La traición socialista.

Sin duda, la noticia política de la semana ha sido la decisión del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de ceder senadores socialistas a dos formaciones independentistas, Esquerra Republicana de Cataluña y Democracia y Libertad, la heredera de la corrupta Convergencia Democrática del Sr. Mas, para que puedan formar grupo parlamentario propio en el Senado y, con ello, que puedan contar con más tiempo y más dinero para seguir atacando a la unidad de España. Esta decisión socialista, que debería marcar un antes y un después en la historia del PSOE, no puede analizarse fuera del contexto actual en el que nos movemos, un contexto excepcional en el que el desafío a la soberanía nacional y a la unidad de España es más fuerte que nunca y en el que la búsqueda de un gobierno estable, tras los resultados de las elecciones generales del 20 de diciembre, no puede justificar semejantes trapicheos con los enemigos de España.

Pedro Sánchez y algunos portavoces socialistas se han apresurado a justificar esta sorprendente decisión apelando a los antecedentes existentes y a la llamada "cortesía parlamentaria" que, en realidad, no es otra cosa que un fraude de ley, burlando el Reglamento de la Cámara Alta para conceder lo que las urnas no han concedido. Y la desfachatez llega a su cima con la justificación esgrimida por el número dos socialista, César Luena, cuando vincula esta decisión a los “anhelos de los españoles”. Pero ¿de dónde ha salido este individuo? ¿cómo se puede tener tanta cara dura?

El primer y gran reto que tiene España es la defensa de la soberanía del pueblo español, el fundamento de la legitimidad de todas sus instituciones democráticas, que está siendo sistemáticamente atacada por los independentistas poniendo con ello en juego todo lo demás, recuperación económica incluida. Resulta incomprensible que partidos políticos como el PSOE no sólo no sean capaces de subordinar sus políticas partidistas a esa defensa de la soberanía de los españoles, sino que además colaboren activamente con quienes quieren dinamitarla. Se trata de una traición en toda regla. No caben los matices.

Y ante esta espuria maniobra socialista no basta con su denuncia pública como reiteradamente vienen haciendo los dirigentes del Partido Popular, sino que hay que utilizar o intentar utilizar todos los medios y mecanismos legales de los que se dispone. El Partido Popular dispone de una amplia mayoría absoluta en el Senado y puede y debe usarla porque estamos ante una situación excepcional. Si una interpretación fraudulenta del reglamento del Senado es la que facilita que los socialistas consuman esta traición al electorado y a España, refórmese ese mismo Reglamento para impedir o, en su caso, disolver aquellos Grupos Parlamentarios que se constituyan con senadores prestados. Es una cuestión de decencia y de voluntad política que, además, se ajustaría mucho más a los resultados de las urnas que, con las reglas de juego vigentes, no otorgaron a los independentistas la posibilidad de tener Grupo Parlamentario propio en el Senado.

Los 124 senadores del Partido Popular tienen la obligación política y patriótica de anunciar e intentar la reforma del Reglamento del Senado para deshacer la inaceptable decisión de Pedro Sánchez. No basta con lloriquear ni con rasgarse las vestiduras, hay que transformar en decisiones políticas lo que es de sentido común y devolver así al Senado y a los votantes la dignidad que los socialistas les han arrebatado. Los principios se demuestran con hechos. Y, si no lo hacen, mejor que se callen.

Santiago de Munck Loyola

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La autonomía uniprovincial: una solución para Alicante.

Padecer una situación de injusticia permanente, conocer las causas que la originan, reconocer el problema de fondo y no afrontarlo adoptando las medidas que están en nuestra mano para solucionarlo es bastante anormal. Esa situación puede darse en muchas circunstancias y ocasiones de cada persona pero cuando la elevamos a la categoría de lo público resulta, cuando menos, una anomalía social. Veamos.

Los ciudadanos que vivimos en la Provincia de Alicante padecemos desde hace décadas una situación de discriminación permanente por parte del estado y de la Generalidad Valenciana. No somos tratados ni económica, ni políticamente de acuerdo con la importancia económica y demográfica de nuestra provincia. Somos tratados de forma injusta y no como debería corresponder a la quinta provincia por volumen de su Producto Interior Bruto o por el volumen de su población. Todos los indicadores de los datos económicos y sociales así lo señalan y no son discutibles: rentas y pensiones por debajo de la media española, asistencia sanitaria, educativa o social por debajo de la media, inversiones públicas en el furgón de cola, etc. Son tantos años de discriminación negativa en las inversiones en nuestra Provincia que bien podemos hablar de la existencia de una enorme deuda histórica con Alicante, deuda del estado y deuda de la Generalidad Valenciana. Y esta injusta situación la sufrimos directamente, en nuestros bolsillos y en nuestro nivel de bienestar.

Cada vez son más las voces autorizadas las que desde distintos ámbitos de la Provincia se suman al reconocimiento y a la denuncia de una situación a todas luces injusta, la permanente discriminación de nuestra Provincia. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el ámbito de la vida política, pocos son los representantes políticos que denuncian esta situación, sobre todo porque se deben más a los aparatos de sus partidos, a sus jefes, que a los ciudadanos. Y cuando mencionan la discriminación de Alicante lo hacen sólo para usarla como arma arrojadiza contra el gobierno de turno, sea en Madrid o Valencia. Pero ¿alguno plantea una solución política? Porque lo cierto es que salvo esos lamentos ocasionales ninguno de nuestros representantes políticos ni ninguno de los partidos políticos con representación pone una solución encima de la mesa. Y haberlas las hay.

No hay ninguna razón económica, histórica, política o social que justifique el hecho de que los alicantinos tengamos que soportar sobre nuestras espaldas una administración pública más que los madrileños o nuestros vecinos murcianos, por poner un ejemplo. Sobre nuestras espaldas recae el peso de sostener con nuestros impuestos a los Ayuntamientos, a la Diputación, a la Generalidad Valenciana y al Estado. Costeamos cuatro administraciones españolas mientras que otros sólo tienen que sostener a tres administraciones. Si ello nos reportase ventajas mercería la pena, pero cuando se comprueba que la Generalidad Valenciana no cohesiona su territorio ni económica, ni socialmente, cuando se constata que lleva veinte años invirtiendo por habitante menos en Alicante que en las dos otras provincias y que las decisiones trascendentes para nuestra Provincia se toman en Valencia y no en Alicante, parece evidente que no merece la pena. La solución política a estos problemas pasa por tener voz propia en Madrid y por constituir una Comunidad Autónoma uniprovincial. Esperanza Ciudadana es el único partido que pone sobre la mesa una posible solución. No basta con lamentarse, no es suficiente con quejarse. Hay que ofrecer soluciones y ésta es una propuesta absolutamente constitucional que puede dar salida a un grave problema por todos reconocido.

Alicante tiene capacidad de sobra para administrar por si misma las competencias autonómicas que quiera asumir y eso también es una evidencia. Tenemos los argumentos y la capacidad para hacernos oír directamente en Madrid sin tener que pasar el filtro de Valencia. Tenemos la capacidad para tomar las decisiones competenciales aquí sin tener que someternos a las decisiones de Valencia. No se trata de romper los vínculos culturales que unen a parte de nuestra con Valencia, ni tienen por qué romperse con la Constitución en la mano. No se trata de enfrentar a nuestra Provincia con otras, ni de renunciar a la pluralidad y a la riqueza y variedad cultural de nuestra Provincia. Se trata de acercar a los alicantinos a la toma de decisiones políticas, de llevar directamente la voz de Alicante ante el Estado, de eliminar una carga administrativa de nuestras espaldas, de lograr una mayor eficiencia en la gestión pública, de eliminar innecesarias duplicidades, de hacer realidad la igualdad de derechos y de obligaciones entre todos los españoles y de hacer una realidad la tan manida como ignorada solidaridad territorial. Se trata, en definitiva, de aprovechar y usar en beneficio de Alicante los legítimos instrumentos que la Constitución pone a nuestra disposición. Podemos seguir quejándonos, lamentándonos y denunciando lo evidente, pero si no actuamos de nada servirá.

Santiago de Munck Loyola

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Incertidumbre política.

Ha pasado una semana desde la celebración de las elecciones generales y el horizonte de la gobernabilidad de España sigue tan nublado o más a como lo estaba a la luz de las encuestas electorales previas. El resultado electoral dejado por las urnas es sumamente complejo y, sea cual fuere, la combinación de partidos que sea capaz de formar un gobierno, todo parece indicar que la legislatura no se agotará. En lo que parecen coincidir los expertos económicos es en que este complejo resultado electoral, además de entorpecer la formación de un Gobierno sólido, puede ralentizar la incipiente y frágil recuperación económica y restar al crecimiento de nuestra economía entre medio punto y un punto del PIB. Algunos economistas van más lejos y calculan que hasta la mitad del avance previsto de crecimiento para el 2016,  el 3% estimado, puede perderse.

Así que los resultados de la jornada electoral nos dejan como regalo no sólo la incertidumbre de la gobernabilidad, sino también y unido a ello un frenazo económico para el año 2016. Mariano Rajoy y su equipo son los responsables del pésimo resultado electoral obtenido por el Partido Popular. Han dinamitado a la derecha española y han puesto en serio peligro la gobernabilidad de España y la recuperación de su economía. Está claro que no se trataba sólo de arreglar la economía sino de hacer Política, de cumplir el programa, de atender a las personas, de abrirse a la sociedad, de escuchar a la militancia, de democratizar el partido y de combatir la corrupción. No han sabido, querido o podido hacerlo y ésto es lo que han cosechado. Desde la soberbia no se puede gobernar. Y si no leen bien los resultados, si se duermen en la autocomplacencia terminarán por destruir lo que tantos años y esfuerzos costó a decenas de miles de honrados militantes populares. La falta de autocrítica en las filas populares es asombrosa y constituye, en todo caso, el anticipo de nuevas y mayores derrotas. “Hemos ganado” repiten machaconamente los voceros populares y se conforman con ello en lugar de ponerse manos a la obra para corregir todo aquello que les ha llevado a perder la confianza de más de 4 millones de ciudadanos. Ser los primeros no es ganar cuando se trata de poder o no gobernar. En cualquier democracia avanzada un candidato que pierde 65 escaños y 4 millones de votos presentaría inmediatamente su dimisión al frente de su partido.

Y otro tanto ocurre con el principal partido de la oposición. “Hemos salvado los muebles” dicen y no se plantean por qué un partido que ha sido un pilar básico del sistema político no ha sido capaz de rentabilizar su labor de oposición y ha perdido 20 escaños y 1,5 millones de votos. En Gran Bretaña, en Francia o Alemania un líder de la oposición que hubiese cosechado el mismo resultado que Pedro Sánchez ya habría dimitido de forma inmediata e irrevocable.

La falta de reacción de los dos grandes partidos a la hora de reconducir las estrategias y las políticas que les han llevado hasta estos malos resultados ¿querrá decir que son incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos y que son irrecuperables como instrumentos para canalizar la participación política de los ciudadanos? Sólo el tiempo lo dirá aunque los primeros signos no son alentadores. Algunos dan ya por muerto el bipartidismo imperfecto que venía imperando en nuestro sistema político pero no parece que el grado de consolidación y de cohesión de los partidos llamados emergentes sea aún lo suficientemente alto como para lograrlo.

Tenemos por delante unas semanas bastante intensas en las que observaremos los movimientos tácticos de cada partido para intentar la formación de un gobierno más o menos estable. Ya de antemano hay que resaltar el trazado de las famosas “líneas rojas” por parte de algunos. Destacan las de Ciudadanos por un lado respecto a Podemos por la voluntad manifiesta de esta formación de romper la soberanía nacional y por otro las propias de Podemos tratando de imponer al PSOE, como condición ineludible para cualquier pacto, que los socialistas traguen con la ruptura de la soberanía nacional y acepten la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Veremos donde queda todo. Mientras tanto mejor mantenerse en modo “pre-elecciones” por si acaso.

Santiago de Munck Loyola

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No votar a Adela Pedrosa, candidata del PP al Senado por Alicante, cuestión de higiene democrática.

En la mayor parte de las ocasiones, a la hora de votar, una gran parte de los ciudadanos eligen la papeleta de la candidatura que presenta el partido de sus preferencias sin conocer a los candidatos que forman parte de la misma. Por ello, muchos partidos y, en especial el Partido Popular, nos proponen listas elaboradas e impuestas desde Madrid sin contar con sus bases e incluyen en las mismas incluso a personas sin vinculación en la provincia por la que se presentan. Tienen que colocar a alguien y lo colocan sin cortarse situándolo en cualquier Provincia tenga o no vinculación con ella. Después no hay que extrañarse cuando esos diputados electos pasan olímpicamente de las necesidades de su circunscripción electoral. Al fin y al cabo su compromiso no está con los electores, sino con el partido y con quienes a base de “dedazo” les han situados en las listas.

Buen ejemplo de ello han venido siendo las sucesivas candidaturas que el PP ha venido presentando por la Provincia de Alicante. La presencia de “cuneros”, candidatos que se presentan a las elecciones por un distrito electoral al que no pertenecen, ha sido una constante en las candidaturas del Partido Popular de Alicante. Así, la candidatura popular al Congreso por Alicante estará de nuevo encabezada por un cunero, José Manuel García-Margallo y Marfil, que lo mismo vale para ser diputado por Valencia que por Alicante, y en la misma se incluye a personas como Julieta de Micheo Carrillo-Albornoz, amiga y colaboradora de otro ilustre cunero por Alicante, Federico Trillo, y cuyo paso por el Congreso en esta legislatura como diputada por Alicante se ha caracterizado por sus ausencias parlamentarias (tenía que ayudar a D. Federico en la embajada en Londres) y por no haber presentado ni una sola iniciativa sobre Alicante. Y es que la larga mano del Sr. Trillo aún llega lejos.

Y llega tan lejos la “opusina” mano de D. Federico Trillo que ha conseguido situar como nº 1 al Senado por Alicante a otra protegida suya, a Dª Adela Pedrosa, prototipo del pluriempleo político, del oportunismo y de la incompetencia. Tras perder la Alcaldía de Elda en mayo pasado, el “regenerador” del PP, Sr. Ciscar, la colocó rápidamente (no fuera que tuviese que buscar un trabajo fuera de la política) a través de la Diputación en un cargo de confianza. Todo ello con el inestimable apoyo de Ciudadanos de Alicante, otros presuntos regeneradores de la política. 

Hay que recordar que Dª Adela Pedrosa, ahora candidata al Senado por el PP, inició su vida política en 1995 como concejala de fiestas y participación ciudadana en Elda. En 1999 CC OO denunció en los tribunales que el Hospital de Elda había contratado de forma irregular a la edil, Adela Pedrosa, como auxiliar administrativa y tras varias sentencias Adela Pedrosa tuvo que dejar el trabajo que había conseguido de forma irregular. El PP la premió entonces con el puesto de Asesora de Medio Ambiente de la Diputación de Alicante, colaborando con el diputado provincial José María Rubio. No es que fuera una especialista en medio ambiente, pero eso no importa.

Sin estudios superiores ni especialidad técnica alguna Dª Adela Pedrosa ha sabido moverse, trepar, medrar y acaparar cargos a costa de las siglas del PP. Y fue capaz de simultanear los siguientes cargos públicos sin despeinarse:

-          Diputada en el Congreso por la Provincia de Alicante.

-          Vicepresidenta Segunda de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.

-          Alcaldesa del Ayuntamiento de Elda.

-          Vicepresidenta de la Mancomunidad intermunicipal del Valle del Vinalopó.

-          Presidenta de la “Fundación Museo del Calzado”.

-          Presidenta de la Empresa Pública IDELSA.

-          Presidenta de la Empresa Pública EMUDESA.

-          Presidenta de la Empresa Pública EMIDESA.

-          Diputada Provincial de Alicante.

-          Vicepresidenta Primera de la Diputación de Alicante.

-          Diputada Responsable del Área de Recursos Humanos de la Diputación de Alicante.

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El pasado mes de junio, Pedrosa tuvo que declarar como imputada por un presunto delito de injurias y calumnias. Es una de las personas citadas en los informes de la UDEF como pagadora en dinero negro a la trama Gürtel, pero todo ello no ha sido obstáculo alguno para que siga en política activa y ahora pretenda, y lo conseguirá lamentablemente, representar a nuestra Provincia en el Senado (una razón más para promover su cierre).

Si esta es la regeneración política que el Sr. Ciscar, Presidente Provincial del PP, y los demás líderes populares pretenden vender a los ciudadanos, que venga Dios y lo vea. Sólo por decencia e higiene democrática, los alicantinos que no somos de izquierdas tenemos que tener especial cuidado a la hora de elegir a los senadores y no olvidar que lo mejor que podemos hacer es, desde luego, no votar a la candidata nº 1 al Senado por el Partido Popular, Dª Adela Pedrosa Roldán. Se merece un buen descanso en su casa y los alicantinos también.

Santiago de Munck Loyola

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Un debate poco edificante.

No es que hubiese demasiadas expectativas en torno al debate entre el aspirante a Presidente, Pedro Sánchez, y el Presidente en funciones, Mariano Rajoy pero los ecos del mismo no son precisamente edificantes. Ni el moderador, ni el formato del debate contribuyeron a que se desarrollase de una forma constructiva. ¿Qué ha quedado tras el debate? Sobre todo, de un lado, los insultos, la mala educación y la negra visión de España del aspirante Pedro Sánchez. Y, del otro, la falta de reflejos, “la linde” de la economía y la aparente ausencia de ilusión y de capacidad de ilusionar del Presidente en funciones, Mariano Rajoy.

Lo peor del debate fueron las continuas interrupciones sobre todo de Pedro Sánchez que vinieron a subrayar su falta de estilo y su mala educación. No se trataba del ardor juvenil de un contendiente, sino de simple y puro “macarrismo político” como bien ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Ha sido el empleo de una estrategia dialéctica premeditada, perfectamente calculada que no ha considerado el imprescindible respeto a los espectadores. Resulta cansado y tedioso tratar de escuchar los argumentos de una persona si su interlocutor le está interrumpiendo a cada momento y no de le deja acabar ninguna frase. Se ha devaluado tanto la política con las apariciones de los políticos en cualquier programa de variedades que el Sr. Sánchez debió de confundir el debate con las tertulias de “Sálvame”. No se trata ya de una falta de respeto al adversario político, sino, sobre todo, de una falta de respeto a los ciudadanos que estamos presenciando el debate. España no se merece a un Presidente con tan poca educación y tan bajo perfil intelectual.

Tampoco parece que se merezca a un Presidente incapaz de rebatir con agilidad las continuas falsedades esgrimidas por su oponente, incapaz de explicar la diferencia entre un rescate a España, como el padecido por nuestros vecinos portugueses o por los griegos, y un rescate a parte de la banca. Mariano Rajoy fue fiel a lo que ha venido haciendo a lo largo de la legislatura, seguir “la linde” de la economía y olvidarse de que también existe “la política”. Parece como si su capacidad de gobernar fuera limitada, o la economía o la política, pero no las dos cosas a la vez. Si algo ha distanciado al Partido Popular de muchos de sus votantes a lo largo de estos cuatro años no ha sido sólo el tener que aplicar duras recetas económicas en contra de todo lo prometido para tratar de arreglar los destrozos del Sr. Zapatero, sino “los Bolinaga”, la reforma de la legislación sobre el aborto, el Plan Hidrológico Nacional, la Memoria Histórica o el mantenimiento del estatus autonómico, amén de la corrupción en todos los niveles. La falta de ejemplaridad de la clase política se ha reflejado especialmente en líderes populares por simple cuestión de número ya que nunca un partido político había ostentado tanto poder como el PP hasta mayo de este año.

En definitiva, hemos presenciado un debate malo, poco constructivo, sin propuestas novedosas, sin críticas constructivas y con poco nivel. Pasará a la historia como el debate del insulto y del “y tú más”.  No sólo estará muy contenta Susana Díaz por el resultado, como apuntaba Pablo Casado, sino que lo más preocupante es que también estarán muy contentos el Sr. Iglesias y el Sr. Rivera. Es muy probable que este haya sido el último debate del bipartidismo, pero también es muy posible que haya sido el preludio de una venidera inestabilidad gubernamental y de la legislatura más corta de nuestra democracia.

Santiago de Munck Loyola

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Votar nulo, una opción razonada y razonable.

Una reciente encuesta realizada por el Instituto DYM arroja unos curiosos resultados sobre la intención de voto considerando la ideología de los entrevistados.  A nueve días de las elecciones generales parte del electorado sigue dudando, sin saber qué hacer o por quién optar.

Según esta encuesta la mayor parte de los indecisos se encuentra entre quienes se consideran de centro. El 53,6% de ellos todavía no manifiesta su voto frente a un 46,4% que sí lo tiene decidido. De éstos, los que ya lo tienen decidido, el 15,2% apuesta por Ciudadanos y el 10,2%, por el PSOE.

Entre los que se definen como de centro-derecha un 66,4 % ya tiene decidido su voto. Parece que lo tienen más claro: un 30,8% para el PP y casi un 20% para Ciudadanos. Y de los que se etiquetan como votantes de derechas, el 65,3% ya tiene claro su próximo voto: el 42,5% se inclina por el PP y un escaso 6,6% por Ciudadanos. Resulta cuando menos llamativo que un partido que se autodefine como de centro izquierda coseche tan buenas expectativas entre los votantes, sobre todo, de centro-derecha. O bien el partido naranja es muy camaleónico o bien buena parte de su electorado carece de escrúpulos ideológicos o programáticos.

Pero, si uno se identifica con posiciones políticas de centro, de centro-derecha o de derechas, si vive en la Provincia de Alicante, si cree en la regeneración política y si además quiere ejercer su voto el próximo 20 de diciembre con coherencia y con responsabilidad, la verdad es que lo tiene bastante difícil porque las ofertas electorales que finalmente concurren son bastante limitadas y adolecen de bastantes defectos y carencias como para poder elegir una de ellas con plena satisfacción. Eliminada de forma arbitraria e injusta la candidatura de Esperanza Ciudadana, la única candidatura alicantinista y regeneradora, algunos nos tenemos que plantear a quién votar en las elecciones generales. No se trata de elegir a unos para evitar que otros ganen, sino de elegir la opción política que por su trayectoria y sus propuestas pueda defender mejor los intereses de los alicantinos desde unos principios ideológicos concretos, los que no comparte la rancia izquierda que ahora gobierna nuestras tierras.

Desde esta perspectiva, es decir, desde la coherencia con determinados principios y valores, la opción de Ciudadanos es plenamente descartable. Su posicionamiento ideológico, sus propuestas fiscales, su intervencionismo, sus tics autoritarios internos y su compadreo con el Gobierno Socialista en una de las Comunidades Autónomas más castigada por la corrupción no son elementos suficientes como para poder compensar los aspectos positivos de su programa, que los tiene. Y este descarte se reafirma, además, si se tiene en cuenta el posicionamiento de los concejales de Ciudadanos a lo largo y ancho de la Provincia de Alicante en la que desgraciadamente este partido se ha nutrido en muchos casos de un aluvión de oportunistas sin escrúpulos.

Por el lado derecho, tampoco parece que VOX sea una opción válida para los ciudadanos comprometidos con Alicante, con la regeneración y con los valores del centro-derecha. En un tiempo record, lo que nació como un proyecto ilusionante al servicio de unos determinados valores se ha convertido en un instrumento de supervivencia personal del prototipo de la casta política, en un experimento fallido en el que la democracia interna agoniza y en un proyecto escorado cada vez más hacia posiciones ultraconservadoras. Un partido en el que sus máximos dirigentes no predican con el ejemplo personal.

Y la última opción a valorar es la que representa el Partido Popular. Dejando al margen consideraciones personales hay una serie de hechos objetivos que no invitan precisamente a votarle. Hacer un repaso de los sistemáticos incumplimientos del programa del año 2011 y de sus propios principios llevaría páginas enteras: el Plan Hidrológico Nacional, la Ley de Memoria Histórica, la regulación del aborto, la bajada de impuestos, la lucha contra el endeudamiento público, la independencia de la Justicia, los recortes de prestaciones públicas, la hoja de ruta de ZP respecto a ETA, etc. La lista de incumplimientos sería tan larga como la lista de casos de corrupción que salpican a cargos públicos del PP. A ello se podría añadir la falta de democracia interna cuyo mejor reflejo es la propia candidatura popular al congreso por la Provincia de Alicante, impuesta desde Madrid y con un paraca a la cabeza, o la candidatura al Senado encabezada por una acaparadora de empleos públicos, como Adela Pedrosa, prototipo de los profesionales de la política en el peor sentido de la expresión. Nada pues invita a otorgar el voto al PP que en nuestra provincia sigue siendo dirigido por los responsables de su hundimiento electoral, por los protectores de los comportamientos políticos más indignos y por los enemigos declarados de la regeneración democrática como son el Sr. Ciscar y su acólito el Sr. JJ Zaplana. Un partido que utiliza los escaños de nuestra provincia, no para defenderla, sino para colocar a sus dirigentes sin sitio en su propia circunscripción electoral, no merece la confianza de los ciudadanos alicantinos ni de centro, ni de centro-derecha, ni de derechas.

Ante este triste panorama, abstenerse no es una solución. Votar en blanco supone que el voto terminará sumando como resto a alguno de los partidos mayoritarios gracias a la denostada ley electoral. No queda, por tanto, otra salida responsable que la del voto nulo para la gente que no es de izquierdas, para los ciudadanos que quieren que nuestra provincia recupere el protagonismo y la importancia que le han robado durante tantos años y para todos cuantos quieren una regeneración profunda del sistema político. Una regeneración desde los valores de la libertad, la democracia, la transparencia, la ejemplaridad, la defensa de la familia, la vida, la defensa del medio ambiente, la solidaridad, la igualdad de derechos entre los españoles y la unidad de España. No queda otra opción sensata y responsable que la del voto nulo. Y un servidor lo hará el próximo 20 de diciembre. No me van a engañar más.

Santiago de Munck Loyola

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IMPIDEN A ESPERANZA CIUDADANA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES GENERALES.

Finalmente la candidatura de Esperanza Ciudadana al Congreso por Alicante no podrá participar en las próximas elecciones generales. El pasado 23-11-2015 la Junta Electoral Provincial de Alicante acordó lo siguiente: “NO PROCEDE PROCLAMAR las siguientes Candidaturas: …Y la denominada ESPERANZA CIUDADANA, por insuficiencia de avales a la vista del certificado emitido por el Sr. Delegado del Censo, en el que aparece “verificadas 1397, número de firmas válidas 1.199, y número de firmas inválidas 198”. Dicho acuerdo fue recurrido ante la propia Junta Electoral, aportando 65 avales adicionales más, y ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa no prosperando ninguno de los dos recursos. Presentado el pertinente recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al haberse vulnerado los derechos constitucionales recogidos en los Artículos 23.2 y 24.1 de la C.E. éste ni siquiera lo admitió a trámite excusándose en un inexistente defecto formal.

Hay que destacar, en primer lugar, que la Oficina del Censo Electoral no ha acreditado, ni certificado en ningún momento la relación nominal de avalistas anulados, la mayoría, al parecer, por haber avalado simultáneamente a otra candidatura.

En segundo lugar, que la Junta Electoral Provincial de Alicante acordó no proclamar la candidatura de Esperanza Ciudadana a falta de tan sólo 26 avales al no alcanza los 1.225 exigidos, conociendo que la Oficina del Censo había anulado más de 125 firmas sin presentar la relación nominal de las mismas y sin acreditar esa supuesta duplicidad.

En tercer lugar, resulta altamente sospechoso que el Juzgado Contencioso Administrativo recibiese el expediente administrativo de la Junta Electoral Provincial de Alicante media hora antes de hacer entrega de la sentencia desestimatoria del recurso de Esperanza Ciudadana.

Y, en cuarto lugar, hay que destacar y censurar, la actuación caciquil, desvergonzada e inadmisible del Tribunal Constitucional que, en lugar de entrar a conocer el fondo del asunto, la flagrante vulneración de derechos constitucionales de ciudadanos alicantinos, se despacha con no admitir a trámite el recurso usando la excusa de un supuesto defecto formal inexistente. Llama poderosamente la atención que el mismo Tribunal que enmienda la plana al Tribunal Supremo para legalizar a Bildu, el partido de los proetarras, y permitir así su participación electoral impida a la gente normal y pacífica de Alicante poder participar en las próximas elecciones generales. No cabe mayor desvergüenza política y jurídica.

Una candidatura de y para Alicante.

Esperanza Ciudadana, único partido político provincial alicantino, ha presentado candidatura al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones generales del 20 de diciembre tras reunir más de 1.400 avales en la Provincia. No ha sido una tarea fácil cumplimentar este requisito de recogidas de firmas establecido para dificultar la concurrencia a las elecciones de los partidos nuevos. Pero se ha conseguido gracias a la entrega y dedicación de numerosos voluntarios.

La Candidatura está encabezada por Santiago de Munck Loyola, Presidente de la formación y funcionario. En el nº 2 figura Manuel García- Serna Colomina, Secretario General de Esperanza Ciudadana y Registrador de la Propiedad de Novelda. El tercer lugar de la Candidatura lo ocupa la eldense Mª Dolores González Ruiz, Presidenta Local de Esperanza Ciudadana, graduada social y exconcejal popular de Elda. En el cuarto puesto se encuentra José Francisco Fernández Alegre, Secretario General adjunto de Esperanza Ciudadana, informático y vecino de San Vicente del Rapeig. Y cerrando los cinco primeros puestos la alicantina Eloina Garrido Bautista, comercial, autónoma y miembro de una de las familias gitanas con más arraigo en Alicante.

La candidatura se completa hasta el número doce con personas procedentes de diversos sectores sociales y diferentes ocupaciones: amas de casa, profesores, pensionistas, funcionarios, etc. Y cuenta con el apoyo de dos miembros de Los Verdes, Patricia Díaz Colmenar y Juan Calero Luna que, a título individual, han decidido prestar su apoyo a este nuevo proyecto provincial regenerador y alicantinista como es Esperanza Ciudadana que, a nivel nacional, forma parte de la Coalición Cívica 20D, de carácter centrista y reformista.

Esperanza Ciudadana reivindica y defiende los intereses de la Provincia de Alicante frente a la discriminación que sufre por parte del centralismo de la Generalidad Valenciana y el Estado, reclama el pago de la deuda histórica a Alicante, promueve una profunda regeneración de las instituciones y del propio sistema político y defiende una sociedad más justa, más participativa y menos intervenida. Menos Estado y más Sociedad.

Candidatura de Esperanza Ciudadana (Es.C.)

1. Santiago Domingo de Munck Loyola. 2. Manuel García Serna Colomina. 3. María Dolores González Ruiz. 4. José Francisco Fernandez Alegre. 5. Eloina Garrido Bautista. 6. José Miguel Compañ Molina. 7. María Tomasa García Cánovas. 8. María Luz Alegre Ponce. 9. Cristian Berná García. 10. Pascual Martínez Pujalte. 11. Vicente Molla Molina. 12. Maria Remedios Ruzafa Sanz. Suplentes: 1. Patricia Díaz Colmenar. 2. Juan Calero Luna. 3. Ignacio Gutiérrez Hernández.

La Generalidad Valenciana nos sigue discriminando.

Hace tan solo unos días la mayor parte de los medios de comunicación publicaban que el Gobierno tripartito de la Generalidad Valenciana se olvidaba de la provincia de Alicante en su proyecto de presupuesto de inversiones para infraestructuras para el año que viene. Como es evidente, la reiterada discriminación presupuestaria de nuestra provincia no era noticia, por habitual, sino que lo novedoso era que, habiendo cambiado de color el gobierno regional, Alicante seguía como siempre, es decir, discriminada. Nuestra provincia, con el PP, estaba a la cola de las inversiones de la Generalidad Valenciana y ahora con la izquierda en el Gobierno regional también.

Tanto el Estado, como la Generalidad se comportan de forma similar con Alicante que no recibe lo que le corresponde ni por población ni por riqueza. Y da igual quien gobierne en Madrid o en Valencia. Ambas administraciones han generado una deuda millonaria con los alicantinos que es preciso cuantificar exactamente y reivindicar su pago. No se puede seguir admitiendo que año tras año se produzca la misma situación. Alicante debe recibir lo que es justo y debe cobrar esa deuda histórica provincial de la que no quieren ni oír hablar los grandes partidos que solo usan los intereses de los alicantinos como arma arrojadiza.

Ayer mismo sin ir más lejos, el Presidente provincial del PP, José Ciscar, que hasta mayo fue vicepresidente de la Generalidad Valenciana y responsable por tanto de la evidente discriminación económica sufrida durante los últimos años por nuestra Provincia dio buena muestra de ello. Sin el más mínimo asomo de autocrítica y con elevadas dosis de cinismo político señaló que los presupuestos presentados por el nuevo Gobierno Regional “no van a servir para resolver los problemas de la provincia de Alicante” y que no recogen “ningún proyecto relevante o que ilusione” para la provincia. Dice José Ciscar que la media de inversión por habitante será de 24,5 euros frente a la media valenciana de 27,5. Y no queda más remedio que recordarle que la media de inversión con él y el PP ha sido en 2015 de 25 euros por alicantino mientras que la media regional se situaba en 32 euros, que en los últimos 7 años la Generalidad ha dejado de invertir en Alicante 253 millones de euros que le correspondían por población y que Alicante figura en el puesto 40 en las inversiones del Estado y en el último lugar en las inversiones de la Generalidad. Habla por tanto el que más tiene que callar, quien menos legitimado moralmente para denunciar la discriminación de nuestra provincia.

Hoy, los alicantinos somos más pobres respecto a los valencianos que hace 20 años. Es un dato incuestionable. La política de la Generalidad Valenciana ha propiciado una divergencia, en lugar de convergencia, de las rentas provinciales en su territorio. Y tras 20 años la tendencia no ha quebrado, sino que se ha confirmado con el nuevo Gobierno de izquierdas en la Comunidad Valenciana. Una autonomía así no funciona bien, no sirve a los intereses de los alicantinos.

Es hora de plantearse con lógica, con racionalidad y sin apasionamientos de carácter sentimental si no ha llegado el momento de cuestionar el modelo territorial y de proponer un modelo alternativo que permita a nuestra provincia desplegar todo su potencial y toda su capacidad de progreso por su cuenta. Es hora de plantearse si es imprescindible que los alicantinos debamos soportar sobre nuestras cabezas y nuestras espaldas cuatro administraciones diferentes (local, provincial, autonómica y estatal) en lugar de tres como ocurre con otras provincias españolas. Es hora, en fin, de plantearse qué modelo territorial es menos costoso, más eficiente y más adecuado a los intereses de los ciudadanos de Alicante.

Santiago de Munck Loyola

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Consecuencias de los "dedazos" del PP.

Para entender muchas noticias que afectan al Partido Popular y a sus representantes institucionales es necesario saber cómo funciona internamente. La designación de quienes han de ser elegidos como parlamentarios o concejales no depende de los cientos de miles de afiliados del PP. Su designación como candidatos se hace a través de Comités Electorales nombrados desde arriba que se limitan prácticamente a designar a los que desde arriba les señalan. No cuenta el mérito, ni la capacidad, ni, por supuesto, el respaldo de las bases del partido. Cuentan las amistades, las influencias y, en no pocos casos, el servilismo. Existe un fuerte déficit de democracia interna que es el que termina generando problemas y, a veces, escándalos. Buena prueba de ello, es la trayectoria política de un diputado autonómico de Madrid con el que hace años colaboré, José Cabrera Orellana. Se podría decir que es prototipo del arribismo y del amiguismo en el Partido Popular.

Hace unos días, los medios de comunicación se han hecho eco de la renuncia al escaño del Diputado Popular en la Asamblea de Madrid, José Cabrera Orellana, tras 16 años como parlamentario, coincidiendo casualmente con la expiración del plazo dado a todos los diputados (el 15 de octubre) para que presentasen una declaración escrita describiendo todo el patrimonio que poseen. Según el Diario El País, Cabrera ha justificado su renuncia en que “no quiere poner en riesgo el vasto patrimonio que ha atesorado para él y sus hijos desde que arribó hace muchos años a Madrid procedente de su Extremadura natal” confesando que lo hizo “con una mano delante y otra detrás”.

El Diputado José Cabrera también fue objeto de atención por parte de los medios de comunicación en 2012 y no precisamente por su labor como parlamentario, prácticamente inexistente. En febrero de 2012, Metro de Madrid incorporó a su plantilla a un hijo del portavoz de Transportes del PP en la Asamblea de Madrid que casualmente era José Cabrera Orellana. Esta incorporación se hizo mediante un contrato "de relevo", como "subjefe de servicio" con un nivel salarial 3 y una retribución bruta anual de 46.000 euros. Y este fichaje tuvo lugar un mes después de que Metro redujera a la mitad su cúpula directiva y de que redujese a la mitad la composición de su Consejo de Administración dejando fuera a los representantes sindicales y de los usuarios.

También en 2012, José Cabrera fue objeto de críticas y denuncias por parte de grupos ecologistas por sus actuaciones en una parcela en Carabaña, junto al río Tajuña, en la que, ignorando la legislación, ajardinó toda la franja de policía y el dominio público hidráulico, arrasando el bosque y construyendo escolleras y un vallado para impedir el libre acceso al río.

¿Cómo llegó Cabrera a ser diputado autonómico del Partido Popular? Pues gracias al molino de la casa de Rodrigo Rato en Carabaña. En abril de 1994 Rodrigo Rato fue acusado por el alcalde de Carabaña, de Izquierda Unida, de haber desviado el agua del cauce del río Tajuña para llevarla al molino de su casa. A parte de muchas críticas, Rodrigo Rato recibió el apoyo de un vecino de Vallecas y veraneante en Carabaña que formaba parte del movimiento asociativo de la localidad, José Cabrera. Y este respaldo tuvo premio. En 1996, José Cabrera, comercial de venta de baterías, votante de izquierdas, sin experiencia ni formación política y recién afiliado al Partido Popular fue nombrado, nada menos, que Secretario de Pueblos del Partido Popular de Madrid.

Durante más de dos años colaboré, junto con dos concejales más de Rivas-Vaciamadrid, como asesor jurídico de los grupos municipales. Hay que destacar dos obsesiones de Cabrera en aquella época: de una parte que los miembros del equipo debíamos identificarnos como seguidores de Rato (“Cuanto mejor le vaya a Rodrigo mejor nos irá a nosotros”) y de otra que no debíamos poner el nombre del autor en los informes jurídicos que hacíamos, sino “Secretaría de Pueblos”. Eran épocas de etiquetas o te la ponías o te la ponían aunque no quisieras. Recuerdo que en una ocasión Cabrera me dijo “Santiago, no vales para la política porque eres un intelectual y aquí de lo que se trata es de vender”. Sin comentarios.

El caso es que en 1999, el converso Cabrera fue incluido en las listas del Partido Popular a la Asamblea de Madrid y así durante tres legislaturas más. Y de paso, Rodrigo le promovió para ser consejero de Bankia y de RTVE. Y en este tiempo pasó de ser comercial de venta de baterías a convertirse en “Técnico en Desarrollo Comercial y especialista en Mercado Internacional del Sector de Automoción”, ahí es nada, a ser dueño de seis empresas, por las que factura al año al menos 6,2 millones. Su esposa aparece además como administradora de las mercantiles Ecovega Máster y Mercabatería, cuyas ventas superaron entre 2011 y 2013 los ocho millones de euros. Las sociedades de Cabrera Orellana comparten domicilio social con las firmas de su mujer.

Es evidente, ante casos como éste, que el Partido Popular necesita una profunda reforma estatutaria para que los militantes tengan la capacidad de decidir quienes han de ser los candidatos en las instituciones y para controlar que su actividad parlamentaria y política sea la adecuada. Mientras siga primando el amiguismo, el compadreo, el padrinazgo y el nepotismo las instituciones públicas seguirán siendo un paraguas para medrar personalmente y un semillero de abusos. No es posible hablar de regeneración democrática de nuestro sistema si no se empieza por regenerar a los propios actores del mismo, es decir, a los partidos políticos. Y la mejor regeneración empieza por mayores dosis de democracia interna.

Santiago de Munck Loyola

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El 9 de octubre y Alicante.

Se acaba de celebrar, con más pena que gloria, al menos en Alicante, la festividad de la Comunidad Valenciana. Tanto los preparativos de la festividad,  como su propio desarrollo no han estado exentos de polémica. Era la primera vez que se desarrollaba bajo la presidencia del tripartito que gobierna la Generalidad Valenciana y esta circunstancia no es posible desmarcarla de algunos gestos y actitudes del nuevo gobierno que caracterizan claramente su perfil identitario. Gestos y actitudes sectarias entre las que está el deseo manifestado por algunos de modificar la letra del Himno regional (al parecer molesta lo de “ofrendar nuevas glorias a España”), la puesta en cuestión de la educación en castellano, el traslado en Alicante del monumento al soldado, la supresión de la interpretación del Himno de España en determinadas festividades, la eliminación del tradicional Te Deum en los actos oficiales del 9 de octubre o la eliminación de la bandera de España en las fiestas de algunas localidades gobernadas ahora por miembros del tripartito. La propia publicidad institucional de la Generalidad Valenciana sobre la propia fiesta del 9 de octubre se ha realizado casi exclusivamente en valenciano, manifestando así  un desprecio absoluto de este gobierno tripartito hacia los ciudadanos castellano-parlantes, ampliamente mayoritarios en la Provincia de Alicante, al menos.

Esta fiesta oficial no parece que cuente en nuestra provincia con mucho fervor popular y su arraigo es prácticamente nulo. Lo cierto es que el 9 de octubre se conmemora la entrada del Rey Jaime I en la ciudad de Valencia en 1238. Este acontecimiento histórico de carácter localista fue elevado incomprensiblemente a la categoría de celebración oficial e institucional para toda la comunidad autónoma y el origen de esta decisión se encuentra en el Plenario de Parlamentarios que en 1976 proclamó el 9 de octubre como Día Nacional del País Valenciano, nada menos, y que más tarde fue ratificado con la puesta en marcha de la Comunidad Autónoma.

No está de más recordar que si el 9 de octubre de 1238 las tropas cristianas, en este caso del Reino de Aragón, tomaron la ciudad de Valencia, el 4 de diciembre de 1248 (festividad de Santa Bárbara), diez años después, las tropas cristianas, en este caso del Reino de Castilla, dirigidas por el infante Alfonso, futuro Alfonso X el Sabio, tomaron la ciudad de Alicante.  Y ello fue así porque Alicante pertenecía a la zona de expansión castellana en virtud del Tratado suscrito en 1179 entre Alfonso VII de Castilla y Alfonso II de Aragón que había fijado la frontera meridional de Aragón en la línea que une Biar, Castalla, Jijona y Calpe.

Si el aniversario de la toma de la ciudad de Valencia se convirtió en la fiesta oficial de toda la Comunidad Valenciana por criterios exclusivamente políticos, nada debería impedir que por motivos también políticos, la defensa de Alicante y la reivindicación de su singularidad e identidad, se conmemore por todo lo alto el 4 de diciembre el aniversario de la toma de Alicante por las tropas cristianas, un hecho histórico más trascendente e importante para los alicantinos que la toma de Valencia. La defensa de los intereses de la Provincia de Alicante, la lucha contra su discriminación por parte de la Generalidad Valenciana y la exigencia del puesto que le corresponde pasa también por la recuperación de su memoria y de sus propis símbolos de identidad.

Santiago de Munck Loyola

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