La hipoteca valenciana de Rajoy y cía.

El afloramiento de parte de la escandalosa trama de corrupción organizada en torno al Partido Popular de la Comunidad Valenciana no podía haberse producido en peor momento para las aspiraciones de los populares de seguir en el Gobierno mediante acuerdos con otras formaciones políticas. Son muchos años seguidos de corrupción política y económica como para que al final no terminase por explotar la olla en la cara de los dirigentes nacionales del Partido Popular. A la trama Gürtel, hay que sumar ahora el asunto de Aquamed y el del Sr. Rus y su cuadrilla. Y no se trata sólo de que algunos desaprensivos utilizasen el poder para llenarse los bolsillos a costa de los contribuyentes, sino que, además, lo utilizaban para financiar al propio partido que los había encumbrado, sin el aval de los militantes, a esos puestos de poder. Muchos lo sabían y callaban. Muchísimos lo sospechaban, y salvo denuncias aisladas, también callaban. Y es que cuando un partido prescinde de la voluntad de sus afiliados a la hora de seleccionar a sus cargos públicos, cuando una maquinaria partidista endogámica y pesetera se nutre y nutre en parte a las instituciones públicas de amigotes, familiares, chulos, golfos, indocumentados, advenedizos, medradores e incompetentes pasa lo que pasa. No es un secreto que muchos han usado los cargos públicos para su beneficio personal y también para el beneficio político de la cúpula del Partido Popular. De lo primero estamos viendo estos días un pequeño botón de muestra. De lo segundo, se pudo ver y comprobar cómo se usaron los presupuestos de la Generalidad Valenciana para presionar a Alcaldes y Concejales populares para que avalasen la candidatura de Rajoy en 2008.

Señalan algunos medios de comunicación que en Génova están sorprendidos y escandalizados por las noticias que están apareciendo estos días sobre la corrupción en el PPCV. Pues será porque quieren o será una simple y obligada pose porque lo cierto es que mientras el PPCV era poderoso y aportaba avales y votos ignoraron, hasta la vulneración de sus propios estatutos, las denuncias y las firmas que algunos militantes de la Provincia de Alicante les hicimos llegar. Es más, la Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, ni siquiera se dignó a contestar a los escritos en los que se denunciaba la falta de democracia interna del PP alicantino, la mala imagen del mismo y la necesidad de una profunda regeneración. Y cuando un pequeño grupo de militantes iniciamos un modesto movimiento en pro de la regeneración, cuando pedimos el examen de las cuentas electorales alicantinas del 2007 y 2011 y fuimos fulminantemente expulsados del PP, tras un expediente instruido por un diputado imputado por corrupción, ni siquiera tuvo la decencia de contestar a nuestro recurso el Comité Nacional de Garantías del Partido Popular del Sr. Rajoy. En Génova, desde el Presidente Nacional, pasando por la Secretaria General hasta la última secretaría, sabían o debían saber, porque denuncias no les faltaban, que algo olía a podrido en el PPCV y en el PP de Alicante. Así que ahora mejor que no se hagan los sorprendidos, que los demás no somos tontos. No tocaron al PPCV porque tenían una deuda política con él.

Los populares presumen de que a lo largo de la pasada legislatura aprobaron decenas de iniciativas para combatir la corrupción. Pero olvidaron lo básico: empezar por limpiar su propia casa. Como señalaba hace poco un periódico basta recordar que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno fue defendida en el Congreso  por Pedro Gómez de la Serna, que ahora tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por cobrar comisiones ilegales presuntamente a empresas españolas para hacer negocios en el extranjero. Este señor dijo entonces desde la tribuna del Congreso: "con las 70 medidas que este Gobierno ha puesto en marcha habrá mucha menos corrupción en España de la que hubo después de que ustedes dejaran el Gobierno. No se trata señorías del y tú más, no se trata de ver qué partido ha padecido y ha sufrido más bochorno por hechos relacionados con la corrupción, pero sí se trata de ver quién cuando llega a las responsabilidades del Gobierno ha hecho más por combatirla. Y en ese tema, señores del Partido Socialista, lo digo con toda humildad, no nos llegan ustedes ni a la suela del zapato". Y se quedó tan fresco.

La corrupción no es un fenómeno exclusivo de gente del PP, ni ADN ni gaitas. Y, si no, que se lo digan a los socialistas y a los sindicatos de los ERES, a los convergentes catalanes y sus pujoles o a los nacionalistas vascos con el caso “De Miguel”. Pero es evidente que cúpula del PP no ha sabido ni querido reaccionar a tiempo en los casos que afectan al partido y que no ha dado ni un solo paso para democratizar internamente al partido y, con ello, legitimar el acceso y el control por las bases de sus militantes a los cargos públicos. Por negligencia y por omisión la cúpula del Partido Popular está tocada por estos casos de corrupción. Y deberá rendir cuenta por ello y, consecuentemente, por poner a España en una difícil situación de gobernabilidad.

Santiago de Munck Loyola

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¿Cambio o timo?

Pasados ya seis meses de las elecciones municipales bien se puede ir esbozando un pequeño balance del cambio de gobierno producido en tantos y tantos ayuntamientos españoles. En mayo de 2015 muchos vecinos decidieron con su voto jubilar a partidos que llevaban años gobernando sus ayuntamientos y dar una oportunidad a otros que representaban un cambio de políticas y parecían satisfacer mejor las aspiraciones vecinales. En muchos municipios los vecinos apostaron por el cambio, a veces a través de dos o tres formaciones políticas diferentes que se vieron en la necesidad de llegar a acuerdos para poder formar los nuevos gobiernos municipales. Los Gobiernos de los perdedores. Es indudable que cuanto más pequeño es un municipio más fácil parece, salvo desencuentros familiares que tienen su peso en las localidades pequeñas, llegar a acuerdos de gobierno por encima de las divisiones ideológicas. Se suele anteponer el interés del pueblo a la política partidista y suele funcionar. Por ello, no es infrecuente encontrar ayuntamientos regidos por coaliciones variopintas que elevadas al ámbito nacional serían impensables.

En no pocos casos, esos deseos de cambio se están viendo frustrados por las actitudes y aptitudes de los nuevos gobiernos municipales. Muchos nuevos gobernantes han aterrizado en sus ayuntamientos haciendo gala de una escasa formación intelectual, de un pasmoso desconocimiento de la realidad de las instituciones que gobiernan y de su propio pueblo. Otros deben creer que el hecho de haber pasado la reválida de las urnas les confiere conocimientos técnicos suficientes, que por cierto se tardan años en ser adquiridos a través de estudios universitarios o de la experiencia, y se meten directamente a gestionar la cosa pública prescindiendo de la legalidad y hasta del sentido común. Al éxito electoral reciente le suele acompañar cierta soberbia y un peligroso exceso de confianza cuando lo que debería primar en su nueva singladura política es la humildad, la capacidad de escucha, el esfuerzo por sumar y por aprender para servir mejor a todos los vecinos y no solo a unos pocos. La sed de revancha, la desconfianza partidista y la altivez no son nunca buenas compañías y menos aún en los momentos iniciales porque marcarán una senda difícil de abandonar.

Muchos gobiernos municipales han perdido unos meses preciosos en los que deberían haber sentado los cimientos de un auténtico programa de cambio para toda la legislatura en, desde una perspectiva interna, reorganizar la administración a su gusto, sin criterios técnicos sino partidistas, en fiscalizar o perseguir (caza de brujas) a los empleados sospechosos de no ser adictos (en un pueblo se conoce todo el mundo), y, desde una perspectiva externa, en realizar gestos de cara a la galería que plasmen el cambio producido, es decir, mucho ruido y pocas nueces. Apelan a la herencia recibida para ir preparando al personal del previsible incumplimiento de sus promesas, intentan con esa supuesta herencia chantajear a la oposición para que no ejerza sus funciones y exhiben gestos (el uso de bicicletas, por ejemplo) o publicitan grandes logros (el cambio de nombre de calles) como ejemplos evidentes de que el cambio ha llegado. Y en no pocos lugares el supuesto cambio se ha traducido de forma inmediata en la colocación de amigos y familiares dentro y fuera de los ayuntamientos (“ya nos tocaba” dicen).

Seis meses deberían haber dado para mucho más. El supuesto cambio está empezando a ser más que decepcionante. El cambio profundo de políticas que tantos millones de ciudadanos respaldaron en las últimas elecciones municipales está, de momento, limitándose a un cambio de caras, de estilo, de proveedores o de discurso, muy plañidero por cierto. Y poco más. Desgraciadamente el cambio no se ha traducido en muchas localidades en el abandono y destierro de prácticas sectarias, en voluntad de integración, en vocación de servicio comunal o en la simple profesionalización de la administración para ponerla realmente al servicio de toda la ciudadanía. Muchos nuevos responsables siguen pensando que han sido elegidos para gestionar (algo para lo que no están preparados, ni tienen por qué estarlo) y olvidan que para lo que han sido elegidos es para hacer política, la política en la que sus vecinos han creído. Repiten los errores de sus antecesores y acabarán como ellos, sin duda.

Una sociedad como la nuestra, con tantos problemas pendientes de resolver necesita que también sus ayuntamientos se regeneren, algo imposible de conseguir sin voluntad política para ello. Nuestros Ayuntamientos, la administración pública más cercana al ciudadano, necesitan ese cambio real, no sólo de caras. Y es cierto que no todos los políticos son iguales pero cuando alcanzan el poder ¿a que se parecen?

Santiago de Munck Loyola

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El Partido Popular una vez más en la picota.

Una vez más, y no será la última, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana está siendo el centro de todas las miradas por un nuevo caso de corrupción de enormes proporciones.

Una vez más, y no será la última, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana está abochornando a sus decenas de miles de honrados militantes y a los cientos de miles de votantes que lo respaldan en las urnas.

Una vez más, y no será la última, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que expulsó de sus filas a decenas de afiliados honrados y críticos con todo lo que se veía venir y con los que aún no se ha disculpado, se limitará a cubrir el expediente, a hacer un poco de teatro, a entonar el “y tú más” y a no abordar el verdadero problema de fondo, la causa que origina tantos casos de corrupción que no es otra que la ausencia de una auténtica democracia interna.

Hoy, el antaño todopoderoso Alfonso Rus, ex presidente del PP valenciano, ex presidente de la Diputación de Valencia y ex alcalde de Játiva ha sido detenido por la Guardia Civil, junto con otras 23 personas, en el marco de la operación “Taula” que investiga una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana y que, al parecer, ha perpetrado delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Se investiga también la posible financiación irregular (una vez más) del PP valenciano. De momento hay 24 detenidos entre los que se encuentran también Emilio Llopis, que era jefe de gabinete de Rus en la Diputación de Valencia, María del Carmen García Fuster, actual secretaria del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Juan José Medina ex alcalde popular de Moncada y ex vicepresidente de la Diputación, María José Alcón, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, antigua asesora de Rita Barberá y  casada con Alfonso Grau, el ex vicealcalde de Valencia que está siendo juzgando por el caso Nóos. Como puede apreciarse además, el nepotismo como seña de identidad del PPCV está más que presente en este caso.

Una vez más, y no será la última, los ciudadanos con ideas centristas, de derechas, regeneradores y defensores de la libertad, la ejemplaridad y el progreso saben y son conscientes de que con este Partido Popular no se puede ir ni a la vuelta de la esquina. Un partido que ha traicionado reiteradamente sus compromisos electorales, que ha renegado de sus principios políticos, que ha olvidado a sus afiliados y votantes no merece ni tan siquiera el menguante espacio electoral que muchos electores le han regalado en las últimas elecciones generales. Tan sólo el miedo al triunfo de esta alucinada izquierda “plurinacional” que con tanto ahínco han venido cultivando poderosos medios informativos empresariales sostiene el amplio voto que aún recibe el Partido Popular. ¡Triste realidad y funesto destino el de un partido que fía su triunfo electoral no a la ilusión de sus votantes sino al miedo más primitivo!

No son pocos los dirigentes políticos, algunos todavía en las filas populares, los que claman ya por una refundación del Partido Popular, por una recomposición del centro derecha español que cierre una negra etapa y ponga en marcha un nuevo proyecto nacional integrador, moderno, abierto y renovador capaz de hacer frente a los enormes desafíos que España, como nación y como sociedad occidental, tiene planteados en estos momentos. Dar ese paso sí que sería una auténtica muestra de patriotismo, lo demás pura palabrería.

Santiago de Munck Loyola

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El hemicirco y los escaños giratorios.

Las consecuencias de los resultados de las pasadas elecciones generales no pueden ser más desalentadoras a la luz de los comportamientos políticos que estamos viendo estos días, ni las perspectivas de gobierno menos halagüeñas. Es tal el cúmulo de disparates y de dislates de los partidos políticos que conviene hacer una pequeña recapitulación para situarnos en este tragicómico escenario político. No hay que olvidar que en la misma noche electoral casi todos los dirigentes políticos se apresuraron, entre otras cosas, a señalar que habían entendido el mensaje de cambio que el electorado había transmitido con su voto. Y ¡hay que ver cómo lo han hecho!

El Partido Popular, tras perder 60 diputados, ya ha hecho gestos muy significativos. Se nota que entiende el mensaje del electorado y por ello, para empezar, nada de más democracia interna, ni de autocrítica. Ahora no es el momento, como tampoco lo era hace uno o dos años. Y para que se note el cambio, sus deseos de regeneración y renovación, Rajoy ha vuelto a situar en la Mesa del Congreso a una joven “promesa”, Celia Villalobos, la pro-abortista y especialista en el Candy Crush, como vicepresidenta de la cámara. Por cierto, mucho más preocupada por la estética ajena que por la ética propia. Y en la Mesa del Senado, además del sempiterno y anodino Pío García Escudero como Presidente, a una imputada, la senadora alicantina sin estudios pero experta en simultanear cargos públicos, Adela Pedrosa.

Los socialistas también se han estrenado bien. Han situado en una vicepresidencia de la Mesa del Congreso a su Presidenta del partido, Micaela Navarro, acusada por la prensa de falsear su declaración de bienes. Y como son más generosos que nadie y han detectado que era un anhelo de todos los españoles, según su secretario de organización, han decidido ceder dos senadores a los independentistas de ERC y otros dos a los independentistas de la antigua Convergencia para que así tengan grupo propio, cobren más subvenciones y dispongan de más tiempo en el Senado para continuar con sus machacona soflamas independentistas.

Y siguiendo por la banda izquierda del circo político ha habido y hay de todo y para todos los gustos. Nadie podrá negar que supone un verdadero cambio político, y de una trascendencia histórica indudable, el hecho de acudir a la sesión constitutiva del Congreso acompañados por una banda de música, como hicieron los diputados de Compromis, los podemitas levantinos. Como lo es también prestar promesa o juramento de la Constitución usando fórmulas ridículas y hasta infantiles. Dar la nota, alguno la da, aunque sea usando a su propio bebé para ello. Luego unas lagrimitas en la calle de Pablito, el amigo de los carniceros iraníes, y fotos al canto. Desde luego que estos nuevos parlamentarios van a dar mucho juego en el “hemicirco” del Congreso. Y qué decir del ciudadano Garzón dando cuenta a la prensa de su entrevista con el Rey. ¿Acaso el hecho de ser republicano exige para referirse al Rey usar hasta la saciedad “el ciudadano D. Felipe de Borbón? Si la palabra Rey le produce urticaria puede usar “Jefe del Estado” y así sus comparecencias serían algo menos tediosas.

Pero si ha habido algo especialmente llamativo estos días, en los primeros pasos de esta nueva izquierda ha sido su peculiar forma de entender la regeneración política. Los que clamaban, y con razón, contra la existencia de las llamadas “puertas giratorias” en la política han inventado algo mucho más “democrático”, los “escaños giratorios”. La técnica consiste en usar el escaño que te han dado los electores bajo unas siglas para “girarlo”, adscribirte a un determinado grupo parlamentario, pillar la pasta de las subvenciones parlamentarias y volver a “girarlo” para abandonar ese grupo y volver donde te pusieron los votantes. Que lo haga el PSOE con sus senadores por cortesía parlamentaria, por estulticia o por falta de respeto al votante es normal, al fin y al cabo pertenece a la “vieja” política. Pero que lo hagan o lo intenten hacer los supuestos adalides de la “nueva” política, comunistas, podemitas y demás mareantes es, cuando menos, llamativo. Sin embargo, no hay que extrañarse demasiado, la falta de principios y el saqueo de las arcas públicas siempre van de la mano, sea con la vieja o con la nueva política. La que nos espera.

Santiago de Munck Loyola

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La traición socialista.

Sin duda, la noticia política de la semana ha sido la decisión del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de ceder senadores socialistas a dos formaciones independentistas, Esquerra Republicana de Cataluña y Democracia y Libertad, la heredera de la corrupta Convergencia Democrática del Sr. Mas, para que puedan formar grupo parlamentario propio en el Senado y, con ello, que puedan contar con más tiempo y más dinero para seguir atacando a la unidad de España. Esta decisión socialista, que debería marcar un antes y un después en la historia del PSOE, no puede analizarse fuera del contexto actual en el que nos movemos, un contexto excepcional en el que el desafío a la soberanía nacional y a la unidad de España es más fuerte que nunca y en el que la búsqueda de un gobierno estable, tras los resultados de las elecciones generales del 20 de diciembre, no puede justificar semejantes trapicheos con los enemigos de España.

Pedro Sánchez y algunos portavoces socialistas se han apresurado a justificar esta sorprendente decisión apelando a los antecedentes existentes y a la llamada "cortesía parlamentaria" que, en realidad, no es otra cosa que un fraude de ley, burlando el Reglamento de la Cámara Alta para conceder lo que las urnas no han concedido. Y la desfachatez llega a su cima con la justificación esgrimida por el número dos socialista, César Luena, cuando vincula esta decisión a los “anhelos de los españoles”. Pero ¿de dónde ha salido este individuo? ¿cómo se puede tener tanta cara dura?

El primer y gran reto que tiene España es la defensa de la soberanía del pueblo español, el fundamento de la legitimidad de todas sus instituciones democráticas, que está siendo sistemáticamente atacada por los independentistas poniendo con ello en juego todo lo demás, recuperación económica incluida. Resulta incomprensible que partidos políticos como el PSOE no sólo no sean capaces de subordinar sus políticas partidistas a esa defensa de la soberanía de los españoles, sino que además colaboren activamente con quienes quieren dinamitarla. Se trata de una traición en toda regla. No caben los matices.

Y ante esta espuria maniobra socialista no basta con su denuncia pública como reiteradamente vienen haciendo los dirigentes del Partido Popular, sino que hay que utilizar o intentar utilizar todos los medios y mecanismos legales de los que se dispone. El Partido Popular dispone de una amplia mayoría absoluta en el Senado y puede y debe usarla porque estamos ante una situación excepcional. Si una interpretación fraudulenta del reglamento del Senado es la que facilita que los socialistas consuman esta traición al electorado y a España, refórmese ese mismo Reglamento para impedir o, en su caso, disolver aquellos Grupos Parlamentarios que se constituyan con senadores prestados. Es una cuestión de decencia y de voluntad política que, además, se ajustaría mucho más a los resultados de las urnas que, con las reglas de juego vigentes, no otorgaron a los independentistas la posibilidad de tener Grupo Parlamentario propio en el Senado.

Los 124 senadores del Partido Popular tienen la obligación política y patriótica de anunciar e intentar la reforma del Reglamento del Senado para deshacer la inaceptable decisión de Pedro Sánchez. No basta con lloriquear ni con rasgarse las vestiduras, hay que transformar en decisiones políticas lo que es de sentido común y devolver así al Senado y a los votantes la dignidad que los socialistas les han arrebatado. Los principios se demuestran con hechos. Y, si no lo hacen, mejor que se callen.

Santiago de Munck Loyola

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La autonomía uniprovincial: una solución para Alicante.

Padecer una situación de injusticia permanente, conocer las causas que la originan, reconocer el problema de fondo y no afrontarlo adoptando las medidas que están en nuestra mano para solucionarlo es bastante anormal. Esa situación puede darse en muchas circunstancias y ocasiones de cada persona pero cuando la elevamos a la categoría de lo público resulta, cuando menos, una anomalía social. Veamos.

Los ciudadanos que vivimos en la Provincia de Alicante padecemos desde hace décadas una situación de discriminación permanente por parte del estado y de la Generalidad Valenciana. No somos tratados ni económica, ni políticamente de acuerdo con la importancia económica y demográfica de nuestra provincia. Somos tratados de forma injusta y no como debería corresponder a la quinta provincia por volumen de su Producto Interior Bruto o por el volumen de su población. Todos los indicadores de los datos económicos y sociales así lo señalan y no son discutibles: rentas y pensiones por debajo de la media española, asistencia sanitaria, educativa o social por debajo de la media, inversiones públicas en el furgón de cola, etc. Son tantos años de discriminación negativa en las inversiones en nuestra Provincia que bien podemos hablar de la existencia de una enorme deuda histórica con Alicante, deuda del estado y deuda de la Generalidad Valenciana. Y esta injusta situación la sufrimos directamente, en nuestros bolsillos y en nuestro nivel de bienestar.

Cada vez son más las voces autorizadas las que desde distintos ámbitos de la Provincia se suman al reconocimiento y a la denuncia de una situación a todas luces injusta, la permanente discriminación de nuestra Provincia. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el ámbito de la vida política, pocos son los representantes políticos que denuncian esta situación, sobre todo porque se deben más a los aparatos de sus partidos, a sus jefes, que a los ciudadanos. Y cuando mencionan la discriminación de Alicante lo hacen sólo para usarla como arma arrojadiza contra el gobierno de turno, sea en Madrid o Valencia. Pero ¿alguno plantea una solución política? Porque lo cierto es que salvo esos lamentos ocasionales ninguno de nuestros representantes políticos ni ninguno de los partidos políticos con representación pone una solución encima de la mesa. Y haberlas las hay.

No hay ninguna razón económica, histórica, política o social que justifique el hecho de que los alicantinos tengamos que soportar sobre nuestras espaldas una administración pública más que los madrileños o nuestros vecinos murcianos, por poner un ejemplo. Sobre nuestras espaldas recae el peso de sostener con nuestros impuestos a los Ayuntamientos, a la Diputación, a la Generalidad Valenciana y al Estado. Costeamos cuatro administraciones españolas mientras que otros sólo tienen que sostener a tres administraciones. Si ello nos reportase ventajas mercería la pena, pero cuando se comprueba que la Generalidad Valenciana no cohesiona su territorio ni económica, ni socialmente, cuando se constata que lleva veinte años invirtiendo por habitante menos en Alicante que en las dos otras provincias y que las decisiones trascendentes para nuestra Provincia se toman en Valencia y no en Alicante, parece evidente que no merece la pena. La solución política a estos problemas pasa por tener voz propia en Madrid y por constituir una Comunidad Autónoma uniprovincial. Esperanza Ciudadana es el único partido que pone sobre la mesa una posible solución. No basta con lamentarse, no es suficiente con quejarse. Hay que ofrecer soluciones y ésta es una propuesta absolutamente constitucional que puede dar salida a un grave problema por todos reconocido.

Alicante tiene capacidad de sobra para administrar por si misma las competencias autonómicas que quiera asumir y eso también es una evidencia. Tenemos los argumentos y la capacidad para hacernos oír directamente en Madrid sin tener que pasar el filtro de Valencia. Tenemos la capacidad para tomar las decisiones competenciales aquí sin tener que someternos a las decisiones de Valencia. No se trata de romper los vínculos culturales que unen a parte de nuestra con Valencia, ni tienen por qué romperse con la Constitución en la mano. No se trata de enfrentar a nuestra Provincia con otras, ni de renunciar a la pluralidad y a la riqueza y variedad cultural de nuestra Provincia. Se trata de acercar a los alicantinos a la toma de decisiones políticas, de llevar directamente la voz de Alicante ante el Estado, de eliminar una carga administrativa de nuestras espaldas, de lograr una mayor eficiencia en la gestión pública, de eliminar innecesarias duplicidades, de hacer realidad la igualdad de derechos y de obligaciones entre todos los españoles y de hacer una realidad la tan manida como ignorada solidaridad territorial. Se trata, en definitiva, de aprovechar y usar en beneficio de Alicante los legítimos instrumentos que la Constitución pone a nuestra disposición. Podemos seguir quejándonos, lamentándonos y denunciando lo evidente, pero si no actuamos de nada servirá.

Santiago de Munck Loyola

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