Elecciones anticipadas: tarde y mal.

Llegó la primera vez a la Presidencia del Gobierno de mala manera, tras el cruento atentado del 11-M, y se va de la misma también de mala manera: tarde y mal. Hasta para marcharse, el Sr. Rodríguez Zapatero hace gala de una incoherencia que raya la paranoia. No existe lógica alguna entre las razones que esgrime para justificar el adelanto electoral y la fecha que anuncia para la celebración de las elecciones. Si la razón para adelantar las elecciones es la necesidad de eliminar la incertidumbre y generar confianza en los mercados con el fin de mejorar la grave situación económica que atraviesa la nación, entonces no tiene ningún sentido que las elecciones generales adelantadas no se celebren en septiembre, sino a finales de noviembre. Hay una evidente incoherencia y contradicción entre la causa y el resultado. Todo hace pensar que siendo evidente la necesidad de adelantar las elecciones, opinión compartida hasta por el diario gubernamental El País, tal adelanto se retrasa por razones puramente partidistas, es decir, para que el nuevo candidato socialista P. y su partido tengan un mejor margen de maniobra de cara a la cita electoral, pasando así una vez más por encima de los intereses nacionales. La falta de patriotismo de Zapatero, su mezquindad política y su indigencia intelectual se ponen una vez más de manifiesto en esta tardía decisión política y, una vez más, será la sociedad española la que pague las consecuencias de la irresponsabilidad de este sujeto y de todos los que, hasta ahora, le han venido sosteniendo políticamente.

Zapatero que llegó a Presidente del Gobierno tras el más sangriento atentado terrorista de la historia de España se va, como no, dejando a los terroristas en las instituciones democráticas del país vasco. Se va dejando un país menos cohesionado social y políticamente hablando que al inicio de su mandato. Se va dejando cinco millones de parados y los mayores índices de pobreza de la historia reciente. Se va dejando las arcas públicas vacías y al borde de la bancarrota. Se va habiendo levantado viejos rencores y recelos y habiendo dinamitado el espíritu de la transición y del consenso. Se va tras haber efectuado los mayores recortes sociales de los últimos treinta años. Se va después de haber laminado el prestigio internacional de España. Se va tras haber situado a la educación española en el furgón de cola de Europa. Se va dejando al PSOE hecho unos zorros, convertido en un partido insolvente y  marginado del poder territorial español. Se va, en fin, dejando tras de si la peor herencia de la transición española. Llegó inesperadamente y llegó mal. Se va tarde y se va mal.

Hoy, la oposición y en especial el Partido Popular, debe empezar a cambiar el “chip”. No vale con seguir actuando bajo la doctrina Arriola: no hablar, no moverse, no hacer ruido y esperar a que la fruta madure y caiga por su peso. El Partido Popular debe “mojarse”, explicar a los ciudadanos cómo nos va a sacar de la crisis, cuáles son sus propuestas, sus ideas, su programa concreto y hacerlo desde la honestidad y la verdad, por dura que ésta sea. Para afrontar los próximos años con cierta garantía de éxito debe surgir en las urnas un Gobierno nacido de la ilusión, de la confianza y no de la resignación. Los próximos meses son decisivos para ello y esperemos que toda la clase política sepa estar a la altura de las circunstancias para sellar y olvidar estos siete años negros de la democracia española.

Santiago de Munck Loyola

El pesado lastre de las autonomías.

En medio de las consecuencias de la asfixiante crisis económica que golpea a nuestra sociedad, la configuración actual del estado de las autonomías está logrando un puesto destacado en la agenda del debate político. Son muchas las voces que se alzan para señalar a las autonomías como lastres que dificultan el saneamiento de las cuentas públicas y, por tanto, de la recuperación económica. Lo cierto es que el gigantesco déficit de la mayor parte de las autonomías ha dañado muy seriamente al tejido productivo y empresarial de la nación.

Ahora el Gobierno se ha planteado establecer un techo para el nivel de gasto de las administraciones autonómicas. Lo paradójico es que esta medida, después de haberla rechazado en el Parlamento en el pasado, la promueva ahora el mismo Gobierno que ha roto todas las reglas de estabilidad presupuestaria y que ha colocado a las cuentas del Estado al borde del precipicio. Claro que de un Presidente del Gobierno para el que bajar los impuestos eran tan progresista como subirlos, según el día, o para que el que el déficit lo mismo era estupendo que lo contrario no se podía esperar otra cosa.

Esta pretensión de limitar el gasto de las administraciones autonómicas, por otra parte lógica cuando el mismo estado ha de moverse en los márgenes señalados por la Unión Europea, ha encontrado el respaldo y la bendición de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, ese engendro que legalizó la presencia de terroristas en las instituciones locales.

Parece que cuando se habla de dinero todo puede valer. ¡Poderoso caballero, Don Dinero! En este tema, el Tribunal Constitucional no anda con sus habituales “sensibilidades” autonómicas. ¡Faltaría más! Tratándose de Don Dinero, el Estado puede legislar y limitar la capacidad de las autonomías sin ningún problema. Es más que significativo que pueda hacerlo y, sin embargo, el Estado no pueda aprobar una Ley del Suelo, amplia, profunda y homogeneizadora, sin que, al parecer, vulnere las competencias de las autonomías de tal suerte que se limite la legislación estatal a una raquítica regulación y sobrevivan múltiples legislaciones regionales que pueden terminar volviendo loco a cualquiera. Debe ser que las peculiaridades identitarias regionales están profundamente enraizadas en la gestión de los solares. Hoy tampoco es posible, gracias a nuestro sistema autonómico, disfrutar de la caza o pesca en el territorio nacional sin contar con 17 permisos distintos y no es lo mismo ponerse enfermo en Madrid o en Andalucía pues las prestaciones sanitarias y los derechos del paciente variarán en función de la autonomía de residencia. El Gobierno de España puede limitar el gasto de las administraciones autonómicas, pero no puede garantizar en todo el territorio nacional los derechos de los españoles, por ejemplo, el derecho a elegir el español como lengua vehicular en la escuela. Ni siquiera puede el Estado garantizar que los estudiantes españoles estudien las mismas materias en toda España. ¡Curioso!

De la deseada descentralización administrativa anunciada en el período preconstitucional se pasó a una fragmentación jerarquizada de la soberanía popular y las autonomías diseñadas en la Constitución pasaron a ser entes con una altísima capacidad normativa que ha fragmentado el ordenamiento jurídico de una manera insospechada, levantando así unas barreras cada vez más altas al ejercicio de las libertades y al desarrollo de los principios de igualdad y solidaridad entre los españoles. Hoy, todos los españoles somos iguales ante la Ley, pero unos más que otros.

La construcción del estado de las Autonomías ha seguido el proceso inverso al de la construcción de la Unidad Europea. Mientras que a través de las Instituciones Europeas se avanza lentamente hacia la homogeneización y armonización de las legislaciones estatales, en España hemos seguido el camino inverso.

Es indudable que las autonomías son hoy un pesado lastre para la recuperación económica de España, pero también lo son para que los españoles podamos gozar de los mismos derechos y de las mismas oportunidades independientemente de nuestro lugar de residencia dentro del territorio nacional.

¿Habrá alguien dispuesto a ponerle el cascabel al gato?

Santiago de Munck Loyola

La perdiz electoral mareada y con náuseas.

Decididamente, los calores estivales están haciendo mella en las neuronas de nuestros políticos. Si no es así, no hay manera de comprender lo errático y descerebrado de muchas de las declaraciones con que nos están obsequiando estos días en torno a la necesidad o no de adelantar las elecciones generales, habida cuenta el agotamiento de la presente legislatura.

El Partido Popular ha venido reclamando desde hace meses el adelanto electoral. Todos y cada uno de sus dirigentes no desaprovechan ocasión alguna para reclamar la convocatoria inmediata de las elecciones. Hace unos días, Esperanza Aguirre era entrevistada en Alemania sobre el sistema alemán de formación profesional y sobre las prácticas de los estudiantes en las empresas y al valorar dicho sistema introducía, como quien no quiere la cosa, la necesidad de elecciones generales. Y como ella, todo los líderes populares. Entienden, y no les falta razón, que la legislatura está agotada y que su prolongación sólo puede seguir ocasionando más perjuicios a la delicada situación económica y social del país.

Sólo hay dos formas de convocar elecciones generales, competencia exclusiva del Presidente del Gobierno: o las convoca Zapatero de forma inmediata lo cual exigiría una grandeza política y personal de las que carece el Sr. Presidente o las convoca un nuevo Presidente elegido ex profeso mediante una moción de censura. No hay vuelta de hoja. Zapatero ya ha deicho que su intención es agotar la legislatura para acometer más reformas, a pesar de que hace tan sólo tres meses decía que ya no había más reformas (más recortes sociales) que hacer.

Por tanto, la pelota está en el tejado del Partido Popular. Si el Partido Popular quiere y está convencido de que son necesarias unas elecciones generales tiene la obligación política y moral de presentar una moción de censura, con Rajoy de candidato o con un tercero, con un único programa de gobierno: la convocatoria de elecciones. Esto es tan evidente que hasta el más torpe de los dirigentes populares lo sabe. Es, díganlo o no, una cuestión de patriotismo.

Por eso no se entiende el cruce actual de declaraciones. Aparece el Sr. Durán Lleida (o Lérida para los hispano parlantes) quien, por otra parte estaría encantado de ser ministro de un Gobierno del Partido Popular, y dice que su partido apoyaría ahora una moción de censura. Bueno, bien, más vale tarde que nunca. Y, a continuación el Sr. Pons rechaza una posible moción de censura al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como planteaba el portavoz de CiU, al entender que hay «otros mecanismos políticos» como, por ejemplo, «tratar de convencer» a PNV para convocar elecciones. Pero, alma de cántaro, si el PNV no puede convocar elecciones y lo sabes, sólo puede hacerlo Zapatero y aunque el PNV no apoye los próximos presupuestos tampoco esa circunstancia obliga a Zapatero. Pons recuerda a CiU que «ha tenido muchas oportunidades» para convocar elecciones y, sin embargo, las «ha dejado pasar». Así, y en alusión ala moción de censura, aseguró que no es necesario «llegar tan lejos», puesto que hay otros «mecanismos» para llevar a cabo esta «exigencia nacional». ¿A qué juega el Sr. Pons? Si la situación de emergencia nacional es tan grave como para tener que adelantar las elecciones y el Sr. Zapatero se niega a ello, no hay más mecanismos que la moción de censura. De nada sirve engañar a los ciudadanos ni andar realizando reproches sobre oportunidades perdidas. Lo inteligente, lo patriótico es aceptar el ofrecimiento y ponerse manos a la obra, aunque se pierda.

Claro que no es el único en decir semejantes cosas. El argumentario es el mismo para todos y el Sr. Soria pone eco a las palabras de Pons y repite "CiU tuvo ya una oportunidad para haber propiciado el final de la agonía política de Zapatero" y el Sr. Arenas recalca que el apoyo de CiU a una moción de censura "llega tarde". ¡Qué oportunidad desperdiciada para estar callados!

Entre unos que no quieren adelantar las elecciones, otros que antes no querían adelantar las elecciones y que ahora se ofrecen para adelantarlas y otros que siempre han querido adelantarlas pero que ahora les falta lo que hay que tener para ponerse a ello, la perdiz electoral está más que mareada y los ciudadanos, mientras tanto, a padecer el continuo espectáculo de los políticos y las terribles consecuencias de su ineptitud.

Santiago de Munck Loyola

Una indecencia más de nuestros parlamentarios.

En un país como el nuestro en el que cada vez hay más ciudadanos atravesando situaciones verdaderamente dramáticas por culpa de esta larga crisis tan mal gestionada por el incompetente Presidente del Gobierno y en el que los índices de aprobación a la labor de la clase política son cada vez más bajos, nuestros políticos siguen haciendo gala de una falta de sensibilidad y de ética que raya en lo indecente. Bueno, más bien es simple y llanamente indecente la actitud de la clase política.

A la larga lista de indecencias, en concreto de nuestros parlamentarios, nuestros representantes, hay ahora que sumar una más. Indecente es que nuestros parlamentarios no tengan que cotizar los mismos años que los contribuyentes para cobrar una pensión máxima. Indecente es que nuestros diputados y senadores no tengan que pagar el IRPF en las mismas condiciones que los ciudadanos a los que representan gracias a una serie de excepciones fiscales hechas a medida. Indecente es que nuestros parlamentarios puedan percibir más de un ingreso de las administraciones públicas a diferencia de sus representados. Indecente es que nuestros parlamentarios y políticos en general gocen, además de sus sustanciosas retribuciones, de coches oficiales, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, descuentos en los trasportes, etc. mientras a los pensionistas se les congelan sus míseras pensiones. Indecente es, en suma, que a los privilegios propios del parlamentarismo, como es la inmunidad,  añadan sin control alguno cuantas prebendas les vengan en gana mientras la mayoría de la población ve cómo los niveles de bienestar y su calidad de vida merman por culpa precisamente de una clase política cuyos errores no son jurídicamente sancionables.

No hace mucho, el Sr. Bono, con su “tuneado” capilar, realizaba unas de sus manifestaciones en “laj que ej ejpecilijta” y nos aleccionaba a los ciudadanos sobre lo transparentes que iban a ser sus señorías en cuanto a sus bienes y posesiones. Ahora, según señala hoy el País (http://politica.elpais.com/politica/2011/07/22/actualidad/1311365339_956889.html) sus señorías han decidido que al realizar sus declaraciones de bienes no tienen que hacer constar su valor y “han optado por una descripción de los pisos y fincas de los diputados y senadores al considerar que su valor catastral puede no ser muy significativo respecto al precio real de mercado que podría tener la vivienda” y en el caso de los coches particulares, tampoco figurará su valor de compra. O sea que para sus señorías el valor catastral de un bien inmueble no es significativo. Lo es para que los ciudadanos paguemos el IBI, pero no para que sus señorías hagan un ejercicio de transparencia. Si sus señorías tienen tan claro que el valor catastral no vale ¿por qué entonces no legislan al respecto? ¿Ignoran acaso que el valor catastral se usa en el IRPF, en el Impuesto de Bienes Inmuebles y en otros tributos? No, seguramente no lo ignoran, pero cualquier excusa es buena para mantener un privilegio más, para seguir practicando la indecencia política como norma de salvaguarda de sus privilegios.

Éste no es camino a seguir para que los ciudadanos podamos recuperar la confianza en la clase política. Se equivocan y montañas más altas han caído. Están abriendo, posiblemente sin quererlo, el paso a nuevas opciones políticas que desde el radicalismo y el populismo podrían mandarlos a casa con el voto de los ciudadanos. Mal camino llevan.

Santiago de Munck Loyola

Agua = progreso.

Si hay una Provincia española especialmente perjudicada por las distintas decisiones que los sucesivos gobiernos del PSOE han venido adoptando en distintas materias es la Provincia de Alicante. No se trata ya únicamente de los graves perjuicios ocasionados al conjunto de la población por la ineptitud de estos gobiernos que son perfectamente constatables cuando se habla de materias como la economía, el desempleo, los recortes sociales, la manipulación de la Justicia o las “ligerezas” en política antiterrorista, sino también de perjuicios concretos y específicos derivados de las discriminaciones sufridas por la provincia en materia de inversiones, los retrasos en infraestructuras como el AVE y, especialmente, la desastrosa política hídrica o, mejor dicho, la ausencia de una auténtica política sobre los recursos hídricos.

Una de las primeras decisiones del Sr. Zapatero fue derogar el Plan Hidrológico Nacional en junio de 2005 que supuso, para empezar, la pérdida de millones de euros de la Unión Europea y la tala de raíz de cualquier aspiración de crecimiento sostenible del levante español. Tras aquella decisión, disfrazada con vacíos argumentos ecologistas, tan sólo se escondían mezquinos intereses partidistas y la visión mesiánica de un mequetrefe encumbrado a la Presidencia del Gobierno tras un brutal atentado terrorista.

Del famoso y tan cacareado “Plan Agua” que iba a ser la panacea para el sediento levante no queda más que las carísimas desaladoras, algunas obras menores y los mismos problemas hidrológicos sin resolver y sin visos de solución inmediata.

Pero el PSOE y su Presidente del Gobierno parece que no se conforman con el desastre que dejan tras de si y antes de abandonar próximamente el poder, tal y como parece que vaticinan todas las encuestas, han decidido dar una vuelta más a la tuerca de los agravios.

Parece que, si la indignación de tanta y tanta buena gente no lo impide, que la Confederación hidrográfica del Júcar ha decidido suprimir la mitad de las hectáreas de regadío existente dejando en la ruina absoluta a miles de agricultores que ya se las ven y desean para poder subsistir en estos difíciles tiempos.

Bueno sería, además, recordar que todos los expertos y científicos llevan años pronosticando el progresivo proceso de desertización de la Provincia de Alicante. Proceso que en el 2005 ya superaba el 40 % de la superficie de la Provincia y que de ponerse en marchas medidas correctoras urgentes alcanzará el 100 % en un plazo no superior a 60 años.

Pues bien, es evidente que ni la situación de miles de familias de agricultores pendientes de la última gota de agua para sus explotaciones en las que se ha invertido mucho dinero para maximizar el uso del agua de riego, ni la grave situación del proceso de desertización del territorio que se vería acelerado con un recorte de las zonas de regadío, parece que importe lo más mínimo a los responsables del Gobierno de la Nación, del Ministerio y de la CHJ.

El próximo días 23 de julio más de 40 Alcaldes, políticos provinciales y autonómicos, agricultores y ciudadanos se han dado cita en Monforte del Cid para levantar su voz contra esta tropelía y exigir una rectificación inmediata.

La razón no les falta, pero muchas veces ni con la razón se puede convencer a quienes carecen de visión política, de generosidad y hasta de patriotismo.

Santiago de Munck Loyola

Francisco Camps ha dimitido.

Hoy, 20 de julio, el Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, ha anunciado su dimisión al frente de esta institución a consecuencia de su procesamiento por el caso del presunto regalo de tres trajes realizado por la trama corrupta Gürtel.

Afirma que es inocente y que ahora podrá defenderse y responder a todas las insidias y ataques de los que ha sido objeto. Igualmente ha expresado que se trata de un sacrificio personal y político que ofrece por el bien de España para no entorpecer una victoria del Partido Popular en las próximas elecciones generales.

Con este gesto, Camps ha despejado notablemente la agenda política de las próximas semanas y ha allanado con seguridad el camino de su defensa judicial. Se trata, sin duda, de una decisión necesaria, inteligente y valiente de un político que ha sabido ganarse el respaldo mayoritario en tres ocasiones del electorado de la Comunidad Valenciana lo que le ha valido un odio e inquina feroces por parte de sus adversarios políticos siempre tentados a ganar en los tribunales lo que pierden en las urnas. Lo cierto es que en las últimas elecciones del pasado 22 de mayo la inmensa mayoría de los votantes ha preferido votar a un político bajo sospecha de haber recibido regalos poco recomendables antes que votar a cualquiera de los candidatos de la izquierda valenciana. Las cifras están ahí y son incuestionables.

Camps ha hecho lo que debía hacer porque así lo exigía no sólo el sentido común, sino también el espíritu y la letra del Código de buenas prácticas del Partido Popular. Su dimisión es un claro referente para poder construir un discurso ético coherente con el que promover la necesaria regeneración del sistema político. Y si tras el proceso judicial que se desarrolle resulta que se demuestra su inocencia, no debería existir ningún obstáculo por parte del Partido Popular para promover su recuperación de la Presidencia de la Generalidad Valenciana.

No hay nada escrito, pero algunos se están apresurando a llamarle delincuente sin que se haya demostrado su culpabilidad y tan solo por haber presentado la dimisión. Dan por hecho, con ese sentido totalitario y estalinista que les caracteriza, que Camps es culpable, pese a sus repetidas manifestaciones de inocencia y pese a la existencia legal, al día de hoy y aunque les moleste, del principio de presunción de inocencia. Menos mal que estos aspirantes a verdugos no son jueces, porque si no ya se habrían “cepillado” lo que queda del Estado de Derecho.

Camps ha dimitido y eso le honra. Y ahora que tenga suerte y se haga justicia.

Santiago de Munck Loyola

Camps debe dimitir.

El pasado 27 de junio, el Secretario General del PPCV, Antonio Clemente, exigía al Portavoz Socialista, Jorge Alarte, que dimitiera por haber resultado imputado por un supuesto delito contra el honor por injurias y calumnias con publicidad contra sesenta cargos del PP valenciano.

Ahora, es el propio Presidente del PPCV y Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, el que ha resultado, no ya imputado, sino procesado por un presunto delito de cohecho impropio, es decir, por el caso de los tres trajes que recibió, presuntamente, como regalo de los cabecillas de la trama corrupta Gürtel.

La justicia ha dado un paso más al dejar atrás la siempre discutible condición de “imputado” de Francisco Camps y ahora le ha procesado. Esto significa que la Justicia aprecia en la conducta de Francisco Camps indicios racionales de criminalidad que han de ser examinados a fondo y, en su caso, sancionados o ignorados por no confirmarse.

En este contexto no está de más recordar que el Partido Popular tiene un Código de Buenas Prácticas en el que se señala que los cargos públicos del Partido deben mantener una conducta ejemplar y que deben abstenerse de cualquier conducta que, aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización (Art. 1.a). Igualmente en el art. 7 del citado código se determina que los cargos públicos populares tienen prohibido aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales. Por último, el art. 8 señala que los cargos públicos del Partido Popular tienen el compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública.

Es evidente que el Comité Nacional de Derechos y Garantías tiene la obligación política y moral de determinar si la permanencia en el cargo del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, una vez procesado, daña a la propia organización o a la institución pública. Quien piense que no la daña, se equivoca.

Parece que en un reciente cambio de la estrategia de la defensa de Camps se ha llegado a plantear incluso la admisión de la existencia de los regalos como algo normal. Sin embargo, este cambio de estrategia colisiona frontalmente con el Código citado, en concreto, con su artículo 7 lo que supone, sin ninguna duda, un claro error político.

No sé si Camps recibió o no como regalo los famosos trajes. No sé si en el caso de recibirlos lo hizo a cambio o no de favores, algo que sería bastante ridículo. Ahora y desde la perspectiva de la regeneración democrática es indiferente. Lo cierto es que la Justicia entiende que con los datos existentes al día de hoy su conducta contiene aparentemente indicios de criminalidad. Y eso debe ser suficiente para que Camps presente su dimisión lo antes posible, que conserve mientras tanto su escaño, que se sustancie el procedimiento y se dirima, de una vez por todas, su inocencia o su culpabilidad. Y si es inocente no habrá ningún obstáculo para recuperar la Presidencia de la Generalitat y, si no lo es, que renuncie a su escaño y cumpla con la pena que le sea impuesta.

No vale en este caso esgrimir a modo de defensa el excelente resultado electoral del Partido popular como salvoconducto. No vale tampoco esgrimir, como es habitual, lo que hacen o dejan de hacer los adversarios políticos. El Partido Popular tiene un código ético y unos principios que deben ser respetados y la conducta del Partido debe ser ejemplarizante en un contexto social en el que la clase política goza de la peor apreciación ciudadana de los últimos tiempos.

Es impresentable pedir dimisiones porque alguien ha sido imputado y hacer lo contrario cuando el nuestro ha sido procesado. Si la cúpula policial ha sido procesada por posible colaboración con banda terrorista en el caso Faisán debe cesar en sus puestos hasta que se dicte sentencia y, además, deberían investigarse las responsabilidades políticas a que hubiese lugar. Y si el Presidente Camps ha sido procesado, también debe dimitir. No hay que dar más vueltas al asunto.

La mujer del César, además de honrada, ha de parecerlo.

Santiago de Munck Loyola.

Camps y Luna, Luna y Camps.

La política es como un tinte líquido, como un colorante que se extiende, se infiltra y termina por teñir todo lo que toca. Pocas facetas de la vida cotidiana escapan a su tremendo poder colorante y muchas veces es preciso un serio esfuerzo para poder conocer el color original de las cosas.

Y la influencia de la política es especialmente significativa en los medios de comunicación. Los informes, las noticias o los comentarios de los profesionales raramente escapan del poder arrollador de la política y termina por colorear también cualquier pretensión de objetividad y ecuanimidad en la información. Es entonces cuando el sectarismo más rabioso y el partidismo integrista anulan una visión sosegada de la realidad diaria y se instala como guía y norma de conducta profesional diaria.

Las consecuencias se ven a diario. Según el medio de comunicación usado por un ciudadano su percepción de la realidad quedará restringida al campo de visión escogido por los profesionales del mismo. Verá que sólo hay corrupción en el PP o sólo en el PSOE o pensará que los casos de uno son más graves que los del otro. Conceptos e ideas como “la presunción de inocencia”, “la imputación”, “la prescripción” o “el cohecho” cobrarán un valor diferente según a quién se refieran.

Hay quienes se rasgan las vestiduras y elevan a la categoría de “crimen contra la humanidad” la posibilidad de que Camps haya podido recibir tres trajes como regalo de la trama corrupta de Gürtel y claman por su dimisión en el caso de que fuese condenado por ello. Y simultáneamente guardan un repugnante silencio por el hecho de que Luna, hipócrita portavoz socialista parlamentario contra la corrupción, haya sido beneficiario de múltiples favores (el Audi, las obras de su casa, etc.) provenientes de personas implicadas en varias tramas de corrupción. En este caso no pasa nada, puede ser nombrado tranquilamente presidente de la gestora socialista de Alicante. Parece que entienden que, por el hecho de que hayan podido prescribir determinadas actuaciones, éstas no han existido a pesar de que los datos publicados proporcionen el convencimiento moral de la existencia de conductas también repudiables.

Dicen que tras los tres trajes, la trama Gürtel se ha embolsado millones de euros de las arcas públicas. Y pocos cuentan que el Ayuntamiento de Alicante debió abonar por sentencia judicial 20 millones de euros a la empresa Hansa, beneficiaria de actuaciones urbanísticas aprobadas por Luna cuando era Alcalde de la ciudad y para la que ocho años después, en 2002, se convirtió en su abogado urbanista.

Todo parece indicar la existencia de una doble vara de medir que conscientemente y deliberadamente se traslada a los ciudadanos. Y no, no vale hablar de pequeñas o grandes corrupciones según la militancia política del interesado. La exigencia de honestidad y escrupulosidad a la hora de gestionar los bienes públicos debe ser igual para todos, sin excepciones.

O todos moros, o todos cristianos.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

El Sr. Valeriano Gómez y sus impuestos especiales.

El verano es una época del año especialmente favorable para la aparición de noticias un tanto especiales. Muchos medios de comunicación aprovechan la sequía informativa para desempolvar viejas historias o para subrayar determinados eventos que en otro momento habrían pasado desapercibidos. En otros casos, son determinados políticos los que aprovechan el hueco para lograr cierta notoriedad lanzando propuestas, globos sondas o realizando intervenciones que carecen de calado y de rigor.

Parece un poco pronto para ello considerando las fechas en las que estamos, pero lo cierto es que la propuesta lanzada ayer por el ministro de trabajo Valeriano Gómez de crear un impuesto especial para directivos de banca parece encajar en las noticias propias del verano.

Cualquiera habría pensado que D. Valeriano, experto en liquidaciones y desguaces, encajaba perfectamente en el esquema zapateril sobre empleo y que su paso por el Ministerio de Trabajo aportaría un mínimo de rigor y seriedad, pero parece que no es así. Será cosa del calor o del color político del Ministro, no se sabe, pero su propuesta veraniega es un disparate, una tomadura de pelo y, quizás, un guiño a los ex-acampados del 15-M.

Puestos a poner impuestos especiales quebrando toda clase de principios jurídicos y de garantías legales de los contribuyentes ¿por qué no poner un impuesto especial a quienes perciben una pensión mensual de 24.000 € tras sacudir los bolsillos de los ciudadanos con el canon y la Ley Sinde? ¿Por qué no un impuesto especial a los agentes de bolsa, a los directivos de empresas constructoras, a los fabricantes de armas, a los directivos de RTVE, o simplemente a los notarios? ¿Qué criterio hay que usar para crear un impuesto especial? ¿No sirve ya el IRPF en el que los parlamentarios gozan de excelentes privilegios? ¿No sería mejor, más eficaz y más justo suprimir las SICAV?

La peregrina y ministerial idea es una tomadura de pelo, un engañabobos y una hipocresía. El mismo Gobierno que permite que los directivos de las Cajas de Ahorro perciban en estos tiempos de crisis escandalosas retribuciones como las del Sr. Rato (10,5 millones de euros anuales) propone ahora un impuesto especial para directivos. Lo cierto es que el Sr. Rato cuya preparación y solvencia política están fuera de duda se convierte en directivo de Caja Madrid y de Bankia merced no a su carrera profesional dentro de la entidad financiera, sino a su trayectoria política. Y no es el suyo el único caso de políticos en la cumbre del poder financiero. A la peculiaridad de sus méritos se une el hecho de que se trata de entidades con carácter público y nutridas de ayudas y fondos públicos, provenientes de los impuestos de los españoles. De ahí que esas millonarias retribuciones sean más que cuestionables y de ahí la necesidad de que el Gobierno, en lugar de andar lanzando propuestas pintorescas, legisle lo necesario para impedir que los directivos de entidades sostenidas con fondos públicos, sean bancos, cajas o entidades como la SGAE, perciban retribuciones propias del ámbito privado. No tiene lógica que la Ministra de Economía y Hacienda gane 30 ó 50 veces menos que los directivos de las entidades a las que debe sostener y regular. El dinero público, lo gestione la administración o un banco, sigue siendo de los contribuyentes y debe ser tratado con el mismo rigor en cualquier caso. Impidan que con dinero público se cometan estos abusos y sobrarán impuestos especiales, aunque con ello pierdan la ocasión de entretener al personal con majaderías.

El Sr. Valeriano Gómez no tiene precio como liquidador. Ha terminado por hacer desaparecer cualquier atisbo de rigor intelectual y de seriedad en su ministerio.

Santiago de Munck loyola

La Junta de Gobierno de Novelda.

El 22 de junio pasado se hacía pública la decisión de la Alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, de constituir la Junta de Gobierno Local sin la presencia en la misma de la oposición (http://www.diarioinformacion.com/elda/2011/06/22/milagrosa-martinez-constituye-junta-gobierno-local-oposicion/1141123.html).

Esta decisión no ha sido bien recibida por algunos y así se ha puesto de manifiesto en algunos artículos aparecidos en la red en los que se acusa al nuevo equipo de gobierno de falta de transparencia así como de marginar a los grupos de oposición.

Sin embargo, esta decisión se fundamenta en una lógica democrática impecable. La Junta de Gobierno es, como su propio nombre indica, un órgano de Gobierno, no es un órgano de control ni de participación. Para eso está el Pleno de la Corporación. Corresponde, por tanto, a quienes ostentan responsabilidades de Gobierno formar parte de la Junta de Gobierno Local y no a quienes por mandato de los ciudadanos deben estar en la oposición. Es desde el pleno de la Corporación desde donde los miembros de la Oposición han de desarrollar los mecanismos de control y participación previstos en la legislación de régimen local.

La costumbre seguida en algunos municipios de integrar a la oposición en las Juntas de Gobierno, es decir, de concejales que no forman parte del Gobierno y que no ostentan responsabilidades de gestión, constituye una anomalía que se compadece mal con la dialéctica democrática establecida entre gobierno y oposición y con el espíritu de las leyes que regulan el funcionamiento de los entes locales. De una parte, el Gobierno Municipal pierde eficacia y espontaneidad pues la Junta de Gobierno deja de servir de órgano de apoyo a la Alcaldía y sede de deliberación en la toma de decisiones colectivas, corriendo, además, el riesgo de convertirse en un mini pleno con debates cruzados entre gobierno y oposición. Por otra parte, la oposición adquiere un papel de copartícipe en tareas ejecutivas para las que no ha sido designado por el voto de los ciudadanos.

La transparencia queda garantizada con los mecanismos legales previstos pues la oposición, aunque no forme parte de la Junta de Gobierno, conserva siempre los derechos y facultades de acceso a la información que la Ley de Bases y su reglamento prevén.

En definitiva, la decisión de la Alcaldesa de Novelda es una decisión no sólo democráticamente impecable, sino, además, cargada de racionalidad y lógica política. ¿Se imagina alguien a Rajoy sentado junto a Rodríguez Zapatero en el Consejo de Ministros como oyente? A que no. Pues eso.

Santiago de Munck Loyola.

El candidato P.

Hoy en día, en la venta de cualquier producto es imprescindible, si no se quiere fracasar en el empeño, someterse a los dictados del mundo de la publicidad, del marketing. Los especialistas hacen estudios de mercado, diseñan marcas, imágenes, logos, lemas,… todo lo necesario para que el producto a vender obtenga las mayores cuotas de mercado posible. Incluso, cuando es necesario cambian hasta la denominación del producto. Cualquier cosa vale con tal de colocar la mercancía, por muy mala que sea.

Y debe ser cosa del mercado esa tendencia del PSOE a cambiar hasta los apellidos de sus candidatos a la Presidencia del Gobierno. Primero fue Zapatero. Todos le conocemos por Zapatero, aunque su primer apellido sea Rodríguez. Hablamos de “Felipe González” o del “Sr. González”, de “José María Aznar” o del “Sr. Aznar” pero a poca gente, por no decir a ninguna, se le oye hablar de “José Luis Rodríguez” o del “Sr. Rodríguez”. Los publicistas socialistas nos machacaron con ZP y con Zapatero a secas y esa denominación ha calado.

Ahora le toca el turno al nuevo candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y en el primer filtro publicitario socialista ha perdido también su primer apellido. Ya en los carteles socialistas, sobre fondo de intenso rojo, ha rotulado Alfredo P. Rubalcaba.

Los tiempos cambian y con ellos la conveniencia de mantener los primeros apellidos. Si antes apellidos como Suárez, González o Aznar eran suficientemente políticos como para identificar a los candidatos, parece ahora que ni Rodríguez, ni Pérez valen para eso.

Puede que la razón por la que antes sí eran válidos esos apellidos para identificar a unas “mercancías políticas” estaba en que los portadores de tales apellidos reunían cualidades personales y políticas de tal peso y entidad que la identificación entre apellido y apellidado era más que suficiente. Suárez, González y Aznar gozaban de reconocimiento propio y proyección bastante como para no necesitar de triquiñuelas publicitarias.

Y no debe ser el caso de los dos últimos candidatos socialistas, Rodríguez y Pérez. Una lástima que alguien tenga que esconder su primer apellido a favor del marketing.

Santiago de Munck Loyola.