Sobre el IBI, la Iglesia y la X.

IU y sus asociaciones satélites han estado recogiendo firmas para que la Iglesia Católica pague el Impuesto sobre Bienes Inmuebles entre otras cosas y las 35.000 recogidas las han entregado en el Congreso de los Diputados.

 (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/09/espana/1336549646.html).

Por su parte, algunos Ayuntamientos han hecho pública su intención igualmente de cobrar dicho impuesto a la Iglesia Católica. Una cosa es presentar firmas en el Congreso para que esta cámara proceda a la modificación, si la mayoría parlamentaria así lo entiende necesario, de las leyes vigentes para que se pueda cobrar el IBI o para que se deroguen los acuerdos con la Santa Sede y otra muy distinta es que algunos Ayuntamientos decidan por su cuenta cobrar ilegalmente dicho impuesto. Una cosa es evidente o los responsables de esos Ayuntamientos están engañando a los ciudadanos anunciando esa medida o están poniendo en marcha procedimientos recaudatorios ilegales que terminarán en los tribunales y que costarán mucho dinero a esos consistorios. La Ley de Haciendas locales regula claramente quienes están exentos de pagar el IBI y no se  puede cobrar dicho impuesto mientras esa Ley no se modificada parlamentariamente ni a la Iglesia, ni al Estado, ni a las Comunidades Autónomas, ni los de cualquier confesión religiosa legalmente reconocida, ni a la Cruz Roja, ni a embajadas u oficinas similares, ni a la RENFE o a Adif, ni a determinados bienes comunales, etc.

Parece que tras estas iniciativas no se esconde otra cosa que un odio y una animadversión profunda hacia la Iglesia Católica, sobre quien se centran todos los ataques, y no un sincero deseo de justicia fiscal. Desde una perspectiva laicista se olvida con frecuencia que nuestro Estado es aconfesional pero que la el Artículo 16.3 de la Constitución señala expresamente que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Las exenciones tributarias de la Iglesia, las ayudas o subvenciones públicas o la asignación tributaria de la discutida X del IRPF responden a ese reconocimiento constitucional expreso y, en definitiva, al reconocimiento del peso de una mayoría sociológica de los católicos en España.

Desde esas posiciones de IU y anticlericales se pretende acabar con la libertad de los contribuyentes para decidir si quieren o no aportar una pequeña parte de sus impuestos a la Iglesia y/o a otros fines sociales. Cada año son más los contribuyentes que marcan la X a favor de la Iglesia y ese hecho excita paralelamente los deseos de una parte de la izquierda de acabar con una de las pocas libertades que los contribuyentes gozamos a la hora de opinar sobre el destino de nuestros impuestos. No podemos opinar ni decidir si queremos que nuestros impuestos se dediquen a armamento, a subvencionar artistas, a engordar a la SGAE, a financiar a los partidos y sindicatos por poner unos ejemplos y, al parecer, tampoco deberíamos poder opinar sobre si queremos o no destinar una pequeña parte de nuestros impuestos a la Iglesia. Curioso concepto el de algunos sobre la libertad.

Hoy, más que nunca, la Iglesia y sus organizaciones desarrollan una labor social ingente supliendo la incapacidad de las administraciones públicas para llegar y socorrer a los más necesitados. La Iglesia y sus organizaciones trabajan en el campo de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de la inmigración y extienden su labor incluso más allá de nuestras fronteras, usando sus recursos con muchísima más eficiencia que los entes públicos.

No son los sindicatos, ni los partidos políticos, ni todos los demás que están exentos de pagar el IBI quienes están junto a los más pobres, quienes atienden a enfermos y ancianos o quienes dan de comer a miles de personas diariamente, no, no son ellos. Y de eso no se habla cuando se critican los ingresos que percibe la Iglesia. De eso parece que no interesa hablar.

Por ejemplo, el programa de acogida de Caritas, uno de los más emblemáticos y por el que pasaban antes de la crisis unas 400.000 personas al año, atendió en el último ejercicio a un millón y medio. La mayoría de personas atendidas tenían cargas familiares y una media de edad de 40 años. Por otra parte, el 67% de las personas que acuden a Caritas vienen derivadas desde los servicios sociales públicos, incapaces de ofrecer respuestas rápidas y eficaces. Mientras el tiempo para concertar una primera cita o entrevista inicial en los servicios sociales públicos es, como media, de casi un mes (25,9 días), en los servicios de Acogida de Caritas la espera para concertar una primera cita o entrevista inicial es, por término medio, de 4 días. Otro tanto sucede con las respuestas, ya que si el plazo de tramitación y gestión de las respuestas efectivas es de algo más de dos meses en los servicios sociales públicos (65,3 días), en Caritas el tiempo medio entre la primera cita y la respuesta efectiva es de 7,3 días. En el campo de la Educación, otro de los campos de batalla, las Escuela católicas atienden a más de 1.200.000 alumnos, lo que supone el 16 % del total del sistema educativo. Y mientras el coste medio abonado por el Estado a los centros concertados es de 2.480 euros anuales, en la escuela pública es de 5.299 euros al año.

Y para qué hablar de los comedores, albergues, centros de asistencia sanitaria, hogares de acogida o residencias de ancianos de la Iglesia y sus organizaciones. Si no los pudieran sostener los católicos,  sería el estado quien tendría que asumir su coste. Dejando al margen cualquier posicionamiento ideológico y pensando de una manera fría y calculadora solo se puede concluir que la Iglesia, con las ayudas y beneficios que recibe, ahorra además miles de millones de euros al erario público. Según algunas fuentes, este ahorro para el estado se podría situar en torno a los 30.000 millones de euros anuales.

En fin, parece que las fobias ancestrales de algunos pueden más que la lógica y la racionalidad económica, sin mencionar la sensibilidad social y el respeto a las libertades individuales. Allá cada cual. Un servidor lo tiene claro, seguirá poniendo las X en el impreso del IRPF en favor de la Iglesia y de los fines sociales.

Santiago de Munck Loyola

Sanidad para todos.

La falta de dinero para poder sostener el conjunto de las administraciones y, por tanto, el conjunto de las prestaciones públicas se traduce en una serie de medidas de ahorro camufladas bajo distintas denominaciones que en muchas ocasiones ponen los pelos de punta. Los anuncios, los globos sonda, las rectificaciones o las matizaciones se suceden a diario ya se hable de educación, de pensiones, de sanidad o de infraestructuras. Unas veces nos anuncian que nos van a cobrar por usar las autovías que ya estaban pagadas y amortizadas, otras que vamos a tener que pagar más por los medicamentos, antes nos dijeron que los años que habíamos cotizado para cobrar una pensión ya no valían y que había que cotizar más años, después nos quitaron el cheque bebé y así sucesivamente. Anuncios, amenazas, amagos, reformas y contrarreformas constituyen el pan nuestro de cada día. Eso sí, si hay que salir corriendo a salvar a Bankia, no se corre, se vuela.

Lo cierto es que no hay dinero para todo. Lo cierto es que hay más de cinco millones de parados en nuestro país y que el siguiente en engrosar la larga lista puede ser cualquiera de nosotros. Lo cierto es que cada año 200.000 familias se quedan sin vivienda. Lo cierto es que casi dos millones de personas ya no reciben ayuda pública alguna. Y lo cierto es que estamos donde estamos porque la mayor parte de la clase política, de todos los colores, no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y no ha sabido hacer bien su trabajo ni en ayuntamientos, ni en las comunidades autónomas, ni en el Estado. Puede haber muchas causas que hayan propiciado que hayamos llegado hasta aquí en estas condiciones, pero es evidente que nuestra clase política debería haber estado lo suficientemente preparada y capacitada para haberlo previsto y para haber sabido mitigar o paliar los efectos de esas causas externas o internas. Y no lo ha hecho.

Hace tiempo ya que la clase política renunció a “hacer política” y se transformó en una casta gestora, desplazando a los profesionales, sin estar lo suficientemente preparada para ello y ajustando su comportamiento a los dictados del marketing político. Los políticos nos han venido contando lo que queríamos oír para lograr nuestro voto. El relativismo social y moral imperante ha producido un relativismo político igual de ambiguo y acomodaticio. El ser humano, la persona hace tiempo que, pese a los discursos ideológicos, ha desaparecido de la agenda y del centro de toda actuación política. El poder y su conquista o conservación es el centro real del pensamiento y de la acción política por encima de cualquier otra consideración. Los gobiernos adoptan medidas y programas con tenues e imperceptibles fronteras ideológicas perfectamente intercambiables.

Si la persona, si el ser humano estuviesen en el centro de la acción política a nadie se le ocurriría adoptar medidas que pudieran suponer poner en riesgo la salud y la vida de los individuos. Bien está que se racionalice el sistema sanitario; bien está que de una vez se diseñe un catálogo de prestaciones sanitarias para todos los ciudadanos con independencia del territorio de España donde residan; bien está que se acabe con el turismo sanitario y con el abuso que supone, por ejemplo, el empadronamiento fraudulento de 140.000 vecinos portugueses para beneficiarse de nuestra sanidad; bien está, si no queda más remedio, que se paguen por quien tenga capacidad económica para ello determinadas prestaciones sanitarias.

Pero plantearse la posibilidad de dejar sin asistencia sanitaria a los llamados “sin papeles” es inmoral. Si durante años hemos permitido que cientos de miles de personas se instalasen en nuestro país de forma irregular no podemos ahora dejarles sin prestación sanitaria. Regúlese la inmigración de una forma lógica y racional, adóptense las medidas a que haya lugar respecto a los inmigrantes irregulares, legalizando su situación o repatriándoles a sus lugares de origen si fuere preciso, pero mientras sigan viviendo con nosotros no podemos dejarlos sin atención sanitaria. Es una cuestión de principios, de derechos humanos, de sentido común y de ética elemental.

Santiago de Munck Loyola

Ni casto, ni cauto.

Por si no tuviésemos bastante con los problemas sociales, políticos y económicos que recorren nuestro país, la Monarquía española también da que hablar lo suyo. A las andanzas del Sr. Urdangarin, a las salidas de tono de D. ª Letizia, a las torpezas cinegéticas de su Majestad hay que añadir ahora sus andanzas extraconyugales aireadas por los medios de comunicación. Ayer mismo, un importante diario nacional, publicaba en su suplemento dominical un detallado relato sobre las infidelidades de D. Juan Carlos a lo largo de los 50 años de matrimonio con D.ª Sofía. Y junto a este escabroso relato la opinión e 25 personajes de toda clase y condición sobre los 50 años de matrimonio de la pareja regia. Algunas de estas opiniones son de un tono tan babosamente cortesano que no merecen ni siquiera el más mínimo comentario.

Ya con ocasión del accidente del Rey en su cacería de elefantes africanos, algún que otro comentarista radiofónico calificaba de “desagradecidos” a cuantos tuviesen la osadía de criticar la actitud y las actividades privadas del Rey. Decía que los españoles olvidábamos muy pronto todo lo que le debíamos a D. Juan Carlos por su actitud en la noche del 23 de febrero de 1981. Y sobre esa noche y sobre la actitud del Rey o de los propios golpistas quizás habría mucho que hablar pues muchas incógnitas aún no han sido despejadas. Pero, en todo caso, aquella noche el Rey no hizo otra cosa que cumplir con su obligación, con su deber, aunque tardase más de lo esperado en comparecer ante las cámaras de Televisión. Cumplió con su obligación, es decir, defender la Constitución y ordenar a las FFAA su acatamiento.

Constitución que, por cierto, si no recuerdo mal, no ha sido jurada por el Rey. Está fuera de lugar reclamar a los españoles una actitud de agradecimiento permanente hacia el Jefe del Estado por cumplir con su trabajo, trabajo por el que, además, está bastante bien pagado. El recuerdo distorsionado de la noche del 23 F no puede ser un aval para todo lo que haga o deje de hacer el Rey.

Ahora sabemos lo que antes no pasaba de simples rumores: que la conducta privada del Jefe del Estado no es ejemplar. El asunto no pasaría del ámbito estrictamente privado sino fuera por dos circunstancias especiales. En primer lugar, porque el Jefe del estado es un Monarca, porque estamos hablando de una Monarquía y una de las principales cualidades que se supone debe encarnar la Monarquía es la ejemplaridad y aquí no se da, se mire por donde se mire. Si se tratase de un Presidente de la República cuya vida privada tampoco fuera ejemplar los ciudadanos que no aprobasen ese tipo de conductas lo tendrían fácil, la reprobarían mediante el voto en las siguientes elecciones. Aquí no se da el caso. En segundo lugar, porque los devaneos sexuales del Monarca se han elevado a la categoría de sus actividades oficiales. Es público y notorio que en tres viajes oficiales, al menos, la amante del Rey le ha acompañado y es de suponer que a costa del erario público.

Si la Monarquía no es ejemplar, no vale en este momento histórico. Si al Rey no le importa dejar en evidencia a la madre del futuro Rey que siempre ha sabido estar a la altura de las circunstancias a muchos ciudadanos sí que les importa.

La opción de la República parece hoy más ajustada a las características y exigencias de nuestra sociedad. Sin embargo, la pretensión de muchos de vincular la alternativa republicana al recuerdo y a la herencia de la Segunda República puede suponer un serio obstáculo para que pueda ser aceptada por quienes la identifican con un modelo cuyo desarrollo y resultado no presentó un saldo muy positivo.

Difícil panorama el que tiene por delante la institución monárquica, sobre todo si pretende seguir asentándose sobre privilegios históricos, asimilando los derechos de los ciudadanos corrientes y renunciando simultáneamente a las tradicionales obligaciones de la Institución. Cierto Ministro de Franco, cada vez que era nombrado un gobernador civil, llamaba al interesado y le decía: “sea usted casto y, si no pudiere, al menos sea cauto”. Nuestro Rey, a lo que se ve, ni lo uno, ni lo otro.

Santiago de Munck Loyola

¿Consenso? ¿Normalidad?

El Secretario General del PPCV, Antonio Clemente, ha manifestado a los medios de comunicación, a propósito de las elecciones a compromisarios para el XIII Congreso del PPCV, lo siguiente: el proceso de elección de compromisarios se desarrolló con «absoluta normalidad y tranquilidad», tal como corresponde a un partido «unido y centrado en mantener un equipo fuerte que piense en la sociedad y trabaje por esta tierra aportando ideas y alejándose de personalismos».

Hoy día 2 de mayo de 2012, se ha presentado la siguiente reclamación:

Santiago de Munck Loyola, DNI XXXXXXXXXX, nº de afiliado XXXXXX, con domicilio en la C/ XXXXXXXXXXXX nº X, 03016 de Alicante,

EXPONE

1º Que, al igual que en caso de las elecciones a compromisarios para el Congreso Nacional, la mayor parte de los afiliados de la ciudad de Alicante no han sido convocados por carta, tal y como determina la Base d) de las normas para la elección de Compromisarios del XIII Congreso Regional.

2º Que este grave incumplimiento que vulnera el derecho a la participación de los afiliados fue denunciado mediante escrito presentado por Registro el 27 de abril de 2012 ante el Presidente Local, el Presidente Provincial y el Presidente Regional sin haber tenido respuesta alguna.

3º Que, a pesar de lo anterior, el interesado presentó su candidatura a compromisario en tiempo y forma. Que el viernes 27 de abril, por la mañana, el interesado recibió una llamada del Sr. Zaplana, al parecer concejal de un municipio alicantino, que dijo llamar en nombre de la organización provincial. Que dicha conversación fue escuchada por varios testigos. Que el Sr. Zaplana pidió al interesado que retirase su candidatura y la de un compañero porque sólo existían 51 puestos para la ciudad de Alicante y que dichos puestos ya estaban repartidos en una lista de consenso entre las “distintas familias y sensibilidades” del Partido por lo que rogaba que los dos aspirantes que sobraban retirasen su candidatura a fin de evitar unas elecciones. Que el interesado le respondió que no iba a retirar su candidatura, que en consecuencia solicitaba la relación de candidatos presentados, que el consenso a espaldas de los afiliados es simple pasteleo y que habían incumplido las normas al no convocar por carta a los afiliados. El Sr. Zaplana alegó que no se habían enviado las cartas porque era muy caro, que no iba a hacer entrega de la relación de los candidatos y que el consenso era tan democrático como las votaciones.

4º Que al habérsele negado una relación de candidatos y al no haberle proporcionado la organización local una papeleta en blanco de forma previa y con antelación suficiente, el interesado concurrió a la asamblea sin haber podido imprimir papeletas marcadas con la cruz a diferencia de los demás candidatos cuyas papeletas, elaboradas y marcadas por la sede provincial, eran repartidas a los votantes tanto en la entrada de la sede, como en algunos casos en su interior.

5º Que al interventor designado por el interesado no se le facilitó el censo de votantes impidiendo con ello que pudiera desempeñar sus funciones.

6º Que en este proceso se han vulnerado, de una parte, el Artículo 18 de los Estatutos Nacionales que, al definir los principios de organización interna, señala que “La organización y estructura general del Partido Popular se configura en orden a los siguientes principios básicos:

c) La participación, en igualdad de oportunidades, de todos y cada uno de los afiliados, como eje fundamental de vertebración del Partido.”

Es evidente y palmario que la organización local y la provincial no han garantizado, ni por asomo, la igualdad de oportunidades de los afiliados. De otra, la Base d) de las Normas para la elección de Compromisarios al XIII Congreso Regional que señala de forma taxativa que “las convocatorias se dirigirán a cada uno de los afiliados sin excepción”, por lo que en modo alguno puede considerarse cumplido este requisito con su sustitución con anuncios en prensa.

En todo caso, cualquier afirmación de que sí se han remitido las cartas a todos los afiliados sólo puede sustentarse con la prueba de la factura del franqueo en Correos de dichas cartas, prueba que no ha sido presentada al interesado y que habría supuesto el desistimiento del presente procedimiento, a pesar de haber recibido el reconocimiento, por parte del Sr. Zaplana de que no se había cumplido con este trámite por motivos económicos.

Por todo lo anterior,

SOLICITA

La anulación del proceso de elección de Compromisarios celebrado en la Ciudad de Alicante y su repetición con arreglo de las propias normas establecidas y con absoluto respeto a los estatutos Nacionales del Partido Popular, señalando que en caso de no prosperar la presente solicitud se acudirá a la Jurisdicción Contencioso Administrativa solicitando la suspensión cautelar del Congreso a fin de garantizar los derechos políticos de participación de los afiliados.

En Alicante, a dos de mayo de dos mil doce.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

1 de mayo: curiosidades varias.

El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, día reivindicativo por excelencia, día de descanso y final de puente para la mayoría, menos para los madrileños, concluye a estas horas salpicado de variadas y curiosas noticias. Los sindicatos han salido a la calle y cumplido su ritual con menos éxito de participación del que sería lógico esperar. Claro que no han salido solos, sino acompañados por los dirigentes del PSOE que estos días andan animando al personal a salir a las calles para protestar contra las medidas del nuevo gobierno. Han decidido asumir el papel del médico despedido por incompetente que se opone a cualquier nuevo tratamiento de su sucesor mientras el paciente agoniza. O el del perro del hortelano. En fin, en todo caso, no parece la compañía más recomendable para legitimar las denuncias y protestas que la situación puede exigir.

Hoy se han producido algunas declaraciones y reacciones pintorescas. Ya se sabe que los micrófonos y un auditorio entregado pueden impulsar a algunos a cometer excesos verbales, se crecen, se crecen y sueltan la perla. El Sr. Cándido Méndez de UGT lo ha bordado. Ha acusado al Gobierno del Partido Popular de cruzar el charco (más bien los dos charcos: el Atlántico y el Pacífico) y de importar la legislación laboral china. Y se ha quedado tan fresco. Ya sabemos cómo se las gastan en la República Popular China, pero se le ha olvidado mencionar que allí gobiernan los comunistas. También hoy, la Sra. Valenciano, ha acusado al Gobierno del Partido Popular de no dialogar con nadie y le ha requerido para que hable y negocie sus medidas con todos. ¿En qué quedamos? ¿No había que organizar no hace mucho “un cordón sanitario” contra el Partido Popular? ¿No ha sido esa la consigna socialista durante dos legislaturas?

Pero el día ha dado mucho más de si. Hemos sabido que en España hay 4.000 empresas públicas y que el 90 % de ellas son insolventes con una deuda de 56.000 millones de euros. Vamos, que si fuesen privadas hace tiempo que estarían todas cerradas, pero, claro, ¿dónde colocarían entonces los partidos a todos sus conmilitones? Por su parte, el Presidente Boliviano, Evo Morales, ese pozo sin fondo de sabiduría que afirma que los homosexuales europeos lo son por comer pollo, ha decidido emular a su vecina argentina, la viuda por excelencia, y ha nacionalizado una filial de Red Eléctrica española, causando un nuevo disgusto a nuestro Gobierno. También hemos conocido dos propuestas o medidas gubernamentales que suponen un nuevo “palo” para la mayor parte de las economías domésticas: de una parte los funcionarios enfermos dejarán de cobrar el 100 % de sus haberes y, de otra, es posible que haya que empezar a pagar un peaje por usar las autovías que se supone que están más que pagadas y amortizadas. ¿Se aplicarán estos recortes a sus señorías cuando caigan enfermas o seguirán con sus privilegios sociales y fiscales? Los 36 vehículos oficiales del Congreso de los Diputados (pobres Diputados que no ganan lo bastante para comprarse un coche) ¿pagarán también peajes? Hoy también los medios de comunicación se hacen eco del lanzamiento en España del nuevo modelo de la firma automovilística Tata. Un chollo, por 113 € al mes y sin entrada, un coche. Mira por donde ya saben dónde pueden acudir sus señorías para motorizarse a cargo de su propio bolsillo y no de las arcas públicas.

Este día ha traído más novedades. El Sr. Urdangarin quiere pactar con la fiscalía. Se declara culpable, paga 3,7 millones de euros y ni hay juicio, ni cárcel. ¡Hombre! No está mal la idea. Claro que como su suegro, el terror de Dumbo, dijo no hace mucho éso de que la Justicia es igual para todos, de prosperar esta idea cualquier mangante pillado con las manos en la masa lo tendría fácil: se declara culpable, devuelve lo robado y a correr.

Por su parte, los Ministerios siguen con sus Planes de austeridad. En el del Sr. De Guindos se gastan casi 700.000 € para que los altos cargos aprendan inglés. Digo yo que para manejar la contabilidad nacional no debería ser imprescindible el inglés y que si de lo que se trata es de algo relacionado con nuestra proyección exterior, para eso está el Ministerio de Asuntos Exteriores que por cierto, practicando esa austeridad, acaba de repartir 290.000 euritos a las fundaciones de los Partidos Políticos. Todos han pillado cacho, ninguno ha protestado. Una recomendación, Sr. De Guindos, compre fascículos de inglés, son más baratitos. Y, si no, haga como con los funcionarios enfermos: el alto cargo que no aprenda inglés por su cuenta no cobrará su sueldo íntegro. Así no sólo se ahorrará esa pasta en cursos, sino que además pagará menos sueldos. Ya sabe, leña al mono hasta que hable inglés o chino, si hace caso al Sr. Méndez.

En fin, un día bastante completo e interesante. Un panorama cuando menos curioso de esta España oficial que nos toca vivir. Menos mal que la real, la de la calle es mucho más sana y sensata.

Santiago de Munck Loyola

El PP local de Alicante: suma y sigue.

Hoy, 30 de abril de 2012, a pesar de las distintas maniobras de los dirigentes populares alicantinos para evitarlo, se han celebrado las elecciones a compromisarios para el Congreso Regional. Las elecciones se han celebrado sin haber resuelto la impugnación presentada en fecha por incumplimiento de las Bases que habían de regir este proceso, en concreto, la no remisión a todos los afiliados de la ciudad de Alicante de la preceptiva carta señalándoles su derecho a presentar candidatura y los plazos y modo de hacerlo. El proceso seguido hasta llegar a la votación de esta tarde ha sido, cuando menos, curioso y merece la pena ser relatado para que cada cual saque sus conclusiones.

El jueves pasado unos afiliados, a pesar de no haber recibido la convocatoria, presentamos nuestra candidatura. El viernes por la mañana recibí la llamada, en nombre del PP provincial, de un concejal de apellido Zaplana. Su objetivo era persuadirnos amablemente para que retirásemos la candidatura. La conversación telefónica se desarrolló ante testigos. Dijo que la ciudad de Alicante contaba con 51 plazas de compromisarios, que dichas plazas ya estaban asignadas porque se había llegado a un consenso entre “las distintas familias y sensibilidades” del PP y que nuestras candidaturas sobraban porque si las manteníamos se verían obligados a realizar la votación.

La respuesta fue que no habían respetado las normas pues habían omitido las cartas a los afiliados, que no era la primera vez que ocurría, que un anuncio en prensa no era lo establecido en las normas y que el mencionado consenso no era tal, era simple pasteleo entre los de siempre y que, por tanto, no íbamos a retirar la candidatura. El interlocutor argumentó que era muy caro enviar tantos miles de cartas, que el consenso era tan democrático como la votación y que reconsiderásemos nuestra postura. Se le contestó que no, que íbamos a ejercer nuestros derechos y, de paso, que queríamos la relación de los 51 agraciados por el divino consenso. Se negó a enviarnos la relación de candidatos.

Hoy por la mañana, mi jefa, la Alcaldesa de cuyo Ayuntamiento soy funcionario, ha recibido la llamada de un alto cargo para “interesarse” por el asunto, ya se sabe, por si se me podía presionar por ahí. Casualmente se trata de un alto cargo del PP alicantino con el que la Alcaldesa lleva mucho tiempo tratando de contactar para resolver asuntos municipales y que nunca está disponible. Pero, mira por donde, para este asunto sí tenía tiempo.

Bueno, sin cartas a los afiliados, se han realizado las votaciones. Varios afiliados colapsaban la entrada al edificio para entregar la papeleta “oficial” a los votantes, es decir, una papeleta con los nombres de la “lista pastel” con su cruz impresa y en blanco los nombres de los “disidentes”. Como a los “disidentes” no se nos quiso entregar la relación de todos los candidatos no hemos tenido la oportunidad de imprimir papeletas con las cruces ya marcadas. Mientras un servidor deambulaba por la sede, ha escuchado como una diputada, al percatarse de mi presencia, mandaba a uno de los repartidores de papeletas que no hiciera dentro del local. Para colmo, al interventor de los “disidentes” no se le han facilitado los listados de los afiliados por lo que no ha podido ejercer sus funciones. Tan sólo un 6 % de los miles de afiliados del PP de la ciudad de Alicante ha acudido a votar, es decir, a los que desde la provincial se supone que han movilizado vía telefónica.

Creo en la participación y en la democracia interna, pero este proceso y esta votación me plantean muchas dudas e interrogantes. Ni la impugnación del proceso de febrero para el Congreso Nacional, ni la formulada para este viernes han sido contestadas. Agotada la vía interna toca acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y solicitar como medida cautelar la suspensión del Congreso Regional. Misión casi imposible y más conociendo el funcionamiento de la Justicia, pero cuando se tratan de derechos básicos y elementales en una organización política no queda otra vía. Es cuestión de principios.

Santiago de Munck Loyola

No es ésto, no es ésto.

Si la política hace a veces extraños compañeros de cama, parece que el ejercicio del poder convierte a algunos políticos, en ocasiones, en extraños travestis. El caso es que los no somos socialdemócratas, los que creemos más en las libertades y en las capacidades del individuo asistimos atónitos al desarrollo de unas políticas para combatir la crisis que son exactamente iguales o muy parecidas en algunos casos a las que veníamos denunciando y combatiendo hace tan sólo poco más de cuatro meses. Durante años y años hemos venido sosteniendo que recurrir a subir los impuestos no era la solución para aumentar los ingresos del Estado, que el incremento de la presión fiscal sólo servía para aliviar temporalmente las necesidades de la tesorería pública pero que, a la larga, se producía más paro y menos recaudación. Esta convicción estaba, además, avalada por la cercana experiencia de los primeros años de Gobierno del Partido Popular.

A nadie se le escapa la gravedad de la situación de nuestra economía y de nuestras cuentas públicas. Es evidente que, si no se gasta menos y se ingresa más, no será posible atender al pago de los intereses de la deuda, casi 30.0000 millones, el equivalente al salario anual de todos los funcionarios, y mucho menos amortizar la deuda que genera esos intereses anuales. Para gastar menos se han empezado a adoptar importantes medidas, los llamados recortes, que afectan a todos los sectores de la actividad pública. Sin embargo, hay mucho que cuestionar sobre las prioridades consideradas a la hora de recortar. Es moralmente inadmisible que se prefiera recortar en la factura de los medicamentos y que no se supriman las televisiones autonómicas que generan anualmente una deuda cercana a los 1.000 millones de euros, como lo es el hecho de que se prefiera recortar los fondos destinados a la investigación antes que suprimir los más de 300 millones de euros anuales destinados a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, por citar sólo dos ejemplos de prioridades en el ahorro perfectamente cuestionables. Bien está que se pongan a acabar con el abuso del llamado turismo sanitario que nos cuesta más de 1.000 millones de euros al año, bien está que se supriman las duplicidades en las administraciones públicas o que se racionalicen y controlen las subvenciones y ayudas que se otorgan en todos los campos, pero el Gobierno no está acertando a la hora de priorizar todos los recortes. Que hay que gastar menos es evidente, pero ¡ojo! Austeridad para todos y más austeridad para los que más tienen.

Y junto a la reducción del gasto resulta inevitable aumentar los ingresos para poder pagar las deudas existentes. El Gobierno se ha encontrado con que tenía que recaudar más de lo previsto, entre otras cosas, porque las cifras que nos ofreció el Gobierno anterior el pasado 18 de noviembre eran falsas. Y el Gobierno ha apostado por la vía fácil: subir los impuestos, es decir, apretar las tuercas a los que ya veníamos cumpliendo con hacienda. Los de siempre. Pues bien, volviendo al principio de estas líneas, no somos pocos y por eso, entre otras razones, quizás ganó el PP las elecciones, los que creíamos y creemos que subir los impuestos a los contribuyentes supone automáticamente que el consumo caiga y si se consume menos se produce menos y si se produce menos se requieren menos empleados y si se necesitan menos empleados aumenta el desempleo y si el paro aumenta crecen las cargas sociales públicas y, en consecuencia, el estado necesita más dinero y ¿qué hacer entonces? ¿Otra vuelta de tuerca? Es la pescadilla que se muerde la cola. La experiencia demostró que bajando los impuestos, los particulares disponemos de más dinero para consumir y, por tanto, se reactiva la economía, aparecen más empresas que empiezan a tributar, más asalariados que también tributan y menos desempleados lo que provoca una disminución de los gastos sociales.  Sólo se puede generar empleo si el dinero circula, si hay actividad económica. Los bancos siguen ganando pero no sueltan un duro para dar fluidez al mercado, el Estado no sólo no tiene dinero sino que además se lo retira a los ciudadanos a través de los impuestos y, mientras, el paro llega a los 5.600.000 desempleados. Y hay que recordar que en España la inmensa mayoría de los puestos de trabajo los crean las pequeñas y medianas empresas, pero sin dinero circulante no tienen nada que hacer.

Hoy de Guindos, este extraño ministro importado de Lehman Brothers, nos acaba anunciar una nueva subida de impuestos, es decir, menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos, menos consumo, más paro, etc. Una vez más, los que nos creíamos un determinado modelo para salir de la crisis y nos lo seguimos creyendo no nos podemos identificar con estas medidas. Nos empezamos a sentir huérfanos ante unos anuncios fiscales de claro tinte socialdemócrata y ajenos a toda una trayectoria ideológica. El Gobierno está apostando por medidas miopes, a muy corto plazo, medidas contrarias a su programa y a su ideología que quizás puedan servir para tranquilizar a los mercados pero que, desde luego, intranquilizan, irritan y ponen los pelos de punta a sus votantes y a los militantes que sostienen su partido. Sólo podemos decir: No es ésto, no es ésto. Y para este viaje no se necesitan alforjas.

Santiago de Munck Loyola

El PP local de Alicante: un coto cerrado y antidemocrático.

Dicen que los trapos sucios hay que lavarlos en casa. Es un buen consejo pero los problemas surgen cuando la lavadora no funciona y cuando ni siquiera hay agua para realizar esa tarea. Y éso es lo que parece que pasa en la casa Popular: o no hay agua corriente, o la lavadora está rota o el encargado de la tarea ni está, ni se le espera. Así que no queda otra que sacar la colada fuera, a la lavandería.

En el pasado mes de febrero, los dirigentes del Partido Popular de la ciudad de Alicante se saltaron olímpicamente los estatutos del Partido y el Reglamento del Congreso Nacional al no remitir a los afiliados las normas y documentos necesarios para que pudieran presentarse como compromisarios al Congreso Nacional. Es decir, actuaron antidemocráticamente para evitar unas elecciones internas que se habrían producido en el caso que se hubiesen postulado más candidatos a compromisarios que el número de puestos asignados a Alicante y, con ello, se aseguraron dichos puestos para la camarilla dirigente. Se presentó una reclamación al Presidente local y éste no ha tenido aún ni la decencia y cortesía de responderla. Se denunció esta grave vulneración de la democracia interna a la Secretaria General del Partido, María Dolores de Cospedal, y al día de hoy ni ha respondido. Se comprende que la Presidencia de Castilla la Mancha absorba la mayor parte de su tiempo, pero si ello le impide cumplir con sus obligaciones y responsabilidades como Secretaria General debería ir planteándose su continuidad en las labores internas del Partido, porque los afiliados merecen un mínimo de respeto y la democracia interna es lo suficientemente importante como para que dedique un mínimo de atención.

Pues bien, ahora toca el Congreso regional del PPCV y los dirigentes alicantinos han vuelto a repetir la operación. Las Bases para la elección de compromisarios para el XIII Congreso Regional señalan:

c) La convocatoria para la elección de las Asambleas que han de elegir los compromisarios será realizada por escrito, por los Presidentes Provinciales con una antelación mínima de 10 días, es decir, que dicha convocatoria tendrá que estar en correos el día 20 de abril.

d) Las convocatorias se dirigirán a cada uno de los afiliados sin excepción, y deberán indicar lugar, fecha y hora del comienzo de la Asamblea, duración del período de votación, que no será superior a 6 horas, número de compromisarios a elegir y bases para presentación de candidatos.

Parece que estas normas están bastante claras y que ofrecen pocas dudas sobre su contenido. Sería bueno saber qué parte de las mismas no han entendido los dirigentes del PP alicantino porque, al día de hoy, los afiliados no han recibido carta alguna y el plazo para presentar candidaturas concluye el día 27 de abril a las 12 horas. Es evidente que se trata nuevamente de una grave irregularidad, de una clara vulneración de la democracia interna, y van dos, perpetrada por los dirigentes populares de la Ciudad de Alicante.

Pero esta vez la cosa no va a quedar así. Se ha impugnado el procedimiento y si no se invalida y se repite se va a abrir la vía jurisdiccional hasta sus últimas consecuencias. No son pocos los afiliados populares cansados de estas prácticas caciquiles y se va a constituir en breve una plataforma para la regeneración del partido, desde las bases, como debe ser. El PP de la ciudad de Alicante no puede seguir siendo un coto cerrado a los afiliados y a la sociedad alicantina. Unos dirigentes locales que no respetan a sus afiliados seguramente tampoco respetarán al resto de los ciudadanos. Eso tiene que acabar ya. Y a ver si arreglan la lavadora.

Santiago de Munck Loyola

Injusticias de la Administración de Justicia en Novelda.

Señala el dicho popular que en ocasiones la realidad supera la ficción y es cierto. Nuestra Constitución recoge un amplio catálogo de derechos fundamentales y lo hace de manera especial al otorgarles una especial protección que se pone de manifiesto, incluso, en los propios mecanismos de reforma constitucional. Sin embargo, la realidad diaria evidencia que, no sólo muchos de estos derechos fundamentales no pasan de ser un simple deseo u objetivo a cumplir sino que, además, otros derechos, más fáciles de tutelar y proteger, son sencillamente ignorados o directamente vulnerados por algunas administraciones públicas.

Dentro del Capítulo II, sobre los derechos y libertades” de la Constitución española el Artículo 17 señala, por ejemplo, que todas las personas tienen derecho a la seguridad y el Artículo 24.1 dice textualmente que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.” Por su parte, el Artículo 53 establece que: “1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.”

 

 

Parece que estos Artículos ofrecen pocas dudas sobre su contenido y alcance al lector. El ejercicio de los derechos recogidos en el Capítulo II, incluido el derecho a la seguridad y al honor, deben ser protegidos, vinculan a los poderes públicos y deben ser tutelados por los Tribunales. Pues algo tan meridianamente claro parece que se lo pasa por el “arco del triunfo” el Juzgado de Instrucción nº 1 de Novelda. Esta apariencia se sustenta en los siguientes hechos.

 

 

El 18 de noviembre de 2009, D.ª M.ª José Romero Murias, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Novelda, dictó la sentencia nº 159/09 en la que condenó a J.A.V. como autor criminalmente responsable de una falta de amenazas (Art. 620.2 del C.P.) contra un funcionario público. El condenado recurrió dicha sentencia y más de dos años después, el 3 de abril de 2012, la Audiencia Provincial de Alicante dicta la sentencia 000167/2012 en la que dice lo siguiente: “En el presente supuesto dictada sentencia con fecha 18 de noviembre de 2009 e interpuesto recurso de apelación en tiempo y forma, tras dar traslado a la parte contraria, con fecha 28 de enero de 2010 se dictó providencia acordando la remisión a esta Audiencia Provincial, quedando la causa paralizada sin remisión efectiva… Es claro y evidente que la causa ha estado paralizada por período superior a seis meses, y por ello debe revocarse la sentencia de instancia y absolver al denunciado por prescripción de los hechos”. ¡Toma ya!

Es decir, que como el Juzgado de Instrucción de Novelda, deliberada o accidentalmente, no cumple con su deber procesal de enviar la documentación a la Audiencia y han pasado más de seis meses, ésta, de oficio, en vez de desestimar el recurso del condenado, lo estima y sin discutir los hechos por los que fue condenado, que quedan como probados, le absuelve y deja sin tutela judicial efectiva al ofendido y amenazado, es decir, a la víctima. Eso sí, será cosa del corporativismo, pero ni una palabra en esta sentencia de la Audiencia sobre las responsabilidades que pudieran corresponder a los funcionarios del Juzgado de Novelda por no haber cumplido con sus obligaciones legales y por haber vulnerado los derechos fundamentales de la víctima y provocar con ello la indefensión de la misma.

 

 

¿Qué pensar de todo ello? ¿Que el condenado tenía amigos en el juzgado de Novelda que han retrasado intencionadamente el envío de la causa a la Audiencia para que prescribieran los hechos, que están tan saturados de trabajo en Novelda que no les ha dado tiempo a enviarlo en plazo, que los expedientes se pierden en el Juzgado o algo mucho peor? El responsable o la responsable del envío a la Audiencia que ha incumplido su deber ¿tendrá nombre y apellidos, no? ¿Se podrán exigir responsabilidades, no?

 

 

Muchos de nuestros derechos fundamentales (derecho al trabajo, a la vivienda,…) son desgraciadamente papel mojado ante una realidad como la que nos toca vivir, pero si a ello sumamos que incluso los derechos fundamentales fáciles de proteger y tutelar son ignorados por la administración de justicia en los escalones más primarios, vulnerando con ello de forma evidente la propia Constitución, vamos listos. Así nos luce el pelo.

 

 

Santiago de Munck Loyola

Un día de abuelo en el Safari Aitana.

Hoy he pasado un estupendo y típico día de abuelo, aunque la verdad ejerzo de tal todos los días y sobre todo desde que nació Blanca. Pronto va a cumplir dos años y he de reconocer que, desde el primer día, hizo honor a su nombre pues entró en nuestras vidas en la peor y más triste época de las mismas y desde entonces las ha alegrado e iluminado, suavizando los momentos más duros y borrando los trances más dolorosos.

Pues éso, que tocaba salir de excursión y nos hemos acercado a la Sierra de Alicante para visitar el Safari de Aitana. Ya conocíamos muchos de los pequeños y hermosos pueblos de esta zona, Sella, Guadalest, Relleu, etc., y en no pocas ocasiones hemos disfrutado de estas montañas cubiertas de pinos y jalonadas de ancestrales terrazas de plantaciones. Sorprende siempre el contraste entre esta verde sierra, tan próxima al mar, con la aridez y sequedad de muchos otros parajes alicantinos, también muy próximos. Parece mentira que en tan cortas distancias exista tanta variedad y tan diferentes bellezas. Sin embargo, nunca nos habíamos decidido a entrar en el Safari de Aitana y hoy lo hemos hecho.

Nunca me han apasionado los lugares donde los animales salvajes se encuentran recluidos, pero hay que reconocer que estas instalaciones ofrecen una agradable sensación y una oportunidad distinta y gratificante para observar a la fauna: leones, tigres, elefantes, camellos, búfalos, burros y una larga lista de animales deambulan por el parque con relativa naturalidad y, desde luego, en unas condiciones muy aceptables.

Limpieza, personal amable, precios razonables y un buen servicio son características de estas instalaciones. Tras una comida sencilla en el restaurante del Safari hemos realizado la visita guiada de más de dos horas recibiendo toda clase de explicaciones, con tranquilidad y con una temperatura muy agradable. Blanca, al igual que la mayoría de los niños, ha descubierto con asombro a los animales que hasta ahora solo conocía por los libros y la televisión. En algunos casos los ha podido acariciar y tocar. Su emoción e interés ha sido constante y sólo ha decaído a última hora cuando ha visto los columpios de un parque infantil.

En fin, un agradable día de abuelo, una experiencia gratificante en todos los sentidos muy recomendable para todos los que quieran descubrir estos hermosos rincones de la Provincia de Alicante y hacer un paréntesis rejuvenecedor en medio de esta vorágine de problemas, recortes y controversias que amenaza la estabilidad emocional del más pintado.

Santiago de Munck Loyola

A vueltas con los recortes y la organización del estado.

Las nuevas medidas que está adoptando el Gobierno con el fin de reducir el gasto público están desatando muy variadas reacciones en distintos sectores sociales y propiciando críticas en los diferentes agentes sociales y políticos. Parece que, tal y como están las cosas, no hay dinero suficiente para poder seguir manteniendo intocables las prestaciones públicas. Si no hay dinero no queda más remedio que gastar menos y tratar de ingresar más. Es evidente que durante los últimos años, nuestras administraciones públicas han gastado más de lo que ingresaban, es decir, han ido acumulando, año tras año, déficits. Esos desfases entre los ingresos y los gastos se fueron cubriendo con préstamos, es decir, nuestras distintas administraciones se fueron endeudando y ahora, en medio de una crisis internacional, no sólo seguimos gastando más de lo que ingresamos, sino que además tenemos que pagar los intereses de las deudas acumuladas en los últimos años. Estos intereses anuales que hay que pagar se elevan a más 29.000 millones de euros anuales. Para hacerse una idea de lo que esta cifra significa basta considerar que los salarios de un año de los funcionarios suponen menos de esa cantidad.

Por tanto, parece razonable pensar que hay que acabar con el déficit para impedir que siga creciendo la cantidad anual que los intereses suponen. De no hacerlo pronto, los 29.000 millones de euros seguirán creciendo y llegará un momento en que sea de todo punto imposible pagarlos, colapsando el sistema. Es un poco absurdo pensar que no es tan importante reducir el déficit público, pero un debate muy distinto es cómo hacerlo, dónde priorizar la reducción de los gastos y cómo articular el imprescindible incremento de ingresos públicos.

En el amplio debate generado estos días, distintos dirigentes políticos han puesto en cuestión el modelo de funcionamiento de las Comunidades Autónomas, responsables en gran parte del déficit de las cuentas públicas. De una parte, Esperanza Aguirre ha manifestado que si es conveniente para el interés nacional, la Comunidad de Madrid está dispuesta a devolver las competencias de Sanidad y Educación al Estado y transferir otras competencias a los Municipios.

De otra, José Bono ha criticado duramente el gasto que supone el mantenimiento de 17 parlamentos autonómicos, 17 defensores del pueblo, 17 tribunales de cuentas, decenas de canales de televisión autonómicos. Ante estas declaraciones, responsables de los dos grandes partidos se han apresurado a manifestar su satisfacción por la evolución del estado de las autonomías y su pleno respaldo al diseño constitucional del mismo. Por su parte, algunos politólogos también han manifestado en distintos medios de comunicación la irreversibilidad del estado autonómico.

De todo ello, se desprende una sensación de miedo a formular públicamente críticas que puedan cuestionar la actual organización territorial del estado. Se cierran los ojos ante las evidencias:

-          El estado de las autonomías es un modelo caro que, hoy por hoy, es difícil de sostener. Si no hay dinero para mantener las actuales prestaciones sanitarias o educativas ¿por qué hay que mantener un modelo de estado caro y plagado de duplicidades e ineficiencias? ¿Por qué la prioridad en la reducción del gasto público no aborda en primer lugar la corrección de una de las principales causas del déficit público?

-          El funcionamiento actual del estado de las autonomías incumple sistemáticamente el Art. 138.2 de la C.E. “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales” y el Art. 139.1 “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.” Basta con comparar los distintos Estatutos de Autonomía o palpar la realidad de la calle para comprobarlo.

-          Las autonomías han generado una inflación legislativa sin precedentes en los países occidentales que supone una verdadera losa para la libre circulación en el territorio nacional de los flujos económicos y sociales que sustentan el progreso de una sociedad.

-          La devolución de competencias al Estado no es imposible y, si con ella se gana eficiencia en algunas materias, es, además, necesaria. El proceso autonómico no es como algunos pretenden constitucionalmente irreversible porque la propia constitución de las CCAA no es obligatoria, sino opcional, a tenor de la redacción del Art. 143 de la propia C.E.

En todo caso, tan constitucional es propugnar la reforma de la propia Constitución para reclamar, por ejemplo, la República como para reivindicar la reforma de la estructura territorial del estado si se considera que ello puede favorecer el interés general y el bienestar de los ciudadanos. Por tanto, no son muy comprensibles esos recelos instalados en amplios sectores de la clase política y ese cierre de filas ante cualquier propuesta de racionalización de nuestras instituciones y del gasto público generado por las mismas.

Meter la tijera en el gasto público hay que meterla, pero es mucho más sensato, aunque sea más costoso políticamente, hacerlo por las raíces de los problemas. La saturación de plantas en una jardinera pequeña puede terminar por matar a la mayoría.

Santiago de Munck Loyola