Quo vadis, Cospedal?

El lanzamiento de algunos “globos sondas” sobre reformas, como la posible reducción de concejales para generar ahorros en las arcas públicas o la reducción del número de parlamentarios autonómicos, responde, sin ninguna duda, al deseo de una parte de la clase política de atenuar la creciente indignación que la diferencia de la repercusión de los costes de la crisis tiene entre la clase política y el resto de los ciudadanos. El último “globo sonda” lo soltó ayer la Presidenta de Castilla- La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien no sólo propuso reducir a la mitad el número de parlamentarios autonómicos, justo lo contrario de lo que ella promovió en su Comunidad, sino que además apostó por la supresión de los sueldos a los diputados “para que vivan de sus profesiones y no de la política”, según dijo.

Esta propuesta, relativamente novedosa, merece algunas consideraciones. En primer lugar, para valorar realmente el calado y la validez de la misma, no es posible ignorar la realidad política y personal de quien la formula.  María Dolores de Cospedal, hace poco más de un año, recibía dos retribuciones: como senadora unos 44.000 euros, y como Secretaria General del PP 167.864 euros. Además, percibía otros 3.560 euros del Ministerio de Justicia en concepto de trienios por su trabajo como abogada del Estado y otros 25.538 euros también del Senado como indemnización por gastos para el desempeño de su función. Es decir, un auténtico dineral con origen en las arcas públicas. Por tanto, que cada uno saque sus conclusiones.

Por otra parte, lo que plantea Mª Dolores de Cospedal es que algunos políticos, en este caso parlamentarios, no cobren por hacer su trabajo y para ello se apela a los precedentes de la transición. Así, los parlamentarios vivirían de su profesión habitual y su dedicación parlamentaria vendría a ser algo así como una segunda actividad o una afición justificada por su carácter vocacional. Sin embargo, con esta propuesta se corre el riesgo de devaluar el carácter de una parte de la actividad política, la que desarrollan precisamente los representantes de los votantes. Tan vocacional es dedicarse a la política como puede ser el ejercicio de la medicina y, sin embargo, a nadie se le ocurre plantear que los médicos trabajen gratis por el carácter vocacional de la medicina. Bien es cierto que para ser político, para ser parlamentario o alcalde, no se exige una formación o preparación específica como en el caso de otros profesionales. Resulta paradójico que en España para ser peón en un Ayuntamiento, por ejemplo, haya que tener graduado escolar y aprobar una oposición y que para ser Alcalde o Diputado no se exija nada, ninguna titulación, salvo ser elegido. El problema es que el poder de las urnas no confiere unos conocimientos mínimos y así nos va.

Por último, todo parece indicar que buena parte de la clase política está equivocada respecto a las causas que generan la indignación ciudadana y su alejamiento de los políticos. Lo que causa indignación es que la inmensa mayoría de los recortes que la crisis generada por parte de la clase política está suponiendo duros sacrificios a los ciudadanos mientras que los políticos siguen instalados en una situación privilegiada. La mayor parte de los ciudadanos no pedimos que los políticos no cobren por su trabajo, pero queremos que sólo cobren de él y no de diversas fuentes públicas simultáneas. No queremos que cobren sueldos, pensiones o indemnizaciones a la vez. Los ciudadanos, en su mayoría, no pedimos que los políticos trabajen de forma altruista pero sí exigimos que no gocen de privilegios inadmisibles: queremos que paguen el IRPF como todos, que coticen lo mismo que los demás para cobrar una pensión de jubilación, que sus retribuciones sean absolutamente transparentes y que no se encubran con pagos en especie, que sus salarios estén perfectamente regulados y tasados de forma uniforme en todo el territorio nacional y en todas las administraciones públicas. Queremos, en definitiva, que los políticos que nos gobiernan y representan tengan una conducta austera y ejemplar lo que implica que renuncien a todos sus privilegios y que sean los primeros en aplicarse los sacrificios y recortes que sufrimos los ciudadanos. En medio de esta crisis generada y mal gestionada por la clase política que un diputado o la Presidenta del Parlamento Catalán se descuelguen con afirmaciones como las que han hecho recientemente denunciando que tienen dificultades para llegar a fin de mes con sus sueldos, dietas y privilegios constituye una auténtica burla a los ciudadanos. No es de extrañar que digan tales estupideces quienes para llegar a tan altos puestos no han tenido que acreditar formación alguna. Se les nota.

Santiago de Munck Loyola

Los partidos políticos siguen "de fiesta" con nuestro dinero.

Un Diario publica hoy una noticia relativa a la financiación de los Partidos Políticos que teniendo en cuenta la escasez de dinero para todo llama bastante la atención. Según este diario, los partidos políticos reciben subvenciones hasta por dieciocho conceptos distintos y, entre ellos, destaca especialmente la cantidad que percibirán en el año 2012 para sus gastos de funcionamiento y seguridad y que ascenderá a 65 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esta cantidad se refiere exclusivamente a la asignación que el Estado distribuye entre los partidos y que se reparte en su mayoría entre el PP y el PSOE. No hace falta subrayar que en esta cantidad no se incluye lo que, al margen de sus sueldos, perciben los parlamentarios en concepto de dietas, compensaciones, móviles, ordenadores, viajes, etc. ni otras asignaciones que las cámaras pudieran dedicar en sus presupuestos a los Grupos Parlamentarios. De igual modo, esta importante cantidad tampoco hace referencia a las cantidades que los partidos políticos reciben a través de los grupos institucionales en los diferentes parlamentos autonómicos o en las diputaciones provinciales, allí donde existen.

Al día de hoy es materialmente imposible conocer con exactitud las cantidades totales que los partidos políticos reciben, en dinero o en especie, de las diferentes administraciones públicas. La fiscalización que el Tribunal de Cuentas realiza sobre el dinero público percibido por los partidos políticos es absolutamente insuficiente y la legislación aplicable es lo suficientemente sesgada y ambigua como para permitir que los partidos políticos oculten de forma legal a los ciudadanos la cantidad total de dinero público que perciben y el destino que al mismo dan.

Sin embargo, existe además una importante fuente de financiación legal de los partidos políticos que casi siempre pasa desapercibida y que supone una impresionante cuantía en medios materiales, personales y económicos. Se trata de los Ayuntamientos. La Ley de Bases del Régimen Local señala que cada Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, deberá poner a disposición de los Grupos Municipales los medios personales y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. Esta disposición se traduce en que los grupos municipales usan despachos, teléfonos, ordenadores y personal, en función de la capacidad de cada consistorio, y lo hacen teóricamente para el desempeño de su trabajo como representantes locales, pero que en la práctica se usan al servicio de cada partido político. A ello hay que añadir las asignaciones económicas a los grupos Municipales, es decir, la cantidad de dinero que mensualmente cada ayuntamiento entrega a los grupos y que se devide en dos partes: una fija igual para todos los grupos y otra variable en función del número de concejales con que cuenta cada grupo. El Artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que “el Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”. En el mismo Artículo se añade que “los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.” Esto significa que esta subvención no está sujeta a las mismas normas de control y fiscalización que las demás subvenciones que los Ayuntamientos conceden. Los grupos municipales, los partidos, sólo deben justificar el empleo de la subvención cuando así lo requiera el Pleno de la Corporación, algo que nunca ocurre, a diferencia de la justificación de las demás subvenciones que deben ser fiscalizadas por la Intervención municipal. Esto significa que estas subvenciones carecen de cualquier control técnico, ni pasan por el Tribunal de Cuentas, ni tan siquiera por la Intervención Municipal.

Y no se trata de cantidades pequeñas, no. Un Ayuntamiento como el de Rivas-Vaciamadrid, por ejemplo, con una población de  73.000 habitantes, dedica anualmente 590.000.- € a cargos de confianza, es decir, cargos de los partidos políticos, despachos y toda clases de medios para los grupos municipales y, además, 130.000.- € de subvención para los Grupos Municipales. Y estamos hablado de un municipio gobernado por IU, teóricos abanderados de la austeridad. Eso sí, al menos publican la cifra, no como en otros Ayuntamientos, como el de Alicante, en el que si se entra en su página web resulta imposible conocer la cuantía exacta dedicada a financiar a los Grupos Municipales. Por hacerse una idea aproximada de lo que puede suponer este gasto de los grupos municipales, si aplicásemos las cantidades que el Ayuntamiento de Rivas dedica a los grupos al conjunto de la población española nos saldría una cifra de 450 millones de euros, es decir, prácticamente lo que el Gobierno espera ahorrar con el “repago” de los medicamentos. Bien es cierto que es poco riguroso dar por buena esta hipótesis ya que hay muchos Ayuntamientos con escasos medios, pero la falta de transparencia de los partidos políticos y de la inmensa mayoría de los Ayuntamientos no permite conocer la cifra exacta con que los españoles estamos financiando a los partidos.

En todo caso, la financiación anómala y descontrolada de los partidos a través de los entes locales es un hecho cierto e incontestable y supone una cantidad de dinero muy elevada. Es una exigencia de higiene democrática que la transparencia sea absoluta en torno al dinero que los partidos reciben. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto y cómo se gastan nuestro dinero los partidos. En tiempos de crisis y de austeridad, en medio de una penosa situación económica y social a la que nos han llevado los diferentes partidos, éstos deberían ser los primeros en ser austeros, en ser transparentes con el dinero público y en apretarse el cinturón en vez de exigirnoslo a los ciudadanos. Y, además, deberían autofinanciarse y, si no son viables, que cierren el chiringuito.

Santiago de Munck Loyola

Facturas informativas políticas.

Poco a poco se ha ido extendiendo la costumbre en determinados servicios públicos básicos entregar al usuario una factura informativa en la que se detallan los costes en los que la administración ha incurrido por el servicio prestado. Dicho de otro modo, se le entrega al usuario una factura con lo que se supone que debería haber pagado si no estuviese protegido por el sistema. En la Comunidad Valenciana, uno va al Centro de Salud a recoger las recetas que le ha prescrito el médico, en el caso por ejemplo de los enfermos crónicos, y junto a las mismas se le entrega amablemente la factura informativa con el importe total de las medicinas. En el caso de la Comunidad Andaluza te entregan, por ejemplo, la factura informativa del tratamiento o de la estancia hospitalaria en su caso. Parece que en la Comunidad de Madrid también se están emitiendo este tipo de documentos.

Nos dicen los responsables políticos que esto se hace con el fin de sensibilizar y concienciar a los ciudadanos del valor que tienen los servicios que se nos prestan desde las administraciones públicas. Se desconoce de dónde ha surgido la idea de que los ciudadanos no estamos sensibilizados, ni valoramos los servicios públicos que nosotros mismos pagamos, pero, en fin, doctores tiene la Iglesia, y si los expertos en estas cuestiones creen que es una buena iniciativa y que es necesaria pues adelante. Sin embargo, hay quien sostiene que esta iniciativa persigue en el fondo hacer que el ciudadano se sienta algo culpable por generar tanto gasto poniéndose enfermo y que así se desincentive de forma subconsciente el uso de los servicios públicos.

Hace pocos meses, a propósito de estas iniciativas, las redes sociales se “incendiaron” con una contrapropuesta original: entregar a cada político una factura informativa del gasto que origina cada vez que usa el coche oficial, o la tarjeta Visa o realiza un viaje con cargo a los presupuestos públicos. Sin embargo parece que esta propuesta peca de cierta ingenuidad. Por una parte, los políticos saben perfectamente lo que cuesta cada una de sus actuaciones porque son ellos mismos los que las presupuestan y las aprueban, por lo que la efectividad de esta propuesta resultaría muy limitada. Además, a ello hay que añadir que los gastos en los que incurren los políticos los abonamos nosotros, los contribuyentes, y consiguientemente deberían ser los pagadores los que tuvieran conocimiento detallado de esas facturas informativas.

Factura Informativa imaginaria del Congreso.

Es casi seguro que si se publicaran facturas informativas, en cada uno de los niveles de las diferentes administraciones, detallando los gastos de los políticos sí que se produciría un efecto desincentivador. Nada teme más un político que la transparencia y la publicidad en los gastos que él mismo origina. Si se publicasen mensualmente en los municipios las facturas informativas de los gastos que los alcaldes y concejales realizan en comidas, en desplazamientos, atenciones protocolarias o en móviles, por ejemplo, seguro que se produciría de forma inmediata un brusco descenso en sus cuantías. Imagínese el lector que el Congreso de los Diputados, en su página Web, publicase mensualmente los nombres de los diputados y las cantidades abonadas por sus viajes privados. Seguro que al mes siguiente pocos diputados volverían a aparecer en la siguiente factura informativa. No existe complicación alguna para hacerlo. Tan sólo se necesita voluntad de transparencia.

Nadie debería poner objeción alguna a que los pagadores, los contribuyentes, recibieran o pudieran tener acceso a esas facturas informativas. Ya que tenemos que pagar de todos modos, sepamos al menos por qué, cuánto y a quién. No es mucho pedir ¿no? Bueno, tratándose de nuestra clase política es sencillamente pedir peras al olmo.

Santiago de Munck Loyola

¿Un ERE para la clase política?

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a abrir una polémica al lanzar la idea de reducir a la mitad el número de diputados autonómicos de la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que la propuesta de Aguirre ha pillado a casi todo el mundo de la clase política con el paso cambiado. Mientras que se debate sobre si hay que recortar o no empleados públicos o prestaciones sociales, la Presidenta madrileña pone encima de la mesa una medida de ahorro, un recorte, que toca directamente a la casta política. Las reacciones han sido muy variadas. La dirección socialista ha mirado hacia otro lado sin atreverse a pronunciarse. Es decir, los mismos que sugerían la posibilidad de eliminar las Diputaciones Provinciales para ahorrar, ahora que prácticamente han perdido el control de la mayoría de las mismas, no se pronuncian con claridad sobre un recorte que supondría, con toda seguridad, un importante ahorro para las cuentas públicas. Ha habido quien, con tan pocas luces como mucha demagogia, se ha apresurado a descalificar la propuesta alegando que Esperanza Aguirre lo que pretende es recortar la democracia. Hay que ser majadero. La calidad de la democracia no se mide por el número de diputados en un hemiciclo. Eso lo sabe cualquiera, pero puestos a decir estupideces algunos parecen dispuestos a competir por el primer premio. Y en el campo del Partido Popular, la propuesta ha sido recibida de diferentes maneras: Rajoy no la ve mal en principio; el Presidente Balear está dispuesto a desarrollarla, Soraya Sáez de Santamaría la ve aceptable pero no para su aplicación en el ámbito de las Cortes Generales y muchos otros dirigentes guardan un sospechoso silencio.

En nuestra Comunidad ya ha habido pronunciamientos al respecto desde el Partido Popular y no muy favorables en principio. Hay quien ase ha opuesto argumentando que una disminución del número de Diputados en las Cortes Valencianas supondría un perjuicio para las minorías que verían muy reducida su representación parlamentaria, Sin embargo, esta argumento es fácilmente rebatible: si lo que preocupa es de verdad la proporcionalidad, basta con reformar el criterio de reparto de escaños e implantar un sistema proporcional puro como desde hace tiempo vienen reclamando los grupos minoritarios. Sin embargo, esta posibilidad no es aceptada ni compartida por los dos grandes grupos mayoritarios, el popular y el socialista, por lo que es fácilmente deducible que se trata de una simple excusa y no de un sincero deseo de favorecer la proporcionalidad en las Cortes Valencianas.

Por otra parte, José Císcar, próximo Presidente Provincial del Partido Popular de Alicante, sí o sí, ha rechazado la propuesta de Aguirre asegurando que la reducción de diputados "no es una circunstancia equiparable a la Comunitat", ya que Madrid "es una comunidad autónoma uniprovincial y tiene 129 diputados", mientras en las Corts "hay que dar representación a tres provincias". Sinceramente sorprende que se utilicen argumentos como éstos tan poco solventes, desde una perspectiva política e intelectual, para rechazar de plano esta propuesta. Nada tiene que ver que Madrid sea una Comunidad Uniprovincial con la pluriprovincialidad de la Comunidad Valenciana a la hora de establecer el número de diputadas. Se equivoca de plano el Sr. Císcar al afirmar que en las Cortes valencianas haya que dar representación a tres Provincias. Las Cortes no están para representar a las Provincias, no estamos ante una cámara territorial. Las Cortes están para representar a los ciudadanos del conjunto de territorios que componen la Comunidad Valenciana. Son los ciudadanos los que están representados en las Cortes, o deberían estarlo, de acuerdo con las leyes, el estatuto de Autonomía y los principios elementales de la representación democrática. Y puestos a compararse con Madrid, los electores madrileños cuentan con un diputado por cada 36.075 electores. Los electores de la Comunidad Valenciana con un diputado por cada 36.000 electores. Y si se toma como referencia el número de habitantes, los madrileños cuentan con un Diputado por cada 50.300 habitantes, mientras que en la Comunidad Valenciana contamos con un diputado por cada 52.300 habitantes. Como puede observarse las diferencias en la representatividad de cada diputado es muy similar en ambas comunidades. Que al Sr. Císcar y a los demás miembros de la cúpula popular no les guste la propuesta de recortar el número de diputados y por tanto el gasto que representan puede ser perfectamente comprensible, pero deberían explicarse las verdaderas razones de ese rechazo sin usar argumentos falaces tratando de confundir a los ciudadanos. Con la verdad por delante se va más lejos.

Es un hecho cierto que sobran diputados en muchas partes. Aquí tenemos diputados que no tienen tiempo material para dedicarse a su escaño y a las tareas que de verdad ello conlleva, porque están simultaneando su labor parlamentaria con otras tareas. Van a las Cortes, votan, cobran y punto. ¿Se puede reducir el número de Diputados aquí como en Madrid? Pues claro. Nadie ignora que el procedimiento es complejo, pero puede hacerse si hay voluntad política de hacerlo. El problema de fondo no está en las dificultades legales, ni en las discusiones de si con ello se gana o se pierde representatividad o calidad democrática. Si la Constitución se pudo cambiar hace tan sólo unos meses es evidente que lo mismo se puede hacer con los Estatutos de Autonomía. ¿Que se quiere más representatividad? Óptese entonces por un sistema electoral proporcional puro. ¿Que se quiere más calidad democrática? Establézcanse rigurosas incompatibilidades y que los diputados no puedan simultanear su escaño con otros cargos o con tareas privadas. ¿Que se quiere que los diputados sean más representativos? Elíjanse listas abiertas y dejen que los afiliados de los partidos puedan opinar en la confección de las listas electorales. Y si no se hace así, que no nos cuenten películas, ni usen excusas de mal pagador.

Parece más bien que el problema de fondo se encuentra, una vez más, en la negativa de los partidos políticos de aplicarse los recortes que diariamente nos imponen a los ciudadanos y que en este caso supondría la pérdida de la mitad de los escaños que, se reconozca o no, sirven de moneda de cambio interna en los habituales repartos internos de poder. Un servidor, desde luego, se apunta a este primer ERE para la clase política.

Santiago de Munck Loyola

Los jetas siguen malgastando nuestro dinero.

Lo que ha estado ocurriendo en nuestro país en los últimos años y lo que sigue ocurriendo es alucinante. La crisis, los recortes y los apuros económicos están haciendo aflorar noticias diferentes sobre el uso del dinero público, sobre el uso de nuestro dinero por parte de la clase política que evidencian la extensión y magnitud de la desfachatez y la cara dura de muchísima gente. Habría que hablar de, más que de servidores públicos, de aprovechados públicos. En un país en el que tenemos serias dificultades para pagar los medicamentos, a los pequeños proveedores, a los parados, resulta que hay una buena parte de la clase dirigente absolutamente indigna que se aprovecha de nuestro dinero para pegarse una buena vida. En muchos casos se trata de perfectos incompetentes que en una empresa privada no durarían ni dos días y que, desde luego, nunca ganarían lo que ganan en el ámbito público. Pero ahí están por obra y gracia de las burocracias endogámicas de los partidos políticos.

No hace mucho, una ex ministra socialista, haciendo gala de una ignorancia y una jeta sin parangón, nos decía que “el dinero público no es de nadie”. No, claro, el dinero público es de todos y por tanto debería ser usado como si tuvieran que rendir cuenta de su uso a todos. Pero, no, en esta cultura de la fiesta permanente, de la orgía financiera, de la especulación y el despilfarro valía todo. Ahora que no hay un euro, relucen con más fuerza los casos de abusos que antes eran el pan nuestro de cada día.

El tema de estos días son los gastos en viajes difícilmente justificables desde un punto de vista político y ético del Sr. Dívar. Dicen algunos que el Sr. Dívar ha podido emplear 13.000 euros públicos en desplazamientos privados. El lo niega y aporta sus pruebas. Algunos diputados quieren que comparezca en el Congreso. La mayoría parlamentaria se niega a ello. La minoría, por boca de la Portavoz socialista, dice que el Sr. Dívar debe comparecer en el Congreso porque es la sede de la soberanía y que si no lo hace pedirán su dimisión. Olvida dicha Portavoz que la soberanía popular se expresa mediante las decisiones de la mayoría parlamentaria. Pero, claro, no se pueden pedir peras al Olmo.

Por su parte, un periodista pseudo progre, el Sr. Calleja, dispuesto a arremeter contra el Sr. Dívar, cueste lo que cueste, llega a insinuar, cobardemente por supuesto, que dichos gastos se han ocasionado como consecuencia de que el Sr. Dívar se “esta zumbando” a otro señor. Hay que ser miserable. Tan progre y tan miserable que tiene que destapar su homofobia para justificar su exigencia de la rendición de cuentas del Sr. Dívar. Tan miserable como gratuito este ataque.

A esta cacería inmisericorde se ha sumado una vocal del Consejo general, la Sra. Inmaculada Montalbán que se ha visto obligada a visitar con cargo a nuestro dinero Colombia, Brasil, Panamá, Nicaragua, Argentina y Marruecos en los últimos años. ¡Pobrecita!

Los 13.000 euros presuntamente malgastados en este asunto son una minúscula gota de agua en la pocilga política del despilfarro. Hemos sabido estos días que el defensor del pueblo de Cataluña se ha pegado 60 viajes por el mundo en tres años a costa de los contribuyentes. El pobre ha tenido que recorrer el planeta para ejercer sus innecesarias y duplicadas funciones de defensor del pueblo catalán. Claro que en este caso habrá que andarse con pies de plomo con las críticas porque enseguida te pueden tachar de anticatalán. Tanto sacrificio viajero, tanta abnegación turística a favor de los derechos del pueblo catalán me tiene profundamente conmovido. Deberían sustituir la estatua de Colón por la del Sr. Ribó. Quedaría la mar de mono y expresivo con su dedito señalando los destinos de sus expediciones turísticas.

No hace mucho, siendo Presidente el Sr. Zapatero, ya se organizaron diferentes polémicas por la costumbre del Sr. Zapatero de usar los medios públicos, un avión especial, para que su mujer y sus hijas fuesen a Londres de compras y por la de usar dicho avión para actos de su partido Político cada vez que acudía a los mítines. Este hábito contrastaba mucho con la actitud de la reina de España que se desplazaba por aquellas fechas, también a Londres y a otras ciudades, en líneas aéreas regulares de bajo coste.

En los años 90, el entonces Alcalde de Elche, se hizo nacionalmente famoso por su propensión a ejercer su alcaldía por diferentes países del mundo. Se ganó el apodo del Marco Polo Ilicitano. Es evidente que su ejemplo caló profundamente en la clase política, que creó escuela y que ahora nuestro país está saturado de nuevos Marcos Polos dispuestos a sacrificarse por todos nosotros y con nuestro dinero por todo el globo terráqueo. Y ya está bien ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar los viajes a todos estos señores? ¿Por qué tienen que desarrollar su trabajo fuera de sus despachos? Incluso ¿por qué puñetas tenemos que pagar a diputados y senadores sus viajes privados? Me gustaría conocer la razón, me gustaría que alguien diera una explicación. Han despilfarrado nuestro dinero en obras y equipamientos inútiles y carísimos, han gastado nuestro dinero a manos llenas en proyectos faraónicos que ni siquiera se pueden mantener para gloria de los egos de políticos incompetentes e incapaces. Y se han gastado y se siguen gastando nuestro dinero en darse una buena vida que la inmensa mayoría de ciudadanos no podemos. ¿Hasta cuando?

Santiago de Munck Loyola

Una marea creciente.

En el día de hoy, el Portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando LLopis ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha subrayado el incremento de la mendicidad en las calles de Alicante y ha sugerido diferentes vías de actuación para atajar algunas de sus consecuencias. Ha mencionado la necesidad de que los servicios sociales y otras instituciones apoyen a las personas más necesitadas para que puedan acceder a recursos básicos de subsistencia y de que se actúe contra las mafias que al parecer recaudan dinero explotando a algunos mendigos. El activo Portavoz de UPyD (qué vitalidad política la suya si se compara con la otros grupos municipales) ha centrado buena parte de su mensaje, o al menos así lo han destacado algunos medios de comunicación, en la mala imagen que la mendicidad causa en una ciudad turística como la nuestra y en la necesidad, por tanto, de que la Policía aplique las normas existentes para erradicarla.

Es cierto que la mendicidad se ha multiplicado en los últimos años como consecuencia de la profunda crisis que vivimos, pero la mendicidad no es el problema, sino que es un síntoma y un reflejo del problema de fondo que no es otro que la enorme extensión de la pobreza en nuestra ciudad al igual que en tantas ciudades españolas. La crisis ha hecho mella, ha golpeado muy duramente en nuestra ciudad y se refleja en muchos otros aspectos, no sólo en la proliferación de la mendicidad.

No hace mucho, en un centro comercial cercano, una familia, el matrimonio y dos hijos pequeños, entraron por la mañana. Mientras la madre con los niños se dirigía al interior del establecimiento, el padre, muy azorado, se acercó a una de las cajeras y le dijo: “Disculpe señorita, mis hijos ayer no comieron nada, no tengo nada. Vamos a coger algo para que desayunen y no podemos pagarlo. Si quiere llame a la Policía”. Duro, pero real. Un reflejo de cómo están las cosas. ¿Qué hacer entonces?

La realidad de la calle, la que en muchas ocasiones no se quiere o no se puede ver desde los despachos es mucho más dura y grave que lo que pueda suponer la imagen de la mendicidad. Para hacerse una idea del contexto en el que nos movemos, el contexto del que surge la mendicidad hay que considerar algunos datos. En mayo, el número de parados en la Provincia de Alicante se situó en 223.591 personas, lo que significa 17.275 personas en desempleo más en relación al mismo periodo del año anterior. De estos 223.591 desempleados, solo están cobrando prestaciones 118.367 personas y de ellas más de 70.000 subsisten con una prestación asistencial que no llega ni a los 500 euros al mes. Los parados de la ciudad de Alicante superan los 36.000 y casi la mitad de ellos no percibe ningún subsidio.

Recientemente, el obispo de Orihuela-Alicante, Rafael Palmero, afirmó que unos 40.000 alicantinos se encontraban en una situación de extrema pobreza y que 360.000 más se hallaban en el umbral de la pobreza relativa. Los comedores sociales de la Iglesia están desbordados y la capacidad asistencial de su voluntariado al límite.

Según un comunicado de la Cruz Roja de Alicante, esta entidad atendió en el primer trimestre de 2012 a 1.490 personas sin hogar a través de diferentes proyectos. En la provincia de Alicante, se han puesto en marcha proyectos como el de Unidades Móviles de Emergencia Social (UMES) para la asistencia de personas que viven en las calles.

Café, comida, abrigo, materiales de aseo e higiene, atención sanitaria y escucha son algunas de las labores que prestan los voluntarios. En los primeros meses del año se han atendido a 1.004 personas sin hogar por ola de frío en 17 localidades de la provincia. A lo largo del año pasado casi 5.000 familias fueron desahuciadas de sus viviendas en la Provincia de Alicante y para este año esa cifra va a ser ampliamente superada.

Si estos datos no reflejan por si solos una situación de auténtica emergencia social que va mucho más allá de los daños que a la imagen de la ciudad la práctica de la mendicidad puede provocar, es que no es posible sintonizar con la clase política. Estamos ante una situación social excepcional que exige medidas excepcionales por parte de todas las administraciones y una auténtica movilización solidaria de la sociedad.

En este contexto social sorprende que algunos se irriten (y no se imagina el lector hasta qué punto) cuando se critica la existencia en el Ayuntamiento de más asesores y cargos de confianza que de concejales, o se cuestiona que los ediles cobren hasta 1.500 euros por asistir a Consejos de Administración de las Empresa Públicas o se dude la necesidad de gastar más de 500 euros diarios en la reposición de plantas ornamentales, por citar algunos ejemplos. Pero, en fin, la sensibilidad social es muy variable.

La mendicidad no es el problema. La mendicidad es un reflejo más, y no el único, del problema de fondo, la creciente pobreza de miles de familias de nuestro entorno. Y no deberíamos olvidar que en estas circunstancias no hay diques que nos mantengan a salvo de esta marea creciente.

Santiago de Munck Loyola

1 de mayo: curiosidades varias.

El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, día reivindicativo por excelencia, día de descanso y final de puente para la mayoría, menos para los madrileños, concluye a estas horas salpicado de variadas y curiosas noticias. Los sindicatos han salido a la calle y cumplido su ritual con menos éxito de participación del que sería lógico esperar. Claro que no han salido solos, sino acompañados por los dirigentes del PSOE que estos días andan animando al personal a salir a las calles para protestar contra las medidas del nuevo gobierno. Han decidido asumir el papel del médico despedido por incompetente que se opone a cualquier nuevo tratamiento de su sucesor mientras el paciente agoniza. O el del perro del hortelano. En fin, en todo caso, no parece la compañía más recomendable para legitimar las denuncias y protestas que la situación puede exigir.

Hoy se han producido algunas declaraciones y reacciones pintorescas. Ya se sabe que los micrófonos y un auditorio entregado pueden impulsar a algunos a cometer excesos verbales, se crecen, se crecen y sueltan la perla. El Sr. Cándido Méndez de UGT lo ha bordado. Ha acusado al Gobierno del Partido Popular de cruzar el charco (más bien los dos charcos: el Atlántico y el Pacífico) y de importar la legislación laboral china. Y se ha quedado tan fresco. Ya sabemos cómo se las gastan en la República Popular China, pero se le ha olvidado mencionar que allí gobiernan los comunistas. También hoy, la Sra. Valenciano, ha acusado al Gobierno del Partido Popular de no dialogar con nadie y le ha requerido para que hable y negocie sus medidas con todos. ¿En qué quedamos? ¿No había que organizar no hace mucho “un cordón sanitario” contra el Partido Popular? ¿No ha sido esa la consigna socialista durante dos legislaturas?

Pero el día ha dado mucho más de si. Hemos sabido que en España hay 4.000 empresas públicas y que el 90 % de ellas son insolventes con una deuda de 56.000 millones de euros. Vamos, que si fuesen privadas hace tiempo que estarían todas cerradas, pero, claro, ¿dónde colocarían entonces los partidos a todos sus conmilitones? Por su parte, el Presidente Boliviano, Evo Morales, ese pozo sin fondo de sabiduría que afirma que los homosexuales europeos lo son por comer pollo, ha decidido emular a su vecina argentina, la viuda por excelencia, y ha nacionalizado una filial de Red Eléctrica española, causando un nuevo disgusto a nuestro Gobierno. También hemos conocido dos propuestas o medidas gubernamentales que suponen un nuevo “palo” para la mayor parte de las economías domésticas: de una parte los funcionarios enfermos dejarán de cobrar el 100 % de sus haberes y, de otra, es posible que haya que empezar a pagar un peaje por usar las autovías que se supone que están más que pagadas y amortizadas. ¿Se aplicarán estos recortes a sus señorías cuando caigan enfermas o seguirán con sus privilegios sociales y fiscales? Los 36 vehículos oficiales del Congreso de los Diputados (pobres Diputados que no ganan lo bastante para comprarse un coche) ¿pagarán también peajes? Hoy también los medios de comunicación se hacen eco del lanzamiento en España del nuevo modelo de la firma automovilística Tata. Un chollo, por 113 € al mes y sin entrada, un coche. Mira por donde ya saben dónde pueden acudir sus señorías para motorizarse a cargo de su propio bolsillo y no de las arcas públicas.

Este día ha traído más novedades. El Sr. Urdangarin quiere pactar con la fiscalía. Se declara culpable, paga 3,7 millones de euros y ni hay juicio, ni cárcel. ¡Hombre! No está mal la idea. Claro que como su suegro, el terror de Dumbo, dijo no hace mucho éso de que la Justicia es igual para todos, de prosperar esta idea cualquier mangante pillado con las manos en la masa lo tendría fácil: se declara culpable, devuelve lo robado y a correr.

Por su parte, los Ministerios siguen con sus Planes de austeridad. En el del Sr. De Guindos se gastan casi 700.000 € para que los altos cargos aprendan inglés. Digo yo que para manejar la contabilidad nacional no debería ser imprescindible el inglés y que si de lo que se trata es de algo relacionado con nuestra proyección exterior, para eso está el Ministerio de Asuntos Exteriores que por cierto, practicando esa austeridad, acaba de repartir 290.000 euritos a las fundaciones de los Partidos Políticos. Todos han pillado cacho, ninguno ha protestado. Una recomendación, Sr. De Guindos, compre fascículos de inglés, son más baratitos. Y, si no, haga como con los funcionarios enfermos: el alto cargo que no aprenda inglés por su cuenta no cobrará su sueldo íntegro. Así no sólo se ahorrará esa pasta en cursos, sino que además pagará menos sueldos. Ya sabe, leña al mono hasta que hable inglés o chino, si hace caso al Sr. Méndez.

En fin, un día bastante completo e interesante. Un panorama cuando menos curioso de esta España oficial que nos toca vivir. Menos mal que la real, la de la calle es mucho más sana y sensata.

Santiago de Munck Loyola

No es ésto, no es ésto.

Si la política hace a veces extraños compañeros de cama, parece que el ejercicio del poder convierte a algunos políticos, en ocasiones, en extraños travestis. El caso es que los no somos socialdemócratas, los que creemos más en las libertades y en las capacidades del individuo asistimos atónitos al desarrollo de unas políticas para combatir la crisis que son exactamente iguales o muy parecidas en algunos casos a las que veníamos denunciando y combatiendo hace tan sólo poco más de cuatro meses. Durante años y años hemos venido sosteniendo que recurrir a subir los impuestos no era la solución para aumentar los ingresos del Estado, que el incremento de la presión fiscal sólo servía para aliviar temporalmente las necesidades de la tesorería pública pero que, a la larga, se producía más paro y menos recaudación. Esta convicción estaba, además, avalada por la cercana experiencia de los primeros años de Gobierno del Partido Popular.

A nadie se le escapa la gravedad de la situación de nuestra economía y de nuestras cuentas públicas. Es evidente que, si no se gasta menos y se ingresa más, no será posible atender al pago de los intereses de la deuda, casi 30.0000 millones, el equivalente al salario anual de todos los funcionarios, y mucho menos amortizar la deuda que genera esos intereses anuales. Para gastar menos se han empezado a adoptar importantes medidas, los llamados recortes, que afectan a todos los sectores de la actividad pública. Sin embargo, hay mucho que cuestionar sobre las prioridades consideradas a la hora de recortar. Es moralmente inadmisible que se prefiera recortar en la factura de los medicamentos y que no se supriman las televisiones autonómicas que generan anualmente una deuda cercana a los 1.000 millones de euros, como lo es el hecho de que se prefiera recortar los fondos destinados a la investigación antes que suprimir los más de 300 millones de euros anuales destinados a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, por citar sólo dos ejemplos de prioridades en el ahorro perfectamente cuestionables. Bien está que se pongan a acabar con el abuso del llamado turismo sanitario que nos cuesta más de 1.000 millones de euros al año, bien está que se supriman las duplicidades en las administraciones públicas o que se racionalicen y controlen las subvenciones y ayudas que se otorgan en todos los campos, pero el Gobierno no está acertando a la hora de priorizar todos los recortes. Que hay que gastar menos es evidente, pero ¡ojo! Austeridad para todos y más austeridad para los que más tienen.

Y junto a la reducción del gasto resulta inevitable aumentar los ingresos para poder pagar las deudas existentes. El Gobierno se ha encontrado con que tenía que recaudar más de lo previsto, entre otras cosas, porque las cifras que nos ofreció el Gobierno anterior el pasado 18 de noviembre eran falsas. Y el Gobierno ha apostado por la vía fácil: subir los impuestos, es decir, apretar las tuercas a los que ya veníamos cumpliendo con hacienda. Los de siempre. Pues bien, volviendo al principio de estas líneas, no somos pocos y por eso, entre otras razones, quizás ganó el PP las elecciones, los que creíamos y creemos que subir los impuestos a los contribuyentes supone automáticamente que el consumo caiga y si se consume menos se produce menos y si se produce menos se requieren menos empleados y si se necesitan menos empleados aumenta el desempleo y si el paro aumenta crecen las cargas sociales públicas y, en consecuencia, el estado necesita más dinero y ¿qué hacer entonces? ¿Otra vuelta de tuerca? Es la pescadilla que se muerde la cola. La experiencia demostró que bajando los impuestos, los particulares disponemos de más dinero para consumir y, por tanto, se reactiva la economía, aparecen más empresas que empiezan a tributar, más asalariados que también tributan y menos desempleados lo que provoca una disminución de los gastos sociales.  Sólo se puede generar empleo si el dinero circula, si hay actividad económica. Los bancos siguen ganando pero no sueltan un duro para dar fluidez al mercado, el Estado no sólo no tiene dinero sino que además se lo retira a los ciudadanos a través de los impuestos y, mientras, el paro llega a los 5.600.000 desempleados. Y hay que recordar que en España la inmensa mayoría de los puestos de trabajo los crean las pequeñas y medianas empresas, pero sin dinero circulante no tienen nada que hacer.

Hoy de Guindos, este extraño ministro importado de Lehman Brothers, nos acaba anunciar una nueva subida de impuestos, es decir, menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos, menos consumo, más paro, etc. Una vez más, los que nos creíamos un determinado modelo para salir de la crisis y nos lo seguimos creyendo no nos podemos identificar con estas medidas. Nos empezamos a sentir huérfanos ante unos anuncios fiscales de claro tinte socialdemócrata y ajenos a toda una trayectoria ideológica. El Gobierno está apostando por medidas miopes, a muy corto plazo, medidas contrarias a su programa y a su ideología que quizás puedan servir para tranquilizar a los mercados pero que, desde luego, intranquilizan, irritan y ponen los pelos de punta a sus votantes y a los militantes que sostienen su partido. Sólo podemos decir: No es ésto, no es ésto. Y para este viaje no se necesitan alforjas.

Santiago de Munck Loyola

Ayuntamiento de Alicante, así no.

En muchas ocasiones, la publicación de determinadas noticias, no desmentidas por los interesados, relativas al uso que se hace de las instituciones públicas por parte de algunos responsables políticos causa estupor, indignación y vergüenza, sobre todo, a quienes con su voto los han colocado allí. Parece que algunos gobernantes, una vez aupados en los puestos de responsabilidad, pasan olímpicamente de sus compromisos públicos, de los programas electorales, de los militantes de los partidos sin cuyo esfuerzo ellos no habrían llegado jamás a la “poltrona” e incluso de la opinión pública. Usan los recursos de las administraciones bajo su responsabilidad como si se tratara de recursos privados, como si, en lugar de estar gestionando y gobernando un ente público, estuviesen regentando un negocio privado, su propia empresa.

En los últimos tiempos los medios de comunicación se han venido haciendo eco del elevado número de personal de confianza, ayudantes o asesores, que en muchas administraciones se está creando. Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se han convertido en un auténtico nicho para toda clase de personas de confianza de los políticos. Normalmente, la existencia de estos puestos estaba pensada para la contratación, por razón de sus especiales conocimientos, de determinados profesionales que, sin pertenecer al cuerpo de funcionarios, pasaban a prestar sus servicios en una administración pública para asesorar en determinadas materias a un cargo electo o a desempeñar funciones de la máxima confianza. Sólo determinados cargos de especial relevancia podían nombrar algunos especialistas como ayuda en el desempeño de sus tareas. Sin embargo, con el tiempo, esta posibilidad se ha ido generalizando y extendiendo hasta llegar a la actual situación en la que nos podemos encontrar hasta alcaldes de pequeños pueblos con asesores a su cargo. Ahora, ya no se trata de que se haya generalizado esta práctica, sino que se está abusando de ella como un medio para “colocar” a compañeros de partido, a amigos y a familiares. Es decir, que la realidad presente es el abuso de los medios públicos, del dinero de los contribuyentes para colocar en las administraciones a personas que ni siquiera reúnen la titulación necesaria que deberían poseer para percibir las retribuciones que perciben si se tratase de funcionarios. El anterior Presidente del Gobierno contaba con cerca de 600 asesores o personal de confianza que cobraban el equivalente a una titulación del Grupo A1 y algunos de ellos no habían terminado el bachillerato.

Sin ir muy lejos, el Ayuntamiento de Alicante es un claro ejemplo del abuso sobre los recursos públicos. Ya en este diario se publicaron datos asombrosos que evidencian una mala práctica en los nombramientos del personal de confianza. Es muy llamativo que la Alcaldesa nombre como asesora, como personal de confianza, a la “niñera” familiar, D.ª Julia Castelló (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/01/12/alcaldesa-enrique-ortiz-olvidate-julia-he-contratado/1210737.html ). Para cualquiera es evidente que el Ayuntamiento y los puestos de este tipo no están para resolver las dificultades laborales de las amistades, lo haga quien lo haga.

Hoy, sin ir más lejos, otro diario se hace eco de ciertas prácticas que, de ser ciertas, suponen un verdadero varapalo para quienes propugnamos un modo diferente de hacer política desde el Partido Popular (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/29/alicante/1330541432.html). Es inadmisible que el Ayuntamiento sea utilizado como una agencia de colocación para amigos y familiares. No es que resulte ya poco estético, sino que tampoco es ético. 47 cargos de confianza en una Corporación de 29 concejales, más de 1,4 millones de euros anuales, es escandaloso. Y que el Grupo Municipal Popular, con 18 concejales, cuente con 37 asesores y administrativos (personal de confianza) es sencillamente incomprensible y no sólo por los tiempos de escasez y crisis que vivimos, sino por lo que supone sobre la capacidad de los ediles electos y sobre el nivel de confianza que parece merecerles el funcionariado de la casa. ¿No hay personal administrativo funcionarial suficiente para atender el trabajo de los concejales que hay que traerlo de fuera? ¿Es tal la preparación de los ediles que necesitan tanto asesoramiento? Evidentemente la explicación hay que buscarla en la falta de sensibilidad social y en la extendida creencia de que la administración es un cortijo del que gobierna. No es posible predicar la necesidad de austeridad en la gestión, no es posible pedir sacrificios a los vecinos porque estamos en crisis y al mismo tiempo colocar a familiares y amigos a costa del erario público y, en muchos casos, sin contar con la preparación técnica que se exigiría a un empleado público para acceder a puestos similares.Las Administraciones Públicas requieren estabilidad institucional y, por ello, sería bueno que entre todos los Grupos Municipales se pactase el número máximo de puestos de confianza, las áreas a las que adscribirlos y el perfil académico y profesional exigible. Normas claras, aceptadas por todos, con incompatibilidades concretas y retribuciones transparentes. No es tan difícil.

Alguien tiene que hacer un verdadero ejercicio de autocrítica y corregir de forma inmediata una situación que produce bochorno a muchos votantes populares. No es esto lo que queremos, no. Existe otra forma de hacer política, de servir a los ciudadanos que es incompatible con la idea de servirse de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola