Carta abierta a Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante y compañera de Partido.

Estimada Alcaldesa y compañera:

Tan sólo unas modestas líneas de un vecino de Alicante, afiliado del PP y votante de la candidatura municipal del PP en las pasadas elecciones para trasladarte algunas consideraciones. Esta mañana, escuchaba un informativo de la Cope y a propósito de la pugna interna del PP por la Diputación en el que declarabas que el Partido Popular es un partido integrador y que no peligraba su unidad en Alicante. ¡Que alivio! Sabiendo que dejar a tu número dos, a tu Presidente Provincial, como has hecho sin delegaciones municipales y sin sueldo es integrar a las personas me quedo mucho más tranquilo. Pensaba que se trataba de una vulgar venganza, pero no, me has sacado del error, integrar debe ser eso y yo no lo sabía, disculpa mi ignorancia.

Ya sé que se trata solo de tu Presidente Provincial, del mío y el de muchos miles de afiliados, y que, aunque algunos mal pensados puedan ver en tu actitud un trato humillante, soberbio y cainita, no hay nada de eso, hay sólo integración pura y dura, como Camps manda.

En mi ignorancia voté a la lista municipal del PP que encabezabas pensando que estaba votando a todo un equipo propuesto por mi partido para que los que resultasen elegidos desempeñasen tareas en el Ayuntamiento pero nadie me dijo que así era menos para dos o tres de sus miembros. ¡Qué descuido! No sabía nada del concepto campista de la integración. Pero sabiéndolo tú, no comprendo por qué formabas parte de la misma lista. Si se trataba de una imposición externa podrías haberte negado y te habrías ahorrado el mal trago de tener que ir ahora integrando a la gente.

Aunque supongo, estimada Alcaldesa que estarás muy ocupada dedicando el cien por cien de tu tiempo a la ciudad de Alicante y el cien por cien de tu tiempo a la Provincia de Alicante como diputada (¿el 200 % de tu tiempo?), te quedará aún algún minuto para seguir velando por la unidad y dignidad del Partido Popular y de su legítimo Presidente Provincial. Ya sabes que el Presidente Provincial representa a todos los afiliados populares de la Provincia y que, por tanto, el trato que reciba no debería ser ofensivo para los mismos.

En fin, me alegro mucho de que no pase nada en el PP y de que la unidad interna no esté en peligro, pero me da la impresión de que ni los medios de comunicación ni los afiliados te creen. ¡Cómo son!

Un saludo, Alcaldesa.

Santiago de Munck Loyola

El PP de Alicante: y sigue el circo.

La política, en el más noble sentido de la palabra, debería ser el ejercicio de una vocación de servicio público desinteresada y al servicio de unos altos valores e ideales. Sin embargo, hay quien, disfrazado de político o creyéndose que lo es, se empeña en hacer de ella una charca pestilente donde afloran constantemente los personalismos y los intereses más mezquinos ofreciendo con ello a la opinión pública un espectáculo desagradable que no se merece.

Una vez más la pugna entre ripollistas y campistas está facilitando la emergencia y el protagonismo de toda clase de individuos que, lejos de resolver las diferencias y los problemas internos del Partido Popular a través de los cauces estatutarios, utilizan los medios de comunicación como un instrumento más al servicio de sus mezquinos intereses. Así airean y ventilan opiniones y descalificaciones contra compañeros del Partido ofreciendo a la atónita militancia un espectáculo indigno que produce pena y vergüenza ajena.

Nadie hasta ahora ha salido a los medios de comunicación a explicar qué diferencias ideológicas o programáticas tan insalvables existen entre unos y otros. Todo parece que se debe a personalismos, al “quítate tú para que me ponga yo” y si para conseguirlo hay que romper el partido, pues nada, se rompe. Hay quien, desde la plataforma que le proporciona un cargo público alcanzado en la mayoría de los casos gracias al dedazo superior que le designó candidato, no ceja en su empeño en hacer daño al partido cuya militancia fue ignorada en su proceso de designación. Y ya está bien. Todas estas personas no merecen ocupar ni un minuto más los cargos públicos que le deben al Partido Popular.

Hace dos días, el Sr. Pérez Fenoll, el perdedor del Congreso a la Presidencia Provincial y cuyo resultado parece no haber acatado nunca, el que perdió la alcaldía de Benidorm gracias a su talante, el corresponsable de la fractura del voto del centro derecha en esa localidad y de la actual alcaldía socialista, se permite utilizar a la prensa para enviar recaditos a su Presidente Provincial. Todo un valiente, sí señor. En lugar de hablar donde dicen los estatutos que hay que hablar lo hace en los periódicos y encima para dar consejitos que él mismo nunca ha seguido y que, desde luego, nadie le ha pedido. Y como él muchos otros. También hay quienes se dedican a llamar a alcaldes para pedir avales usando advertencias más que discutibles. Así no se ha Política. Así no se sirve a los militantes del Partido Popular. Así no se sirve a la ciudadanía.

Considerando el trasfondo de toda esta pugna, los indeseables personalismos, la actitud antidemocrática de muchos y especialmente de la dirección regional, la lentitud o pasividad de Madrid para poner orden y la tradicional desconfianza hacia la autonomía y libertad de los populares alicantinos, la solución sólo puede pasar por devolver la palabra a los militantes de Alicante, sin injerencias, sin intromisiones norteñas para que, de una vez por todas, se nos deje decidir y se respete nuestra decisión. Los afiliados del Partido Popular no nos merecemos este espectáculo. Sépanlo todos de una vez. Hoy más que nunca hace falta un Congreso Extraordinario, sin filtros, ni controles.

Santiago de Munck Loyola

Bono insuficiente, Aguirre incoherente.

Hoy han hecho declaraciones dos importantes dirigentes políticos, José Bono Y esperanza Aguirre, que muchos medios informativos las han relacionado como respuestas a algunas de las demandas del movimiento 15-M.

Bono ha puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar mayor transparencia en cuanto a los ingresos y bienes de los cargos públicos, apuntando la conveniencia de publicar has el patrimonio de los mismos, de suprimir los complementos de las pensiones de los parlamentarios y de una mayor observancia de la ley de incompatibilidades. Se ha quedado muy corto el Sr. Bono. Estas propuestas son claramente insuficientes respecto a la demanda, no ya del movimiento 15-M, sino de una inmensa mayoría de los ciudadanos que considera a la clase política como uno de los mayores problemas de nuestro país. Si de verdad la clase política quiere recuperar el aprecio de los ciudadanos y mejorar su valoración, lo que debe hacer es acabar con todos los privilegios que a lo largo de los años ha ido sumando a su favor: sus señorías deberían someterse al régimen general de pensiones, como todo el mundo, tributar a hacienda como cualquier ciudadano, sin los enormes privilegios de los que goza. La clase política debería hacer realidad las incompatibilidades y no sólo en cuanto a la prohibición absoluta de percibir ingresos públicos de más de una fuente, cosa que no se hace, sino también en cuanto a la ocupación de más de un cargo institucional. Ya está bien de alcaldes que son a la vez diputados o senadores: un político, una sola función y un solo sueldo. Y al que no le convenga que vuelva al sector privado. Y no hace falta que vayan publicando elk patrimonio de los cargos públicos, con que esa información sea accesible y con que se cree una Unidad Inspectora específica en Hacienda sería suficiente. Lo que es evidente es que hoy más que nunca es necesario un Estatuto de los Cargos Públicos que regule todas estas cuestiones.

Por su parte, Esperanza Aguirre ha lanzado la idea de reformar la Ley electoral madrileña para implantar el sistema de listas abiertas que permita una mayor capacidad de decisión de los electores. Sin embargo, esta propuesta queda hueca si los partidos políticos no hacen realidad el mandato constitucional del funcionamiento interno democrático. ¿De qué sirve al elector poder tachar  nombres de una lista que responde a decisiones de designación antidemocrática y no es fruto de un proceso de participación interna? El elector podrá tachar algún nombre de la lista, pero todos los componentes de la misma responderán al mismo perfil, al de quien los ha designado. No resulta por tanto coherente mantener un discurso político presuntamente liberal y simultáneamente practicar o consentir el autoritarismo dentro de su propio partido político. El reciente proceso electoral ha puesto de manifiesto que en muchos municipios los afiliados del partido Popular han tenido poco o nada que ver con la designación de los candidatos. Desde la regional madrileña se han vulnerado, en no pocas ocasiones, los Estatutos del Partido, como en Rivas-Vaciamadrid, para imponer candidatos ajenos a la organización local con el resultado final de que, en este caso, de 7 concejales elegidos tan sólo dos viven en el municipio y están vinculados con la organización local. ¿Es esto democracia interna? No puede haber nada peor para la regeneración democrática que el uso de las instituciones representativas para colocar amiguetes o agradecer favores. Y lo mismo ha ocurrido en muchos otros puntos de España donde las cúpulas regionales o provinciales han ignorado a las bases del partido. Por tanto, la mejora de la calidad de nuestra democracia solo puede pasar por la mejora de la democracia interna de los partidos políticos. Todo lo que no sea así son brindis al sol destinados más bien a lavar la cara que a sanear, de verdad, nuestro sistema democrático.

Santiago de Munck Loyola.

El déficit democrático español: el País Vasco.

Resulta muy frecuente escuchar a tertulianos políticos asegurar que los resultados electorales que se producen en el País Vasco son la expresión de la voluntad del pueblo vasco y que, por tanto, las instituciones que allí se constituyen ostentan una legitimidad democrática indiscutible. Esta afirmación y otras similares son tan habituales que en la mayoría de los casos no suelen ser discutidas. La opinión pública, en general, admite como válidas estas afirmaciones sin más. Llevamos décadas admitiendo que hay democracia en el País Vasco y que éste cuenta con instituciones legítimas. Se trata, sin duda, de una ficción política admitida por la mayoría pero que no se corresponde con la realidad política y social.

Existen numerosas teorías plasmadas en cientos de libros de politólogos, sociólogos o filósofos sobre conceptos tales como democracias, sistemas políticos, legalidad o legitimidad. Sin entrar en ellas ni en las distintas clasificaciones o grupos existentes, es posible subrayar algunos elementos o nociones básicas que nos permiten afirmar sin temor a equivocarse que en el país Vasco no existe una democracia real y que sus instituciones padecen un fuerte déficit de legitimidad democrática. Y a estas mismas conclusiones permite llegar el simple sentido común.

Para que unas instituciones puedan ser consideradas legítimas en su origen, y sin entrar ahora en el tema de la legitimidad en el ejercicio, es necesario que el proceso en virtud del cual se constituyen reúna una serie de requisitos esenciales, sin los cuales no es posible hablar de democracia. La democracia se convierte en una palabra hueca y puramente formal si los derechos de reunión, de asociación, de expresión, de residencia, de sufragio activo y pasivo no son respetados en su integridad. Es evidente y no es posible afirmar lo contrario que el ejercicio de estos derechos en el País Vasco no es posible desde hace décadas. Quienes lo han intentado o lo intentan han pagado un precio muy alto o lo pueden pagar en el futuro: la marginación social y laboral, la violencia sobre sus bienes o sus personas, el exilio o la propia vida. El ejercicio pleno de estos derechos básicos que cualifican y califican a una democracia no es posible en el País Vasco y lo es menos cuanto menor sea el ámbito territorial donde se pretendan ejercer. Cuando hay personas que no pueden desarrollar su actividad empresarial sin tener que pagar un chantaje a unos extorsionadores, cuando en muchos pueblos hay vecinos que no se atreven a concurrir a las elecciones municipales, cuando existen personas que deben ocultar sus inclinaciones políticas para encontrar trabajo o no perder el que tienen, cuando los medios de comunicación deben medir sus palabras por temor a recibir un paquete bomba en sus redacciones o por el simple recuerdo de periodistas asesinados o cuando la policía debe ocultar su rostro, afirmar que allí existe la democracia es un sarcasmo.

Si además se tiene en cuenta que los resultados electorales son los que son gracias a que 250.000 vascos se han tenido que exiliar por temor a ser asesinados y que no han podido votar, entre otras cosas, porque hasta el día de hoy ningún gobierno se ha preocupado de articular un sistema seguro para que puedan ejercer su derecho a decidir sobre el futuro de su tierra, es evidente que las instituciones municipales, provinciales o regionales carecen de una legitimidad plena.

El que quiera seguir creyendo que allí hay democracia que lo haga, pero la realidad es mucho más dura de lo que esa ficción tan extendida pretende hacernos creer. Y esta realidad sí que es un buen motivo para indignarse. Es mejor despertar y aceptar la realidad para poder enderezar el rumbo y garantizar con la ley en la mano los derechos de tanta gente.

Santiago de Munck Loyola

Harto de las guerras cainitas del PP.

Una vez pasadas las elecciones autonómicas y municipales, puede ser un buen momento para hacer públicas algunas reflexiones sobre lo que ha pasado y pasa dentro del Partido Popular de la Provincia de Alicante. Lo cierto es que le lectura de muchas noticias de prensa y de comentarios sobre actuaciones de dirigentes populares locales, provinciales y regionales, antes, durante y después de la campaña despiertan a los militantes populares asombro, hastío y hasta repugnancia.

La división interna del partido llega a extremos insospechados y se pone de manifiesto en actitudes vergonzosas, deslealtades y traiciones de todo tipo que mueven a pensar que sus protagonistas se mueven exclusivamente por intereses personales, por odios irreconciliables y ambiciones inconfesables. Se ve de todo menos un sincero deseo de contribuir a la forja de un partido fuerte y al servicio de los ciudadanos y de cada uno de los pueblos y ciudades de Alicante. Candidatos que comparten lista electoral pero que se niegan a compartir foto; candidatos y militantes que en algunos pueblos reparten concienzudamente las papeletas blancas y se olvidan de las sepias o viceversa; dirigentes locales que excluyen a compañeros no por su valía, sino por sus simpatías o antipatías hacia el Presidente Regional o el Provincial y ahora se ven en la necesidad de mendigar pactos; militantes que se alegran de batacazos electorales de compañeros; afiliados que procuran ir difundiendo dossiers sobre compañeros o que airean noticias desfavorables, etc. Hay de todo y de todos lados. Aquí pocos se salvan. Han convertido al Partido Popular de Alicante en un campo de batalla en el que al que le coloquen una etiqueta de campista o ripollista va listo.

Y todo proviene del empeño antidemocrático de algunos de querer situar a sus peones, sus paracas y esbirros en determinados puestos, pasándose por el arco del triunfo, merced a unos estatutos que lo facilitan, la voluntad de los militantes, de la base electoral del Partido Popular.

A lo mejor hay alguien en el Partido Popular que podría explicar a la militancia  qué diferencias ideológicas existen entre los campistas y los zaplanistas, por citar un ejemplo, porque sinceramente cuesta apreciarlas. Sin embargo, salvo honrosas excepciones, las coincidencias entre unos y otros son enormes, sobre todo, a la hora de ignorar la voluntad de los militantes y de carecer de escrúpulos a la hora de dañar al Partido.

En un partido democrático el hecho de que un Presidente provincial le guste o no al Presidente regional es, o debería ser, irrelevante. Del mismo modo, que un Presidente local o un candidato local sea o no del agrado del Presidente provincial también es, o debería ser, intrascendente. Lo único que debe importar es que unos y otros sean del agrado de los militantes, que sean ellos los que los elijan y respalden. Lo demás sobra. Toda intervención desde arriba, toda injerencia y manipulación por muy respaldada que pueda estar en unos estatutos manifiestamente mejorables sobra también.

Somos muchos los militantes populares que estamos hartos de esta situación y que queremos un Partido unido y fuerte, no sólo capaz de ganar elecciones, sino de servir de verdad a la ciudadanía y de ser cauce de participación de verdad.

Y si las cosas no cambian pronto, deberán intervenir desde la C/ Génova y devolver la palabra a los militantes, en un proceso limpio y abierto, para que decidamos lo que queremos para nuestro partido.

Santiago de Munck Loyola

Las retribuciones de los directivos de Cajas y Bancos.

A lo largo de los dos últimos años, numerosas entidades, especialmente las cajas, que componen nuestro sistema financiero han necesitado importantes inyecciones de dinero público para subsistir. Lejos han quedado las voces que defendían esa medida como instrumento imprescindible para que el grifo crediticio volviera a abrirse y el dinero volviera a fluir hacia las pequeñas y medianas empresas cada vez más asfixiadas.

Lo cierto es que al día de hoy esos miles de millones de euros provenientes del Estado no han servido para aliviar la escasez dineraria que tantos problemas plantea para la supervivencia de nuestro tejido productivo. Bien es cierto que ya hay miles de empresas que ya no necesitan financiación alguna, pero por la sencilla razón de que han desaparecido mientras esperaban la financiación necesaria para seguir funcionando.

El dinero de los contribuyentes, el dinero público ha servido para otras cosas: para la devolución de los créditos de nuestros bancos al mercado bancario internacional, para la compra de deuda pública o para mejorar las retribuciones de las cúpulas de las entidades financieras.

Varias instituciones internacionales como el Comité de Estabilidad Financiera, el G-20 o el Comité Europeo de Supervisores Bancarios señalan la mala práctica retributiva en las entidades financieras como una de las muchas causas de la actual crisis económica y, por ello, los poderes públicos están impulsando una nueva regulación de las políticas retributivas de los bancos y las cajas.

Pero, mientras esto se hace realidad, los contribuyentes podemos seguir viendo con no poco asombro cómo se utilizan las inyecciones de dinero público en el sistema financiero por parte de estas entidades.

De una parte, resulta inconcebible que los directivos de muchas Cajas que con su mala gestión las han llevado al borde del abismo y que han tenido que recurrir a la ayuda del Estado sigan conservando sus puestos con las retribuciones y privilegios aparejados a los mismos.

De otra, mientras que el Estado presta nuestro dinero a algunos Bancos y a muchas Cajas para que no se colapsen, los directivos de estas entidades se suben sus ya elevados sueldos. Es el caso, por ejemplo, de la entidad alicantina Caja del Mediterráneo, la CAM,  que ha estado a punto de ser intervenida por el Banco de España, al haberse roto su matrimonio con Cajastur, Cantabria y Extremadura en Banco Base. Esta Caja ha pedido 2.800 millones de dinero para poder sobrevivir, una inyección que no ha impedido a su consejo y a sus altos directivos elevar un 7,2% su retribución. Y el caso de la Caja alicantina no es una excepción en el panorama de las entidades financieras.

Sin entrar a discutir la conveniencia y el alcance de la ayuda estatal al sistema financiero, lo que sí parece más que discutible es la ausencia de efectos que estas ayudas deberían tener. Lo esencial es que se trata de dinero público, de dinero de los contribuyentes y que, por tanto, es de todos y su uso debería estar sometido a principios y reglas propios de la gestión de bienes públicos.

Cuando una entidad financiera recibe dinero del estado para subsistir el control público sobre el uso y destino de esos fondos debería ser exhaustivo, los gestores de la entidad responsables de su situación deberían ser apartados inmediatamente y las retribuciones del personal de la entidad deberían ser asimilables a las retribuciones de las administraciones públicas. En un país que atraviesa una situación económica de auténtica emergencia, en el que se recortan derechos sociales, en el que a los pensionistas se les congelan las pensiones y a los funcionarios públicos se les rebajan las retribuciones, los gestores de las entidades financieras que sobreviven gracias al dinero público deben someterse a los mismos sacrificios que todos los demás ciudadanos. Es una cuestión de ética y de sentido común.

Santiago de Munck Loyola

El ERE de Telefónica.

Pobre Telefónica, lo está pasando mal la compañía de las “matildes”. Como resulta que durante el primer trimestre del año sólo ha obtenido unos beneficios netos de 1.624 millones de euros, la compañía presidida por César Alierta quiere despedir a gente. En concreto, Telefónica quiere poner en la calle con un ERE a 8.500 empleados. 1.624 millones de euros de beneficios en un trimestre es muy poco beneficio. Es un 2% menos que el año pasado y eso no puede ser, así que a la calle con 8.500 curritos y a aumentar los dividendos.

Además, para eso está papá – estado. El desempleo y la seguridad social de los afectados por el ERE sólo costarán al Estado 450 millones de euros. Una minucia si se compara con lo que Telefónica va a aumentar sus beneficios después de esta operación. Y al mismo tiempo los directivos de Telefónica podrán repartirse sin problemas los 450 millones de euros que la compañía ha dispuesto en su plan de incentivos. Todos tan contentos.

Semejante desfachatez, sinvergonzonería e inmoralidad es lo que hoy por hoy representa Telefónica. Ni más, ni menos. Parece increíble pero es así. Y lo peor de todo es que semejante proceso se va a realizar con toda la cobertura legal existente en nuestro país. Nuestras leyes permiten estos enjuagues que a cualquier persona con sentido común deberían escandalizar. Y hablo de las personas con sentido común y no de los políticos que son, en última instancia, los únicos responsables de que algo así sea posible.

Que una empresa con unos beneficios extraordinarios pueda despedir a 8.500 personas, que esa decisión nos cueste a los ciudadanos 450 millones de euros y que, al mismo tiempo, esa empresa reparta entre sus directivos otros 450 millones de euros es sencillamente inadmisible. Si esta empresa carece de sensibilidad social, si ignora lo que es la responsabilidad social en momentos tan difíciles como los actuales es un deber de los gobernantes recordárselo y es un imperativo moral de los medios de comunicación hacérselo saber al conjunto de los ciudadanos para que así cada uno y en uso de su libertad pueda decidir si quiere seguir trabajando con semejante compañía o, por el contrario, prefiere presionarla con un boicot para que rectifique.

Yo, desde luego, tengo muy claro donde quiero que vaya mi dinero y donde no.

Santiago de Munck Loyola

La cuestión de confianza, una exigencia democrática.

Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado  22 de mayo han supuesto un profundo cambio en la distribución del poder territorial en España. No se trataba de unas elecciones generales, pero para casi todo el mundo esta cita electoral tiene una lectura que trasciende su ámbito territorial y, por tanto, unos efectos y consecuencias sobre la política nacional. Y señalo lo de para “casi todo el mundo” porque es evidente que ni para el Presidente del Gobierno, ni para los máximos dirigentes socialistas es así.

El derrumbe por doquier del PSOE ha sido despachado por el Sr. Zapatero como una consecuencia de la crisis económica. Ni tan siquiera ha sido capaz de asumir la más mínima responsabilidad. Sigue sin darse cuenta de que no se trata de la crisis en si, sino de la pésima gestión que él ha hecho de esta crisis. Los ciudadanos españoles han dado una patada a Zapatero en los traseros de miles de candidatos socialistas, algunos de los cuales, buenos gestores de sus Ayuntamientos, no se la merecían con seguridad.

Es indudable que la inmensa mayoría de los españoles ya no confía en el PSOE como partido gobernante de España y lo ha manifestado castigando a esos candidatos socialistas que concurrían a las urnas el pasado domingo.

Es igualmente evidente que si existe una pérdida tan clara y rotunda de la confianza de los ciudadanos en el partido del gobierno, no hay, hoy por hoy, una correspondencia entre la voluntad del electorado y su representación en el Parlamento. Y eso sólo puede ser definido como una grave crisis política. El Sr. Zapatero manifiesta que no va a haber adelanto electoral y que necesita acabar la legislatura para terminar las reformas económicas necesarias, a pesar de que hace tan sólo unas semanas había manifestado que el ciclo de reformas profundas había terminado. ¿En qué quedamos?

Para situaciones como éstas, nuestra Constitución prevé en el Artículo 112 la posibilidad de que el Presidente del Gobierno plantee ante el Congreso una cuestión de confianza. Y existen dos motivos más que importantes para evidenciar la necesidad de plantear la cuestión de confianza. Por una parte, la pérdida tan acusada de la confianza del electorado en el partido del gobierno debe ser contrastada con la confianza que pueda aún subsistir en el Congreso, máxime cuando se trata de un Gobierno sin mayoría parlamentaria propia. Por otra parte, la presunta necesidad de acometer reformas antes de agotar la legislatura debe contar con apoyo parlamentario previo suficiente y ello sólo puede ser comprobado con la cuestión de confianza.

Plantear frente a esta previsión constitucional, tal y como ha hecho hoy el Portavoz socialista, Sr. Alonso, que lo que tiene que hacer la oposición es presentar una moción de censura constituye un ejercicio de cinismo y una escapatoria fácil sin sustento racional y político. Quien no tiene credibilidad es el partido del gobierno, quien ha perdido de una manera brutal la confianza del electorado es el PSOE y quien debe, por tanto, demostrar que puede seguir gobernando sin problemas hasta el final de la legislatura es el Presidente Zapatero. Planteando la cuestión de confianza podrá reflejarse públicamente qué grupos políticos están dispuestos a prologar la agonía gubernamental a pesar del dictamen de las urnas.

Si unas simples elecciones municipales fueron motivo suficiente para proclamar una república, es de suponer que otras bien pueden motivar que un Presidente del Gobierno se someta a una simple cuestión de confianza. Así de fácil.

Santiago de Munck Loyola

Rivas: Inmaculada Sánchez Ramos, la PParaca que hizo crack. Lo dije.

Los resultados electorales obtenidos por el Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid el pasado 22 de mayo no han deparado sorpresa alguna. El 26, 70 % de los votos obtenidos por la candidata paracaidista sitúan al Partido Popular local en los niveles de voto del año 2003 cuando las tendencias electorales generales eran, a causa de la guerra de Irak, absolutamente desfavorables para el PP.

En al artículo publicado en este blog el pasado 10 de mayo, predije un porcentaje de voto para Esperanza Aguirre de un 36,5 % y el resultado final ha sido de un 35,43 % debido a que el resultado en la Comunidad ha sido menor del que vaticinaban algunas encuestas sobre las que basé la estimación y a que el diferencial medio entre el voto al PP de la Comunidad en Rivas y en la Comunidad ha disminuido un 1,19 %. En todo caso la diferencia es irrelevante. Baste señalar que el techo electoral de la candidatura autonómica del PP lo sigue conservando Alberto Ruiz Gallardón lo que debería a más de uno reflexionar sobre cómo y en qué circunstancias consiguió Alberto aquel resultado.

En aquel artículo también señalé que el PP de Rivas obtendría, en el mejor de los casos, un 30,26 % de los votos, basando esta estimación en que se mantuviese el diferencial medio entre el voto a la lista local y la autonómica y en que los electores no tuviesen en cuenta todos los aspectos negativos que contenía la lista de candidatos del PP de Rivas. Sin embargo, D.ª Inmaculada no ha sido capaz de mantener el diferencial medio que era del -6,24 y lo ha incrementado pasando al -8,73 %, es decir, casi 2,5 puntos más de diferencial negativo. Predije un 30, 26 % en el mejor de los casos y evidentemente no ha sido así. Caso tenía razón Esperanza Aguirre sobre D. ª Inmaculada Sánchez Ramos, no es que fuera una crack, sino que iba a hacer crack.

A pesar de todo el apoyo institucional que ha recibido la candidata, a pesar de todos los vientos favorables para el Partido Popular y a pesar de la enorme generosidad de los abnegados militantes del Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid, D. ª Inmaculada Sánchez Ramos ha obtenido un mal resultado, lo pinte como lo pinte. Ha hecho una pésima campaña, soltando en los foros de Internet a unos cuantos forofos que han escrito toda clase de estupideces políticas mezclando a la Iglesia Católica, la corrupción, las jineteras cubanas, la incineradora inexistente y cuanto les ha venido bien en una espantosa ensaladera que los vecinos se han negado a poner en su mesa.

Mantengo lo dicho: la designación de esta candidata ha sido un tremendo error por todas las razones que en su día expuse y por los resultados que ha obtenido. Una candidata que ha venido cuestionando públicamente a Mariano Rajoy no era la cara más amable para encabezar una lista en Rivas. Una representante del llamado tea party español, pintaba en Rivas lo mismo que Leire Pajin en la beatificación de Juan Pablo II. Y a las pruebas me remito.

Hace ya unos años, el diputado popular autonómico José Cabrera Orellana, politólogo fino donde los haya que se transformó súbitamente de comerciante de baterías en “Técnico en Desarrollo Comercial, especialista en Mercado Internacional del Sector de Automoción” en cuanto ocupó un escaño, nos recriminaba a los militantes de Rivas que no obtuviéramos mejores resultados porque según él “con tanto chalet en Rivas, el PP tenia que ganar”. Pero, la realidad era y es que su sesudo análisis de la realidad ripense no le permitía percibir una realidad sociológica y política tan compleja como la que existe.

Va siendo hora de que en los despachos de la regional madrileña se apeen del burro, que analicen de verdad y a fondo el municipio, que aprendan a valorar y a comprender la gestión de quienes gobiernan el municipio y que se dejen de simplezas semejantes. Han tenido muchos años para apoyar al PP de Rivas y muy pocas veces, excepción hecha de Ruiz Gallardón, lo han hecho. Unos resultados electorales no se mejoran colocando a una panda de amiguetes, sin vinculación alguna con el pueblo, en los primeros puestos de la candidatura municipal. En esta ocasión lo que han hecho ha sido transmitir una imagen de arrogancia, prepotencia, desconocimiento y de desprecio a la militancia y al electorado.

Sinceramente y a la vista del resultado ¿ha merecido la pena vulnerar la democracia interna del Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid? ¿Ha merecido la pena despreciar y humillar a sus militantes? Yo creo que no.

Santiago de Munck Loyola

Sepes y Monforte: a sentencias revueltas, ganancia de pescadores.

El pasado 17 de mayo, una noticia publicada en el Diario Información y recogida también en otros medios me llamó la atención (http://www.diarioinformacion.com/elda/2011/05/17/nueva-sentencia-favorable-sepes-frente-ayuntamiento-litigio-poligono/1127986.html) El titular era rotundo: Nueva sentencia favorable a Sepes frente al Ayuntamiento en el litigio sobre el polígono.

La noticia empezaba así “La última resolución del TSJ sigue la línea de los autos que han anulado el PAI de Walaig, la adjudicación de la obra y el nombramiento del urbanizador”…y después continuaba “una nueva sentencia, esta vez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, da la razón de nuevo…”, “Según se apunta ahora desde la dirección de Sepes, la nueva sentencia, que…”, “Por lo tanto, según indicaron ayer las mismas fuentes, tanto esta última resolución judicial como la que se dio a conocer la semana pasada impiden que las obras…”

Como desde un punto de vista jurídico resultaba sorprendente que, tras el Auto de ejecución de sentencias del Juzgado nº 3 de Alicante, se hubiese dictado una nueva sentencia y con el contenido que se citaba, busqué la sentencia objeto de la noticia. Y sorpresa. No existía ninguna sentencia posterior al Auto de 4 de mayo. El titular y el contenido de la noticia eran incorrectos. Sorprendentemente, todos los medios de comunicación estaban dando por cierto el comunicado de SEPES en el que decía que existía una nueva sentencia posterior a ese Auto y que tan desfavorable era para SEPES. La mentira de SEPES estaba siendo elevada a la categoría de noticia cierta sin que ni un solo periodista la hubiese verificado.

Como puede apreciarse, la fecha de la sentencia es de 11 de abril.

SEPES con el fin de entrar en la campaña electoral en contra del actual gobierno municipal de Monforte había desempolvado una sentencia de 11 de abril de 2011 que venía a resolver un recurso que dicha entidad había planteado contra un auto judicial de 2008 en el contencioso relativo al proyecto de reparcelación del Polígono Industrial. ¿Por qué? Pues porque la última decisión judicial, dictada a instancias del propio SEPES, era tan desfavorable que necesitaban desesperadamente un nuevo titular de prensa, aunque fuera a costa de mentir descaradamente.

Última decisión judicial: 4 de mayo de 2011.
Es evidente que la noticia difundida es incierta.

Esta sentencia desempolvada  es una resolución incidental, es decir, sobre un asunto colateral del litigio principal. Viene a decir que en el año 2008, SEPES sí tenía derecho a pedir una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, pero que ha quedado totalmente desvirtuada por el Auto de 4 de mayo que está ejecutando las sentencias principales y que reconoce la inejecutabilidad de las mismas no permitiendo que se modifiquen los títulos, ni la reparcelación que figura en el registro de la Propiedad.   

Además, a tenor de lo dispuesto en el art. 132 de la LJCA, no tiene ningún sentido que se resuelva sobre medidas cautelares después de finalizado el proceso principal, de modo que el Tribunal debió desestimarlas por este motivo, remitiéndose a lo que se despache en ejecución de sentencia.        

Por tanto afirmar, nada más y nada menos, que “todas las inscripciones de parcelas de Walaig realizadas en el Registro de la Propiedad han quedado anuladas” es improcedente.

No es eso lo que dicen las resoluciones judiciales que, con buen criterio, han decidido proteger la seguridad jurídica en el tráfico mercantil y la fe pública registral. Difundir noticias falsas, argumentar alocadamente sobre ellas y lanzar mensajes similares no beneficia en nada a la ya deteriorada confianza que los posibles inversores deben tener para que ese Polígono pueda ser pronto una realidad.

Santiago de Munck Loyola

SEPES CONTRA MONFORTE DEL CID.

Imaginemos un matrimonio. Llevan 16 años casados. Él se ha quedado con los bienes que ella aportó al matrimonio. No tienen hijos porque él no quiere. La trata mal, la ignora y la desprecia. No la quiere, pero tampoco quiere que ella sea libre. No hay problema. En España, con la Ley en la mano, ella podría obtener el divorcio en pocas semanas y recuperaría sus bienes. Todo ello sin tan siquiera tener que justificar las razones para divorciarse.

Pues bien, en nuestro país es mucho más fácil disolver un matrimonio que un acuerdo o un convenio entre un Ayuntamiento y una sociedad estatal. Esto es lo que le ha venido sucediendo al Ayuntamiento de Monforte del Cid en relación al Convenio que en 1990 suscribió con SEPES. La voluntad del pueblo de Monforte expresada democráticamente por el Pleno del Ayuntamiento ha sido pisada una y otra vez por SEPES a través de argucias legales en los Tribunales de Justicia. Aunque los vecinos de Monforte, por unanimidad plenaria, quieran romper el vínculo que ata a su Ayuntamiento con SEPES, ni esta entidad, ni los Juzgados dejan que, de momento, se rompa.

Dos sentencias han quitado la razón al Ayuntamiento. La primera señala que la ruptura del Convenio con SEPES no se justificó suficientemente y, por tanto, el Convenio sigue vigente. La segunda sentencia adquiere ya carácter de esperpento y vulnera directamente la legislación valenciana del suelo al anular el PAI del Polígono Walaig. En esencia esta sentencia dice que la publicación de la licitación del PAI en los medios designados por la Ley Urbanística Valenciana (el DOGV y el Diario de las Comunidades Europeas) es ilegal porque, además, debería haberse publicado en el BOE, al asimilar el Tribunal la figura del Urbanizador a la de un contrato de obras. Y, para fundamentar esta ridícula sentencia, se basa en la jurisprudencia de una Ley derogada, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. Siendo evidente el error de apreciación del Tribunal Superior de Justicia al no apreciar que con la LUV el urbanizador ya no realiza obras sino que las ejecuta el empresario constructor (nueva figura creada por esta ley) y que, por tanto, no es aplicable la publicidad de los contratos de obras, lo más sangrante es la imposibilidad legal de recurrir esta aberración ante el Tribunal Supremo sentando, con ello, un desastroso precedente en todos los procedimientos desarrollados al amparo de la LUV.

Causan sonrojo las declaraciones de los responsables de SEPES al señalar que esta sentencia lo que hace es sancionar (por la omisión del anuncio en el BOE) la falta de publicidad de la licitación hecha por el Ayuntamiento. Hay que tener cara dura para sostener que un anuncio de licitación realizado en el Diario de las Comunidades Europeas y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana no ha sido público y que, por tanto, ha podido lesionar los derechos de SEPES a licitar. Y más si se tiene en cuenta que SEPES fue notificado individualmente de la licitación. Como puede comprobarse, se ha tratado de una argucia jurídica para paralizar la urbanización del Polígono Industrial, ni más, ni menos.

Dejando al margen el complejo contenido de estas sentencias, lo fundamental son los hechos, sus causas y sus consecuencias. ¿Por qué esta polémica? ¿Qué se ventila aquí para que dos administraciones no se puedan poner de acuerdo para construir un Polígono Industrial?

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha estado atado a SEPES desde 1990 con un convenio suscrito para hacer un gran Polígono Industrial, el Walaig. Después de 16 años, en 2006, el Ayuntamiento decide romper ese convenio por varias razones: no se ha movido un solo metro de tierra; SEPES a través de su Técnico Javier González comunica que la entidad no tiene prisa pues la Ministra Trujillo ha priorizado la construcción de vivienda protegida sobre el desarrollo de suelos industriales; SEPES presenta además un documento por el que pretende vender las parcelas a precio de mercado sin respetar lo establecido en el Convenio que preveía que la entidad se quedaría con el suelo correspondiente al Ayuntamiento para abaratar los precios de venta. Es decir que quedaba claro que SEPES quería dar un pelotazo, que no tenía prisas después de 16 años y, además, que no iba a respetar los acuerdos de regularización de parcelas que años antes había firmado con los industriales ya instalados en aquellos suelos.

El Ayuntamiento rompió el Convenio, aprobó un PAI, lo adjudicó y en dos años ya estaban ejecutadas casi el 40 % de las obras de urbanización, paralizadas ahora por las anteriores sentencias.

La actitud de SEPES responde a varias razones: no quiere perder la ilegal cesión del aprovechamiento municipal recogida en el Convenio de 1990 y que asciende a más de 12 millones de euros; no quiere que se vendan las parcelas a precio tasado porque limita sus beneficios y no quiere que un pequeño Ayuntamiento actúe por su cuenta evidenciando la ineficacia de SEPES para generar con agilidad suelo industrial y sentando un peligroso procedente para otros Ayuntamientos. Pero, es que, además, SEPES no deseaba hacer este Polígono porque necesitaba antes dar salida a suelos industriales peor comunicados, como en el caso de Aspe.

Desde que fue nombrado el último Director General de SEPES no ha respondido a ninguna de las llamadas del Ayuntamiento para negociar y desbloquear la situación.

El 4 de mayo de 2011, un Juzgado de Alicante ha dictado un Auto a instancia de SEPES, en ejecución de las dos sentencias anteriores, desestimando 8 de 11 pretensiones planteadas por SEPES. A pesar del intento de sacar pecho del Secretario General de SEPES, Sr. Couso, el Juzgado se ha limitado a declarar tres peticiones de SEPES ya recogidas en las dos sentencias anteriores: que el convenio de 1990 está vigente, que el PAI está anulado y que Intersa no es urbanizador. De cajón, declara lo que ya ha sido declardo. Sin embargo, el Sr. Couso omite que el Juzgado rechaza todas las demás pretensiones de la entidad estatal: declara vigentes todos los contratos de obra de la urbanización, todas las adjudicaciones de terrenos, todas las ventas de parcelas realizadas, todas las cargas (incluidas hipotecas) sobre las fincas, etc. Es decir, que sigue la misma empresa constructora, que la realidad registral actual sigue vigente, que el Ayuntamiento de Monforte se queda con su aprovechamiento (más de 2.000 millones de Ptas.) y que, además, SEPES debe cumplir el convenio depositando ante el Ayuntamientos los instrumentos necesarios para realizar las expropiaciones que faltan para completar la urbanización, cosa que lleva SEPES 21 años sin cumplir. Si SEPES no recurre este Auto, las obras de podrán reanudar pronto.

Ha sido y es una grave irresponsabilidad poner constantes trabas a la creación de un suelo industrial de primer orden cuando tanto desempleo se extiende por la comarca. SEPES ha venido actuando contra el interés general, representado por el Ayuntamiento de Monforte del Cid, y ha venido supeditándolo a mezquinos intereses especulativos y partidistas. Y, sinceramente, los vecinos de Monforte del Cid y de la comarca no se lo merecen.

Santiago de Munck Loyola

Las elecciones del 22 de mayo, una oportunidad para dar tirones de orejas.

A tenor de las declaraciones de una gran parte de dirigentes socialistas parece que en esta campaña electoral no se debe hablar ni del paro, ni del terrorismo, ni de la desastrosa situación económica, ni de nada que no tenga un carácter estrictamente municipal. Vienen repitiendo de forma insistente que de lo que toca hablar es de la limpieza de las calles, del transporte urbano, de la atención sanitaria o de cualquier tema que sea competencia municipal o autonómica pues estamos en un proceso electoral autonómico y local.

Debe ser que con el paso de los años, los ciudadanos hemos asimilado nuestra percepción de la realidad a ámbitos geográficos concretos y, si no lo hemos hecho, tenemos que realizar un esfuerzo de abstracción de nuestra realidad social para centrar nuestras ideas y debates en las esferas que desde el PSOE nos señalan. En 2003, para elegir bien a nuestros Alcaldes o Presidentes autonómicos era muy importante hablar de la Guerra de Irak. Muy importante, no. Me he quedado corto, era fundamental. Era absolutamente imposible votar en aquellas elecciones sin que apareciera la Guerra de Irak hasta en la sopa. Uno tenía que levantarse y acostarse en la campaña electoral con el No a la Guerra, si no era imposible emitir un voto consciente y responsable. Era de sobra conocido que la frecuencia de los autobuses, la limpieza de las calles o el tamaño de las zonas verdes dependía de Sadam Hussein, de Busch y de la foto de las Azores. Y el que opinase en contra era un fascista de mierda, con perdón.

Ahora, merced a la sabia evolución política del ciudadano no hay que, según los socialistas, mirar más allá de los límites geográficos de la circunscripción electoral so pena de convertirse en un miembro de la derecha de la derecha extrema europea o en un crispador de campañas. ¿Paro? ¿Candidatos terroristas? ¿Tropas españolas en guerra en Afganistán? ¿Deuda pública? ¿Recortes sociales? No, de eso no toca hablar. PSOE dixit.

Sin embargo, la percepción de la realidad social no tiene fronteras y, por tanto, resulta inevitable que, les guste o no, impregne todo lo que aflora en una campaña electoral. No pueden levantar muros para cegar la crítica. El galopante desempleo incide en el funcionamiento de los servicios sociales locales y autonómicos. La crisis salvaje también mermando los ingresos de las administraciones. La participación de los terroristas en la campaña y su posible vuelta a las instituciones pone en peligro la integridad de todos los votantes. En definitiva, todos los problemas nacionales repercuten de modo directo en la vida de los electores y consiguientemente en su percepción y relaciones de ámbito local y autonómico. Y se puede y se debe hablar de ello. Porque hay responsables políticos de lo que pasa. Y hay infinidad de candidatos que aunque solo quieran hablar de su pueblo o de su autonomía pertenecen al Partido responsable de la penosa situación que atraviesa nuestra nación y, por tanto, las elecciones del 22 de mayo constituyen una buena oportunidad para asignarles la cuota de responsabilidad que les corresponde por su militancia. Y ojala sea así.

Santiago de Munck Loyola

P.S. Mi afecto y solidaridad para todos los murcianos.