José Ciscar y José Juan Zaplana deberían dimitir a la par que la Alcaldesa.

Poco o nada ha cambiado en la situación procesal de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, salvo el hecho que ha sido imputada en un nuevo caso, el asunto “Rabasa”, promovido por la acusación particular, Izquierda Unida. Poco o nada ha cambiado con respecto al año 2012 en su situación procesal porque su estatus sigue siendo el mismo, el de imputada. Al día de hoy ni está procesada por delito alguno ni, mucho menos, condenada. Y ya sabemos lo que en España significa estar imputado. Por cierto, hay que denunciar que el lento funcionamiento de la justicia que alarga durante años la instrucción de los casos y, con ello, las imputaciones constituye una burla a los derechos fundamentales y libertades públicas protegidos por la Constitución en el Artículo 24.

Y, de repente, como si una nueva imputación supusiera un cambio radical en el estatus judicial de la Alcaldesa se monta todo un espectáculo. Periódicos que durante años han omitido cualquier crítica o noticia adversa a la gestión de la Alcaldesa, ven la luz, se caen del caballo y empiezan a publicar noticias con todo lujo de detalles. Y en el PP se ponen muy nerviosos y empiezan a enseñar la puerta de salida a la Alcaldesa y a buscarle sustituto. ¿Tanto ha cambiado el asunto? Evidentemente no. Pero hay elecciones municipales dentro de 9 meses y el PP teme que los alicantinos le pasemos factura por haber convertido nuestra ciudad en un paradigma de la corrupción y del “chalaneo” político-empresarial. Y a esa circunstancia hay que añadir otra muy enraizada en lo más profundo de algunas personas. Los miserables suelen ser oportunistas. Suelen actuar como las aves carroñeras y se alimentan de los despojos. Dicho de otra forma, siempre hay gente dispuesta a hacer leña del árbol caído. Pero seamos serios. Muy poca gente y muy pocos medios de comunicación de Alicante que hoy andan despotricando se han atrevido en los últimos años a alzar su voz contra los abusos y la gestión de Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante. En el PP nadie, salvo dos personas y pagamos con la expulsión por ello, alzó la voz públicamente. Todos los concejales del PP, todos sin excepción desde Carlos Castillo hasta Luis Barcala, han permanecido callados como tumbas, han sido partícipes de una nefasta gestión municipal y han avalado con su presencia en el equipo de gobierno el desprestigio de nuestro Ayuntamiento. Y la dirección provincial del PP no sólo ha avalado estos años a la Alcaldesa sino que, además, conocida su primera imputación la promocionó concediéndole el mando sobre el desmembrado PP de la ciudad. No es posible olvidar que ante la corrupción no caben las medias tintas. O se denuncia o se transige y lo segundo, cuando se ostentan responsabilidades políticas, es complicidad.

Hay que decirlo alto y claro: si en 2012 Sonia Castedo podía, pese a estar imputada, seguir al frente de la Alcaldía y del PP con la bendición y protección de José Ciscar y de su mano derecha, José Juan Zaplana, hoy, en 2014, no debería existir ninguna razón objetiva para lo contrario. Y si ahora sus protectores, José Ciscar y José Juan Zaplana, han cambiado de criterio es que se equivocaron gravemente dañando a esta ciudad y si ahora entienden que la imputación no le permite seguir al frente del Ayuntamiento, son ellos dos los que también deben irse a casa, porque son ellos dos los responsables de que estando imputada haya permanecido durante dos años representando al PP y a los alicantinos en el Ayuntamiento. No lo harán con toda seguridad porque ambos personajes no se han distinguido nunca por su defensa de los valores y principios que deben animar el servicio a la ciudadanía, sino que se mueven por simples cálculos electoralistas.

Con todo, no hay que olvidar que Sonia Castedo goza de la presunción de inocencia y, al día de hoy, es inocente. Andar pidiendo su prisión preventiva es una majadería propia de ignorantes y de oportunistas sin escrúpulos. ¿Tendría que dimitir? Parece que sí. Tendría que haberlo hecho en 2012, porque está bajo sospecha judicial por múltiples causas, porque ha incumplido sistemáticamente el programa electoral por el que elegida y porque no ha representado a los alicantinos, tal y como evidencian las grabaciones difundidas, con la dignidad y altura que el cargo institucional y la representación de todos los alicantinos requería.

Santiago de Munck Loyola

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Ayuntamiento de Alicante: llueve sobre mojado.

Lo han vuelto a conseguir. La ciudad de Alicante vuelve a ser noticia en toda España gracias a los líos judiciales de su Alcaldesa, Sonia Castedo. Por segunda vez en menos de dos años, un juez vuelve a imputar a la Alcaldesa, en este caso el juez que instruye el 'Caso Rabasa', por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Y junta a ella ha imputado a su amigo, el autodenominado “la polla insaciable”,  el empresario Enrique Ortiz.

Nuestro Ayuntamiento vuelve a ser un referente nacional y no precisamente por la calidad de los servicios que presta, sino por las sospechas de corrupción que salpican a varios de sus más relevantes cargos públicos. Todo un logro labrado, paso a paso, desde hace muchos años y del que quedan muchas facetas por descubrir. El descrédito del Ayuntamiento de Alicante y de los cargos políticos que lo dirigen es absoluto y merece una condena sin paliativos. Al margen de las responsabilidades que los procedimientos judiciales en curso contra la alcaldesa y varios concejales populares terminen por determinar (hasta ahora todos son inocentes) lo cierto e innegable es que existe una clara responsabilidad política por haber deteriorado y arrastrado por el fango la imagen y el nombre del Ayuntamiento de Alicante. Y las cosas claras: la responsabilidad política de haber llegado hasta este punto de descrédito es exclusivamente del Partido Popular, de sus dirigentes que no sólo no han querido adoptar medidas para evitarlo, sino que además han sido encubridores políticos y protectores de esta escandalosa situación, y de sus afiliados que, salvo honrosas excepciones, han permanecido mudos, dóciles y sumisos ante esta desastrosa y repugnante forma de hacer política.

Hoy, en el Partido Popular andan muy preocupados con esta situación. Pero que no se engañe el lector, la preocupación no deriva de cuestiones éticas o de principios políticos, no. La preocupación deriva de un simple cálculo electoral. Están evaluando el daño en término de votos que toda esta situación les va a reportar en las próximas elecciones municipales. Y hoy existe esta preocupación porque cuando debían haber tomado medidas ejemplarizantes no sólo no las tomaron, sino que además reforzaron la posición política de la Alcaldesa.

Cuando hace casi dos años Sonia Castedo fue imputada por primera vez, los responsables del PP alicantino, José Ciscar y José Juan Zaplana, se alinearon con ella, asistiendo incluso el segundo a una cena de homenaje organizada con ocasión de la imputación. Pusieron en marcha los mecanismos para expulsar a los pocos afiliados que entonces reclamaron que la alcaldesa y cualquier otro concejal imputado fuesen apartados del Grupo Municipal Popular. Y fraccionaron al PP alicantino para poder sortear las normas internas que impedían que la Alcaldesa pudiera presidirlo y la nombraron Coordinadora de las fracciones resultantes. Es evidente que si entonces hubiesen actuado con firmeza, si entonces la hubiesen apartado del Grupo Popular (otra cosa no podían hacer porque el acta de concejal es de ella) hoy el panorama sería muy diferente y no estarían hablando de “buscarle una salida digna” o de encontrar un “recambio” que esquive el fatal pronóstico electoral que se anuncia para mayo.

José Císcar, José Juan Zaplana y todos los concejales del equipo de gobierno, cómplices con su silencio de toda esta situación, son los principales responsables de lo que está pasando. Han sido incompetentes, sectarios, complacientes y tolerantes con conductas inaceptables, encubridores políticos de una forma de gobernar “bananera” en el peor sentido de la expresión. Ahora andan como locos buscando una solución al problema que ellos mismos han creado pero no lo hacen porque crean en la regeneración política, no lo hacen por principios, lo hacen sólo por puro mercantilismo electoral. Y decidan lo que decidan, la solución que encuentren, el recambio que busquen nacerá viciado de origen porque, una vez más, lo harán sin contar con sus abnegados militantes cuya opinión les importa muy poco. Si los problemas judiciales de Sonia Castedo la incapacitan políticamente para seguir gobernando y tienen que “buscarle una salida digna” (o sea otro cargo público) ¿no la incapacitan para seguir cobrando de otro presupuesto público? La única salida digna es dejar la política y buscarse la vida como cualquier ciudadano. ¿Y el recambio? ¿Van a preguntar a los afiliados? ¿Va a salir de entre los miembros de un Equipo de Gobierno responsable de adjudicaciones escandalosas y corresponsable de la sucia imagen de nuestro Ayuntamiento?

Peor no se podía haber gestionado esta situación. Los José Ciscar, José Juan Zaplana, Sonia Castedo, Andrés Llorens, Marta García-Romeu, Juan Seva, Antonio Ardid, Miguel Valor, Carlos Castillo, María Ángeles Goitia, Sonia Alegría, Pablo Sandoval, Adrián Santos, Belén González, Oti García-Pertusa, Juan Zaragoza, Mariano Postigo, María del Carmen de España, Luis Barcala y Tomy Duarte han estafado políticamente a los ciudadanos de Alicante, han defraudado la confianza de los votantes y han abierto la puerta del gobierno de la ciudad a la izquierda alicantina. Lamentablemente lo comprobaremos en unos meses.

Santiago de Munck Loyola

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La reforma de la ley del aborto: el PP ni está ni se le espera.

No tomarse en serio al adversario político es uno de los peores errores que se puede cometer. Y otro grave error es no aprender del adversario, siempre hay algo en sus estrategias y sus tácticas que merece la pena ser tenido en cuenta. Ambos errores los ha venido cometiendo, una y otra vez, el Partido Popular. Desconozco las causas de esta forma de proceder, arrogancia, soberbia, prepotencia,… pero lo cierto es que se repite una y otra vez. Ocurrió cuando Rodríguez Zapatero se puso al frente del PSOE y no sólo fue menospreciado por los populares, sino que incluso en las filas socialistas hubo quien le llamaba “Bambi”. Pues bien, “Bambi” o “Pancartero” ganó contra muchos pronósticos las elecciones generales de 2004 y dejó noqueada durante años a la derecha española. Y a Zapatero no le tembló el pulso para ponerse de inmediato a cumplir lo que había ido prometiendo detrás de las pancartas y en su programa electoral.

El 16 de abril de 2004 Zapatero fue investido Presidente del Gobierno y a los 3 días, el 19 de abril, ordenó la retirada de las tropas española de Irak. A las pocas semanas de formar gobierno, el 18 de mayo de 2004, dejó en suspenso por decreto ley la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que había sido promulgada el 23 de diciembre de 2002 por el segundo gobierno de José María Aznar y que pretendía reformar y mejorar la educación en España. Ni tan siquiera llegó a aplicarse. Y a mediados de junio del mismo año su gobierno derogó el trasvase del Ebro recogido en el Plan Hidrológico Nacional. Como puede verse, no tardó ni dos meses en ejecutar tres de las principales promesas que había hecho a sus votantes.

Esta semana, casi tres años después de que el Partido Popular ganase las elecciones generales por mayoría absoluta hemos conocido por algunos medios de comunicación que el Gobierno está sopesando enterrar el anteproyecto de Ley sobre la modificación de la regulación del aborto. Hay que recordar que el programa electoral para las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 2011 el Partido Popular incluía la modificación de la ley del aborto, es decir, que se trata de uno de los compromisos electorales por los que fue elegido mayoritariamente (Página 108. Medida 6ª “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto…”).

Tres años han pasado y el Sr. Rajoy, su gobierno, su Grupo Parlamentario y sus cientos de miles de afiliados no han tenido tiempo para cumplir algo tan elemental que habían prometido: cambiar el modelo actual, cambiar el modelo establecido en la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se puede comprender que, entre tantas cabezas pensantes y sin un liderazgo político y moral evidente, no sean capaces de alumbrar una nueva regulación que aglutine a todas las supuestas “sensibilidades” existentes en el PP, pero bien que podían haber hecho algo muy simple para empezar a cumplir de una vez alguna de sus promesas, podían y pueden aún, imitar al Sr. Zapatero y suspender la aplicación de esta Ley o sencillamente derogarla dejando vigente la anterior regulación, un mal menor, la Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985.

Hay quien se escuda diciendo que hacerlo ahora no sería conveniente desde un punto de vista electoral lo que vendría a corroborar la idea de que, al fin y al cabo, lo que cuenta es asegurarse la poltrona, no los principios, ni los compromisos. ¿Y por qué no lo han hecho antes? ¿Acaso se les ha votado para que se aseguren la poltrona o para que cumplan con lo prometido? Y ¿Dónde están las voces de las decenas de miles de cargos públicos del PP que asumieron ese programa electoral? Nunca antes un partido político se ha situado tan lejos y ha despreciado tanto a sus votantes como éste. La aparición de “Podemos” parece que les ha venido bien porque piensan que levantando ahora la bandera de que viene el coco recuperarán a sus votantes y, por eso, no tienen problemas en que los grandes grupos mediáticos den cancha a esta formación. Pero se equivocan, están alimentando a una fiera que terminará por comérselos.

Padecemos un partido de centro derecha hegemónico cobarde, soberbio y acomplejado que entiende la política como un medio y no como un fin. De los principios han pasado a lo “políticamente correcto” y de lo “políticamente correcto” han dado el salto a la “política sostenible” de la burocracia partidista y de la casta dirigente. Una pena.

Santiago de Munck Loyola

La regeneración democrática y los sucedáneos oportunistas.

Todo parece indicar que el Partido Popular ha puesto en el primer lugar de su agenda política la “regeneración democrática” o, mejor dicho, un sucedáneo de la “regeneración democrática”, una visión muy particular sobre esta idea. Ministros, algunos cargos públicos y dirigentes populares llevan varias semanas hablando de regeneración y bajo esta idea están trasladando a la opinión pública propuestas como la discutible elección directa de alcaldes o la drástica reducción de aforados. Es verdad que en el Programa Electoral del Partido Popular del año 2011, ignorado en la Comunidad Valenciana y en especial en Alicante, ya se apuntaban algunas propuestas de regeneración, pero tiene lo suyo que se acuerden de ello después de tres años de gobierno y que las propuestas hasta ahora hechas públicas sean tan raquíticas e interesadas.

Hablar de regeneración tras tres años de gobierno y hacerlo en los términos que se hace significa que se trata de una respuesta estratégica a los resultados electorales últimos y que no responde a un íntimo convencimiento de la necesidad de regenerar nuestro sistema democrático. Hablamos, por tanto, de tácticas y no de principios políticos, no nos dejemos engañar. Encuesta tras encuesta, los datos señalan que la mayoría de los ciudadanos se ha distanciado de los políticos, de los partidos y del propio sistema democrático que ellos monopolizan y que algunos de ellos corrompen con el silencio cómplice de los demás, salvo honrosas excepciones. Los ciudadanos demandan fundamentalmente ejemplaridad, participación y firmeza ante la corrupción. De ninguna de esas cosas han hablado los dirigentes populares cuando han empezado a levantar la bandera de la regeneración democrática. Y haciendo un paréntesis no puedo olvidar un documento del PPCV apoyado por Alberto Fabra, José Ciscar, José Juan Zaplana y otros líderes regionales del PP en el que se indica textualmente que no resulta admisible reivindicar la idea de regeneración democrática en el seno del Partido Popular, para justificar la expulsión de los afiliados regeneracionistas.

Hay algo básico y esencial que olvidan los conversos a la regeneración democrática y es que para promoverla, para intentar convencer a los ciudadanos de la honestidad y nobleza de sus propuestas hay que tener credibilidad. Nuestro sistema político, nuestra democracia necesita medidas de regeneración porque los principales actores del sistema, los partidos políticos, lo han deteriorado, lo han prostituido porque se han convertido en unas maquinarias burocráticas que no cumplen con los mandatos constitucionales. La mayoría de los partidos políticos padecen un fuerte déficit de democracia interna y han dejado de ser cauce de participación ciudadana. Son organizaciones endogámicas poco permeables a las necesidades sociales porque su funcionamiento se sustenta en una clase política privilegiada frente a los ciudadanos. Por ello, la primera medida regeneradora que debería ser puesta sobre la mesa es la regeneración de los propios partidos políticos, de los agentes que han de regenerar, a su vez, el sistema político. Si esa regeneración interna, en este caso del Partido Popular, apostando por la democracia interna, por el debate interno y la participación de sus militantes y simpatizantes, por la transparencia en su financiación, por el cumplimiento de los programas y por el rigor frente a los aprovechados y corruptos, no se produce de forma previa no pueden tener credibilidad sus propuestas de regeneración del sistema político. La prueba de ello es que las dos iniciativas recientemente puestas en circulación no nacen de un debate interno en el que los afiliados hayan podido discutir y realizar propuestas, no. Nacen de un gabinete que analiza resultados y encuestas y una dirección política, un sanedrín, que marca el rumbo y reparte los argumentarios de arriba a abajo.

Lo sensato y coherente sería que, una vez arreglada la propia casa por dentro, se realizasen propuestas de regeneración creíbles. Y dentro de esas medidas, lo prioritario para la mayoría de los ciudadanos no es, seguramente, cómo se elige a los alcaldes. Lo más probables es que la mayoría de los ciudadanos apostase por la ejemplaridad de la clase política, por acabar de una vez con los privilegios (aforamientos, tributación fiscal especial, ingresos exagerados, pensiones especiales, etc.) de quienes dicen que creen ahora en la regeneración, y por cualquier medida para erradicar la corrupción, para exigir responsabilidades por la mala gestión de algunos, para recuperar el dinero distraído de las arcas públicas, etc. La corrupción no sólo se combate con leyes, se previene con más democracia en las instituciones y en los partidos políticos. Regeneración democrática sí, sucedáneos no.

Santiago de Munck Loyola

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