Urdangarin y la Feria de las Vanidades.

Día a día, vamos conociendo el progreso de la causa judicial abierta por el llamado “caso del Instituto Nóos” con el Sr. Urdangarin y su socio, el Sr. Torres, como principales protagonistas del mismo. Hoy se ha hecho público un extenso auto judicial en el que se impone a los mismos una fianza civil de 8,1 millones de euros, una de las más altas impuestas en nuestra historia judicial. Queda mucho tramo por recorrer en este proceso y en los que, con seguridad, se derivarán del mismo. Sin embargo, hace tiempo ya que para una gran parte de la población y de los medios de comunicación más sensacionalistas la sentencia está dictada. Pos su posición, el Sr. Urdangarin, hace tiempo que se ha convertido en cualquier conversación en el gran aprovechado, en el gran chorizo de España.

El hecho de que sea el yerno del Rey da mucho morbo a cualquier noticia respecto a este asunto. Se han aireado los correos que al parecer se cruzaba con su socio, conversaciones privadas, noticias relativas a la presencia en esta trama de la Amiga” del Rey (la acompañante del Monarca en su triste cacería africana y en algún que otro viaje oficial costeado por los contribuyentes), insinuaciones sobre la actitud del propio Monarca o incluso la posible evasión fiscal de unos cuantos cientos de miles de euros (una gota de agua en este océano de cuentas suizas y corrupciones varias). Pero tratándose de su parentesco, todo es desmenuzado, interpretado, comentado y, a veces, manipulado. Urdangarin se ha ganado seguramente a pulso su situación y su socio por su parte trata de salvar el pellejo tratando de salpicar a todo el que pueda y cuanto más alto mejor.

Una cosa parece estar clara: Urdangarin aprovechó sus relaciones para obtener unos ingresos que de otro modo no le permitirían llevar el tren de vida que su posición, al parecer, le exigía.  Tal y como se dice en el auto del juzgado utilizó el Instituto Nóos como mero "paraguas de bondad y de ayuda al prójimo para desviarse fondos públicos" y que Urdangarin y Torres se pusieron de acuerdo para rentabilizar ante entidades privadas e instituciones públicas la "influencia" que se derivaba del "parentesco" del duque de Palma con la Casa Real. O sea, un fresco de tomo y lomo, un aprovechado como pocos.

Pero también se desprende del citado Auto algo quizás mucho más importante: que los gobiernos de Valencia y Baleares vulneraron el procedimiento administrativo para otorgar el dinero al duque de Palma y dispensarle así un trato de favor, de "vestir el santo con expedientes administrativos nulos de pleno derecho para adjudicar el dinero público a Urdangarin tras acordar verbalmente los contratos con él". El problema no nace de que Urdangarin fuera un espabilado que puso precio a unos servicios profesionales basados en sus parentescos políticos, sino de quienes estaban dispuestos a comprar esos servicios con el dinero de los contribuyentes. Ni Urdangarin, ni su socio han forzado ninguna caja fuerte, no han metido la mano en ninguna caja pública. Lo que hicieron fue poner precio a sus influencias y otros las compraron, metiendo para ello la mano sobre el dinero público. Son los políticos de turno los que compraron las relaciones y los servicios de estos pájaros. A Urdangarin nos lo tenemos que “comer” los españoles, como nos tenemos que “comer” a cualquiera que pase a formar parte de la Casa Real, aunque haya sido republicano, mientras no se cambien las leyes vigentes. Y como ahora, a diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, los príncipes se casan con quien quieren y no con quien deben, pues resulta que si los nuevos miembros de la familia real no pertenecen a la rica aristocracia se “buscan” la vida para tratar de mantener el estatus que piensan que han de conservar sus consortes. Y así nos luce el pelo.

Pero a los que han comprado los servicios de Urdangarin y de su socio, los que han metido la mano en la caja para comprar humo y oropeles, a esos no nos los tenemos que “comer”. A ésos los hemos elegido en las urnas para muchas cosas, entre otras, para administrar bien nuestro dinero y lo han malgastado miserablemente. Y lamentablemente, ésos, hoy por hoy, no están siendo noticia. Los titulares se los lleva Urdangarin pero no los verdaderos responsables del expolio, los que han traicionado la confianza de los ciudadanos, los que han comprado y pagado esta opereta. Los verdaderos responsables son los componentes de esa ristra de mediocres politicuchos deslumbrados por el falso brillo del duque consorte y de las regias puertas que suponían podía abrirles, esa caterva de incompetentes ávidos de fotos, de relaciones ilustres, doctores en debilidades humanas como la codicia, el esnobismo, la hipocresía, los engaños y la holgazanería intelectual. Políticos idóneos  para ser protagonistas de la feria de las vanidades de Thackeray para los que Urdangarin ha caído del cielo siendo un eficaz suministrador de remedios para sus complejos. Son ellos los que hoy deberían acaparar los titulares en primer lugar porque son ellos, y pronto conoceremos todos sus nombres, los que nos han traicionado.

Santiago de Munck Loyola

Peligrosa incertidumbre en el Ayuntamiento alicantino.

Hace pocos días, el pasado domingo, el Diario El Mundo de Alicante, dedicando dos páginas enteras a la situación política que se vive en el Ayuntamiento de Alicante por la delicada situación procesal que atraviesa la Alcaldesa Sonia Castedo, encabezaba su información bajo el siguiente titular “Concejales del PP piden a Císcar que acelere la caída de Castedo para evitar el expolio de Alicante”. A continuación subtitulaba esta información con dos frases: “Manifiestan al líder provincial del PP que si se retrasa, la mayoría absoluta será irrecuperable” y que “la alcaldesa no cuenta ya con ningún incondicional, según han sondeado los ediles del PP”. No sé a los demás, pero a un servidor cuando lee lo de “evitar el expolio de Alicante” se le ponen los pelos de punta.

Claro que para informaciones y opiniones las hay tan variadas que uno no sabe con cual quedarse. Sin ir más lejos, hace tan sólo un par de semanas, el 7 de enero de 2013, se publicaban en el Diario Las Provincias las siguientes declaraciones del concejal popular Luis Barcala: “Sonia Castedo cuenta con el apoyo incondicional y sin fisuras de la totalidad del equipo de gobierno”. Aquí pueden plantearse varias hipótesis: o bien el Sr. Barcala no está entre los supuestos concejales que han ido a lamentarse ante el Presidente Provincial o bien está entre ellos y se desdice de sus recientes declaraciones o bien no se entera de nada. Hace tan sólo dos meses, el 16 de noviembre de 2012, con la Alcaldesa ya imputada en los tribunales, se celebró una cena de auto homenaje a Sonia Castedo y co-presidiendo dicha cena estaba el mismísimo Secretario General de la Provincia de Alicante, José Juan Zaplana. Si estas informaciones, declaraciones y gestos públicos pueden resultar contradictorios y desorientar a los propios afiliados del Partido Popular que se supone que algo deben conocer de estas idas y venidas, de estos malabares y juegos de salón, qué no debe ocurrir en la mente de los ciudadanos alicantinos que contemplan este espectáculo político. Pues lo menos que se debe de estar produciendo en el ciudadano es una pérdida progresiva de la confianza que depositaron en el Partido Popular hace casi dos años, ratificando con ello la afirmación del Diario El Mundo de que de seguir así la mayoría absoluta será irrecuperable.

 

Es muy difícil explicar a los ciudadanos que el Partido Popular ha trazado una línea roja respecto a los imputados y procesados que consiste en que, cuando son imputados o procesados, no pueden ocupar puestos orgánicos en la estructura del Partido Popular pero sí pueden seguir ocupando cargos públicos en Ayuntamientos o en las Cortes Valencianas. Es cierto que el Partido Popular no puede obligar a nadie a renunciar a su cargo público, a su acta de concejal o de diputado, pero sí puede excluirlos de sus grupos municipales o del grupo parlamentario. Esa exclusión sí que sería una muestra de coherencia política que con toda seguridad supondría algo más de confianza y de credibilidad a las llamadas líneas rojas. Y esa exclusión no supondría cuestionar la presunción de inocencia de nadie o, en todo caso, supondría hacerlo en la misma medida que se hace cuando se excluye a imputados y procesados de los puestos orgánicos del propio partido. No hay fórmulas intermedias válidas y prueba de ello es que la actual situación consentida y mantenida por los más altos responsables políticos del Partido Popular está causando una profunda desconfianza entre los electores  y un daño constante a la imagen e intereses del partido.

Y si hay algo grave, además, en estas informaciones y en las polémicas que sobre ello se mantienen es el silencio atronador de quienes deberían negar que se esté produciendo o se vaya a producir un “expolio” de Alicante, algo difícil de aceptar. Es una gravísima acusación que debería haber tenido ya una respuesta pública por parte de la Dirección Provincial. Dicen que el que calla otorga y en este caso el silencio es inaceptable.

Sea o no cierta la petición de auxilio de algunos o de todos los concejales al Presidente Císcar, no es posible olvidar que un concejal tiene ante todo una enorme responsabilidad ante los votantes y es a ellos a quien se debe en primer lugar, que esa responsabilidad hace a todos los concejales del gobierno municipal partícipes de los éxitos y de los fracasos en la gestión municipal y que en esa responsabilidad se incluye la de elegir a quien ha de ocupar la Alcaldía y la de destituirlo, en su caso, con la aplicación de los mecanismos legales existentes para ello. Pero no cabe echar balones fuera.

Santiago de Munck Loyola

Con la que está cayendo ¿una comisión de ética?

La reiteración de conductas repudiables de algunos dirigentes políticos o empresariales está generando un verdadero hartazgo entre los ciudadanos. Cada día que pasa irrumpe un nuevo escándalo sobre los abusos y latrocinios de unos pocos sobre los bienes públicos, pero que salpican irremediable pero inmerecidamente al conjunto de la clase dirigente de nuestro país. Y las reacciones de esta clase dirigente no son siempre las más acertadas. Hay cierta sensación de que todo este ambiente de corrupciones  y abusos está cogiendo con el pie cambiado a los principales responsables políticos y, por supuesto, a las lentas maquinarias de los partidos políticos. Si los ciudadanos están indignados, no menos desconcertados lo están los miles de militantes de las formaciones políticas que se debaten entre el cierre de filas, la incredulidad o la exigencia de responsabilidades. Se proponen pactos anticorrupción, auditorías internas y externas de las cuentas de los partidos, "fiscales anticorrupción" internos, se marcan líneas rojas respecto a la situación de cargos públicos imputados o procesados, se amaga pero no se da, en fin, que todo anda francamente revuelto y no parece existir un rumbo claro para acabar con una lacra que no ha nacido ahora, sino que viene incubándose desde hace muchos años gracias a un conjunto de normas que facilitan este tipo de conductas: la legislación vigente sobre contrataciones públicas, la regulación de la financiación de los partidos políticos, un derecho procesal anquilosado y una justicia escasa de medios.

Y en medio de este panorama aparece una noticia que merece la pena ser comentada: el Partido Popular de la Provincia de Alicante ha encargado a su “comité de ética” (sólo ya la denominación del citado comité tiene lo suyo) la redacción de un “libro blanco” para trasladar transparencia, rigor y firmeza en su gestión pública. Este comité a pesar de llevar varios meses constituido, “será a partir de ahora decisivo en el modelo de comportamiento que el Partido Popular de la Provincia de Alicante va a exigir a sus responsables y cargos públicos”. ¿Y antes? Según se ha comunicado a la prensa, la dirección provincial ha encargado al comité de ética la elaboración de un reglamento, un libro blanco que responderá a la máxima de que “no basta con ser honrados. Además, hay que parecerlo”. También se ha comunicado desde la Provincial popular que el citado comité, que preside Pascual Díaz, requerirá a los políticos populares, transparencia, rigor y firmeza. Y uno no tiene más remedio que preguntarse ¿es que es necesario un comité para exigir a los políticos populares transparencia, rigor y firmeza? ¿Se está poniendo bajo sospecha a todos los políticos populares por la existencia de determinados y notorios casos sobre los que precisamente la dirección provincial no se pronuncia públicamente? ¿Hace falta un comité para exigir a los políticos populares lo que ya el propio Partido Popular y la legislación vigente exigen?

Es de suponer que este comité y el reglamento que va a elaborar versa sobre la ética, es decir, sobre esa rama de la filosofía que trata sobre los actos que el ser humano realiza de modo consciente y libre y que no se limita sólo a ver cómo se realizan esos actos, sino que busca emitir un juicio sobre estos, para tratar de determinar si un acto ha sido éticamente bueno o éticamente malo. La ética establece una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo desde el punto de vista ético, y si el bien y el mal éticos coinciden o no con lo que serían el bien y el mal en sí. Complejo campo el de la ética como para andar jugando con ella. Pero es que, además, los criterios éticos, siempre cambiantes según la evolución de la conciencia social, son previos al derecho positivo y su arraigo social impulsa la transformación de las leyes que los ciudadanos nos damos. Y entre la multitud de normas que rigen nuestras vidas, nacidas de una determinada conciencia social ética, hay algunas que permiten aproximarse a esos conceptos que en el funcionamiento de las instituciones pretende trasladar el citado comité de tan pomposo nombre: la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, por citar solo algunas en el ámbito de la legislación estatal. Y sin ir muy lejos, dentro de la propia casa, es decir en el Partido Popular, además de los propios Estatutos del Partido, en el año 2009, se aprobó el Código de Buenas Prácticas cuyo objetivo es establecer con precisión unas pautas de conducta, a las que deben ajustarse los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización.

Una de dos, o dicho código interno ya no está vigente en el Partido Popular y no nos lo han comunicado, para variar, a los afiliados o sí que está vigente y lo que ocurre es que la Dirección Provincial Alicantina, que no se pronuncia sobre si los cargos públicos del PP imputados de Alicante deben o no dimitir, lo considera insuficiente y por ello ha tenido que encargar un nuevo Reglamento sobre “la ética” de ciertas conductas. Por cierto, que repasando dicho código aparecen algunas cuestiones más que llamativas, por ejemplo, en el mismo se exige que los candidatos a cargos públicos deben suscribir una Carta de Compromisos y que dicha carta se publicará en la página web del partido ¿la ha visto alguien en Alicante? ¿la han suscrito todos? o que “Se constituirán las Mesas de Contratación del Partido Popular, órgano deliberante que, en los distintos ámbitos territoriales, tendrán por cometido analizar y ponderar ofertas en los contratos que tengan por objeto la publicidad, los viajes y los actos de Partido y las campañas electorales. La Mesa de Contratación contará con al menos cinco miembros, de los que uno será en todo caso un audito interno que garantice que el proceso de contratación se atiene a los principios y al procedimiento establecidos en este documento.” ¿Se ha constituido dicha Mesa en la Dirección Provincial de Alicante? ¿Cuándo? ¿Quién la compone?

Como puede observarse no será por falta de normas y reglamentos que ahora sea necesario un comité de estas características para elaborar un reglamento más a añadir a los que existen y no se cumplen. Hay otra forma de hacer las cosas. Los ciudadanos queremos ejemplaridad, que se cumplan las leyes existentes y si no son suficientes que se reformen. Hay demasiados problemas por resolver como para andarse con juegos florales a mayor gloria de los protagonistas de turno. Trabajo constante, silencioso y tenaz y menos cohetes es lo que hace falta, no sea que haya que terminar pensando que Napoleón Bonaparte tenía razón cuando decía que “si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”.

Santiago de Munck Loyola

           

Poca munición para Rubalcaba.

Todo este jaleo que han organizado las informaciones sobre las cuentas suizas del Sr. Bárcenas está dando mucho juego político aún antes de que hayan aparecido todos los cabos sueltos que parecen existir. La corrupción siempre ha sido un arma arrojadiza entre los partidos políticos; el “y tú más” está y ha estado siempre a la orden del día. Pero en todo este lío aparecen algunas declaraciones y actitudes muy significativas. No estamos ante un asunto aislado, un posible caso de corrupción en el paraíso de la honestidad pública, sino de un caso más, cuyo alcance e implicaciones está aún por conocer, entre una larguísima lista de casos que alcanzan a prácticamente a todos los partidos que tocan o han tocado poder. Y por eso, porque no es el primer caso, ni desgraciadamente el último, llaman la atención las declaraciones de unos y otros.

Sin señalar a nadie resulta extremadamente sospechoso el silencio de algunos en torno a las cuentas suizas del clan Pujol o del padre del Presidente de la Generalidad catalana; o la afonía crónica que han venido padeciendo otros respecto al fraude de los ERES en Andalucía que han supuesto la desaparición de muchos más millones de euros que los apuntados al Sr. Bárcenas en Suiza o del escándalo de Santa Coloma; qué decir de la falta de petición de  excusas a los españoles por haber montado toda una trama de financiación ilegal de su partido a través de empresas como Filesa, Malesa y Time Export; o el silencio ante el latrocinio de fondos reservados, el BOE, los huérfanos de la Guardia Civil; o el mirar hacia otro lado cuando se habla de la operación Campeón. En fin que la lista de los silencios, y no de los corderos precisamente, es interminable. Sin ir más lejos, cuando hoy mismo se preguntaba a algún responsable socialista sobre el pago de 600.000 euros de una Fundación socialista, nutrida con fondos públicos, a familiares y amiguetes de los más altos dirigentes socialistas responden sin despeinarse que se trata de “pagos legales y, por supuesto, morales”. Y se quedan tan frescos. La Sra. Soraya Rodríguez no debe saber lo que el nepotismo. Y para qué mencionar los problemas tributarios de la Sra. Valenciano en la Comunidad Valenciana, en Alicante sin ir más lejos.

Sin embargo, al que hoy le ha debido traicionar el subconsciente es al Sr. Pérez Rubalcaba. Interrogado sobre la propuesta del Presidente Rajoy para concluir un pacto contra la corrupción el Sr. Rubalcaba se desmelena y lo rechaza diciendo que PSOE y PP no pueden dar la impresión de que llegan ahora a un acuerdo para tapar las vergüenzas de un caso de corrupción. No, no se trata de eso, un pacto contra la corrupción no se formula para tapar las vergüenzas de nadie, sino para adoptar de forma conjunta las medidas legales y políticas que conduzcan a imposibilitar que se vuelvan a producir casos de corrupción. ¿En qué estaría pensando el Sr. Rubalcaba? ¿Qué quiere tapar? Y tratando de sacar pecho, como lo describe algún medio de comunicación, el Sr. Pérez Rubalcaba ha proclamado que “en el PSOE no hay un euro negro, ni cuentas en B, ni comisiones ilegales”. Estupendo, ya era hora. Pero esa afirmación ¿qué significa? ¿Qué en los demás partidos sí las hay? ¿Tiene pruebas de ello?

Estamos atravesando no solamente una dura crisis económica, sino también una peligrosa crisis política e institucional. En este contexto los partidos políticos deberían hacer un gran esfuerzo por recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos, cada vez más hartos de estos denigrantes espectáculos que manchan a toda una clase política compuesta en su mayoría por gente honesta. Hoy, como ayer, hay problemas de corrupción porque los partidos políticos no han resulto de forma clara el problema de su propia financiación y porque no han querido adoptar mecanismos de garantía y control en los procedimientos de contrataciones de las administraciones públicas o las regulaciones urbanísticas, ni han querido acabar con las grandes dosis de discrecionalidad que en ambos campos se aprecian. Es una asignatura pendiente y no se pueden permitir el lujo de volverla a suspender.

Le guste o no a la oposición socialista, la respuesta que el Partido Popular ha dado ante las informaciones publicadas sobre posibles irregularidades económicas ha sido rápida y certera. Tanto desde un punto de vista del funcionamiento interno del partido mediante una doble revisión de sus cuentas, como desde el punto de vista político con la próxima comparecencia de Montoro, el Presidente Rajoy ha establecido un camino transparente y lo ha hecho con una rapidez muy superior a la empleada por otros años atrás. Otra cosa es, y lo estamos viendo, que con estas medidas esté dejando sin munición a algunos francotiradores.

Santiago de Munck Loyola

Las cuentas del PP claras en Madrid y en Alicante también.

El revuelo organizado por las informaciones periodísticas sobre las cuentas suizas del ex tesorero del PP, Sr. Bárcenas, y sobre las acusaciones de pagos de sobresueldos entre miembros de la cúpula del Partido Popular mientras este señor se ocupaba de las cuentas del partido es más que evidente. Estas informaciones escandalizan a cualquiera y aunque es necesario mantener cierta prudencia sobre su veracidad porque tienen que ser probadas y porque están siendo difundidas por el entorno de Bárcenas dentro de su estrategia defensiva, no es menos cierto que su verosimilitud se deriva de la tradicional opacidad de los partidos políticos en torno a sus ingresos y sus gastos. Los partidos políticos se han organizado un sistema legal de fiscalización a su medida. Entregan sus cuentas al Tribunal de cuentas y éste emplea 4 o 5 años en revisarlas y si detecta cualquier anomalía en la financiación suele ser cuando la posible infracción ya ha prescrito.

Ayer, la Secretaria General del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal admitía, como no puede ser menos, que las informaciones de los últimos días sobre el caso Bárcenas “pueden provocar escándalo” y “son de tal de gravedad” que el Partido Popular ha decidido “revisar sus cuentas” de los últimos años. Afirmó, además, que “vamos a revisar la gestión, de ahora y de hace tiempo, para enseñársela a todos los españoles con las manos limpias y demostrar que la inmensísima mayoría de los cargos y militantes del PP son honrados”. Pues bien, no parece necesario, por obvio, demostrar que la inmensa mayoría de los cargos y militantes del PP son honrados. Lo que hace falta demostrar y denunciar ante la opinión pública y la Justicia quiénes son los cargos y militantes populares que no son honrados, hay que demostrar que las cuentas del Partido Popular están impolutas y que no hay financiación ilegal del partido.

Pero lo que de una vez deberían hacer es enseñar las cuentas del partido a los propios militantes y afiliados porque es impresentable que no tengamos acceso a las cuentas de nuestro partido. Es estupendo que se quieran enseñar a los españoles en general, pero ¿por qué se ocultan año tras año a los afiliados? En la inmensa mayoría de las asociaciones o en cualquier comunidad de vecinos, sus miembros reciben anualmente el balance con los ingresos y gastos detallados. Sin embargo, eso no ocurre en la inmensa mayoría de los partidos políticos y desde luego no ocurre en el Partido Popular. Y resulta más llamativa esta falta de transparencia cuando se supone que los ingresos de un partido político son, en su inmensa mayoría de origen público, vía subvenciones, y por tanto aportados por los contribuyentes. A estos ingresos hay que sumar los provenientes de las cuotas de afiliación y donaciones. Si sólo existen estas tres fuentes de financiación ¿por qué se ocultan a los afiliados? ¿Tenemos que esperar 4 o 5 años para acudir al Tribunal de Cuentas a ver si nos dicen en qué se ha gastado nuestro dinero nuestro propio partido político? Ridículo. No caben excusas, no pueden seguirse amparando en las especiales características de un partido político para ocultar sus cuentas a quienes forman parte del mismo o a los contribuyentes. Los partidos políticos son instrumentos de participación, cauces de canalización, de conformación de la voluntad política, son importantísimos instrumentos sobre los que se asienta la democracia, pero son también “empresas” que ingresan y gastan, que usan el dinero de los contribuyentes y de sus afiliados y deben rendir cuentas a los mismos.

Los afiliados queremos saber y lo exigimos. Se trata de un derecho estatutario, obtener información, y de un deber político de los dirigentes políticos. Y descendiendo al ámbito local de la organización popular, los afiliados, cuando leemos en la prensa que los dirigentes provinciales nos piden un euro por cabeza para saldar deudas de la organización provincial, también queremos saber por qué. No sólo no nos envían el balance correspondiente, sino que además tienen la poca vergüenza de pedírnoslo por la prensa, ni una carta explicando las razones. Y lo más sangrante es que nos lo pidan a los afiliados de la ciudad de Alicante que llevamos años pagando nuestras cuotas sin que ni tan siquiera dispongamos de una sede propia, ni de una simple página Web para ser informados. ¿En qué se han empleado nuestras cuotas? ¿Cuáles son las cuentas del PP de la ciudad de Alicante? ¿Quién es el tesorero? ¿Cuánto se debe? ¿A quién? Queremos saber y lo exigimos, sí, porque es nuestro derecho. Le moleste a quien le moleste.

Santiago de Munck Loyola

Chorizos a granel.

¡Vaya semanitas que llevamos! Parece que ningún partido se libra de salir en los papeles de los trincones. Hace tan sólo unos meses se hablaba de los Gürtel, después de los ERES falsos andaluces, más tarde de Pepiño el campeón y sus entrevistas en gasolineras, hace unas semanas empezaron a correr noticias en torno a los cinco hijos millonarios de Pujol y sus aficiones a las montañas suizas y a los complejos hoteleros caribeños, hace unos días nos centrábamos en los independentistas de Durán y su amor a la formación remunerada con fondos europeos y ahora estamos en plena tormenta ocasionada por el Sr. Bárcenas, alias Luis “el cabrón” según las contabilidad gurteliana, y su pasión por el alpinismo suizo. 

Y seguiremos dentro de unas semanas con nuevos y jugosos casos protagonizados por parte de nuestra sacrificada clase dirigente. Aquí el que no corre vuela, desde el yerno del Rey hasta el ex presidente de los empresarios, pasando por políticos de distintos colores y jerarquías, desde independentistas a constitucionalistas. Todos ellos unidos por una misma “pasta”, todos ellos compartiendo afición al trinque de lo ajeno. Corrupción trasversal. Mal está que 30.000 ciudadanos cobren ilegalmente la dependencia de fallecidos, pero con el ejemplo que algunos dirigentes de este país ofrecen ¿qué menos se puede esperar? 

¡Ya está bien! Es hora de que los ciudadanos que nos las vemos y deseamos para cumplir con nuestras cargas familiares y con nuestras obligaciones tributarias, digamos ¡basta! Y nos posicionemos de forma clara y rotunda contras este estado de cosas. Nada de tibiezas porque con ellas no cambiarán, no reaccionarán quienes tienen la obligación de hacerlo. Con tanta tibieza lo que sí han conseguido es que la conducta inmoral de unos pocos manche el nombre de toda la clase política.

Es muy probable que el actual estado de cosas será aprovechado por los simples y por los manipuladores de siempre para decir que todo es culpa del año de gobierno del PP, como si no fuera más que evidente que la corrupción no nace de un día para otro. Están aflorando casos que durante años y bajo distintos gobiernos se han ido fraguando. Y ello ha sido posible porque los distintos gobiernos han carecido de la voluntad política necesaria para establecer mecanismos preventivos. Hay corrupción porque nuestras leyes otorgan un gran margen de discrecionalidad a los políticos a la hora de contratar con las administraciones públicas; hay corrupción porque se ha pervertido la independencia judicial; hay corrupción porque no se ha querido establecer una Ley de financiación de partidos políticos seria y transparente; hay corrupción porque se han aflojado los mecanismos de control que antes ejercían, por ejemplo, los habilitados nacionales en las corporaciones locales; hay corrupción porque nadie ha acometido una reforma sería de las normas que rigen los procedimientos judiciales para implantar criterios de sumariedad en las causas abiertas o hay corrupción porque los partidos políticos no permiten que sus militantes decidan quienes les representan en las instituciones y utilizan los cargos públicos como recompensa para los fieles, sea cual sea su preparación, a las cúpulas dirigentes. Son muchas las causas que propician la aparición de casos de corrupción pero pocas las inequívocas manifestaciones de voluntad política, traducida en hechos concretos, para acabar con ellas.

Hoy afirmaba el Presidente Fabra en relación a cargos populares imputados o procesados que el Partido Popular ha establecido una clara línea roja: los imputados o procesados no pueden ostentar cargos internos dentro del partido ni permanecer en puestos de designación directa, de confianza. Vale, muy bien. Pero eso quiere decir que quien está imputado o procesado, a pesar de la presunción de inocencia, no es apto para ese tipo de puesto, pero sí, al parecer, para seguir ostentando cargos electos. O sea que un imputado no puede ser secretario general del PPCV, por ejemplo, pero sí puede ser alcaldesa de Alicante. Es curioso que se considere necesario preservar de la presencia de un imputado un cargo de partido y no un cargo público. ¿Es lógico?

Por otra parte, hoy también, Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia, ha hecho un llamamiento para que "los más preparados, los más comprometidos y los más íntegros"  entren en política con el objetivo de que "no la copen los peores". ¡Perfecto! Pero a ver si la leen en Alicante porque bastó que en septiembre se anunciase a la Dirección Provincial la intención de un grupo de modestos militantes de base alicantinos (sin pretender presentarse como los más preparados, comprometidos e íntegros) de presentar una candidatura a la Junta Local del PP de Alicante por la regeneración del partido para que un mes después se suprimiese la Junta Local de Alicante con el fin de evitar elecciones a la misma.

Cada día se hace más evidente la necesidad de una reacción ciudadana en contra de todas estas tropelías, de los sinvergüenzas de cualquier color que han confundido las instituciones con una charcutería. Y es necesario no callar, condenar sin tibieza, marcar líneas rojas más claras aún y hacerlo con frecuencia porque si no lo hacemos así los escándalos de hoy serán simples anécdotas dentro de unos meses y serán sustituidas con normalidad por otras noticias similares. Nada hay peor que terminar por acostumbrarse al sonido atronador porque termina imponiéndose la sordera.

Santiago de Munck Loyola

Coincidencia entre Leguina y Aguirre.

No cabe la menor duda de que cualquier movimiento o declaración de la Presidenta Popular madrileña, Esperanza Aguirre, no pasa inadvertido y provoca ríos de tinta. No se han apagado aún los ecos generados por su salto profesional a la empresa privada, cuando se extiende con fuerza la nueva propuesta que en un programa televisivo ha lanzado. Bueno, lo que se dice nueva, no, porque la misma idea la lanzó hace tiempo el ex presidente regional madrileño, Joaquin Leguina, a saber, que para ocupar un cargo público habría que exigir una experiencia profesional previa del interesado, ya sea en el ámbito privado o en el público. Es decir, que habría que establecer una limitación de modo que no pueda ser cargo público quien “no haya cotizado a la Seguridad Social en otra cosa, que no haya sido autónomo, empresario, que no haya hecho cosa distinta en su vida". Hace unos meses Joaquin Leguina afirmaba "el PSOE tiene un defecto en la selección de personal. No puedes tener en un partido a gente que no ha trabajado en su vida". Según él, la "inmensa mayoría" de los dirigentes socialistas se encuentran en esa situación. La situación es muy similar en ambos partidos y los resultados de la misma están a la vista de todos. Gran parte de la clase política de nuestro país está compuesta por personas que nunca han sabido ganarse la vida por su cuenta, sin el amparo de las siglas de su partido, por personas que no saben lo que es y lo que cuesta la vida laboral y cotidiana de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y que, en consecuencia, carece de la experiencia, de la profesionalidad y, sobre todo, de la sensibilidad social suficiente para desempeñar con eficacia y ejemplaridad los cargos públicos que ostentan. Se trata de un grave problema de cuya responsabilidad, hay que decirlo, no están exentos los máximos dirigentes políticos.

La política española y las administraciones públicas en todos sus niveles, desde el Congreso hasta los Ayuntamientos, están repletas de claros ejemplos de criaturas sin experiencia profesional o sin cualificación suficiente para el desempeño de sus tareas, pero que han llegado lejos porque se han criado en el seno de las organizaciones burocráticas sabiendo hacer pasillos, relacionándose con quien convenía, no exponiendo ni una sola idea propia y siendo fieles ejecutores de instrucciones superiores por perversas que fueran. Peones de partido elevados a los puestos de responsabilidad por su docilidad fundamentalmente. No se trata de una generalización, no, junto a ellos hay excelentes profesionales pero que lamentablemente no son noticia.

Quizás el más claro ejemplo del resultado de los colocados de los partidos lo tengamos en el ex Presidente Rodríguez Zapatero, pero hay muchos otros casos que sirven para ilustrar los métodos y mecanismos de selección de los partidos y las consecuencias de ello. Resulta inconcebible, por ejemplo, que un señor sin militancia en el Partido Popular por el simple hecho de ser vecino veraniego del Sr. Rato en Carabaña sea designado, nada menos que responsable de los 178 organizaciones del PP en los pueblos de la Comunidad de Madrid, que tres años después sea designado diputado autonómico y que aún siga disfrutando de su escaño sin la más mínima preparación política e intelectual. También resulta igualmente poco justificable que una señora como Gádor Ongil, sin cualificación profesional, por el simple hecho de haber sido una de las secretarias en la oficina de Adolfo Suárez y de saber pavonearse por los pasillos descalificando hábilmente a muchos compañeros pase a ser concejala por el PP en 1995, después diputada regional y luego en 2008 sea nombrada, nada menos, que Consejera del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y ahí tenemos también el caso del ex Alcalde de Alcalá de Henares, al que Esperanza Aguirre hizo diputado autonómico en las últimas elecciones y que se ha hecho famoso, junto con la diputada Isabel Redondo, por emplear el sueldo que le pagan los contribuyentes para jugar con su tablet mientras se discutían los problemas de la sanidad madrileña. Pues bien, Bartolo, sin estudios conocidos, era concejal a los 23 años y desde entonces no ha abandonado la moqueta oficial. ¿El resultado? Pues a la vista está.

La lista de colocados por las burocracias de los partidos, no por sus militantes, que carecen de cualificación profesional o de experiencia laboral “civil” o de ambas cosas a la vez es muy grande y el resultado de esta circunstancia no puede ser peor. También en Alicante tenemos buenos ejemplos de ello y pronto se pondrá aquí de manifiesto. Si a ello sumamos además la lista de los colocados por el poder de la genética nos podremos hacer una idea muy clara, aunque poco estimulante, del panorama con el que los partidos nos obligan a convivir.

Esta propuesta de Aguirre y de Leguina es buena pero manifiestamente mejorable y supone, cuando menos, un reconocimiento implícito de la parte de responsabilidad que les incumbe al haber consentido, impulsado o tolerado estas situaciones. ¿Experiencia laboral previa para acceder a cargos públicos? Sí, pero además, exigencia de cualificación y formación para su desempeño y aval de las bases de los partidos. Los cargos públicos no son premios para los fieles aunque así lo entiendan los partidos. Son puestos de servicio y responsabilidad hacia la sociedad y los dirigentes políticos deberían entenderlo y asumirlo de una vez.

Santiago de Munck Loyola

¡Bien por Esperanza!

Escuchando hoy a algunos comentaristas políticos, presuntamente progresistas, se deduce que según ellos para dedicarse a la política hay que ser funcionario o millonario. Muchos de ellos andan aún rasgándose las vestiduras porque Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, ha abandonado su puesto de funcionaria al que se había reincorporado tras su dimisión como Presidenta Regional para empezar a trabajar en una empresa privada, Seeliger y Conde. Y parece ser que a estos señores les parece muy mal que Esperanza Aguirre trabaje para una empresa privada que, por cierto, no está en absoluto relacionada con las administraciones públicas, mientras conserva su puesto de Presidenta del partido Popular de Madrid, un puesto de carácter interno. Y ¿por qué? Pues sinceramente se mire por donde se mire no parece haber ninguna razón que justifique este rechazo, no hay ni incompatibilidad legal ni ética, para ello y tan sólo se puede intuir con el fondo lo que subyace es una inquina y una fobia política tan furibunda como rancia. De este rechazo y condena habría que entender que sólo se puede ocupar un puesto de responsabilidad en una organización política si uno tiene aseguradas las lentejas o porque es rico y no necesita trabajar o porque su sustento está garantizado por un salario público. Increíble, pero cierto.

Y lo que más llama la atención de estos adalides de la moralidad progresista es su sepulcral silencio en torno a la tradicional práctica de nuestros políticos cesantes de situarse en consejos de administración de empresas privadas o públicas o en instituciones inoperantes como el Consejo de Estado para llevárselo “calentito”. A estos señores, visto su silencio, les debe parecer de perlas como muchos de nuestros políticos cesantes cobren astronómicas cuantías por sentarse en Consejos de Administración de empresas cuyos ingresos y desarrollo ha dependido en buena medida de las decisiones políticas que ellos adoptaban cuando ejercían el poder. Ahí no ven reparo, ni incompatibilidad ética o legal ninguna. Si Esperanza Aguirre hubiese querido ocupar el puesto que le correspondía en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid como ex presidenta regional, como Joaquín Leguina, y percibiese por tanto unos buenos ingresos por ello ¿les parecería bien a estos críticos? Pues no, Esperanza, no lo ha hecho ahorrando con ello unos cuantos millones a los contribuyentes.

Otros políticos optaron por caminos muy distintos, muchos de ellos han recalado en el Consejo de Estado, por ejemplo, y otros han terminado en Consejos de Administración de empresas que en su día fueron afectadas por sus decisiones políticas. Ahí tenemos el caso de Felipe González presente en los consejos de administración de las 35 mayores empresas españolas. José María Aznar fue contratado por Endesa (en su caso en calidad de asesor externo). 

Hay más de una decena de ex ministros que ocupan buenos sillones directivos: Marcelino Oreja  en FCC, Luis Carlos Croissier  en Repsol, Javier Gómez Navarro  en Técnicas Reunidas, Miguel Boyer y Ángeles Amador  en Red Eléctrica, Ángel Acebes  en Iberdrola, José Borrell en Abengoa etc. Y cualquiera puede preguntarse ¿por qué están en estas empresas? ¿Cómo pago de favores recibidos? ¿Por agradecimiento? ¿Para utilizar sus influencias ante las administraciones públicas? ¿O por sus excelentes y hasta hace poco desconocidas cualidades profesionales y empresariales?

No es creíble este doble discurso: el silencio ante estos casos y el grito en el cielo por la decisión de Esperanza Aguirre. Como en tantas ocasiones, se ha abierto una falsa polémica con poca base y más bien sustentada en fobias ideológicas que en argumentos sólidos e inteligentes. Bien por Esperanza. Ha tomado una sabia decisión, buena para ella y buena para los contribuyentes. Y ojala cunda su ejemplo.

Santiago de Munck Loyola

Privatizaciones y genética.

Anda revuelto el personal con algunas noticias surgidas en los últimos días en torno a las llamadas externalizaciones de servicios sanitarios, antes llamadas privatizaciones, en la Comunidad de Madrid. Hay quienes hacen de las privatizaciones una cuestión de fe, un dogma, como si se tratase de una receta mágica capaz de deshacer cualquier entuerto. Los radicales de las privatizaciones, al igual que los radicales de lo público, creen a pie juntillas que su método es el mejor en cualquier caso, que es una panacea universal aplicable en cualquier administración y en cualquier circunstancia. El mantenimiento a ultranza de estos dogmas no pasaría de la categoría de anécdota sobre cerrazones mentales, sino fuera porque cuando unos y otros ponen la mano sobre la gestión lo hacen, por regla general, con poca reflexión, con poco análisis de la realidad y con menos datos aún. No hay recetas universales, cada caso es diferente y la solución, pública, privada o mixta, dependerá siempre de una correcta cuantificación de la relación eficacia precio. Sin embargo, cuando las aguas se revuelven más y cuando de verdad se encienden los ánimos es cuando en torno a estos procesos aparecen situaciones que, cuando menos, son poco estéticas.

Y eso es lo que está ocurriendo en torno al proceso abierto en la sanidad madrileña. El blanco de las miradas es, ni más ni menos, que el exconsejero de sanidad de la Comunidad Madrileña, Juan José Güemes. Según se apunta en diversos medios de comunicación, en el año 2009 el Sr. Güemes puso en marcha la privatización de la gestión de los análisis clínicos de 6 hospitales y de más de 250 centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid que fue adjudicada a una UTE, BR Salud. En Marzo de 2010, el Consejero de Sanidad Güemes dimitió repentinamente. Resultó sorprendente que alguien tan joven, con una meteórica carrera política fraguada en los pasillos y las relaciones personales y con un brillante futuro político, abandonase de pronto y se marchase al sector privado. Ya se sabe que eso es algo muy raro en los lares de la política española. Pero, de pronto salta otra noticia: en enero de este mismo año, hace unos días, el 55 % de la UTE a la que fue adjudicada la gestión de los análisis clínicos por el Sr. Güemes es comprada por otra empresa, Unilabs, que pertenece al Grupo Carpio. Y, sorpresa, ¿quién pertenece a su Consejo de Administración? Pues el Sr. Güemes. No cabe la más mínima duda de que todo se habrá hecho con el más absoluto respeto a la legalidad, en especial, en lo referente a los plazos sobre incompatibilidades que afectan al Sr. Güemes, pero tampoco cabe la más mínima duda de que estéticamente es inaceptable porque, mira por donde, de las miles de actividades profesionales que con tan brillante preparación podría haber elegido el Sr. Güemes ha ido a recalar en el sector sanitario y casualmente, dentro del sector, en las empresas que gestionan las contratas que él mismo promovió. Francamente sospechoso.

Y estas cosas pasan, a parte de por culpa de las propias debilidades de la naturaleza humana, por esa tendencia endogámica de los partidos que les lleva a situar en puestos de responsabilidad a amiguetes, a conocidos y a familiares prescindiendo de la cantera de las poderosas organizaciones que dicen poseer. Ya es casualidad que un poderosos partido con cientos de miles de militantes siempre termine situando a los mismos o al entorno de los mismos. Cuando se habla de defender a la familia uno pensaba que se trataba de la institución familiar y respecto a circunstancias muy diferentes. Y es que esto de la familia es muy nuestro. Ya Alfonso Guerra nos demostró como un hermano podía ayudar a la gobernación del Estado con despachito en Sevilla para, tomando unos cafelitos, agilizar el funcionamiento de la pesada maquinaria administrativa pública. Era una forma de privatizar, más bien de familiarizar, la burocracia pública. De su ejemplo tomó buena nota el Sr. Chaves quien desde su largo período de califato autonómico hizo una ostensible demostración de lo bien que una gran familia puede servir al interés general. ¿Y en la Comunidad Valenciana? Pues también tenemos grandes ejemplos de lo que se entiende por gestión privada y familiar de las instituciones públicas. Desde el Ayuntamiento de Alicante hasta las Cortes Valencianas puede seguirse el rastro de este principio de la defensa de la familia. Mira que hay gente capacitada en el Partido Popular para desempeñar con eficacia cargos públicos, pues, nada, hay personas que a sus impresionantes cualidades personales deben unir un carisma especial que les hace acreedores del escaño, por ejemplo, y no por que casualmente sean hijos del ex.alcalde de la ciudad, no, no piense mal el lector. Seguramente se trata de una cuestión de genética política. Debe haber algún gen oculto que potencie la proliferación de cargos políticos en el seno de una misma familia. 

Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la Sra. Esposa del Sr. Güemes, la inefable diputada popular Dª Andrea Fabra, bisnieta, nieta, e hija de Presidentes de la Diputación de Castellón, que se dice pronto. Con ese acervo genético, además de hacerse famosa por su entrañable “que se jodan”, la esposa del Sr. Güemes ya lo era por ser asesora, a los 24 años, del Secretario de Hacienda. Y me pregunto ¿Qué clase de Secretario de Hacienda nombraron que necesitaba una asesora de 24 años con la carrera recién terminada? ¿O es que era un amiguete de papá? Después, con 31 años, ya era senadora. ¡Qué potencia genética! El asunto merece un estudio científico, de verdad. Y lo tenemos a tiro. Seguro que en los estupendos laborarotorios para los que trabaja su señor marido podrían realizar ese estudio genético político. Quizás así, los que pensamos que el acceso a los cargos públicos en nombre de los partidos debería hacerse de acuerdo con criterios democráticos y bajo los principios de mérito y capacidad podríamos salir de nuestro craso error y asumamos de una vez que con buenos genes se llega a cualquier escaño. ¡Qué pena!

Santiago de Munck Loyola

La impunidad de los chorizos.

Aunque lo diga el mismo Rey, eso de que todos somos iguales ante la Ley es una simple mentira, una frase barata políticamente muy correcta pero socialmente poco creíble. La resolución que acabamos de conocer del caso Pallerols, la trama de financiación irregular de Unión Democrática de Cataluña, lo ha puesto de manifiesto con absoluta claridad, añadiendo de paso una palada más de estiércol sobre la deteriorada imagen de la clase política. Aquí hay dos justicias, dos leyes, una para los ciudadanos y otra para la clase dirigente entre la que destaca la clase política. Aquí resulta que se pueden llevar ilegalmente cientos de miles de euros de la caja pública para financiar a un partido y tras veinte años de instrucción judicial no pasa nada, nadie va a ir a la cárcel y nadie dimite en ese partido político. No hay que ir muy lejos para encontrar casos de ciudadanos normales y corrientes que por mucho menos y para cubrir necesidades vitales terminan a la sombra durante una larga temporada.

Durante años, los conmilitones del Sr. Durán Lleida, el veterano e independentista político democristiano catalán que no hace mucho se permitía el lujo de calificar de cloaca a la política española, organizaron toda una trama para recibir dinero público, proveniente de los fondos europeos, a través de una empresa dedicada a la formación que después desviaba buena parte de ese dinero a la caja del partido del Sr. Durán Lleida. Pillados con las manos en la masa han pasado veinte años de proceso judicial, que se dice pronto, y ahora resulta que los acusados hacen un trato con la fiscalía para devolver 380.000 euros al erario público y evitar una condena. 380.000 euros que estos sinvergüenzas van a devolver con una mano mientras con la otra reciben subvenciones públicas pagadas con el dinero de los contribuyentes a los que previamente habían sableado. Nadie va a ir a la cárcel. Muy ejemplar. Ni a Felipe II se la ponían así. Será muy legal, no lo dudo, que la fiscalía llegue a semejante trato, será muy práctico, sobre todo si tras veinte años de investigación no se tenían pruebas suficientes para concluir un proceso judicial con garantías de éxito para la Justicia, pero es, se mire por donde se mire, un infumable pasteleo, un sospechoso trato que en nada beneficia a la Justicia, a la ejemplaridad y a la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Y si indignante es este trato de lujo recibido por estos miembros de la casta política, indignantes son algunas de las reacciones escuchadas en las últimas horas por la sencilla razón de que pocos ponen el dedo sobre la llaga y menos aún los que proponen soluciones para evitar que lo mismo vuelva a repetirse en el futuro. La primera reacción indignante es la del propio jefe de los “presuntos chorizos” que en el año 2000 se comprometió a dimitir si se demostraba que había habido financiación irregular de su partido y que ahora dice que de lo dicho no hay nada. Gracias al tecnicismo legal y al trato por el que se evita una condena los independentistas de Unión entienden que no se ha demostrado que se hayan financiado ilegalmente aunque sí irregularmente y por eso deben devolver el dinero. ¿Alguien lo entiende?

El ex Portavoz del Consejo General del Poder Judicial, en plan contemporizador a ver si se le promociona al Tribunal Constitucional, venía esta mañana a aleccionar a los oyentes de una emisora explicando que este tipo de trato de la fiscalía con los presuntos delincuentes es muy habitual en el entorno anglosajón. ¿Y qué? No estamos en un país anglosajón, sino que nos regimos por un modelo continental que poco tiene que ver con aquél. Podría explicarnos también si en ese entorno se tardan también veinte años en instruir un caso a políticos corruptos ¿no?

Por su lado el Fiscal General ponía “el grito en el cielo” porque a su juicio se ha tardado veinte años en instruir este caso. ¿Y se ha enterado ahora? ¿Por qué no nos cuenta cómo un subordinado suyo ha pactado con los “presuntos chorizos” esta salida política? ¿Quién, en una estructura jerarquizada como la fiscalía, ha dado el visto bueno a su subordinado para pastelear de forma tan repugnante?

Los independentista de ERC, socios parlamentarios de Unión Democrática, han pedido, con boca pequeña, la dimisión de Durán, pero eso sí sin cuestionarse el seguir siendo socios políticos de estos corruptos aunque no depuren las correspondientes responsabilidades políticas.

Y por último, desde el PP, su Secretaria General ha pedido la dimisión del Sr. Durán y ha cuestionado su permanencia como Portavoz de Exteriores del Congreso de los Diputados. Pero uno no tiene más remedio que preguntarse ¿por qué el PP con mayoría absoluta en el Congreso ha colocado al Sr. Durán, un independentista, un político que trabaja por la voladura de España, un señor que califica de cloaca a la política española como representante internacional del Congreso de un país al que quiere romper? Y siendo así ¿a qué espera el PP para destituirlo? Hay cosas que sinceramente no se entienden y que indignan día tras día.

Y lo peor de todo es que ningún responsable político ha salido a palestra para explicar qué medidas se van a tomar para que estos escándalos no se vuelvan a producir o qué reformas legislativas van a impulsar para que un procedimiento judicial que afecta a la corrupción política no vuelva a dilatarse durante veinte años. Nada, ni una palabra. Si tomamos como cierto que todos somos iguales ante la Ley aquí tenemos un claro mensaje: cualquier ciudadanos se puede llevar de las arcas públicas hasta 380.000 euros con la seguridad de que en caso de ser pillado tendrá un juicio que durará veinte años y que no irá a la cárcel si pastelea como es debido con el fiscal de turno. Aunque mucho me temo que va a ser que no, que lo cierto es que todos somos iguales ante la Ley, pero unos más que otros.

Santiago de Munck Loyola