El gobierno del PSOE ha anunciado ayer que pretende
penalizar lo que llama "apología del
franquismo" y vete a saber lo que querrá incluir bajo ese concepto. Dice
el diccionario de la RAE que apología es un “discurso
de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo”. Es
decir que lo que pretende el gobierno del PSOE, evidentemente con el apoyo de
comunistas, populistas, republicanos independentistas, separatistas vascos,
etc. es tipificar como delito cualquier discurso de palabra o por escrito, en
defensa o alabanza del franquismo. Y, sinceramente, no hace falta ser
franquista para repudiar esta pretensión totalitaria del PSOE y de sus
compañeros de cama.
Esta pretensión tiene todo el aspecto de ser un
intento de acabar con el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ni
más, ni menos. Y, una vez más, la izquierda deja entrever su auténtico talante
en torno a las libertades básicas y a los derechos humanos. La doble vara de
medir de esta izquierda y la consiguiente aplicación de la “ley del embudo” es
permanente. Son maniqueos hasta la médula y hacen gala de una hipocresía sin
límites. Desde la restauración de la democracia gracias al Rey designado por
Franco, a los jóvenes políticos franquistas y a los políticos de izquierdas “colaboracionistas”
(espero que no se tilde esta afirmación de apología del franquismo) se han
venido repitiendo una y otra vez, en todas las instituciones del Estado,
condenas políticas del franquismo. Pero no hemos escuchado nunca a ningún
partido de izquierdas pedir perdón o condenar el golpe de estado que dieron en
1934 o los brutales asesinatos de civiles en la retaguardia por razón de su
ideología o religión.
Se han empeñado en reescribir la historia, tal y
como también hizo el franquismo. Es verdad que hacía falta un reconocimiento
público a los españoles que murieron por defender sus creencias, a todos los
ciudadanos que murieron en la guerra e injustamente fueron sometidos al olvido.
Pero la malparida Ley sobre la Memoria Histórica no se sustentó sobre la
reconciliación y la concordia para lograr justicia y reconocimiento para los
olvidados, sino desde la revancha y el odio. Borrar el recuerdo del pasado para
alcanzar el reconocimiento de los injustamente olvidados no es el mejor camino.
La historia es la que es, los crímenes fueron compartidos y las víctimas fueron
todas. En aquella España nadie o casi nadie combatieron por las libertades de
los ciudadanos. Y constituye un verdadero sarcasmo escuchar una y otra vez que
aquel PSOE o los comunistas lucharon por la libertad.
Hace pocos días el nazi Joaquín Torra, el
presidente del Parlamento catalán, Rogelio Torrent y la alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, rindieron homenaje al expresidente de la Generalidad, Luis Companys,
responsable del asesinato de cerca de 9.000 personas en Cataluña durante la
guerra civil y condenado a muerte y fusilado en 1940. Y no pasa nada. Aquí se
puede hacer apología y rendir homenajes a golpistas como Largo Caballero o
Indalecio Prieto y a comunistas como Carrillo o la Pasionaria y no pasa
absolutamente nada. Llevan décadas construyendo una nueva verdad oficial que
venga a sustituir a la establecida por el régimen de Franco.
A nadie con un mínimo de objetividad se le escapa
que si en estos últimos 40 años un gobernante de centro-derecha hubiese
propuesto penalizar la apología del comunismo o del marxismo-leninismo las
calles ya habrían ardido. Y sí, digo del comunismo, una ideología en cuyo
nombre se han cometido los más atroces crímenes contra la humanidad: 20
millones de muertos en la Unión Soviética, 65 millones en la República Popular
China, 1 millón en Vietnam, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en
Camboya, 1 millón en los regímenes comunistas de Europa oriental, 150.000 en
Latinoamérica, 1,7 millones en África, 1,5 millones en Afganistán, 10.000
muertes provocadas por «el movimiento comunista internacional y partidos
comunistas no situados en el poder» y entre 38.000 y 85.000 en España (represión
en la zona republicana durante la Guerra Civil Española).
Nótese que de acuerdo con la actual redacción del
artículo 510 del código penal que quiere reformar el gobierno de Pedro Sánchez,
que presentó una moción de censura para convocar elecciones y que o piensa
convocar, ya está penalizado enaltecer los delitos
de genocidio, de lesa humanidad o contra
las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, como lo está enaltecer a sus autores, cuando se
hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona
determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología,
religión o creencias.
Y, sin embargo, vemos cómo a diario se enaltece, se dedican calles, estatuas y se rinden homenajes a los autores de delitos contra las personas y contra grupos cometidos, por ejemplo, por razones ideológicas o religiosas. Es un ejercicio demagógico pretender concretar la penalización del enaltecimiento una determinada ideología o doctrina política.
Y, sin embargo, vemos cómo a diario se enaltece, se dedican calles, estatuas y se rinden homenajes a los autores de delitos contra las personas y contra grupos cometidos, por ejemplo, por razones ideológicas o religiosas. Es un ejercicio demagógico pretender concretar la penalización del enaltecimiento una determinada ideología o doctrina política.
Antes de proponer y abordar un reforma de este artículo
del Código Penal no estaría de más que nuestros políticos repasasen y
reflexionasen sobre el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos: “Todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión” y el Artículo 20.1. de la Constitución de 1978: “Se reconocen y protegen los derechos: a) A
expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.
Es posible que detrás de esta pretensión y de tantas
otras iniciativas “guerracivilistas” exista un objetivo simplemente
estratégico, una finalidad electoral. El resultado de todo ello a corto plazo
es una polarización social que puede ser rentable para algunos de forma
inmediata. Pero deberían saber que esta estrategia es peligrosa, que es jugar
con fuego y que reabrir viejas heridas puede ser terriblemente perjudicial.
Santiago de Munck Loyola