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jueves, 12 de julio de 2018

EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA CENSURA LA OPACIDAD DEL TRIPARTITO DE MONFORTE DEL CID.


NOTA DE PRENSA.
11-7-2018

El 14 de junio de 2018 la Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana dictó una Resolución estimando la reclamación del Presidente del Partido Alicantino Regionalista frente al Ayuntamiento de Monforte del Cid.

Según esta Resolución se constata que el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Monforte del Cid “adolece de importantes carencias en materia de información pública”. Estas importantes carencias son:

  •           Opacidad en relación a las subvenciones y ayudas públicas.
  •           Ausencia de información sobre los contratos menores y procedimientos abiertos.
  •           Falta de publicidad de los convenios suscritos por el Ayuntamiento.
  •           Inexistencia de cualquier información sobre los presupuestos (únicamente aparecen modificaciones presupuestarias del 2015).
  •           Inexistencia de información sobre el patrimonio municipal.


Por todo ello, el Consejo ha instado al Gobierno Municipal de Monforte del Cid para que en un plazo máximo de tres meses cumpla con las exigencias de la Ley en materia de publicidad activa recogidas en la Ley 2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.

Añadir leyenda
Con ello, el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana da la razón al Partido Alicantino Regionalista-Esperanza Ciudadana de Monforte del Cid que en numerosas ocasiones ha venido denunciando la falta de transparencia y el oscurantismo del Gobierno tripartito presidido por la alcaldesa comunista, Mª Dolores Berenguer, sobre todo en materia de contrataciones públicas, ámbito en el que la práctica de las contrataciones a dedo es la norma habitual.

El PAR se felicita por esta resolución porque evidencia las continuas falsedades de la Alcaldesa en los Plenos presentándose ante los vecinos como la “campeona” de la transparencia y porque consecuentemente impone un obligado cambio en la política del tripartito ya que la transparencia es el único camino para desterrar el amiguismo y para garantizar que cualquier candidato a licitar con el Ayuntamiento tenga oportunidad de hacerlo sin tener que ir mendigando información por los despachos.

lunes, 2 de julio de 2018

Al Sr. Sánchez, adalid del expolio fiscal.



Sr. Sánchez:

Acaba de hacer pública su intención de subir los impuestos en España para “mejorar el Estado del Bienestar” y se pregunta "¿Queremos tener un sistema fiscal de tercera para tener un Estado de bienestar de primera?, no es posible". Y uno no tiene más remedio que preguntarle a usted, para empezar, si cuando se presentó a las elecciones generales como candidato a la Presidencia del Gobierno y las perdió ¿Había prometido en su programa electoral subir los impuestos o lo contrario? Desde luego, lo que es patente, por reciente es que en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados en la moción de censura no hizo la más mínima referencia a subir los impuestos de forma indiscriminada al conjunto de los ciudadanos.

Mire Sr. Sánchez es de manual: un incremento de la presión fiscal en un momento como el actual de recuperación económica y de precaria creación de empleo va a suponer un frenazo para la economía: a menos dinero disponible en la iniciativa privada, menos inversión, menos creación de empleo, menos recaudación fiscal y más gasto social. La calidad de un sistema fiscal, si es de primera, de segunda o de tercera, no se mide por la cantidad bruta de recaudación, sino por otros parámetros como son la eficiencia de la administración para recaudar, esto es lo que se gasta hacienda para recaudar el dinero de los ciudadanos (y es evidente que en el caso del IRPF la relación gasto ingreso denota una gran ineficiencia) o la simplicidad y equidad en las figuras impositivas. Un sistema fiscal en el que la clase media soporta el 70% de la recaudación del IRPF no es de primera. Y fíjese en EEUU, por ejemplo, el 1% de los contribuyentes más ricos aporta el 39% de la recaudación del IRPF mientras que en España ese 1% sólo aporta el 19%.

Sr. Sánchez, al día de hoy, cada trabajador español paga cerca del 65% de su salario en impuestos.  Es decir, que de cada 100 euros ganados el Estado se lleva 65 euros de los que 27 euros se dedican a pensiones, educación y sanidad mientras que los 38 euros restantes se destinan a mantener el chiringuito.

Todos los españoles queremos un Estado de Bienestar de primera, resulta obvio. Pero para mejorar nuestro estado de Bienestar no es preciso esquilmar más a los contribuyentes y en especial a la clase media con más impuestos. ¿No se ha planteado usted que, a lo mejor, lo que tiene que hacer el Estado es gastar menos y gastar mejor? Porque resulta evidente que existen muchos gastos públicos que no sólo no contribuyen a mejorar la calidad del estado de Bienestar, sino que además lo ponen en peligro de subsistencia.

A título de ejemplo lo que no contribuye a mejorar el Estado de Bienestar y lo pone en peligro es:

  • Mantener 17 administraciones autonómicas duplicando muchas competencias estatales, que rompen la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles, que padecen diarrea legislativa dificultando el crecimiento económico y la unidad de mercado.
  • Sostener un sistema de privilegios de la clase política en materia tributaria y de seguridad social: pensiones privilegiadas, autoasignación de sueldos escandalosos, beneficios sociales.
  • Extender las prestaciones sanitarias a extranjeros irregulares mientras se mantienen las listas de espera o mientras prestaciones básicas como la atención buco dental siga siendo claramente insuficiente.
  • Oponerse como usted ha hecho a la existencia de una tarjeta sanitaria única y no 17.
  • Pagar pensiones no contributivas a 100.000 extranjeros.
  • El fraude de 3.000 millones de euros en los cursos de formación y los 1.200 millones de euros en el caso de los EREs, ambos responsabilidad de su Partido a los que hay que sumar varios cientos de millones de euros más de los casos de corrupción en los que el PP, Convergencia y Unió y otros partidos han estado implicados.
  • Mantener a cerca 15.000 delincuentes extranjeros en prisión en vez de expulsar a la mayoría de ellos a sus países de origen.
  • Facilitar ayudas económicas a inmigrantes ilegales que en ocasiones superan en cuantía a las ayudas que perciben los ciudadanos españoles.
  • Destinar anualmente cientos de millones de euros a subvencionar a los partidos políticos, sindicatos y patronales.


Y la lista de hechos y problemas que ponen en riesgo la permanencia del estado de bienestar puede ser muy larga. Así que no nos venga con cuentos, Sr. Sánchez. Para mejorar el estado de bienestar y para garantizar su existencia no hace falta que nos cobre más impuestos a los sufridos contribuyentes. Lo que hace falta es que la clase política tenga el valor y la decencia de trabajar seriamente para corregir todos los gastos y desequilibrios económicos, territoriales y sociales que generan tal cantidad de gastos que hacen inviable el sostenimiento del propio Estado. Simplezas las justas, Sr. Sánchez. No nos siga tomando por tontos.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 27 de junio de 2018

Más allá del Acuarius.



La decisión del Gobierno español de acoger en Valencia al barco Acuarius con 630 inmigrantes tras la negativa de los demás países europeos a hacerlo ha desatado la polémica en las redes sociales. Durante muchos días se han difundido muchas noticias al respecto algunas falsas y otras ciertas que evidencian que esta decisión no ha sido indiferente para la mayoría de los ciudadanos. No se trata de una cuestión baladí. Al contrario, sus implicaciones y consecuencias son muy complejas y, ante todo, es preciso analizarlas con la máxima objetividad y desde los principios y valores de cada cual.

El caso del Acuarius hay que enmarcarlo en el ámbito de la excepcionalidad, pero su tratamiento mediático por parte del Gobierno de España y de otras administraciones públicas deja mucho que desear.

En primer lugar porque es indudable, como han reflejado las cifras del último fin de semana, que ha provocado un efecto llamada, casi 1000 inmigrantes ilegales más en 48 horas.  En segundo lugar, porque el Gobierno de Pedro Sánchez se precipitó y expresó su intención de otorgar a estos inmigrantes del Aquarius el estatus de “refugiados”, lo que implica que éstos no sean enviados a los Centros de Internamiento, ni devueltos a sus países de origen y además tendrán acceso a otra serie de derechos recogidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Tras esa precipitación publicitaria resulta que al día de hoy aún no se sabe cuántos de los 630 inmigrantes del Aquarius recibirán tal condición, sobre todo después de que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) avisase al Gobierno de que no hay precedente de una concesión masiva como la que pretendía y subrayan que deben ser analizadas individualmente las necesidades de cada persona y las circunstancias de su país de origen. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados aquellos rescatados del Aquarius que reciban el estatus de “refugiados” podrán ser receptores de un empleo remunerado, una vivienda o de libertad de circulación, entre otras cosas. Sin embargo, las personas que salen de su país por pobreza o por motivos económicos no pueden ser considerados refugiados, tan sólo inmigrantes. Y es que, además, los países de origen de estos inmigrantes son Afganistán, Argelia, Camerún, Chad, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea (Conakry), Guinea Bissau, Costa de Marfil, Mali, Marruecos, Níger, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sierra Leona, Sudán (Norte), Bangladesh, RD Congo, Liberia, Somalia, Sudán del Sur, Togo y Comoras, algunos de los cuales hacen muy difícil la posibilidad de conceder el estatus de refugiado. Y a mayor abundamiento hay que recordar que al día de hoy el Gobierno tiene pendiente de resolver 40.000 solicitudes de “refugiados”.

La llegada de inmigrantes ilegales sea en la modalidad de pateras o de barcos fletados por ONG’s debe ser considerada y resuelta en el ámbito de una política global sobre inmigración coordinada a ser posible con la Unión Europea y subrayo lo de “a ser posible” porque ante todo hay que defender los derechos de los ciudadanos españoles que son en última instancia quienes soportarán los costes y los beneficios y perjuicios de cualquier política inmigratoria.

No se trata de abanderar la solidaridad o  el aislamiento como únicos criterios para diseñar y establecer la política de inmigración, porque existen una serie de consideraciones a tener en cuenta:

- -  Los derechos y los intereses de los ciudadanos españoles deben primar ante todo.

- - Los españoles tenemos derecho a preservar nuestra identidad cultural. Existen líneas rojas que sectores de inmigrantes no están dispuestos a respetar (primacía de la legislación civil sobre las normas religiosas, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, libertad de culto, etc.) y que, por tanto, no son integrables. La multiculturalidad es un fracaso tan evidente como la Alianza de Civilizaciones.

- - La escasez de recursos públicos que exige priorizar su destino en primer lugar hacia los contribuyentes y, en segundo lugar, hacia los españoles en general. Papá Estado no puede simultáneamente gastar 1.100 millones de euros en extender la asistencia sanitaria gratuita de forma universal, revalorizar las pensiones según el IPC, subir las pensiones mínimas hasta el SMI, pagar pensiones no contributivas a 150.000 extranjeros, garantizar vivienda pública para los españoles y a la vez para extranjeros, mantener a 25.000 delincuentes extranjeros en las prisiones sin quebrar la hacienda pública al mismo tiempo.

- - La ingente cantidad de recursos públicos destinados a atender a la inmigración ilegal deben ser invertidos en los países de origen de los inmigrantes.

- - Muchas ONG’s han convertido las ayudas públicas en un tremendo negocio. Y aquellas que se dedican a recoger barcos de inmigrantes están haciendo el juego a las mafias de traficantes. Es evidente que los inmigrantes deben ser rescatados pero una vez salvadas sus vidas, en lugar de ser traídos a Europa, deberían ser devueltos al puerto de origen. La Unión Europea debería abrir centros de acogida en los países-puertos de salida.

La inmigración ilegal constituye un auténtico problema para los países occidentales. Es un hecho indiscutible. Y no podemos olvidar que en su progresivo incremento influyen no sólo los conflictos armados en los países de origen y la pobreza, sino también y sobre todo la existencia de mafias de tráfico humano que la incentivan y alientan de forma incesante.

Sé que discrepar de lo políticamente correcto acarrea inevitablemente ser tachado de racista o de xenófobo. Pero no es así, de lo que se trata es de controlar y regular una inmigración que, hoy por hoy, es necesaria para el desarrollo de muchos países occidentales. Compartir nuestros recursos con los inmigrantes legales es beneficioso para ambas partes, pero los países de acogida, los ciudadanos españoles en nuestro caso tenemos derecho a priorizar a aquella inmigración que por razones culturales, históricas, sociales o religiosas garantice una integración real y no el desarrollo de guetos que pongan en riesgo nuestra identidad cultural y religiosa.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 15 de junio de 2018

EL TRIPARTITO AUMENTA EN 3 AÑOS UN 220% EL GASTO EN ASESORÍAS Y TRABAJOS TÉCNICOS EXTERNOS.


NOTA DE PRENSA.
15 DE JUNIO DE 2018.

El presupuesto del Ayuntamiento de Monforte del Cid para el ejercicio 2018 aprobado en junio, es decir, a mitad de ejercicio a pesar de contar con mayoría absoluta en el pleno, ha puesto de manifiesto la indudable incompetencia de la Alcaldesa y Concejala de Hacienda para cumplir un año más con los plazos legales presupuestarios. Pero es que además un examen pormenorizado de algunas previsiones de gastos evidencia un retroceso en la transparencia y, sobre todo, en el mantenimiento del carácter público de algunos servicios municipales esenciales.

El tripartito (comunistas + socialistas + tránsfugas de Ciudadanos) está externalizando servicios administrativos derivando funciones públicas a empresas privadas. Comparando las partidas incluidas en el capítulo 2 con las del último presupuesto aprobado por el PP en 2015 se aprecia un incremento de las mismas de un 220 %.

-          En el año 2015 el capítulo 2 (gastos corrientes) la cuantía destinada a contenciosos, asesorías y trabajos externos fue de 87.900 euros.

-          En 2018 esta cuantía se eleva a 193.901,80 euros.

Esto significa una externalización de servicios públicos entre los cabe destacar: una asesoría de medio ambiente por importe de 29.101,80 € anuales, estudios y trabajos para la propia Administración General por 50.000 € al año, otra asesoría jurídica para urbanismo por 40.000 € o la partida de estudios y trabajos para urbanismo por 20.000 €. 

Es muy significativo el hecho de que en el capítulo I, gastos de personal, el gasto se ha duplicado precisamente en el área de secretaría al crearse una plaza de Vicesecretario con el nivel 30. Y a ello hay ahora que sumar otros 50.000 € anuales para contratos de asistencia técnica jurídica para la propia Secretaría, más otros 60.000 € anuales para asesoramiento jurídico y estudios de urbanismo. Si se tiene en cuenta, además, que el Ayuntamiento ha derivado en los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante la mayor parte de los contenciosos, resulta muy extraña esta tendencia privatizadora.

En definitiva, el tripartito está derivando funciones públicas administrativas a empresas privadas contratadas a dedo y sin criterios objetivos, vaciando de funciones a la administración general.

viernes, 1 de junio de 2018

De Guatemala a Guatepeor.



Termina una semana de vértigo político. En tan sólo siete días hemos pasado del aplauso de los populares festejando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con la ayuda de Ciudadanos y el PNV, al aplauso de despedida de los mismos diputados a su jefe, al Presidente Rajoy que deja de serlo al triunfar la moción de censura presentada por el exdiputado socialista Pedro Sánchez. Mañana, sábado 2 de junio, a las 11 horas Pedro Sánchez tomará posesión en la Zarzuela ante el Jefe del Estado.

Se cierra una semana de vértigo político que se inició al hacerse pública la Sentencia de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta sentencia considera acreditado que entre 1999 y 2005 entre las empresas de Correa y el Partido Popular de Majadahonda y de Pozuelo de Alarcón se tejió “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”. El tribunal ve probado que el PP se benefició, sin ser consciente de su procedencia delictiva, de 111.186 euros para la campaña de las municipales de 2003 en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y de 133.628 euros en la campaña de Majadahonda. Y esta sentencia que prueba hechos delictivos por un importe total de 244.814 euros cometidos antes de ser Mariano Rajoy Presidente del PP es la que ha conseguido unir a la mayoría de la oposición para echar a Rajoy y desalojar al PP del gobierno de España. Es evidente que se trata de fantasmas del pasado que han aparecido ahora y han terminado por tumbar a Mariano Rajoy. Es muy posible que Rajoy esté pagando los platos rotos por otros, pero suya es la culpa por no haber actuado con contundencia contra la corrupción, por haber mirado a veces hacia otro lado y, sobre todo, por no haber puesto en marcha los mecanismos necesarios para regenerar al Partido Popular y para democratizarlo de abajo a arriba. Y lo peor para el PP está por venir. De aquí a las próximas elecciones municipales y autonómicas van a seguir apareciendo más fantasmas del pasado a través de diferentes sentencias.

Al votante de centro derecha no puede servirle de consuelo o justificación que los socialistas estén peor en materia de corrupción con treinta procedimientos judiciales abiertos, con 4.000 millones de euros bajo sospecha y con casi 600 imputados. La política informativa desarrollada por el PP durante años ha conseguido una mayoría de medios de comunicación para los que un estornudo de un “pepero” se convierte en una pandemia de ébola, mientras que una epidemia de ébola entre los “sociatas” son simples casos de alergias individuales y, por tanto, no son noticia.

Ahora se abre una nueva etapa que además está lastrada por los apoyos que ha recibido Sánchez para ganar la moción de censura: los populistas y comunistas de Unidos Podemos, los separatistas y golpistas de ERC, los golpistas y racistas del PDeCat, los nacionalistas del PNV, los pancatalanistas de Compromís y el brazo político de los terroristas de ETA. Sánchez ha aceptado gustoso el apoyo de todos, no ha hecho ascos a ningún apoyo por muy repugnante que fuera con tal de llegar a la Presidencia del Gobierno. Como es normal no se sabe exactamente a cambio de qué, excepto en el caso del PNV, aunque en otros casos podemos intuirlo. Pero ahora viene lo más difícil: gobernar con 84 diputados socialistas, cumplir los acuerdos a los que haya podido llegar y “torear” en un senado con mayoría absoluta del PP. Y ahí es por donde va a tener que empezar. Sánchez ha prometido al PNV gobernar con los presupuestos del PP, vetados por él mismo y el PSOE hace siete días, aprobados la semana pasada en el Congreso y que aún han de ser aprobados en el Senado donde cinco de los partidos que le han apoyado en la moción de censura, Podemos, PDeCAT, EH Bildu, ERC y Compromís, han registrado este mismo viernes sus vetos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Sánchez ha logrado la Presidencia del Gobierno de España sin haber ganado unas elecciones generales, habiendo cosechado los peores resultados del PSOE desde la restauración de la democracia en España, sin presentar a las Cortes un programa de gobierno alternativo y sin haber construido una nueva mayoría parlamentaria de gobierno. En estas circunstancias y en una lógica democrática sólo tiene una salida política decente: dar la palabra al pueblo español para que decida. Unas elecciones generales anticipadas son imperativas para cualquier demócrata.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 14 de mayo de 2018

UN IMBÉCIL SUPREMACISTA AL FRENTE DE LA GENERALIDAD CATALANA.



El nuevo Presidente de la Generalidad de Cataluña y vicario de Puigdemont  Joaquín Torra es el autor del deleznable siguiente texto:

“En Espanya (…) mestizaje que se reconoce por unos caracteres morfológicos externos (cabellos más oscuros y rizados y color de la piel más oscuro y que es debido a mayor poder pigmentario y no al sol), además el ángulo anterior mandibular es inferior al del catalán.
Se puede considerar al espanyol  como un elemento de la raza blanca en franca evolución hacia el componente racial africano-semítico (árabe). El coeficiente de inteligencia de un espanyol y un catalán según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación y Ciencia espanyol da una clara ventaja a los catalanes.
La progresiva degradación racial espanyola puede contagiarse a los catalanes debido a la fuerte inmigración, los frutos se pueden ver si observamos la diferencia caracteriológica entre el hombre del campo, no contaminado por el linaje espanyol, y el de las ciudades.
El carácter trabajador y europeo del catalán es un factor anímico bien contrario al gandul y pro-africano espanyol.
Por todo esto tenemos que considerar que la configuración racial catalana es más puramente blanca que la espanyola y por tanto el catalán es superior al espanyol en el aspecto racial“.
Traducido del original en catalán y archivado en la UAB 1982.

¿Parece increíble, verdad? Pues es cierto. Alguien que es capaz de escribir semejante basura es un auténtico miserable además de un majadero, por “molt honorable” que sea. Estas lindezas y muchas otras a través de tuits son las que este impresentable dedica a los españoles. Pero, cuidado, esto es mucho más serio de lo que a primera vista pudiera parecer.

El nuevo Presidente de la Generalidad de Cataluña es un racista de primer orden. Su pensamiento político y ético, si es que se le puede calificar de tal, entronca perfectamente con los nacionalcatalanistas de finales del S. XIX, Valentín Almirall, Gener y Babot o Joaquín Lluhí i Rissech y con los nazis Alfred Rosenberg o Adolf Hitler.

Todos parten de un falseamiento constante de la historia, del pasado, de las leyendas construyendo un relato que les permita establecer la existencia de una raza superior, la catalana en el caso de los primeros, la raza aria en el caso de los segundos. Estas supuestas razas superiores han sido, según esta gente, las promotoras y generadoras de diferentes culturas desde la egipcia hasta la griega. Y tanto los racistas catalanes, como el propio Joaquín Torra, como los racistas arios, los nazis, alertan del peligro que supone para la supervivencia de su raza superior la contaminación que se produce con las mezclas raciales que, según ellos, conlleva un inevitable resultado degenerador. Racistas catalanes y racistas nazis comparten además la necesidad de la existencia de un “espacio vital” para la prosperidad de sus razas, la necesidad de un espacio vital que inevitablemente otorga por el hecho de servir a una raza superior al derecho a anexionarse los territorios limítrofes que ellos consideren imprescindibles para preservar su superioridad racial. 

El Lebensraum del Tercer Reich traducido según Adolf Hitler  en el derecho moral de los alemanes de adquirir territorios ajenos gracias a los cuales se espera atender al crecimiento de la población. 

Y, en el caso del Sr. Torra y sus correligionarios el derecho de los catalanes a constituir los “Països Catalans” anexionándose los territorios vecinos.

Es evidente que el paralelismo entre los nazis y los separatistas catalanes es indudable. Nada puede ser más vil y abyecto que creer en la superioridad de unos seres humanos sobre otros en función del color de la piel o de unas supuestas ventajas genéticas. La experiencia histórica es muy aleccionadora: quienes se creen superiores en virtud de su raza, se creen con el derecho moral a adoptar cualquier decisión que sirva a la preservación de la misma incluyendo la eliminación física de quienes puedan ponerla en peligro.

¿Puede alguien hoy imaginarse que en Alemania fuera legal que un sujeto con las ideas de Joaquín Torra pudiera presentarse a unas elecciones, que fuera elegido y que pudiera alcanzar la Presidencia de un Estado federal? Creo que no.

¡Ojo! El peligro está ahí. Los supremacistas nazis o catalanes son iguales. Que nadie se engañe. Un supremacista sólo ansía la supervivencia de su raza sobre las demás y no vacilará en usar cualquier medio para conseguirlo.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 7 de mayo de 2018

Ni un paso más atrás.


Si hay un bien de incalculable valor que poseemos los ciudadanos españoles, ése es precisamente el idioma español. Es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la hablan como lengua materna tras el chino mandarín, la hablan 572 millones de personas y puede ser considerada la tercera lengua del mundo por el total de hablantes tras el chino y el inglés. El español es la tercera lengua más usada en la comunicación internacional después del inglés y del francés, siendo la tercera lengua más utilizada para la producción de información en los medios de comunicación​ y también la tercera lengua con más usuarios de Internet, tras el chino y el inglés. 

Sin embargo, en España no sólo no cuidamos debidamente este tesoro especialmente maltratado en muchos medios de comunicación, sino que además en muchas Comunidades Autónomas determinados políticos han convertido al español en una pieza de caza a abatir.

A lo largo de las últimas décadas, los independentistas, los enemigos de la nación española, han ido construyendo un relato falso de la historia y presentan día a día una visión igualmente distorsionada del presente para inculcar en el imaginario colectivo la singularidad comunitaria, el victimismo y, consecuentemente, la necesidad de la independencia. Han sido décadas en las que, de una parte, el control de la educación, cedido por el Estado, ha sido determinante para moldear a las nuevas generaciones y, de otra, el control de los medios de comunicación regados con ingentes recursos públicos ha servido para difundir un mensaje permanente al servicio de su causa.

Y en este contexto el uso del idioma ha sido clave para construir un relato sectario y una nueva realidad acomodada a los objetivos políticos separatistas. La progresión en la existencia de unos más que discutibles conflictos lingüísticos ha sido perfectamente diseñada siguiendo una lógica y progresiva estrategia de reivindicación, confrontación y, finalmente, de exclusión del español como lengua común de todos los ciudadanos.  Mientras que el uso de los idiomas como instrumento de confrontación ha sido perfectamente instrumentalizado por los separatistas, las demás fuerzas políticas y la mayoría de la población han ido cediendo posiciones en aras de una malentendida corrección política e incluso de supuesto progresismo. Lo que ocurre en España en torno al español es inconcebible en ninguno de los países de nuestro entorno. Nadie en su sano juicio admitiría que en Francia, en Italia, en Portugal o en Alemania no se pueda estudiar en la lengua materna, que el estado, a través de las autonomías, imponga en los estudios el uso vehicular un idioma regional. Si le cuentas a un británico que hay territorios españoles en los que un médico no puede pertenecer a la sanidad pública si no habla catalán no saldrá de su asombro. Paso a paso, territorio a territorio, los separatistas avanzan. Primero Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, luego las Baleares y ahora le toca a la Comunidad Valenciana.

Por todo ello, hoy más que nunca es necesario proteger el español y es necesario hacerlo no sólo frente a los separatistas que pretenden arrinconarlo, sino también frente a quienes por dejadez o por sumisión se pliegan a los dictados de los primeros. Y esa defensa pasa no sólo por exigir el derecho a elegirlo como lengua vehicular en cualquier parte de España o por impugnar las imposiciones legales que priman las lenguas regionales en el acceso a la función pública, sino también por combatir hasta los más pequeños detalles como puede ser la rotulación de las vías públicas e, incluso, el correcto uso del español por parte de los medios de comunicación. Nos hemos llegado a acostumbrar a que en el uso del español se incluyan palabras en catalán o valenciano no sólo en lo referente a los topónimos, sino también en la denominación de las instituciones. Los políticos podrán legislar que el nombre oficial de Guipúzcoa es ahora Gipuzkoa o el de Lérida Lleida, pero cuando uno se expresa en español seguirán siendo Guipúzcoa y Lérida. Del mismo modo, el Síndic de Greuges es el Síndico de Agravios, el Conseller es el Consejero y la Generalitat, la Generalidad. Y no puede servir de excusa el que las denominaciones oficiales sean en valenciano. Igual de ridículo debería ser que un periódico titule que la “Queen Isabel sale de London” a que titule que “La Consellera de Sanidad de la Generalitat desoye al Síndic de Greuges”. Es hora de levantar la cabeza, de abandonar complejos y de reivindicar el valor de nuestra lengua común.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 29 de abril de 2018

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DENUNCIA ANTE EL SÍNDIC LA NEGATIVA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA A TRAMITAR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL DE LA ROMERIA DE SANTA FAZ.



26-4-2018
NOTA DE PRENSA

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DENUNCIA ANTE EL SÍNDIC LA NEGATIVA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA A TRAMITAR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL DE LA ROMERIA DE SANTA FAZ.

El Presidente del Partido Alicantino Regionalista – Esperanza Ciudadana, Santiago de Munck Loyola, ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges de la Generalidad Valenciana, que ha sido admitida a trámite, denunciando la reiterada negativa de la Generalidad Valenciana tanto en 2015 como en 2017 a tramitar la declaración de Bien de Interés Cultural inmaterial para la Romería de la Santa Faz.

En abril de 2015, el partido Esperanza Ciudadana promovió la apertura de un expediente para que esta expresión cultural alicantina  que  tiene un especial arraigo y sentimiento,  donde lo religioso y lo cívico  calan en la ciudadanía, fuera protegida y preservada, como es su obligación legal, por la Generalidad Valenciana. La Generalidad Valenciana ni se molestó, incumpliendo de forma flagrante la Ley, en responder a dicha solicitud.

En abril de 2017 se reiteró dicha solicitud con idéntico resultado poniendo una vez más en evidencia la discriminación hacia la provincia de Alicante y la ausencia de sensibilidad por parte del Gobierno Valenciano hacia las expresiones culturales, cívicas y religiosas netamente alicantinas.

Hay que señalar que ya se incoó un expediente administrativo a tal fin en el año 2002 sin que el mismo llegase a buen término y que dicho expediente fue solicitado por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante de 9 de abril de 2002 al aprobar por unanimidad solicitar a la Generalidad Valenciana la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial a la Romería de la Santa Faz a partir del informe elaborado a instancias municipales por el Cronista Oficial de la Ciudad de Alicante D. Enrique Cutillas quien hizo entrega del mismo el 6 de junio de 2001.

domingo, 15 de abril de 2018

Pocos libres de pecado.


El presunto Master de Cristina de Cristina Cifuentes y el escándalo mediático perfectamente orquestado en torno al mismo están sirviendo para destapar, aunque sea con desigual intensidad, otros asuntos aún más escandalosos. No es santo de mi devoción Cristina Cifuentes y si ha mentido en torno a las condiciones en que obtuvo el master de marras debe dimitir porque el político no solo ha de contar con la legitimidad de origen que otorgan las urnas, sino también con la legitimidad de ejercicio que se mantiene, entre otras cosas, con el valor de su palabra, el principal referente ético en la política democrática. Pero dicho esto, es evidente que el tratamiento mediático aplicado a Cristina Cifuentes y las repercusiones políticas partidistas son absolutamente desproporcionadas si se comparan con las que se aplican en los casos de muchos otros políticos.


Durante los últimos días se ha desatado un auténtico frenesí para cambiar el curriculum vitae de muchos políticos españoles y se han vuelto a destapar numerosos casos que ya fueron noticia, sin consecuencias, en el pasado. Es una epidemia que afecta a buena parte de la casta política. Padecemos una clase política bastante mediocre, unos dirigentes políticos acomplejados, incapaces de presentarse ante la sociedad tal cual son, con las virtudes, méritos o defectos que les adornan o ensombrecen. 

Son depredadores, parásitos del presupuesto público que para acceder el mismo necesitan mimetizarse con el entorno, disfrazarse con títulos o méritos inexistentes que les faciliten el acceso a la casta y, en consecuencia, al botín. Se empieza mintiendo con la titulación, diciendo que eres por ejemplo ingeniero industrial y se termina por robar la hucha de los huérfanos de la Guardia Civil. 

Políticos de todos los colores han vestido su desnudez curricular con falsos méritos: Carlos Puigdemont, Pilar Rahola, Ada Colau, Joana Ortega, Guerrero, Oriol Junqueras, Leyre Pajín, Gregorio Rojo, Celestino Corbacho, José Montilla, Elena Valenciano, Paxti López, Trinidad Jiménez, Bernat Soria, Pepe Blanco, José Luis Corcuera, Javier Rojo, José Manuel Franco (y éste encima firma la moción de censura contra Cifuentes), Toni Cantó, Juan Merlo de Podemos, Javier Viondi de IU, Arsenio Fernández de Mesa, Tomás Burgos, Juan Manuel Moreno, Joaquín Ramírez, ex presidente del PP de Málaga, Gema Igual, alcaldesa de Santander y así una interminable lista. 

Parece que en unas estructuras partidistas como las que padecemos la capacidad y el mérito solo se miden por la apariencia, por la “titulitis” y no por una acreditada trayectoria de trabajo, de dedicación, de despliegue vital de principios éticos y políticos. Las cúpulas de la casta olvidan que los conocimientos no se acreditan sólo por titulaciones específicas y que la experiencia vital no se puede sustituir por la capacidad genuflexa de los individuos.

El caso Cifuentes ha puesto de manifiesto no sólo la proclividad de una gran parte de los dirigentes políticos de nuestro país a mentir sin rubor alguno dado que les sale gratis, no solo la doble vara de medir, la hipocresía, el sectarismo y la manipulación de muchos medios de comunicación dispuestos a linchar solo y exclusivamente a quienes no se sitúan en su órbita ideológica, sino también de los partidos políticos dispuestos a mociones de censura como en este caso mientras sostienen a gobiernos y partidos responsables de tramas corruptas como las desarrolladas en  Andalucía donde se ha llevado a cabo el mayor caso de latrocinio de dinero público.

Por último y no menos importante, el caso Cifuentes ha destapado un auténtico chiringuito universitario, y no es el único existente, en una universidad pública. No es de extrañar que ninguna universidad española se encuentre entre las 200 mejores del mundo. Padecemos un sistema público universitario en el que al amparo de una supuesta autonomía universitaria y de una consentida promoción endogámica han florecido toda clase de cutres negocios, tráficos de influencias y politiqueos partidistas, relegando a un segundo plano la excelencia, el saber y la investigación en claro perjuicio de los alumnos.

Cifuentes debería dimitir si se confirma que ha mentido a los ciudadanos sobre cómo obtuvo su master, pero con ella deberían dimitir todos los políticos que han igualmente mentido en el curriculum vitae. Son inadmisibles esas falsedades, sobre todo, porque ponen de manifiesto que todo les vale con tal de tener acceso al dinero público.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 1 de marzo de 2018

La Constitución, el independentismo y Alicante (tercera parte).




Hay que repetirlo porque se trata de un hecho incontestable que, sin embargo, no es percibido por mucha gente: el balance de la pertenencia de la Provincia de Alicante a la Comunidad Valenciana es negativo. Las cifras no engañan. Hoy la provincia de Alicante es más pobre respecto a la Provincia de Valencia que hace 36 años por lo que sin ningún género de dudas se puede afirmar que la Generalidad Valenciana es, como administración pública, un fracaso. Y mientras los ciudadanos de Alicante no tengamos conciencia de ello seguiremos condenados a padecer una administración regional centralista y discriminatoria.

Pero es que, además, a esta sumisión de Alicante a los intereses socioeconómicos de la Generalidad hay que añadir ahora una peculiar situación política que está poniendo en riesgo la propia identidad libre y plural de la sociedad alicantina. La Generalidad Valenciana está presidida por un socialista, el Sr. Puig, que carece de un proyecto político propio y gobierna de la mano de otros grupos de izquierdas cuyas señas de identidad son pancatalanistas. Es el eterno problema del PSOE allí donde no alcanza la mayoría suficiente para gobernar, que se vende a cualquier grupo político por muy antiespañol que sea.

La Generalidad Valenciana, con el Pacto del Botánico, está desarrollando políticas impregnadas de pancatalanismo, contrarias a la identidad propia valenciana y más aún alicantina y de carácter excluyente. No hay más que repasar las hemerotecas para comprobar el origen ideológico de muchos altos cargos del Gobierno de la Generalidad que consideran a la Comunidad Valenciana como parte integrante de los imaginarios países catalanes y a la Provincia de Alicante como las playas del sur de Cataluña. Paso a paso, la Generalidad Valenciana está sembrando las semillas del odio hacia lo español, desde la lengua, pasando por las tradiciones hasta los símbolos, en un calco perfecto del proceso que se inició hace décadas en Cataluña y cuyas funestas consecuencias estamos viviendo estos meses. La nueva televisión autonómica ya está en manos de filoindependentistas catalanes, y la inmersión lingüística ya está en marcha para barrer la lengua materna de la mayoría de los alicantinos, el español. Todo está ya inventado. Usan la lengua y la educación como elementos de segregación y de neutralización ideológica, no es nada nuevo.

Ante todo ello, la discriminación económica permanente de nuestra provincia que se plasma en una deuda histórica de la Generalidad de más de 1200 millones de euros, la progresiva catalanización de las instituciones autonómicas y los permanentes y progresivos ataques a la escasa autonomía de la Diputación Provincial junto con una evidente voluntad de diluir las señas de identidad propias de nuestra Provincia es necesario ofrecer una respuesta, una solución para frenar este proceso. ¿Realmente queremos que dentro de unos años ningún alicantino pueda optar a un empleo público si no sabe el catalán? ¿Estamos dispuestos a que dentro de unos años los sanitarios tengan que marcharse por no saber catalán como está ocurriendo ahora mismo en las Baleares? ¿Queremos que se impida a los padres elegir el idioma en el que quieren que estudien sus hijos? ¿Nos resignamos sin más a que desde Valencia se señale cuándo deben abrir o no los centros comerciales de nuestra Provincia? ¿Nos conformamos con que se siga invirtiendo más en Valencia y Castellón que en Alicante? La respuesta es clara. Si no estamos dispuestos a todo ello, si creemos en la singularidad de Alicante, en sus propias señas de identidad, en su historia singular, en su pluralidad social, en su capacidad de gestión y en su absoluta lealtad e identificación con España es imprescindible reivindicar sus derechos y, llegado el caso, su autonomía en el marco de la Constitución.

Y no, no se trata de crear un nuevo monstruo autonómico. Se trata de transformar a la Diputación Provincial en gobierno autonómico, democratizándola, dotándola de aquellas competencias autonómicas que sirvan de verdad al progreso de nuestra tierra y devolviendo al Estado competencias cuya gestión quiebran la igualdad entre los españoles, como la sanidad, la educación o la justicia. Dos serían las consecuencias prácticas inmediatas: que los alicantinos tendríamos que sostener una administración menos y que el poder de decisión en muchos ámbitos se quedaría en Alicante.

Es un reto muy difícil, quizás un ideal de difícil consecución, pero el simple crecimiento y expansión de esta propuesta y su materialización en poder político servirá, sin duda, de acicate para que la voz de Alicante sea tenida en cuenta y para que sus justas reivindicaciones no sigan cayendo en saco roto. Si no nos respetan que al menos nos teman.

Santiago de Munck Loyola