Por fin a las urnas.

Por fin: el 28 de abril los españoles podremos votar. Pedro Sánchez, cumpliendo involuntariamente la promesa que hizo para llegar al gobierno, se ha visto obligado a convocar elecciones generales. Pocas veces se habrá visto a un político como éste. Un tramposo que llegó a intentar un fraude electoral dentro de su propio partido y que tuvo que dimitir cuando le pillaron con el carrito de los helados. Un embustero contumaz capaz de decir una cosa hoy y mañana la contraria. Un farsante sin paliativos capaz de plagiar su tesis doctoral o de suscribir un libro escrito por una subalterna. Un amoral capaz, con tal de llegar a la Moncloa, de aceptar sin ningún tipo de escrúpulos los votos de los representantes políticos de la banda terrorista que asesinó a muchos de sus compañeros socialistas. Un sujeto sin estilo, sin clase, sin elegancia que se jacta de que su primera decisión como Presidente del Gobierno, nada menos, fuera la de cambiar el colchón de la cama matrimonial del Palacio de la Moncloa. Vamos, un dechado de defectos y vicios políticos incompatibles con la visión de la política como una vocación generosa al servicio de los demás. Pedro Sánchez sólo ha sabido estar al servicio de sí mismo sin reparar en los medios por muy deleznables que fueran.

Por fin, el 28 de abril, los españoles podremos poner punto y final a este negro período democrático consumado por Pedro Sánchez y sus socios podemitas, independentistas y batasunos o, por el contrario, prorrogarlo. Se trata, sin ninguna duda, de la cita electoral más importante y con más trascendencia de las últimas décadas. El 28 de abril el eje del debate principal no será económico, de será un debate entre políticas de derechas y de izquierdas. El eje fundamental del debate será territorial. Algo más, será nacional. La confrontación será entre quienes optan por la defensa de la Nación española y quienes postulan su desaparición. Y, por primera vez, el PSOE del doctor Sánchez anuncia que no tiene inconveniente alguno en pactar con los enemigos de la existencia de España como Nación, es decir, los independentistas. Es evidente que la mayoría de los socialistas no comparten esta posición y que inconscientemente tratarán de soslayarla con otras prioridades políticas, pero en el fondo lo que se va a dilucidar es la constitución de un gobierno sólidamente asentado en los valores de la Constitución del 78 o por el contrario un gobierno rehén parlamentario de los enemigos de España.

Y en este contexto tan trascendental quienes defendemos a la Nación española y quienes propugnamos la igualdad real entre todos los españoles con independencia del territorio en el que habiten, nos encontramos con que las tres principales opciones políticas que asumen lo anterior no están siendo capaces de estar a la altura del momento histórico, de traducir su patriotismo en generosidad para llegar a acuerdos que permitan rentabilizar al máximo, provincia por provincia, las peculiaridades de nuestro sistema electoral. Ninguno de los tres partidos ha realizado ni tan siquiera un llamamiento para llegar a acuerdos con partidos minoritarios cuando cada voto va a ser trascendente para que la mayoría se incline hacia uno u otro lado. 

Parece que ni siquiera se han planteado en llegar a acuerdos entre ellos para que el Artículo 155 tenga posibilidades de prosperar en el próximo senado que se constituya. Cada Provincia cuenta con cuatro escaños: tres para la lista más votada uno para la segunda. Si los tres partidos que defienden la Nación española no concentran su voto en una sola candidatura, en la mayor parte de las provincias los tres senadores irán a parar al PSOE según las encuestas. Y así será inviable la aplicación del Artículo 155 aunque haya en España un gobierno de las mal llamadas tres derechas o de la derecha “trifálica” que diría la culta Ministra de Justicia.

Ojalá se produzca ese acuerdo y no nos obliguen a los ciudadanos a tirar el voto en determinadas provincias o en el senado. El patriotismo no requiere banderas para su demostración. El patriotismo exige generosidad, el sacrificio de lo particular en beneficio de lo general, de España.

Santiago de Munck Loyola

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Elecciones andaluzas 2018.

Los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas han sido sorprendentes en muchos aspectos. Lo más importantes es el cambio en la correlación de fuerzas de los dos bloques electorales: la derecha supera a la izquierda y, por tanto, por primera vez en 40 años es posible desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía. Podrán añadirse cuantos matices se quiera sobre la composición de los dos bloques electorales, derecha e izquierda, pero en resumidas cuentas el resultado es el que es.

Si hay algo especialmente llamativo en las valoraciones de estos resultados es el mal estilo, casi podría decirse el antidemocrático estilo, del PSOE y Adelante Andalucía (el conglomerado podemita), los perdedores, quienes con una carencia absoluta de rigor intelectual y de decencia política tratan de deslegitimar la victoria de la derecha ante la aparición de 400.000 votos para Vox. Es evidente que los 12 diputados cosechados por Vox son la llave para acabar con el régimen corrupto de 40 años del PSOE en Andalucía y, por tanto, que tanto PP como C’s deben llegar a un acuerdo entre ellos y con Vox. No hay otra salida.

Los socialistas, desde Susana Díaz al Ministro Ábalos, repiten una consigna como un conjuro: hay que impedir que en Andalucía se forme un gobierno con o apoyado por un partido anticonstitucional o de ultraderecha. Y tienen la desvergüenza de decirlo ellos, nada más y nada menos que ellos, los que han formado Gobierno en España gracias al voto de partidos golpistas y de partidos defensores de la violencia de ETA. No hay partidos más anticonstitucionales que aquellos que han roto abiertamente el orden constitucional y han agredido a la soberanía del pueblo español cuya existencia misma se niegan a reconocer. Que un partido sea partidario de la república, de la independencia de una región o de la eliminación de las comunidades autónomas mientras asuma el respeto a la Constitución y acepte sus mecanismos legales de reforma no es anticonstitucional. No es tan difícil de comprender. Pero es que, además, quienes se apoyan y gobiernan con la ultraizquierda, con los comunistas, que es como técnicamente hay que denominar a los podemitas, carecen de legitimidad para censurar a quienes pacten o se apoyen en la ultraderecha, si es que cabe denominar así a Vox. Porque, hasta ahora se encasillaba en la ultraderecha a todos aquellos grupos políticos que añoraban o pretendían restaurar el modelo político franquista y rechazaban abiertamente el sistema democrático. Sin embargo, ahora se impone desde los medios de comunicación etiquetar como de ultraderecha a cualquiera que asumiendo como valor esencial la democracia parlamentaria no se pliegue o discuta cuestiones como el funcionamiento del sistema autonómico, la política de inmigración, la manipulación de la historia reciente o la imposición de las políticas de género.

Y qué decir de la reacción de los dirigentes de Unidos Podemos y su franquicia andaluza “Adelante Andalucía”, franquicia que sumando aparentemente más colectivos que los estrictamente comunistas y podemitas, ha perdido votos y tres escaños. La comparecencia de Iglesias y sus acompañantes no pudo ser más teatral, sus rostros circunspectos lo decían todo. Ayer ninguno recurrió al tópico de la “fiesta de la democracia”. Como unos auténticos golpistas, llamaron a la movilización ciudadana contra el mandato de las urnas. ¿Pero dónde se creen que están? ¿En Venezuela?

La izquierda andaluza y española debería reflexionar y hacer autocrítica. En muy pocos meses de gobierno ha reabierto viejas heridas, se ha entregado en cuerpo y alma al separatismo, ha usado miserablemente el drama de la inmigración, está tratando de adoctrinar a la sociedad con imposiciones lingüísticas, con ideología de género, con incursiones psicosexuales en la educación de los niños o con fobias religiosas, ha sacudido la estabilidad de miles de puestos de trabajo con explosivos anuncios medioambientales, ha cuestionado la transición, ha dirigido sus dardos contra la Monarquía, ha puesto en ridículo a España en el Brexit, ha resucitado al franquismo sin necesidad, ha aplaudido las ofensas a los símbolos nacionales, mantiene a nueve ministros más que tocados por sus falsedades patrimoniales o curriculares, etc. Quien siembra vientos recoge tempestades.

La victoria de la derecha es indiscutible pero su traducción en un cambio efectivo, en un desalojo de los socialistas de San Telmo exige prudencia, generosidad y patriotismo. Dentro de este bloque, el PP ha perdido muchos votos y escaños pero sigue liderando el bloque y ha remontado las encuestas lo que viene a confirmar que la recuperación de sus señas de identidad impulsada por Casado es el camino correcto. C’s ha crecido espectacularmente con 12 escaños más sobre los 9 que tenía y Vox ha sido la sorpresa con sus 12 escaños. No parece que tenga mucho sentido común, ni mucho recorrido la propuesta de C’s de encabezar el nuevo gobierno y ello por dos razones, porque ha sido el sustento durante los últimos tres años del PSOE andaluz y porque no lidera el bloque de la derecha. Pero si quieren cumplir con el mandato de cambio de la mayoría de los andaluces, tendrán que entenderse quieran o no. Ojalá lo hagan pronto.

Santiago de Munck Loyola

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Hipotecas: negocio bancario y festín recaudatorio.

La insólita actuación del Tribunal Supremo sobre quién ha de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados tras constituir una hipoteca a parte de provocar perplejidad y en muchos casos indignación debería servir para que nuestros dirigentes políticos actuasen con responsabilidad y abordasen de una vez los problemas de fondo. Sin embargo, tras conocer las primeras reacciones de los partidos políticos todo parece indicar que, una vez más, no va a ser así. Conviene analizar lo ocurrido en su contexto exacto para no sacar conclusiones precipitadas ni ceder ante propuestas engañosas y populistas. Porque el problema de fondo no es quién paga este impuesto, sino si dicho tributo tiene razón de existir.

El Tribunal Supremo, de forma muy chapucera evidentemente, no ha hecho otra cosa que mantener y ratificar la jurisprudencia de más de 20 años interrumpida recientemente por tres sentencias. No hay que olvidar que la Ley objeto de tanta controversia cuya interpretación lleva años desembocando en el Tribunal Supremo fue aprobada por un Gobierno del PSOE en los años 90 y ningún gobierno posterior, socialista o popular, la ha modificado a pesar de que se imponía al comprador de la vivienda correr con el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados. Este impuesto es recaudado por las Comunidades Autónomas y su gestión quiebra, una vez más, el principio de igualdad entre los españoles al fijar cada Autonomía la cuantía del impuesto. Una hipoteca en Madrid paga menos impuestos que en Andalucía, por ejemplo. Si este impuesto existe y si los obligados a su pago somos los ciudadanos no es responsabilidad del Tribunal Supremo cuya función es en este caso interpretar la Ley, sino los políticos, los legisladores que no han querido resolver la situación durante más de 20 años.

El contexto social y económico en el que vivimos obliga a plantearse otra cuestión muy importante cual es la consideración del derecho al acceso a la vivienda. De forma cíclica nos encontramos en la agenda de la actualidad las enormes dificultades existentes para acceder a la compra de la vivienda. En un contexto como el actual, salarios bajos y temporales, con dificultades para el acceso de los jóvenes a trabajos estables y justamente remunerados, con burbujas inmobiliarias, encarecimiento del suelo y escaso mercado de vivienda protegida es inadmisible que el Estado y las Autonomías aprovechen el acceso a la primera vivienda para hacer caja a costa del hipotecado. Lejos de favorecer el acceso a la primera vivienda, ningún dirigente político plantea la distinción entre la primera vivienda y las demás. Todas las viviendas, sea cual sea su finalidad, sólo es considerada como objeto de recaudación fiscal múltiple: el IVA, el ITP, el IAJD, el IBI, el IRPF, la plusvalía, etc. Todas las administraciones quieren sacar tajada dando igual la idea de progresividad fiscal, de doble imposición o la de cualquier concepto de justicia fiscal. De modo que al comprar la primera vivienda hay que añadir a su precio de compra entre un 10 y un 15 % en tributos.

Por eso llama mucho la atención la reacción de los distintos partidos con representación parlamentaria ante la situación creada por la decisión del Supremo de confirmar su jurisprudencia al respecto. Prácticamente todos se han apuntado a las soluciones fáciles y presumiblemente más agradables al oído de los ciudadanos, pero algunos especialmente se han apuntado a la demagogia populista de la peor especie y quieren incendiar las calles con una falta total de escrúpulos. El Doctor Sánchez ha anunciado hoy mismo un decreto ley para hacer que sean los bancos los que paguen este impuesto y apela a la “bondad” de los bancos para que no lo repercutan a los clientes. ¿Es tonto o qué? No existe mecanismo legal para impedir que las entidades financieras repercutan finalmente, de una forma u otra, esos costes en sus clientes. El hipotecado seguirá pagando el impuesto aunque sea indirectamente. Pero es que, además, es especialmente llamativo que los socialistas con el apoyo de los podemitas hayan subido este impuesto al tipo máximo en Aragón. Si te parece injusto que el ciudadano tenga que pagar el impuesto ¿Por qué aplicas el tipo máximo en vez del mínimo?

Si de verdad queremos en España facilitar el acceso a la primera vivienda hay que empezar por reducir la presión fiscal sobre la misma. Todo el mundo coincide en que la vivienda es un bien de primera necesidad y, por tanto, no puede seguir siendo una vaca lechera para cada administración pública. La primera vivienda adquirida con una hipoteca debe tener hoy un tratamiento fiscal absolutamente diferenciado: debe tener una fiscalidad igual en cualquier región de España, con un IVA reducido, con gastos constitutivos de la hipoteca tasados y sin impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados en su caso.

Hoy en día no está sólo en juego el prestigio del Tribunal Supremo por su torpe actuación. Está en juego la credibilidad política de unos dirigentes políticos cuyos magnánimos propósitos para con los ciudadanos pocas veces coinciden con sus actos. Y así nos va.

Santiago de Munck Loyola

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El impuestazo al diésel y el timo fiscal.

Dice la Wikipedia que una mentira piadosa es la afirmación falsa proferida con intención benevolente. Puede tener como objetivo el tratar de hacer más digerible una verdad tratando de causar el menor daño posible. Y recuerda que Platón ya se refería a este tipo de mentira en la República. “En política, la mentira noble es asociada con la falsedad de los gobernantes destinada a preservar la armonía social”. Habría que objetar que en política ninguna mentira puede ser calificada de “noble”, por muy elevada que sea su finalidad, porque el político, en democracia, solo tiene un aval que sustente su legitimidad y ese aval es el valor de su palabra, su credibilidad.

Estamos comprobando estos días, con ocasión de la presentación a la opinión pública del proyecto de presupuestos para el año 2019 del gobierno del PSOE, que tanto los socialistas, como sus socios podemitas, han elevado la mal llamada “mentira noble” a la categoría de norma permanente de conducta. La cascada de afirmaciones y rectificaciones inmediatas, de cifras y correcciones posteriores es alucinante e impropia de un gobierno de un estado moderno.

A la hora de explicar el proyecto de presupuestos empezaron por contarnos la mentira global y envolvente: que no supondrían un aumento de la presión fiscal para quienes menos tienen, que sólo habría más impuestos para los ricos y las grandes empresas. Socialistas y podemitas desplegaron todos sus encantos dialécticos para cantar las supuestas bondades presupuestarias. Sin embargo, a medida que estas cuentas empezaron a ser analizadas con detenimiento en los medios de comunicación la cruda verdad empezó a hacerse evidente: todos vamos a pagar más impuestos, no solo los más ricos o las multinacionales.

Comenzaron vendiendo el paquete con un reclamo bonito: la subida del salario mínimo hasta los 900 euros. ¿Quién se atrevería a decir que no a esa propuesta? Pero claro, enseguida se supo que esa subida salarial que beneficiaría a unos 500.000 contratados conllevaba un incremento de las cotizaciones, en muchos casos inasumibles, a más de tres millones de autónomos. Pablo Iglesias salió en tromba en un primer momento para llamar mentirosos a quienes aseguraban tal subida. Y después ha rectificado, sin retractarse, afirmando que él no había pactado esa subida con el PSOE. Ahora sabemos, además, que el proyecto de presupuestos prevé que los asalariados paguen más de 1.000 millones de euros el año que viene con otra subida del 10 % de las cotizaciones a la seguridad social.

Ahora bien, donde se llevan la palma es en el impuestazo al diésel. Aquí el timo fiscal es de libro. Se trata de una gran mentira de principio a fin que envuelta en “la lucha contra el cambio climático”, la limpieza del aire de las ciudades y cuantos adornos ecologistas se quieran esgrimir no es nada más que un estacazo fiscal con un afán exclusivamente recaudatoria que van a pagar quienes menos tienen. Hoy los nuevos motores diésel no contaminan más que los de gasolina, emiten menos CO2 que éstos y cada vez dispersan menos partículas contaminantes. Nada más llegar al gobierno la nueva ministra anunció que los días del diésel estaban contados. Las consecuencias de aquel anuncio y de su plasmación en el proyecto de presupuestos socialpodemita ya son visibles con la pérdida de puestos de trabajo en el sector del automóvil. No cabe más irresponsabilidad. Si hace años los gobiernos animaban a los consumidores a adquirir vehículos diésel, ahora nos animan a lo contrario sin grandes explicaciones que lo justifique. Decir que este proyecto de presupuesto no va a suponer más carga fiscal para los que menos tienen se desmonta sólo con el impuestazo al diésel. No hace falta ser un lumbreras para percatarse que quienes se mueven o nos movemos con un diésel lo hacemos porque es más económico y porque no podemos adquirir otro tipo de vehículo. 

¿Y las justificaciones medioambientales? Pues que son otra gran mentira. En primer lugar porque si fueren ciertas no habría lugar a excepciones: el diésel contamina igual o más si en vez de un particular lo usa una máquina de tren que entra hasta el centro de las ciudades, la maquinaria agrícola, la de obras, los camiones, las furgonetas, los taxis o las calderas de calefacción. Y siendo así, el impuesto debería ser igual para todo usuario independientemente de la actividad en la que se use y no más alto sólo para los particulares que no pueden permitirse un cambio de vehículo. Y, en segundo lugar, porque según el proyecto publicado tan solo el 30% de lo que se recaude con el impuestazo al diésel se va a destinar a fines medioambientales. El 70 % restante irá a otros nuevos gastos entre los que sin duda se encuentran los más de 2.200 millones de euros prometidos a los independentistas catalanes a cambio de su voto.

Estas pinceladas sirven para evidenciar que la innoble mentira se ha instalado cómodamente en la política diaria. Pero cuando las mentiras son tan burdas, tan flagrantes y evidentes resulta difícil no pensar que estos dirigentes políticos nos toman por tontos, por descerebrados sin capacidad crítica dispuestos a tragarnos cualquier sandez parida en los gabinetes políticos de comunicación. Si no hay más remedio que volver a apretarse el cinturón porque estos señores han decidido recortarnos la cartera, que sea al menos con la verdad por delante. Seguro que dolerá menos.

Santiago de Munck Loyola

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Penalizar la apología del franquismo. ¿Y después?

El gobierno del PSOE ha anunciado ayer que pretende penalizar lo que llama "apología del franquismo" y vete a saber lo que querrá incluir bajo ese concepto. Dice el diccionario de la RAE que apología es un “discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo”. Es decir que lo que pretende el gobierno del PSOE, evidentemente con el apoyo de comunistas, populistas, republicanos independentistas, separatistas vascos, etc. es tipificar como delito cualquier discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza del franquismo. Y, sinceramente, no hace falta ser franquista para repudiar esta pretensión totalitaria del PSOE y de sus compañeros de cama.

Esta pretensión tiene todo el aspecto de ser un intento de acabar con el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ni más, ni menos. Y, una vez más, la izquierda deja entrever su auténtico talante en torno a las libertades básicas y a los derechos humanos. La doble vara de medir de esta izquierda y la consiguiente aplicación de la “ley del embudo” es permanente. Son maniqueos hasta la médula y hacen gala de una hipocresía sin límites. Desde la restauración de la democracia gracias al Rey designado por Franco, a los jóvenes políticos franquistas y a los políticos de izquierdas “colaboracionistas” (espero que no se tilde esta afirmación de apología del franquismo) se han venido repitiendo una y otra vez, en todas las instituciones del Estado, condenas políticas del franquismo. Pero no hemos escuchado nunca a ningún partido de izquierdas pedir perdón o condenar el golpe de estado que dieron en 1934 o los brutales asesinatos de civiles en la retaguardia por razón de su ideología o religión.

Se han empeñado en reescribir la historia, tal y como también hizo el franquismo. Es verdad que hacía falta un reconocimiento público a los españoles que murieron por defender sus creencias, a todos los ciudadanos que murieron en la guerra e injustamente fueron sometidos al olvido. Pero la malparida Ley sobre la Memoria Histórica no se sustentó sobre la reconciliación y la concordia para lograr justicia y reconocimiento para los olvidados, sino desde la revancha y el odio. Borrar el recuerdo del pasado para alcanzar el reconocimiento de los injustamente olvidados no es el mejor camino. La historia es la que es, los crímenes fueron compartidos y las víctimas fueron todas. En aquella España nadie o casi nadie combatieron por las libertades de los ciudadanos. Y constituye un verdadero sarcasmo escuchar una y otra vez que aquel PSOE o los comunistas lucharon por la libertad.

Hace pocos días el nazi Joaquín Torra, el presidente del Parlamento catalán, Rogelio Torrent y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, rindieron homenaje al expresidente de la Generalidad, Luis Companys, responsable del asesinato de cerca de 9.000 personas en Cataluña durante la guerra civil y condenado a muerte y fusilado en 1940. Y no pasa nada. Aquí se puede hacer apología y rendir homenajes a golpistas como Largo Caballero o Indalecio Prieto y a comunistas como Carrillo o la Pasionaria y no pasa absolutamente nada. Llevan décadas construyendo una nueva verdad oficial que venga a sustituir a la establecida por el régimen de Franco.

A nadie con un mínimo de objetividad se le escapa que si en estos últimos 40 años un gobernante de centro-derecha hubiese propuesto penalizar la apología del comunismo o del marxismo-leninismo las calles ya habrían ardido. Y sí, digo del comunismo, una ideología en cuyo nombre se han cometido los más atroces crímenes contra la humanidad: 20 millones de muertos en la Unión Soviética, 65 millones en la República Popular China, 1 millón en Vietnam, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 1 millón en los regímenes comunistas de Europa oriental, 150.000 en Latinoamérica, 1,7 millones en África, 1,5 millones en Afganistán, 10.000 muertes provocadas por «el movimiento comunista internacional y partidos comunistas no situados en el poder» y entre 38.000 y 85.000 en España (represión en la zona republicana durante la Guerra Civil Española).

Nótese que de acuerdo con la actual redacción del artículo 510 del código penal que quiere reformar el gobierno de Pedro Sánchez, que presentó una moción de censura para convocar elecciones y que o piensa convocar, ya está penalizado enaltecer los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, como lo está enaltecer a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias. 

Y, sin embargo, vemos cómo a diario se enaltece, se dedican calles, estatuas y se rinden homenajes a los autores de delitos contra las personas y contra grupos cometidos, por ejemplo, por razones ideológicas o religiosas. Es un ejercicio demagógico pretender concretar la penalización del enaltecimiento una determinada ideología o doctrina política.

Antes de proponer y abordar un reforma de este artículo del Código Penal no estaría de más que nuestros políticos repasasen y reflexionasen sobre el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” y el Artículo 20.1. de la Constitución de 1978: “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.

Es posible que detrás de esta pretensión y de tantas otras iniciativas “guerracivilistas” exista un objetivo simplemente estratégico, una finalidad electoral. El resultado de todo ello a corto plazo es una polarización social que puede ser rentable para algunos de forma inmediata. Pero deberían saber que esta estrategia es peligrosa, que es jugar con fuego y que reabrir viejas heridas puede ser terriblemente perjudicial.

Santiago de Munck Loyola

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Dear Tourist.