Los
pronósticos se han cumplido de forma inexorable y hoy el Presidente del Consejo
General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo D. Carlos Dívar ha presentado
su dimisión. Fue objeto de una falsa denuncia por malversación por parte de
otro miembro del Consejo, D. José Manuel Gómez Benito, gran amigo del ex juez y
delincuente D. Baltasar Garzón, denuncia que no prosperó, pese a lo cual no ha
dimitido. Resulta paradójico que quien formula una falsa denuncia siga en su
puesto y quien es objeto de la misma dimita. Pero hay que tener en cuenta que,
al margen de lo anterior, los gastos en los que ha incurrido el Sr. Dívar en
sus viajes y que ha cargado al erario público son legales, de acuerdo con las
normas internas del propio Consejo, y no constituyen un delito, pero a todas
luces cargar al presupuesto público parte de dichos gastos es éticamente
reprobable e inaceptable para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Ni ética,
ni estéticamente resulta admisible que el máximo representante del Poder
Judicial haga un uso tan pródigo de los fondos públicos, por lo que su dimisión
está más que justificada.
Ahora
bien, la dimisión por unos hechos legales, pero socialmente reprobables, supone
establecer un listón alto, un nivel de exigencia ética que debe ser extensible
a tota la clase política, Este caso no puede ser considerado como un hecho
aislado sin repercusiones en todos los ámbitos de la vida pública española. Lo
coherente es exigir lo mismo, es decir, la dimisión de cuantos haciendo un uso
legal de fondos públicos su conducta suponga un beneficio particular, de
cuantos aprovechan los fondos públicos para viajar y hacer turismo político a
costa de los contribuyentes. Es muy probable que los viajes del Defensor del
Pueblo de Cataluña, el ex comunista D. Rafael Ribó, a más de 50 países, entre
ellos Las Bermudas, Colombia o Taiwán, en dos años y acompañado de un
importante séquito hayan sido absolutamente legales, pero son ética y
moralmente reprobables. Se mire por donde se mire no hay quien se crea que para
desarrollar sus funciones como Defensor del Pueblo catalán tenga la necesidad
de viajar a 50 países y pasar cerca de 200 días, en dos años, fuera de su
despacho de trabajo. El Sr. Ribó debería haber sido el primero en aplicarse a si
mismo y a sus 85 colaboradores la austeridad que se impone al resto de los
ciudadanos. Por tanto, su dimisión es tan exigible como la del Sr. Dívar salvo
que en este caso, por ser de izquierdas y catalán, goce de algún tipo de bula
que le exima de esta exigencia ética.
Y
no se puede pasar por alto, puestos a subrayar la generosidad con que algunos
emplean a favor de si mismos los fondos públicos, el hecho de que nuestros
Diputados y Senadores viajan gratis total aún cuando se trate de
desplazamientos estrictamente privados. Es una práctica legal porque sus
señorías se han dotado a si mismos de las normas que bendicen esta práctica,
pero es, hoy más que nunca, un hábito tan reprobable como los anteriores. Como
ya se destacó en estas páginas, el Congreso de los Diputados en el año 2011
pagó a Iberia y a Renfe más de 7 millones de euros por los viajes públicos y
privados de sus señorías. Todo legal, pero repugnantemente inmoral y más con la
que está cayendo.
Un
servidor, harto de tanto abuso, quiere saber los nombres de los parlamentarios
que cargan a la cuenta del Congreso sus viajes privados así como el importe de
los mismos. Es un derecho elemental para conocer el destino de sus impuestos y
la catadura moral de sus representantes. Para ello, el autor de este escrito
envió una instancia al Congreso de los Diputados que a continuación se
reproduce por si algún lector, tentado por la misma curiosidad, desea copiarla
y remitirla. Es muy probable que no respondan, pero por intentarlo que no
quede.
Santiago
de Munck Loyola
________________________,
con DNI ----------, con domicilio en la C/ ______________ nº ____,
C.P._________ de _________________,
EXPONE
Que
ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación ( http://www.larazon.es/noticia/8106-los-diputados-gastaron-mas-de-7-millones-en-aviones-y-trenes-en-2011
) que el Congreso de los Diputados pagó en 2011 a las compañías Iberia
y Renfe más de 7.200.000 euros por viajes de sus Señorías, tanto de carácter
público como privado;
Que
el pago de los viajes privados de los diputados puede que sea una práctica
legal si así está establecido en las disposiciones aplicables y en el presupuesto
del propio Congreso, pero constituye, de ser cierta la noticia, una práctica
inmoral y carente de ética especialmente relevante en las actuales
circunstancias económicas y sociales;
Que,
en todo caso, si esta información es cierta, el compareciente desea conocer la
cuantía exacta abonada a estas empresa o a otras en concepto de viajes privados
de sus señorías, así como la cuantía exacta abonada en concepto de viajes
privados de cada miembro del Congreso de los Diputados, en la seguridad de que dicha
información debe ser pública y transparente y de que su conocimiento no supone
ni un peligro para la seguridad del estado, ni una intromisión en la intimidad
de sus señorías, por lo que
SOLICITA
Que,
habiendo presentado este escrito, se sirva admitirlo y, a su vista, proceda a
entregar al solicitante certificación comprensiva de los gastos abonados por el
Congreso de los Diputados en concepto de viajes privados de los Diputados y la
relación nominal de los Diputados que han cargado los gastos derivados de sus
viajes privados con indicación de la cuantía correspondiente.
En
________, a _____ de __________ de 2012.
Fdo.___________________________
A/a Excmo. Sr. D. Jesús María
Posada Moreno. Presidente del Congreso de los Diputados.