Con el programa del PP el SEPES debería desaparecer.

En el Programa Electoral que el Partido Popular presenta en estas elecciones generales de 2011 figura, entre otras cosas, lo siguiente:

Delimitaremos con precisión las competencias de las distintas administraciones para evitar las duplicidades de gasto o la demora en la atención de las necesidades de los ciudadanos. Dotaremos a cada administración de los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios públicos, y que éstos sean asignados eficientemente y con respeto al principio de lealtad institucional.

Reduciremos el número de entes y organismos del sector público para asegurar una gestión más transparente y eficiente. Suprimiremos todos aquellos entes que no respondan a una racionalidad económica o administrativa, supongan merma de transparencia o de garantías jurídicas o cuya actividad pueda ser realizada por la administración con sus actuales medios.

Es un hecho evidente que, con el desarrollo del Estado de las Autonomías, se ha producido en las últimas décadas una exagerada proliferación de administraciones, organismos y sociedades públicas que en una gran mayoría duplican funciones y, lejos de proporcionar una mejor eficiencia en el uso de los recursos públicos, constituyen un constante despilfarro del dinero de los contribuyentes. Piénsese en el caso de las Islas Baleares con cientos de organismos públicos y de empresas en las que más de 400 políticos están cobrando sueldos de altos directivos. El despilfarro generalizado ha sido y es evidente y la grave situación económica exige hacer una reestructuración del sector público para acabar con esta sangría económica y con estos nichos de colocación de políticos. En unos casos deberán ser las Comunidades Autónomas las que realicen la poda y prescindan de entes y organismos que duplican funciones que corresponden al Estado o que estarían mejor gestionadas por el Estado a través de estrategias de carácter nacional y, en otros casos, deberá ser el Estado el que elimine organismos públicos que por su finalidad y razón de ser estará, sin duda, mejor gestionados por las Comunidades Autónomas o, incluso, por determinados entes locales.

En España hay, al día de hoy, decenas de Empresas públicas autonómicas dedicadas a la promoción y desarrollo de suelos industriales. Partiendo de la base que debería ser el mercado, los empresarios, quienes en primera instancia deberían ser los promotores de espacios industriales y no las administraciones públicas, lo cierto es que si se admite y asume la intervención pública como agente corrector de las ineficiencias del mercado parece que las sociedades de las comunidades autónomas pueden ser el instrumento idóneo: un mejor conocimiento de la realidad económica inmediata, de las necesidades y prioridades de la región, de las estrategias de desarrollo regional e, incluso, de las particularidades legislativas en materia de suelo.

Sogepsa (Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, SA) en Asturias, la empresa Navarra de Suelo Residencial, S.A. en la Comunidad Foral, SPRILUR, S.A. en el País Vasco, Gasteizko Industria Lurra, S.A., GILSA en la Provincia de Álava, Sigalsa en Galicia, ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León,  SICAN en Cantabria, SEREMUR en la Región de Murcia, SOFIEX Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, La Empresa Pública de Suelo de Andalucía, conocida como EPSA, SODIAR Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, INCASÒL, Instituto Catalán del Suelo, SEPIVA en la Comunidad Valenciana, la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, S.A. o Arpegio en la Comunidad de Madrid son algunos de los ejemplos de empresas públicas destinadas al desarrollo de suelos industriales en el territorio de sus respectivas Comunidades Autónomas.

Junto a ellas sobrevive SEPES, la sociedad estatal dedicada al desarrollo de suelos industriales y heredera directa de dos organismos públicos: la Gerencia de Urbanización y el Instituto Nacional de Urbanización (INUR). SEPES opera en todo el territorio nacional y, por tanto, superpone su actividad a la de los entes autonómicos. Se trata de un claro ejemplo de duplicidad de funciones que hay que corregir. Además, a través de mi experiencia profesional de estos últimos años, he comprobado que SEPES es además una herramienta al servicio de políticas partidistas. Sus actuales gestores y directivos no han dudado en usar esta potente herramienta al servicio de directrices partidistas vulnerando el interés general lo que supone añadir un motivo más para que, en su día, se disuelva esta entidad y sean transferidos sus activos a las entidades autonómicas para el desarrollo de espacios industriales.

D. Pedro Saura y su amiguete.

D. Félix Arias Goytre

Los señores Félix Arias, Pedro Saura o Álvaro Couso han dado un claro ejemplo estos años de cómo no se debe gestionar una empresa pública y de cómo el interés general puede ser pisoteado por mezquinos intereses partidistas. Su actuación no tiene desperdicio.

D. Álvaro Couso.

Por ello, si el Partido Popular gana las próximas elecciones generales, tal y como pronostican todas las encuestas, la disolución del SEPES, a la luz de las propuestas programáticas, constituye una obligación ineludible por higiene democrática, por eficiencia económica y por el interés general. Ojala sea así.

Santiago de Munck Loyola