Nota de Prensa remitida por el Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid.

21 de septiembre de 2024.

 

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DE MONFORTE DEL CID AYUDARÀ  A LOS VECINOS A INTENTAR RECUPERAR EL DINERO INDEBIDAMENTE PAGADO A AGUAS DE ALICANTE.

 

Tras presentar el pasado mes de agosto una denuncia ante los juzgados de Instrucción de Novelda por la existencia de un posible delito de exacciones ilegales, el Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid ha iniciado hoy sábado una campaña informativa entre los vecinos para explicar la anómala situación existente en torno al suministro de agua potable y mantenimiento del alcantarillado en la localidad.

 

Hay que remontarse a septiembre de 2017, cuando el Gobierno Municipal de IU+PSOE+tránsfugas adjudicó la concesión para el suministro de agua potable y mantenimiento del alcantarillado a la empresa AMAEM (Aguas de Alicante) a cambio de 5 millones de euros de canon. Dicha concesión fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 9-9-2020 mediante la Sentencia N.º 717/2020. Desde entonces, el Gobierno municipal no ha licitado un nuevo concurso. Sin embargo, año tras año, incluso después de haber sido anulada la concesión, AMAEM, con la conformidad del Ayuntamiento, ha venido subiendo las tarifas a los usuarios.

 

Pero, lo más sorprendente, es que no existe ningún soporte legal para que la concesionaria, AMAEM, pueda cobrar las facturas que regularmente pasa al cobro a los usuarios. Es decir, los precios del agua y demás servicios que cobra AMAEM solo pueden ser exigidos a los usuarios si previamente el Ayuntamiento los aprueba anualmente en la correspondiente ordenanza municipal, algo que nunca ha hecho. Así lo establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 20.6. Por tanto, sin Ordenanza Municipal reguladora de los precios relativos al suministro del agua potable y alcantarillado, no se puede exigir a los usuarios el pago de las facturas emitidas por AMAEM por estos servicios. El Gobierno Municipal y AMAEM podrían estar incurriendo en un posible delito de exacciones ilegales.

 

Por todo ello, el PAR entiende que no hay obligación alguna para pagar las facturas de AMAEM y, no solo eso, sino que los vecinos tienen derecho a exigir el reintegro de todas las facturas pagadas hasta el día hoy con los intereses legales a que hubiere lugar. Por ello, la campaña informativa del PAR que se ha iniciado hoy explica a los vecinos esta situación, ofrece asesoramiento jurídico y facilita los impresos necesarios para que puedan reclamar a Aguas de Alicante el reintegro de las cantidades pagadas sin que existiera la correspondiente Ordenanza Municipal.

 

 

A cuestas con la inmigración ilegal.

Durante los últimos meses, la preocupación ciudadana por la inmigración ilegal no ha hecho más que crecer paralelamente a su vertiginoso incremento, que es motivo de portada casi a diario en la mayoría de los medios de comunicación. Estamos ante una verdadera invasión africana que se está produciendo ahora mismo y que ya ha colapsado todos los centros asistenciales de las Islas Canarias y de Ceuta y Melilla. En 2023, llegaron a España un total de 56.852 inmigrantes irregulares, un 83 % más que el año anterior. En los primeros 6 meses de 2024, 24.898 inmigrantes ilegales han llegado a España, 12.194 más que en el mismo periodo de 2023 (es decir, un incremento del 96%). 

En Canarias hay casi 6.000 menores extranjeros no acompañados y la previsión es que hasta que finalice 2024 lleguen hasta 11.000 niños. A fecha de 31 de julio había 15.045 menas y jóvenes ex tutelados en España, de los cuales 10.123 eran marroquíes (el 68%). Ahora mismo, los servicios de atención canarios y ceutíes están absolutamente desbordados. No pueden acoger a ni uno más y piden auxilio constantemente al Gobierno de España sin obtener una respuesta eficaz. Y el problema es mucho más grave que la situación dramática que viven estos menores no acompañados, el problema no es solo cómo dar una respuesta urgente a su situación, el problema es cómo abordar toda la inmigración ilegal o irregular en su conjunto.

La política exterior, la política sobre inmigración es una responsabilidad, una competencia del Gobierno del Estado. ¿Y qué ha hecho hasta ahora el gobierno? Primero, intentar sin éxito aprobar en el Congreso una modificación, sin consensuarla, de la Ley de inmigración para repartir los menas de Canarias por el resto del territorio español. Lo segundo, culpar al PP y a Vox del fracaso de esta modificación legal y por ende de la acumulación de menas en Canarias. Algo ridículo, porque lo relevante es que esa modificación no fue aprobada porque una parte del soporte parlamentario que sostuvo la investidura de Pedro Sánchez votó que no. Un Gobierno que no tiene capacidad ni soporte parlamentario para aprobar los presupuestos generales, ni tan siquiera un articulo de una Ley no es un Gobierno, es una panda de ocupadores de sillones ministeriales. Lo tercero, en plena llegada de cayucos, el Presidente fue a Canarias, sí, pero no visitó ni una sola de las instalaciones desbordadas por los inmigrantes ilegales. Estaba de vacaciones.

Cuarto, a continuación, el Sr. Sánchez hizo una gira por tres países africanos, Mauritania, Gambia y Senegal, para intentar “arreglar” tan espinoso asunto y, entre otras cosas, se le ocurrió anunciar en Mauritania que España necesita 250.000 inmigrantes al año, anuncio que debió alegrar mucho a los que por aquellos lares aún no se habían decidido a embarcarse en un cayuco. Que alguien explique cómo el Presidente del Gobierno, que no consigue trabajo para sus más de tres millones de parados, va a conseguirlo para 250.000 extranjeros al año.

Es una evidencia que la mayoría parlamentaria del Gobierno socialista es incapaz de adoptar medidas, por pequeñas que sean, en este asunto porque es incapaz de generar un consenso mínimo. No solo porque SUMAR se niegue a hablar de hacer deportaciones ni tan siquiera en los casos que la vigente Ley las respalde, sino que JUNTS se niega en redondo a que los menas sean trasladados también a Cataluña y, además, exige que el control de la inmigración y, por tanto, de las fronteras interiores y exteriores de Cataluña sean competencia exclusiva de la Generalidad catalana. Nos falta saber si dentro de sus fronteras incluyen a Baleares, Comunidad Valenciana o el Rosellón francés.

La primera obligación de cualquier gobierno es atender al bienestar general de sus ciudadanos, garantizar su seguridad y preservar los valores culturales y éticos sobre los que se asienta la comunidad nacional. Y a partir del cumplimiento de esta obligación diseñar y aplicar las políticas de inmigración que sean necesarias. Lamentablemente da la sensación de que esta obligación no se cumple: los cálculos electoralistas, la ausencia de principios claros o el seguidismo casi fanático de agendas diseñadas por élites globalistas priman sobre el interés nacional.

Santiago de Munck Loyola