CARTA AL DIRECTOR DE "EL MUNDO", PUBLICADA EL 6-7-2010.

30 de junio de 2010.
Estimado Sr. Director:
En noviembre de 2002, fui designado candidato a la Alcaldía de Rivas-Vaciamadrid por el Partido Popular. En plena precampaña, El Mundo, en su suplemento madrileño M-2 de 17 de marzo de 2003, publicó el siguiente titular:

Denuncian por acoso al candidato del PP.
Rivas-Vaciamadrid. La ex concejala del Partido Popular Ana María Martín presenta hoy una querella criminal contra Santiago de Munck por un presunto delito de acoso moral e injurias graves.

El revuelo causado por este titular fue inmediato. Mucha gente, que no leyó la noticia completa, se quedó con la palabra acoso y la asoció automáticamente al acoso sexual. Con ello, mi nombre quedó en entredicho y mi vida familiar y profesional quedó seriamente afectada.

Lo cierto es que la querella había sido interpuesta por presuntos delitos de “injurias con publicidad y contra la integridad moral” contra el Partido Popular y contra su Presidente por la tránsfuga Ana Martín Bermúdez.
La querella tenía tan poco fundamento que fue archivada por auto de 31 de julio de 2003 (Diligencias Previas 544/03) del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Arganda del Rey.
Recurrido este auto por la querellante, el archivo fue confirmado por la Audiencia Provincial, Sección Decimoquinta, Rollo T-355/2003, auto de 18 de diciembre de 2003, que me fue notificado oficialmente el 22 de febrero de 2005.
Sin embargo al no recoger El Mundo el desenlace final de la primera noticia, lo que hoy en día aparece asociado a mi nombre en cualquier buscador de Internet es que fui “denunciado por acoso” con las consiguientes connotaciones peyorativas y no la realidad, es decir, que nunca existió tal cosa y que fui objeto de una falsa denuncia. Esta situación ha vuelto a ser aprovechada por algún desaprensivo para perjudicarme en mi nuevo ámbito profesional a pesar de los años transcurridos.
Agradeciéndole de antemano su atención y esperando que esta aclaración sirva para despejar cualquier duda, reciba un cordial saludo.
Fdo. Santiago de Munck Loyola
Ex-Portavoz del Partido Popular
de Rivas-Vaciamadrid.


A/a Sr. D. Pedro J. Ramírez. Director de El Mundo.

EL “RIVAS CENTRO”, MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA.

Puede que algún lector se sorprenda por el título de este artículo, sobre todo si conoce el centro comercial Rivas Centro, situado en la llamada manzana institucional, y desconoce la historia de la gestación de este lugar. El edificio que hoy se levanta con este nombre tiene poco que ver con el proyecto que, en su día, compró el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por la nada despreciable cifra de casi 300.000.- €. Es decir, que el Alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Fausto Fernández, y el concejal de Hacienda de entonces, su primo, Pepe Masa pagaron a la empresa de un amiguete casi 50 millones de Ptas. Por un proyecto que nunca se ejecutó. Todo ello, con la complicidad silenciosa de los medios locales de comunicación que conocieron el asunto a través de las denuncias de la oposición.

La historia de esta sucia historia es larga y es la siguiente:

1º.- En 1998, un grupo de comerciantes locales constituyó la sociedad Rivas – Plaza. Dicha sociedad tenía por objeto la promoción y comercialización de un Centro de Ocio y comercial sobre el solar municipal situado junto a la Tenencia de Alcaldía, como una alternativa para aminorar el impacto comercial que la apertura de una gran superficie como Continente estaba causando.

2º.- Dicho Grupo de Comerciantes locales organizó diversos actos con el fin de promocionar la propuesta y convencer a los Grupos Políticos de la bondad de la misma al objeto de que el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid procediese a la recalificación de dicho solar y después a su venta, tal y como se puede comprobar en las publicaciones de diversos medios de comunicación locales de dichas fechas. Así, en mayo de 1998 presentaron sus propuestas a los dirigentes municipales del Partido Popular.

3º.- En el año 2000, se celebró una reunión entre los promotores de Rivas – Plaza, el Alcalde D. Fausto Fernández y el Concejal de Hacienda y Coordinador de IU, D. José Masa con objeto de analizar las posibilidades de desarrollo de la referida manzana. Por parte de Rivas-Plaza estaban presentes entre otros D. Miguel Barragán y D. Francisco Díaz. En dicha reunión, las autoridades municipales manifestaron a los comerciantes, según es público por los testimonios de los mismos, que si querían tener posibilidades de ser adjudicatarios del suelo en el futuro, debían asociarse al proyecto empresarial de la sociedad Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA. liderado por D. Alberto Landáburu, amigo, como es público y notorio, de D. José Masa y de D. Fausto Fernández.,

4º.- Pocas semanas después, se celebró un almuerzo en el Restaurante el Palacio del Negralejo entre el Alcalde de Rivas-Vaciamadrid, D. Fausto Fernández y los empresarios D. Jesús Ávila y D. Francisco Díaz. En dicho almuerzo, el Alcalde comunicó a los empresarios que si los comerciantes locales querían tener opción a suelo en el concurso debían ir de la mano de D. Alberto Landáburu. Del mismo modo, se celebró otro almuerzo en el mismo restaurante entre D. José Masa Díaz, Concejal de hacienda y Coordinador de IU y varios empresarios entre los que estaban D. José Ignacio Escudero y D. Rodrigo Hervas. En dicho almuerzo el primero indicó a los empresarios que D. Alberto Landáburu era su “hombre de confianza en el proyecto” y que los comerciantes locales debían asociarse a él para obtener suelo en un futuro concurso.

5º.- Poco después, los comerciantes de Rivas-Plaza, se asociaron a la entidad Centro de Ocio y Comercial la Plaza de Rivas, cuyo socio mayoritario e impulsor es D. Alberto Landáburu, pasando a ostentar el 10 % del capital de dicha sociedad. Los administradores de esta sociedad pasaron a ser los siguientes:

PRESIDENTE: DIAZ CASADO FRANCISCO
CONSEJERO DELEGADO: DEL CASTILLO DOMINGO JUAN MANUEL
CONSEJERO: BARRAGAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
CONSEJERO: PUERTA GONZALEZ ANTONIO
CONSEJERO: LANDABURU BUGLIOLO FERNANDO LUIS

6º.- El 27 de junio de 2000, el Pleno de la Corporación aprobó, con el voto negativo del Grupo Popular, el pliego de condiciones económico – administrativo que habrían de regir la enajenación de la Parcela de la Plaza de la Constitución, (B.O.C.A.M. de 7 de julio de 2000), para la construcción de un centro de Ocio y Comercial. Dicha aprobación fue objeto de cinco alegaciones presentadas el 12 de julio de 2000 por el Concejal Popular José María García Gómez.

7º.- El Pleno del Ayuntamiento de 25 de julio de 2000 acordó rechazar las alegaciones del Grupo Popular al referido pliego de condiciones.

8º.- El 16 de agosto de 2000, el concejal popular José María García Gómez solicitó al Gobierno Municipal que, a su vez, solicitase un dictamen sobre este asunto al Consejo Municipal Económico y Social al que el propio Gobierno Municipal había ignorado pese a las disposiciones legales sobre el mismo.

9º.- El 11 de octubre de 2000, se constituyó el tribunal evaluador de las ofertas del concurso para la enajenación del referido solar.

10º.- El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de 11 de diciembre de 2000, acordó por unanimidad adjudicar el solar a la UTE. Centro Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA y Corporación Inversora de Parques SL, otorgándole el improrrogable plazo de quince días naturales para el depósito de la fianza definitiva contados a partir del recibí de la notificación de la adjudicación. Esta adjudicación contó con la opinión desfavorable del Interventor Municipal, D. Vicente Rodrigo, que así lo manifestó en privado.

11º.- La entidad adjudicataria que había depositado como licitante una fianza provisional de 20 millones de Ptas. debía depositar la fianza definitiva por importe de 104.400.000 de Ptas. antes del 23 de enero de 2001.

12º.- La entidad adjudicataria dejó vencer el plazo correspondiente sin depositar la fianza definitiva y sin que el Gobierno Municipal le requiriese formalmente a ello, ni tomase decisión alguna oficial al respecto.

El 8 de febrero de 2001, se celebró Junta de Portavoces del ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. En la misma, el Portavoz Popular Santiago de Munck preguntó al Gobierno Municipal si el adjudicatario había depositado la fianza definitiva en el plazo legal. El Portavoz de IU y Concejal de Hacienda manifestó que no la habían depositado. A preguntas del Portavoz Popular, el Secretario Municipal manifestó que se trataba de un incumplimiento de “plazo fatal”.

13º.- El 15 de febrero de 2001, a las 11 de la mañana, se celebró la Comisión Informativa de Política Territorial y en ella el Gobierno Municipal manifestó su intención de, no obstante haberse producido un incumplimiento de plazo fatal para el depósito de la fianza definitiva, proceder a la prórroga ilegal de dicho plazo.

Terminada la Comisión, el Portavoz del Grupo Popular solicitó por escrito una certificación sobre el incumplimiento del plazo para el depósito de la fianza definitiva lo que motivó entonces que el Alcalde dictase un decreto urgente procediendo a anular la adjudicación a la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas, SA.

14º.- El Pleno del Ayuntamiento de 19 de febrero acordó ratificar el decreto de alcaldía anulando la adjudicación referida.

15º.- El 26 de febrero de 2001, el Grupo Popular solicitó por escrito el acta literal de las reuniones de la Junta de Portavoces y de dicha Comisión Informativa sin que se le entregase nunca.

16º.- Con posterioridad, la Junta de Portavoces fue reunida a instancias del Alcalde. En ella, el Alcalde sugirió la posibilidad de que el Ayuntamiento comprase el proyecto arquitectónico de la empresa La Plaza de Rivas, que había resultado ganador, ya que su diseño había sido aprobado por todos los Grupos Municipales, imputando su coste y su obligatoria ejecución a quien resultase nuevo adjudicatario del solar. El Portavoz Popular, al igual que la Portavoz del Grupo Mixto, manifestó su conformidad con la compra siempre que el precio fuese razonable y estuviese avalada por todos los informes técnicos necesarios.

17º.- El 13 de junio de 2001, el Gobierno Municipal incoó el expediente nº 407/01, por importe de 52.994.368 Ptas. para la compra negociada y sin publicidad del proyecto. Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 de junio de 2001, se compró el proyecto a la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas por un importe de 48.382.208 de Ptas. Para formalizar este acuerdo, la Comisión de Gobierno hubo de ser convocada dos veces ya que el Concejal socialista, D. José Montoya, se ausentó de la primera, alegando indisposición médica, al no estar de acuerdo con la referida compra.

18º.- El 1 de agosto de 2001, el Grupo Popular emitió nota de prensa expresando su disconformidad por lo desorbitado del precio abonado por el proyecto y solicitó el examen del expediente completo. El Portavoz Popular, Santiago de Munck fue autorizado a examinar dicho expediente el 21 de marzo de 2002, bajo vigilancia del Vicesecretario Municipal y con prohibición expresa de Alcaldía para hacer fotocopias del mismo. Del examen del expediente se extrajeron los siguientes datos:

Primero.- En el expediente se justifica el precio de compra sobre la base del valor de las facturas que la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA ha abonado para la elaboración del proyecto arquitectónico. El expediente incluye 7 facturas presuntamente abonadas a sus propios proveedores por la empresa La Plaza de Rivas SA por un importe total de 34.244.400 Ptas.;

Segundo.- De las 7 facturas incluidas, dos por importes de 3.248.000 Ptas. son rechazadas por los servicios técnicos municipales por corresponder a asuntos carentes de interés para el Ayuntamiento, tales como el Presupuesto de obra o los estatutos de la Comunidad de propietarios;

Tercero.- Las 5 facturas restantes, las que sirven de justificación al precio pagado ascienden a 30.996.400 Ptas. siendo el precio total pagado por el proyecto de 48.382.208 Ptas. y no apareciendo en el expediente ninguna otra factura más;

Cuarto.- La factura correspondiente al anteproyecto arquitectónico corresponde a la empresa EMOSA y su importe es de 11.600.000 Ptas.;

Quinto.- De las 7 facturas presuntamente abonadas a sus proveedores por la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA, seis corresponden a empresas vinculadas al representante de Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA, Sr. D. Alberto Landáburu, (4 facturas de la empresa FEROLAND y 2 de la empresa ALBA FORO);

Sexto.- Del mismo modo que el Ayuntamiento rechaza, aparentemente, adquirir los estatutos de la Comunidad de propietarios o el presupuesto de obra por carecer de interés, parece que adquiere o paga al menos los estudios de mercado, la memoria o los estudios y análisis de viabilidad económica presuntamente abonados por la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA a sus proveedores y que, evidentemente, carecen también de interés para este Ayuntamiento y para el actual adjudicatario que, como es lógico, realizará sus propios estudios y que sólo debe limitarse al desarrollo del proyecto arquitectónico asumido y comprado por la Corporación.

Según parece desprenderse de esta documentación, el Gobierno Municipal ha establecido el precio de compra en función de los gastos que la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas SA había incurrido para poder presentarse al concurso y no en función del valor real del proyecto arquitectónico que era lo demandado por la Junta de Portavoces.

18º.- De todo lo anterior parece deducirse que la actuación del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid se vio fuertemente condicionada por las relaciones de amistad de los dirigentes de IU, especialmente la del coordinador de esta organización y concejal de hacienda, D. José Masa, con D. Alberto Landáburu. Consiguientemente, la hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid se ha visto perjudicada con la compra de un proyecto cuyo precio es a todas luces excesivo y que sólo puede ser explicado por la existencia de dichas relaciones de amistad.

Sólo la existencia de estas relaciones de amistad y su utilización en la esfera de la administración municipal pueden explicar:

a) Que los dirigentes de IU y cargos públicos del Ayuntamiento aconsejaran a los comerciantes de Rivas Plaza la necesidad de su asociación con el proyecto empresarial vinculado al Sr. Landáburu con el fin de poder obtener posibilidades de ser adjudicatarios en un futuro concurso.

b) Que el coordinador de IU y concejal de Hacienda dejase vencer el plazo definitivo para el depósito de la fianza definitiva de la adjudicación, 104.400.000 de ptas. sin emitir consciente y deliberadamente un solo documento oficial evidenciando el incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, ni resolver la adjudicación, ni promover acto administrativo alguno tendente a reponer a la administración municipal en sus derechos.

c) Que el Gobierno Municipal manifestase en la Comisión Informativa de Urbanismo su intención de proceder a una prórroga ilegal de un plazo que tenía la peculiaridad de ser “fatal” y que, por tanto, era improrrogable.

d) Que el Alcalde y el Concejal de Hacienda dejasen transcurrir de forma consciente y premeditada más de 22 días sin denunciar el incumplimiento del depósito de los 104.400.000 de Ptas. y que no procediesen a la anulación de la adjudicación hasta después del escrito solicitando certificaciones presentado por el Grupo Popular el día 15 de febrero de 2001.

e) Que la Comisión de Gobierno comprase por más de 48 millones de Ptas. un proyecto arquitectónico cuyo valor no excede (de acuerdo a los honorarios tipo aplicables al mismo) de los 12 millones de Ptas. al adjudicatario fallido, la UTE liderada por el Sr. Landáburu, y que para ello hayan admitido como costes de valoración facturas emitidas por las propias empresas vinculadas al Sr. Landáburu como presuntas proveedoras de la UTE adjudicataria. Que esta compra se realiza en grave perjuicio del ayuntamiento al adquirir a un precio excesivo elementos carentes de utilidad para el desarrollo del proyecto arquitectónico por parte de la nueva adjudicataria que ha de desarrollarlo.

Después de todo este sucio manejo y despilfarro del dinero de los contribuyentes, están los hechos para evidenciar lo más grave: el Centro Comercial que hoy en día se levanta en esa Manzana Institucional no es el proyecto arquitectónico comprado por casi 50 millones de Ptas.

Alguien sacó 50 millones de Ptas. de la caja municipal para comprarle a un amiguete un proyecto arquitectónico inútil. ¿Por qué no se ejecutó el proyecto comprado? ¿Abonó su coste, los casi 50 millones de Ptas. el nuevo adjudicatario del Centro? A que no lo hizo.

Esta es una parte de la realidad de Rivas-Vaciamadrid de los últimos años. Supongo que a poca gente le importa la verdad o no quiere ver la realidad, pero siempre me ha intrigado el vergonzoso y cómplice silencio de mucha gente de los medios de comunicación locales que parece honesta.

Santiago de Munck Loyola.

LA BANCA SIEMPRE GANA.

A finales de 2008, el Gobierno decidió crear un fondo para ayudar a las entidades financieras por valor de 30.000 millones de euros ampliable hasta los 50.000 millones, con la particularidad de que los nombres de los bancos o cajas que acudieran al mismo permanecerían en el anonimato, al menos, durante un determinado tiempo. Es decir que, con cargo a los contribuyentes se decidió ayudar secretamente a los bancos cuya gran mayoría había obtenido en los tiempos de bonanza económica unos beneficios espectaculares repartidos entre sus accionistas.

Mientras tanto y según los datos últimos publicados por el Consejo General del Poder Judicial las ejecuciones hipotecarias se han disparado de forma espectacular en los últimos años. Los datos son los siguientes:
Año 2006: 17.622 ejecuciones hipotecarias.
Año 2007: 25.943 ejecuciones hipotecarias.
Año 2008: 58.686 ejecuciones hipotecarias.
Año 2009: 93.319 ejecuciones hipotecarias.
Queda claro que las subastas se han disparado desde que la crisis económica y financiera empezó. Y es el desempleo la causa fundamental y principal de los impagos hipotecarios. Además, conviene señalar, que cada expediente judicial puede tener más de un inmueble embargado ya que muchas hipotecas están concedidas globalmente por más de un inmueble, pero se tramitan judicialmente en un único expediente.
Lo que resulta evidente es que cada día 255 familias españolas pierden, al menos, su vivienda habitual y que en la mayoría de los casos son los bancos quienes se están quedando con la mayor parte de las viviendas, atesorando un stock de viviendas de difícil salida.
Pero es que, además, se da la circunstancia de que en muchos casos los propietarios que han perdido la vivienda resulta que aún siguen debiendo dinero a los bancos quienes, como nunca pierden, no utilizan las tasaciones que en su día usaron para conceder el préstamo, sino que hacen una nueva tasación siempre muy por debajo de la anterior. Así, por ejemplo si la tasación de la vivienda en el 2004 fue de 200.000.- €, la hipoteca concedida de 160.000.- € y el propietario adeuda al día de hoy 140.000.- €, el banco vuelve a tasar la vivienda por 130.000.- €, se queda con la casa y el ex propietario aún le debe 10.000.- € además de haber perdido la casa. Y todo ello con la Ley en la mano y, por supuesto con el beneplácito de Gobierno y oposición que no han legislado prácticamente nada para proteger a los ciudadanos.
¿Es tan difícil que la clase política se de cuenta del drama que supone para miles de familias perder la casa por no tener trabajo y, por tanto, una remuneración con la que hacer frente a los pagos hipotecarios? ¿Hay tanta distancia entre representantes y representados como para que los primeros sean insensibles ante la situación de los segundos?
La diferencia de tratamiento por parte de los políticos entre los problemas de la banca y los problemas de los ciudadanos es más que evidente. Le faltó tiempo al Gobierno para crear un fondo de ayuda a la banca a finales de 2008 y a la oposición para aplaudirlo, pero el problema de los contribuyentes, con cuyo dinero por cierto se creó ese fondo, que no pueden pagar su hipoteca por estar en el paro y que pierden su casa no ha encontrado una respuesta ni tan rápida, ni tan eficaz.
No debería ser muy difícil legislar sobre el tema y proteger circunstancialmente a los ciudadanos en estos tiempos tan difíciles. No debería ser muy difícil establecer medidas para, por una parte, impedir que los bancos ejecuten las hipotecas con nuevas tasaciones inferiores a las que sustentaron la concesión del préstamo en su día. Los bancos son sólo negocios, empresas en un mercado libre, y, por tanto, deben asumir los mismos riesgos que todo empresario. Unas veces se pierde, otras se gana. Y, si el bien ejecutado, vale ahora menos que cuando fue tasado inicialmente debe tocarles perder. Ni más, ni menos. Y, por otra, establecer moratorias y/o minoraciones en las amortizaciones hipotecarias en función de la situación de desempleo y de las percepciones que tenga el prestatario.
No es mucho pedir. Tan sólo que nuestros políticos tengan la misma sensibilidad con los contribuyentes de a pié que la que han tenido con los bancos. Al final, desgraciadamente, va a resultar que, como en EEUU, la diferencia entre socialistas y populares solo estriba en los segundos que tardan en doblar el espinazo para besar la mano de la Banca.
Santiago de Munck Loyola.

AYUNTAMIENTOS: DEUDA Y FINANCIACIÓN.

Una de las consecuencias lógicas del progreso y bienestar en nuestra sociedad ha sido el progresivo aumento de las competencias y servicios que prestan los Ayuntamientos, las administraciones más cercanas a los ciudadanos. Y no se trata tan sólo de un aumento cuantitativo de los servicios que se prestan, sino también de un aumento cualitativo de los mismos. Los ciudadanos, en su condición de vecinos, exigen a sus ayuntamientos unos niveles cada vez mayores de calidad en cuanto a los equipamientos públicos y las prestaciones municipales. Por otra parte, en no pocas ocasiones el incremento de las prestaciones viene impuesto por imperativo legal, por el desarrollo de leyes de carácter estatal o autonómico.

Este incremento de prestaciones públicas municipales no ha venido acompañado por una reforma legislativa que garantice la necesaria financiación de las mismas. El modelo de financiación municipal hace años que se ha quedado obsoleto y sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestro esquema institucional que ningún Gobierno ha conseguido, hasta ahora, aprobar.

El aumento de los gastos municipales ha venido siendo financiado por parte de las Corporaciones Locales fundamentalmente a través de dos vías: el urbanismo y la deuda. Estas dos vías han permitido durante los años de bonanza económica ampliar los servicios municipales y consolidar unas prestaciones en muchos casos de un alto nivel de calidad. Sin embargo, la financiación a través de ingresos vinculados al urbanismo ha provocado dos grandes problemas sociales. De una parte, una espiral inflacionista en torno al suelo y, consecuentemente, en torno a la vivienda. De otra, un incremento de los casos de corrupción cuya causa principal puede encontrarse en los altos niveles de arbitrariedad y subjetividad en los procesos recalificatorios de suelo. Es más que evidente que las continuas y, en ocasiones, frustradas reformas sobre la legislación del suelo en los últimos años no han frenado esta situación. Por otra parte, el recurso a la deuda bancaria para la financiación de nuevas infraestructuras ha venido funcionado medianamente bien mientras los ingresos ordinarios vinculados sobre todo a la construcción han venido fluyendo con regularidad, pero cuando la crisis los ha hechos disminuir considerablemente la deuda se ha convertido en una pesada carga en la mayoría de los casos.

Mientras que no se produzca la necesaria reforma legislativa que asegure, de una parte, la financiación regular de los servicios municipales a través de las aportaciones estatales y, de otra, la necesaria limitación de dichos servicios para impedir su proliferación desmesurada, los Ayuntamientos no tienen otra solución que utilizar y exprimir al máximo los recursos legales existentes con el fin de equilibrar los ingresos con los gastos. En este sentido, hay algunas prácticas que deberían ponerse en marcha, aunque ello pueda, en algunos casos, ser impopular:

- Plasmar en la tributación municipal con toda su intensidad el principio constitucional de progresividad fiscal. A más ingresos, mayor tributación. Con ello, quiero resaltar algo que debería ser evidente. Hoy más que nunca no puede aplicarse, por una cuestión de elemental solidaridad, el criterio de “café para todos”. En una situación de crisis no resulta justo que todos los vecinos usuarios de prestaciones o servicios públicos paguen lo mismo o nada por el uso de las los mismos. ¿Por qué han de financiar con sus impuestos todos los vecinos unas clases de informática a alguien que acude a la escuela municipal conduciendo un BMW último modelo? ¿O las clases de música al hijo de un alto directivo? No es de recibo que mientras con el dinero de todos se financian o subvencionan actividades a todo el mundo sin distinción de sus niveles de renta luego no haya dinero para atender a los más necesitados. No tiene lógica que un ayuntamiento subvencione clases de yoga mientras que hay vecinos que pasan hambre. Por tanto, lo lógico es que los Ayuntamientos establezcan distintas tarifas en sus precios públicos y en las tasas en función de los niveles de renta de los usuarios.
- Por otra parte, hay que señalar que la Ley exige que los precios públicos nunca sean inferiores al coste del servicio prestado y esto rara vez se cumple por lo que el déficit originado en la prestación de servicios municipales vuelve a recaer sobre el conjunto de los vecinos. Y esto vale también en otros casos pero con un resultado final diferente. Basta examinar el caso de las Tasas para los residuos sólidos. En la mayoría de los Ayuntamientos se vincula esta Tasa con el inmueble, independientemente del número de personas que residen en él y, por tanto, del volumen de residuos que generan. En otros países se aplica el principio de quien contamina, paga. Y paga según contamine. Por ello, esta Tasa se suele pagar por persona empadronada en una vivienda ya que se sabe perfectamente cuál es la media de Kgs de residuos diarios generados por individuo. Pagar la Tasa de residuos por vivienda, independientemente de que en la misma viva una persona o cinco es injusto, antieconómico y posiblemente ilegal.
- A todo ello hay que añadir una desmesurada voracidad de las administraciones municipales por asumir y prestar servicios que ya se prestan por parte del sector privado incurriendo siempre en una competencia desleal con dicho sector, que, por otra parte, es contribuyente municipal. ¿Qué pintan los Ayuntamientos, por ejemplo, organizando siempre de forma deficitaria (ya que nunca se cobra el coste real a los usuarios) cursos de inglés en las Universidades Populares o Centros Municipales cuando en la misma localidad hay empresas privadas que lo hacen? No vale la explicación de que así se da la oportunidad a todo el mundo para acceder a dichos cursos. Es mucho más barato el “cheque escolar” para el que no pueda acceder a una academia o institución privada. Y esto vale para multitud de servicios prestados por el Ayuntamiento. Por ello, resulta imprescindible una limitación a las actividades de las corporaciones locales o, al menos, un poco de sentido común.

Hay aún más medidas que es posible abordar para mejorar la situación de las corporaciones locales, pero todas requieren una decidida voluntad política que, hoy por hoy, parece muy lejos de las miras de la mayoría de nuestros gobernantes.
Santiago de Munck Loyola.

PUES PARECE QUE QUIZÁS NO ESTÉN TAN CLARO LA REBAJA DE SUELDO…..

(RECIBIDO). La Jurisprudencia del T.S. desvirtúa el R.D.-Ley 8-2010-Decretazo del Gobierno.

Parece ser que la Sentencia del Tribunal Supremo, de 29/05/1995, adoptada en el Recurso de Casación nº 1311/1992, en su Fundamento Jurídico 4ºalude a otras dos Sentencias anteriores del mismo Alto Tribunal, del año 1.989, -Jurisprudencia Consolidada-, y a la que se remitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la recientísima Sentencia de éste último de fecha 25/02/10,Rec. 360/2007. Ver Fundamento Jurídico 2º- de ésta última.

En suma, el Alto Tribunal dice en el F. J. 4º de la citada Sentencia, que los Poderes Públicos, -en este caso el Gobierno mediante Real Decreto Ley, que deberá ser aprobado por el Congreso , la norma debe tener rango de Ley-, pueden cambiar la estructura de las retribuciones como mejor le parezca, pero debe mantener el montante consolidado de las citadas retribuciones, mediante la técnica de los complementos absorbibles por futuros aumentos. Es decir, que se pueden congelar, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero no pueden disminuir el montante consolidado de las retribuciones, pues ahí sí que opera el concepto de derechos adquiridos, como avala la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo.

Conviene hacerlo circular, porque el citado R. D.-Ley 8/2010, en lo que afecta a la bajada de las retribuciones de los funcionarios, huele a inconstitucionalidad; de momento, está en contra de los pronunciamientos reseñados del Tribunal Supremo en esta materia, que constituyen Jurisprudencia.

RIVAS. HACE 20 AÑOS.

Era octubre de 1989. Había elecciones generales el día 29 de ese mes. Llevaba cuatro años viviendo en Rivas-Vaciamadrid. No existía el Partido Popular en la localidad. En las elecciones municipales de 1987, el Partido Popular había presentado una candidatura “paraca”, encabezada por Antonio Beteta, y no había representación municipal. Años después, el candidato Beteta me dijo: “chico, qué pueblo, no nos votó ni el cura”. En ese mes de octubre, me acerqué a Génova y me llevé carteles electorales. Durante la campaña, por la noche, mi hijo pequeño y yo salíamos a pegarlos y tengo que confesar que con mucha cautela, no en balde había habido ya incidentes entre militantes socialistas y comunistas en Covibar a cuenta de los espacios para pegarlos. Pocos días después conseguí que en Génova me hicieran mil sobres y fotocopias de una carta en la que invitaba a los vecinos a ponerse en contacto con una lista de correos para organizar el Partido Popular en el municipio. Para ayudarme a buzonear esas cartas tuvieron que venir familiares de Madrid.

Y así nació el Partido en Rivas-Vaciamadrid. A la carta respondieron unos cuantos vecinos que formaron el germen inicial de la organización a la que, poco a poco, se fueron uniendo más vecinos. Recuerdo con especial afecto a Gabriel, Eugenio, Antonio, Alfredo, Pepe, Luciano,Roberto, etc. Con ellos y unos cuantos más se formó la gestora inicial del Partido, en la que fui elegido Presidente y Gabriel Secretario General. Y nos pusimos a trabajar para intentar consolidar el Partido. Las reuniones las hacíamos semanalmente en nuestras casas. Recuerdo especialmente las que realizábamos en el sótano de Antonio que les confería una especial sensación de clandestinidad.

Y llegamos a las elecciones municipales de 1991. En aquella ocasión el Partido Popular alcanzó por primera vez representación municipal, dos concejales. Todo un logro considerando el ambiente francamente hostil en muchas zonas del municipio y la implantación del Grupo Independiente cuyo electorado se solapaba con el Partido Popular.

Lo cierto es que fue una aventura política hermosa. Es mucha la gente que he tenido la oportunidad de conocer en los años transcurridos desde entonces y son muchas las anécdotas que puedo contar (y lo haré próximamente), anécdotas de todo tipo, políticas, personales, etc. algunas de las cuales más de uno preferiría no recordar. Es verdad que la política municipal es la actividad política más gratificante por la cercanía e inmediatez con los vecinos, pero también es la que más “heridas” deja por la misma razón.

Sin embargo, merece la pena.

EL "SUELDAZO" DE LOS FUNCIONARIOS.

Cuadro sobre los incrementos de IPC y los sueldos de los funcionarios. Está claro por qué van a bajar el 5% de media ell sueldo ¿no? ¡¡Porque cobran mucho!!

AÑO I.P.C. INCREMENTO PÉRDIDA SALARIAL
1982 14,00% 8,00% -6,00%
1983 12,20% 9,00% -3,20%
1984 11,90% 6,50% -5,40%
1985 8,20% 6,50% -1,70%
1986 8,30% 7,20% -1,10%
1987 4,60% 5,00% 0,40%
1988 5,80% 4,00% -1,80%
1989 6,90% 4,00% -2,90%
1990 6,50% 6,00% -0,50%
1991 5,50% 7,22% 1,72%
1992 5,30% 6,10% 0,80%
1993 4,90% 1,80% -3,10%
1994 4,30% 0,00% -4,30%
1995 4,30% 3,50% -0,80%
1996 3,50% 3,50% 0,00%
1997 2,10% 0,00% -2,10%
1998 2,10% 2,10% 0,00%
1999 2,40% 1,80% -0,60%
2000 4,00% 2,00% -2,00%
2001 3,10% 2,00% -1,10%
2002 4,00% 2,00% -2,00%
2003 2,60% 2,00% -0,60%
2004 3,20% 2,00% -1,20%
2005 3,70% 2,00% -1,70%
2006 2,70% 2,00% -0,70%
2007 4,20% 2,00% -2,20%
TOTAL 25 140,30% 98,22% -42,08%

Conclusión: en 25 años han perdido más de un 40% de poder adquisitivo. Es decir, que para un sueldo actual de 1.100-1.200 euros (muchos funcionarios cobran esto) debería ganar entre 1.550-1.700 euros. En cambio ahora ese sueldo se quedará entre 1.045 y 1.140 euros. Y ya no hablemos de las pensiones que es para llorar.

LA SENTENCIA SOBRE EL SECTOR UBZ-1, WALAIG.

La sentencia del TSJ de Valencia de 26 de abril de 2010, notificada el 24 de mayo del mismo año, confirma la anulación del PAI del Sector UBZ-1 Walaig, dando así la razón a SEPES. Esta sentencia se fundamenta en la presunta vulneración por parte del Ayuntamiento de Monforte del Cid del principio de publicidad en el trámite de publicación de dicho PAI, exigido por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El art. 78 del citado Real Decreto Legislativo señala la necesidad de publicar en el BOE, además de en otros diarios, la licitación de los contratos.

El Tribunal entiende que la naturaleza del PAI es la de un contrato de obras y para ello se basa en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencias de 5-2-2008, 27-2-2008, 9-12-2009, 27-1-2009 y 6-6-2007, por lo que consecuentemente entiende que había de publicarse la licitación en el BOE con el fin de garantizar la publicidad y la libertad de concurrencia. Sin embargo, según señalan los arts. 7.2 y 8 del Real Decreto Legislativo 2/2000, los contratos especiales se rigen por su regulación específica y la Ley Urbanística Valenciana, Ley 16/2005, de 30 de diciembre, conceptúa a los Programas de Actuación Integrada como contratos de naturaleza administrativa especial y dispone que han de publicarse únicamente en el DOGV y en el Diario de las Comunidades Europeas, requisitos cumplidos por el Ayuntamiento y que garantizan igualmente la publicidad y libre concurrencia. No hay por tanto, discrepancia entre el ordenamiento estatal y la legislación urbanística valenciana como pretende el sentenciador. Al contrario, en este caso lo que sí hay un error grave de apreciación por parte de la sala sentenciadora. En efecto, la Sala fundamenta su sentencia en la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo que cita a lo largo de la misma, sin embargo, todas las sentencias citadas recaen sobre recursos interpuestos antes de la entrada en vigor de la LUV, es decir, se refieren a procedimientos desarrollados con la LRAU, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.

Es evidente que la Jurisprudencia citada fundamenta sus sentencias en la propia naturaleza de los PAIs tal y como venían regulados en la LRAU. En efecto, la naturaleza de dichos contratos era la propia de un contrato de obras pues el agente urbanizador seleccionado ejecutaba las obras de urbanización. Sin embargo, esta naturaleza fue modificada sustancialmente con la nueva regulación de los PAIs y de la figura del urbanizador que efectúa la LUV. En esta Ley se distingue claramente al agente urbanizador del empresario constructor que es seleccionado mediante procedimiento público también (aquí si es necesaria la publicación en el BOE) para ejecutar las obras de urbanización. Por tanto, con la entrada en vigor de la LUV aparecen dos fases en el desarrollo de un PAI. De una parte, la selección del agente urbanizador que no puede por imperativo legal ejecutar la obra pública y que, por tanto, su contrato tiene claramente la condición de contrato especial y, de otra, la selección del empresario constructor que es el encargado de ejecutar la obra pública y cuyo contrato sí que es asimilable a la del contrato de obras.

Por tanto, nos encontramos ante una sentencia fundamentada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a procedimientos desarrollados durante la vigencia de la LRAU y aplicada sin sutilezas jurídicas sobre un procedimiento, el PAI del Sector UBZ-1, desarrollado al amparo y conforme a las prescripciones de una Ley diferente, la LUV. Esta cuestión es básica y fundamental y abre necesariamente la vía ante el Tribunal Supremo para un Recurso de Casación en Interés de Ley.

SEPES CONTRA EL INTERÉS GENERAL.

La sentencia del TSJV de 25 de mayo de 2010 anulando la adjudicación del Polígono Industrial Walaig supone, de hecho, un claro golpe al desarrollo del empleo en Monforte del Cid y en toda la comarca. La decisión judicial da la razón a SEPES por un simple defecto formal, a tenor de la interpretación que el tribunal hace sobre la armonización de las leyes estatales con las autonómicas. En efecto, la Ley estatal sobre contratos exige la publicación de las licitaciones de contratos en el BOE, salvo en el caso de contratos especiales en cuyo caso remite a la legislación específica. Por el contrario la Ley Urbanística Valenciana exige que la licitación de los Programas de Actuación Integrada (PAI) se realice solamente en el DOGV y en el Boletín de las Comunidades Europeas. El Ayuntamiento publicó el PAI según dictaba la LUV, entendiendo, además, que se trata de un contrato especial. Ese hecho sirvió a SEPES para recurrir la decisión municipal alegando que la no publicación en el BOE atentaba contra el principio de publicidad de las licitaciones. Y nada más lejos de la realidad y del sentido de las normas pues con las publicaciones efectuadas la publicidad estuvo garantizada y lo estuvo, hasta tal punto, de que muchas empresas concurrieron al proceso y el mismo SEPES conoció la licitación lo suficiente como para recurrirla, al margen de que se le había notificado fehacientemente por parte del Ayuntamiento.

Es, por tanto, más que evidente que la voluntad de SEPES era paralizar el proceso e impedir el desarrollo del Polígono. Nada impedía que el propio SEPES hubiese concurrido a la licitación porque era y es evidente que la publicidad y la transparencia se habían cumplido. Por consiguiente, esgrimiendo un defecto formal, que no de fondo, SEPES ha logrado una victoria que garantiza sus intereses particulares pero que va claramente en contra del interés general: empleo y prosperidad para la comarca. Y sólo puede haber una razón de fondo que justifique tan mezquina actitud: el sectarismo. El más acendrado partidismo ante un Ayuntamiento gobernado por un color diferente al suyo.

Y esta razón, se subraya aún más cuando al comentar la sentencia el Director General de la Entidad anuncia su intención de solicitar de forma inmediata la ejecución de la sentencia y la paralización de las obras. Esa decisión, de llevarse a cabo, exigirá ineludiblemente el inicio de nuevos instrumentos urbanísticos que avalen la actuación y, por tanto, el inicio de un largo proceso que puede durar varios años más. No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Monforte, por acuerdo plenario y mediante dos resoluciones de Alcaldía, recurridas también por SEPES y aún pendientes de sentencia judicial, resolvió el convenio que le mantenía atado a esta entidad y que desde hacía 14 años había impedido el desarrollo industrial del suelo. Y esta decisión se tomó tras la conversación con el representante de SEPES, D. Javier González, quien manifestó que la prioridad de la Ministra Trujillo y, por tanto de SEPES, no era desarrollar actuaciones industriales, sino vivienda pública. Los representantes directos de los vecinos decidieron prescindir de la “colaboración” de SEPES (decisión más que avalada en las urnas en 2007) mientras que los gestores de SEPES carecen de toda representatividad.

Ante todo hay un conflicto de intereses, los generales representados por el Ayuntamiento y los particulares representados por SEPES, y un marco legislativo y judicial complejo que aún puede deparar muchas sorpresas. La única posibilidad de que no se retrase el Polígono y, por tanto, la creación de trabajo en una comarca tan castigada es la negociación en la que ambas partes deben realizar concesiones y alcanzar, si es posible, un nuevo convenio.
Cualquier paso que se dé precipitadamente como pedir la ejecución de la sentencia solo provocará un gran retraso y servirá para incrementar el drama del paro que tanto está golpeando en la comarca.

Santiago de Munck Loyola

(4ª parte) ¿Por qué los ciudadanos debemos apretarnos el cinturón y los políticos no?

La verdad es que cuanto más se piensa en dónde puede ahorrar el Gobierno aparecen muchas posibilidades que ni siquiera mencionan los políticos. La clase política nunca mira en su entorno inmediato a la hora de proponer medidas de ahorro y austeridad. Su mirada, sea azul o roja, periférica o centralista se dirige inevitablemente hacia los bolsillos de los ciudadanos, es decir, al bolsillo de quienes les pagamos los sueldos, los despachos, los coches oficiales y toda la parafernalia que acompaña al desempeño de un cargo público.

Hoy, en España hay personas de carne y hueso que pierden su trabajo, que se quedan sin casa y que tienen que comer lo que pueden, la mayor parte de las veces, gracias a la labor social de la denostada Iglesia cuyos comedores sociales están a reventar. No puede haber mejor política social que la que crea empleo. Y no hay mejor camino para destruir empleo que subir los impuestos, aunque sea transitoriamente. Cuando se gasta más de lo que se ingresa sólo hay dos opciones, o se recauda más o de recorta el gasto.

Pero dicho esto, conviene volver a revisar dónde se puede recortar. Y nuevamente la clase política puede hacer un ejercicio de ejemplaridad. Aunque ya se ha apuntado anteriormente hay que profundizar necesariamente en los privilegios de la clase política que la alejan de la dura realidad que sufre una gran parte de los ciudadanos. Ostentar un cargo público, ser Alcalde, Diputado o Ministro, no puede ser considerado como un premio, como un privilegio. Es, o mejor dicho, debería ser la máxima expresión de servicio a la sociedad. Más en una sociedad democrática cuyos valores han de impregnar el carácter representativo y delegado del cargo público. Por ello, es una auténtica anomalía democrática que la casta política disfrute de inmensos privilegios frente a los ciudadanos a los que dicen representar.

El salario medio en España en el año 2009 alcanzó los 20.390 euros anuales, según los datos del INE. Mientras, el salario medio de los más de 1.000 diputados autonómicos ronda los 50.000.- € anuales. Todo ello sin mencionar el de los Diputados Nacionales o los Europarlamentarios. Hay Alcaldes como el de Barcelona o el de Madrid que cobran más de 100.000.- € al año. Esta diferencia respecto a la media de los contribuyentes podrá justificarse de mil maneras: la responsabilidad del puesto, la dignidad del cargo, la comparación con otros países, etc. Pero, en todo caso, esta diferencia marca un peligroso abismo entre representantes y representados. Hay constancia de Diputados del Congreso que en un año sólo han pulsado el botón de las votaciones en seis ocasiones. Ni una discurso, ni una enmienda a una Ley. Nada de nada. Y a cambio más de 60.000.- €. ¿Es esto éticamente admisible?

Pero es que, además de estas retribuciones, los Diputados perciben otras cantidades por distintos conceptos, dietas, gastos de representación, descuentos en los medios de transporte (tren, avión, etc.), cantidades que les alejan aún más de quienes les pagan los sueldos, los contribuyentes. Como también les aleja del común de los mortales el hecho de que los parlamentarios están exentos de declarar en el IRPF un tercio de sus ingresos en concepto de indemnización. A ello hay que sumar que mientras cualquier ciudadano tiene que haber cotizado durante 35 años para cobrar su pensión, los parlamentarios basta con que coticen entre 7 y 11 años. ¿Y esto por qué? ¿Sufren más en su escaño que un minero? ¿Su trabajo conlleva más dignidad que el de un cartero, por ejemplo? Ahora que el Gobierno cree que hay que recortar el derecho social a la jubilación a los 65 años y alargar en 5 años el período de cotización ¿por qué siguen ostentando semejante privilegio los parlamentarios?

Pero nuestra clase política puede aún hacer más sacrificios y dar ejemplo a los ciudadanos. Nadie en este país puede tener más de un ingreso proveniente del erario público. ¿Nadie? Perdón, los parlamentarios sí. Se da el caso de parlamentarios que llegan a juntarse hasta con tres retribuciones públicas a la vez en función del cargo que han ocupado y el que ocupan. Ahí están los casos de Solbes o de Pajin. ¿Es moralmente admisible esto mientras hay ancianos a los que no les llega la pensión para comer? ¿Cómo es posible que haya políticos que reúnan al mes más de 16.000 euros provenientes del erario público mientras muchos ancianos pasan hambre?

Es evidente que el Gobierno tiene que ahorrar e ingresar más, pero también es evidente que la cosecha debe iniciarla en su entorno más inmediato.

(3ª parte) ¿Por qué los ciudadanos debemos apretarnos el cinturón y los políticos no?

Puestos ya a recortar y enarboladas las tijeras, es preciso adentrarse en más campos que afectan fundamentalmente a la clase política y sindical, es decir, a aquellos que para liderar la sociedad han de ser los primeros en dar ejemplo. A los recortes en altos cargos, en puestos de confianza, en sus salarios y demás gastos de la clase política que ascienden a millones de euros, todavía se podrían añadir otros recortes muy importantes. Se trata de gastos que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos y que lo hacemos porque se supone que los aprobamos cuando damos nuestro voto a cualquiera de los paridos políticos.

Si cualquier persona desea ser socio de un club de fútbol, por ejemplo, deberá pagar una cuota y contribuir así al sostenimiento de su equipo. Si su equipo funciona bien, tendrá buenos ingresos obtenidos por la taquilla, la publicidad, las cuotas, etc. Pero, el resto de los ciudadanos que no son de ese equipo no estarán obligados a mantenerlo con sus impuestos. ¿Por qué entonces tenemos que mantener a los Partidos Políticos y a los sindicatos con nuestros impuestos? ¿No será más lógico que esas organizaciones se mantengan con las cuotas y donaciones de sus afiliados y simpatizantes? Si partidos y sindicatos tuviesen que mantenerse exclusivamente de sus propios ingresos, tal y como hacen las empresas y demás entidades privadas, ¿no serían más austeros y racionales en sus gastos? ¿no despilfarrarían menos? Basta ver el lujo, los medios materiales y personales de los partidos y sindicatos para saber cómo emplean el dinero que nos sacan a los ciudadanos con las subvenciones que reciben provenientes de nuestros impuestos. Y el colmo de la desfachatez es que hasta las organizaciones empresariales se nutren de subvenciones que pagamos entre todos.

Sólo en el año 2009, los sindicatos y organizaciones empresariales se repartieron más de 110 millones de euros, sacados de los bolsillos de los contribuyentes. ¿No ganan lo suficiente los señores empresarios como para mantener sus organizaciones profesionales?

Pero no sólo queda ahí la cosa, nuestros sindicatos, nuestros queridos sindicatos que hicieron huelga cuando Aznar congeló el sueldo a los funcionarios (¿qué harán ahora que ZP no congela sino, que les baja el sueldo?), que montaron una huelga general por la reforma laboral que intentó Aznar, estos sindicatos que gozan de tanta confianza de los trabajadores que no llega ni al 5 % de los mismos los que se afilian, nos cuestan una auténtica barbaridad. Al margen de las subvenciones que reciben del estado y de las autonomías para poder funcionar ya que los trabajadores no se afilian y, por tanto, no los sostienen económicamente, los sindicatos cuestan al Estado y a las empresas la nada despreciable cifra de 1.664 millones de euros al año, a través de esa curiosa figura de los liberados sindicales. Resulta que los trabajadores españoles pasan olímpicamente de los sindicatos y no se afilian, ni los sostienen económicamente. Pero los sindicatos se creen en la necesidad de salvar a los pasotas de los trabajadores, aunque éstos no quieran. Y, así, dejan de trabajar total o parcialmente en sus respectivos trabajos miles de sindicalistas a los que hay que pagar sus sueldos para que nos salven. En España hay más de 57.000 sindicalistas dedicados a “salvar y defender” a los trabajadores. Si consideramos que el coste laboral medio en España (salario + Seguridad Social) por trabajador y mes alcanzaba los 2.428,69 euros en el tercer trimestre de 2009, esto es, 29.144 euros por trabajador al año, el coste total derivado por los liberados sindicales y soportado forzosamente por ciudadanos y empresas españoles asciende a 1.664 millones de euros al año. ¿Hay o no hay de donde recortar sin tocar los sueldos y las pensiones? ¿Hay o no de donde recortar sin subir los impuestos? Si en época de crisis y recesión es necesario realizar sacrificios, ¿no deberían empezar por dar ejemplo los sindicalistas y los políticos? ¿no deberían estos señores dedicarse a producir en lugar de hacer como que nos salvan a los demás?

Claro, que es difícil pedir peras al olmo. Tenemos una clase política corporativa, unida en la defensa de sus privilegios y unos sindicatos en plena sintonía con esa clase política, unos sindicatos más atentos a la defensa de intereses partidistas y de sus propios privilegios que de la defensa del bienestar de los ciudadanos.

¿Por qué los ciudadanos debemos apretarnos el cinturón y los políticos no?

Parece que nuestra clase política no está dispuesta a apretarse el cinturón tal y como impone al resto de los ciudadanos españoles; quizás porque los políticos usan tirantes. En todo caso, parece que el recorte en los derechos sociales que el Sr. Zapatero nos impone se va concretando: recorte del 5% del sueldo de los funcionarios este año y congelación para el próximo, congelación de la mayor parte de las pensiones (por vez primera desde que el Partido Popular legislase en 1996 su revalorización automática), rebaja del 15 % del sueldo de los ministros, recorte en las prestaciones sanitarias (posiblemente el co-pago de los medicamentos), anulación del cheque-bebé, recorte de la ayuda al desarrollo en 600 millones de euros, etc. Y junto a ello, subida del IVA en dos puntos y probable subida del IRPF. En resumen, menos ingresos para los ciudadanos y más gastos.

Al margen de que la austeridad en las cuentas públicas debía haberse impuesto hace tiempo, cabe preguntarse si no hay otros sitios de donde recortar. Pues la respuesta es sí.

La rebaja del sueldo de los ministros en un 15 % como gesto puede valer, pero es claramente insuficiente. Esa rebaja debería ser al menos de un 25 % y debería ser extensible a Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales, Parlamentarios nacionales y autonómicos, Diputados Provinciales, Consejeros y Viceconsejeros autonómicos, asesores, cargos de confianza, Alcaldes, concejales, etc. Es decir, debería ser extensible a toda la clase política que es la que debe ejercer el liderazgo con ejemplaridad.

Y hay más sitios donde meter la tijera. Debería prohibirse el cobro de sueldos, indemnizaciones o dietas provenientes de distintas administraciones públicas o empresas. Y para ello debería ser incompatible el ejercicio de más de un cargo público. El Diputado nacional que lo sea, pero nada más que eso. Tener Alcaldes que simultanean su puesto municipal con un escaño autonómico o nacional constituye toda una anomalía democrática (en el legislativo y en el ejecutivo a la vez), como lo es el ejercicio de actividades particulares simultáneamente. En todo caso, habría que evitar que al sueldo de parlamentario o de alcalde se sumen otros ingresos como dietas, indemnizaciones o pensiones. Los políticos no pueden tener privilegios económicos respecto a sus electores y esto debería valer a la hora de medir los años de cotización para el cobro de una pensión. ¿Por qué a los Diputados les bastan 7 años de cotización mientras que el resto de los mortales han de llegar a los 35 años?

Contamos con 17 gobiernos autonómicos (unos 300 “ministrillos” regionales) además del Gobierno de la Nación. Recórtese por ahí también el gasto, suprímanse ministerios y consejerías y veremos el ahorro y el alivio inmediato en las cuentas públicas. A la drástica disminución de asesores, cargos de confianza y “ministrillos” acompañaría un inmensa reducción del gasto público, no sólo en sueldos, sino también en gastos de representación o en coches oficiales. Un dato lo ilustra: en España hay 7.000 coches oficiales (con sus conductores, gasolina, gastos de mantenimiento y de reposición), más que en los Estados Unidos. Otros datos ilustrativos: la Junta de Andalucía cuenta con 300 coches oficiales cuyo importe individual de compra ha sido superior a los 60.000.- € o el hecho de que la Xunta de Galicia gasta al día 2.500.- € en el mantenimiento de sus coches oficiales.

Es evidente que hay muchos sitios donde meter la tijera antes de tocar el bolsillo de los contribuyentes. Pero hacerlo requiere una casta política diferente, más sensible a los problemas de los ciudadanos y más comprometida con el bienestar social antes que con el propio. Las administraciones públicas, sea cual sea el color de quien las gobierna, se han convertido en un pesebre donde se alimentan los cuadros de los Partidos Políticos. Y esto tiene que cambiar. ¿Sacrificios? Los que haga falta, pero primero para la clase política. Si no dan ejemplo, no pueden pedir esfuerzo alguno a los ciudadanos. Y esto vale tanto para el Gobierno, como para la Oposición que tiene también su responsabilidad en muchas administraciones públicas.

Y todavía quedan más sitios donde meter la tijera.