Resulta muy frecuente escuchar a tertulianos políticos asegurar que los resultados electorales que se producen en el País Vasco son la expresión de la voluntad del pueblo vasco y que, por tanto, las instituciones que allí se constituyen ostentan una legitimidad democrática indiscutible. Esta afirmación y otras similares son tan habituales que en la mayoría de los casos no suelen ser discutidas. La opinión pública, en general, admite como válidas estas afirmaciones sin más. Llevamos décadas admitiendo que hay democracia en el País Vasco y que éste cuenta con instituciones legítimas. Se trata, sin duda, de una ficción política admitida por la mayoría pero que no se corresponde con la realidad política y social.
Existen numerosas teorías plasmadas en cientos de libros de politólogos, sociólogos o filósofos sobre conceptos tales como democracias, sistemas políticos, legalidad o legitimidad. Sin entrar en ellas ni en las distintas clasificaciones o grupos existentes, es posible subrayar algunos elementos o nociones básicas que nos permiten afirmar sin temor a equivocarse que en el país Vasco no existe una democracia real y que sus instituciones padecen un fuerte déficit de legitimidad democrática. Y a estas mismas conclusiones permite llegar el simple sentido común.
Para que unas instituciones puedan ser consideradas legítimas en su origen, y sin entrar ahora en el tema de la legitimidad en el ejercicio, es necesario que el proceso en virtud del cual se constituyen reúna una serie de requisitos esenciales, sin los cuales no es posible hablar de democracia. La democracia se convierte en una palabra hueca y puramente formal si los derechos de reunión, de asociación, de expresión, de residencia, de sufragio activo y pasivo no son respetados en su integridad. Es evidente y no es posible afirmar lo contrario que el ejercicio de estos derechos en el País Vasco no es posible desde hace décadas. Quienes lo han intentado o lo intentan han pagado un precio muy alto o lo pueden pagar en el futuro: la marginación social y laboral, la violencia sobre sus bienes o sus personas, el exilio o la propia vida. El ejercicio pleno de estos derechos básicos que cualifican y califican a una democracia no es posible en el País Vasco y lo es menos cuanto menor sea el ámbito territorial donde se pretendan ejercer. Cuando hay personas que no pueden desarrollar su actividad empresarial sin tener que pagar un chantaje a unos extorsionadores, cuando en muchos pueblos hay vecinos que no se atreven a concurrir a las elecciones municipales, cuando existen personas que deben ocultar sus inclinaciones políticas para encontrar trabajo o no perder el que tienen, cuando los medios de comunicación deben medir sus palabras por temor a recibir un paquete bomba en sus redacciones o por el simple recuerdo de periodistas asesinados o cuando la policía debe ocultar su rostro, afirmar que allí existe la democracia es un sarcasmo.
Si además se tiene en cuenta que los resultados electorales son los que son gracias a que 250.000 vascos se han tenido que exiliar por temor a ser asesinados y que no han podido votar, entre otras cosas, porque hasta el día de hoy ningún gobierno se ha preocupado de articular un sistema seguro para que puedan ejercer su derecho a decidir sobre el futuro de su tierra, es evidente que las instituciones municipales, provinciales o regionales carecen de una legitimidad plena.
El que quiera seguir creyendo que allí hay democracia que lo haga, pero la realidad es mucho más dura de lo que esa ficción tan extendida pretende hacernos creer. Y esta realidad sí que es un buen motivo para indignarse. Es mejor despertar y aceptar la realidad para poder enderezar el rumbo y garantizar con la ley en la mano los derechos de tanta gente.
Santiago de Munck Loyola
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