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viernes, 20 de febrero de 2015
domingo, 15 de febrero de 2015
Sr. Ciscar: Obras son amores y no buenas razones.
“Adoro a España”, “amo a Cataluña”, ¿cuántas veces
hemos escuchado a famosos, artistas, políticos o empresarios expresar así su “amor”
por su tierra? Muchas ¿verdad? Y ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que
estos enamorados de su tierra tienen su domicilio fiscal o su dinero a buen
recaudo en el extranjero o en paraísos fiscales? Pues más de lo que nos
gustaría a la gente normal y corriente. Son “amores”, cuando menos, curiosos. A
estos famosos les encanta España, su tierra, lo proclaman casi a voz en grito;
son más españoles o más catalanes, en su caso, que los demás. De boquilla lo
que haga falta. Pero su peculiar patriotismo llega hasta donde llega hacienda,
o sea, hasta donde llegamos todos porque no hay que olvidar que hacienda somos
todos. Aman a su “patria” pero aman mucho más a su dinero. Su especial
patriotismo les impide contribuir con su dinero al sostenimiento de su patria.
¡Faltaría más! La pasta a buen recaudo fuera de la patria y que sean otros los
que con sus impuestos contribuyan al sostenimiento de la patria. Son unos
farsantes. Así de claro. Sus proclamas son sólo eso, palabras huecas y vacías, un
“engañabobos”. Son los hechos los que cuentan, las obras y no las palabras.
Me he acordado de esos farsantes al leer las
declaraciones del Presidente Provincial del PP de Alicante, Sr. Císcar para quien “ha llegado la hora de que los alicantinos digamos alto y claro por qué
nos enamora nuestra tierra, y que nos sentimos orgullosos de ella y el PP lo va
a hacer”. Como si se lo creyera, José Císcar dijo ayer, día de los
enamorados, que el PP “va a poner a
Alicante en valor” porque “cree en
esta tierra, en su gente, en sus proyectos y en lo que representa”. Y
terminó su alucinante alocución señalando que “nosotros sí creemos que esta es la 'millor terreta del món'. La
izquierda, al parecer, no”. No, no se ría el lector por favor que estas
declaraciones son ciertas. Sí, las ha realizado el Presidente del PP alicantino
y Vicepresidente del Gobierno de la Generalidad Valenciana, el mismo Gobierno
que lleva años y años marginando y discriminando a la Provincia de Alicante a
la que viene relegando por sistema al último lugar en las inversiones de la
Generalidad Valenciana.
El amor del Sr. Císcar y del PP por Alicante se
traduce en que este año 2015 cada alicantino recibirá en inversiones de la
Generalidad Valenciana una media de 25 euros, frente a los 31,5 de media, es
decir, que la provincia deja de recibir
12,52 millones de euros según criterio poblacional lo que supone una merma de
inversiones territorializadas de 252,9 millones de euros entre los años 2008 y
2015. Gracias a este proclamado enamoramiento del Sr. Císcar y sus palmeros Alicante
es la octava provincia con menos médicos en relación a su población lo que
sitúa a nuestra provincia en el puesto 45 con una tasa de 328 médicos por cada
100.000 habitantes. Gracias al amor del PP, el Gobierno de España priva a los
municipios de la provincia de grandes inversiones en 2015 y, así, los
Presupuestos Generales del Estado apenas incluyen nuevas obras para Alicante,
mientras que Elche solo dispondrá de 8,5 millones para la Ronda Sur. Tanto aman
los populares a la Provincia de Alicante que el Gobierno de Rajoy destina en
2015 187,50 euros por ciudadano en las comarcas alicantinas frente a los
1.968,99 euros que ha invierte, por ejemplo, en Orense. Tan sublime amor por
esta tierra hace que el Gobierno del PP condene el trasvase Júcar-Vinalopó tras
gastarse 400 millones para enviar 8 hm3 y olvide el prometido Plan Hidrológico
Nacional, que la inversión estatal en el litoral alicantino se hunda un 98% en
siete años o que hayan relegado a nuestra provincia al puesto 26 de toda España
en inversiones para el mantenimiento de carreteras. Y ¿para qué seguir? El amor
de los Sres. Císcar, Fabra, JJ Zaplana y tantos otros líderes populares por
Alicante se traduce en cifras y hechos incontestables que relegan a la 5ª
provincia española en población y PIB al furgón de cola de las inversiones de
la Generalidad Valenciana y del Estado, ambas administraciones gobernadas por
el Partido Popular.
Los políticos pueden decir lo que les venga en
gana, hasta la última estupidez que se les pase por la imaginación, pero, por
favor, un poco de respeto a los ciudadanos, Sr. Císcar. No Insulte a nuestra
inteligencia, el patriotismo como el amor se demuestra con hechos, no con
palabras y menos aún tan cursis como huecas. Obras son amores y no buenas
razones.
Santiago de Munck Loyola
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domingo, 8 de febrero de 2015
Los yihadistas españoles están de enhorabuena.
Entre el “buenismo” pseudoprogresista
del PSOE y el acomplejamiento bobalicón
del Partido Popular, los españoles lo tenemos claro. Y ello sin mencionar al
resto de los partidos políticos más preocupados en mirarse su ombligo que en
garantizar la seguridad de los españoles. PP y PSOE han parido la semana pasada,
con tanta solemnidad como inutilidad, un pacto para luchar contra el yihadismo,
el terrorismo islamista, y entre los complejos de unos y el tontismo de otros
han parido un bodrio. Muchas de las medidas pactadas, vendidas como novedades,
ya existían en la legislación y, por el contrario, otras medidas que ya aplican
británicos o franceses han sido intencionadamente excluidas del parto, perdón,
el pacto. Y a diferencia de los franceses ni una mención a cuánto dinero se
pone encima de la mesa para luchar contra esta plaga en ciernes.
Es el caso, por ejemplo, de la
posibilidad de retirar la nacionalidad española a los condenados por
actividades ligadas al yihadismo. Los franceses ya lo hacen y los británicos no
se esperan para hacerlo ni siquiera a la existencia de una condena. Dicen los
expertos policiales, que de esto deben saber algo más que los políticos, que se
trata de una de las medidas más importantes para combatir el terrorismo
islámico “la retirada de la nacionalidad
sí es algo que considerábamos eficaz puesto que conlleva en muchos casos la
pérdida del empleo y dificultades para seguir residiendo en España con los
mismos derechos que siendo español”. Los socialistas se oponen porque según
ellos “Las leyes españolas son de las más
garantistas y hay que tener en cuenta que retirar a alguien la nacionalidad no
solo perjudica al individuo afectado, sino a toda su familia, algo que
consideramos injusto”. ¡Hay que fastidiarse! Y ¿meter en la cárcel a un
delincuente no perjudica a su familia? Tanta simpleza y tanta demagogia, la
verdad es que aburre.
Pues nada, lo dicho, gracias a
socialistas y populares, con la complicidad silenciosa de los demás partidos,
más de cien españoles de origen fundamentalmente magrebí que actualmente se
adiestran o combaten en los territorios controlados por los yihadistas y que se
perfeccionan en las técnicas más salvajes e inhumanas de muerte y tortura
podrán regresar a España, el país que los acogió y otorgó en su día la
nacionalidad española, para, si no los atrapan, poder aplicar aquí sus
sanguinarias técnicas aprendidas en los territorios controlados por los
execrables islamistas del llamado estado islámico. Y lo podrán hacer como
ciudadanos españoles de pleno derecho. ¡Faltaría más!
Mucho han cambiado las cosas. El
tontismo buenista y los complejines tratan de anestesiar a la sociedad española
y de poner sordina al ruido de un peligro latente que terminará por causar
profundos daños y mucho dolor. En la década de los 80, un ciudadano
comunitario, criado en España e hijo de española, tenía que sufrir un largo
proceso administrativo de varios años para adquirir la nacionalidad española en
el que debía demostrar con documentos y testigos su arraigo, su integración y su
aceptación de los valores y legalidad de la sociedad española. Hoy da la
sensación de que todas esas exigencias, sobre todo cuando se comprueba el nivel
de “españolidad” de muchos de estos nuevos españoles, parece que han
desaparecido. Algunos deberían asumir que alguien que cree que sus normas
religiosas deben ser impuestas a través de la legislación civil, que es lícito
y normal concertar el matrimonio de sus hijas menores de edad, que la mujer es
inferior al hombre y que no puede gozar de los mismos derechos, que la
violencia, hasta la ejercida en el seno de la familia, es lícita y exigible o que
la libertad de expresión debe ser reprimida, no está integrado, no participa de
los principios y valores constitucionales y que, por tanto, no puede ni
adquirir ni conservar la nacionalidad española.
Dice el Artículo 25 del Código
Civil que “1. Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad:
b) Cuando entren voluntariamente
al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero
contra la prohibición expresa del Gobierno”. ¿Tan difícil es, si hace falta,
retocar ligeramente este artículo para proteger mejor a los ciudadanos?
Santiago de Munck Loyola
miércoles, 4 de febrero de 2015
Esperanza Ciudadana con los enfermos de Hepatitis C.
COMUNICADO.
Esperanza Ciudadana con los enfermos de Hepatitis C.
Los pacientes afectados por la
infección del virus de la
Hepatitis C llevan meses exigiendo a las Administraciones
Públicas la financiación del nuevo fármaco
(Sofosbuvir) que ha demostrado gran eficacia en la curación de la enfermedad.
El precio abusivo impuesto por la multinacional que lo comercializa (entre
25.000 y 65.000 € el tratamiento por persona), impide el acceso universal al
mismo. Ni las Comunidades Autónomas con competencia para ello, ni el Ministerio
de Sanidad están financiando de forma suficiente el tratamiento. Hoy sólo un
máximo de 5.000 personas, de las 30.000 que según las asociaciones médicas
requieren el tratamiento, tendrán acceso al mismo. Tan sólo en la Provincia de Alicante se
calcula que existen más de 5.000 afectados por esta enfermedad. Resulta
paradójico que un país que financia el aborto sin problemas encuentre tantas
dificultades económicas para salvar la vida de los enfermos de Hepatitis C.
Ante este drama que se cobra
vidas a diario, ni el Gobierno de España ni los Gobiernos Autonómicos han hecho
lo suficiente para garantizar el tratamiento a todos los afectados. Es una
emergencia sanitaria y el Gobierno español podría autorizar la producción de
genéricos con el fin de dar tratamiento a precio sostenible a los afectados por
Hepatitis C sin vulnerar las disposiciones internacionales.
Por todo ello, Esperanza
Ciudadana de Alicante manifiesta la siguiente:
1º Su apoyo y solidaridad con los
enfermos de Hepatitis C así como con sus familias.
2º Exigir al Gobierno de España,
a la
Generalidad Valenciana y a todas las administraciones
públicas con competencias a que realicen los esfuerzos presupuestarios
necesarios para financiar de forma inmediata, hasta que se articulen otros
mecanismos, los tratamientos médicos prescritos.
3º Instar al Gobierno español a
que:
a) Declare la situación de los
pacientes afectados por Hepatitis C como emergencia sanitaria.
b) Realice urgentemente los
trámites necesarios para la emisión de licencia obligatoria de Sofosbuvir,
autorizando el abastecimiento del mercado interno de este producto mediante la
fabricación de genéricos garantizando el tratamiento para todos los que lo
necesitan según los criterios médicos.
c) Inste a los organismos
internacionales y a los países miembros de la UE a la modificación de la legislación de las
patentes farmacéuticas para evitar los efectos perniciosos de la especulación
financiera, como en el presente caso.
d) Incremente los fondos
destinados a la investigación farmacéutica.
3 DE FEBRERO DE 2015.
martes, 3 de febrero de 2015
Comunicado de Esperanza Ciudadana de Alicante.
COMUNICADO.
Esperanza Ciudadana de Alicante denuncia una vez más las políticas
discriminatorias del PP hacia nuestra Provincia.
El
sábado pasado, 31 de enero de 2015, el Ministro de Hacienda, Sr. Montoro, ante
un auditorio compuesto por empresarios y cargos públicos del Partido Popular
reconoció públicamente, por fin, que la Comunidad Valenciana
está infrafinanciada, que es deber del Gobierno corregir esta situación y que
el Gobierno del Partido Popular no ha tenido, ni va a tener tiempo en esta
legislatura de acabar con esta discriminación que venimos sufriendo los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana
y, en especial, los ciudadanos de la Provincia de Alicante.
Esperanza
Ciudadana de Alicante, como partido comprometido con la defensa de los
intereses de los alicantinos, desea manifestar su repulsa por el cinismo y la
clara falta de voluntad política del Partido Popular de acabar con una
situación profundamente injusta e insolidaria para los ciudadanos de Alicante.
Igualmente quiere resaltar la falta de peso y la ausencia de compromiso con los
ciudadanos de la Provincia
de Alicante de los cargos públicos del Partido Popular que manifiestan una sumisión
indigna ante los dictados y políticas de su partido en detrimento de los
ciudadanos que con su voto los auparon para defender sus intereses y no los de
su partido.
Alicante
no sólo sufre la discriminación histórica de la Generalidad
Valenciana que siempre relega a la provincia al último puesto
en cuanto a transferencias e inversiones, sino también la discriminación del
Gobierno de la Nación
que prima a otras comunidades autónomas a pesar de la histórica lealtad de
Alicante con el proyecto común que es España.
Esperanza
Ciudadana quiere hacer un llamamiento no sólo al tejido empresarial, sino al
conjunto de los colectivos sociales que tienen que soportar este continuo
desprecio para que tomen conciencia de esta realidad y, en consecuencia, actúen
y exijan lo que por justicia corresponde a los alicantinos.
2 DE FEBRERO DE 2015.
lunes, 2 de febrero de 2015
El PP sin propósito de enmienda.
Cuando de
pequeños nos enseñaban el catecismo nos decían que para hacer una buena
confesión, y por tanto para obtener el perdón de los pecados, era necesario y
por este orden empezar por hacer examen de conciencia, sentir dolor de los
pecados, hacer propósito de enmienda, confesarse y cumplir la penitencia.
El sábado
pasado, la alegría de la huerta, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se
personó por fin, tras seis meses de retraso, en un acto con empresarios de la Comunidad Valenciana
y líderes regionales y locales del Partido Popular. Los socialistas habían interpretado
este acto como una “contraprogramación” del PP al cónclave socialista que los
“barones”, excepción hecha de Susana Díaz, celebraban también en Valencia, pero
en el fondo la comparecencia del simpático Ministro de Hacienda les ha venido
bien, sobre todo a los socialistas valencianos.
Y es que parece
que Cristóbal Montoro ha debido decidir que es hora de obtener el perdón de los
ciudadanos de esta Comunidad que, dicho sea de paso, no están representados por
los empresarios, ni mucho menos. Ha debido hacer examen de conciencia y hasta
podría parecer que siente dolor por sus “pecados”. Por fin, se ha dignado a
reconocer tarde y mal que la Comunidad Valenciana está “infrafinanciada” con
el actual sistema de financiación autonómica. El ministro tras reconocer lo que
todos sabíamos menos él y sus subordinados ha señalado que la obligación de un
Gobierno es corregirlo y, a renglón seguido, no tuvo empacho alguno en admitir
que el Gobierno del Partido Popular, conociendo esta injusticia, no lo ha hecho
porque ha estado centrado en “salir de la crisis” y que, ahora, ya no hay
“tiempo” para reparar el daño que se está haciendo a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
Ya se sabe, el Gobierno del Partido Popular no puede hacer dos cosas a la vez,
no puede trabajar por “salir de la crisis” y resolver las injusticias en la
financiación autonómica, no puede ocuparse de la economía y hacer política
simultáneamente y por ello ha aparcado promesas electorales como la de la
reforma de la Ley
del Aborto. No dan para más.
Es evidente que
el Ministro Montoro y sus silentes acompañantes Fabra, Ciscar, Bonig, etc.
quieren hacer trampa. Buscan el perdón de sus pecados pero sin propósito de
enmienda alguno y, por supuesto, sin cumplir ninguna penitencia. Con ellos, los
alicantinos no estamos de enhorabuena ni mucho menos. Porque a la
infrafinanciación de nuestra comunidad, discriminación pura y dura, sumamos la
infrafinanciación y discriminación que desde hace años recibimos desde
Valencia. Gobierne el PPCV o el PSPV, Alicante sigue siendo la provincia que
menos recursos recibe de la Generalidad
Valenciana. Es un hecho cierto y constatado por numerosos
informes que Alicante no percibe ni del Estado ni de la Generalidad
Valenciana lo que, por su población y economía, en justicia
le corresponde y es una realidad incontestable que nuestros paniaguados
representantes no levantan la voz contra ello, no sea que pierdan el asiento. En
Esperanza Ciudadana queremos acabar con ello y lo haremos si contamos con el
respaldo de los alicantinos.
Santiago de
Munck Loyola
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