Lamentablemente el caso del diputado popular, por cierto, imputado tras su gestión como alcalde de Trujillo, que con su inicial ausencia y su erróneo, o no, voto telemático ha facilitado la aprobación de la contrarreforma laboral no es el único. Si en vez de andar enredando por ahí en nombre de su jefe el Sr. García Egea hubiera estado cumpliendo con sus obligaciones parlamentarias se habrían evitado el bochornoso espectáculo de ayer. ¡Vaya tropa, Señor!
Translate
viernes, 4 de febrero de 2022
LA ESTRAMBÓTICA CONTRARREFORMA LABORAL.
Lamentablemente el caso del diputado popular, por cierto, imputado tras su gestión como alcalde de Trujillo, que con su inicial ausencia y su erróneo, o no, voto telemático ha facilitado la aprobación de la contrarreforma laboral no es el único. Si en vez de andar enredando por ahí en nombre de su jefe el Sr. García Egea hubiera estado cumpliendo con sus obligaciones parlamentarias se habrían evitado el bochornoso espectáculo de ayer. ¡Vaya tropa, Señor!
EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA HA PRESENTADO HOY UNA DENUNCIA POR LA APROBACIÓN ILEGAL DE UN ACUERDO DE PLENO PARA ENDOSAR A LA GENERALITAT OBRAS POR UN MILLÓN DE EUROS QUE CORRESPONDÍAN A UNOS PROMOTORES URBANÍSTICOS.
En efecto, el Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid aprobó por unanimidad el 17 de julio de 2018 un acuerdo por el que exoneró a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias, urbanizadora del Polígono Industrial, de la obligación que había contraído mediante Convenio Urbanístico de financiar la ejecución de dos rotondas sobre la carretera comarcal CV-825. Previamente la Alcaldesa y los promotores urbanísticos acordaron endosar esa obligación a la Generalitat Valenciana usando la intervención de cargos de la Generalitat que no podían legalmente intervenir en el procedimiento por beneficiarse personalmente del mismo.Momento de la votación.
Dicho acuerdo plenario se aprobó ilegalmente porque careció del informe preceptivo de los servicios jurídicos y prescindió absolutamente del procedimiento establecido en la legislación urbanística valenciana. Tanto el Artículo 136.2.b de la Ley vigente en 2018, al tiempo de aprobar el acuerdo de exoneración, como el Artículo 142.2.b del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, exigían lo siguiente:
2. Antes de proceder a la modificación del programa de actuación integrada, el ayuntamiento deberá:
b) Obtener previo informe del Servicio Jurídico y del Servicio Técnico correspondiente de la administración actuante.
Obligación que se repite en el artículo 3.3.d).7º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, estableciendo bien claro que dicho informe era preceptivo. Sorprende sobremanera que también los concejales de la oposición votaran a favor de un acuerdo ilegal que carecía de cualquier soporte jurídico que lo avalase y que ni tan siquiera formularan objeción alguna por la ausencia de dicho documento esencial para dar validez al acuerdo plenario.
En definitiva, este acuerdo plenario de 2018 del Ayuntamiento de Monforte del Cid impulsado por la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias y la Alcaldesa de Monforte del Cid se ha traducido en un quebranto en las arcas de la Generalitat Valenciana, según la documentación obrante, que alcanzaría el millón de euros.
De esta forma, la AIU Las Norias se ahorró este millón de euros que sumados a los 400.000 euros ahorrados también en el acceso al polígono mediante el ilegal convenio de 2021 con el Ayuntamiento y UVASDOCE, supone una mejora de 1.400.00 euros para dicha agrupación empresarial en su cuenta de resultados.
De otra parte, el Ayuntamiento de Monforte del Cid ha sufrido un quebranto en sus arcas de 1.232.000 (1.260.000 € de costes reales de conexión - 28.267,39 € de gastos abonados por UVASDOCE SL por el nuevo acceso) que es el coste real que UVASDOCE SL habría tenido que pagarle al Ayuntamiento para conectarse a las infraestructuras del Polígono Industrial y finalmente UVASDOCE SL se ahorra de una parte 1.232.000 € de costes reales de conexión y logra una fabulosa revalorización de sus 45.000 m2 de parcela, que aunque sigue siendo formalmente rústica pasa a estar completamente urbanizada, y que puede valorarse a los actuales precios de mercado en 4.095.000 € (45.000 m2 rústicos X 4€ m2 = 180.000 €, 45.000 m2 urbanizados X 95 € m2 = 4.275.000 €) lo que supone una ganancia de 5.327.00 euros.
El Partido Alicantino Regionalista ha procedido hoy a poner en manos del juzgado de Instrucción nº 3 de Novelda, que ya está investigando (Diligencias Previas 167/21) el Convenio con UVASDOCE SL, toda la documentación de dicho acuerdo plenario de 17 de julio de 2018 para que se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar.
domingo, 30 de enero de 2022
AYUNTAMIENTO Y URBANIZADORA DE UN POLÍGONO SE CONCERTARON PARA ENDOSAR A LA GENERALITAT OBRAS POR UN MILLÓN DE EUROS QUE CORRESPONDÍAN A LOS SEGUNDOS.
MONFORTE DEL CID (ALICANTE).
AYUNTAMIENTO Y URBANIZADORA DE UN POLÍGONO SE CONCERTARON PARA ENDOSAR A LA GENERALITAT OBRAS POR UN MILLÓN DE EUROS QUE CORRESPONDÍAN A LOS SEGUNDOS.
El Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid aprobó por unanimidad el 17 de julio de 2018 un acuerdo por el que exoneró a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias, urbanizadora del Polígono Industrial, de la obligación que había contraído mediante Convenio Urbanístico de financiar la ejecución de dos rotondas sobre la carretera comarcal CV-825. Previamente la Alcaldesa y los promotores urbanísticos acordaron endosar esa obligación a la Generalitat Valenciana usando la intervención de cargos de la Generalitat que no podían legalmente intervenir en el procedimiento.
Dicho acuerdo plenario se aprobó ilegalmente porque careció del informe preceptivo de los servicios jurídicos y prescindió absolutamente del procedimiento establecido en la legislación urbanística valenciana. Tanto el Artículo 136.2.b de la Ley vigente en 2018, al tiempo de aprobar el acuerdo de exoneración, como el Artículo 142.2.b del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, exigían lo siguiente:
2. Antes de proceder a la modificación del programa de actuación integrada, el ayuntamiento deberá:
b) Obtener previo informe del Servicio Jurídico y del Servicio Técnico correspondiente de la administración actuante.
Obligación que se repite en el artículo 3.3.d).7º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, estableciendo bien claro que dicho informe era preceptivo. Sorprende sobremanera que también los concejales de la oposición votaran a favor de un acuerdo ilegal que carecía de cualquier soporte jurídico que lo avalase y que ni tan siquiera formularan objeción alguna por la ausencia de dicho documento esencial para dar validez al acuerdo plenario.
De esta forma, la AIU Las Norias se ahorró este millón de euros que sumados a los 400.000 euros ahorrados también en el acceso al polígono mediante el ilegal convenio de 2021 con el Ayuntamiento y UVASDOCE, supone una mejora de 1.400.00 euros para dicha agrupación empresarial en su cuenta de resultados.
De otra parte, el Ayuntamiento de Monforte del Cid ha sufrido un quebranto en sus arcas de 1.232.000 (1.260.000 € de costes reales de conexión - 28.267,39 € de gastos abonados por UVASDOCE SL por el nuevo acceso) que es el coste real que UVASDOCE SL habría tenido que pagarle al Ayuntamiento para conectarse a las infraestructuras del Polígono Industrial y finalmente UVASDOCE SL se ahorra de una parte 1.232.000 € de costes reales de conexión y logra una fabulosa revalorización de sus 45.000 m2 de parcela, que aunque sigue siendo formalmente rústica pasa a estar completamente urbanizada, y que puede valorarse a los actuales precios de mercado en 4.095.000 € (45.000 m2 rústicos X 4€ m2 = 180.000 €, 45.000 m2 urbanizados X 95 € m2 = 4.275.000 €) lo que supone una ganancia de 5.327.00 euros.
El Partido Alicantino Regionalista va a proceder en breve a poner en manos del juzgado de Novelda, que ya está investigando (D.P. 167/21) el Convenio con UVASDOCE SL, toda la documentación del acuerdo plenario de 17 de julio de 2018 para que se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar.
lunes, 6 de diciembre de 2021
Madrid deja al aire las vergüenzas del PP.
Sin democracia interna en un partido no existe capacidad de control por parte de sus bases de la acción de sus órganos de dirección y, en su caso, de la acción de gobierno. La falta de democracia interna o su adulteración es la llave de entrada para la corrupción, es la puerta para el nepotismo y el amiguismo, siempre ligados a la corrupción, y la muerte de la meritocracia y el liderazgo genuino.
El principio es extremadamente simple: solo los afiliados de un territorio pueden elegir a su líder. Es fácil de entender, ¿no? En este caso, solo a los afiliados del PP de la Comunidad de Madrid corresponde elegir a su Presidente. Y ello implica que el proceso electoral interno debe ser limpio, abierto a cualquier candidato y libre de interferencias e influencias exteriores. Nada excepto la trayectoria política y las propuestas de cada candidato debe influir en el voto de los afiliados. Sin embargo, cualquier observador imparcial ha tenido la oportunidad de ver como durante los últimos meses distintos dirigentes nacionales del Partido Popular no han escatimado esfuerzos por expresar públicamente sus preferencias de modo que a los militantes les quede claro qué es lo que quieren y a quién prefieren. Pues no, esto no es democracia interna, esto no es regeneración, esto no es un nuevo estilo de hacer política. Esto es más de lo mismo, es seguir con las mismas pautas de conducta interna que durante décadas se han seguido en el Partido Popular y que, como era de esperar, también se siguen en Vox que, de tal palo, tal astilla.
Y todo ello a mayor gloria de Pedro Sánchez que no debe preocuparse por una remontada electoral del PP.
Fdo. Santiago de Munck Loyola
martes, 12 de octubre de 2021
9 de octubre, su Fiesta.
Pasados pocos días de la celebración del Día de la Comunidad Valenciana, el 9 de octubre, aún resuenan los ecos de las declaraciones de sus dirigentes políticos al respecto. Hay que resaltar que curiosamente la Fiesta de la Comunidad Valenciana conmemora el aniversario de la entrada en la ciudad de Valencia del rey de Aragón Jaime I El Conquistador en 1238. Sin embargo, la formación del Reino de Valencia no se culminó hasta 1304 y el territorio actual no adquirió la extensión presente hasta 1851 con la incorporación de Requena y Utiel. Por tanto, El 9 de octubre no conmemora un hecho histórico relevante para las tres provincias que integran la actual Comunidad Valenciana.
Esa tendencia centralista de Valencia, esa propensión a uniformar a los demás territorios que integran la Comunidad según los criterios y patrones de Valencia es el principal obstáculo para la cohesión territorial y social de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Es una tendencia que se ha mantenido constante desde la creación de la Comunidad Autónoma cualquiera que fuese el color político del gobierno regional de turno y que se ha impuesto en el campo lingüístico, el cultural, económico o administrativo. Hoy en día, la diferencia entre la renta media de los alicantinos y de los valencianos es mayor que hace 40 años. Es un dato, un hecho cierto incontestable que pone de relieve el fracaso de una administración autonómica que aleja a sus ciudadanos de la convergencia social y económica.
Nada hay más peligroso que un político incapaz de reconocer la realidad en la que vive. Reivindicar el federalismo puede ser hasta entretenido desde una perspectiva dialéctica, pero poco más. El federalismo implica por definición la igualdad de competencias entre los entes federados. ¿Es eso lo que de verdad reivindica el Sr. Puig y sus socios pancatalanistas? ¿Cree de verdad que sus amigos independentistas catalanes aceptarían una fórmula federal que acabaría con sus competencias autonómicas privilegiadas? Si lo cree es un descerebrado y si no lo cree, un cínico. Es difícil adivinar a qué reformas se refiere para “avanzar a una España más descentralizada” porque España ya cuenta con el estado más descentralizado del mundo y debería saber que cualquier paso en esa dirección sería la simple y llana disolución del Estado español. ¿Es eso lo que quiere? Tampoco parece muy coherente pedir más descentralización del Estado mientras él mismo practica la política contraria desmantelando servicios básicos en Alicante para trasladarlos a Valencia so pretexto de lograr una mayor eficacia de los mismos. Si busca eficacia en los servicios públicos ¿por qué no devuelve él mismo competencias al Estado?
En definitiva, el día de la Fiesta de Valencia ahora Fiesta de la Comunidad, los alicantinos no podemos olvidar ni la política centralizadora y uniformadora de la Generalidad Valenciana, ni la permanente discriminación presupuestaria negativa a la que, al parecer, estamos condenados. La Generalidad Valenciana es nuestro gobierno regional pero nos trata desde sus inicios como si fuésemos ciudadanos de segunda y esto tiene que acabar. Alicante no es Valencia, no somos valencianos. Somos Alicantinos, tenemos raíces plurales y plural es nuestra identidad. Nuestro bienestar y progreso dependen de poder decidir aquí nuestro futuro porque mientras lo sigan decidiendo en Valencia seguiremos perdiendo las inmensas oportunidades que nuestra tierra nos brinda.
Santiago de Munck Loyola
jueves, 12 de agosto de 2021
No, Sr. Puig, la sanidad no es gratis.
Tras trece meses de espera sufriendo cólicos nefríticos diarios y tras haber tenido que acudir al Síndic de Greuges, por fin me han operado en el Hospital de San Juan y me han eliminado un enorme cálculo renal. Parece que ha ido bien, aunque la recuperación de una operación aparentemente sencilla no es tan fácil como cabía suponer. Nada que objetar al trato recibido del personal médico y asistencial del centro. Otro cantar es lo relativo a la gestión de la Generalidad Valenciana en materia de salud. Es cierto que en Alicante estamos acostumbrados a la permanente discriminación presupuestaria y a la tendencia centralista del Gobierno Valenciano y ello se nota especialmente en el ámbito de sanidad en el que los alicantinos contamos con menos profesionales de la salud por cada 100.000 habitantes que los valencianos o en el que contemplamos atónitos como las ambulancias carecen de médicos de urgencias suficientes. Y estamos acostumbrados a ello y, al parecer, también resignados porque, a pesar de que somos conscientes de esa situación, legislatura tras legislatura seguimos votando a los mismos partidos que ignoran la singularidad y la situación de nuestra Provincia.
Pues no, no es así. La nota informativa es pura basura, una mentira propagandística e incompleta. Sr. Puig y Sra. Barceló ustedes mienten y lo saben. Ni a mí, ni a ningún trabajador que cotiza a la Seguridad Social la sanidad pública valenciana nos presta nada de forma gratuita. No nos regala nada. La asistencia sanitaria la pagamos por anticipado con nuestras cotizaciones e impuestos. Como yo, la mayoría tenemos pagada esta operación y muchas otras desde hace años. Ni su desastroso gobierno taifa, ni la administración pública nos presta nada de forma gratuita. Es falso, rotundamente falso, que “el dinero público no sea de nadie” como decía ese desecho intelectual llamado Carmen Calvo, como también lo es que los contribuyentes recibamos algo gratis por parte de cualquier administración pública. Los contribuyentes ya lo hemos pagado por anticipado y, con toda seguridad, si ustedes no fueran unos simples demagogos, unos derrochadores que tiran nuestro dinero subvencionando a entidades independentistas y pancatalanistas, montando chiringuitos televisivos o despilfarrando los recursos públicos en imponernos una lengua que no es la propia de más de la mitad de la provincia, habría más dinero para tener una sistema sanitario mucho más eficiente y de calidad.
Está muy bien saber a cuánto ascienden las prestaciones sanitarias, su coste, pero en su totalidad, porque en la nota supuestamente informativa ustedes solo incluyen la estancia hospitalaria y no el coste real de ser sometido a una intervención quirúrgica. Y está muy bien que ustedes subrayen que se ha prestado de forma gratuita una asistencia sanitaria concreta cuando quien la recibe nunca ha cotizado a la seguridad social, algo muy frecuente con su política de llamada a la inmigración ilegal, pero es un insulto cuando se lo dicen a quien ya lo ha pagado sobradamente con sus impuestos y cotizaciones. ¿Lo entienden?
Santiago de Munck Loyola
sábado, 31 de julio de 2021
Ley de memoria democrática: el blanqueamiento de la izquierda totalitaria.
El Gobierno acaba de aprobar el Anteproyecto de “Ley de Memoria Democrática”. La denominación no es casual. Si ya la historia, el estudio e interpretación de hechos y procesos pasados, está sujeta a grandes dosis de manipulación en función del grado de objetividad aplicado en su interpretación, la memoria aún es más manipulable. La memoria es una función cerebral y, por tanto, individual que permite al organismo del individuo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado y esa información, en este caso, es la que proporciona la historia. Hay memoria inmediata, memoria a corto y largo plazo, memoria selectiva, pero ¿memoria democrática? Legislar por un gobierno lo que es y no es memoria supone una selección arbitraria de los hechos pasados objeto de la Ley.
A nadie se le puede escapar el tufo totalitario que desprende este anteproyecto de ley. No en balde los únicos partidos políticos participantes en la Guerra Civil que cuentan hoy con representación parlamentaria son el PSOE, el PCE, el PNV y ERC. Y basta con leer la exposición de motivos para confirmarlo. En esta exposición de motivos se habla de “esos periodos democráticos que eran abruptamente interrumpidos” y se señala que “el último de ellos, protagonizado por la Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales, fue interrumpido por un golpe de Estado y una cruenta guerra”. No se puede mentir más descaradamente. La Segunda República no fue interrumpida por UN golpe de estado, sino por DOS golpes de estado. ¿O acaso el golpe protagonizado por la izquierda en 1934 no fue tal? Sí, en 1934 hubo un golpe de estado organizado y perpetrado por socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas que fracasó. Como también fracasó el golpe de estado de 1936 y se desencadenó la guerra civil.
Sigue la Exposición de Motivos diciendo que “la ciudadanía tiene actualmente el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista”.Claro que sí, pero ¿sólo la verdad sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista? ¿Y qué hay de los procesos de violencia y terror desarrollados a lo largo de la segunda república? ¿Y de los llevados a cabo en el campo republicano del 36 al 39? ¿No hay nada que decir? ¿No existieron? ¿no son condenables?
El anteproyecto continúa señalando que “se trata de articular una respuesta del Estado para asumir los hechos del pasado en su integridad, rehabilitando la memoria de las víctimas, reparando los daños causados y evitando la repetición de enfrentamientos y cualquier justificación de regímenes totalitarios”. De acuerdo, perfecto, pero cuando se habla de asumir los hechos del pasado en su integridad significa en su integridad y ello exige reconocer todos los hechos incluyendo la violencia previa al 36 también perpetrada por la izquierda, la violencia y el terror desarrollado en la retaguardia republicana durante la guerra civil y evitar la justificación presente de regímenes totalitarios incluidos, por supuesto, los regímenes comunistas. No cabe ninguna duda de que un Gobierno que al mismo tiempo que impulsa esta ley es incapaz, no ya de condenar, sino de calificar como dictadura al régimen comunista cubano carece de legitimidad para impulsar una Ley tan innecesaria como delicada como ésta.
Sí, esta nueva Ley es innecesaria. Hace 46 años que Franco murió y con él su régimen. Hace 82 años que acabó la Guerra Civil. La Constitución del 78, la del consenso y la reconciliación, dio paso a diferentes y sucesivos gobiernos que han ido legislando para reparar los daños morales y políticos causados por la dictadura franquista. Y si algo queda por hacer en este campo puede y debe hacerse sin necesidad de crear una verdad oficial que sirva para blanquear a todos los que desde la izquierda contribuyeron al fracaso del régimen republicano. Porque lo cierto es que la República fue víctima tanto de la derecha reaccionaria como de la izquierda revolucionaria. El dirigente socialista Largo Caballero decía el 20 de enero de 1936 “La case obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo y, como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución”. Ni la mayoría de los socialistas ni, por supuesto, los comunistas creían en la democracia tal y como hoy la entendemos.
Son muy numerosos los ejemplos que podrían citarse que demuestran que la nueva verdad oficial que pretende imponer este anteproyecto de Ley no se corresponde con los hechos históricos, que es profundamente sectaria, que busca blanquear a los totalitarios socialistas y comunistas, que ignora la Resolución europea sobre la condena de las ideologías totalitarias (incluyendo la comunista) y tapar sus crímenes.
Seguramente, nuestra sociedad necesita hoy, más que una ley para remover un pasado poco edificante, una Ley para defender nuestra democracia frente a las ideologías totalitarias, frente al terrorismo reciente y el olvido de sus victimas blanqueando a sus actuales voceros y frente a los que permanentemente actúan contra la soberanía del pueblo español, negándole su existencia como tal y su derecho a decidir sobre el conjunto de la Nación española.
Santiago de Munck Loyola
viernes, 23 de julio de 2021
La irresponsable agenda sanchista.
Salir más fuertes de la pandemia no se consigue por proclamarlo propagandísticamente. Se consigue abordando cambios profundos que fortalezcan la cohesión social, que consoliden un Estado lo suficientemente fuerte para poder enfrentar cualquier emergencia sanitaria de forma unitaria; se logra removiendo los obstáculos que nos dificultan un mercado interior único incluyendo también una reforma educativa duradera y nacional, una política energética transparente sin concesiones a la demagogia, una política fiscal incentivadora de la creación de empleo, cuya destrucción es ahora más que nunca un auténtico drama, una política exterior alineada, sin concesión alguna al populismo, con los países referentes en progreso y libertad; y se logra reformando aquellos aspectos institucionales que lastran nuestra convivencia democrática como la debilidad de la independencia judicial o la desigualdad de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en función del territorio de residencia. Se sale más fuerte abordando de forma conjunta estos asuntos y despejando la agenda del debate político de aquellos otros que ni figuran en las preocupaciones de los ciudadanos, ni facilitan el entendimiento entre los partidos políticos.
Los ciudadanos, la inmensa mayoría, queremos que se resuelvan los problemas de desempleo, que el precio de la electricidad sea asequible y que la factura de la luz deje de ser un instrumento de saqueo fiscal, queremos unas fronteras seguras y que nuestro país sea respetado, queremos que nuestros pensionistas reciban unas pensiones dignas y que se aseguren para las próximas décadas, queremos que nuestro sistema sanitario sea reforzado, queremos poder usar nuestro idioma en cualquier territorio español, queremos un pacto educativo y no reformas del modelo cada que hay un cambio de gobierno, queremos que los gobiernos no metan la mano ni en la caja pública, ni en la justicia ni en los medios de comunicación.
Se equivocan y mucho quienes piensan que lo prioritario es imponer ese insulto a la lengua española que es el mal llamado lenguaje inclusivo o la mal llamada memoria democrática. Eso no es abrir ámbitos de diálogo, ni abordar los problemas más graves que a diario sufrimos los ciudadanos. Es simplemente irresponsabilidad ideológica. Es puro sanchismo.
Santiago de Munck Loyola
jueves, 15 de julio de 2021
Con la libertad de los cubanos, sí o sí.
Durante décadas los comunistas y asimilados se han esforzado mucho en presentarse como demócratas y como defensores de la libertad. Políticos, intelectuales y periodistas han construido una inmensa mentira, una mentira global que ha ido penetrando en muchas capas de la sociedad para tapar su verdadera naturaleza, el verdadero significado de su ideología y las trágicas y genocidas consecuencias de la aplicación del comunismo allí donde ha alcanzado el poder. Sin ir más lejos, los comunistas y buena parte de los socialistas no combatieron en nuestra guerra civil para defender las libertades “burguesas” que tanto odiaban, sino para imponer una dictadura del proletariado en España. Las hemerotecas lo evidencian. Los comunistas que fueron tomando el poder en media Europa tras la segunda guerra mundial lo hacían también en nombre de la libertad que, en seguida, se convertía en su primera víctima. Eso sí, siempre parecían hacerlo con cierta vergüenza o con una gran dosis publicitaria pues, una vez instaurado el régimen comunista, la dictadura del proletariado pasaba a denominarse como “democracia popular”. También el régimen franquista se autodefinió como “democracia orgánica”, pero no por ello dejó de ser una dictadura. Sea por eso o por pura ignorancia no resulta extraño que los podemitas afirmen con rotundidad que Cuba no es una dictadura, claro, es una “democracia popular” con su partido único, su censura, persecución, tortura y asesinato de disidentes, etc. y con una élite, la vanguardia revolucionaria, forrada hasta las cejas. Un “completo” comunista.
Santiago de Munck Loyola
jueves, 17 de junio de 2021
La autonomía para Alicante es posible y deseable.
Hay quien, como VOX, plantea como solución, en lugar de la reforma del sistema autonómico para evitar duplicidades o para garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles, la simple ruptura del estado autonómico y su sustitución por un estado centralizado. Aventurar que esta propuesta es la mejor es complicado por dos razones: primero porque requeriría una profunda reforma Constitucional muy complicada de sacar adelante y, segundo, porque se agravarían las tensiones territoriales. La evolución histórica y el posibilismo político indican que la mejor alternativa es la reforma gradual del estado autonómico, paso a paso, con un horizonte lejano bien definido. Se trata de palabras mayores, de diseñar un objetivo nacional que compete, fundamentalmente, a los partidos de ámbito nacional quienes, entre otras cosas, deberían pactar entre ellos y liberarse de una vez de los chantajes de los partidos nacionalistas para gobernar.
Es en este complejo contexto en el que hay que situar la injusta situación de la Provincia de Alicante encuadrada en una Comunidad Autónoma centralista, una Administración Pública, la Generalidad Valenciana, que ha fracasado en la convergencia social de los habitantes de su territorio, es decir, que en sus años de existencia ha agrandado la brecha entre la renta valenciana y la alicantina en favor de la primera, una Administración que no respeta la singularidad alicantina que no es uniforme, sino plural, un Gobierno Regional empeñado en imponer una lengua extraña para la mayoría de los alicantinos y, en definitiva, un Gobierno Autonómico que actúa como freno para el desarrollo de las inmensas potencialidades de progreso que Alicante tiene. No hay ninguna razón lógica que justifique que Valencia decida cuándo deben o no abrir los comercios alicantinos, ni para imponer un idioma extraño para quienes tienen unas raíces castellanas, ni para decidir qué infraestructuras son o no necesarias en Alicante.
Ésta es la única alternativa para que la Provincia de Alicante pueda despegar, pueda escapar del centralismo y de la voracidad de Valencia. Es la única vía para que Alicante tenga voz propia ante el Estado y deje de estar filtrada y condicionada por los intereses de Valencia y la influencia del anexionismo de los independentistas catalanes. No, no es una locura iniciar esta andadura, la locura es no hacer nada y limitarnos a quejarnos anualmente de que nos roban.
Santiago de Munck Loyola
miércoles, 26 de mayo de 2021
Sr. Sánchez, métase los indultos por donde le quepan.
Lo primero que hay que subrayar es que en España no hay ningún preso político, aunque lo diga el mismo Papa. Nadie está en la cárcel por sus ideas políticas. Lo que hay son políticos presos por haber cometido no uno, sino muchos delitos contra el estado, contra la hacienda pública y contra la pacífica convivencia entre los españoles. Sus delitos son gravísimos pues pretendían quebrar lo más sagrado para cualquier demócrata, la soberanía nacional, el derecho a decidir de todos españoles, no de unos pocos, y la unidad nacional cuya defensa en última instancia habría supuesto la quiebra de la pacífica convivencia y su aseguramiento finalmente mediante el uso de las armas.
Santiago de Munck Loyola