Covid19: La que nos espera.

Cuando vamos a iniciar la quinta semana de confinamiento con el inicio de la segunda prórroga del estado de alarma aprobado por el Congreso de los Diputados estamos, en el mejor de los casos, a la mitad de este confinamiento domiciliario. De momento, otras dos semanas por delante que habremos de abordar de la mejor forma posible, con disciplina, por supuesto, si queremos contribuir a que la situación mejore. Una vez que nos hemos acostumbrado a esta nueva forma de vivir es posible que, ante las perspectivas de mejoría de la situación, estas semanas restantes sean más llevaderas.

No es fácil abstraerse de las continuas noticias que nos trasladan los medios de información ni de los permanentes mensajes que recibimos a través de las redes sociales. La catastrófica situación en la que nos encontramos necesariamente empuja a cualquier persona con sentido crítico a buscar responsabilidades entre quienes tenían el deber de haber adoptado medidas preventivas para proteger a la población y, consciente o inconscientemente, no lo hicieron. Sin embargo, hoy no pretendo abordar ese asunto. Hoy quiero destacar algunos aspectos relacionados con esta crisis.

El primero aspecto es el relacionado con el ambiente social que se está creando. A veces da la sensación de que se intenta difundir una sensación de normalidad que atenúa la auténtica tragedia que estamos viviendo. Casi 20.000 muertos, en a penas dos meses. Casi 20.000 familias rotas, destrozadas y parece que aquí no ha pasado nada. Mucha canción, mucho aplauso (merecido, no se cuestiona), mucho consejo, mucho tertuliano "especialista" en virología, mucho humor,... Pero las televisiones han debido ponerse de acuerdo o quizás las estén obligando a ello para no mostrar imágenes de las víctimas, ni de sus familiares o amigos.

No hay crespones negros, ni lutos oficiales, ni nada que nos recuerde que ante todo estamos en medio de una verdadera tragedia humana y que hay miles y miles de personas que se han ido para siempre. ¿Tan insensibles somos?

El segundo aspecto es el relacionado con la situación de nuestros mayores y el tratamiento que están recibiendo. Creo que si hay algo que nadie discute a priori es la vigencia del principio constitucional de la igualdad de los españoles ante la ley. Bien es verdad que este mandato luego no se cumple y que hemos venido tolerando excepciones como el hecho de que nuestros representantes, nuestros parlamentarios, se hayan atribuido excepciones que les permiten no ser iguales ante las leyes tributarias de modo que tienen ingresos exentos de tributación o no ser iguales pudiendo cobrar una pensión máxima con un tercio de años respecto a los exigidos a cualquier otro ciudadano o excepciones que criminalizan al hombre por razón del género. Pero volviendo a nuestros mayores hemos escuchado con naturalidad como aquellos que sobrepasasen determinada edad no tendrían los mismos recursos asistenciales que los jóvenes, limitando su aplicación en función de su previsible capacidad de supervivencia. 

 

No es que falte lógica en la idea de aplicar los recursos sanitarios escasos preferentemente a quien a priori tenga más posibilidades de sobrevivir, pero es que esa lógica choca frontalmente con el mandato constitucional que proclama la igualdad ante la ley y, por tanto, con la igualdad al derecho a recibir tratamiento sanitario sin que quepa discriminación alguna por razón de la edad. La crisis sanitaria ha destapado además una gran precariedad de medios en las residencias de nuestros ancianos. No podemos olvidar que nuestros mayores son los que han forjado nuestro estado de bienestar y son los que han sostenido a millones de hogares durante los peores momentos de la crisis económica. Una sociedad digna de tal nombre no puede seguir relegándolos a un segundo plano, no puede seguir aparcándolos como un estorbo prescindiendo de su experiencia y conocimientos y no puede ni debe evitar devolverles lo mucho que ellos han hecho por nosotros. 

No son pocos los hogares en los que los abuelos son prescindibles en un momento dado. Hemos pervertido los valores que consagran la familia como pilar básico de la sociedad porque al limitar la extensión del ámbito estrictamente familiar hemos debilitado a la familia y, por tanto, a la propia estructura social. Urge replantearnos nuestra escala de valores y urge romper con el modelo utilitarista, egoísta y hedonista sobre el que estamos construyendo nuestra sociedad.

La última reflexión que quiero destacar es la necesidad que tenemos de asumir que las consecuencias de esta pandemia van a durar mucho tiempo y que va a haber un antes y un después en muchas facetas de nuestra vida. Si alguien cree que superada la crisis todo va a volver a la normalidad, se equivoca. No estamos en un paréntesis, sino en un punto y a parte. La superación de la enfermedad no va a ser total hasta que se produzca una vacuna efectiva y eso, según parece, no se producirá antes de un año. No va a bastar con su control parcial y temporal, tenemos que prepararnos para una segunda oleada de la enfermedad dentro de 5 o 6 meses según están avisando los chinos. La vuelta a una relativa normalidad de nuestras vidas va a ser lenta y gradual, pero necesariamente conllevará muchos cambios. Y estos cambios van a ser personales y sociales. No cabe duda de que este encierro involuntario durante 45 días mínimo va a suponer un paréntesis vital que obliga a la reflexión e invita a la modificación de conductas y costumbres. En más de un caso se producirán modificaciones de los sentimientos y el replanteamiento de afectos. En muchos casos más de uno se cuestionará  la escala de valores por la que venido intentando regir su vida.

Cuando acabe el confinamiento saldremos a la calle cambiados, para bien o para mal, y lo haremos a un mundo que también habrá cambiado. Los cambios económicos que nos esperan van a ser enormes como consecuencia del enorme daño que nuestra economía va a sufrir. Tengamos en cuenta que la primera fuente de riqueza y de empleo de nuestra economía estará en la UCI, el turismo que representa el 15% del Producto Interior Bruto y que generaba 2,8 millones de empleo, que la construcción, el 14% del PIB, sufrirá también un importante retroceso, así como el comercio, el 12% del PIB, o el sector del automóvil, el 5%. Más de un millón, cerca de dos millones, perderán su empleo junto con la desaparición de decenas de miles de PYMES y de autónomos. La enorme pérdida de ingresos fiscales que la recesión conllevará obligará al Estado a endeudarse como antes nunca lo había hecho. Y en función de la política económica que se aplique tardaremos más o menos en recuperarnos. Deberemos replantearnos muchas cosas, entre otras, hasta la configuración territorial de nuestro Estado que ha demostrado poca eficacia a la hora de prevenir y de actuar por culpa de un reparto absurdo de competencias sanitarias que ha conducido hasta la ridícula y costosa competencia entre regiones en los mercados internacionales para hacerse con los lotes de productos sanitarios. Tendremos que habituarnos a una subida de tono de la disputa política porque si hay algo evidente es que las cosas se podían haber hecho mejor, que se debía haber actuado antes contra la pandemia ya que los avisos de la OMS ahí estaban desde el 24 de enero. Y habrá que, por tanto, exigir responsabilidades políticas y quizás judiciales. Los cambios en nuestro entorno serán muchos y necesariamente deberán producirse si queremos evitar la repetición de unos hechos similares en el futuro. La responsabilidad última es de todos los españoles, porque nuestra es la última palabra a la hora de decidir nuestro futuro.

Santiago de Munck Loyola

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Primera semana de confinamiento.

Termina la primera semana de confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno con la declaración del estado de Alarma. Hoy, domingo, tal y como era de esperar, el Gobierno ha anunciado que el estado de Alarma y, por tanto, el confinamiento se prolongará por lo menos quince días más. Es decir, tenemos por delante un mínimo de tres semanas de confinamiento y mucho me temo que serán bastantes más. Nuestra vida ha cambiado de repente de forma radical y la incertidumbre y el miedo se han apoderado de nuestras vidas. Los medios de comunicación nos informan, y a veces nos desinforman, desde el primer día de cuanto rodea a la grave crisis generada por la expansión del virus en España y en el resto del mundo. Y nunca las redes sociales han estado más activas, son nuestra ventana al exterior y se han convertido en muchos casos en el altavoz de la indignación y la frustración de no pocos ciudadanos.

Estamos inmersos en una crisis humanitaria sin precedentes en nuestro país. Y es precisamente en situaciones como éstas donde florece lo mejor y lo peor de cada persona, tanto en el ámbito privado como en el público. Tenemos un país lleno de héroes anónimos que trabajan día a día para que todos podamos sobrevivir de la mejor manera posible, desde los sanitarios, pasando por los miembros de las fuerzas de seguridad, los transportistas, los operarios de los servicios esenciales o los repartidores. Todos siguen cumpliendo sus tareas exponiéndose a contraer el virus y, en ocasiones, haciendo más de lo que su deber les impone. 

Pero también tenemos, los menos, ciudadanos irresponsables y egoístas que incumplen las restricciones de movimiento o acaparan productos compulsivamente. Tenemos voluntarios que cosen mascarillas desinteresadamente y empresarios que donan millones para ayudar a combatir la pandemia. Pero también tenemos personalidades que no predican precisamente con el ejemplo y que abusan de los privilegios que su posición social o política les confieren.   

Tenemos ciudadanos tan anclados en el odio partidista que desean en las redes sociales que el coronavirus gane la batalla a Ortega Smith o a Irene Montero según sea el caso sin darse cuenta de que al hacerlo están haciendo pública su indigencia moral. La crítica política en una situación como ésta no puede ni debe desaparecer como pretenden los partidarios del Gobierno, pero debe ser usada con moderación y dentro de los límites de la racionalidad, no de la visceralidad. Es cierto que los mismos que hoy piden silenciar las críticas y exigen el respaldo al gobierno son los mismos que cuando el ébola provocó una muerte en España en 2014 querían la cabeza de Rajoy, pero no hay que ser como ellos.

Cada día que pasa aparecen nuevas informaciones que ponen de relieve muchos errores cometidos por el gobierno que ponen de manifiesto una gran irresponsabilidad que ha propiciado una expansión desbocada del virus en nuestro país. Sabemos ahora que 6 días antes de la manifestación del 8 M las autoridades sanitarias europeas desaconsejaron la celebración de eventos multitudinarios y, sin embargo, el gobierno, los partidos que lo componen y toda una serie de comunicadores televisivos animaron a la gente a acudir a la manifestación. Pudo más el interés partidista que el interés por la salud de la ciudadanía. 

Es cierto que ahora las feminazis que entonces proclamaban que el machismo mataba más que el coronavirus se desgañitan ahora en las redes sociales, para eludir así su propia responsabilidad,  señalando a los supuestos recortes sanitarios del pasado como los culpables de que precisamente en Madrid se haya disparado exponencialmente la pandemia.  Son muchos, políticos, periodistas, comentaristas, agitadores sociales, los que deberían estar pidiendo perdón a la sociedad por el mal que han hecho.

“En tiempos de tribulación no hacer mudanza” aconsejaba San Ignacio de Loyola. No es el momento de pedir o promover un cambio de gobierno. Es fundamental que todas las administraciones públicas colaboren y cooperen con el Gobierno de España en unos momentos tan graves como los actuales. Ya habrá tiempo para exigir responsabilidades o para aplaudir los aciertos. Todas las Instituciones del Estado deben cerrar filas, eludir polémicas estériles y trabajar en una misma dirección para acabar cuanto antes con esta pesadilla. 

No podemos caer en estrategias tan burdas y desleales como las diseñadas por una parte misma del gobierno, la de Podemos e Izquierda Unida, que aprovechando la especial sensibilidad social que genera la tragedia de la pandemia promueve caceroladas contra la Jefatura del Estado. Su indecencia ética y política no debe ser secundada. Mejor harían en intentar reparar el daño que han ocasionado habiendo abandonado a su suerte a los ancianos en las Residencias. 

Nos queda mucho por ver durante las próximas semanas o seguramente meses. No nos queda otra que obedecer las normas, observar, analizar y tomar buena nota de todo porque cuando esto pase habrá que pedir más de una explicación.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

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¿Vale algo la palabra de Pablo Iglesias?

Un político vale lo que vale su palabra. No puede ser de otra forma en un sistema democrático en el que el político se presenta ante los electores y les ofrece compromisos, promesas a cambio de que éstos le presten su voto. Es la esencia del contrato electoral entre candidato y votante. Pero, a diferencia de los demás tipos de contratos, no hay manera de resolverlo en caso de incumplimiento por parte del político hasta las siguientes elecciones en las que el votante podrá castigarle retirándole su apoyo, su voto, o perdonarle y volver a votar confiando en que en lo sucesivo cumpla con su palabra.

En los últimos meses todos los ciudadanos sin excepción, salvo los acríticos, hemos podido comprobar cómo en un tiempo récord los compromisos adquiridos ante los electores en la campaña electoral se han esfumado sin explicación alguna. Es tal el grado de falsedad y de mentira alcanzado por el Presidente Pedro Sánchez que difícilmente alguien podría imaginar que pudiera ser superado. Pues bien, no ha hecho falta esperar mucho porque el Vicepresidente Pablo Iglesias está dando estos días un claro ejemplo de que la falsedad, la ausencia de ética y de estética y la indignidad política no son patrimonio exclusivo del Sr. Sánchez. Pablo Iglesias está demostrando que si la palabra de Pedro Sánchez vale una mierda, y perdón por la expresión, la suya vale dos mierdas. Pedro y Pablo no sólo están unidos por el santoral y por el pacto de gobierno, están unidos también por una concepción espuria de la política.

Todos tenemos presente en la memoria la multitud de intervenciones televisivas y de discursos de Iglesias aleccionando a todo el mundo, criticando todos los supuestos vicios de eso que calificaba como la “casta”, presentándose como el hijo del pueblo, la semilla de la calle dispuesto a sacrificar su futuro trabajando hasta la extenuación y renunciando a cualquier privilegio en favor de los más desfavorecidos. Representaba a la perfección el papel de salvador moralista y desarrapado, vestido en Carrefour, presto al sacrificio y a los mandatos del pueblo, orgulloso de su vecindad vallecana a la que en la vida abandonaría. En fin, que tanta exhibición de bondad revolucionaria no es posible olvidar en tan poco espacio de tiempo.

Puso a caer de un burro a los socialistas negándoles el voto en la investidura fallida apelando a la cal viva como obstáculo insalvable que, visto lo visto, debía ser simple aguaplast. Se mofó públicamente de la Alcaldesa de Madrid despreciándola como mujer con suficientes méritos propios para ostentar el cargo público que ostentaba al afirmar que sólo estaba ahí por ser la mujer de quien era, algo que no debe ocurrir con su compañera sentimental Irene Montero que ha llegado a Ministra no por esa circunstancia personal, sino por un brillantísimo curriculum que nadie conoce; que compartan casa e hijos es pura coincidencia. Peroraba poéticamente sobre las excelencias que suponía su compromiso de no dejar nunca su barrio de Vallecas en el caso de alcanzar algún cargo público para poder así seguir saludando todas las mañanas al kiosquero de toda la vida, pero le faltó tiempo para adquirir un chaletazo a las afueras de Madrid porque, según él, tenía que construir su proyecto vital y familiar en otro entorno más favorable que el que le ofrecía su amado barrio de Vallecas. Puso verde la exministro Ignacio Wert porque había adquirido una vivienda a su juicio excesivamente cara, pero él no tuvo inconveniente alguno en adquirir para su proyecto vital, inconcebible en Vallecas, el llamado “casoplón” de Galapagar por más de 600.000 €, eso sí mediante un préstamo suscrito con la mediación del tesorero de su partido y a tipos de interés inalcanzables para el resto de los mortales. Y, por último, la guinda. Años afeando a todos los políticos de España por sus retribuciones, según él y sus conmilitones podemitas escandalosas, por lo que establecieron una norma supuestamente ejemplarizante y así poder restregársela a todo el mundo: los podemitas nunca cobrarían sueldos públicos que fueran superiores a tres veces el salario mínimo. Cojonudo. Pero, he te aquí que una vez en el Congreso y en el Gobierno de España la cosa cambia. Ahora hay que olvidarse de esa norma tan restrictiva y empezar a cobrar sueldos en función de la responsabilidad que se asuma en un cargo público. ¡Coño, como la casta! Pues sí.

Por la boca muere el pez. Es indudable que Pablo Iglesias es ante todo un bocazas. Y un auténtico jeta. Se ha dedicado a repartir estopa durante años predicando una moralina de saldillo y prometiendo solo lo que su público quería oír. Pero, no sólo ha estado predicando y criticando urbi et orbe, sino que ha ido comprometiendo su palabra, a cambio de votos, con promesas que ni ha cumplido, ni está dispuesto a cumplir. Este demócrata que mantiene a la mitad de las organizaciones territoriales de su partido con gestoras, porque el que se mueve no sale en la foto, podrá ahora realizar mil juegos dialécticos para justificar lo injustificable, pero lo cierto es que su palabra vale dos veces lo que vale la de Pedro Sánchez. O más.

Santiago de Munck Loyola

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Refundar el centro derecha: una necesidad inaplazable.

Desde que se celebraron las últimas elecciones generales y, en especial, desde la formación del gobierno social-comunista gracias al apoyo de los separatistas vivimos en un ambiente político bastante crispado y tenso. Es cierto que el nuevo gobierno ha puesto en marcha una agenda política y legislativa que no fue respaldada por la mayoría de los electores, pero que se ve convalidada por una mayoría parlamentaria más que suficiente. 

Como también es cierto que el Presidente del Gobierno mintió cuando solicitó el voto a los españoles en la campaña electoral al prometer actuar de forma opuesta a como lo está haciendo, pero, en todo caso, correspondería a los votantes socialistas exigirle responsabilidades por haber sido estafados. El papel de la oposición no puede ser en este asunto más que el de simple notario e informador de dichos incumplimientos.

Sin embargo, da la sensación y así se nos transmite de que nos encontramos ante una situación de excepcional gravedad, no tanto porque el nuevo gobierno vaya a aplicar una agenda radical e izquierdista, sino porque para poder hacerlo va a comprar el apoyo de los independentistas con cesiones que van a suponer el fin de la unidad de España y, por consiguiente, de la propia nación española. Y tal como van las cosas es muy probable que vaya a ser así. Pero de ser así ¿cómo está actuando la oposición? ¿qué está haciendo el centro derecha español? 

Hay que recordar, en primer lugar, que a la luz de los resultados electorales del pasado noviembre, las fuerzas políticas del centro derecha fueron las primeras responsables de que la suma de socialistas, comunistas y separatistas lograse la mayoría absoluta. No llegar a acuerdos preelectorales entre PP, Ciudadanos y Vox impidió que la mayoría de votos del centro derecha se tradujera en una mayoría parlamentaria. Es un hecho evidente que no admite discusión. Primaron los intereses partidistas sobre el interés general;  entre los dirigentes de PP, C’s y Vox se impuso una visión miope y cortoplacista que resultó suicida y esta decisión no se correspondía con los negros augurios que ya nos anticipaban sobre un hipotético triunfo socialista. Ante una amenaza tan grave para la soberanía nacional, para la unidad de España y para la supervivencia de determinados valores ¿dónde quedó el patriotismo de los dirigentes de los tres partidos? ¿Dónde su capacidad de acuerdo y su generosidad en favor de bienes superiores? 

Ahora estamos ante tres nuevos retos electorales en Galicia, País Vasco y Cataluña y parece que algunos siguen en sus trece, es decir, en su visión miope y egoísta de la política partidista. La necesidad de llegar a acuerdos preelectorales es más que evidente si se quiere mejorar resultados electorales y, sobre todo, si se quiere sentar las bases para la construcción de un amplio movimiento político que, aglutinando diferentes sensibilidades, sea capaz de ofrecer una alternativa nacional y constitucional al frente social comunista separatista. 

Somos muchos los ciudadanos que creemos en la libertad política, económica y social, en la soberanía nacional, en la unidad de España, en la igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos, en el respeto a la Ley, en la solidaridad territorial y social o en la persona como centro de toda acción política que necesitamos un proyecto político plenamente democrático, abierto, participativo, de carácter nacional y con capacidad de integración territorial. Y, al contrario de lo que muchos analistas políticos afirman, no se trata de una competición para ver qué partido absorbe a otro. Se trata de una refundación del espacio de centro derecha, de una integración gradual y progresiva de los diferentes partidos que lo integran: coalición, confederación, federación y partido. Es cierto que a la vista del panorama actual y de los mini liderazgos que pueblan el centro derecha se antoja un objetivo inalcanzable. Pero, no cabe ninguna duda de que mientras “las derechas” sigan compitiendo entre si sus verdaderos adversarios políticos seguirán desguazando nuestra patria.

Santiago de Munck Loyola

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Ni pin, ni pon: Derecho a objetar contra el adoctrinamiento de los hijos.

A veces la indignación o las prisas no son buenas consejeras y todos podemos caer en errores involuntarios. Quizás es lo que a muchos nos ha podido pasar al escuchar a la Ministra Celaá, tras el último Consejo de Ministros, decir que "no podemos pensar de ninguna de las manera que los hijos pertenecen a los padres" al manifestar la oposición del Gobierno a la implantación de eso que se ha venido en llamar el “pin parental” que no es otra cosa que la obligación de los centros educativos de informar a los padres de las actividades que se realicen en las aulas dentro de las actividades complementarias por parte de personal ajeno al centro docente y la autorización expresa de dichos padres para que sus hijos participen en ellas.

Tiene razón la ministra al afirmar que “los hijos no pertenecen a los padres” y la tiene fundamentalmente porque la “pertenencia” es una cualidad asociada al concepto de “propiedad”. Las personas, los seres humanos no pueden ser objeto de propiedad. La propiedad sólo es predicable de las cosas y de los animales. Así de simple. Y del mismo modo, los hijos tampoco pertenecen al Estado aunque esa pertenencia de los hijos, e incluso de los adultos, al estado omnipotente ha sido y es una constante en las ideologías totalitarias como el nazismo, el fascismo y el comunismo.

Es por consiguiente absurdo seguir entrando al trapo y debatir sobre a quién “pertenecen” los hijos. A nadie, es la respuesta, pero más importante que la idea de la pertenencia o de la propiedad son las ideas de la custodia y de la responsabilidad. Los hijos no son autónomos hasta la mayoría de edad y hasta entonces, y aún después en determinados supuestos, los padres son sus custodios y son los responsables de su crianza, alimentación, salud, formación, educación, ocio, etc. Son los padres, los progenitores, quienes en virtud de esa custodia y responsabilidad asumen toda una larga serie de obligaciones y de derechos, los padres y no el Estado. 

Un Estado moderno, democrático y sustentado en los valores de los derechos humanos sólo tiene un papel subsidiario frente al cumplimiento paterno de las obligaciones derivadas del correcto ejercicio de esa paternidad. Corresponde al Estado poner los medios educativos, sanitarios o sociales para que puedan ser usados por los padres para educar, cuidar y atender a los hijos y corresponde al Estado, mediante los oportunos mecanismos judiciales, intervenir cuando del incumplimiento de las obligaciones paternas puedan derivarse perjuicios para el menor de edad. Y no hay más. No hay que romperse la cabeza. 

No se trata pues de centrar el debate sobre la pertenencia o propiedad de los hijos porque es indiscutible. El debate hay que situarlo sobre el ejercicio de las responsabilidades que la paternidad conlleva y sus límites así como sobre el alcance de las facultades del estado. Y toca además hacerlo en relación al derecho de los padres a que sus hijos reciban o no determinadas enseñanzas en los centros escolares. Cuanto se habla del “pin parental” enseguida escuchamos a sus detractores proferir una larga lista de simplezas para descalificarlo. Pues bien, no se trata de que los padres puedan oponerse a que se impartan conocimientos de materias regladas. Si los padres creen que la tierra es plana o no creen en la teoría de la evolución no puede ser objeto de aplicación del “pin parental”. Se trata de conocimientos impartidos en el contexto de asignaturas regladas. De lo que se trata es de dilucidar si los padres pueden o no objetar a que sus hijos, fuera de las asignaturas regladas, es decir, en actividades complementarias, participen o no en las mismas. Y, atención, aquí tampoco se trata de poder objetar sobre los valores constitucionales. 

Se trata de poder oponerse y objetar a actividades o enseñanzas de adoctrinamiento religioso, político, moral, sexual, etc. Pretender educar a los niños en la llamada “ideología de género” es uno de los más claros objetivos de los detractores del “pin parental”, no nos engañemos, así se lo acabamos de escuchar a la ministra Montero. Y la ideología de género no es más que una ideología más, no es una verdad científica ni un dogma. Pretender desde el Estado inducir a los menores a experimentar sexualmente con su propio cuerpo, por citar otro ejemplo, va mucho más allá de lo que ha de considerarse un objetivo estrictamente pedagógico.

Pocas dudas pueden caber. La responsabilidad directa de la educación de los menores es de los padres, no del Estado. La familia tiene el deber y el derecho de educar y formar a sus hijos en los valores que mejor estime, en los valores acordes a los principios que sustentan nuestra convivencia y nuestra sociedad occidental. Y sí podría darse el caso de alguna familia yihadista que quisiera acogerse al “pin parental” para evitar la transmisión de los valores democráticos y occidentales a sus hijos, pero dicha hipótesis sería excepcional y la excepción no puede servir para descalificar una propuesta que busca preservar los legítimos derechos de los padres a proteger la educación de los hijos y a evitar su adoctrinamiento por parte del poder de turno.

Santiago de Munck Loyola

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