Un curriculum falso más.

Existe un verdadero abismo entre la vida normal y corriente de los ciudadanos y la de los que pertenecen a la clase política. Las prácticas habituales en la vida diaria de la gente no tienen paralelismo alguno en las del mundo político. Si un ciudadano miente en su curriculum o lo falsea adornándolo en exceso y es descubierto por sus jefes lo más seguro es que lo pongan de “patitas” en la calle. Sin embargo, cuando es un político el que miente en su curriculum en España no pasa nada. No así en otros países de nuestro entorno en los que ese tipo de mentiras resulta inaceptable. No hace mucho un ministro alemán presentó su dimisión tras hacerse públicos ciertos datos inexactos sobre su curriculum. Pero España, hasta en eso, es diferente.

El último en entrar en el indecente club de los mentirosos curriculares ha sido el flamante Secretario de Estado de la Seguridad Social D. Tomás Burgos quien, ni corto, ni perezoso, se hacía pasar por médico. Y ahí sigue, en su puesto, sin presentar la dimisión y sin ser cesado fulminantemente que son las dos únicas salidas razonables para una falsedad semejante sea cometida intencionadamente o por error, como se suele argumentar en defensa de los falseadores curriculares.

Esta práctica de falsear, mentir o embellecer hasta límites insospechados los currícula no es algo nuevo. Tiene una larga tradición en nuestra democracia. Ya en tiempos de la transición D. Alfonso Guerra se presentaba como ingeniero y licenciado en filosofía cuando sólo contaba con la titulación de perito industrial, por muy “instruido” que estuviese el Sr. Vicepresidente de Felipe González.

Todo el mundo recuerda a D. Luis Roldán, Director de la Guardia Civil y máximo exponente de la corrupción felipista, que se hacía pasar por economista y que a punto estuvo de ser nombrado ministro de Interior. Más recientemente tenemos el caso de la Vicepresidenta del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Dª Juana Ortega que fue pillada luciendo una titulación de Licenciada en Psicología sin haber acabado los estudios y ahí sigue tan fresca. Y por las mismas tierras anda Dª Carmen Chacón que exhibía un doctorado nunca alcanzado, lo que no ha sido obstáculo para que la misma haya estado acusando a sus rivales de mentir en medio de su campaña por alzarse con la Secretaría general del PSOE. Hasta Dª Leire Pajin, ese prodigio intelectual y augur de acontecimientos planetarios, también miente en su curriculum en que puede leerse que "fue claustral y miembro de la Junta de la Facultad de Económicas y Sociología de la Universidad de Alicante", Facultad que no existe. Ya su predecesor en el Ministerio de Sanidad y conmilitón alicantino, D. Bernat Soria, también falseó su curriculum.

Otros políticos adornan su curriculum de modo que de su rápida lectura puedan deducirse conclusiones erróneas. Algunos señalan que han cursado estudios en una determinada carrera, como si matricularse en una carrera o en algunas asignaturas, sin aprobarlas, ya fuera un mérito digno de exhibición curricular. A lo mejor no han salido del bar de la facultad, pero no importa, se pone en el curriculum y en paz, que eso de los estudios universitarios viste mucho, aunque el interesado sea un indigente intelectual. Es el caso de D. José Montilla o de D. José Blanco, ambos Ministros de Zapatero, o el de D. Patxi López, Presidente autonómico vasco. Dª Elena Valenciano, mano derecha Rubalcaba, acaba de tener dificultades para explicar ciertas exageraciones en su curriculum.

Y si el afectado resulta que era un esforzado comerciante, vendedor de baterías y accesorios para automóviles, y gracias a ciertos enchufes se convierte en diputado autonómico del Partido Popular en Madrid, como D. José Cabrera Orellana, pues pasa a ser “técnico en Desarrollo Comercial. Especialista en Mercado Internacional del Sector de Automoción” que viste mucho más, ¡dónde va a parar!

Cualquier caso como el de los anteriores, en el ámbito de la empresa privada habría supuesto un fulminante despido y sin indemnización. Pero no ocurre así en el mundo de la clase política. Parece que aquí el corporativismo funciona como una regla de oro: hoy por ti, mañana por mí. Da igual el partido de que se trate, todos siguen la misma regla. Sin embargo, esta actitud sólo contribuye a empeorar la imagen de la clase política y a incrementar su desprestigio. Los mentirosos curriculares son unos acomplejados incapaces de presentarse con su trayectoria vital real y, por tanto, no son de fiar. Y los que los mantienen en sus puestos una vez conocidas sus falsedades son sus cómplices y, por tanto, tampoco son de fiar. Con los mentirosos curriculares y sus cómplices o encubridores, tolerancia cero: a su p…. casa y sin indemnización alguna.

Santiago de Munck Loyola

Los afiliados del PP de la ciudad de Alicante sin representación legítima en el Congreso Nacional.

Los afiliados del Partido Popular tienen establecidos a través de los Estatutos del Partido diversos cauces para participar en la vida política interna y hacer realidad la tan manoseada, a veces, democracia interna. Bien es cierto que estos cauces se manifiestan en muchas ocasiones como demasiado estrechos y que, en todo caso, son manifiestamente mejorables, sobre todo considerando las dificultades que encierra el tamaño de una organización política con más de 500.000 afiliados. Dentro de unos días se va a celebrar el XVII Congreso Nacional del Partido Popular en Sevilla. Al mismo asistirán 3.100 compromisarios que representan al conjunto de los afiliados populares. A través de una serie de procedimientos se asignan el número de compromisarios que representan a cada sede local valorándose la cantidad de afiliados en la misma y los resultados electorales obtenidos. Cada sede local remite una carta a sus afiliados anunciándoles la apertura del plazo para que todo aquel que lo desee presente su candidatura para ser compromisario. Si hay más candidatos que puestos de compromisarios se celebran elecciones internas, en caso contrario se proclaman compromisarios a los candidatos sin necesidad de votación. Hasta ahí todo normal.

Así se viene haciendo y se hace en todas las sedes locales. ¿En todas? Parece que no en todas. En la ciudad de Alicante no es así. Aunque parezca increíble, los responsables del PP de la ciudad de Alicante se han cuidado mucho para no escribir a los afiliados, para no remitirles las normas para que pudieran presentar su candidatura a compromisarios. Y como no ha habido, evidentemente, más candidatos que puestos un grupito se ha autoproclamado compromisarios del PP por la ciudad de Alicante. “Yo me lo guiso, yo me lo como” y a la democracia interna que le den. A los afiliados se les escribe para que sean apoderados o interventores cuando hay elecciones, o se les envía SMS para que acudan a los actos de campaña, pero cuando se trata de que puedan ejercer sus derechos de participación se les ignora olímpicamente, que se busquen la vida. A ello hay que añadir la circunstancia de que sólo los compromisarios pueden presentar enmiendas a las ponencias del Congreso por lo que los afiliados populares de la ciudad de Alicante se han quedado fuera del Congreso Nacional del PP. Y a todo ello, el responsable de este atropello a la democracia interna, el Presidente Local, no se digna ni a contestar a los escritos que por registro se le remiten.

Dicen que el papel lo aguanta todo y parece que es verdad. Fíjense lo que dicen los Estatutos Nacionales del Partido Popular:

Objetivos señalados en el preámbulo:

7.- Reforzar la democracia interna del Partido y dar mayor transparencia al proceso de elección del Presidente.

ARTÍCULO 2: Ideología.

“…promueve, dentro de una economía de mercado, la solidaridad territorial, la modernización y la cohesión social así como la igualdad de oportunidades y el protagonismo de la sociedad a través de la participación de los ciudadanos en la vida política”.

ARTÍCULO 6: Derechos de los militantes.

a) Participar activamente en la elaboración y adopción de las resoluciones y programas del Partido mediante la libre expresión y defensa de sus opiniones en el ejercicio del debate interno a través de los cauces que estatutaria y reglamentariamente se establezcan.

b) Elegir y ser elegido compromisario para asistir con voz y voto a los Congresos del Partido.

Lo cierto es que los autoproclamados compromisarios del PP de la ciudad de Alicante en el Congreso de Sevilla carecen de legitimidad democrática para estar allí. Sólo se representan a si mismos y a un modo de hacer política repudiable. Vistos los Estatutos Nacionales del Partido Popular no queda más remedio que deducir que cualquier parecido con la realidad del PP de la ciudad de Alicante es pura coincidencia. ¿No debería dimitir alguien?

Santiago de Munck Loyola

Con dinero público, sueldos públicos.

Por mucho que se intente, suceden cosas a diario que escapan a la lógica más elemental y que no se comprenden. En los últimos días, con ocasión de los recortes que el nuevo Gobierno está aprobando se han hecho públicas las retribuciones que perciben algunos presentadores de RTVE a las que, al parecer, se va a meter un tijeretazo de un 25 % para gran disgusto de los afectados. Recorte que, por cierto, se nos vende como una gran medida cuando en realidad es claramente insuficiente. Mientras que los sueldos medios de los empleados de RTVE rondan los 44.000 € anuales, resulta que algunos distinguidos profesionales de la Casa cobran medio millón de euros al año como Mariló Montero o Jordi Hurtado. Otras presentadoras de RTVE como Pepa Bueno 250.000 €, Ana Blanco 240.000 € y Ana Pastor más de 175.000 € anuales. Poco o nada habría que objetar si RTVE fuese una empresa privada sin financiación pública alguna, pero no es así. RTVE sobrevive gracias al dinero de los contribuyentes, es decir, para que todos estos ilustres personajes televisivos cobren esos sueldos a usted, a mí y a todos los contribuyentes de este país nos lo detraen de nuestras modestas nóminas o de otros impuestos que nos gravan hasta el pan que comemos. Y, por si fuera poco, los directivos de esa Casa Pública, cuyos sueldos no han sido desvelados pero que son fácilmente imaginables, cuentan con coches oficiales porque, al parecer, o no tienen transporte privado, los pobrecitos, o no quieren usar el transporte público mezclándose con el vulgo de cuyos impuestos cobran. Si esto ocurre en la Televisión del Estado y conociendo el despilfarro de las autonomías, imagínese estimado lector lo que debe suceder en las televisiones autonómicas.

El caso de RTVE no un caso aislado en cuanto a la forma de gestionar el dinero de los contribuyentes. Un ejemplo más: RENFE. Los actuales once directivos de esta empresa pública perciben anualmente una media de 140.000 euros en concepto de remuneraciones. 140.000 euros al año mientras que el Presidente del Gobierno tiene un sueldo cercano a los 80.000 euros anuales. Surrealista. RENFE es también, como todo el mundo sabe una empresa pública, sostenida mayoritariamente con los impuestos de los ciudadanos. Imaginemos por un momento lo que debe estar ocurriendo también en las centenares de empresas públicas estatales o autonómicas en las que, por cierto, la transparencia de las retribuciones de sus directivos deja mucho que desear.

El nuevo Gobierno ha adoptado medidas concretas recortando retribuciones en el sector público que han alcanzado también a las entidades financieras que reciben ayudas públicas. Con ser loable esta voluntad de austeridad, el problema de los abusos en las remuneraciones con origen en el dinero público no se ha abordado ni resuelto de forma general. Hasta ahora se han puesto parches, pero el problema sigue ahí, falta un principio general que se traduzca en una norma de obligado cumplimiento en todo el sector público y en el sector privado que usa del dinero público a través de ayudas o subvenciones.

No se puede obviar que en las economías occidentales el uso de las subvenciones públicas para ayudar e impulsar la actividad del sector privado es una práctica generalizada. Pocos son los sectores económicos en los que no llegan ayudas públicas, beneficios fiscales o directamente subvenciones. Diferentes fórmulas que tienen un denominador común: el presupuesto público y, por tanto, una incidencia directa en los que los contribuyentes deben cotizar. No tiene sentido que haya empresas privadas, por muy estratégicas que sean, cuyas fuentes de ingresos se nutran principalmente de subvenciones públicas y que sus directivos perciban salarios muy por encima de los que percibirían en una administración pública. Tampoco tiene sentido que las empresas reciban ayudas o beneficios por contratar, pagando menos por ejemplo a la seguridad social, o cuando aprueban un ERE o jubilaciones anticipadas mientras en el seno de las mismas se estén percibiendo salarios muy superiores a los del sector público. Cada euro que esas empresas reciben de las administraciones públicas o cada euro que dejan de abonar salen del bolsillo de los contribuyentes.

Por tanto, si se quiere acabar de verdad con estos abusos es preciso aplicar un principio claro y único: con dinero público, salarios públicos. Tanto en las empresas públicas, como en las empresas privadas que perciben ayudas públicas las retribuciones no deberían superar las máximas que se perciben en las administraciones públicas. Y al que no le convenga que deje el puesto que seguro que habrá alguien con, al menos, tanta preparación como la suya para desempeñarlo y dispuesto a hacerlo con un salario público. Pero este abuso del dinero público debe acabarse ya porque no se trata de “el chocolate del loro”, no. Se trata de tanto dinero como el que va a recaudar ahora el estado con la subida del IRPF. Si hay lo que hay que tener para acometer una reforma laboral como la que se acaba de aprobar, debe haber lo mismo para administrar correctamente el dinero de los contribuyentes y acabar con la prodigalidad en el manejo del dinero de todos.

Santiago de Munck Loyola

Garzón, la izquierda y la Ley del embudo.

Hace 14 años, el Juez Javier Gómez de Liaño fue condenado por prevaricación como consecuencia de las denuncias presentadas por Jesús de Polanco a raíz de la instrucción que el Juez había llevado a cabo en el llamado caso Sogecable, una denuncia contra el grupo Prisa por una presunta apropiación indebida. Ni el Tribunal Supremo, ni el Constitucional rectificaron la sentencia condenatoria y el Juez fue apartado de la carrera judicial. ¿Se imagina alguien lo que se habría dicho si miembros del Partido Popular hubiesen realizado críticas a aquella sentencia o hubiesen descalificado a la Justicia por esa decisión?

Por aquel entonces, nadie de los que hoy se rasgan las vestiduras y descalifican a la Justicia por la sentencia del Tribunal Supremo que, por unanimidad, ha condenado al Juez Garzón por prevaricación, abrió la boca. Los partidarios de Garzón llevan semanas calentando motores e intoxicando a la opinión pública sobre las razones por las que el Juez estrella, y ahora estrellado, se ha tenido que sentar en el banquillo de los acusados. Cuando no se ha tratado de descalificar a los denunciantes de las atípicas conductas del juez, se han tergiversado los motivos por los que debía rendir cuentas el acusado. Se ha llegado a decir que estaba siendo juzgado “por investigar a la trama Gürtel” o “por investigar los crímenes del franquismo”. Y es mentira. Lo saben, pero no importa. Tratan de convertir en mártir al acusado que lo ha sido por “dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran”, igual que en el caso de Gómez de Liaño. Garzón ha sido acusado y condenado porque mandó grabar las conversaciones entre abogado defensor y cliente cuando la ley no permite que éso se haga salvo en casos de terrorismo y previa orden de la autoridad judicial competente. Garzón violó un derecho fundamental, la confidencialidad de la defensa judicial, a sabiendas de que lo hacía y con ello ponía en peligro la validez de la instrucción del procedimiento para regocijo de los presuntos delincuentes de la trama Gürtel.

No es admisible argumentar que la violación de este derecho fundamental era un mal menor ante el hipotético beneficio de asegurar la condena de los culpables porque, en primer lugar, de esta forma se obtenían posibles pruebas no válidas para el juicio posterior y, en segundo lugar, porque la teoría del mal menor constituye la aceptación de una peligrosa premisa que hace inútiles las garantías constitucionales y que, por analogía, podría aplicarse a la vulneración de otros derechos fundamentales con el fin de obtener un hipotético beneficio superior. ¿Sería entonces aceptable torturar, por ejemplo, a los participantes en el asesinato de Marta del Castillo para que confiesen dónde está el cuerpo de la víctima? Evidentemente no.

Garzón ha prevaricado según sentencia del Tribunal Supremo dictada tras un procedimiento donde se han respetado todas las garantías legales de defensa del acusado, las mismas que él no respetó en su momento. Ha cometido un delito y la Justicia ha actuado sobre el delincuente como debe hacerlo con cualquier ciudadano y como lo hizo en su día con Javier Gómez de Liaño, en cuya condena el testimonio del propio Garzón tuvo bastante que ver. Y un ejercicio de honestidad intelectual y de rigor no estaría de más entre toda esta vociferante izquierda tan amante de la Ley del Embudo.

Santiago de Munck Loyola

Alianza Popular.

Hace poco, un amigo recordaba, al hablar del PP, que él era o había sido de Alianza Popular y empezó a desgranar recuerdos de aquella época de militancia política. El tiempo pasa imperceptiblemento pero al echar la vista atrás, al hacer aflorar los recuerdos se constata que los cambio producidos han sido muchos. Sin darnos casi cuenta han pasado cerca de 35 años desde las primeras elecciones democráticas en 1977. Ha pasado mucho desde entonces; muchos ya no están con nosotros y muchos no estuvieron entonces. Cuelgo estos tres videos para el recuerdo. No hay más que escuchar las sintonías electorales para comprobar cuánto ha cambiado todo.

Alianza Popular 1977.



Alianza Popular 1982.

Alianza Popular 1986.



¿Recortes? Depende…

Recortar es el verbo que está de moda. No todos nuestros políticos lo usan, más bien lo evitan y usan eufemismos para decir lo mismo. Nos hablan de ajustes presupuestarios, de reducciones en el gasto o de ahorro. Es como si sintieran cierto pudor, el que no tuvieron a la hora de gastar a lo loco, para decir lo que todos sabemos que están haciendo: sencillamente recortar. No hay dinero, no entra el suficiente dinero en las arcas públicas y, por tanto, no se puede hacer frente ni a lo que se debe de los años de “fiesta”, ni a los gastos ordinarios más básicos.

No se trata ahora de buscar responsabilidades porque parece evidente que están muy repartidas entre toda la clase política, entre todos los colores, aunque unos carguen con más culpa que otros. Unos porque en su ineptitud no veían la crisis que se acercaba o no querían verla y llamaban antipatriotas a quienes se atrevían a vaticinarla. Y han pasado ya más de cuatro años de aquello. Otros porque aún viéndola y avisando de su proximidad en las más altas instancias del estado, simultáneamente, en sus virreinatos seguían gastando a mansalva. Venga fiesta por aquí y por allí: que si fórmulas 1, que si obras faraónicas, que si aeropuertos inútiles,… Y mientras que en Madrid denunciaban los efectos perniciosos de medidas gubernamentales como los Planes E, por los virreinatos los copiaban con toda “confianza” dejando obras que, al día de hoy, no ha sido pagadas y han llevando a la ruina a centenares de empresas.

Pero dejando al margen el tema de las responsabilidades, resulta llamativo el criterio que la clase política suele utilizar a la hora de “recortar”, de ajustar sus lindos presupuestos. Parece que las prioridades de los políticos no son en modo alguno las mismas que las de la gente. Es como si existieran dos clases de sentido común, el de la clase política y el de los ciudadanos.

Es evidente que, si no hay dinero suficiente para atender el funcionamiento de las administraciones públicas o lo que es lo mismo para atender a los servicios públicos, hay dos posibilidades de actuación: aumentar los ingresos y/o reducir los gastos. Aumentar los ingresos se puede hacer subiendo los impuestos lo que lleva inevitablemente a que a partir de determinado nivel los ciudadanos reduzcamos nuestro consumo y, por tanto, generemos más paro o bien persiguiendo de forma más efectiva el fraude fiscal para que todo el mundo contribuya. La reducción de gastos es la segunda posibilidad de actuación ante la falta de dinero, igual que hacemos en nuestras casas los ciudadanos.

El sentido común, nos lleva a los ciudadanos a reducir o eliminar los gastos superfluos cuando nuestros ingresos no alcanzan a cubrir nuestros gastos. Y, sin embargo, la clase política tiene un concepto “sui generis” de lo que es superfluo, como puede apreciarse al observar los recortes que se han venido adoptando en los últimos meses.

El sentido común dice que los ciudadanos no veríamos resentida nuestra calidad de vida si se eliminan de un plumazo las seudo embajadas autonómicas y sí si se recorta el dinero destinado a los profesionales sanitarios, o al mantenimiento de los hospitales o a los medicamentos. El sentido común señala que no nos pasaría nada a los contribuyentes si se cierra sin más un canal autonómico tremendamente deficitario, pero que sí nos perjudica seriamente que se recorte el dinero destinado al mantenimiento de centros escolares o al pago de la dependencia. De sentido común es que en nada afecte a la calidad de vida de los ciudadanos que se supriman las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, pero que se recorte el gasto destinado a la seguridad ciudadana sí que puede perjudicar al conjunto de los contribuyentes.

De sentido común sería eliminar las pensiones privilegiadas de los políticos y de banqueros que se nutren de fondos públicos al no haber gestionado bien sus bancos o hacer que los parlamentarios tributasen como usted o yo y no nos pasaría nada. Como no pasaría nada por suprimir nuestras misiones militares en el exterior que cuestan miles de millones de euros que podrían destinarse a ayudar algo al millón y medio de hogares españoles que no cuentan con ingreso alguno. La lista de casos en los que se podría aplicar el sentido común de la calle y no el de la clase política es interminable.

Hay mucho campo en el que, con sentido común, se puede recortar y se debería hacer sin tocar lo más mínimo tres pilares básicos: la sanidad, la educación y la solidaridad. Se puede vivir perfectamente sin un canal de televisión, sin un estupendo AVE o sin cientos de asesores políticos, pero sin un moderno y eficiente hospital no.

Santiago de Munck Loyola

La reforma de la Ley de Costas.

El reciente anuncio del nuevo Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre la intención del Gobierno popular de revisar y reformar la vigente Ley de Costas ha hecho abrigar esperanzas positivas a los miles de afectados por la misma. La aplicación de la vigente Ley de Costas que data de 1988 afecta a unos 160.000 ciudadanos tanto españoles como extranjeros y ha sido a lo largo de los años objeto de numerosas críticas, controversias y resoluciones judiciales incluso fuera de nuestras fronteras.

La necesidad de proteger y de recuperar el deteriorado litoral español no es puesta en duda por nadie con un mínimo sentido común. Pero, simultáneamente, nadie debería cuestionar la necesidad de compatibilizar con esa necesidad la de preservar la actividad económica y los miles de puestos de trabajo que pueden verse afectados o incluso desaparecer como consecuencia de una aplicación errática y errónea de la legislación actual. Del mismo modo, deberían ser objetivos irrenunciables para cualquier responsable político preservar de una manera clara y nítida la seguridad en el tráfico jurídico de la propiedad, la primacía de la fe pública registral, la irretroactividad de las normas desfavorables y el principio de equidad y justicia en las compensaciones económicas que hubiesen de producirse como consecuencia de la aplicación de la norma en su actual configuración.

Una reforma de la vigente Ley de Costas debe hacerse contemplando todos estos parámetros y en modo alguno puede desviarse de los principios constitucionales en los que ha de inspirarse.

Las diferentes situaciones de afección del litoral marítimo que la realidad presenta deben contemplarse de manera bien diferenciada considerando aspectos muy diversos: el carácter urbano o no de las mismas, la fecha de su aparición anterior o posterior a la Ley de 1988, el grado de protección medioambiental de los distintos emplazamientos, el carácter de los titulares sean personas físicas o jurídicas, la naturaleza de las anotaciones registrales, los deslindes efectuados y los parámetros físicos usados que, hasta el día de hoy, provocan diferencias notables de tratamiento, etc.

Transformar sin más, como hasta ahora, el derecho de propiedad adquirido de forma absolutamente legítima y legal con anterioridad a 1988 en un simple derecho de concesión, sin más compensación que el propio valor que a la misma concesión arbitrariamente se confiere, constituye un auténtico ataque al derecho de propiedad y a la seguridad del tráfico jurídico, al margen de la evidente inconstitucionalidad que la retroactividad supone. Diferente alcance, aunque igual de negativas consecuencias para los propietarios, supone la aplicación de la misma técnica a propiedades adquiridas con posterioridad a la aprobación de la Ley pues se produjeron mediando fedatarios públicos obligados por Ley a prevenir a los adquirientes de los condicionantes legales nuevos. Distinta es, igualmente, la situación de todos los inmuebles construidos en el dominio público después de 1988 en la que la intervención de las administraciones públicas con responsabilidades urbanísticas es la única responsable de las transgresiones de la norma y, por tanto, quienes deberían asumir las consecuencias que pudieran derivarse.

En todo caso, la problemática es tremendamente variada y la reforma de la Ley anunciada va a ser compleja, pero por mucha dificultad que entrañe debe abordarse con urgencia, con rigor, con diálogo con los afectados y tratando de conjugar los diferentes intereses contrapuestos.

Santiago de Munck Loyola

Gana Rubalcaba y pierde Pajín.

Despejada la incógnita después de tantas semanas de pugna interna por el liderazgo del PSOE: Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido elegido por un estrecho margen de votos nuevo Secretario general del partido, derrotando a su contrincante Carmen Chacón. Poco más del 51 % de los delegados socialistas ha dado su respaldo a Rubalcaba para suceder a Rodríguez Zapatero lo que quiere decir que de salida no cuenta con el apoyo de casi la mitad del partido. No cabe la menor duda de que su primera tarea deberá ser gestionar con inteligencia esa falta de apoyos para evitar que puedan consolidarse en una rémora a la nueva etapa que quiere poner en marcha. Los habituales y consabidos mensajes de todo ganador apelando a la unidad y a la integración deberán transformarse en realidades concretas para evitar fracturas que a medio plazo podrán poner en peligro su recién iniciado liderazgo.

No son pocos los analistas políticos que traducen la victoria de Rubalcaba como el fin del zapaterismo y como una vuelta al socialismo de los años 80 en los que el recién estrenado líder socialista empezó a desarrollar su carrera política. Flaco favor hacen al Sr. Rubalcaba si identifican su victoria como el entierro del zapaterismo, como el final de una estrategia política y el inicio de una diferente. Esta interpretación conlleva la consideración del triunfo de Rubalcaba como la aparición de una figura política nueva, desvinculada o enfrentada a la última etapa del Partido Socialista. Es evidente que no es así. Pérez Rubalcaba ha sido uno de los pilares básicos del zapaterismo, de una determinada forma de entender y desarrollar el proyecto socialista que ha imperado durante la última década. Presentarlo hoy como algo diferente, como una alternativa al proyecto político del que ha formado parte es tanto como una estatua impávida que, aunque estuvo en los Gobiernos de Zapatero, ni participaba del proyecto, ni de las políticas desarrolladas o que fingía la sintonía política suficiente con el ex Presidente aunque no comulgase lo más mínimo con él. Y no era sí.  Rubalcaba era y es parte del zapaterismo y la notable ausencia de críticas a la gestión política, económica y social que durante la última década ha protagonizado el socialismo español sólo puede interpretarse como una complacencia con el fracasado proyecto zapaterista. Con Rubalcaba el zapaterismo sobrevive y lo seguirá haciendo debajo de todos los retoques cosméticos que seguramente se producirán hasta que el socialismo español inicie un verdadero proceso interno de regeneración y renovación ideológica.

De igual modo, el zapaterismo habría sobrevivido, aunque de forma más evidente, si el congreso lo hubiese ganado Carmen Chacón. En todo caso, la derrota de esta última es la derrota de la inconsistencia intelectual, de la primacía de la imagen sobre el contenido y de la incongruencia política, rasgos, por otra parte, más que identitarios del zapaterismo más puro. Cuando se formulan expresiones como la de “el concepto de nación es discutido y discutible” sin aportar ninguna reflexión adicional es fácil ser nacionalista catalana y después nacionalista española. Se puede aplaudir a los que ofenden a los españoles y después enrollarse en la bandera española y pretender ser, algún día, presidenta del Gobierno de la Nación española sin despeinarse lo más mínimo y sin ofrecer una explicación de tan fulgurante cambio ideológico.

Ha perdido Chacón y, de paso, ha perdido el socialismo alicantino representado por Pajín, Elena Martín y Ana Barceló. Con esa especial inteligencia que le permite vislumbrar conjunciones de liderazgos planetarios, Leyre Pajín y sus amigas han apostado por el caballo perdedor. Pronto se verá la traducción que esa fallida apuesta tiene para el fragmentado y desorientado socialismo alicantino.

Santiago de Munck Loyola

El 38 congreso del PSOE.

A punto de iniciarse el Congreso del PSOE en Sevilla, todas las noticias e informaciones de las últimas semanas parecen indicar que poco o nada sustancial va a cambiar en el principal partido de la oposición. Tras dos derrotas electorales consecutivas, fracasos electorales en toda regla, lo lógico habría sido que en el seno del Partido Socialista se hubiese abierto un período de autocrítica y una profunda reflexión para poner en pie un nuevo proyecto político. Pero no ha sido así, el debate interno se ha centrado en el cambio de liderazgo, en la sustitución del Secretario General por otro, dando por buenas las políticas y orientaciones que han conducido al estrepitoso fracaso en las urnas.

El zapaterismo no ha terminado con la retirada de José Luis Rodríguez Zapatero por la sencilla razón de que quienes aspiran a sucederle han sido coautores y partícipes de las líneas políticas que han inspirado el modelo socialista durante los últimos doce años. Tanto Alfredo Pérez Rubalcaba como Carmen Chacón han sido ejecutores e impulsores de las mismas políticas y la ausencia de autocrítica en sus discursos y propuestas desgranadas en las primarias socialistas sólo puede interpretarse como un movimiento continuista, como una prolongación de un programa y un modelo político ampliamente rechazado por la inmensa mayoría de los electores.

El zapaterismo nació por sorpresa tras un duro castigo electoral y lo hizo sin hacer tampoco una autocrítica de la trayectoria del partido, sin cuadros de peso y sin un claro proyecto político. Tanto en la etapa inicial de oposición como en la posterior fase de gobierno, la falta de un proyecto político coherente se tradujo en un alto grado de improvisación, de oportunismo coyuntural sin sustento intelectual y programático que sirvió inicialmente para incrementar la base electoral pero que demostró una manifiesta incapacidad para ofrecer soluciones a los diferentes problemas que iban surgiendo. Mucha pancarta pero pocas soluciones, mucha propaganda pero poco contenido. Notas distintivas y caracterizadoras del zapaterismo han sido el sectarismo y la exclusión política que se pusieron de manifiesto con el famoso pacto del Tinell y el llamado cordón sanitario como fórmulas de marginación del principal partido de la oposición y, por ende, de media España; el espíritu “guerracivilista”  como fórmula de aglutinación sentimental para satisfacer antiguas ansias de revanchismo que parecían haber sido superadas con el consenso de la transición y la ausencia de “sentido de estado” abriendo un peligroso campo revisionista del estado autonómico, no en aras de un perfeccionamiento del mismo, sino como tributos territoriales para compensar debilidades parlamentarias. Todo ello acompañado de la sumisión o el doblegamiento, en su caso, de todos los resortes públicos al servicio de un proyecto de partido de corte personalista, intentando penetrar hasta en diferentes esferas de la sociedad civil para controlarlas y someterlas. La cualificación de los altos cargos del Gobierno y de los pertenecientes a la mayoría de las instituciones del estado ha ido en paralelo, salvo honrosas excepciones, a la talla intelectual del propio Presidente del Gobierno que, por razones obvias, no es preciso medir.

La autocomplacencia de los candidatos a dirigir el PSOE con el zapaterismo es lógica y evidente y no presagia nada bueno para el futuro del partido socialista. Si se da por válida la afirmación del Sr. Ibarra de que la candidata Carmen Chacón es “lo mismo que Zapatero, pero con faldas”, no queda más remedio que concluir que el candidato Pérez Rubalcaba es “lo mismo que Zapatero pero calvo y amargado”. La falta de autocrítica socialista no es sólo un problema para los socialistas, es también un problema para todos los españoles que necesitan una alternativa de gobierno seria, sólida y creíble. Y con esas faldas y esos pelos no la van a tener de momento.

Santiago de Munck Loyola

Espectáculo en Asturias.

Para cualquier observador de la vida política lo que está ocurriendo en Asturias es realmente sorprendente. No cabe la más mínima duda de que los votantes de centro derecha estarán tan sorprendidos como escandalizados ante el lamentable espectáculo que el Partido Popular de Asturias, como Foro Asturias están ofreciendo desde hace meses. La culminación de este circo político ha tenido lugar ahora con la convocatoria de elecciones anticipadas en el principado coincidiendo con la cita electoral de Andalucía.

Cada parte culpa a la otra de esta situación y seguramente la responsabilidad de que se haya llegado a este extremo de confrontación cainita es compartida. Quizás no se habría llegado a la actual situación de división del centro derecha asturiano y a la parálisis de todo un gobierno regional, si en su día se hubiesen impuesto en el seno del Partido Popular mecanismos de democracia interna, es decir, si los afiliados asturianos del Partido Popular hubiesen tenido la oportunidad de decidir limpia y libremente quién debía encabezar el proyecto popular en esa Comunidad Autónoma. Pero no fue así y no porque los Estatutos del Partido Popular lo impidiesen, sino porque el Génova 13 tienen más poder “los pasillos” que la voz de los afiliados.

Resulta descorazonador escuchar hoy al Sr. Pons las declaraciones tan simplistas con las que ha despachado la cuestión: que el Sr. Álvarez Cascos ha fracasado, que no ha sabido dialogar y que los asturianos van a tener que pagar el coste económico de unas elecciones anticipadas por culpa del Sr. Cascos. Y se ha quedado tan fresco. Ni un ligero asomo de autocrítica, ni un solo mensaje de preocupación por el desgobierno, que tanto el Partido Popular asturiano, como Foro Asturias, están generando. Dos no riñen si uno no quiere, pero aquí es evidente que los dos llevan meses dispuestos a reñir.

Es incomprensible que ambos partidos de centro derecha sean incapaces de ponerse de acuerdo para aprobar unos presupuestos, máxime con la que está cayendo. Pero resulta más incomprensible que el Partido Popular Asturiano prefiera que la Comunidad Asturiana se siga rigiendo por los presupuestos socialistas del anterior gobierno antes que pactar un presupuesto de transición con el Gobierno del Sr. Cascos.

Habrá que confiar en que al menos unos y otros tengan la decencia política de no contarnos la existencia de dificultades políticas o ideológicas insalvables para poder llegar a acuerdos de gobernabilidad porque todos somos conscientes de que detrás de todo este circo se esconde una larga historia de enfrentamientos personales, de mezquindad, de ruindad política, de amiguismos, de complejos, de favores, de odios y traiciones.

Aquí se echa de menos la grandeza de miras y la generosidad que se supone deberían impregnar la personalidad de quienes aspiran a ofrecer lo mejor de si mismos y de sus partidos a sus conciudadanos. Es evidente que a clásica enumeración de categorías de adversarios políticos hay que añadir una cuarta, la de excompañeros de partido. Y Asturias no se merece todo ésto.

Santiago de Munck Loyola

Algunos se forran con nuestros impuestos.

Hoy, el diario El Mundo, publica un artículo sobre las retribuciones de los políticos o ex políticos en las instituciones financieras que no tiene desperdicio alguno. En la mayoría de los casos, se trata de instituciones financieras que han recibido o reciben ayudas económicas del Estado, es decir, que reciben dinero proveniente de los impuestos de los ciudadanos. La presencia de los políticos en estas instituciones, Bancos y Cajas de ahorro, sólo obedece a la participación estatutaria de las administraciones públicas en sus Consejos de Administración. Es decir, que los políticos encuentran acomodo en los Consejos de Administración o en los puestos de dirección no porque reúnan especiales conocimientos financieros sino porque cubren las cuotas de los partidos políticos, aunque se trate de auténticos ignorantes del mundo económico y financiero.

He aquí, algunos de los datos aportados:

     -         Rodrigo Rato: Presidente de Bankia, 2,4 millones de euros, sin contar la retribución variable.

-          José Luis Olivas: 1,6 millones hasta su cese en Bankia.

-          900.000 € Antonio Pulido, copresidente de Banca Cívica, sin contar la parte variable.

-          900.000 € Enrique Goñi, copresidente de Banca Cívica, sin contar la parte variable.

-          526.000 Moral Santín (BFA, Bankia y Caja Madrid).

-          Mercedes de la Merced: 429.000 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Jorge Gómez: 393.00 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Ricardo Romero de Tejada: 316.000 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Estanislao Rodríguez Ponga: 422.000 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Virgilio Zapatero: 421.000 euros (Bankia, BFA y Caja Madrid).

-          Antonio Tirado: 409.000 euros (Bankia, BFA y Caja Madrid).

-          Carlos Egea: 456.000 euros (BMN).

-          Braulio Medel: 600.000 euros (Unicaja).

-          Antonio Jara: 278.000 euros (BMN).

-          Agustín González: 224.000 euros (Caja Provincial de Ávila y BFA).

-          José Antonio Asiain: 151.700 euros (Banca Cívica).

No están aquí todos los que son. Algunos, como el exalcalde de León, se han negado a facilitar sus datos al Banco de España acogiéndose a la Ley de protección de datos. Hay que tener en cuenta, además, que en algunos casos estas retribuciones se perciben simplemente por asistir a los Consejos de Administración, no por desempeñar funciones auténticamente directivas.

Es escandaloso e inmoral, se mire por donde se mire. Una empresa privada, con capital exclusivamente privado, puede fijar libremente las retribuciones de sus empleados y directivos. Pero éste no es el caso. Se trata de empresas que están usando dinero público, dinero que proviene de los impuestos de los ciudadanos. No tiene lógica alguna que el sueldo del Presidente del Gobierno, el máximo responsable del destino del dinero de los contribuyentes, ronde los 100.000 euros anuales y que el de estos señores, nutrido en parte con dinero público,  alcance niveles tan escandalosos.

Habrá quien lo justifique apelando a la “enorme responsabilidad” de estos señores en el manejo de tanto dinero y a otras estupideces. Pero más responsabilidad acumula el Presidente del Gobierno o el cirujano de la seguridad social en cuyas manos se depositan, no ya capitales, sino vidas humanas y no ganan esas cantidades ni por asomo.

Las administraciones públicas tienen regulado por Ley las retribuciones que perciben los que en ellas trabajan. Tratándose de dinero público no existe arbitrariedad en la asignación de las retribuciones. La misma regla debería aplicarse a toda aquella entidad que perciba dinero público para su funcionamiento: si una empresa, sea financiera o no, recibe ayudas públicas las retribuciones de su personal deberían seguir las mismas reglas y niveles que las  que corresponden a las administraciones públicas. Así de fácil, de sencillo, de lógico y de claro. Hay empresas en nuestro país que sobreviven exclusivamente gracias al dinero público y, sin embargo, no existe una limitación, ni reglamentación a la hora de determinar las retribuciones de su personal.

Esto tiene que acabar. No es posible que se suban los impuestos a los ciudadanos para que, mientras tanto, una élite de ex cargos políticos “se forre” con el dinero proveniente de esos mismos impuestos. No hace mucho alguien abogaba por la casilla en la declaración de la renta para investigación. Puestos a ello, habría que proponer la casilla para no dar un duro a empresas y entidades cuyos directivos tengan semejantes salarios. Con mis impuestos, no. O, mejor, directamente la objeción fiscal. Un servidor, al menos, sabe que no les paga dos veces por lo mismo: se lo llevarán de mis impuestos, pero no de mi cuenta porque a estas entidades ni un céntimo.

Santiago de Munck Loyola

Camps inocente, de momento.

El jurado del proceso seguido contra el ex Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, ha declarado que tanto él, como Ricardo Costa son no culpables de los cargos por los que estaban siendo enjuiciados, es decir, por el delito de cohecho impropio. El jurado entiende que ni Camps, ni Costa recibieron regalos por razón de su cargo y que no se ha demostrado en el juicio que hubiese regalos pagados por la trama corrupta de Gürtel. Esta decisión del jurado deberá plasmarse en los próximos días en una sentencia absolutoria a partir de la cual podrán presentarse recursos ante el Tribunal Supremo por lo que el asunto no está definitivamente zanjado.

Ahora se producirá una auténtica explosión de reacciones y declaraciones de toda índole en función de la posición ideológica de cada uno. Es evidente que quienes durante estos últimos tres años han ignorado y pisoteado el derecho a la presunción de inocencia van ahora a pisar y a desacreditar esta resolución favorable a los Sres. Camps y Costa. Los impulsores o autores del escandaloso linchamiento político y moral al que durante tanto tiempo han sometido a los acusados van a seguir haciéndolo porque “su verdad” está, como siempre, por encima de los pronunciamientos de la Justicia y del respeto a los más elementales derechos tutelados en un estado de Derecho. Es su modus operandi y no van a renunciar a él ante ninguna evidencia que desmonte sus difamaciones.

Llama la atención alguna reacción inmediata, como la del Secretario general Socialista en el Congreso, Eduardo Medina, que se ha apresurado a mentir a la ciudadanía afirmando lo siguiente: "Francisco Camps absuelto de la trama Gurtel. Garzón... en el banquillo de los acusados por investigarlo”. El Sr. Medina es un mentiroso con todas las letras. De semejante afirmación puede deducirse fácilmente el nivel intelectual del personaje y su catadura moral. El Sr. Camps no ha sido enjuiciado por la trama Gürtel, no. Fue acusado de un presunto delito de cohecho impropio, recibir tres trajes de regalo, del que ha sido, por segunda vez, absuelto. Y el Sr. Garzón, por su parte, no ha sido juzgado por investigar dicha trama, no. El Sr. Garzón ha sido enjuiciado por vulnerar la Ley ordenando grabar las conversaciones de los abogados con sus defendidos cuando dichas grabaciones no tienen amparo legal para su ejecución. Es decir, por violar un derecho elemental, como el derecho de defensa, sin un amparo legal que lo justificase. Así de sencillo y de claro. Posiblemente el público afín al Sr. Medina requiera de simplificaciones, o mejor dicho de simplezas, como las que profiere el Portavoz Socialista, pero tales simplezas son falsas y manipulan la realidad. Como también constituye una falsedad monumental la afirmación tan repetida últimamente de que el Sr. Garzón también está siendo juzgado por investigar los crímenes del franquismo. No es así. Está siendo juzgado por saltarse la Ley, por tratar de instruir procesos para los que legalmente no era competente.

Y qué diferencia de tratamiento mediático entre ambos casos. Abismal. Como también ha sido muy diferente la actitud ante los tribunales de ambos acusados. Era de esperar, además, que el respeto por la Justicia que los seguidores de Garzón tienen se pusiera hoy de manifiesto al conocer la sentencia absolutoria de Camps. Coherentes con su ideología su reacción ha sido insultar al acusado absuelto y lanzar objetos contra su vehículo. Era de esperar: de tal juez, tales defensores.

Todo parece indicar que habrá recursos contra la absolución de Camps y Costa y también señalan los expertos que será difícil que tales recursos prosperen. Ahora, con la absolución “provisional” en la mano, y más adelante, si ésta deviene firme, será imposible restituir a los acusados lo que se les ha arrebatado: su dignidad. No habrá, con seguridad, reparación posible al daño causado. ¿Quién pagará los platos rotos? Seguro que nadie.

Santiago de Munck Loyola.