La lucha contra España de la “abogada trucha”.

La Presidenta de la República argentina Dª Cristina Fernández de Kirchner siempre ha tenido un concepto muy particular sobre la forma de abordar los problemas políticos y sobre las soluciones posibles a los mismos. Este particular concepto ya se puso de manifiesto cuando su difunto marido, el “Dioni” de la Pampa según algunos medios, era Gobernador de la Provincia de Santa Cruz y ella senadora de la misma Provincia y se plasmaba en la política social que, al parecer, consistía en ir repartiendo limosnas, acompañada de periodistas gráficos, en las zonas más humildes y deprimidas de su circunscripción electoral.

No hace mucho, José Brechner, ex diputado y embajador boliviano en Argentina, dijo sobre ella: “La mujer no tiene un solo mérito o virtud, ni capacidad alguna para manejar un país. Su parodia de Evita, saca a relucir su agresivo estilo de piquetera populista cada vez que pronuncia una palabra. Si además es cierto que es maníaca depresiva, puede llevar a su país a una hecatombe peor a todas las que sufrió el pueblo argentino.

Cristina llegó al poder repartiendo dinero enviado de Venezuela por su buen amigo Hugo Chávez, y aprovechando de la maquinaria gubernamental manipulada por su marido. Está rodeada de individuos siniestros. Ex guerrilleros, terroristas y secuestradores, ahora convertidos en cleptómanos burgueses socialistas. Desde que inició su mandato no hizo nada positivo, ni podrá hacerlo”.

El retrato del personaje que estos días está poniendo en jaque a las inversiones españolas en Argentina se puede completar con las dudas, nunca despejadas desde el entorno presidencial, sobre la autenticidad del título de abogada que la Presidenta dice poseer hechas públicas por periodistas argentinos que la califican de “abogada trucha”. De sobra sabemos en España lo que dan de si los políticos que se atribuyen títulos universitarios inexistentes o que adornan su curriculum vitae con tanta imaginación como poca honestidad. Parece que la “Reina Cristina” podría pertenecer a este gremio de acomplejados intelectuales y mentirosos compulsivos.

Y, claro, como los resultados de la gestión económica de la Presidenta argentina no son precisamente buenos ha acudido al recurso de todos los sátrapas de opereta política: agitar el fantasma del enemigo exterior al que culpar de los males generados por la propia incompetencia, en este caso, el fantasma del enemigo español. Según la ilustre dama argentina los malos económicos que padece Argentina se deben en gran parte a que los españoles, las empresas españolas, están robando a los pobres argentinos. ¿Solución? Cargarse a las empresas españolas empezando por Repsol YPF. Las multimillonarias inversiones realizadas por las empresas españolas no cuentan. Las transferencias de conocimientos ejecutas tampoco. La riqueza generada en estos últimos años en Argentina ni se valora. Nada importa, lo único que cuenta para esta señora es que ha encontrado un culpable y vale ya, que diría cierta fiscal.

Es muy probable que el gobierno argentino se salga con la suya consumando un auténtico expolio, pisoteando la seguridad jurídica y la mínima confianza que las relaciones comerciales internacionales exigen pero, tal y como ha anunciado el Gobierno español, esa decisión puede y debe tener consecuencias inmediatas para los intereses argentinos en España que, muchos o pocos, también los hay. El principio de reciprocidad en las relaciones internacionales debe ser aplicado de forma inmediata si no se quiere que el ejemplo de la Sra. Kirchner cunda en otras naciones en los que los intereses españoles también pueden ser puestos en peligro.

Dice nuestro sabio refranero que “donde las dan, las toman” y, en este caso, es evidente que en Argentina también deben empezar a “tomarlas”.

Santiago de Munck Loyola.

Sarkozy excita al PSOE.

Algunos no hemos olvidado aún las imágenes del Primer Ministro sueco Olof Palme, en 1975, recaudando fondos en las calles con una hucha a favor de la democracia en España poco después de las últimas ejecuciones del franquismo. Aquella campaña fue interpretada por los dirigentes franquistas, como no podía ser menos, como una campaña insultante en contra de España, identificando, una vez más, al régimen con el conjunto del país. Es inevitable en todos los regímenes totalitarios identificar el régimen o el partido dominante con la propia nación o con el estado. Criticar las políticas del régimen era criticar o insultar, nada menos, que a España. En definitiva, o se estaba con ellos o se estaba contra España.

Esta técnica fue muy bien asumida por algunos políticos nacionalistas. En cuanto se discrepaba de las políticas nacionalistas, en cuanto se criticaba su gestión, la discrepancia o la crítica se transformaban en descalificaciones a la región. A lo largo de la historia de nuestro régimen democrático, los políticos nacionalistas han desarrollado una identificación de sus personas y sus políticas con su respectiva región elaborando un discurso no sólo excluyente sino con características similares a las totalitarias. En definitiva, se envuelven en la bandera regional para eludir las críticas.

Y, de repente, el Presidente francés, en el contexto de un mitin, se le ha ocurrido afirmar que un gobierno socialista en Francia conduciría al país galo "a una deriva económica similar a la de España y, sobre todo, de Grecia". En su discurso, con el que aludía a la crisis española y a la gestión de Zapatero para atacar a su rival, ha llegado a decir que el socialismo ha puesto a nuestro país de rodillas. ¡Anatema! ¡Intolerable! Los socialistas españoles han levantado el grito y se han rasgado las vestiduras ante las palabras del “pequeño Napoleón” del vecino país. La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha exigido, nada menos, al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que desautorice al presidente francés, Nicolas Sarkozy, por sus palabras.

Parece que lo de la libertad de expresión no cuenta, aunque estemos hablando de Francia y que el Presidente francés no puede decir en un mitin lo que piensa. Ya se sabe que aquí se puede llamar a la Canciller alemana “fracasada” o al premier británico “gilipollas” y que no pasa nada, pero que el Presidente francés utilice como ejemplo de lo que no se debe hacer a las políticas de Zapatero eso es inadmisible. Los socialistas españoles se han apresurado a imitar a los políticos que se envuelven en banderas y se han envuelto, a su vez, en la bandera de España para identificar la crítica a su desastrosa gestión con la crítica o la ofensa a la nación española. Y no, no es éso. Puede que sea desafortunado que Sarkozy cite a España en el mismo lugar que a Grecia, pero de ahí a afirmar que ha ofendido a España existe un abismo. El Presidente galo no ha hecho otra cosa que expresar en un mitin lo que muchos piensan en España, que no desea para su país la aplicación de las mismas políticas que han llevado a España a la desastrosa situación actual y cuyo responsable se llama Zapatero. Expresar ese deseo no es descalificar, ni agraviar a España, es descalificar la gestión de un partido, el PSOE, y de un Presidente, Rodríguez Zapatero. Y afortunadamente ni uno ni otro son España.

Santiago de Munck Loyola

¡Qué morro tienen!

A continuación voy a reproducir un artículo que circula por Internet. Es posible que no sea conocido por mucha gente, pero lo cierto es que los que lo conocen, en su inmensa mayoría, lo suscriben. De su lectura pueden sacarse muchas conclusiones pero hay una indudable que debería hacernos reflexionar a los ciudadanos y, en consecuencia, movernos a actuar: nuestros políticos, sean del color que sean, no tienen ninguna legitimidad moral para seguir pidiéndonos sacrificios, ni para imponernos más recortes mientras ellos mismos no den ejemplo. Así de claro. Se valen de nuestra pasividad y tolerancia hacia unas prácticas abusivas y hacia unos privilegios inadmisibles para mantener su estatus. Ellos no se van a aplicar recortes, pero los ciudadanos sí que podemos poniendo en marcha una iniciativa legislativa popular. Mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos no reaccionemos, seguiremos teniendo lo que nos merecemos.

Santiago de Munck Loyola

¡Qué morro tienen!

Los RECORTES son NECESARIOS, no creas que no.

Así­ que si recortan la sanidad, educación, servicios en general es porque es muy necesario y no se puede gastar dinero en frivolidades. Sino, ahí­ tenéis a los diputados que se dedican a la política por su gran vocación de servicio a su país, a pesar de que les supone grandes sacrificios.



"Estamos pidiendo un sacrificio a todos los ciudadanos"
 (Alfredo Pérez Rubalcaba)   

Y si alguien no me cree, se lo explico:

¿Qué recibió un diputado tras resultar elegido el 20N?        

- Un iPhone 4S. Si ya tenía el iPhone de la anterior legislatura, se lo queda gratis.
- Un iPad. Si ya tenía el portátil de blablabla, se lo queda por 100 €.
- Un PC en el despacho.
- Modem 3G.
- Voz y datos pagados.
- ADSL en casa pagado.
- Si eres del PP o PSOE, un asistente para cada dos diputados. Si eres de otro partido, uno propio.
- Un despacho propio.  

Ah ¿Y para moverse?   
    

"Tendremos el Estado de bienestar que podamos"
(Mariano Rajoy Brey) 

      - Si usa su propio coche recibe 0.25€‚ por Km., o sea, 25 €‚ cada 100 Km. y
se te pagan los peajes.
- Si no tienes un coche oficial asignado, 3.000 €‚¬ anuales para taxis
(250€‚/mes).
- Billetes de primera clase para avión, tren y barco.     

Ah ¿Y el sueldo?                               

"Los sacrificios de hoy son la puerta al bienestar del mañana"
(José Luis Rodríguez Zapatero) 

- Sueldo base de 3.126,52 €‚ mensuales y dos pagas extras.
- Si formas parte de alguna comisión, recibes entre 775,15 €‚ y 1.590,34 €‚ más al mes.
- Si tienes algún cargo (Portavoz, Secretario, etc.) en el peor de los casos recibes 2.318,96 €, más al mes.  
- Los sueldos que cobres de tu partido, tampoco afectan en nada.
- Puedes tener trabajos y cargos fuera del congreso sin lí­mite ni perjuicio en el sueldo/ayuda.


Ah ¿Y las ayudas?   

                      

"Los españoles pueden estar seguros de que
 no habrá sacrificio ni esfuerzo que no estemos
 dispuestos a hacer" (María Dolores de Cospedal) 

- Si fuiste elegido fuera de Madrid, recibes 1.823,86 €‚ mensuales más para alojamiento y manutención.
- Si fuiste elegido en Madrid, recibes 870,56 €‚ mensuales más para alojamiento y manutención.
- Si viajas dentro de España, 120 €, diarios.
- Si viajas fuera de España, 150 €‚ diarios.    

Ah ¿Y los beneficios fiscales?                 

"La salida de la crisis, con el esfuerzo de todos"
(José Blanco)

- Las dietas relacionadas con transporte no tributan, no se declaran a Hacienda, vamos.
- Las dietas relacionadas con alojamiento y manutención no tributan.
- Los sueldos/dietas por tener un cargo en el Congreso, no tributan.
- Si dejas de ser diputado, percibes una paga mensual de 2.813,87 € hasta un máximo de dos años. No importa si tienes un sueldo privado.  

"Todos tenemos que hacer sacrificios"
(Esperanza Aguirre)

Ah ¿Y si se disuelven las cortes porque va a haber elecciones?                   
  
- Derecho a una indemnización consistente en el sueldo de los días
transcurridos hasta que se forma el nuevo Congreso (el sueldo de dos
meses aproximadamente), vuelvas al Congreso o no.          
- El Congreso te paga las cuotas de la Seguridad Social, Derecho pasivo y otras cosas durante ese tiempo. 
- El Congreso mantendrá tu póliza de accidentes durante ese tiempo.    
- El Congreso sigue pagando el ADSL, voz y datos durante ese tiempo. 
- La mudanza de tu despacho corre a cargo del Congreso. 

Ah ¿Y la jubilación?          

Si tienes 55 años y...         

- Has sido diputado once años: 100% de la pensión máxima (2.466,20 €,).        
- Has sido diputado entre nueve y once años: 90% de la pensión máxima.        
- Has sido diputado entre siete y nueve años: 80% de la pensión máxima.         
- Por el 10% del salario base, derecho a pensión privada a cargo del BBVA.

Como veis, son unas condiciones lamentables. Por eso los políticos son los más adecuados a la hora de hablar de recortes y sacrificios. Ellos ya se están apretando el cinturón y pasándolo muy mal.     

Por eso cuando un político hable de sacrificios ¡Aplaude! Cuando hable de recortes ¡Vitoréale! Sabe muy bien de lo que habla porque es un drama que conoce de primera mano.

Mal arranca el Congreso regional del PPCV.

Tiene bemoles que los afiliados del Partido Popular se tengan que enterar por la prensa de cómo y cuando se va desarrollar el próximo Congreso Regional de su partido. Hay algunos dirigentes populares, como el Secretario General, D. Antonio Clemente, que tienen un concepto muy particular sobre lo que supone el respeto a los militantes y sobre el significado del concepto de democracia interna. Los populares de la Comunidad Valenciana están de enhorabuena. Pueden enterarse por los medios de comunicación de los procedimientos que el Comité organizador está regulando para que puedan ejercer sus derechos políticos en el próximo Congreso Regional. ¿Tanto trabajo cuesta enviar un correo electrónico a los militantes? ¿O una simple carta? Concepto, por cierto, tan particular el del Sr. Clemente como el del actual Presidente local de la ciudad de Alicante, bajo cuya presidencia se vulneraron los estatutos del partido a la hora de designar a los compromisarios al Congreso Nacional, evitando que los afiliados tuvieran conocimiento por escrito de los plazos y procedimientos, y que, además, no tiene ni la decencia, ni la vergüenza suficiente para contestar a las reclamaciones que por escrito se le presentaron el pasado mes de febrero. Sr. Presidente Local de Alicante, ya que no responde por los cauces internos, habrá que planteárselo en público ¿se respetaron los estatutos del partido? ¿Sí o no? ¿Se remitió la preceptiva carta a los afiliados para que pudieran ejercer su derecho? ¿Sí o no? No es tan difícil ofrecer una respuesta, Sr. Presidente local de Alicante. Y los afiliados no están sólo para rellenar mítines, acudir a cenas y eventos varios en campaña o para ejercer de apoderados e interventores el día de las elecciones. No, los afiliados están para algo más y así lo dicen los Estatutos del Partido. ¿Le suena de algo la democracia internan o la participación?

Los populares de la Comunidad Valenciana tenemos un Presidente Regional no elegido por nosotros, sino impuesto. Es un Presidente que, independientemente de sus aptitudes y valía, carece de la legitimidad interna necesaria y que, por tanto, no ostenta liderazgo alguno. Tiene mando en plaza, sí, pero no liderazgo y seguirá siendo así hasta que no se lo gane en el próximo Congreso Regional y, siempre y cuando, no se lo arrebate otro posible candidato. Flaco favor al surgimiento de ese liderazgo democrático hacen quienes se están ocupando estos días de despejar la aparición de posibles candidatos alternativos. Es muy posible que no se presente ningún otro candidato a la Presidencia del Partido tal y como están las cosas y considerando la estructura interna de poder y el delicado equilibrio existente. Pero de esa constatación a empezar a enviar avisos al navegante hay un abismo. Se trata de elegir a un Presidente Regional, no de ratificar en plan referendum al único candidato posible. Flaco favor se hace a la construcción de un verdadero liderazgo cuando desde la cúpula del Partido se empieza a vigilar cualquier movimiento que pueda suponer un debate interno rico y profundo y una pluralidad entre la que los afiliados puedan libremente elegir.

Ya sabemos por la prensa cuantos compromisarios podrán asistir al Congreso regional. Ahora falta que no se repita lo de la ciudad de Alicante respecto a los compromisarios para el Congreso nacional del PP. Ahora falta que se envíen cartas a todos los afiliados y que no se coarte la libertad de nadie para presentar su candidatura de modo que no vuelvan a repartir los puestos entre cuatro amiguetes. Y si se vuelve a hacer que alguien tenga la vergüenza torera de dar las explicaciones pertinentes antes de dimitir e irse a su casa. ¡Qué utópico!

Santiago de Munck Loyola

Nunca digas de esta agua no beberé…

Hace unos días, un amigo, Valentín, comentaba un enlace relacionado con el nuevo presupuesto y recordaba lo que decía la Vicepresidenta a propósito de la reforma laboral del PSOE de 2010 para concluir subrayando lo falsos que son los políticos. Sin llegar a generalizar sobre todos los políticos, hay que admitir que no es ociosa esta afirmación sobre una buena parte de la clase política.

No cabe duda que los políticos no tienen una buena imagen entre la mayoría de los ciudadanos y que la causa de ello se encuentra, con toda seguridad, en sus propios comportamientos y actitudes. El desprestigio de la clase política es responsabilidad casi exclusiva de la propia clase política y, quizás, de parte de los medios de comunicación. Por cierto, digan lo que digan algunos tertulianos políticos, denunciar los comportamientos inmorales de algunos políticos no supone ni desprestigiar al sistema democrático, ni poner en peligros la vigencia de los valores sobre los que se asienta. Todo lo contrario, es y debería ser un deber inexcusable para lograr la regeneración del sistema democrático. La vitalidad y enraizamiento de un sistema político entre los ciudadanos depende se su capacidad de regeneración permanente.

El éxito de cualquier profesional depende, en gran medida, del crédito que tenga, de la credibilidad sobre su capacidad que pueda ofrecer a quienes, en un momento dado, deseen usar sus servicios. Y los políticos no son excepciones, es más, su éxito depende fundamentalmente de su credibilidad. Y esas credibilidad se extiende a muchas facetas de su vida, incluso, a las que deberían pertenecer a la esfera privada. La armonía entre lo que dijeron y lo que ahora dicen, entre lo que dicen y lo que hacen es fundamental. Sin embargo, no nos tienen acostumbrados a eso. Parece que todo vale con tal de justificar sus cambios y sus contradicciones.

Parte del problema radica en esa necesidad que algunos tienen de pronunciarse siempre sobre cualquier tema de debate político y de hacerlo, además, sobre posiciones perfectamente previsibles en función de dónde se encuentren, de si están en el Gobierno o en la Oposición. Y, además, lo hacen trasladándonos a los ciudadanos mensajes simplistas y maniqueos como si no fuésemos capaces de distinguir matices o precisiones que puedan modular los análisis que realizan. Nos suelen tratar como a niños a los que no hay que dar demasiadas explicaciones. Lo vemos cada vez que hay una campaña electoral o cada vez que les ponen un micrófono delante. Ni es necesario que opinen sobre todo, ni es preciso que lo hagan en términos de blanco o negro.

Lo acabamos de ver respecto al debate sobre la reforma laboral y lo volvemos a ver sobre el debate de la mal llamada “amnistía fiscal” (legalmente prohibidas) incluida en el proyecto de presupuesto. Resulta inconcebible que una regularización fiscal fuera absolutamente inaceptable en 2010 cuando la propuso el PSOE y que ahora resulte que es el único camino encontrado para ingresar 2.500 millones de euros y poder así eludir una subida del IVA. Es cierto que las circunstancias económicas han empeorado desde entonces pero ¿tanto? Si política y moralmente era inaceptable en 2010 ¿no lo será ahora también? Y si ahora, para el PSOE, esta nueva regularización fiscal resulta inaceptable porque significa “premiar a los defraudadores” ¿no lo era también en 1984, en 1991 y en 2010? ¿Cómo es posible que el Sr. Rubalcaba descalifique tan rotundamente una medida que él mismo aprobó en el pasado? ¿Son malas las regularizaciones fiscales cuando las propone el PSOE y buenas cuando lo hace el PP? ¿Son una maravilla, hasta el punto de hacer tres, cuando las impulsa el PSOE y un pecado cuando lo hace el PP?

Son situaciones como éstas las que ponen en evidencia la inteligencia de algunos políticos y el escaso respeto que manifiestan hacia los votantes que nos inducen a generalizar sobre la mala imagen de la clase política. La aplicación de la Ley del embudo como norma transversal, las descalificaciones simplistas y categóricas y la ausencia absoluta de autocrítica no contribuyen a mejorar la credibilidad de la mayoría de los políticos. Deberían recordar aquello de “nunca digas de este agua no beberé y este cura no es mi padre”.

Santiago de Munck Loyola

Y España no se ha parado.

Ni ríos de huelguistas inundando las calles de los pueblos y ciudades de España, ni mareas democráticas, ni gaitas… La huelga general del 29 de marzo ha tenido la respuesta que todos hemos podido ver en nuestro entorno y en los medios de comunicación, no la que nos quieran o pretendan hacernos ver los líderes sindicales. No sólo se trata de la percepción que cada cual ha tenido sobre el impacto y alcance de la huelga general, sino de la valoración de los datos objetivos que sirven para apreciar con cierto rigor el éxito o fracaso de la una convocatoria de este tipo.

España no se ha parado. El país ha seguido funcionando con más o menos normalidad salvo excepciones perfectamente localizadas en tramos horarios, en zonas geográficas y en sectores productivos. El paro no ha sido general ni uniforme a lo largo del día, variando según la mayor o menor presencia de los piquetes coactivos que han venido circulando por el país. Es evidente que sin la presencia de los piquetes coactivos la incidencia de la huelga general habría sido aún menor que la que los datos objetivos nos indican. Tanto el transporte público, como el comercio, los centros sanitarios, las administraciones públicas, los sectores agrícolas y ganaderos, la hostelería, los servicios profesionales o, en menor medida, los centros educativos han venido funcionando con normalidad en la inmensa mayoría del país. Parece que sólo en los sectores industriales la incidencia de la huelga ha sido mayor. En todo caso, a estas horas, todos los datos apuntan que la incidencia de esta jornada de huelga ha sido inferior a la producida en la huelga general de 2010.

La convocatoria de una huelga general fracasa cuando no consigue paralizar un país ni consigue mover las posiciones del adversario, en este caso el Gobierno de la Nación. Y en esta huelga general los sindicatos no han conseguido ni paralizar el país ni doblegar la postura del Gobierno en torno a la reforma laboral. Por tanto, no es aventurado afirmar que la huelga general ha fracasado. Y el fracaso de la huelga no se debe tanto a las razones que la han motivado, el rechazo al contenido de la reforma laboral, sino, con toda seguridad, a otros factores diferentes. Es muy posible que a una gran parte de los ciudadanos no nos guste esta reforma laboral pero nos gustan menos las alternativas a la misma o, mejor dicho, la ausencia de alternativas. A ello hay que añadir el rechazo a los convocantes cuya actitud servil durante los últimos años, su pasividad frente a las políticas destructoras de empleo, su complicidad frente al despilfarro y la corrupción o su carácter de “apéndices del Estado, en palabras de Julio Anguita, aleja a muchos ciudadanos de la posibilidad de secundar sus llamamientos a la huelga.

Del mismo modo que muy pocos secundarían una manifestación convocada, por ejemplo, por Julián Muñoz en contra de la corrupción, muchos no queremos secundar los llamamientos de unos sindicatos como éstos. Su pasado reciente les resta credibilidad y legitimidad. Y del mismo modo que no secundar un llamamiento de Julián Muñoz contra la corrupción no significa estar a favor de la misma, no secundar un llamamiento de estos sindicatos contra la reforma laboral no significa estar de acuerdo con todo el contenido de la misma. Socialistas y comunistas han perdido las últimas elecciones generales y de ello no hace tanto tiempo, por lo que no debe sorprender que el sindicato socialista y el comunista tampoco hayan ganado esta jornada para su causa. Y si a ello se suma el rechazo a la desconfianza que estos tienen en las libertades de los ciudadanos representada por el uso de los piquetes coactivos, se explica mejor el fracaso de esta huelga.

Santiago de Munck Loyola

29 M Huelga general.

Guste o no, se apoye o no la huelga general, lo cierto es que hoy, 29 de marzo, es un día de “fiesta democrática” o debería serlo para todos los que creemos y defendemos el libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en nuestra vigente Constitución. El derecho a la huelga que hoy sentimos como algo natural, fuera de discusión y en muchas ocasiones insuficientemente valorado fue conquistado y constitucionalmente protegido tras largas y duras luchas.

Y conviene recordarlo y valorarlo con independencia de que se esté a favor o en contra de los motivos de esta convocatoria de huelga general, de la oportunidad de la misma o, incluso, de los propios convocantes. Lo importante y verdaderamente trascendente es que cualquier ciudadano pueda decidir libremente y sin miedo a la más mínima represalia ejercer su derecho a no acudir a su puesto de trabajo. Se trata de una decisión individual que merece no sólo el máximo respeto, sino, también, la máxima protección posible de los poderes públicos.

Y del mismo modo el derecho a no secundar la huelga pertenece a la esfera de los derechos y libertades individuales amparado por las leyes. Cada ciudadano tiene o debería tener el mismo derecho a poder acudir a su puesto de trabajo, si esa es su decisión, sin ser objeto de ninguna coacción o represalia por hacerlo. El respeto y la protección del libre ejercicio de los derechos individuales deben estar por encima de cualquier tipo de consideración. Sin embargo, en muchas ocasiones, ambos derechos, el de hacer huelga y el de no hacerla, no son respetados ni protegidos con la debida fuerza. Es una realidad fácilmente constatable cada vez que se produce una huelga: empresarios que amenazan, coaccionan o toman represalias con los huelguistas y sindicalistas que hacen exactamente lo mismo con aquellos que en uso de su libertad deciden no secundar el llamamiento a la huelga.

En toda convocatoria de huelga se producen conflictos en torno a los llamados “servicios mínimos” y se desatan polémicas en torno a la necesidad o no de regular el derecho constitucional a la huelga. Las Administraciones Públicas han venido siempre demostrando una propensión a agrandar y extender los servicios mínimos y los sindicatos a incumplirlos cuando los consideran abusivos. Las patronales por su parte se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena y enseguida invocan la necesidad de una Ley reguladora que, en realidad, no es otra cosa que la pretensión de encorsetar el derecho a la huelga. Y después de una ley vendría un reglamento y con ello más restricciones.

Camionera quemado vivo en 2008 en Alicante.
Los piquetes incendiaron su camión mientras él dormía dentro.

Los servicios mínimos deberían limitarse a los servicios básicos y esenciales y, hoy por hoy, no parece necesaria una regulación de la Ley de huelga, pero ambas posibilidades pasan por una tutela efectiva del derecho al trabajo y una actitud respetuosa de los sindicatos a la libertad individual de quienes no desean secundar su llamamiento. De ahí que, si se admite la innecesariedad de una legislación sobre la huelga y la delimitación restrictiva de los servicios mínimos, debería admitirse la eliminación de los llamados piquetes “informativos”, sobre todo en una huelga general. Hoy todo el mundo sabe que ha sido convocada una huelga general y los motivos por lo que se ha convocado, por tanto ningún ciudadano tiene la más mínima necesidad de que un piquete “informativo” se lo cuente y menos aún en el tono en que se suele contar. Todos sabemos que estos piquetes son simplemente coactivos, no informativos, y que constituyen un instrumento sindical imprescindible para contribuir al éxito de una movilización. Y la razón no es otra que la desconfianza de los sindicatos en el uso que cada ciudadano pueda hacer de su libertad, de hacer o no huelga. Los piquetes son un instrumento arcaico para cercenar el derecho a la libertad de elección, al derecho a poder trabajar y, por tanto, constituyen un factor antidemocrático que desequilibra el binomio de facultades que configuran el derecho a la huelga. Su uso es un ataque sistemático a las libertades y ello pone en riesgo el conjunto de las mismas.

En todo caso, hoy, lo importante es que los ciudadanos, si queremos, podemos hacer huelga sin temor alguno y eso es motivo suficiente de celebración. Y ojala quienes decidamos no hacerla, también podamos celebrar nuestro derecho.

Santiago de Munck Loyola

Asturias: Foro y PP deben disculparse.

Por segunda vez en poco más de diez meses, la mayoría de los votantes de centro  derecha de Asturias ha dicho que prefiere a Álvarez Cascos como Presidente del Principado y no que lo sea un candidato del Partido Popular. Es el segundo veredicto de las urnas en poco tiempo. No cabe otra interpretación por mucho que los estrategas de comunicación de la calle Génova se empeñen en trasladar otros mensajes que ahora resultan irrelevantes.

Los personalismos y la poca democracia interna del partido popular a la hora de designar candidatos han fracturado al electorado de centro derecha de Asturias y la irresponsabilidad de sus dirigentes, tanto de Foro como del Partido Popular, ha puesto al alcance de la mano de la izquierda el Gobierno de esa región. La pelea fraticida ha producido espectáculos vergonzosos y ha adquirido en ocasiones tintes de opereta mientras se dejaba en el aire la gobernabilidad de una región necesitada, más que nunca, de un ejecutivo capaz de afrontar y superar la penosa herencia legada por los gobiernos socialistas de los últimos años.

Si estas elecciones autonómicas anticipadas eran innecesarias, tal y como no se cansan de repetir desde la calle Génova, más innecesario era haber desembocado previamente en una fractura y escisión del Partido Popular o, posteriormente, ser incapaces de llegar a un acuerdo de Gobierno o de estabilidad parlamentaria que garantizase una buena gestión de las instituciones asturianas.

En su día, Esperanza Aguirre defendió con buen criterio, aunque luego ella no lo pusiese en práctica en algunos municipios de Madrid, que fuesen los propios afiliados y militantes quienes decidiesen quién debía ser el candidato a la Presidencia de Asturias. El aparato de Génova, influido por algunos notables asturianos adversarios personales de Cascos, hizo oídos sordos a esta sugerencia e impuso su candidato con el resultado que todos conocemos. Después, el Partido Popular asturiano decidió no llegar a acuerdos con el Gobierno regional de Foro e incluso prefirió que siguieran vigentes los presupuestos prorrogados socialistas antes de que viesen la luz unos nuevos adaptados a las nuevas circunstancias. Y Álvarez Cascos en sus trece, incapaz de llegar a ningún acuerdo con sus antiguos compañeros.

Estas elecciones eran innecesarias como innecesario ha sido todo el proceso anterior de desencuentros y ruptura del centro derecha asturiano. La falta de gobernabilidad de la región, la fragmentación del electorado popular y la puesta en peligro del futuro de Asturias eran innecesarias y la responsabilidad de lo ocurrido está repartida al 50%.

Es hora, a la vista de los resultados, que tanto Foro Asturias como Partido Popular se pongan de acuerdo, dialoguen, negocien y sean capaces, con una generosidad y altura de miras de las que hasta ahora no han hecho gala, de ofrecer a los asturianos un ejecutivo sólido y solvente. Es hora de que sepan satisfacer las aspiraciones de un electorado que, hoy por hoy, no se merecen estos partidos. Debería darles vergüenza y empezar por pedir perdón a los ciudadanos por todo este cúmulo de errores y torpezas.

Santiago de Munck Loyola

La Ley de Transparencia: un antídoto errado contra la corrupción.

Hace pocos días, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha anunciado que en breve el Consejo de Ministros aprobará un nuevo Proyecto de Ley, la llamada Ley de Transparencia. Se trata, según el Gobierno, de uno de sus proyectos clave para regenerar la clase política y tratar, con ello, de limpiar la mala imagen de la misma a la hora de gestionar las entidades públicas percibidas por los ciudadanos como instrumentos de despilfarro el dinero de los contribuyentes. Este anteproyecto  obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos. Establecerá como delito el despilfarro de dinero público y regulará los sueldos de Alcaldes y concejales.

El secretario general del Grupo Popular del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha manifestado que  la nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es "muy positiva y necesaria" porque será el "mejor antídoto" contra la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos. Y esta idea de que la nueva norma va a servir fundamentalmente para combatir la corrupción se ha extendido entre los comentaristas políticos y entre los medios de comunicación en general.

A falta de conocer con detalle el nuevo texto legislativo, lo cierto es que de los avances sobre el contenido del mismo no se puede deducir que vaya a ser una norma eficaz para desterrar la corrupción de la vida política, ni mucho menos. Una mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos es necesaria, eso es indudable. La nueva norma podrá servir para lograr esa finalidad si se articula de forma adecuada pero de ahí a afirmar que se va a convertir en un antídoto contra la corrupción hay un verdadero abismo. Es cierto que la falta de transparencia, la opacidad en la toma de decisiones, es consustancial a la existencia de corruptelas o casos mayores de corrupción. Cuando se delinque no se hace a la luz del día, con luz y taquígrafos, pero la falta de transparencia es un carácter accidental en los procesos de corrupción en el manejo de los fondos públicos.

Si se analizan los mayores casos de corrupción se puede apreciar perfectamente en qué ámbitos suelen producirse y encontrar, además, la causa por la que en un estado de derecho pueden producirse. Los principales casos de corrupción suelen estar encuadrados en tres esferas concretas de la actividad gestora de las administraciones: en el del urbanismo, en el de la contratación y en el de las transferencias o subvenciones de recursos públicos. Todos los casos de corrupción sin excepción se producen porque nuestras normas contienen posibilidades de toma de decisiones basadas en la discrecionalidad, en la adopción de decisiones dependientes de la voluntad de político sin necesidad de sujetarse a determinados criterios objetivos.

La Ley estatal y, por supuesto, las leyes autonómicas que regulan y ordenan el suelo contienen numerosas disposiciones que permiten a sus ejecutores adoptar decisiones con un amplio margen de discrecionalidad y que se traducen en la inmediata generación de enormes plusvalías. Recalificaciones y reclasificaciones de suelo no dependen de un elenco tasado y limitado de condiciones, sino de una serie de requisitos, más o menos objetivos, que finalmente sólo saldrán adelante por la voluntad del político de turno.

La contratación de obras, bienes o servicios por parte de las administraciones públicas es otro de los ámbitos en los que los casos de corrupción afloran. Si bien la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público supuso una mejora en la transparencia de dichos procedimientos, lo cierto es que creó un sistema y unos procedimientos mucho más complejos que los anteriores y dejó abiertas numerosas puertas al ejercicio de la discrecionalidad en la contratación pública.

Y un tercer ámbito en el que los casos de corrupción han venido aflorando últimamente es el de las subvenciones, el de las transferencias de recursos públicos al ámbito privado. En este campo, las subvenciones son otorgadas muchas veces en función de criterios absolutamente subjetivos y es evidente que, además, los mecanismos de autocontrol y fiscalización de las administraciones públicas no han funcionado correctamente.

Por tanto, otras virtudes podrán predicarse respecto a la nueva ley, pero no su capacidad para prevenir la corrupción. Acabar con la discrecionalidad en la toma de decisiones públicas y establecer modelos tasados y concretos para las mismas, reforzando además los mecanismos de fiscalización, es la única alternativa. Y en esa dirección, el Gobierno debería proponer reformas en las leyes sobre el territorio, en las Leyes sobre contratación y en las normas reguladoras sobre transferencias públicas. ¿Más transparencia? Sí, por supuesto. ¿Menos arbitrariedad en las decisiones de los gobernantes? Mejor. ¿Más fiscalización? Desde luego.

Santiago de Munck Loyola

Quo vadis, Camps?

Al leer las declaraciones que Francisco Camps ha hecho estos días me ha invadido una mezcla de sentimientos: bochorno, vergüenza ajena y pena. Supongo que habrá quien diga que se han tergiversado, pero, en todo caso, en las mismas se encuentran párrafos que no tienen desperdicio. En cierto modo, estas declaraciones guardan mucha similitud con las que nos solían obsequiar algunas folclóricas: “mi público me adora”, “España me quiere” y simplezas similares. Desde un punto de vista humano puede resultar perfectamente comprensible que alguien que se ha visto sometido durante meses a toda clase de descalificaciones, injurias o vejaciones y a la tensión inherente que la incertidumbre sobre el sentido de un veredicto judicial ocasiona, no haya recuperado aún el necesario equilibrio para saber dimensionar y enfocar la realidad en sus justos términos. Pero alguien de su entorno debería haberle aconsejado o disuadido de la conveniencia y oportunidad de dicha entrevista y, más concretamente, de los contenidos de la misma.

Más que anunciar su intención de volver al ruedo político, Francisco Camps ha certificado con sus declaraciones la inconveniencia de que, hoy por hoy, ese deseo o posibilidad pueda hacerse realidad. De sus palabras parece desprenderse que posee una percepción de la realidad muy distinta a la que tenemos la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Su gestión al frente de la Generalitat ha sido manifiestamente mejorable y ahí están los datos económicos y financieros para acreditar esta afirmación. Se mire por donde se mire existen muchos puntos débiles, junto a indudables aciertos, que empañan la gestión y trayectoria de Francisco Camps. Si, en algún momento, la Comunidad Valenciana llegó a convertirse en el “motor de España”, como asegura, lo cierto es que ese motor está hoy gripado.

Puede que no haya ahora atascos en la ciudad de Valencia, no lo sé, pero sí que los hay en el funcionamiento de las diferentes consellerías y son atascos heredados de su Presidencia. Es lamentable y triste la referencia a su etapa de concejal de tráfico en Valencia, si se esgrime como aval para acreditar su solvencia y talla política.

Y qué decir de su gestión al frente del PPCV. Durante años el PPCV ha sido el escenario de una guerra fraticida que ha tenido su lamentable reflejo incluso en el funcionamiento de las instituciones públicas, faltando con ello al respeto que los ciudadanos nos merecemos. Los afiliados populares han asistido atónitos y avergonzados a toda clase de escaramuzas políticas sin más razón de fondo que las afinidades personales. Siempre que han podido y con el beneplácito e impulso, en ocasiones, del Presidente Regional la voluntad de los militantes populares ha sido ignorada a la hora de que pudieran elegir a sus legítimos representantes: o se exhibía la ridícula etiqueta de “campista” o se entraba en la lista negra. Alcaldes presionados para posicionarse al lado del jefe de Valencia, Alcaldes y concejales laminados de las listas, etc. Un lamentable espectáculo que sólo tiene un responsable: Francisco Camps.

El PP de la Comunidad Valenciana, el de Alicante y el de cada uno de los municipios necesita realizar una profunda autocrítica y extraer de ella las lecciones necesarias para no volver a incurrir en los mismos errores. Y, sinceramente, parece que el futuro del PP no pasa, hoy por hoy, por la vuelta de Francisco Camps. En política es muy difícil que el tren pase dos veces por el mismo sitio. El PP necesita y merece un futuro distinto, renovado y surgido de la voluntad real de sus afiliados. Debate interno, autocrítica y liderazgos nacidos de la base, ganados a pulso, no tutelados, ni heredados pueden contribuir a ofrecer a los ciudadanos un Partido sólido y creíble.

Santiago de Munck Loyola

La “procesión laica”.

La autodenominada “Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores” ha convocado una manifestación o “procesión laica” (tiene guasa) el próximo Jueves Santo para, según su Presidente D. Luis Vega, protestar "contra los privilegios económicos de la Iglesia, en un momento en que se están produciendo recortes en Sanidad, Educación y pensiones”. La Delegación del Gobierno de Madrid, vistos los antecedentes judiciales y los incidentes del año pasado, ha decidido no autorizar la celebración de esta manifestación, decisión que no ha sido aceptada por los convocantes quienes a través de su portavoz han anunciado no sólo que van a recurrir sino que, además, no la van a acatar. Hay que recordar que en 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la prohibición gubernativa y desestimó los argumentos de los convocantes que finalmente pudieron realizar su protesta un mes después y no en Semana Santa. Por su parte, El Sr. Vega ha justificado que el día elegido para la manifestación sea el Jueves Santo porque según dice las protestas "se hacen en los días que tienen significado y el día que uno quiere manifestarse lo decide aquel que quiera protestar y no sobre el que se centra las protestas".

Si no fuese porque un servidor conoce personalmente a D. Luis Vega podría creer que se trata de una inocente manifestación que casualmente coincide con las manifestaciones religiosas más significativas y más enraizadas en la conciencia de los católicos y que, por tanto, no hay intención alguna de ofender los sentimientos religiosos de nadie. Podrá engañar a quien no le conozca el Sr. Vega con su aparente tono bondadoso y conciliador pero no a quienes conocen su trayectoria política, profesional y su talante sectario, excluyente y agresivo. Hay quienes le hemos visto acudir a un Pleno municipal a insultar, a amedrentar y a tratar de coaccionar a los legítimos representantes de los ciudadanos que no compartían su totalitaria ideología. Hay quienes conocemos cómo su trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación se ha desarrollado a la sombra y bajo la tutela de Izquierda Unida en Rivas-Vaciamadrid y cómo bajo el mismo paraguas hizo sus incursiones en el mundo del ladrillo. Que sea el Portavoz o Presidente de una Asociación de “Librepensadores” constituye un auténtico sarcasmo porque el Sr. Vega no admite ni tolera más pensamiento libre que el que cabe en el más rancio estalinismo.

Convocar una manifestación o una “procesión laica” el mismo jueves Santo, conociendo al personaje convocante, sólo puede ser interpretado como una provocación, no a la Iglesia Católica, sino a la conciencia de los Católicos, a la propia libertad religiosa. Los convocantes buscan notoriedad con la provocación, no hay duda de ello porque, si no fuera así, sus legítimas protestas podrían desarrollarse cualquier otro día. Pero no, la finalidad es evidente y se compadece perfectamente con una ideología totalitaria, excluyente, de corte estalinista en la que no caben los derechos humanos más elementales, como son los que afectan a la conciencia y a las creencias religiosas.

Si se tratase de la convocatoria de una manifestación para protestar, por ejemplo, de las facilidades que un Ayuntamiento hubiese otorgado para la construcción de una mezquita no faltarían voces y medios de comunicación que pondrían el grito en el cielo ante semejante ataque a la libertad religiosa y, con toda seguridad, el Sr. Vega y sus Librepensadores estarían en primera fila. Sin embargo, parece que contra los católicos vale todo, incluso, más de uno encontrará gracioso que se ridiculicen los símbolos más sagrados para millones de personas.

Es indudable que todo el mundo tiene derecho a manifestarse sobre lo que le parezca bien pero también el derecho de manifestación tiene sus límites y éstos están en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, sean los religiosos, los políticos, los sindicales, los de conciencia o los relativos a su orientación sexual.

Menos mal que el ejercicio de nuestros derechos humanos reconocidos y amparados por nuestra Constitución no depende de personas como el Sr. De la Vega y sus conmilitones. Y que sea sí por mucho tiempo.

Santiago de Munck Loyola.

La corrupción no tiene ADN.

Hoy, Jaume Matas, ex Presidente del Gobierno balear y ex Ministro de Medio Ambiente, ha sido condenado a seis años de prisión por la comisión de diversos delitos tales como fraude a la administración, falsedad documental, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Y junto a este miembro de la clase política ha sido condenado otro de la clase periodística, Antonio Alemany, a tres años y nueve meses de prisión. Benefactor y beneficiado han sido encontrados culpables por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. No se trata se sentencias firmes y habrá que esperar, en todo caso, a la resolución de los recursos que ambos condenados van a interponer pero son condenas sin paliativos que ponen una vez más sobre la mesa el problema de la corrupción, el uso de los recursos públicos en beneficio particular.

Los casos de corrupción siempre han sido y son usados por los partidos políticos como un arma arrojadiza y también, como no, por algunos miembros de la clase periodística más atentos al servicio de su causa ideológica que al servicio de la verdad. Cada vez que un caso de corrupción toma protagonismo no faltan a su cita los linchadores mediáticos, los voceros políticos y los acríticos militantes de los partidos dispuestos a repetir hasta la saciedad las consignas recibidas en los argumentarios de rigor que se pueden resumir en el simplista “y tú más”. Los ciudadanos nos merecemos algo más que estúpidas explicaciones y argumentos estériles a la hora de abordar los problemas de la corrupción. La corrupción es un problema que afecta a todos los partidos políticos sin excepción. A más cuota de poder, más casos de corrupción porque las mismas leyes que facilitan el uso de la arbitrariedad, que es la razón de fondo en todos los casos de corrupción, se aplican se gobierne en 10, 500 o 1000 Ayuntamientos, en 1, 5 o 10 Comunidades Autónomas. Mientras nuestro sistema legal no acabe con la discrecionalidad en las decisiones políticas y, por tanto, con la arbitrariedad, seguirán produciéndose casos de corrupción.

La corrupción no tiene un color político determinado aunque algunos medios se empeñen en magnificar unos casos y en silenciar otros en función de la ideología a la que sirven. Es una simpleza de primer orden y una muestra evidente de maniqueísmo adjudicar a la corrupción un determinado ADN o un color político concreto. Jaume Matas es el cuarto Presidente Autonómico condenado. Antes que él lo fueron Gabriel Urralburu del PSOE, presidente de Navarra entre 1984 y 1991, sentenciado en 1998 por la Audiencia de Navarra a once años de prisión, nueve de inhabilitación para cargo público y multa de 4.700.000 € por sendos delitos de cohecho continuado y contra la Hacienda Foral; el Tribunal Supremo le redujo la condena a cuatro años de prisión, por un delito continuado de cohecho. Después fue condenado el Presidente de Aragón entre 1993 y 1995, José Marco del PSOE, por la Audiencia Provincial de Zaragoza a 13 meses de cárcel y 6 años de inhabilitación por malversación de caudales y falsedad en documento público en el denominado "caso del Sillón y a 9 meses de prisión y dos años de inhabilitación absoluta por malversación. El tercer Presidente autonómico fue Juan Hormaechea, Presidente de Cantabria, primero como independiente elegido en la lista de AP y después como cabeza de lista de UPCA, condenado en 1994 a 6 años de prisión y 7 años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Por mucho que algunos se empeñen la corrupción no está vinculada a una ideología concreta y sostener esa afirmación es una ofensa gratuita a millones de españoles, sea cual sea su color político.

La simpleza con que algunos medios abordan la corrupción convirtiéndose en simples palmeros de los partidos políticos hace que muchos ciudadanos resten credibilidad e importancia a las necesarias denuncias que la prensa, libre e independiente, debería realizar. Cuando las denuncias periodísticas terminan siendo asociadas a posicionamientos partidistas concretos por ese maniqueísmo antes evidenciado, los ciudadanos acaban por poner en el mismo lote a los partidos políticos y a los medios de comunicación, quienes con un posicionamiento sectario acaban por debilitar lo que debería ser una condena general y sin paliativos de cualquier indicio de corrupción.

Santiago de Munck Loyola