escándalos y corrupción que muchos cargos públicos del Partido
Popular han dejado a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana.
A su vista, no parece muy prudente hablar de casos aislados para tratar de
exculpar a los responsables de una organización política cuya inmensa mayoría
de miembros está compuesta por personas honradas y decentes, aunque eso sí,
también hay que decirlo, por personas profundamente acobardadas porque rechazando
como rechazan estas sucias conductas las avalan con su silencio y su pasiva complicidad.
Los autores de esta larga lista de hechos y sus jefes son los responsables
además de una mala gestión de las administraciones públicas valencianas que se
ha traducido en su quiebra y que se ha debido, sobre todo, a un constante y
sistemático incumplimiento de los principios éticos del Partido Popular y de
sus programas electorales. Es evidente que cuando la política se convierte en
el modus vivendi de gente sin escrúpulos, sin ideología y sin preparación
intelectual y técnica termina ocurriendo lo que aquí ha ocurrido. Se gobierna
sin guías políticas, sin objetivos programáticos y a golpe de ocurrencia, de encuestas
o de pelotazos. No lo dice un servidor de forma gratuita, lo dicen los hechos.

Y es este ambiente de impunidad
total, de servilismo al superior, de mercenarios de la política y de
indocumentados con traje y gomina en el que tanto aprovechado se mueve tan a
gusto es en el que ha florecido lo peor de lo peor. Y a la responsabilidad
individual de cada uno de los implicados hay que sumar la responsabilidad
corporativa encarnada en los dirigentes populares quien han consentido,
ignorado o avalado con su pasividad todo ello y, lo que es peor, han expulsado
del Partido Popular a quienes hemos venido reclamado más honradez, más
ejemplaridad y más democracia interna que es, en el fondo, el verdadero
antídoto contra la corrupción. En este sentido Alberto Fabra en la Comunidad y José Ciscar
en Alicante son los impulsores y los promotores de las expulsiones de quienes
reclamamos la regeneración del Partido Popular y, por tanto, son los auténticos
cómplices políticos de quienes manchan y siguen manchando el buen nombre el
Partido Popular.
El saqueo de Valencia: el PP ya
tiene 100 imputados por corrupción en la comunidad.
José L. Lobo
Expresidentes y vicepresidentes de la Generalitat,
exconsejeros autonómicos, altos cargos, diputados provinciales, alcaldes,
concejales, funcionarios... El virus de la corrupción se ha contagiado a todas
las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana,
controladas por el PP desde hace casi dos décadas; y la lista de imputados
crece sin parar, en un bucle que parece no tener fin. Ya son más de 100 los
señalados por la justicia, un auténtico récord para una región que apenas
supera los cinco millones de habitantes.
"No son Alí Babá y los 40 ladrones; son muchos más", afirma
irónicamente el periodista Sergi Castillo, que el próximo 3 de diciembre
presentará en Madrid Tierra de saqueo, un exhaustivo trabajo de investigación y
documentación en el que destripa el cáncer de la corrupción en la Comunidad Valenciana,
que se ha extendido como en ninguna otra región hasta alcanzar todas las
terminales del poder político. Y que ha alcanzado una fase terminal que puede
resultar letal para las aspiraciones electorales del PP, tanto en Valencia como
en el resto de España.
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"Mi libro es, en realidad, una obra colectiva", asegura
Castillo, "porque parte de las investigaciones previas de varios medios de
comunicación, entre ellos El Confidencial". El hilo conductor que le ha
servido para desenredar el ovillo de la corrupción ha sido la rama valenciana
del caso Gürtel. Pero las tramas del saqueo son muchas más: los casos Nóos (que
tiene también bajo sospecha al expresident Francisco Camps y a la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá), Brugal, Emarsa, Cooperación, Terra Mítica, aeropuerto
de Castellón, Canal Nou...
La lista negra de la corrupción supera ya los 100 imputados. Entre
ellos, un expresidente de la
Generalitat (José Luis Olivas, que también fue presidente de
Bancaja), dos exvicepresidentes (José Víctor Campos, ya condenado en el llamado
caso de los trajes, y Vicente Rambla), cinco exconsellers (Rafael Blasco,
Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Fernando Cartagena,
también condenado), nueve diputados autonómicos y un sinfín de altos cargos de
empresas públicas controladas por la Generalitat.
En ese sombrío listado del saqueo de las arcas públicas aparecen
también una expresidenta de las Cortes Valencianas (Milagrosa Martínez, que fue
además consellera de Turismo), un exsecretario general del PP regional (Ricardo
Costa, antiguo hombre de confianza del expresident Francisco Camps y hoy
enfrentado a él), dos expresidentes provinciales del partido (Carlos Fabra, de
Castellón, y José Joaquín Ripoll, de Alicante), los actuales alcaldes de estas
dos ciudades (Alfonso Bataller y Sonia Castedo) y varias decenas de alcaldes,
directores generales y jefes de gabinete.
Todos ellos están imputados por un repertorio de delitos que van de la
prevaricación al tráfico de influencias, pasando por el cohecho, la
malversación, la estafa o el blanqueo de capitales. Y hasta el abuso sexual:
Vicente Sanz, exsecretario general y jefe de personal de Radio Televisión
Valenciana (RTVV), abusó de varias trabajadoras de Canal Nou con amenazas y
falsas promesas de ascensos laborales. El auto de procesamiento recoge frases
como esta: "Mostró su sexo erecto y le decía: dame una chupaeta". El
expresident Eduardo Zaplana buscó a Sanz un retiro dorado en la televisión
pública tras verse implicado en un escándalo urbanístico y pronunciar una frase
inolvidable: "Estoy en política para forrarme".
Rebelión y deslealtad
El presidente de la
Generalitat, que aún no ha pasado el trago amargo del cierre
de la radiotelevisión pública (cinco de cuyos exdirectivos están imputados), se
enfrenta ahora a una rebelión en sus propias filas protagonizada por aquellos a
los que ha salpicado de lleno la corrupción. Nada menos que nueve diputados
autonómicos del PP lo están, y Alberto Fabra ya ha advertido a todos ellos que
no repetirán en las candidaturas del partido para las elecciones autonómicas y
municipales de 2015. Ni ellos ni ningún otro cargo bajo escrutinio judicial.
Los nueve parlamentarios imputados no tienen nada que perder, porque
saben que ya no ocuparán su escaño en la próxima legislatura. Por eso se
permiten incluso exhibir en público su deslealtad hacia Fabra, promoviendo, en
contra del criterio de su propio líder, el indulto para otro imputado y ya
condenado por corrupción: el exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado
autonómico Pedro Hernández Mateo. Nada menos que 45 de los 54 parlamentarios
del PP pidieron la semana pasada esa medida de gracia para Mateo, que está a
punto de ingresar en prisión por prevaricación.
Santiago de Munck Loyola