Diario El Mundo Edición de Alicante 29-11-2013.
viernes, 29 de noviembre de 2013
miércoles, 27 de noviembre de 2013
Carta abierta a D. Alberto Fabra.
Sr.
D. Alberto Fabra:
Le
escribo en mi calidad de ex militante del Partido Popular al haberme expulsado
usted y sus acólitos por pedir más honradez, más democracia interna y la
regeneración del que era, si no lo remedian los Tribunales, mi partido en el
que he militado desde su fundación, arriesgando mucho, como tantos otros, como cargo público del mismo. Y le escribo porque he leído con indignación
sus palabras en los medios de comunicación sobre la necesidad de hacer un pacto
con las demás fuerzas políticas contra la corrupción. Ha pedido usted un
"gran pacto entre partidos" para luchar contra la corrupción y se ha
comprometido a apostar por la "tolerancia cero" ante "cualquier
comportamiento inadecuado". Y no sólo eso, además, ha añadido que va a impulsar
más medidas de regeneración porque si no se genera "confianza" con
los ciudadanos se producirá un "desencuentro" que no se podrá
superar.
Sr.
Fabra o bien es usted un cínico y actor consumado o bien no se entera de nada o
bien es tal su debilidad política que se “la cuelan” por todos sitios y, en
especial, desde Alicante. ¿De qué pacto habla usted contra la corrupción? ¿De
qué tolerancia cero habla? ¿Se trata de otra falacia como la de la línea roja?
¿A quién quiere seguir engañando? Mire usted, Sr. Fabra, cuando las palabras no
van acompañadas por los hechos, de poco sirven. Y sus hechos, las actuaciones
suyas y las de sus subordinados alicantinos indican muy claramente otra cosa.
Usted
nos ha expulsado del PP a mí y a otro compañero por pedir cosas tan básicas
como honradez, honestidad, democracia interna y participación y por pedirlo
públicamente ante la imposibilidad de obtener respuestas en una organización
que desde hace años no funciona. Y para ello nos abrió un expediente cuyo
instructor ¡Oh! casualidades de la vida, está denunciando en anticorrupción por
graves irregularidades en su Ayuntamiento. El Partido que usted preside, o que
parece que preside, nos ha dicho por escrito que no se puede pedir la regeneración del PPCV porque hacerlo es tanto como
dar a entender que todo el PPCV es corrupto. Y se han quedado tan anchos. ¿Y
viene usted a hablar de medidas de regeneración? ¿Tolerancia cero? ¿Es la misma
tolerancia cero que practica la inmensa mayoría del grupo Parlamentario del
PPCV en las Cortes Valencianas que suscribe peticiones de indulto para
políticos delincuentes, Sr. Fabra? Y su línea roja, D. Alberto, ¿dónde ha
quedado? Porque, según los planes del Sr. Ciscar, en Alicante, nada de nada. ¿O
acaso no se ha enterado usted de que el fragmentado PP de la ciudad de Alicante
ha creado un ilegal Consejo de Dirección que estará coordinado por la alcaldesa
imputada? Éste y no otro es el valor que parece que tiene su palabra Sr. Fabra.
Ofrecer
un pacto contra la corrupción a los demás partidos, Sr. Fabra, con estos
antecedentes y con esa credibilidad que le otorgan sus propios hechos es hacer
el ridículo más espantoso. Alguien que utiliza a personajes de dudosa actuación
para expulsar y silenciar a los compañeros que piden la regeneración interna no
tiene ninguna credibilidad, ni autoridad moral o política para proponer ese
tipo de pactos. Y el primer pacto que debería proponer lo es con los sufridos
militantes y afiliados del Partido Popular que tienen que padecer diariamente
el bochorno que muchos de sus dirigentes en la Comunidad Valenciana les
producen. El mejor antídoto contra la corrupción, Sr. Fabra, es la democracia
interna, es la transparencia, la participación y el control de las bases sobre
la actuación de sus cargos públicos. De manual, Sr. Fabra, le guste o no (que
está claro que no le gusta). Tiene usted lo que tiene porque los militantes no
pintan nada, porque colocan en las listas a los amiguetes, a los parientes y a
los enchufados y no a los mejores, ni siquiera a los que reciben más apoyos de
la militancia. Y así les luce el pelo.
No
puede haber pactos contra la corrupción cuando quien lo propone no está
dispuesto a limpiar su casa, ni siquiera está dispuesto a cumplir su propia
palabra y deja que los mercenarios políticos sigan haciendo y deshaciendo a su
antojo. Pacte con su militancia, Sr. Fabra, devuélvale la palabra de verdad,
sin filtros, sin intermediarios y verá como las cosas cambian de verdad y a
mejor. Y, si no, al menos no haga más el ridículo, ni siga avergonzando a tanta
gente honrada que en su día votó al PP.
Santiago
de Munck Loyola.
martes, 26 de noviembre de 2013
PPCV y UGT a la par.
Dos
importantes noticias de esta semana subrayan la importancia del nivel de
degeneración de parte de la clase dirigente de nuestro país, tanto en su
vertiente política como sindical. El PPCV, personificado en Carlos Fabra, y la
UGT, en su versión andaluza, aunque no sólo allí, son los protagonistas de las
noticias en torno a la catadura moral de quienes “lideran” nuestra sociedad.
Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón y ex muchas otras
cosas, amasador de fortunas inexplicables y progenitor de la insigne y culta
diputada popular, Andreita “que se jodan”, ha tomado el relevo en los titulares
periodísticos de su conmilitón popular Pedro Hernández Mateo, ex alcalde de
Torrevieja y ex diputado popular. El primero, tan agraciado él con las loterías
del Estado, ha sido declarado culpable de cuatro delitos contra la hacienda
pública, aunque ha sido absuelto de los delitos de tráfico de influencias y
cohecho y habrá que esperar a la resolución de los recursos pertinentes que confirmen
o no esta condena. El segundo, condenado ya por el Tribunal Supremo y
declarado, por tanto, delincuente, diga lo que diga al respecto el Presidente
del PP de Valencia Sr. Rus cuyas aportaciones jurídicas seguramente pasarán a
la historia, está a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre la petición
de indulto, que tan entusiásticamente ha solicitado la inmensa mayoría de los
diputados del Partido Popular, para entrar o no en prisión.
Por
su parte, diversas informaciones están poniendo de relieve la peculiar forma de
buena parte de la clase sindical de administrar los fondos públicos que reciben
de los contribuyentes. Al mayor caso de corrupción de la historia de España, el
caso de los EREs falsos, protagonizado por sindicalistas de UGT, empresarios y
miembros del PSOE andaluz que supuesto el saqueo de casi 1000 millones de euros
hay que añadir ahora el incesante goteo de informaciones del tinglado montado
por el sindicato socialista, y no sólo en Andalucía, para financiarse con
dinero público y para desviar esos fondos hacia fines no precisamente
altruistas. Tiene lo suyo que un sindicato pague con fondos destinados a la
formación de desempleados cenas multitudinarias, mariscadas o viajes al Caribe
para la “formación” de centenares de sindicalistas pero que, además, encargue
bolsos falsificados hechos por mano de obra explotada en países asiáticos pone
perfectamente de relieve la catadura moral de estos sindicalistas. Y qué decir
de los globos a un euro comprados y cargados a cuenta de las subvenciones
otorgadas por el Ayuntamiento de Alcorcón y pagados sin rechistar por el
Alcalde de entonces, hoy senador socialista.
Si a alguien le sorprende todo
esto es porque quiere o porque la memoria es frágil. Después de la que montaron
los de UGT con aquella famosa promotora de viviendas, la PSV, que tanto dinero
costó a los contribuyentes ¿a quién le puede extrañar que sigan haciendo de las
suyas con el dinero que no es de nadie, como diría la Sra. Salgado? Se
comprende perfectamente que los sindicatos españoles sean tan reacios a ser
incluidos en la Ley de Transparencia. En cuanto se les pide la más mínima
explicación sobre el uso del dinero público o, incluso de algo tan sencillo
como el uso de los créditos sindicales que muchos representantes usan para su
beneficio particular, ponen el grito en el cielo alegando que se pretende
atentar contra la libertad sindical.
El
PPCV y la UGT comparten unos mismos “méritos”: con sus acciones contribuyen al
desprestigio de la actividad política y sindical, ambas organizaciones ensucian
la vocación de servicio público que debía primar en su seno y ambas necesitan
una profunda regeneración porque las dos cuentan con miles de afiliados
honestos que sienten una profunda vergüenza por la actuación o la pasividad de
sus dirigentes. Las declaraciones de los líderes de ambas formaciones no se
corresponden con la realidad tozuda de los hechos. No es posible pintar líneas
rojas y convertirlas en discontinuas a capricho, no cabe proclamar con cada
caso de corrupción que se trata de casos aislados cuando por su proliferación
es evidente que hay algo interno que los facilita, no es admisible tratar de
circunscribir responsabilidades alegando que existe autonomía interna y no vale
esconderse denunciando la existencia de campañas de acoso contra los sindicatos
o para encubrir otros casos como el de Bárcenas.
El
PPCV de Fabra y Ciscar y la UGT de Méndez son el ejemplo perfecto de por qué
nuestro país necesita una profunda regeneración democrática. Son el ejemplo
perfecto de lo que ocurre cuando las organizaciones políticas y sindicales
desconectan de sus bases, controlan y limitan la democracia interna, ahogan el
debate interno, impiden la autocrítica y se enquistan en las redes del poder y
de la administración de tal modo que para subsistir necesitan retorcer la Ley,
tolerar comportamientos abusivos y alimentar parásitos políticos con redes
clientelares. Más claro el agua.
Santiago
de Munck Loyola
viernes, 22 de noviembre de 2013
El PPCV corrupto que Fabra y Ciscar amparan.
El diario digital http://www.elconfidencial.com publica
hoy un artículo, que por su interés reproduzco a continuación, y en el que
avanza el contenido del libro del periodista Sergi Castillo que se presentará
el próximo 3 de diciembre haciendo un repaso bastante completo del mugriento
panorama de escándalos y corrupción que muchos cargos públicos del Partido
Popular han dejado a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana.
Y es este ambiente de impunidad
total, de servilismo al superior, de mercenarios de la política y de
indocumentados con traje y gomina en el que tanto aprovechado se mueve tan a
gusto es en el que ha florecido lo peor de lo peor. Y a la responsabilidad
individual de cada uno de los implicados hay que sumar la responsabilidad
corporativa encarnada en los dirigentes populares quien han consentido,
ignorado o avalado con su pasividad todo ello y, lo que es peor, han expulsado
del Partido Popular a quienes hemos venido reclamado más honradez, más
ejemplaridad y más democracia interna que es, en el fondo, el verdadero
antídoto contra la corrupción. En este sentido Alberto Fabra en la Comunidad y José Ciscar
en Alicante son los impulsores y los promotores de las expulsiones de quienes
reclamamos la regeneración del Partido Popular y, por tanto, son los auténticos
cómplices políticos de quienes manchan y siguen manchando el buen nombre el
Partido Popular.
El saqueo de Valencia: el PP ya
tiene 100 imputados por corrupción en la comunidad.
José L. Lobo
Expresidentes y vicepresidentes de la Generalitat ,
exconsejeros autonómicos, altos cargos, diputados provinciales, alcaldes,
concejales, funcionarios... El virus de la corrupción se ha contagiado a todas
las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana ,
controladas por el PP desde hace casi dos décadas; y la lista de imputados
crece sin parar, en un bucle que parece no tener fin. Ya son más de 100 los
señalados por la justicia, un auténtico récord para una región que apenas
supera los cinco millones de habitantes.
"No son Alí Babá y los 40 ladrones; son muchos más", afirma
irónicamente el periodista Sergi Castillo, que el próximo 3 de diciembre
presentará en Madrid Tierra de saqueo, un exhaustivo trabajo de investigación y
documentación en el que destripa el cáncer de la corrupción en la Comunidad Valenciana ,
que se ha extendido como en ninguna otra región hasta alcanzar todas las
terminales del poder político. Y que ha alcanzado una fase terminal que puede
resultar letal para las aspiraciones electorales del PP, tanto en Valencia como
en el resto de España.
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"Mi libro es, en realidad, una obra colectiva", asegura
Castillo, "porque parte de las investigaciones previas de varios medios de
comunicación, entre ellos El Confidencial". El hilo conductor que le ha
servido para desenredar el ovillo de la corrupción ha sido la rama valenciana
del caso Gürtel. Pero las tramas del saqueo son muchas más: los casos Nóos (que
tiene también bajo sospecha al expresident Francisco Camps y a la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá), Brugal, Emarsa, Cooperación, Terra Mítica, aeropuerto
de Castellón, Canal Nou...
La lista negra de la corrupción supera ya los 100 imputados. Entre
ellos, un expresidente de la
Generalitat (José Luis Olivas, que también fue presidente de
Bancaja), dos exvicepresidentes (José Víctor Campos, ya condenado en el llamado
caso de los trajes, y Vicente Rambla), cinco exconsellers (Rafael Blasco,
Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Fernando Cartagena,
también condenado), nueve diputados autonómicos y un sinfín de altos cargos de
empresas públicas controladas por la Generalitat.
En ese sombrío listado del saqueo de las arcas públicas aparecen
también una expresidenta de las Cortes Valencianas (Milagrosa Martínez, que fue
además consellera de Turismo), un exsecretario general del PP regional (Ricardo
Costa, antiguo hombre de confianza del expresident Francisco Camps y hoy
enfrentado a él), dos expresidentes provinciales del partido (Carlos Fabra, de
Castellón, y José Joaquín Ripoll, de Alicante), los actuales alcaldes de estas
dos ciudades (Alfonso Bataller y Sonia Castedo) y varias decenas de alcaldes,
directores generales y jefes de gabinete.
Todos ellos están imputados por un repertorio de delitos que van de la
prevaricación al tráfico de influencias, pasando por el cohecho, la
malversación, la estafa o el blanqueo de capitales. Y hasta el abuso sexual:
Vicente Sanz, exsecretario general y jefe de personal de Radio Televisión
Valenciana (RTVV), abusó de varias trabajadoras de Canal Nou con amenazas y
falsas promesas de ascensos laborales. El auto de procesamiento recoge frases
como esta: "Mostró su sexo erecto y le decía: dame una chupaeta". El
expresident Eduardo Zaplana buscó a Sanz un retiro dorado en la televisión
pública tras verse implicado en un escándalo urbanístico y pronunciar una frase
inolvidable: "Estoy en política para forrarme".
Rebelión y deslealtad
El presidente de la
Generalitat , que aún no ha pasado el trago amargo del cierre
de la radiotelevisión pública (cinco de cuyos exdirectivos están imputados), se
enfrenta ahora a una rebelión en sus propias filas protagonizada por aquellos a
los que ha salpicado de lleno la corrupción. Nada menos que nueve diputados
autonómicos del PP lo están, y Alberto Fabra ya ha advertido a todos ellos que
no repetirán en las candidaturas del partido para las elecciones autonómicas y
municipales de 2015. Ni ellos ni ningún otro cargo bajo escrutinio judicial.
Los nueve parlamentarios imputados no tienen nada que perder, porque
saben que ya no ocuparán su escaño en la próxima legislatura. Por eso se
permiten incluso exhibir en público su deslealtad hacia Fabra, promoviendo, en
contra del criterio de su propio líder, el indulto para otro imputado y ya
condenado por corrupción: el exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado
autonómico Pedro Hernández Mateo. Nada menos que 45 de los 54 parlamentarios
del PP pidieron la semana pasada esa medida de gracia para Mateo, que está a
punto de ingresar en prisión por prevaricación.
Santiago de Munck Loyola
lunes, 18 de noviembre de 2013
La indignidad política en las Cortes Valencianas.
 |
| María del Carmen García |
Hace muy pocos meses, 21
asociaciones y 1.500 firmas respaldaron una petición de indulto presentada ante
la Subdelegación del Gobierno de Alicante para la mujer de Benejúzar, María del
Carmen García, condenada por pegar fuego al violador de su hija. Que se sepa,
los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas siguieron a lo suyo y
no se movilizaron para recoger firmas suscribiendo esta solicitud de indulto.
En 2007, una joven, Melani López,
fue condenada a tres años y tres meses de prisión junto a otro joven por
cultivar marihuana en una finca en Cervera del Maestrat (Castellón). Según la
primera sentencia, el valor del producto que habrían podido obtener habría
podido llegar a los 50.000.- €, por lo que además se les impuso una multa de
108.000.- €. Tras varios recursos en los que los jóvenes alegaban su inocencia,
la sentencia fue firme en noviembre de 2012 y la joven que ya había rehecho su
vida, se había casado y tenía dos hijos, uno de tres años y otro recién nacido,
solicitó en marzo de 2013 el indulto al Gobierno. Y que se sepa, los diputados
del Grupo Popular en las Cortes Valencianas siguieron a lo suyo y no se
movilizaron para recoger firmas suscribiendo esta nueva solicitud de indulto.
 |
| Pedro Hernández Mateo |
En 2004, el entonces alcalde de
Torrevieja, Pedro Hernández Mateó, cometió los delitos de falsedad en documento
oficial y de prevaricación en el procedimiento de adjudicación del mayor
contrato de su Ayuntamiento, el servicio de recogida de basura, adjudicado por
más de 96 millones de euros a la unión de empresas integrada por Necso
Entrecanales Cubiertas-Grupo Generala de Servicios, según sentenció en
noviembre de 2012 el Tribunal Superior de Justicia, condenando al exalcalde a
tres años de prisión y siete de inhabilitación. El 22 octubre de 2013, el
Tribunal Supremo confirmó dicha condena a tres años de cárcel y siete de
inhabilitación.
Conocida la sentencia, el 23 de
octubre de 2013 José Ciscar, Presidente del Partido Popular de Alicante, al
valorar el fallo judicial destacó lo “mucho” que el exalcalde condenado había
hecho por Torrevieja. Eso sí, no precisó si lo “mucho” que había hecho por
Torrevieja era bueno o malo. Y he aquí, que de pronto, unos días después, el
Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas despertó de su letargo y
en un abrir y cerrar de ojos el 85 por ciento de los diputados del mismo firmó
una petición de indulto para que su excompañero, el exalcalde de Torrevieja y
exdiputado “popular” en la cámara autonómica, Pedro Ángel Hernández Mateo, no
entrase en prisión.
 |
| Andrés Ballester Costa |
El promotor de esta excepcional y “humanitaria” iniciativa
es el diputado por Alicante (¡Qué vergüenza!) Andrés Ballester. Y se le ha
entendido todo perfectamente cuando ha justificado ante los medios de
comunicación su iniciativa. El Sr. Ballester ha declarado que no entiende el
revuelo causado y que “lo haría por cualquier otro compañero,
incluso por los de la oposición. No es un asesino ni un violador, ni siquiera
le han condenado por robar dinero público. Por eso entiendo que, por razones
humanitarias, tendría sentido el indulto”. El ilustre diputado alicantino
ha añadido que "no me gusta que
nadie vaya a la cárcel”, pero se le ha olvidado añadir lo que sus actos
indican, es decir, que no le gusta que los políticos vayan a la cárcel, porque
si se trata de un ciudadano de a pié eso es harina de otro costal.
Enseguida, el jefe de los
diputados firmantes, el presidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV,
Alberto Fabra, ha afirmado que la formación que preside no respaldará ningún
indulto a condenados como partido o grupo y ha destacado que los apoyos de sus
diputados se han prestado "a título personal". O sea que los
diputados populares firman como diputados pero a título personal. Puede que,
una vez más, estemos ante una clara señal de debilidad política de Alberto
Fabra o de una doble moral. La misma que le permite proclamar que los imputados
no ostentarán cargos orgánicos en el Partido Popular mientras que autoriza a su
Vicepresidente José Ciscar a violentar los Estatutos del Partido para que,
creando un nuevo órgano, la imputada Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo,
pueda hacerse con el control del PP en Alicante. Por tanto, poca credibilidad
hay que otorgar a estas manifestaciones del Presidente Fabra.
Lo cierto, es que los diputados
del Partido Popular que han suscrito esta petición de indulto, lejos de
escenificar una acción humanitaria, lo que han hecho es expresar públicamente
un corporativismo de lo más indecente posible. El mensaje que han lanzado a la
ciudadanía es que no quieren que uno de los “suyos”, un político, vaya a la
cárcel por prevaricar y por falsificar documentos públicos, acciones delictivas
que a buen seguro tenían una determinada finalidad. Los señores diputados
populares firmantes han dejado muy claro que apuestan por la impunidad de los corruptos.
Y, por ello, estos señores tan sensibles con sus conmilitones y tan insensibles
con los demás ciudadanos no merecen seguir manchando con su presencia las
instituciones democráticas. La dignidad política y la ejemplaridad ni están ni
se las espera en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas.
Santiago de Munck Loyola
domingo, 17 de noviembre de 2013
Se busca gente valiente.
Corren
tiempos difíciles para los políticos y para la política, en general. Siempre ha
existido una cierta versión ciudadana hacia todo lo que tuviera que ver con la
política y esta aversión se ha convertido en los últimos tiempos en rechazo.
Así parece que lo señalan las encuestas cuando la clase política, los partidos
políticos o las instituciones obtienen una baja valoración y adquieren la
consideración de “problemas” a los ojos del ciudadano. A ello contribuye, sin
duda, el hecho de que la corrupción, otro de los problemas señalados en dichas encuestas, esté
vinculada inevitablemente a los repudiables comportamientos de algunos
políticos que, por extensión terminan salpicando al conjunto de la clase
política. Y, sin embargo, la política forma parte de nuestra vida, es algo
inevitable. La política engloba toda una serie de reglas y comportamientos
encaminados a la consecución del poder que es el instrumento con el que podemos
dirigir y transformar nuestra sociedad. El ejercicio del poder sin una vocación
transformadora carece de sentido, al igual que carece de sentido hacer política
si no se aspira a la consecución del único instrumento transformador, el poder.
Por ello, no se debe “estar” en política sin más, se debe “hacer” política para
alcanzar el poder y quien carece de ambición transformadora, carece de
auténtica vocación política. La vocación política es una vocación de servicio a
los demás, a la sociedad.
Por
ello, llama mucho la atención que ante el proceso electoral del PP de la ciudad
de Alicante, todos los candidatos a presidir las distintas Juntas de Distrito
hayan terminado por ceder a las presiones del la Dirección Provincial y hayan
terminado por no presentar sus candidaturas. Es verdad que todo este proceso
electoral interno ha sido desde el primer día una chapuza inmunda que, tal y
como algunos habíamos vaticinado, ha terminado por convertirse en una farsa.
Una farsa destinada a controlar al PP de la ciudad por los mismos que controlan
un Ayuntamiento bajo sospecha judicial. Pero ello ha sido posible por la
cesión, la sumisión, la obediencia indebida o la cobardía de muchas personas
que han sido incapaces de decir en público lo que en privado murmuraban.
Miente, una vez más, el Sr. Ciscar, el Presidente Provincial, cuando dice que
el resultado de esta farsa ha sido fruto del consenso. Miente a la opinión
pública sin ruborizarse a pesar de que, como señalan algunos medios de
comunicación, la mitad del PP de Alicante no ha querido contribuir a esta
pantomima. La mentira y la corrupción son términos equivalentes a la hora de
calificar la ética del político. El corrupto es mentiroso y el mentiroso puede
terminar siendo corrupto.
Pues
bien, la incomprensible retirada de quienes aspiraban a gobernar el troceado PP
alicantino deja en evidencia la naturaleza de su propia ambición política, del
deseo transformador, en este caso de un cadavérico PP, de los frustrados
aspirantes. Con su renuncia han dejado claro su deseo de “estar” en política,
de seguir aunque sea de forma bastante indigna en política y no de “hacer”
política que es lo mínimo que se debe pedir a quien aspira a cualquier
liderazgo. Todo parece indicar que han sacrificado su vocación política a
cambio del mantenimiento de su cómodo estatus. Mejor no competir por temor
primero a perder frente al aparato y después a perder su actual situación. En
un partido auténticamente democrático nadie debería temer a competir por el
liderazgo, ni nadie debería confundir la libre concurrencia con una hipotética
división. Es significativo que ninguno de los cinco Presidentes de las Juntas
de Distrito proclamados provisionalmente, y a la espera del fallo judicial que
se conocerá dentro de unos días, ha sido capaz de presentar ni una sola línea,
ni una sola idea del proyecto político que desea para su distrito y para el
partido. ¿Para qué? Ni saben, ni pueden, ni quieren. No lo necesitan por venir
de donde vienen ni para ir a donde van. Solo quieren “estar” en política para
servir a lo que sirven, algo más bien poco edificante.
Son
situaciones como éstas las que contribuyen al alejamiento y al rechazo de los
ciudadanos hacia todo lo que huela a política. Se transmite la imagen de que
todo es un pasteleo que se desarrolla entre unos pocos. Pero no debería ser
así. No es bueno que sea así porque la política no es ésto. La política es algo
mucho más noble y hermoso. La política es patrimonio del conjunto de los
ciudadanos quienes debemos recuperar nuestro protagonismo y no dejar que siga
siendo usurpada por cobardes, por paniaguados, vividores y parásitos. Los
ciudadanos debemos, si deseamos cambiar las cosas, ponernos en movimiento,
actuar con valentía y recuperar el protagonismo que nos pertenece. Los
ciudadanos somos, cada uno a nuestra manera, políticos y podemos desplazar a
quienes se valen de la política para que nada cambie, sobre todo sus
privilegios. Lo que ocurre en los partidos importa; lo que hacen o dejan de
hacer en nuestro Ayuntamiento, en nuestra provincia, en nuestra Comunidad
Autónoma o en el Estado, importa y mucho. No debemos mirar para otro lado. No debemos
conformarnos con criticar o con abstenernos cuando llegue la hora. Los
ciudadanos podemos y debemos cambiar las cosas. Hay muchas opciones para ello y
pronto habrá más porque cada día hay más ciudadanos valientes en movimiento.
Santiago
de Munck Loyola
viernes, 15 de noviembre de 2013
El PP de Alicante ahora en pijama.
Si alguien pensaba que en el fraccionado Partido Popular de Alicante sus militantes iban a poder acudir a las urnas para elegir a los dirigentes de las Juntas de Distrito ilegalmente creadas por José Ciscar y se equipo, se ha equivocado. José Ciscar y su sicario político, José Juan Zaplana, padecen una profunda alergia a las urnas, a la libre y democrática concurrencia de alternativas y candidaturas en las organizaciones locales. Siempre han expresado públicamente su preferencia por eso que, en un alarde de ignorancia política, denominan “consenso” sobre la libre elección de los cargos orgánicos del PP mediante votaciones en las que los afiliados puedan con absoluta libertad elegir a sus líderes. Con ese profundo talante antidemocrático que les caracteriza, cada vez que se abre un proceso electoral interno intentan por todos los medios, incluidos los menos éticos, que no haya más de una candidatura y presionan y coaccionan a los posibles candidatos a presidentes locales para que renuncien a presentarse o a que se integren como segundones en las listas oficialistas.
Ya el simple hecho
de que se hable de candidatos o de listas oficialistas, afines por tanto a José
Ciscar, es un síntoma evidente de la baja calidad democrática de la
organización popular en
Es muy decepcionante comprobar cómo
los arribistas, los chaqueteros y los mercenarios de la política pueden hacerse
con el control de una importante organización política y la mansedumbre,
sumisión y cobardía de muchos honestos e históricos militantes populares con
que lo aceptan.
Ayer, tras forzar la retirada de
los candidatos a presidir cuatro de las Juntas de Distrito del PP de Alicante
han quedado proclamados los candidatos oficiales que no son otros que los de la Alcaldesa , Sonia
Castedo, que por estar imputada por diversos delitos no podía aspirar a
presidir ningún cargo orgánico popular. Estos presidentes de Juntas de
Distrito, sin someterse a votación alguna, formarán parte del ilegal Consejo de
Dirección del PP que estará presidido por Sonia Castedo sin tampoco pasar por
las urnas populares. Con ello se cierra la operación diseñada por José Ciscar:
el PP de la ciudad de Alicante queda dividido, cautivo y desarmado una vez que
las tropas castedistas han alcanzado sus últimos objetivos. Cualquier
posibilidad de una regeneración democrática en el PP de Alicante queda
definitivamente alejada y el Sr. Ortiz podrá, además de ejercer su influencia
sobre el Ayuntamiento de Alicante, extenderla sobre los anestesiados restos del
Partido Popular alicantino. Los alicantinos contamos ahora con un PP en pijama.
¡Chapeau!
Santiago de Munck Loyola
martes, 12 de noviembre de 2013
La indecencia política sobrevive en medio de la crisis.
Decididamente
hay que rendirse a la evidencia, nuestra clase política, sea del color que sea,
es muy especial. Sigue instalada en sus privilegios y pase lo que pase en el
país no está dispuesta a modificar sus costumbres, ni siquiera por el “qué
dirán”. Es evidente que no todos nuestros representantes políticos son iguales
pero muy pocos se atreven a disentir y a expresarlo públicamente cuando se
toman algunas decisiones, aunque no las compartan, no sea que por ello dejen de
“salir en la foto”.
Mientras
se habla de los recortes también en las becas Erasmus, del cierre de
televisiones ruinosas, del cobro de medicamentos hasta en los hospitales, de la
desnutrición de muchos niños en Cataluña, de los centenares de niños que acuden
al colegio sin desayunar por falta de recursos o de la desaparición de cientos
de plazas asistenciales, nuestros políticos siguen a lo suyo, como si no pasase
nada y éso de apretarse el cinturón no fuera con ellos. Cuando se trata de dar
ejemplo poco importa el color, coinciden en no darlo los que arruinaron al país
y quienes para salvarlo están arruinando a las familias.
Ayer,
sin ir más lejos, el Congreso de los Diputados escenificó como nunca lo
anterior. Sus señorías dejaron claro que padecemos una casta política
privilegiada, derrochadora e insolidaria. El Partido Popular, una vez más,
rechazó la propuesta presentada por UPyD para suprimir en los Presupuestos
Generales de 2014 la partida de 350.000 euros para los servicios de traducción
de lenguas cooficiales en los Plenos del Senado. Para que nos entendamos, que
el Partido Popular con el beneplácito de todos los grupos se opuso a dejar de
gastar 350.000 euros en pinganillos para los caprichosos e inútiles senadores.
¿La excusa? Que como está así regulado en el Reglamento del Senado el Congreso
tiene la obligación de dejar intacta esa partida. Vamos, que como el PSOE fue
el autor de semejante despilfarro y estupidez, el PP que ahora tiene mayoría
absoluta para poder cambiarlo no lo hace. ¿Puro seguidismo? ¿La habitual
cobardía popular? ¿“Maricomplejines” en estado puro? ¿No estará pasando lo
mismo con la hoja de ruta de Zapatero respecto al terrorismo? No cabe la más
mínima duda de que más de un diputado popular o socialista no compartirá ese
rechazo pero en éste, como en tantos otros asuntos, se callarán y acatarán lo
que les manden a la hora de pulsar el botón de votaciones. Y tampoco cabe la
más mínima duda de que los dirigentes populares saben perfectamente que
decisiones como éstas molestan profundamente a sus votantes pero una vez más es
evidente que la opinión de los mismos, hoy por hoy y dada la lejanía electoral,
les importa un pimiento. Ellos a lo suyo.
Y
es que tiene su miga que el sentido común, la lógica y la decencia política
sigan ausentes de las instituciones. Tiene lo suyo empecinarse en mantener un
guiño zapateril inútil y costoso a los independentistas que lo único que
pretenden es la voladura de España a la que por negarle le niegan incluso el
uso normal de su idioma, del idioma común hablado por más de 400 millones de
personas, en una de las cámaras depositaria de la soberanía popular, el Senado.
La Constitución no puede ser más clara. En su Artículo 3.1 señala que “el
castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen
el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Y que se sepa, el Senado es una
institución del Estado, aunque no sepamos muy bien para qué sirve, no de las
Comunidades Autónomas en las que, además del castellano, pueden ser cooficiales
las demás lenguas propias. Y que se sepa también los senadores, aunque a
algunos les pese, siguen siendo ciudadanos españoles y, por tanto, también
tiene el deber de conocer la lengua castellana. Y si no la conocen pues a su
casa, que ya está bien de burlas, desprecios y humillaciones hacia todo lo que
sea español. Todos sabemos que todos los senadores hablan y entienden
perfectamente el castellano, entonces ¿a qué viene lo del pinganillo, lo de
tener que usar traductores para traducir una lengua que conocen sobradamente?
¿Por qué entonces hay que seguir tirando a la basura todos los años 350.000
euros?
Las cuentas públicas no están para pagar los caprichos de nadie, por muy
senadores que sean y ésto no es otra cosa que un capricho indecente que no
tiene, además, ningún efecto político para buscar acercamientos hacia quienes
sólo quieren alejarse. Lo de los pinganillos, se mire por donde se mire, no
sólo es una payasada que provoca risas más allá de nuestras fronteras, sino
que, además, es un auténtico insulto y desprecio hacia los sufridos ciudadanos
que ven, día a día, cómo sus recursos disminuyen y sus dificultades crecen.
¿Qué clase de políticos tenemos que son capaces de tirar así 350.000 euros al
año mientras hay miles de ciudadanos, a los que presuntamente representan,
pasando hambre? Sencillamente no tienen vergüenza y se están burlando de los
ciudadanos y de lo español. Perdóneme el lector, pero ¡que les den!
Santiago
de Munck Loyola
lunes, 11 de noviembre de 2013
Adelantada la vista oral por la solicitud de suspensión cautelar de las elecciones del PP de Alicante.
11-11-2013
NOTA DE PRENSA.
Adelantada la vista judicial
por la solicitud de suspensión cautelar de las elecciones del PP de Alicante.
El
9 de noviembre de 2013, a
solicitud de los demandantes presentada el 4 de noviembre, el Juzgado de
Instrucción nº 7 de Alicante ha dictado una resolución adelantando la vista
oral para decidir sobre la solicitud de suspensión cautelar planteada por
varios afiliados del Partido Popular en la demanda civil por incumplimientos de
los Estatutos del Partido Popular por parte del Comité Ejecutivo Provincial. La
vista oral se celebrará el próximo 22 de noviembre a las 12 horas.
Igualmente,
el pasado viernes 8 de noviembre, otro afiliado presentó ante el Presidente
Provincial de Alicante una impugnación contra el acuerdo de creación de un
Consejo de Dirección de las Juntas de Distrito del PP de Alicante, por no estar
prevista esta figura en los Estatutos del Partido Popular, y contra la
convocatoria de las elecciones a las Juntas de Distrito al estar suscrita dicha
convocatoria por D. Julio de España quien, según todas las informaciones
publicadas, dejó de ser Presidente Local en octubre de 2012 al ser sustituida la Junta Local de
Alicante por Juntas de Distrito. También se prevé que en caso de ausencia de
pronunciamiento escrito de esta impugnación por parte del Presidente Provincial
se acuda nuevamente a la vía judicial.
domingo, 10 de noviembre de 2013
Al rescate de los valores traicionados.
El
cierre de la RTVV es la constatación del fracaso, no de unas ideas ni de un
proyecto político, sino de un determinado modo de hacer política que desde hace
muchos años se ha ido instalando en buena parte de la clase política y,
especialmente, de aquella que al acceder y perpetuarse en el poder olvida por
qué y para qué está ahí. Y esa especial forma de hacer política consiste en
olvidarse del objetivo fundamental de toda acción política, la vocación de
servicio público de transformación del entorno de acuerdo con unos principios y
programas, de acuerdo con una ética política concreta. Cualquier parecido entre
la gestión del ente RTVV durante los últimos 18 años y los principios y
programas del Partido Popular es pura coincidencia. Si esta gestión hubiese
estado presidida por la austeridad, la eficacia, la ejemplaridad, la
imparcialidad, la honradez o el respeto a las más elementales normas de
transparencia democrática, conceptos todos ellos que se pueden leer y releer en
infinidad de documentos y programas del Partido Popular, hoy la RTVV seguiría
funcionando y lo estaría haciendo como un ente informativo de servicio público
ejemplar. Pero no ha sido así y el resultado está a la vista, como lo está
también en muchos otros ámbitos de la gestión pública en la Comunidad
Valenciana. Es evidente que esa forma de hacer política que prescinde de los
principios y los programas es la causa de tanto desacierto y de tantos errores
que nadie asume como se hace en una democracia, dimitiendo.
No
somos pocos los que, compartiendo esos principios y esos programas por los que,
además, hemos trabajado durante años, nos sentimos profundamente desilusionados
y avergonzados. Algunos hemos constatado que es imposible intentar desde dentro
promover cambios que desde la regeneración permitan una recuperación de los
valores y los principios en los que seguimos creyendo. Y también hemos llegado
a la conclusión de que no podemos permanecer pasivos ante una situación
política que nos produce rechazo. Ninguna organización política, por poderosa
que sea, tiene el monopolio de las ideas y los valores en los que creemos.
Cuando una bandera deja de representar nuestros valores y quienes la enarbolan
son mercenarios de la política es mejor ir al rescate de esos valores y
volverlos a situar en primera línea de la acción política.
Los
ciudadanos que creemos en el valor de la persona, de la vida humana, de la
libertad, de la unidad de España, de la igualdad de derechos y de obligaciones
entre los ciudadanos de cualquier territorio; los ciudadanos que creemos que
los derechos son de las personas y no de los territorios, que la economía debe
estar al servicio de la política y no a la inversa, que la educación, la
sanidad, las pensiones y la prestaciones sociales básicas han de estar
garantizadas para todos y por igual con independencia de la región, que hay que
promover vínculos de unión y no de separación; los ciudadanos que queremos que
la clase política sea ejemplar, que no goce de los privilegios que hoy ostenta,
que se regulen y limiten todos los sueldos públicos, que los partidos
políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales vivan
exclusivamente de las cuotas de sus afiliados y no de las subvenciones
públicas, que se persiga la corrupción y que los corruptos no se beneficien de
indultos; los ciudadanos que aspiramos a una paz con vencedores y vencidos, que
exigimos más firmeza frente a los terroristas, que cumplan íntegramente sus
condenas y que no se les beneficie con anómalas sentencias de Estrasburgo; los
ciudadanos que creemos imprescindible una reforma fiscal que suponga el fin de
la asfixia a la clase media, que queremos menos estado y más sociedad, menos
impuestos y más crédito, menos recortes y mejor inversión pública; los
ciudadanos que, en definitiva, creemos que hay una forma diferente de hacer
política, una forma basada en la participación ciudadana, en la permeabilidad
de los partidos a las corrientes de opinión, en la responsabilidad política del
gestor frente a los administrados y en el respeto a los programas electorales y
a los compromisos adquiridos, tenemos la obligación de ponernos en movimiento.
Nada cambiará si no lo hacemos nosotros.
En
nuestra Comunidad, el desencanto de los electores de centro y centro derecha ha
ido propiciando la aparición de multitud de pequeños grupos y organizaciones de
ámbito local o comarcal. Y al margen de la existencia de posibles
personalismos, como algunos pretenden de forma maliciosa justificar su aparición, lo cierto es que en
la inmensa mayoría de estos grupos subyace una profunda sensación de decepción,
de estafa política. Hoy por hoy, muchos electores de centro derecha, si
tuvieran que votar, o bien se quedarían en casa o bien terminarían por votar,
paradójicamente, a un partido de izquierdas como UPyD. Nada más absurdo. El
rescate de los valores usurpados, abandonados o traicionados por algunos
debería pasar necesariamente por un movimiento de convergencia y de
coordinación de todos esos pequeños grupos y, además, con la generosidad política
tan ausente en otro sitio.
Los
ciudadanos en movimiento podemos rescatar esos valores y principios que los
hechos han demostrado que no se aplican, que sólo son la tapadera de
incompetentes y medradores de la política. No es tarea fácil, pero es ilusionante.
Hay viento favorable y tenemos la ventaja de saber a qué puerto queremos
llegar.
Santiago
de Munck Loyola
jueves, 7 de noviembre de 2013
¡Pío, pío que nadie ha sido!
Lo que no puede ser, no puede ser
y, además, es imposible. Si no hay dinero para sostener a la RTVV , es imposible sostenerla
a no ser que se quite de otro sitio. Hay que reconocer que la dolorosa decisión
de cerrar la RTVV
y dejar en la calle a más de 1.700 personas que ha tomado el Presidente Fabra
es valiente y, posiblemente, la única que se podía tomar tras conocer el
varapalo judicial propinado por la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, desde una
perspectiva política llama mucho la atención la ausencia de la más mínima
autocrítica en la comparecencia del Presidente Fabra y en las declaraciones de
los principales dirigentes populares. Y llama mucho la atención igualmente que
tras un hecho que implica la expresión de un auténtico y rotundo fracaso de
gestión, ningún político asuma responsabilidad política alguna, que ningún
político pague por su incompetencia y negligencia y que los platos rotos los
paguen los de siempre, los empleados despedidos y el conjunto de la sociedad. Y
para qué comentar las declaraciones de algunos dirigentes del PP que repiten
como loros las consignas de los “argumentarios” oficiales. ¡Lástima de sueldos
y de dinero desperdiciados en tanto descerebrado en tal altos cargos!
No queda más remedio que
plantearse algunas preguntas para tratar de comprender cómo y por qué se ha
llegado a esta situación. La RTVV
ha sido cerrada por el Gobierno Autonómico tras conocer la sentencia del TSJ
que anulaba el ERE planteado por la dirección del ente público. ¿Por qué el TSJ
ha anulado el ERE? Pues la razón de fondo no es otra que la constatación de que
el ERE, entre otras cosas, no se ajustaba a los procedimientos legales e
implicaba, como denunció la fiscalía, una vulneración de derechos
fundamentales. ¿Por qué se ha tenido que llegar a plantear un ERE? Porque la
caída de ingresos de la Generalitat
Valencianala RTVV para tratar de frenar
sus pérdidas constantes. ¿Por qué la
RTVV era un ente ruinoso? Porque los políticos de nuestra
Comunidad así lo han querido o consentido. Lejos de atender a los informes
técnicos que desde hace diez años venían denunciando que la situación económica
de la RTVV era
peligrosa e insostenible a largo plazo, nuestros gobernantes no sólo se han
dedicado mirar hacia otro lado, sino que, además, no han tenido ningún recato
ni vergüenza para usarla como instrumento político al coste que fuera.
No está de más recordar que
cuando el Partido Popular accedió en 1995 al Gobierno de la Comunidad Valencianala RTVV
eran necesarios por la sencilla razón de que no había “tajo” para todos. Hay
responsabilidades, sin duda, en los sindicatos pero mucho más pequeñas de
quienes recibieron la confianza de los ciudadanos para gestionar los bienes
públicos como si fuesen propios, con honradez, con ejemplaridad y con eficacia.
Y no cabe ninguna duda de que estas cualidades han brillado por su ausencia en
la gestión del ente público. No es casualidad que cuatro directivos del mismo
estén ahora mismo imputados en diversos casos de corrupción.
El PPCV debe unas disculpas a los
ciudadanos de la Comunidad Valencianala RTVV , entre otras cosas, sino
también por no asumir sus responsabilidades políticas y por mentirles al no
realizar la más mínima autocrítica. No es posible olvidar que el reconocimiento
público de los errores, la autocrítica y la rectificación son ingredientes
indispensables de la decencia política. Y deben también excusas a los
ciudadanos todos esos profesionales que ahora se acuerdan de la ética
profesional pero no lo hacían cuando se veían “obligados” a “desinformar” a
cambio de sus sueldos.
Santiago de Munck Loyola
miércoles, 6 de noviembre de 2013
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