No podemos seguir igual.

 

Hablar de inmigración ilegal no siempre es fácil. Es un tema muy complejo susceptible de generar fuertes enfrentamientos ideológicos y partidistas. Sin embargo, no es posible mirar hacia otro lado y evitar así posicionarse en medio de un contexto tan polarizado. Y la realidad que estamos viviendo con especial intensidad informativa en estos días merece algunas reflexiones para tratar de centrar el debate.

El constante tráfico de pateras hacia las Islas Canarias ha puesto a su población en una situación límite: las administraciones de las islas están desde hace meses desbordadas y ya no tienen capacidad para acoger y tratar a los inmigrantes que llegan. Y especial preocupación despiertan los más de 6.000 menores no acompañados para los que no hay ni alojamientos, ni personal suficiente para ser atendidos.

Hay que puntualizar algunas cosas a la hora de analizar la situación. En primer lugar, la vigilancia de las fronteras es una competencia exclusiva del Gobierno de España, no de las autonomías, como lo es también la política sobre inmigración. Es evidente que en ninguno de los dos aspectos el Gobierno lo esta haciendo bien. Las pateras, fletadas por las mafias que trafican con seres humanos, siguen burlando la vigilancia y llegando a nuestras costas. Y los acuerdos que el Gobierno cierra con los países emisores de inmigrantes son papel mojado a pesar de las ayudas económicas que estos reciben de España. Nadie rinde cuentas.

Resulta llamativo que el Gobierno desprecie la propuesta de la oposición de que la Armada se incorpore a las tareas de vigilancia fronteriza diciendo que la Armada no está para eso y a renglón seguido el Presidente Sánchez pida ayuda a la OTAN, nada menos, para defender nuestras fronteras marítimas. A ello hay que añadir que nuestras fronteras son las fronteras de la Unión Europea, que son la puerta de entrada al espacio europeo comunitario, y que, por tanto, su violación y las consecuencias derivadas de ello son un problema en el que la Unión tiene algo que decir.

La pésima gestión gubernamental de esta crisis migratoria no debería servir de excusa a nadie para intentar obtener réditos electorales. Pero no ha habido que esperar a la búsqueda de una solución para los 6.000 menores no acompañados concentrados en Canarias, ha bastado el reparto de solo 400 para que tanto el Gobierno de España como Vox se hayan puesto “estupendos”, cada cual en su estilo. El Gobierno, de una parte, se ha ocupado de afear a los gobiernos regionales del PP su relación con Vox, que no quiere a ninguno de esos menores en la península, y a presionar al PP para que acepte modificar la Ley de extranjería, de modo que el reparto de menores sea de obligada aceptación por los gobiernos autónomos. 

En su delirante maniqueísmo los socialistas y la ultraizquierda insultan y vituperan al PP, pero callan como pu… ante la posición de la ultraderecha racista catalana de Junts que exige, como Vox, que Cataluña quede al margen del reparto de menores inmigrantes. O sea que como el Gobierno de Izquierdas no cuenta en este asunto con el voto ni de Junts, ni de ERC, sus socios parlamentarios, trata de forzar a la oposición para que le preste los suyos. Todo ello sin una palabra, ni un mal gesto hacia la xenofobia de los independentistas catalanes. ¡Muy coherente!

De otra parte, Vox, alegando que acoger a estos menores es tanto como respaldar la inmigración ilegal ha roto sus acuerdos de Gobierno con el PP en cinco autonomías, al no ceder este partido a su chantaje. Pero acoger a estos menores no acompañados no es apoyar la inmigración ilegal por mucho que se empeñen. Es, ante todo, un acto humanitario, un acto de caridad en términos cristianos si le gusta más a Vox. Es un acto de solidaridad con la población canaria y es un acto de responsabilidad ante la irresponsabilidad del Gobierno de España. Es cierto que no es la solución a los graves problemas que la inmigración masiva ilegal plantea que requiere, ante el fracaso de las políticas actuales, nuevas medidas basadas en un planteamiento global diferente.

Cada uno de estos menores viene costando a las administraciones publicas una media de 6.000 € al mes y es evidente que debe ser el Estado el que asuma íntegramente este coste y que lo comparta con la Unión Europea. España va a tener que pagar, de momento, 432 millones de euros el próximo año solo para atender a los 6.000 menores retenidos en las Islas Canarias. Y lo primero que tenemos que plantearnos es si podemos sostener continuamente este gasto junto con todos los demás gastos que la inmigración ilegal nos genera.

Pero, dejando al margen el problema económico, el hecho evidente es que las políticas sobre inmigración seguidas hasta ahora conllevan un evidente efecto llamada que, lejos de desincentivar los flujos migratorios ilegales, los promueven. Las legalizaciones masivas de inmigrantes ilegales y las ayudas y subsidios generosamente distribuidos son un reclamo muy atractivo. Los inmigrantes y las mafias que trafican con ellos saben perfectamente que una vez en suelo español difícilmente serán deportados a sus países de origen y que recibirán toda clase de ayudas a costa de los contribuyentes españoles. Ese y no otro es el mensaje que reciben, porque esa es nuestra política de inmigración. Si todo aquel que entra ilegalmente en España fuera inmediatamente devuelto a su país, otro gallo cantaría.

Por todo ello, es evidente que hay que plantear una nueva política sobre inmigración y que esa política debe sustentarse sobre principios y fines claros y compartidos por la mayor parte de las fuerzas políticas: nuestras fronteras deben respetarse y el que entre en nuestro país ilegalmente debe salir de él inmediatamente; la inmigración debe ser legal y debe estar limitada a la capacidad de oferta laboral existente y hay que priorizar la inmigración que sea compatible culturalmente con la nuestra porque el continuo crecimiento de guetos no integrables nos conducirá a los enfrentamientos sociales. Los intereses nacionales, los de los españoles deben ser prioritarios a la hora de establecer las políticas sobre inmigración.

No cabe ninguna duda de que estos menores deben ser atendidos y en la medida que sea posible devueltos a sus gobiernos y a sus familias. Es en sus países de origen donde nuestros servicios diplomáticos y de cooperación deben ser reforzados con un enorme esfuerzo humano y presupuestario. España no puede seguir lanzando el mensaje de que pueden seguir arriesgando la vida para llegar a nuestras costas porque el premio merece la pena. Lo que tienen que saber es que ya no habrá premio alguno.

Santiago de Munck Loyola

La derecha ha ganado, digan lo que digan.

Pues sí, la derecha ha ganado en España las elecciones europeas. Y sí, también lo ha hecho en Europa. Cualquiera pensaría lo contrario escuchando a los dirigentes socialistas y a sus voceros en todos los medios de comunicación. Los hechos y las cifras no hacen otra cosa que dejarles en el más absoluto ridículo porque no admiten discusión. Su sobreactuación es vergonzosa, pero se compadece mucho con su falta de talante democrático al no felicitar al ganador, algo ya habitual.

El Partido Popular ha sido el más votado aventajando al segundo, el PSOE, en 700.000 votos, o lo que es lo mismo un 4% más de los votos. Es el partido que más aumenta su representación, 9 diputados, mientras que el PSOE pierde uno. El primero sube un 14 % respecto a 2019 y el segundo baja un 3%. No obstante lo anterior y pese a la evidencia, los socialistas tratan de engañar con todo descaro a los ciudadanos fingiendo una victoria que solo existe en sus deseos oníricos. Eso sí, además presumen de haber contenido a la “ultraderecha”. Sí, a la ultraderecha que han convertido, con el concurso de los “comunicadores” paniaguados, en la bestia negra de la democracia. Los mismos que, utilizando su propio sistema de localización política, pactan con la “ultraizquierda”, ya sea ésta con genes terroristas o sin ellos. No tienen escrúpulos. Estoy esperando a que uno solo de los comunicadores o tertulianos políticos “progres” nos cuente ¿por qué es muy mala, malísima la llamada ultraderecha y por qué es buena, buenísima, la ultraizquierda? O ¿dónde empieza el territorio de la una y la otra? Es como el bulo, convertido en dogma oficial, de que los comunistas siempre han luchado por la libertad. ¡Já! “¿Libertad? ¿Para qué?” decía Lenin. Los comunistas siempre han luchado por derribar, incluso a la fuerza, los regímenes democráticos para sustituirlos por dictaduras del proletariado. Solo en los años 70 iniciaron un cambio estratégico aceptando el pluripartidismo y la democracia parlamentaria de la mano del italiano Enrico Berlinguer y el francés Georges Marchais, a los que se sumaría Santiago Carrillo. La caída del muro de Berlín terminaría por desinflar  y fraccionar a los partidos comunistas, apareciendo multitud de corrientes políticas de carácter sectorial.

Hoy el eje político derecha-izquierda aparece más confuso que hace unas décadas porque la aceptación formal de las libertades públicas es aparentemente compartida por casi todos los partidos políticos. Un criterio racional sería situar en los extremos solo a aquellos partidos cuyo objetivo sea acabar con el actual sistema de libertades públicas y, por ende, con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pretender modificar la estructura territorial del Estado a través de las urnas no es una señal de extremismo o de carácter “ultra”, como no lo es pretender sustituir la monarquía por un sistema republicano; regular y restringir la inmigración tampoco lo es, ni lo es discrepar de la ideología de género o combatir la supuesta emergencia climática. Son ultras, extremistas, los que pretenden acabar con la libertad de asociación, con los partidos políticos, los que quieren imponer la censura a los medios de comunicación o los que pretenden imponer un pensamiento único medioambiental, histórico o sobre las políticas llamadas de “género”. Pero la izquierda política, anclada en prácticas totalitarias, tiende a situar en el extremo ultra a todo aquel que discuta sus dogmas. Y ya está bien. No podemos seguir tragando con su continua expedición de carnés democráticos.

En estas elecciones europeas no han ganado los “ultras” o la extrema derecha, no. En Europa y en España han avanzado los partidos de centro derecha y los conservadores. Han avanzado los partidos que mejor han sintonizado con unas legítimas aspiraciones ciudadanas de cambios profundos en las políticas europeas sobre inmigración, de modificaciones radicales en las políticas agrarias y medioambientales, de recortes en un modelo europeo excesivamente burocratizado dirigido por élites muy alejadas de los problemas de las calles; aspiraciones que incluyen la voluntad y el deseo de conservar los valores identitarios y culturales de cada país europeo, valores cada vez más cuestionados y acosados por una indolente tolerancia ante su suplantación por modelos ajenos a nuestra cultura. Y han perdido los partidos que se habían presentado como valedores de un “muro” contra todas esas aspiraciones ciudadanas. Si los socialistas españoles y la izquierda en general están convencidos de que “han ganado” porque se han convertido en un dique de contención de lo que llaman extrema derecha, mejor, porque seguirán insistiendo en los mismos errores que les han conducido a su derrota.

No son las estrategias del Partido Popular de Núñez Feijóo las que han favorecido la emergencia de Alvise Pérez con 800.000 votos y 3 escaños en Europa. Y no se puede minusvalorar la importancia de este hecho despachándolo con un par de ocurrencias de argumentario para tontos en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Hay 800.000 mil españoles que han mostrado su radical rechazo con su voto a las políticas del gobierno que se traducen en una corrupción que llega hasta a las más altas esferas del poder, que campa a sus anchas con bastante impunidad, políticas permisivas con la inmigración ilegal y con el tráfico de personas, políticas impotentes para poner freno a la delincuencia sexual, a la proliferación de las manadas; políticas que propician el colapso de la justicia por falta de medios, la entrada y salida de los delincuentes de las comisarías,  el destino de millones de euros sin control para mantener a los inmigrantes ilegales, la imposición de una Agenda 2030 con consecuencias fatales para nuestra agricultura, nuestra industria e, incluso, nuestras libertades, etc. Son españoles que están hartos de la situación provocada por el Gobierno y no encuentran solución en las alternativas de los partidos clásicos, pero que han encontrado, pese al infame bloqueo informativo, a Alvise Pérez.

Algo ha empezado a cambiar y es hora de que nuestra sociedad despierte. Es hora de que nuestros dirigentes políticos tomen buena nota, de que no se recreen en la autocomplacencia y de que se pongan manos a la obra.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

 

Mi voto protesta para las elecciones europeas.

Se supone que las campañas electorales sirven para que los partidos políticos que participan en unas elecciones transmitan a los votantes sus propuestas, para que presenten sus programas, sus compromisos para cumplir en el caso de que obtengan el respaldo suficiente de los electores. Se supone también que sirven para que los votantes puedan conocer mejor a los candidatos que participan en el proceso electoral. Bien es cierto que los compromisos y programas electorales ya no sirven de gran cosa. Han sido devaluados a la categoría de billetes falsos. No hay más que recordar las promesas en materia fiscal del PP en 2011 que desembocaron en la mayor presión fiscal de la historia (solo superada ahora por el PSOE) o las promesas más recientes de Pedro Sánchez de, primero, traer a Puigdemont a la cárcel y, después, de que nunca aprobaría una amnistía por inconstitucional. 

Hoy, un candidato puede tranquilamente prometer lo que le dé la gana porque conoce la falta de memoria de una gran parte del electorado. Las campañas electorales ya no sirven para cumplir con su principal objetivo. De una parte, porque el ambiente prelectoral es permanente y el ambiente político solo cambia por su intensidad y por la agudización de la polarización política. De otra, porque en estas campañas se habla de todo menos de lo que realmente se va a dilucidar en función del resultado. De hecho, en poco se nota ahora mismo que estamos en una campaña electoral para elegir a los miembros del Parlamento Europeo. Poco o nada nos han transmitido la inmensa mayoría de los candidatos sobre qué y para qué quieren representarnos en Europa. Poco o nada se ha dicho sobre la PAC y su reforma, sobre la homogeneización fiscal, sobre las políticas comunitarias en inmigración, sobre la posición europea, comunitaria, sobre conflictos tan relevantes como el de Ucrania u Oriente Medio, sobre la supuesta emergencia climática o sobre la infumable Agenda 2030.

Dado que no nos explican sus proyectos para Europa, nos han colado de lleno en una campaña nacional, en una votación casi plebiscitaria en la que se pretende aprobar o condenar al actual gobierno o, en su caso, a la oposición. La polarización a la que nos ha conducido Pedro Sánchez y sus satélites se traduce en la construcción de “un muro” para aislar a todos los que no sean de los suyos, entre los cuales me encuentro. Y así las cosas, lo más sensato para cualquiera que no crea en “los muros” es combatir a quienes los construyen lo que, traducido en términos electorales, es votar contra “los muros”, contra sus constructores. Deseo unos gobernantes que gobiernen para todos, no contra la mitad de la población, no solo para los suyos.

Durante la campaña solo he acudido a un pequeño acto electoral, al organizado por Alvise Pérez de “Se acabó la fiesta” en Alicante. Y me ha valido las críticas de algún conocido defensor de “los Muros”. Me preguntó ¿qué hacía una persona inteligente como yo (sic) en este acto? Me revienta que, desde su pretendida superioridad moral, algunas personas se vean en la obligación de decirte dónde debes ir y dónde no. En su arrogante actitud totalitaria se permiten el lujo de aleccionarte, por tu bien, de lo que debes o no escuchar. Y las cosas, para los que creemos en la libertad, no son así. Alvise Pérez es el único candidato al que he escuchado propuestas diferentes que parten de una profunda crítica a los peores vicios de la partitocracia. Lo inteligente es escuchar, comparar y analizar con espíritu crítico a todos. Si los defensores del “muro” lo practicasen quizás se harían un gran favor. Pero es pedir peras al olmo. Les basta con repetir las consignas sobre el fango, la ultraderecha y demás eslóganes para militantes sin capacidad de autocrítica. Es cierto que Alvise Pérez busca la inmunidad parlamentaria para poder seguir con su tarea de denuncia de la corrupción de políticos de todos los colores ¿Y qué? También la buscó Puigdemont y la consiguió y ahora los del “muro” prácticamente le adoran.

En todo caso, Alvise con sus cientos de miles de seguidores tiene asegurado su escaño en Europa. Por eso, en mi caso, voy a votar al Partido Popular. No porque me convenzan sus propuestas, lo voy a hacer porque, a pesar de sus tremendos errores en Baleares incumpliendo sus promesas en materia lingüística o subvencionando a entidades independentistas, es la opción que más puede doler a los defensores del “muro”. Voy a votar al Partido Popular porque es la opción con más capacidad para echar al actual gobierno, un gobierno al que la corrupción asfixia, un gobierno que atenta contra la independencia judicial y que amenaza las libertades, un gobierno que se ha constituido gracias al incumplimiento flagrante y desvergonzado de su compromiso electoral de no aprobar una amnistía para los golpistas y malversadores catalanes. Por una vez, voy a ejercer mi voto en forma de protesta sin otro objetivo que Pedro Sánchez, su mujer, su hermano y su cuadrilla de Koldos y Armengoles se vayan a su casa tras rendir cuentas ante la justicia.

Santiago de Munck Loyola

Juan José Hernández Rico: un alcalde ignorante y/o mentiroso.

El 4 de abril de 2024, en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Monforte del Cid, el alcalde comunista, Juan José Hernández Rico, intentó amedrentar a los concejales esgrimiendo su particular interpretación del artículo 417 del código penal relativo a la revelación de secretos. El alcalde, firme defensor y encubridor de las prácticas corruptas de su antecesora, advirtió a los concejales que contar a los vecinos el contenido de las propuestas de acuerdos que se aprueban en las Comisiones Informativas para ser aprobadas o rechazadas en el Pleno del Ayuntamiento podría ser delito según el Artículo 417 del Código Penal. Dicho artículo señala lo siguiente “La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.

En cualquier partido democrático, las propuestas de resolución aprobadas en las comisiones informativas son trasladadas a la militancia o a sus órganos directivos por parte de los concejales para fijar el voto del partido en el Pleno. Es el ABC de la democracia participativa en el escalón más cercano al ciudadano, el municipal. Sin embargo, según el alcaldesito y la silente secretaria municipal, contar a los militantes de un partido, a sus órganos de gobierno qué se va a votar en un Pleno municipal sería un delito. Seguro que los concejales comunistas y socialistas votan en los Plenos sin que sus compañeros de partido puedan opinar lo más mínimo, y para opinar hay que conocer el contenido exacto de las propuestas de resolución, pero esa no es la práctica habitual en los demás partidos.

No existe norma alguna que señale que las propuestas de resolución de las comisiones informativas de un Ayuntamiento sean secretas o, como dice el código penal, que no deban ser divulgadas. Como tampoco lo son los dictámenes de las Comisiones del Congreso sobre los proyectos y proposiciones de ley. De hecho, suelen publicarse y difundirse ampliamente por la prensa los dictámenes de dichas comisiones, como todos hemos tenido la oportunidad de comprobar respecto a la futura Ley de Amnistía. Si fuera como dice el Sr. Hernández Rico, habría miles de condenas judiciales anuales de concejales por contar a sus compañeros qué se pretende votar en el siguiente Pleno a celebrar.

Hay quien debería hacer caso a sus mayores e intentar acabar sus propios estudios antes de atreverse a dar lecciones de derecho, exhibiendo su indigencia intelectual, para intentar coaccionar y amedrentar a los concejales de la oposición. Las mentiras en la vida privada puede que funcionen, pero en el ámbito público tienen un recorrido muy corto y minan la credibilidad de los políticos.

Galicia señala el camino.

 

La fakencuesta del CIS.

Mala noche la del 18 de febrero de 2024 para la progresía en general y para los partidos que componen el Gobierno de España, PSOE y Sumar. Y mira que lo han intentado todo, desde resucitar la catástrofe del Prestige hasta manipular, como suele ser habitual, las encuestas del CIS, pasando por promesas de inversiones millonarias o difundiendo el bulo de un posible vuelco electoral en las elecciones gallegas. Nada les ha funcionado, el PP ha mantenido su mayoría absoluta a pesar de perder dos escaños en una competición electoral en la que se había convertido en la pieza a batir por todos, desde VOX hasta Podemos. 

 

Pero como suele ocurrir después de cada cita electoral, parece que a la hora de escuchar las valoraciones nadie ha perdido y, por supuesto, al contrario de lo que suele ocurrir en las democracias europeas, aquí nadie asume responsabilidades, no dimite nadie por malo que haya sido su resultado. Siempre hay una excusa por muy grande que sea el batacazo electoral. Y es que no se puede calificar de otra manera el resultado de los dos partidos que conforman el Gobierno de España, PSOE y Sumar. Los mismos partidos que señalaban las elecciones gallegas como una reválida para cuestionar el liderazgo de Feijóo, dicen ahora, a la vista de sus vergonzosos resultados, que los comicios gallegos no pueden interpretarse en clave nacional, ¡claro! Si el PP hubiese perdido la mayoría absoluta, entonces nos estarían contando justamente lo contrario: que habría perdido la derecha extrema y que habrían triunfado las políticas vergonzantes, las claudicaciones permanentes del Gobierno de España ante los golpistas separatistas y filoetarras.

 

Los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, obtuvieron el pasado mes de julio en Galicia el 41,1 % de los votos. Tras la formación del gobierno y la consumación de la estafa electoral promoviendo un amnistía para los delincuentes independentistas que negaban horas antes de cerrar las urnas, han cosechado en Galicia, tan solo siete meses después, un ridículo 15,9 % de los votos (el PSOE un 14 % y Sumar un 1,9 %). Han pasado de 664.000 votos en julio de 2023, a 235.000 votos el 18 de febrero. Un “hostión” de los que hacen época. Una debacle sin paliativos, por mucho que ahora quieran justificarlo algunos en la falta de tiempo originada por el adelanto electoral provocado por la convocatoria adelantada de estos comicios, como si las elecciones de julio pasado, celebradas además en plenas vacaciones, no se hubiesen debido también a un adelanto electoral. Por mucho que se empeñen, estas elecciones sí que tienen una lectura nacional, por eso el 65% de los votantes del PSOE y Sumar de julio de 2023 no les ha vuelto a votar en estas elecciones y ha transferido su voto al BNG. Y es muy probable que la pérdida de más del 50 % de los votantes de Vox, alineado en el “todos contra el PP”, se deba también a la misma causa.

 

Y si nos centramos en una lectura gallega, es evidente, le pese a quien le pese, que el PP conecta mejor que ningún otro partido con el galleguismo moderado e integrador, con el galleguismo constitucionalista y profundamente español, avalado por una larga trayectoria en el poder sustentada en una gestión bastante eficiente, aunque con un desequilibrio territorial como lo evidencia el crecimiento de Democracia Ourensana, un partido provincial que ha sabido recoger el legítimo deseo de buena parte de los orensanos de mejorar la financiación de la Xunta en su Provincia e influir en favor de una mejor distribución de los recursos públicos.

Igualmente hay que destacar que los gallegos, inmunes a la permanente campaña para promocionar su imagen, conocen mejor que nadie a la líder de Sumar, una consumada chaquetera, hábil en el manejo del puñal e intelectualmente escueta, Yolanda Díaz, lo que justifica sobradamente el vergonzoso resultado de su “chulísimo” partido que, ni sumando los escasos votos obtenidos por los agonizantes podemitas, supera a Vox.

 

Galicia demuestra que solo la concentración del voto liberal conservador en el Partido Popular puede desalojar al PSOE y sus satélites de la Moncloa. Y ello exige una amplitud de miras y una gran generosidad por parte de los dirigentes populares, que hasta ahora no han mostrado, para integrar en su organización a las distintas sensibilidades que componen el centro derecha. No hay otro camino que el de la unidad, pero para lograrla tienen que hacer un gran esfuerzo para adecuar su organización y su programa a una realidad que no es monolítica. Mientras eso llega, solo cabe felicitar al PP por su rotundo triunfo, a los gallegos por su sensata elección y a los demás por la esperanza que todo ello supone.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

775 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE ALICANTE. MANIFIESTO DEL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA EN HOMENAJE A NICOLÁS PERIS.

Un 4 de diciembre, hace 775 años, la ciudad de Alicante pasó a formar parte de nuevo de occidente. 

En pleno Siglo XXI, pertenecer a una cultura occidental significa tener derechos y libertades que la inmensa mayoría de los habitantes de oriente no tienen, siendo las mujeres y los homosexuales quienes más tienen que perder si esta situación se revirtiese. 

Recordar esta efeméride sirve para saber dónde estamos y qué se ganó gracias a aquellas personas que lucharon y vertieron su sangre para que ahora disfrutemos de los beneficios de la cultura que trajeron. Pero también hay que recordar que dentro de nuestro entorno cultural hay adversidades que debemos combatir para poder mantener y asegurar nuestros intereses y valores.

 

La Provincia de Alicante se convirtió en una tierra fronteriza. En 1296 el alcaide del castillo de Alicante luchó contra el invasor hasta la muerte, con las llaves de la ciudad en una mano y la espada en la otra. 

Hoy, la ciudad de Alicante y toda la Provincia luchan contra el expolio económico, contra las imposiciones lingüísticas y culturales, contra la falta de infraestructuras y contra un sinfín de adversidades, sin encontrar a un paladín que luche contra todas ellas. Nos falta un Nicolás, un Nicolás Peris que era como se llamaba el alcaide que dio su vida por defender Alicante.

 

Para recordar por qué somos lo que somos y recordar que no hay que rendirse sino seguir peleando por Alicante, el 4 de diciembre, Santa Bárbara, no está demás rendir un homenaje a todos los alicantinos que a lo largo de la historia trabajaron por Alicante. Y qué mejor lugar para hacerlo que en el monumento a Nicolás Peris, en el Castillo de Santa Bárbara. 

¡VIVA ALICANTE! ¡VIVA ESPAÑA!