Por un mismo criterio para los imputados.

El pasado mes de abril, el jefe del Consell y Presidente Regional del PP, Alberto Fabra, manifestó que era necesario "aparcar" a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza" de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad". Hace pocos días, Alberto Fabra, ha justificado dos dimisiones de cargos autonómicos imputados en la pieza separada del caso Palma Arena relacionada con el Instituto Nóos argumentando que "los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad". Fabra añadió que "en esta administración no puede haber imputados porque los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad: Desde mi Gobierno tenemos muy claro que aquellas personas que estén involucradas en algún proceso judicial van a tener que dejar sus responsabilidades" y que "en estos momentos no podemos hacer otra cosa que seguir generando la confianza en el ciudadano, que está exigiendo ejemplaridad".

Parece que el Presidente participa, de una parte, de la generalizada confusión existente en torno al concepto de “imputación” y, de otra, que no aplica el mismo criterio en la Administración que dirige que en las administraciones encabezadas por cargos del PP, partido que él mismo también preside. No parece coherente aplicar un criterio en la Generalitat y, por otra parte, no exigir que se aplique en las demás administraciones públicas cuyos cargos dependen orgánicamente de él. O todos moros o todos cristianos.

En cuanto al alcance del concepto “imputado” hay que empezar por subrayar lo obvio: todo imputado es inocente en virtud del principio de presunción de inocencia recogido en el Art. 24.2 de la Constitución. Se recibe la denominación de imputado cuando una persona está siendo investigada en un procedimiento abreviado (es decir, cuando el hecho investigado esté castigado con menos de 9 años de privación de libertad) por un juez para determinar si hay base para sostener una acusación por la existencia de un presunto delito. Se recibe la denominación de procesado cuando una persona está siendo investigada en un procedimiento ordinario (cuando el hecho investigado esté castigado con más de 9 años de privación de libertad). Una persona imputada o procesada es una persona que está siendo investigada y pasará a ser acusada cuando se cierre la investigación y pase a ser juzgada.

Imputados o procesados, que no acusados, son personas que de momento sólo están siendo investigadas, no están aún acusadas de la comisión de un delito. Y, aclarado ésto, lo procedente desde una perspectiva política es trazar la línea, determinar el momento en que una persona, aún inocente, debe dejar su cargo público. Y no se trata de una decisión fácil de establecer porque en política pocas veces hay marcha atrás y la experiencia ha demostrado que políticos absueltos de toda culpa nunca han podido regresar a sus responsabilidades ni nadie les ha repuesto su honor. A la condena mediática previa, implacable e irresponsable muchas veces, siempre se ha sumado la incapacidad y el egoísmo de las organizaciones políticas para reponer el honor, el crédito y el trabajo de los absueltos. ¿Se debe cesar o forzar la dimisión de un cargo público cuando es imputado? ¿Cuando es acusado? ¿O habría que esperar a que fuese condenado? Los ciudadanos nos hemos acostumbrado al “linchamiento” mediático y partidista de cualquier imputado. Pero ¿es justo? La duda está ahí y no es tanto una duda jurídica como ética.

Sin embargo, sea cual fuere la línea roja que se marque, lo que es indudable es que debe ser, en el ámbito de una organización política, idéntica para todos. No es de recibo que imputados de segundo nivel deban dimitir o sean cesados fulminantemente y los de primer nivel no lo hagan. El criterio debe ser exactamente igual para todos, por lo menos en el ámbito del Partido Popular ya que, al no existir norma igual para todos, cada partido político trazará su nivel de exigencia en función del valor que otorgue a la ejemplaridad frente a las garantías sobre la presunción de inocencia.

Y resulta imprescindible, en el ámbito del PP el establecimiento de un criterio igualitario, porque mientras algunos imputados dejan sus cargos, muchos otros, en idénticas circunstancias los conservan. Baste recordar que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana mantiene a muchos cargos de primera línea en sus puestos pese a estar imputados en distintos procedimientos. Solo en las Cortes Valencianas, el PP tiene siete imputados que podrían llegar a 10: Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Angélica Such por el caso Gürtel; Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, por tres causas diferentes. Y además otros dos diputados, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor Luis Díaz Alperi, ya han sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Brugal y pronto podrían ser imputados. Y, al igual que en el Grupo Parlamentario, se mantienen en diversos puestos por toda la Comunidad a distintos imputados.

Se trata de una difícil decisión para el Presidente Fabra y, de paso, para todos los Compromisarios del cercano Congreso Regional que tienen en su mano abordar este asunto con rigor, discutirlo a fondo y adoptar un criterio idéntico para todos los militantes del Partido Popular. Ojala lo hagan y acierten.

Santiago de Munck Loyola

Anguita y Almodóvar: cara y cruz de la coherencia.

Las actitudes y comportamientos de los personajes públicos, sus hechos, son mucho más relevantes que sus palabras. En estos días de agitación y añoranza para algunos del movimiento 15 M han coincidido dos comportamientos completamente opuestos y muy significativos sobre la ética y personalidad de sus protagonistas. De una parte, D. Julio Anguita ex coordinador de Izquierda Unida ha renunciado por escrito a la paga de pensión máxima vitalicia a la que tenía derecho como ex-parlamentario y para justificar tal decisión ha dicho que “con la pensión que le correspondía como maestro tenía bastante”. ¡Chapeau! Sí señor, un comportamiento más que ejemplar que pone de manifiesto la honestidad y, sobre todo, la coherencia del Sr. Anguita. Hay que reconocérselo sin ningún tipo de objeción. Y un servidor lo hace desde la más profunda discrepancia ideológica. Lo que ha hecho el Sr. Anguita es todo un ejemplo de un político de los pies a la cabeza, un ejemplo que le sitúa en un plano de superioridad moral sobre los demás políticos que, con seguridad, no le van a imitar.

Y en la otra cara de la moneda de la coherencia y honestidad política tenemos a Pedro Almodóvar (Peeeeedro…). Al Sr. Almodóvar le ha faltado tiempo para correr a la Puerta del Sol y solidarizarse con los indignados. Foto por aquí, declaraciones por allí, un autógrafo por allá y un pequeño baño de multitudes. Almodóvar es un indignado más. Claro, que Pedrito, que no es un pozo de sabiduría política (no se puede n pedir peras al olmo) debe ignorar que entre muchas otras cosas los indignados piden la supresión de las SICAV, ese invento para que los ricos paguen pocos impuestos. Y da la casualidad que nuestro renombrado cineasta, con un patrimonio superior a los 41 millones de euros, tiene varias de estas sociedades para pagar pocos impuestos, proporcionalmente mucho menos impuestos que cualquiera de los indignados.

Como buen miembro de la ceja, la sociedad de Almodóvar El Deseo ha percibido de las arcas públicas las siguientes subvenciones desde 2004 a 2008 por:

1.270.000 euros: para la distribución de “La mala educación”.      

399.000 euros: para la presencia en festivales (Cannes, Venecia, San Sebastián) y la ceremonia de los Oscar            .

383.000 euros: para la producción de ‘El patio de mi cárcel'          .

300.506 euros: para la producción de ‘Hable con ella'         .

250.000 euros: para la obra experimental ‘Historia de la montaña de la bruma'.

167.000 euros: para la conservación de negativos de diversas películas de Almodóvar.

Más de 2.7 millones de euros de dinero público para la SICAV y a tributar al 1 %. Casualmente las sociedades de Almodóvar invirtieron en 2008 dinero en Lux Invest, fondo que invertía en productos tóxicos de Bernard Madoff ¿les suena este pájaro financiero, no?

En fin, que no parece muy coherente que alguien que recibe dinero público en subvenciones, que goza de un considerable patrimonio y que elude el pago de impuestos a través de sociedades financieras legales pero éticamente reprobables, ande por ahí de “indignado”. Sus méritos cinematográficos no se cuestionan, pero su papel de figurante con pretensiones estelares en la Puerta del Sol es patético e indigno. No hay en su comportamiento la más mínima coherencia ética o política. Es la otra cara de la moneda. Y es la cara más dura e impresentable de estos agitados días.

Con su actitud no sólo se pone en evidencia, sino que además pone en evidencia las reivindicaciones de todo un colectivo que con más o menos argumentos reivindica unos postulados muy alejados de los que practica el Sr. Almodóvar. Mi admiración y respeto para el Sr. Anguita y todo lo contrario para Peeeeedro.

Santiago de Munck Loyola

¿Nepotismo en Alicante?

Ayer, 13 de mayo, el Diario El Mundo, en su edición de Alicante, http://elmundo.orbyt.es/2012/05/13/elmundo_en_orbyt/1336894931.html dedicó toda una página a relatar casos de nepotismo en el Ayuntamiento de Alicante. “Ortiz tiene en nómina al cuñado de Castedo y a los hijos del técnico que le da contratos” rezaba uno de los titulares que estaba subtitulado con la siguiente frase “trabajaban para la empresa de limpieza de la ciudad, la adjudicación más cara de Alicante”. Otro titular en la misma página: “Más casos: dos hijas de Alperi, parientes de concejales y el marido de la portavoz” con el siguiente subtítulo “el PP evita reaccionar contra los brotes de nepotismo en Alicante”. La noticia empieza diciendo que la empresa adjudicataria de la recogida de basuras y limpieza viaria, Inusa, mantiene en plantilla al cuñado de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a los dos hijos del técnico encargado de contratar este servicio en el año 2000, Víctor López,…los tres forman parte de los 600 empleados de Inusa y cobran más de 24.000 euros al año. Más adelante, el periódico añade “la primera edil tampoco ha negado nunca que se haya valido de sus influencias para emplear a gente… Castedo agregó desafiante: lo he hecho porque forma parte de mi trabajo como Alcaldesa, y lo voy a seguir haciendo”. Bajo el titular sobre las hijas de Alperi, el redactor de la noticia detalla además los casos relativos a contrataciones no sólo de las hijas del exalcalde, sino también de la hija y de la sobrina del Concejal Miguel Valor, en puestos de confianza, o el caso del marido de la Portavoz Popular Marta García- Romeu.

No son estos casos únicos en la ciudad o en la Provincia, bastaría repasar nombres de la Diputación Provincial para toparse con relaciones familiares. Ni tampoco se trata de una práctica exclusiva del Partido Popular. Pero la simple lectura de esta información no puede sino causar vergüenza ajena. A lo largo del día, uno ha esperado en balde un comunicado del Ayuntamiento rectificando o aclarando esta información, pero nada. Y no será por sobrecarga de trabajo porque con el elevado número de cargos de confianza en la Casa consistorial bien podrían haber hecho el esfuerzo de ofrecer a los ciudadanos una explicación convincente sobre el fondo de la noticia.

Queda la duda de, si entre las funciones de la Alcaldesa está, como ella dice, la de pedir empleo a los empresarios para la gente (por cierto, esta función no aparece en la Ley de Bases del Régimen Local), estas peticiones las realiza para cualquier alicantino en paro o sólo para los que conoce por amistad o relación familiar. Es una duda de trascendental importancia porque en nuestra ciudad hay más de 40.000 desempleados que se supone tendrán el mismo derecho que los ya recomendados y colocados a que la Alcaldesa se interese por ellos. Si no es así, malo, malo.

A propósito de estas preocupantes noticias tampoco está de más recordar que el Artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. Por su parte el Artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente y que son motivos de abstención los siguientes:

B) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

C) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

Seguro que habiendo contratas millonarias por medio, estos preceptos legales habrán sido tenidos en cuenta y para garantizarlo están los funcionarios habilitados nacionales, perdón, ahora estatales. Un servidor sigue confiando en que se trate de informaciones erróneas o tergiversadas y seguirá esperando una rectificación contundente o una explicación satisfactoria por parte de la Alcaldía de Alicante.

En fin, en todo caso, a veces es mejor no leer algunas noticias.

Santiago de Munck Loyola

XIII Congreso del PPCV: una enmienda para acabar con el fraude a los electores.

El próximo fin de semana se celebrará el XIII Congreso del PPCV en Alicante. En dicho Congreso, amén de la renovación de cargos, se debatirán tres ponencias que teóricamente tendrán una importante repercusión en la vida política del partido y en sus políticas públicas. Los afiliados del Partido Popular, a diferencia de lo que ocurre en otros partidos, no tienen estatutariamente el derecho a presentar enmiendas a las ponencias congresuales, algo que desde una perspectiva de la participación y la democracia interna chirría bastante. Pueden ser apoderados o interventores cuando hay elecciones, pueden pagar sus cuotas de afiliación o acudir a rellenar los actos del partido cuando son convocados, pero no pueden enviar enmiendas a las ponencias que se discuten en los diferentes congresos territoriales, algo que en la era de las comunicaciones, de las redes sociales y de la información carece de sentido.

Sólo los afiliados que resultan “elegidos” compromisarios tienen el derecho a presentar enmiendas a las ponencias a discutir en un Congreso del Partido Popular. Y ya se sabe que para poder ser compromisario en la ciudad de Alicante hay que ser miembro de alguna “familia” o participar de alguna “sensibilidad” dentro del partido. Dicho de otro modo: o tienes etiqueta o no tienes nada que hacer. Lo de las “familias” suena bastante mal, la verdad, más que nada por las connotaciones peyorativas de la expresión cuando se aplica ciertos colectivos. Lo de las “sensibilidades” recuerda bastante a aquel “contraste ordenado de pareceres” del tardofranquismo. En todo caso, por más que uno repase los estatutos del partido Popular ni las familias ni las sensibilidades aparecen por ningún sitio, sólo se menciona al afiliado como sujeto de derecho y obligaciones. Por tanto, cuando se cierran listas a compromisarios por “consenso” entre las distintas “familias y sensibilidades” existentes en el partido parece evidente que se está hurtando el protagonismo a los únicos que pueden establecer consensos, los sujetos de los derechos y obligaciones, es decir, a los afiliados.

Adela Pedrosa, Alcaldesa de Elda.
Ejemplo de político pluriempleado.

Según recoge el Diario Información en su edición de hoy (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/05/13/enmienda-plantea-castedo-barbera-rus-tengan-renunciar-escano-cortes/1253137.html) se ha presentado una enmienda a la ponencia de estatutos del próximo Congreso del PPCV por parte de D. José María Rodríguez Galán, exdirector general de Ciudad de la Luz, con el fin de que los alcaldes y portavoces populares en municipios de más de 5.000 habitantes no puedan compatibilizar ese cargo con otros. Concretamente, con un escaño en las instituciones provinciales y las cámaras autonómicas. Se trata de una excelente iniciativa, ya propuesta desde estas páginas haces meses (http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2011/09/el-pluriempleo-de-los-politicos-un.html), para evitar el pluriempleo de los políticos, aunque sólo sea parcialmente. Lamentablemente y tal como se señala el periódico en esa misma información y tras consultar con fuentes del Partido Popular es muy posible que no prospere o que, de hacerlo, sea muy adulterada. Es más que sintomático que con casi 900 compromisarios el número de aportaciones, de enmiendas, no llegue ni a las 500. Tan elevado grado de conformidad es algo decepcionante.

Esta enmienda, que podría ser mejorada y ampliada, participa de lleno del sentido común y de una exigencia ética que debería ser insoslayable para quienes habrán de votarla. Los puestos de alcaldes o de diputados están pensados y retribuidos para que los desempeñe una persona con absoluta dedicación. Ser alcalde de Alicante o diputado por la provincia es lo suficientemente relevante e importante como para que no se deba ni se pueda simultanear con otra dedicación. Hacer lo contrario, simultanear una alcaldía con un escaño, es sencillamente no hacer bien ninguna de las dos cosas. Y si se pretende afirmar lo contrario se deja en evidencia a los que sólo se dedican a su escaño o a su Alcaldía.

Las incompatibilidades deben ser hoy más rigurosas y claras que nunca. Los vecinos, los contribuyentes, los electores se merecen que los cargos electos se dediquen al cien por cien al puesto para el que han sido elegidos. Es preciso acabar con las prácticas de acaparamiento de puestos públicos por algunos insaciables coleccionistas de cargos y no sólo por la exigible dedicación y eficacia en el desempeño de los mismos, sino como medida ejemplarizante de la regeneración y la ética políticas. La norma debería ser igual para todos: una persona, un cargo, una sola retribución proveniente de las arcas públicas. Y ya está bien de acudir a subterfugios: cobrar un solo suelo público pero ampliarlo con dietas, asignaciones u otros pagos provenientes también del erario público. Y al que no le convenga que se vaya a su casa que esto de la política no es obligatorio y que a nadie se le pide que se sacrifique abnegadamente por la colectividad. Lo más probable es que muchos, si se tuviesen que buscar la vida en el sector privado, nunca alcanzarían ni de lejos los sueldos que cobran del erario público. Lo dicho, el pluriempleo de los cargos públicos es un fraude a los votantes y hay que acabar con él.

Santiago de Munck Loyola

Sobre el IBI, la Iglesia y la X.

IU y sus asociaciones satélites han estado recogiendo firmas para que la Iglesia Católica pague el Impuesto sobre Bienes Inmuebles entre otras cosas y las 35.000 recogidas las han entregado en el Congreso de los Diputados.

 (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/09/espana/1336549646.html).

Por su parte, algunos Ayuntamientos han hecho pública su intención igualmente de cobrar dicho impuesto a la Iglesia Católica. Una cosa es presentar firmas en el Congreso para que esta cámara proceda a la modificación, si la mayoría parlamentaria así lo entiende necesario, de las leyes vigentes para que se pueda cobrar el IBI o para que se deroguen los acuerdos con la Santa Sede y otra muy distinta es que algunos Ayuntamientos decidan por su cuenta cobrar ilegalmente dicho impuesto. Una cosa es evidente o los responsables de esos Ayuntamientos están engañando a los ciudadanos anunciando esa medida o están poniendo en marcha procedimientos recaudatorios ilegales que terminarán en los tribunales y que costarán mucho dinero a esos consistorios. La Ley de Haciendas locales regula claramente quienes están exentos de pagar el IBI y no se  puede cobrar dicho impuesto mientras esa Ley no se modificada parlamentariamente ni a la Iglesia, ni al Estado, ni a las Comunidades Autónomas, ni los de cualquier confesión religiosa legalmente reconocida, ni a la Cruz Roja, ni a embajadas u oficinas similares, ni a la RENFE o a Adif, ni a determinados bienes comunales, etc.

Parece que tras estas iniciativas no se esconde otra cosa que un odio y una animadversión profunda hacia la Iglesia Católica, sobre quien se centran todos los ataques, y no un sincero deseo de justicia fiscal. Desde una perspectiva laicista se olvida con frecuencia que nuestro Estado es aconfesional pero que la el Artículo 16.3 de la Constitución señala expresamente que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Las exenciones tributarias de la Iglesia, las ayudas o subvenciones públicas o la asignación tributaria de la discutida X del IRPF responden a ese reconocimiento constitucional expreso y, en definitiva, al reconocimiento del peso de una mayoría sociológica de los católicos en España.

Desde esas posiciones de IU y anticlericales se pretende acabar con la libertad de los contribuyentes para decidir si quieren o no aportar una pequeña parte de sus impuestos a la Iglesia y/o a otros fines sociales. Cada año son más los contribuyentes que marcan la X a favor de la Iglesia y ese hecho excita paralelamente los deseos de una parte de la izquierda de acabar con una de las pocas libertades que los contribuyentes gozamos a la hora de opinar sobre el destino de nuestros impuestos. No podemos opinar ni decidir si queremos que nuestros impuestos se dediquen a armamento, a subvencionar artistas, a engordar a la SGAE, a financiar a los partidos y sindicatos por poner unos ejemplos y, al parecer, tampoco deberíamos poder opinar sobre si queremos o no destinar una pequeña parte de nuestros impuestos a la Iglesia. Curioso concepto el de algunos sobre la libertad.

Hoy, más que nunca, la Iglesia y sus organizaciones desarrollan una labor social ingente supliendo la incapacidad de las administraciones públicas para llegar y socorrer a los más necesitados. La Iglesia y sus organizaciones trabajan en el campo de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de la inmigración y extienden su labor incluso más allá de nuestras fronteras, usando sus recursos con muchísima más eficiencia que los entes públicos.

No son los sindicatos, ni los partidos políticos, ni todos los demás que están exentos de pagar el IBI quienes están junto a los más pobres, quienes atienden a enfermos y ancianos o quienes dan de comer a miles de personas diariamente, no, no son ellos. Y de eso no se habla cuando se critican los ingresos que percibe la Iglesia. De eso parece que no interesa hablar.

Por ejemplo, el programa de acogida de Caritas, uno de los más emblemáticos y por el que pasaban antes de la crisis unas 400.000 personas al año, atendió en el último ejercicio a un millón y medio. La mayoría de personas atendidas tenían cargas familiares y una media de edad de 40 años. Por otra parte, el 67% de las personas que acuden a Caritas vienen derivadas desde los servicios sociales públicos, incapaces de ofrecer respuestas rápidas y eficaces. Mientras el tiempo para concertar una primera cita o entrevista inicial en los servicios sociales públicos es, como media, de casi un mes (25,9 días), en los servicios de Acogida de Caritas la espera para concertar una primera cita o entrevista inicial es, por término medio, de 4 días. Otro tanto sucede con las respuestas, ya que si el plazo de tramitación y gestión de las respuestas efectivas es de algo más de dos meses en los servicios sociales públicos (65,3 días), en Caritas el tiempo medio entre la primera cita y la respuesta efectiva es de 7,3 días. En el campo de la Educación, otro de los campos de batalla, las Escuela católicas atienden a más de 1.200.000 alumnos, lo que supone el 16 % del total del sistema educativo. Y mientras el coste medio abonado por el Estado a los centros concertados es de 2.480 euros anuales, en la escuela pública es de 5.299 euros al año.

Y para qué hablar de los comedores, albergues, centros de asistencia sanitaria, hogares de acogida o residencias de ancianos de la Iglesia y sus organizaciones. Si no los pudieran sostener los católicos,  sería el estado quien tendría que asumir su coste. Dejando al margen cualquier posicionamiento ideológico y pensando de una manera fría y calculadora solo se puede concluir que la Iglesia, con las ayudas y beneficios que recibe, ahorra además miles de millones de euros al erario público. Según algunas fuentes, este ahorro para el estado se podría situar en torno a los 30.000 millones de euros anuales.

En fin, parece que las fobias ancestrales de algunos pueden más que la lógica y la racionalidad económica, sin mencionar la sensibilidad social y el respeto a las libertades individuales. Allá cada cual. Un servidor lo tiene claro, seguirá poniendo las X en el impreso del IRPF en favor de la Iglesia y de los fines sociales.

Santiago de Munck Loyola

Sanidad para todos.

La falta de dinero para poder sostener el conjunto de las administraciones y, por tanto, el conjunto de las prestaciones públicas se traduce en una serie de medidas de ahorro camufladas bajo distintas denominaciones que en muchas ocasiones ponen los pelos de punta. Los anuncios, los globos sonda, las rectificaciones o las matizaciones se suceden a diario ya se hable de educación, de pensiones, de sanidad o de infraestructuras. Unas veces nos anuncian que nos van a cobrar por usar las autovías que ya estaban pagadas y amortizadas, otras que vamos a tener que pagar más por los medicamentos, antes nos dijeron que los años que habíamos cotizado para cobrar una pensión ya no valían y que había que cotizar más años, después nos quitaron el cheque bebé y así sucesivamente. Anuncios, amenazas, amagos, reformas y contrarreformas constituyen el pan nuestro de cada día. Eso sí, si hay que salir corriendo a salvar a Bankia, no se corre, se vuela.

Lo cierto es que no hay dinero para todo. Lo cierto es que hay más de cinco millones de parados en nuestro país y que el siguiente en engrosar la larga lista puede ser cualquiera de nosotros. Lo cierto es que cada año 200.000 familias se quedan sin vivienda. Lo cierto es que casi dos millones de personas ya no reciben ayuda pública alguna. Y lo cierto es que estamos donde estamos porque la mayor parte de la clase política, de todos los colores, no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y no ha sabido hacer bien su trabajo ni en ayuntamientos, ni en las comunidades autónomas, ni en el Estado. Puede haber muchas causas que hayan propiciado que hayamos llegado hasta aquí en estas condiciones, pero es evidente que nuestra clase política debería haber estado lo suficientemente preparada y capacitada para haberlo previsto y para haber sabido mitigar o paliar los efectos de esas causas externas o internas. Y no lo ha hecho.

Hace tiempo ya que la clase política renunció a “hacer política” y se transformó en una casta gestora, desplazando a los profesionales, sin estar lo suficientemente preparada para ello y ajustando su comportamiento a los dictados del marketing político. Los políticos nos han venido contando lo que queríamos oír para lograr nuestro voto. El relativismo social y moral imperante ha producido un relativismo político igual de ambiguo y acomodaticio. El ser humano, la persona hace tiempo que, pese a los discursos ideológicos, ha desaparecido de la agenda y del centro de toda actuación política. El poder y su conquista o conservación es el centro real del pensamiento y de la acción política por encima de cualquier otra consideración. Los gobiernos adoptan medidas y programas con tenues e imperceptibles fronteras ideológicas perfectamente intercambiables.

Si la persona, si el ser humano estuviesen en el centro de la acción política a nadie se le ocurriría adoptar medidas que pudieran suponer poner en riesgo la salud y la vida de los individuos. Bien está que se racionalice el sistema sanitario; bien está que de una vez se diseñe un catálogo de prestaciones sanitarias para todos los ciudadanos con independencia del territorio de España donde residan; bien está que se acabe con el turismo sanitario y con el abuso que supone, por ejemplo, el empadronamiento fraudulento de 140.000 vecinos portugueses para beneficiarse de nuestra sanidad; bien está, si no queda más remedio, que se paguen por quien tenga capacidad económica para ello determinadas prestaciones sanitarias.

Pero plantearse la posibilidad de dejar sin asistencia sanitaria a los llamados “sin papeles” es inmoral. Si durante años hemos permitido que cientos de miles de personas se instalasen en nuestro país de forma irregular no podemos ahora dejarles sin prestación sanitaria. Regúlese la inmigración de una forma lógica y racional, adóptense las medidas a que haya lugar respecto a los inmigrantes irregulares, legalizando su situación o repatriándoles a sus lugares de origen si fuere preciso, pero mientras sigan viviendo con nosotros no podemos dejarlos sin atención sanitaria. Es una cuestión de principios, de derechos humanos, de sentido común y de ética elemental.

Santiago de Munck Loyola

Ni casto, ni cauto.

Por si no tuviésemos bastante con los problemas sociales, políticos y económicos que recorren nuestro país, la Monarquía española también da que hablar lo suyo. A las andanzas del Sr. Urdangarin, a las salidas de tono de D. ª Letizia, a las torpezas cinegéticas de su Majestad hay que añadir ahora sus andanzas extraconyugales aireadas por los medios de comunicación. Ayer mismo, un importante diario nacional, publicaba en su suplemento dominical un detallado relato sobre las infidelidades de D. Juan Carlos a lo largo de los 50 años de matrimonio con D.ª Sofía. Y junto a este escabroso relato la opinión e 25 personajes de toda clase y condición sobre los 50 años de matrimonio de la pareja regia. Algunas de estas opiniones son de un tono tan babosamente cortesano que no merecen ni siquiera el más mínimo comentario.

Ya con ocasión del accidente del Rey en su cacería de elefantes africanos, algún que otro comentarista radiofónico calificaba de “desagradecidos” a cuantos tuviesen la osadía de criticar la actitud y las actividades privadas del Rey. Decía que los españoles olvidábamos muy pronto todo lo que le debíamos a D. Juan Carlos por su actitud en la noche del 23 de febrero de 1981. Y sobre esa noche y sobre la actitud del Rey o de los propios golpistas quizás habría mucho que hablar pues muchas incógnitas aún no han sido despejadas. Pero, en todo caso, aquella noche el Rey no hizo otra cosa que cumplir con su obligación, con su deber, aunque tardase más de lo esperado en comparecer ante las cámaras de Televisión. Cumplió con su obligación, es decir, defender la Constitución y ordenar a las FFAA su acatamiento.

Constitución que, por cierto, si no recuerdo mal, no ha sido jurada por el Rey. Está fuera de lugar reclamar a los españoles una actitud de agradecimiento permanente hacia el Jefe del Estado por cumplir con su trabajo, trabajo por el que, además, está bastante bien pagado. El recuerdo distorsionado de la noche del 23 F no puede ser un aval para todo lo que haga o deje de hacer el Rey.

Ahora sabemos lo que antes no pasaba de simples rumores: que la conducta privada del Jefe del Estado no es ejemplar. El asunto no pasaría del ámbito estrictamente privado sino fuera por dos circunstancias especiales. En primer lugar, porque el Jefe del estado es un Monarca, porque estamos hablando de una Monarquía y una de las principales cualidades que se supone debe encarnar la Monarquía es la ejemplaridad y aquí no se da, se mire por donde se mire. Si se tratase de un Presidente de la República cuya vida privada tampoco fuera ejemplar los ciudadanos que no aprobasen ese tipo de conductas lo tendrían fácil, la reprobarían mediante el voto en las siguientes elecciones. Aquí no se da el caso. En segundo lugar, porque los devaneos sexuales del Monarca se han elevado a la categoría de sus actividades oficiales. Es público y notorio que en tres viajes oficiales, al menos, la amante del Rey le ha acompañado y es de suponer que a costa del erario público.

Si la Monarquía no es ejemplar, no vale en este momento histórico. Si al Rey no le importa dejar en evidencia a la madre del futuro Rey que siempre ha sabido estar a la altura de las circunstancias a muchos ciudadanos sí que les importa.

La opción de la República parece hoy más ajustada a las características y exigencias de nuestra sociedad. Sin embargo, la pretensión de muchos de vincular la alternativa republicana al recuerdo y a la herencia de la Segunda República puede suponer un serio obstáculo para que pueda ser aceptada por quienes la identifican con un modelo cuyo desarrollo y resultado no presentó un saldo muy positivo.

Difícil panorama el que tiene por delante la institución monárquica, sobre todo si pretende seguir asentándose sobre privilegios históricos, asimilando los derechos de los ciudadanos corrientes y renunciando simultáneamente a las tradicionales obligaciones de la Institución. Cierto Ministro de Franco, cada vez que era nombrado un gobernador civil, llamaba al interesado y le decía: “sea usted casto y, si no pudiere, al menos sea cauto”. Nuestro Rey, a lo que se ve, ni lo uno, ni lo otro.

Santiago de Munck Loyola

¿Consenso? ¿Normalidad?

El Secretario General del PPCV, Antonio Clemente, ha manifestado a los medios de comunicación, a propósito de las elecciones a compromisarios para el XIII Congreso del PPCV, lo siguiente: el proceso de elección de compromisarios se desarrolló con «absoluta normalidad y tranquilidad», tal como corresponde a un partido «unido y centrado en mantener un equipo fuerte que piense en la sociedad y trabaje por esta tierra aportando ideas y alejándose de personalismos».

Hoy día 2 de mayo de 2012, se ha presentado la siguiente reclamación:

Santiago de Munck Loyola, DNI XXXXXXXXXX, nº de afiliado XXXXXX, con domicilio en la C/ XXXXXXXXXXXX nº X, 03016 de Alicante,

EXPONE

1º Que, al igual que en caso de las elecciones a compromisarios para el Congreso Nacional, la mayor parte de los afiliados de la ciudad de Alicante no han sido convocados por carta, tal y como determina la Base d) de las normas para la elección de Compromisarios del XIII Congreso Regional.

2º Que este grave incumplimiento que vulnera el derecho a la participación de los afiliados fue denunciado mediante escrito presentado por Registro el 27 de abril de 2012 ante el Presidente Local, el Presidente Provincial y el Presidente Regional sin haber tenido respuesta alguna.

3º Que, a pesar de lo anterior, el interesado presentó su candidatura a compromisario en tiempo y forma. Que el viernes 27 de abril, por la mañana, el interesado recibió una llamada del Sr. Zaplana, al parecer concejal de un municipio alicantino, que dijo llamar en nombre de la organización provincial. Que dicha conversación fue escuchada por varios testigos. Que el Sr. Zaplana pidió al interesado que retirase su candidatura y la de un compañero porque sólo existían 51 puestos para la ciudad de Alicante y que dichos puestos ya estaban repartidos en una lista de consenso entre las “distintas familias y sensibilidades” del Partido por lo que rogaba que los dos aspirantes que sobraban retirasen su candidatura a fin de evitar unas elecciones. Que el interesado le respondió que no iba a retirar su candidatura, que en consecuencia solicitaba la relación de candidatos presentados, que el consenso a espaldas de los afiliados es simple pasteleo y que habían incumplido las normas al no convocar por carta a los afiliados. El Sr. Zaplana alegó que no se habían enviado las cartas porque era muy caro, que no iba a hacer entrega de la relación de los candidatos y que el consenso era tan democrático como las votaciones.

4º Que al habérsele negado una relación de candidatos y al no haberle proporcionado la organización local una papeleta en blanco de forma previa y con antelación suficiente, el interesado concurrió a la asamblea sin haber podido imprimir papeletas marcadas con la cruz a diferencia de los demás candidatos cuyas papeletas, elaboradas y marcadas por la sede provincial, eran repartidas a los votantes tanto en la entrada de la sede, como en algunos casos en su interior.

5º Que al interventor designado por el interesado no se le facilitó el censo de votantes impidiendo con ello que pudiera desempeñar sus funciones.

6º Que en este proceso se han vulnerado, de una parte, el Artículo 18 de los Estatutos Nacionales que, al definir los principios de organización interna, señala que “La organización y estructura general del Partido Popular se configura en orden a los siguientes principios básicos:

c) La participación, en igualdad de oportunidades, de todos y cada uno de los afiliados, como eje fundamental de vertebración del Partido.”

Es evidente y palmario que la organización local y la provincial no han garantizado, ni por asomo, la igualdad de oportunidades de los afiliados. De otra, la Base d) de las Normas para la elección de Compromisarios al XIII Congreso Regional que señala de forma taxativa que “las convocatorias se dirigirán a cada uno de los afiliados sin excepción”, por lo que en modo alguno puede considerarse cumplido este requisito con su sustitución con anuncios en prensa.

En todo caso, cualquier afirmación de que sí se han remitido las cartas a todos los afiliados sólo puede sustentarse con la prueba de la factura del franqueo en Correos de dichas cartas, prueba que no ha sido presentada al interesado y que habría supuesto el desistimiento del presente procedimiento, a pesar de haber recibido el reconocimiento, por parte del Sr. Zaplana de que no se había cumplido con este trámite por motivos económicos.

Por todo lo anterior,

SOLICITA

La anulación del proceso de elección de Compromisarios celebrado en la Ciudad de Alicante y su repetición con arreglo de las propias normas establecidas y con absoluto respeto a los estatutos Nacionales del Partido Popular, señalando que en caso de no prosperar la presente solicitud se acudirá a la Jurisdicción Contencioso Administrativa solicitando la suspensión cautelar del Congreso a fin de garantizar los derechos políticos de participación de los afiliados.

En Alicante, a dos de mayo de dos mil doce.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

1 de mayo: curiosidades varias.

El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, día reivindicativo por excelencia, día de descanso y final de puente para la mayoría, menos para los madrileños, concluye a estas horas salpicado de variadas y curiosas noticias. Los sindicatos han salido a la calle y cumplido su ritual con menos éxito de participación del que sería lógico esperar. Claro que no han salido solos, sino acompañados por los dirigentes del PSOE que estos días andan animando al personal a salir a las calles para protestar contra las medidas del nuevo gobierno. Han decidido asumir el papel del médico despedido por incompetente que se opone a cualquier nuevo tratamiento de su sucesor mientras el paciente agoniza. O el del perro del hortelano. En fin, en todo caso, no parece la compañía más recomendable para legitimar las denuncias y protestas que la situación puede exigir.

Hoy se han producido algunas declaraciones y reacciones pintorescas. Ya se sabe que los micrófonos y un auditorio entregado pueden impulsar a algunos a cometer excesos verbales, se crecen, se crecen y sueltan la perla. El Sr. Cándido Méndez de UGT lo ha bordado. Ha acusado al Gobierno del Partido Popular de cruzar el charco (más bien los dos charcos: el Atlántico y el Pacífico) y de importar la legislación laboral china. Y se ha quedado tan fresco. Ya sabemos cómo se las gastan en la República Popular China, pero se le ha olvidado mencionar que allí gobiernan los comunistas. También hoy, la Sra. Valenciano, ha acusado al Gobierno del Partido Popular de no dialogar con nadie y le ha requerido para que hable y negocie sus medidas con todos. ¿En qué quedamos? ¿No había que organizar no hace mucho “un cordón sanitario” contra el Partido Popular? ¿No ha sido esa la consigna socialista durante dos legislaturas?

Pero el día ha dado mucho más de si. Hemos sabido que en España hay 4.000 empresas públicas y que el 90 % de ellas son insolventes con una deuda de 56.000 millones de euros. Vamos, que si fuesen privadas hace tiempo que estarían todas cerradas, pero, claro, ¿dónde colocarían entonces los partidos a todos sus conmilitones? Por su parte, el Presidente Boliviano, Evo Morales, ese pozo sin fondo de sabiduría que afirma que los homosexuales europeos lo son por comer pollo, ha decidido emular a su vecina argentina, la viuda por excelencia, y ha nacionalizado una filial de Red Eléctrica española, causando un nuevo disgusto a nuestro Gobierno. También hemos conocido dos propuestas o medidas gubernamentales que suponen un nuevo “palo” para la mayor parte de las economías domésticas: de una parte los funcionarios enfermos dejarán de cobrar el 100 % de sus haberes y, de otra, es posible que haya que empezar a pagar un peaje por usar las autovías que se supone que están más que pagadas y amortizadas. ¿Se aplicarán estos recortes a sus señorías cuando caigan enfermas o seguirán con sus privilegios sociales y fiscales? Los 36 vehículos oficiales del Congreso de los Diputados (pobres Diputados que no ganan lo bastante para comprarse un coche) ¿pagarán también peajes? Hoy también los medios de comunicación se hacen eco del lanzamiento en España del nuevo modelo de la firma automovilística Tata. Un chollo, por 113 € al mes y sin entrada, un coche. Mira por donde ya saben dónde pueden acudir sus señorías para motorizarse a cargo de su propio bolsillo y no de las arcas públicas.

Este día ha traído más novedades. El Sr. Urdangarin quiere pactar con la fiscalía. Se declara culpable, paga 3,7 millones de euros y ni hay juicio, ni cárcel. ¡Hombre! No está mal la idea. Claro que como su suegro, el terror de Dumbo, dijo no hace mucho éso de que la Justicia es igual para todos, de prosperar esta idea cualquier mangante pillado con las manos en la masa lo tendría fácil: se declara culpable, devuelve lo robado y a correr.

Por su parte, los Ministerios siguen con sus Planes de austeridad. En el del Sr. De Guindos se gastan casi 700.000 € para que los altos cargos aprendan inglés. Digo yo que para manejar la contabilidad nacional no debería ser imprescindible el inglés y que si de lo que se trata es de algo relacionado con nuestra proyección exterior, para eso está el Ministerio de Asuntos Exteriores que por cierto, practicando esa austeridad, acaba de repartir 290.000 euritos a las fundaciones de los Partidos Políticos. Todos han pillado cacho, ninguno ha protestado. Una recomendación, Sr. De Guindos, compre fascículos de inglés, son más baratitos. Y, si no, haga como con los funcionarios enfermos: el alto cargo que no aprenda inglés por su cuenta no cobrará su sueldo íntegro. Así no sólo se ahorrará esa pasta en cursos, sino que además pagará menos sueldos. Ya sabe, leña al mono hasta que hable inglés o chino, si hace caso al Sr. Méndez.

En fin, un día bastante completo e interesante. Un panorama cuando menos curioso de esta España oficial que nos toca vivir. Menos mal que la real, la de la calle es mucho más sana y sensata.

Santiago de Munck Loyola

El PP local de Alicante: suma y sigue.

Hoy, 30 de abril de 2012, a pesar de las distintas maniobras de los dirigentes populares alicantinos para evitarlo, se han celebrado las elecciones a compromisarios para el Congreso Regional. Las elecciones se han celebrado sin haber resuelto la impugnación presentada en fecha por incumplimiento de las Bases que habían de regir este proceso, en concreto, la no remisión a todos los afiliados de la ciudad de Alicante de la preceptiva carta señalándoles su derecho a presentar candidatura y los plazos y modo de hacerlo. El proceso seguido hasta llegar a la votación de esta tarde ha sido, cuando menos, curioso y merece la pena ser relatado para que cada cual saque sus conclusiones.

El jueves pasado unos afiliados, a pesar de no haber recibido la convocatoria, presentamos nuestra candidatura. El viernes por la mañana recibí la llamada, en nombre del PP provincial, de un concejal de apellido Zaplana. Su objetivo era persuadirnos amablemente para que retirásemos la candidatura. La conversación telefónica se desarrolló ante testigos. Dijo que la ciudad de Alicante contaba con 51 plazas de compromisarios, que dichas plazas ya estaban asignadas porque se había llegado a un consenso entre “las distintas familias y sensibilidades” del PP y que nuestras candidaturas sobraban porque si las manteníamos se verían obligados a realizar la votación.

La respuesta fue que no habían respetado las normas pues habían omitido las cartas a los afiliados, que no era la primera vez que ocurría, que un anuncio en prensa no era lo establecido en las normas y que el mencionado consenso no era tal, era simple pasteleo entre los de siempre y que, por tanto, no íbamos a retirar la candidatura. El interlocutor argumentó que era muy caro enviar tantos miles de cartas, que el consenso era tan democrático como la votación y que reconsiderásemos nuestra postura. Se le contestó que no, que íbamos a ejercer nuestros derechos y, de paso, que queríamos la relación de los 51 agraciados por el divino consenso. Se negó a enviarnos la relación de candidatos.

Hoy por la mañana, mi jefa, la Alcaldesa de cuyo Ayuntamiento soy funcionario, ha recibido la llamada de un alto cargo para “interesarse” por el asunto, ya se sabe, por si se me podía presionar por ahí. Casualmente se trata de un alto cargo del PP alicantino con el que la Alcaldesa lleva mucho tiempo tratando de contactar para resolver asuntos municipales y que nunca está disponible. Pero, mira por donde, para este asunto sí tenía tiempo.

Bueno, sin cartas a los afiliados, se han realizado las votaciones. Varios afiliados colapsaban la entrada al edificio para entregar la papeleta “oficial” a los votantes, es decir, una papeleta con los nombres de la “lista pastel” con su cruz impresa y en blanco los nombres de los “disidentes”. Como a los “disidentes” no se nos quiso entregar la relación de todos los candidatos no hemos tenido la oportunidad de imprimir papeletas con las cruces ya marcadas. Mientras un servidor deambulaba por la sede, ha escuchado como una diputada, al percatarse de mi presencia, mandaba a uno de los repartidores de papeletas que no hiciera dentro del local. Para colmo, al interventor de los “disidentes” no se le han facilitado los listados de los afiliados por lo que no ha podido ejercer sus funciones. Tan sólo un 6 % de los miles de afiliados del PP de la ciudad de Alicante ha acudido a votar, es decir, a los que desde la provincial se supone que han movilizado vía telefónica.

Creo en la participación y en la democracia interna, pero este proceso y esta votación me plantean muchas dudas e interrogantes. Ni la impugnación del proceso de febrero para el Congreso Nacional, ni la formulada para este viernes han sido contestadas. Agotada la vía interna toca acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y solicitar como medida cautelar la suspensión del Congreso Regional. Misión casi imposible y más conociendo el funcionamiento de la Justicia, pero cuando se tratan de derechos básicos y elementales en una organización política no queda otra vía. Es cuestión de principios.

Santiago de Munck Loyola

No es ésto, no es ésto.

Si la política hace a veces extraños compañeros de cama, parece que el ejercicio del poder convierte a algunos políticos, en ocasiones, en extraños travestis. El caso es que los no somos socialdemócratas, los que creemos más en las libertades y en las capacidades del individuo asistimos atónitos al desarrollo de unas políticas para combatir la crisis que son exactamente iguales o muy parecidas en algunos casos a las que veníamos denunciando y combatiendo hace tan sólo poco más de cuatro meses. Durante años y años hemos venido sosteniendo que recurrir a subir los impuestos no era la solución para aumentar los ingresos del Estado, que el incremento de la presión fiscal sólo servía para aliviar temporalmente las necesidades de la tesorería pública pero que, a la larga, se producía más paro y menos recaudación. Esta convicción estaba, además, avalada por la cercana experiencia de los primeros años de Gobierno del Partido Popular.

A nadie se le escapa la gravedad de la situación de nuestra economía y de nuestras cuentas públicas. Es evidente que, si no se gasta menos y se ingresa más, no será posible atender al pago de los intereses de la deuda, casi 30.0000 millones, el equivalente al salario anual de todos los funcionarios, y mucho menos amortizar la deuda que genera esos intereses anuales. Para gastar menos se han empezado a adoptar importantes medidas, los llamados recortes, que afectan a todos los sectores de la actividad pública. Sin embargo, hay mucho que cuestionar sobre las prioridades consideradas a la hora de recortar. Es moralmente inadmisible que se prefiera recortar en la factura de los medicamentos y que no se supriman las televisiones autonómicas que generan anualmente una deuda cercana a los 1.000 millones de euros, como lo es el hecho de que se prefiera recortar los fondos destinados a la investigación antes que suprimir los más de 300 millones de euros anuales destinados a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, por citar sólo dos ejemplos de prioridades en el ahorro perfectamente cuestionables. Bien está que se pongan a acabar con el abuso del llamado turismo sanitario que nos cuesta más de 1.000 millones de euros al año, bien está que se supriman las duplicidades en las administraciones públicas o que se racionalicen y controlen las subvenciones y ayudas que se otorgan en todos los campos, pero el Gobierno no está acertando a la hora de priorizar todos los recortes. Que hay que gastar menos es evidente, pero ¡ojo! Austeridad para todos y más austeridad para los que más tienen.

Y junto a la reducción del gasto resulta inevitable aumentar los ingresos para poder pagar las deudas existentes. El Gobierno se ha encontrado con que tenía que recaudar más de lo previsto, entre otras cosas, porque las cifras que nos ofreció el Gobierno anterior el pasado 18 de noviembre eran falsas. Y el Gobierno ha apostado por la vía fácil: subir los impuestos, es decir, apretar las tuercas a los que ya veníamos cumpliendo con hacienda. Los de siempre. Pues bien, volviendo al principio de estas líneas, no somos pocos y por eso, entre otras razones, quizás ganó el PP las elecciones, los que creíamos y creemos que subir los impuestos a los contribuyentes supone automáticamente que el consumo caiga y si se consume menos se produce menos y si se produce menos se requieren menos empleados y si se necesitan menos empleados aumenta el desempleo y si el paro aumenta crecen las cargas sociales públicas y, en consecuencia, el estado necesita más dinero y ¿qué hacer entonces? ¿Otra vuelta de tuerca? Es la pescadilla que se muerde la cola. La experiencia demostró que bajando los impuestos, los particulares disponemos de más dinero para consumir y, por tanto, se reactiva la economía, aparecen más empresas que empiezan a tributar, más asalariados que también tributan y menos desempleados lo que provoca una disminución de los gastos sociales.  Sólo se puede generar empleo si el dinero circula, si hay actividad económica. Los bancos siguen ganando pero no sueltan un duro para dar fluidez al mercado, el Estado no sólo no tiene dinero sino que además se lo retira a los ciudadanos a través de los impuestos y, mientras, el paro llega a los 5.600.000 desempleados. Y hay que recordar que en España la inmensa mayoría de los puestos de trabajo los crean las pequeñas y medianas empresas, pero sin dinero circulante no tienen nada que hacer.

Hoy de Guindos, este extraño ministro importado de Lehman Brothers, nos acaba anunciar una nueva subida de impuestos, es decir, menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos, menos consumo, más paro, etc. Una vez más, los que nos creíamos un determinado modelo para salir de la crisis y nos lo seguimos creyendo no nos podemos identificar con estas medidas. Nos empezamos a sentir huérfanos ante unos anuncios fiscales de claro tinte socialdemócrata y ajenos a toda una trayectoria ideológica. El Gobierno está apostando por medidas miopes, a muy corto plazo, medidas contrarias a su programa y a su ideología que quizás puedan servir para tranquilizar a los mercados pero que, desde luego, intranquilizan, irritan y ponen los pelos de punta a sus votantes y a los militantes que sostienen su partido. Sólo podemos decir: No es ésto, no es ésto. Y para este viaje no se necesitan alforjas.

Santiago de Munck Loyola